03-10-2017
El Tribunal Oral Federal admitió este martes un recurso de casación presentado por las querellas en el juicio de la subzona 14 II contra el arresto domiciliario otorgado por los mismos miembros del organismo. El beneficio, de todos modos, sigue vigente y no se suspende. Baraldini está esperando que llegue una pulsera electrónica para dejar la cárcel e irse a la casa de una hija. El recurso de las querellas será analizado por la Cámara de Casación que, eventualmente, podría expedirse y revertir el beneficio.
El pasado 22 de setiembre el TOF había otorgado el arresto domicilario a Baraldini porque tiene más de 70 años. Dispuso que le coloquen una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento. Sin embargo, no llegó a hacerse efectivo aún porque ese dispositivo no llegó a Santa Rosa.
Por ahora, el represor, acusado por 214 delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en La Pampa, continúa preso en la Colonia Penal 4. En los próximas días podría dejar su lugar de detención.
El recurso de casación fue impulsado por los querellantes Juan Carlos Pumilla, la UNLPam, el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, el Partido Comunista, Elida Rodríguez Jara de Perna, Rafael Guardia, Guillermo Quartucci, Graciela Bertón y Raquel Barabaschi, con el patrocinio, según el caso, de los abogados Franco Catalani, Miguel Villagra, Maximiliano Corroinca y Juan Carlos Resia.
"La justicia ha dicho que Baraldini debe permanecer en prisión, seguiremos con atención sus pasos porque cárcel común es lo que buscamos para los responsables del terrorismo de estado en La Pampa. Como parte de la querella en la segunda parte del juicio por la Sub Zona 1.4, queremos resaltar la rapidez de los abogados querellantes que trabajan en conjunto y con el mismo objetivo Verdad, Memoria y Justicia", difundió el MPDH.
Sin embargo, fuentes del TOF confirmaron a El Diario que la admisión del recurso de casación no suspende el arresto domiciliario.
Un beneficio objetado
El viernes 22 de setiembre el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa resolvió otorgar el arresto domiciliario del represor que está siendo juzgado por asociación ilícita, genocidio, secuestros y torturas de 214 víctimas en el juicio de la Subzona 14 II. Los jueces impusieron como condición que Baraldini debe permanecer en la vivienda de su hija, Sandra, garante del arresto domiciliario, y utilizar una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento de la medida.
La resolución lleva la firma del presidente del tribunal, Marcos Aguerrido, y el juez José Mario Tripputi. El juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia porque consideró que no está firme el fallo de Casación que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario porque tiene más de 70 años.
Baraldini, de 79 años, saldrá de prisión cuando llegue el dispositivo electrónico que enviará el Ministerio de Seguridad de la Nación. La apelación de las querellas podría revertir ese beneeficio solo si Casación le da la razón.
Mientras tanto, el segundo juicio a los represores pampeanos continuará y se prevé que concluirá a mediados del año próximo.
El TOF y la Cámara de Bahía Blanca habían rechazado a fines del año pasado el pedido de arresto domiciliario. Pero el pasado 28 de junio la Sala III de la Cámara de Casación Penal había firmado la resolución 607/17 haciendo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Baraldini y anuló esa decisión.
El fiscal general de esa cámara, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario contra ese pronunciamiento. Sin embargo, el pasado 13 de setiembre los jueces Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques lo declararon inadmisible y le pidieron al TOF que “dicte un nuevo pronunciamiento con ajuste a las consideraciones efectuadas”.
Ante ese panorama, el TOF sacó la resolución otorgando finalmente el arresto domiciliario. Los jueces Aguerrido y Tripputi interpretaron que no tenían posibilidad de hacer otra cosa. Sin embargo, el juez Pablo Díaz Lacava votó en disidencia, al entender que todavía queda la posibilidad de elevar un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia para intentar invalidar el beneficio a Baraldini.
Los jueces exigieron a Baraldini fijar como domicilio a la vivienda de su hija en Santa Rosa y a través del “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se le impuso el dispositivo de vigilancia electrónica.
En la resolución, a la que tuvo acceso El Diario, el juez Marcos Aguerrido argumentó que “no puede dejar de atenderse la naturaleza y efectos que se desprenden de la decisión del superior tribunal de la causa, toda vez que lo dispuesto se relaciona directamente con el cese de la detención penitenciaria de Baraldini”.
Aclaró la eventual presentación de un recurso de queja en la Corte “no suspende el trámite ni impide” tratar el punto “donde se cuestiona nada menos que la detención cautelar de un imputado de 79 años al que se le impuso continuar con la ejecución de su prisión con un temperamento menos intenso que el encierro penitenciario”.
“Demorar la respuesta a la espera de una eventual decisión en el marco del recurso impropio de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la propia tramitación de esa instancia podría acarrear en el caso de Baraldini -sobre quien aun no se ha juzgado su responsabilidad penal- consecuencias irreparables o de imposible reparación ulterior”, completó.
El juez José Mario Triputti coincidió con Aguerrido.
En cambio, Díaz Lacava disintió porque “el acto de presidencia que convoca a este acuerdo no responde al ordenamiento de rito toda vez que la decisión a la que se hace referencia notificada (a las partes) el viernes pasado y cuyas actuaciones ingresaron a esta sede hace poco más de 48 horas, no está firme”.
“Desprendiéndose de los mismos actos que ilustran los antecedentes que no se han vencido los plazos para hacer uso de los remedios de corrección de las decisiones jurisdiccionales en el orden interno y por ende, tampoco agotados ellos, en modo alguno puede adoptarse una decisión que pretende justificarse en el cumplimiento de una orden de autoridad que claramente no es ejecutoria”.
Un indagado "orgulloso"
Baraldini había sido indagado en el juicio la semana pasada. Intentó despegarse de las imputaciones que pesan sobre sus espaldas. Declaró que “ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez” durante los cuatro años que fue jefe de la Policía durante la última dictadura militar en la provincia. “La Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos, estoy orgulloso de ellos”, reivindicó a sus compañeros de causa.
Acusado de 214 casos de secuestro, torturas, asociación ilícita y genocidio, declaró durante más de una hora. Había evitado el primer juicio, el de 2010, prófugo en Bolivia. Allí fue capturado en vísperas de la Navidad de 2011. “En los cuatro años de jefe, nadie, ningún detenido, absolutamente, hizo una denuncia ante un juez. Y el Superior Tribunal y los jueces funcionaban”, declaró, suelto de cuerpo.
Reconoció que había detenidos en la comisaría, bajo la Subzona 14, pero alegó que desconocía “cuánto tiempo” estaban allí.
“Nunca nadie absolutamente hizo una denuncia”, insistió. “Pasaron los años y ahí surgió gente que dijo que había sufrido apremios”, rememoró, respecto a la época de la recuperación de la democracia.
“Nunca nadie absolutamente hizo una denuncia”, insistió. “Pasaron los años y ahí surgió gente que dijo que había sufrido apremios”, rememoró, respecto a la época de la recuperación de la democracia.
“Yo tenía todas las seguridades para que eso no ocurra. Había médicos que revisaban diariamente a los detenidos, hay planillas diarias que me llegaban. Nunca nadie me dijo ’tengo una cicatriz que me hizo un agente o alguien de la Policía’. Y yo recorría, y recorría bastante, y la Policía vigilaba y cuidaba a los pampeanos. Ellos se ponían los borceguíes y arriesgaban la vida por los pampeanos. Yo me sentía reconfortado por eso. Estoy orgulloso de ellos”, enfatizó.
“Yo tenía una obligación moral con todos los pampeanos”, afirmó, y recordó que tuvo un hijo en suelo pampeano y su suegro era de esta provincia.
“No hubo ni un desaparecido, ni un atentado explosivo, ni un contrabando de bebés como había en otras provincias. La Pampa era una provincia tranquila”, completó.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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