20.09.2017
La desaparición de Santiago Maldonado se inscribe en más de 5.000 víctimas de violencia institucional desde 1983 hasta la fecha. No hay casualidades, hay desidias, hay mucho "dejar hacer" mientras se barre la suciedad bajo la alfombra... No nos sorprende, pero es hora de poner los puntos sobre las "íes" de la violencia institucional en Argentina.
por Jorge Santiago Miranda
"Esto es imparable, el fascismo es una Política de Estado" señala Norma Ríos, titular de APDH y agrega: "De la misma forma que se intentó hacer una Política de Estado en Derechos Humanos, se va a evaluar históricamente, esto se va evaluar con mucho tiempo delante. Pero esto, el fascismo, es Política de Estado". No, no me deja tranquilo su sensación con el caso de Santiago Maldonado sobre la mesa.
Según CORREPI, Maldonado es apenas uno más en una larga lista de cuando menos 200 desaparecidos desde la recuperación democrática en un ovillo al que siempre fallamos cuando buscamos su punta. La desaparición de Jorge Julio López en 2006 resulta emblemática pero no es ni casualmente la primera, enseguida nos remontamos al caso de Iván Torres en 2003, para luego pensar en Miguel Bru en 1993 y Andrés Núñez en 1990 para llegar hasta 1989 con los casos de Provenzano, Samojedny, Ruíz y Díaz desaparecidos en la represión posterior al copamiento de La Tablada. ¿Son los primeros? No lo puedo afirmar, la misma CORREPI señala que existen unas 5.000 víctimas fatales de la violencia institucional desde 1983 y en cada uno de estos casos la línea entre un asesinato y la desaparición forzada es tan sutil que tiende a tan sólo esfumarse.
"Esto lo explica muy bien Pilar Calveiro en su libro 'Poder y Desaparición' sobre un miembro de la policía bonaerense que dice: 'Yo no sé de qué se asombran, si yo estaba acostumbrado. No hizo falta la Dictadura para agarrar a alguien, agarrarlo de los pelos, meterle un capucha, tirarlo en un calabozo oscuro y olvidarme de él'. Esto pasa también hoy, eso no dejó de pasar nunca, la impunidad en Argentina tiene un valor que es un valor en esta sociedad muy importante y a partir de los años ochenta con los gobiernos constitucionales continuó habiendo gente desaparecida porque en definitiva lo que nunca se hizo fue tocar a fondo estos lugares", señala Norma Ríos. Sencillamente, la desaparición forzada es parte de un modelo de actuación de las Fuerzas de Seguridad que podemos remontar hasta 1972 con Ángel Brandazza, 1955 con Juan Ingalinella, 1930 con Joaquín Penina y quizás aún mucho antes.
Hay un mecanismo perverso que excede a tranquilizantes demonizaciones individuales, otra vez Norma Ríos nos dice: "Nadie, absolutamente nadie, hace en las fuerzas represivas, incluso en cualquier lugar del Estado, algo que no tenga una orden del superior". "Esta es la cuestión, las barbaridades que podés llegar a hacer o decir una vez que el hecho está consumado. Yo no creo que la Comisaría tuviera la intención de matarla, yo creo que hay una forma de trato que fuera ella o fuera cualquier detenido o fuera cualquier persona que entre a la Comisaría y a ellos no le guste lo que hace o lo que dice, la pueden maltratar y salir en un cajón", agrega recordando el caso de María de los Ángeles París.
Gustavo Franceschetti, titular de la Defensoría Regional Rosario del Ministerio Público provincial, señala: "Detención irregular llamamos a aquella que no tiene un fundamento, no cumple con la ley o bien directamente no se blanquea, es decir, la detención que se produce pero que jamás se informa. Ese es un tipo de situación que se nos presenta y nosotros recibimos reporte muy, muy seguido". El límite frágil entre una detención irregular y una desaparición forzada no es un problema superado por 34 años de Democracia, no, está tan vigente como siempre.
Quizás el huevo de la serpiente está en distinguir las potestades policiales que nos revelan una configuración perversa del aparato represivo. Oscar Blando en 1995 publicó "Detención policial por averiguación de antecedentes", un texto fundamental para quienes rondamos los 40 años y experimentamos esta figura en carne propia. "Es una figura gris y oscura, son esas facultades que están rayanas con la inconstitucionalidad, porque... ¿Qué significa detener para averiguar la identidad o los antecedentes? Significa la inversión de un principio fundamental del Estado de Derecho que es el principio de inocencia para invertirlo al principio de sospecha, es decir, todos somos sospechosos. Por lo tanto, es una figura que la utiliza o la utilizaba la policía como una forma de control social", señala Blando para complementar: "La Policía si no tiene este instrumento pareciera que no puede prevenir el delito... Es la compatibilidad del Estado de Derecho y la legislación inválida, legislación que está vigente pero que sin embargo es contraria al orden constitucional, al orden internacional de los derechos humanos pero sigue vigente. Por lo tanto, la cuestión es derogarlas o plantear la inconstitucionalidad cosas que los jueces tampoco hacen"
Esas cifras de CORREPI no surgen de la nada, sino que se fundan en Fuerzas de Seguridad, como señala Norma Ríos, donde nunca se intervino a fondo pero además con la persistencia de un marco legal de lo que Blando señala como "legislación inválida". La figura de la Detención Policial por Averiguación de Antecedentes recién fue morigerada por la Ley Provincial 11.516 de 1997 y, repitamos, solamente morigerada tras nueve años transcurridos desde el primer proyecto de derogación presentado por el propio Oscar Blando, siguiendo vigente a pesar de la sentencia de la CIDH de 2001 que en el caso Bulacio compelió a su derogación tanto al Estado nacional como los provinciales. Hoy, esa figura sigue existiendo y otorgando a las fuerzas policiales el poder de detener y disponer de las personas durante un lapso de seis horas sin ningún control de autoridad judicial alguna.
Dentro de nuestra Provincia, en el marco de una profunda reforma del proceso penal es justo reconocer que se procura cambiar el sostén legal que permitió los "excesos" policiales, una de estas cuestiones se expresa en la insistencia desde la Defensoría Regional Rosario de concretar un lugar único de detención que cambié sustancialmente la actual situación donde según el titular de dicha institución, Gustavo Franceschetti: "Actualmente las personas que son detenidas son llevadas a las treinta y pico comisarías que tiene la ciudad de Rosario. Estamos hablando de las detenciones que se dan a conocer, obviamente. Controlar que pasa a partir de ahí es bastante dificultoso, porque la cantidad anda entre los 15 ó 20 por día a repartir en 30 lugares de detención de la ciudad las 24 horas del día es difícil llegar con inmediatez y controlar que es lo que está pasando allí. Por eso se propuso siempre de la Defensoría que halla un punto de ingreso único para que haya un mayor control porque cada vez que tenemos situaciones de violencia institucional dentro de la comisaría es difícil de registrar porque son cámaras en 30 comisarías. Eso es algo que la Policía no concretó y el Ministerio de Seguridad dice que tiene en carpeta llevar a 6 puntos de detención en toda la ciudad pero al día de la fecha nunca se cumplió". Como es justo decir que hay voluntad de enfrentar un problema, lo es también decir que eso no se concreta en hechos.
Parte de está situación es saldada con el impulso de la Defensoría del traslado de detenidos a la Oficina de Recepción de Detenidos Rosario del Servicio Penitenciario que funciona en la alcaidía de Jefatura, al menos, parcialmente resulta un paliativo estableciendo mecanismos de control eficaces sobre el accionar de las fuerzas de seguridad que van desde la actuación de una fuerza distinta a la que lleva adelante la detención a la intervención de personal médico en la recepción que aplican los protocolos de Estambul contra la violencia institucional, pero sigue dependiendo casi en exclusividad de una suposición de "buena fe" que es extremadamente difícil de conceder a la policía santafesina. Sin embargo, esto demuestra que no resulta un imposible refrenar 34 años de inacción en una reforma a fondo de las Fuerzas de Seguridad heredadas de la Dictadura sino que es cuestión de mera voluntad política de propulsarla.
Voluntad política de propulsarla no es un mero "voluntarismo" sino la implementación de mecanismos concretos que exceden un aspiracional control político que los hechos se empeñan en demostrar imposible. "Esto no tiene nada que ver con las buenas intenciones del gobernante. Yo creo que las policías han generado un ejército paralelo con un gobierno paralelo y dicen quienes son sus enemigos, quienes le joden lo suficiente y quienes no le joden. ¿Nosotros le jodemos a la Policía porque tenemos uno, tres, cinco casos? No. Porque no nos metemos en el negocio de la droga, porque no nos metemos en las cosas que realmente le importan como cualquier tipo que está haciendo un negocio y lo más importante para él es el negocio. La Policía no cuida a nadie, la Policía sólo se cuida a sí misma" sentencia la titular de APDH, Norma Ríos, luego de señalar: "Eso de que tenían el control político de las fuerzas es un sueño dorado que le pueden haber contado a ella (Cristina Fernández). ¿Cómo podés creer vos que realmente hayan tenido el control político sobre las fuerzas con la cantidad de desaparecidos de todo tipo que hay?". No, no es un control político aspiracional, es enfrentar de modo concreto a lo que constituye un "gobierno paralelo", un enfrentamiento que no es tampoco "institucionalismo" y "profesionalización" cabalgando sobre el discurso anticorrupción como pretende una cada vez más impresentable María Eugenia Vidal.
Enfrentar tras 34 años una deuda presente de darse fuerzas de seguridad comprometidas con una sociedad democrática, sí, requiere control político, institucionalización, profesionalismo y también mecanismos que limiten la corrupción, pero, ante todo, es replantearse la organización y funcionamiento de las propias fuerzas en el territorio.
Los autores de este sitio hace bastante tiempo que advertimos en la inmediatez de nuestra realidad cotidiana que la creación de fiscalías descentralizadas a raíz de la violencia de género quizás aporte soluciones que erradiquen arbitrariedades policiales. ¿Cómo? Sencillamente que dichas fiscalías funcionen en las mismas comisarías y desplacen al personal policial desde el primer momento de la instrucción ante un delito. ¿En las 30 comisarías que hoy tiene Rosario? Consultado el Defensor Regional de Rosario, Gustavo Franceschetti nos responde: "Sí, sería deseable que las fiscalías se puedan desplegar en el territorio y puedan protagonizar y liderar investigaciones en el terreno. Por supuesto que sí, pero creo que es una cuestión de decisión política y, detrás de la decisión política, tiene que haber una inversión. Porque usted tiene hoy 30 comisarías desplegadas en el territorio que dejaría de usar, la tiene que reemplazar por una estructura judicial sobre esa estructura policial, tiene que tener donde ubicarlos, tiene que tener esa cantidad de personas que cubran las 24 horas los 365 días del año. En conclusión, se puede hacer, sería deseable que se haga pero hoy por hoy no está tomada esa decisión política... Puede estar eso atado a que se necesitan muchos recursos económicos para hacerlo"
No parece que se necesiten "masters en seguridad" para plantearse ideas que trae el simple sentido común, si el problema son fuerzas de seguridad que se autogobiernan se debe operar sobre la propia cabeza para cambiar esta situación. ¿Hay costos? Nos deberíamos preguntar que costo tienen más de 200 desapariciones forzadas y 5.000 víctimas fatales de la violencia institucional, creeríamos que ese costo es mucho más alto. También que costo tiene mantener tres comisarías en el minúsculo centro de Rosario (Seccionales 1ª, 2ª y 3ª) cuando vemos, por tomar cualquiera, a las Seccionales 18ª ó 19ª cubrir territorios mucho más extensos que varias localidades aledañas. ¿Qué sentido tiene dicha distribución territorial? ¿Por la densidad poblacional? ¿Qué tiene que ver eso con Comisarías que hoy deberían funcionar prácticamente como meros centros de denuncia del delito ya que la cobertura del patrullaje sobre territorio no se articula en función de ellas y gran parte de las tareas administrativas que cubrían se han trasladado a los Centros de Distrito? No, hay que replantearse las fuerzas de seguridad desde su matriz organizativa en el territorio y como estructura auxiliar de la Justicia en lugar de un apéndice del Poder Ejecutivo sujeto a los humores del gobernante de turno.
No es una tarea ciclópea, al contrario, es sumamente sencillo repensarlas desde el propio sentido común aunque sin ser una tarea simple su transformación, pero también es necesaria, sin ella, jamás construiremos una sociedad democrática y como nos alertaba Norma Ríos al principio de estas líneas: "El fascismo es una Política de Estado"
Fuente:Sesgados
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