DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO.

05 de octubre de 2017 
La Comisión convocó a la familia Maldonado y al Gobierno 
La CIDH vuelve a tratar el caso 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedicará su reunión del próximo jueves 26, en Montevideo, a analizar la desaparición de Santiago Maldonado. Sergio Maldonado confirmó que participará y también lo harían funcionarios de Cambiemos.

“El Gobierno debe dar explicaciones”, dijo Sergio Maldonado, pasados dos meses de la desaparición. 

---

Imagen: Joaquín Salguero

La cita es el 26 de octubre en Montevideo, el espacio lo pone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que ese día dedicará su reunión de trabajo a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La familia del joven confirmó que asistirá, porque así lo habían solicitado al organismo internacional, y los representantes del Estado también estarían presentes. “El Gobierno debe dar explicaciones de lo que pasó”, sintetizó Sergio Maldonado, consultado por PáginaI12 sobre sus expectativas. Los funcionarios tendrán que rendir cuentas del operativo represivo del 1 de agosto contra los manifestantes que habían cortado la ruta 40 en reclamo de la libertad de Facundo Jones Huala, lonko de esa comunidad mapuche en territorio recuperado de Cushamen, en medio del cual fue visto Maldonado por última vez. Además del hermano de Santiago, participarán de la sesión Andrea Antico, compañera de Sergio, su abogada Verónica Heredia, así como los otros abogados peticionantes.

El domingo la CIDH emitió tres mensajes en su cuenta de Twitter, uno de los cuales parecía una valoración positiva para Argentina, pero en realidad se trató de un texto con sentido protocolar. “La CIDH valora acciones de Argentina en disponibilizar los programas de protección de testigos y la apertura al diálogo con los familiares”, fue uno de ellos. “Esto significa que el Gobierno aceptó acudir a la reunión a la que fue invitada el 27 de agosto, a realizarse en Montevideo ahora con fecha del 26 de octubre, en una audiencia a la que también fue convocada la familia y nosotros como peticionantes”, explicó el abogado Fernando Cabaleiro a este diario. 

Otro de los tuits fue: “La CIDH ha reafirmado su preocupación y seguirá acompañando las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Maldonado”. En tanto, el tercero daba cuenta de que “autoridades argentinas presentaron a la CIDH informaciones sobre las investigaciones de la denuncia y desaparición de Santiago Maldonado”. Es posible que además del informe al que accedió este diario, publicado en la edición del domingo, en el cual se mantenía la actitud negacionista respecto de la desaparición forzada, el gobierno de Cambiemos haya enviado en las últimas horas información adicional junto a la respuesta afirmativa sobre la disposición de presentarse al encuentro en Uruguay. El mecanismo de este organismo internacional implica que, para que haya una intervención, los Estados que son parte deben “aceptar” tal propuesta, como sucedió cuando una delegación visitó a Milagro Sala. De no haber mediado aceptación por parte de Argentina, no se habría concretado.

Así, en tres semanas, la CIDH escuchará los argumentos de la familia Maldonado y de los funcionarios macristas que acudan a Montevideo, sobre la desaparición de Santiago. Las audiencias, que serían por separado, tendrán lugar a partir de las 8 de la mañana del 26 en el Palacio Legislativo de Montevideo, en el marco del expediente MC 564-17, que tiene un apartado especial sobre Maldonado pero fue abierto por la denuncia que presentaron los abogados de Naturaleza de Derechos, Cabaleiro y Carlos González Quintana, a partir de la feroz represión que sufrió la Pu Lof de Cushamen el 10 y 11 de enero.

La Comisión Interamericana había dictado el 23 de agosto una medida cautelar para que el Estado argentino “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado” y que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos” que dieron lugar al dictado de esta medida, esto es la desaparición del joven artesano. La CIDH ponderó tanto los argumentos y el relato de los hechos que hizo la entidad solicitante de la cautelar, la respuesta del gobierno de Mauricio Macri y la “gravedad y urgencia de la situación”, así como el “daño irreparable” que consiste en la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación alguna. Los abogados peticionantes ya denunciaron que el Estado argentino no cumplió con lo establecido por esa medida cautelar, y ampliaron su denuncia aportando cuatro testimonios que coinciden en ubicar a Maldonado el 1 de agosto en la comunidad, huyendo junto a miembros de la comunidad mapuche de las balas de Gendarmería, refugiándose en un arbusto tras intentar cruzar el río, y siendo apresado y golpeado por gendarmes que se lo llevaron del lugar en un Unimog.

05 de octubre de 2017 
El magistrado a cargo de la causa Maldonado visitó la Pu Lof en Resistencia de Cushamen 
El gesto del juez con la comunidad mapuche 
Gustavo Lleral dialogó con miembros de la Pu Lof y tomó dos declaraciones testimoniales. “Le planteamos nuestras dudas y cuestionamientos sobre por qué no pueden avanzar en la desaparición forzada”, contó Andrea Millañanco, que participó del encuentro.
Por Adriana Meyer

Lleral llegó al territorio sin custodio. Sigue buscando marcar diferencias con su antecesor. 

---

Imagen: Télam

“Le dijimos al juez que pone en riesgo su propia vida al querer cambiar esta Justicia corrompida por el poder económico, que dudábamos de hasta dónde va a ser realmente capaz de hacerlo.” Andrea Millañanco estuvo presente ayer durante la visita del juez federal Gustavo Lleral en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y relató que el nuevo magistrado a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado les había dicho que él es “una de las personas que quiere modificar el sistema judicial”. Lleral compartió mates en la casilla de guardia de la Lof, tomó dos declaraciones testimoniales y les anticipó que pretende hacer un nuevo rastrillaje en la zona. “Vino de una manera tranquila y el diálogo fue cordial y sereno”, definió Millañanco, en diálogo con PáginaI12.

No era la primera vez que Lleral pisaba territorio recuperado en 2015 por los mapuches, en una pequeña parte de los campos del magnate italiano Luciano Benetton, donde la ruta nacional 40 se cruza con la 70. El sábado, mientras la guardia periodística se preguntaba dónde estaría, fue el primer encuentro como antesala de su visita de ayer. Sin custodio, con un solo vehículo, sus secretarios, dos abogados y un escribiente, el juez llegó al lugar por la tarde y escuchó a los integrantes de la Pu Lof.

“Fue una visita espontánea, le planteamos nuestras dudas y cuestionamientos sobre por qué no pueden avanzar en la desaparición forzada, y también le dijimos que en este contexto donde está siendo investigada una fuerza del Estado no hay garantías para que sigamos declarando, ni siquiera bajo identidad reservada, porque el Ministerio de Seguridad revela nuestros datos en público, nombraron a un testigo protegido y eso no sirve, nadie les da seguridad”, explicó Millañanco. “Además de esa fuerza represiva, está el Estado y los poderes de gobierno junto al poder económico que influyen muy fuertemente en el accionar de la Justicia”, agregó. La mujer precisó que le explicaron al juez que todos los testimonios de los mapuches relatan lo mismo y, en cambio, las declaraciones de los gendarmes son contradictorias. Fue en ese momento que le dijeron que él era la cara visible de un sistema lleno de “deficiencias”, y así Lleral confió sus intenciones de ese estado de situación.

Luego de escuchar los reparos de la comunidad, el juez propuso tomar declaración en el lugar a dos personas, Ailinco Pilquiman y un joven, cuya identidad los voceros pidieron reservar, que acompañaba a Soraya Maicoño en el vehículo que aquella mañana salió de la Lof para denunciar el inicio de la represión y fue demorado seis horas al costado de la ruta, luego de quitarles los celulares, requisarlos e imputarlos obstrucción de la vía pública. Durante ese lapso fue que Maicoño y sus compañeros, este joven y Neri Garay, vieron y hablaron con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. 

Pilquiman ya había declarado en la causa que instruye la fiscal Silvina Ávila por desaparición forzada –mientras Lleral lleva la referida a los habeas corpus– y también su testimonio se encuentra entre las pruebas de la CIDH. Ella y su mamá, Claudina, llevaron a Maldonado a la Pu Lof el 31 y lo volvieron a ver el 1 cuando el Brujo buscó apurado su mochila en la casilla donde estaban ellas y siguió hacia el río. Ailinco volvió a detallar los movimientos de Santiago ese día y la persecución de los gendarmes contra él y los demás peñi (hermanos). Su relato reafirma la hipótesis de las querellas: la Gendarmería entró al predio para “apresar manifestantes”.

Andrea Millañanco destacó que también le dijeron al juez que ellos son “los primeros interesados junto a la familia de Santiago de que se sepa qué pasó”, y que “no hay varias hipótesis sino tan sólo que Gendarmería lo capturó”. Y cuestionaron la falta de confianza en los testimonios mapuches, y el trato diferente a la palabra de los gendarmes.

Lleral les manifestó su intención de volver a rastrillar el predio; los miembros de la comunidad cuestionaron que sería la cuarta vez que lo hacen, y que además, respecto del río, “si se hubiera ahogado ya lo habrían encontrado”. Sobre la falta de protección a los testigos y los allanamientos del lunes 18, cuando fueron mantenidos dos de ellos doce horas en el piso con las manos precintadas, el juez expresó que no podía responder por las acciones de su antecesor. 

Millañanco concluyó que Lleral mostró “una predisposición al diálogo, pero entendemos que es parte de ese sistema donde hay tan poderosos intereses implicados”, y apuntó que “lo importante es ver qué va a hacer con lo que ya tiene, que avance en investigar la desaparición de Santiago y ya no un habeas corpus, porque no está perdido”.

PáginaI12 pudo saber que, en principio, estarían dadas las condiciones para que declare el “peñi” (hermano) que ingresó al río con Santiago Maldonado el 1 de agosto, durante la represión de Gendarmería . Según las fuentes consultadas, “Lleral generó la confianza necesaria en una comunidad resentida por los recientes hechos de violencia, como para que le hayan permitido ingresar”. Las fuentes agregaron que a simple vista es un hecho auspicioso, aunque prefieren mantener reserva sobre si esto será suficiente dados los dos meses de “encubrimiento” que llevaron adelante el juez Guido Otranto y la fiscal Silvina Ávila. Lleral se muestra  dispuesto a diferenciarse del magistrado que lo antecedió; el tiempo dirá si se trata solo de un cambio de forma o de fondo.

05 de octubre de 2017
Opinión 
La batalla por Santiago 
Por José Schulman 
Desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una enconada batalla cultural se libra en la sociedad argentina por todos los medios de lucha imaginables.

El gobierno de Cambiemos, y quienes lo acompañan, sostienen y conducen desde la Embajada de los EE.UU., los medios de propaganda y el poder económico, pretenden que Santiago es un mentiroso que se escondió para perjudicar a Macri y favorecer la oposición electoral. “Se fue a Chile, está en Entre Ríos, nunca estuvo en Cushamen, murió en una acción terrorista”… han sido algunos de los discursos mediáticos del Poder. En épocas de dictadura militar no requerían de tanto esfuerzo: con negar la detención y alegar vagas referencias a viajes exóticos alcanzaba para dominar la escena pública. Hubo que marchar mucho y librar colosales batallas políticas para romper la mentira.

Pues de eso se trata, al crimen de Estado no le alcanza ocultar; requiere mentir, proponer un relato falso alternativo a la verdad pura. Por eso se puede resumir la acción de la familia y amigos, de los organismos de derechos humanos y el movimiento popular en una única acción: militar la verdad. El enfrentamiento entre el falso relato y la militancia de la verdad ha sido feroz y basta recordar las sobreactuaciones de Bullrich o Avruj para valorar lo conquistado en dos meses de enfrentamientos que tuvieron dos hitos, las marchas del primer y del segundo mes, cada vez más amplias y más contundentes en sus afirmaciones. De un modo perverso, los falseadores de la verdad se apoyan en nuestras propias conquistas de la memoria, la percepción popular de que las dictaduras militares como las de Videla o Pinochet utilizaron la desaparición forzada de militantes como un recurso masivo, sistemático y planificado; es por eso que preguntan cínicamente: ¿cómo va a ser esto una desaparición forzada si esto no es una dictadura? y sobresalen en esa práctica algunas personas que fueron parte de la lucha por la verdad, como Graciela Meijide.

Cierto es que el delito de desaparición forzada se sancionó como tal pensando en aquellas prácticas genocidas. Y fue mucho más tarde que se lo hizo, aunque el debate comenzó en 1980, y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue una de las primeras en promover la Convención Internacional, recién se aprobó en 2006 y aún un poco más tarde se legisló entre nosotros; leyes 26.298 de 2006 y la 26.679 de modificación del Código Penal en 2011. Aunque allí nada se dice de la necesidad de un plan sistemático o de la forma de gobierno para constituir desaparición forzada, sin embargo, en el imaginario social existe una relación causal entre dictadura/violación de los derechos humanos/desaparición forzada y lo contrario democracia/vigencia de los derechos humanos/excesos policiales autónomos. En eso se basa la campaña de Cambiemos de encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago, en sus mentiras y nuestras conquistas de memoria.

Y por ello, junto con difundir los datos duros –Santiago estaba allí, la Gendarmería reprimió y lo capturó– es necesario explicar que no solo la Argentina, casi toda América Latina y buena parte del mundo van mutando de formas democráticas formales, restringidas y muy limitadas al acto electivo, a otro régimen de gobierno y dominación que se adivina en los discursos de Trump, en la represión de Cataluña, en los femicidios de Ciudad Juárez y los 43 de Ayotzinapa, en los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Brasil. No estamos en épocas de dictadura, pero ya no estamos en períodos de vigencia de las garantías constitucionales y el funcionamiento pleno de los espacios democráticos. Como una rana puesta en agua fría que se cocina lentamente sin darse cuenta, de la mano del encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago pretenden llevarnos a un estado autoritario con máscara democrática. Que no es lo mismo que la democracia formal. Al defender la verdad de Santiago defendemos nuestros espacios democráticos y las marchas del 1º de octubre indican que hay un enorme sector social que no se resigna a vivir sin Santiago y sin Estado de Derecho. Dialogar con ellos y convocarlos a defender la verdad es acaso la tarea primera de quienes queremos patria y libertad, o sea que nos devuelvan a Santiago. Ya.
* Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Fuente:Pagina12