"Se la llevaron sin poder cambiarse y descalza", denunció el esposo de Sala
Pedro Noro se refirió al nuevo traslado de su mujer al penal de Alto Comedero
UJUY (Redacción) - "Acaban de trasladar a Milagro Sala al penal", anunciaron esta mañana desde la cuenta oficial en Twitter de la agrupación Tupac Amaru luego de la orden emitida por juez Pablo Pullen Llermanos de revocar la prisión domiciliaria de la dirigente y de trasladarla, nuevamente, al penal de Alto Comedero. "Lo hicieron sin ninguna notificación y a la fuerza", agregaron desde esa red social.
Asimismo, compartieron un breve video en el que detallan: "Así ingresó el CEOP a detener a Milagro Sala". En el mismo se observa el momento del arribo de efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales a la casa donde la dirigente kirchnerista cumplía prisión domiciliaria. Por su parte, el marido de la jujeña, Pedro Noro, denunció que se llevaron a su mujer nuevamente al penal "sin poder cambiarse y descalza".
En tanto, los abogados de Sala concurrieron de inmediato al penal para tomar contacto con su clienta y notificarse de su situación. Pocos minutos después, Elizabeth Gómez Alcorta, una de sus letradas, indicó que "Llermanos perdió jurisdicción del expediente en el mismo momento en que intervino la Cámara de Apelaciones". De este modo, destacó que la orden de traslado a prisión "es ilegal".
Además, Gómez Alcorta aseguró que "lo que han hecho es un secuestro", enfatizó en que "la orden es de una ilegalidad absoluta" y vinculó la nueva orden judicial a la última Dictadura Militar Argentina. Por su parte, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren Praeli, expresó su preocupación por la decisión de la justicia jujeña.
"El traslado intempestivo de Milagro Sala es un retroceso", añadió Eguiguren quien enfatizó: "La verdad es que estoy muy preocupado". A su vez, indicó que "habrá que ver los fundamentos" esgrimidos por Llermanos y explicó que desde la CIDH no se definirá nada "antes de la reunión de trabajo en Montevideo". Allí se analizará el caso de la líder de la Tupac en su conjunto.
15 de octubre de 2017
Contra la resolución de la CIDH, Milagro Sala fue trasladada nuevamente a la cárcel
“Atropellaron mi dignidad”
La policía de Jujuy arrancó a la líder de la Tupac Amaru de la casa donde cumplía arresto domiciliario. La dirigente fue golpeada, esposada y trasladada descalza y en pijama. Sus abogados denunciaron que la medida es ilegal. “Fue secuestrada”, dijeron.
El CELS y la abogada de Sala denunciaron en conferencia de prensa la ilegalidad del traslado.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Un grupo especial de la policía de Jujuy, con pasamontañas y autos sin patente, arrancó ayer de la casa donde cumplía arresto domiciliario a la dirigente social Milagro Sala para trasladarla al penal de Alto Comedero. El operativo incluyó golpes contra la líder de la Túpac Amaru y su esposo Raúl Noro, quien denunció que la llevaron esposada, descalza y en piyama. La decisión del gobierno de Gerardo Morales contraría la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó la liberación o el arresto domiciliario y advirtió que en la cárcel jujeña corre peligro su vida. “Una vez más atropellaron mi dignidad y violaron mis derechos”, lamentó Sala en una carta pública difundida tras su traslado. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, advirtió Francisco Eguiguren, titular de la CIDH, que en dos semanas podría plantear las violaciones a los derechos humanos del Estado ante la Corte Interamericana. “No solo la quieren acallar, poner de rodillas y silenciarla sino también la quieren muerta”, afirmó la abogada de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta, que responsabilizó por la suerte de Sala “en primer lugar a Mauricio Macri y luego al contador Morales”. La sucesión de atropellos del gobierno jujeño tiene como telón de fondo el silencio de la Corte Suprema de Justicia, que demora desde hace seis meses un pronunciamiento sobre la prisión preventiva de Sala. La ex presidenta Cristina Kirchner le pidió al gobierno y al tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti que “pongan freno a tanta locura”.
Apenas había amanecido cuando policías pertrechados para la guerra traspasaron el portón del domicilio del barrio La Ciénaga donde Sala cumplía su prisión preventiva. La orden de Morales, ejecutada por el juez Pablo Pullen Llermanos, no fue notificada ni puesta en conocimiento de los defensores. El magistrado admitió la violación al derecho de defensa, que intentó justificar alegando que pretendía asegurar el cumplimiento de la orden. A las ocho de la mañana Pullen Llermanos llegó al penal para notificar la revocación de la domiciliaria a Sala, que esperaba a los médicos para la revisación previa al ingreso. “Tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”, reveló Gómez Alcorta en conferencia de prensa en el CELS.
El causal invocado para devolver a Sala a la cárcel son informes del cuerpo médico del poder judicial jujeño, que tampoco habían sido puestos en conocimiento de la defensa y que atribuyen a Sala un “trastorno depresivo mayor” con “tendencia suicida”, contó la abogada. “Fue un atropello, algo fuera de los límites de la legalidad”, advirtió Gómez Alcorta, quien advirtió que el informe “no avala que la lleven a un lugar donde corre peligro su vida” y definió la decisión de Pullen Llermanos como “un acto de tiranía”. “Es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar (de la CIDH) para incumplirla”, advirtió a su turno Horacio Verbitsky, presidente del CELS.
El traslado de Sala incumple la medida cautelar de la CIDH, en la que ordenó que la dirigente y diputada del Parlasur quedara en libertad o en prisión domiciliaria, y advirtió del grave riesgo para su vida y su integridad en caso de permanecer en Alto Comedero. “Lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”, señaló Gómez Alcorta.
“Estoy muy preocupado”, admitió el titular de la CIDH. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, destacó Eguiguren. “Si no hay voluntad de cumplir” las disposiciones del organismo “debemos ver qué pasos damos”, dijo el jurista peruano, quien no descartó que “si se considera que no se acata una medida cautelar” la cuestión llegue a la máxima instancia interamericana. “Cabe la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” dado que “la Comisión fue clara al recomendar medidas alternativas de prisión”, recordó el titular de la CIDH, que en dos semanas se reunirá para deliberar en Uruguay. “No vamos a definir nada antes de la reunión de trabajo en Montevideo” prevista para el 26 de octubre, dijo.
“Otra vez lo de Milagro Sala. Otra vez esta sombra que parece cernirse sobre la patria y que me asusta tanto”, afirmó Cristina Kirchner durante un recorrido por La Matanza. “Una mujer que estaba cumpliendo una medida de la CIDH en su casa fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente”, relató. “No podemos volver a permitir que haya autos sin patente llevándose gente. Exijamos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto” y “a través de los organismos de la Constitución, la Corte o el Poder Ejecutivo pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos”, pidió. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que estaba “analizando la situación” junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “Veremos por qué ha tomado (la decisión) la justicia de Jujuy”, apuntó en radio Mitre mientras participaba de un timbreo de campaña.
15 de octubre de 2017
Opinión
El odio Por Horacio Verbitsky
El violento traslado de Milagro Sala al penal de Alto Sufridero en un auto sin chapas es la prueba definitiva del odio que el contador Gerardo Morales y sus ejecutores judiciales sienten por la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru. Tropas de combate con pasamontañas y armas largas la sacaron de su cama sin previo aviso con las primeras luces de ayer, la golpearon a ella y a su esposo Raúl Noro, de 74 años y se la llevaron a empujones hacia ese penal muy próximo al barrio que la Túpac Amaru construyó a 7 kilómetros de la capital provincial. Noro dijo que la esposaron descalza y en piyama. La revisión médica al ingresar al penal constató los moretones en sus brazos. El último punto de la resolución decide “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto, de modo que no se perjudique el normal desarrollo y/o eficacia del procedimiento”. El derecho de defensa y todas las normas codificadas en la Constitución y los códigos son obstáculos a la voluntad del sátrapa, cuyos visires remueven.
Consultado para esta nota el coordinador de la Túpac Amaru y del Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad, Coco Garfagnini, consideró que se trata de una provocación a una semana de las elecciones y exhortó a no entrar en ese juego con respuestas espontáneas a la indignación que esto suscita.
Poco después de la detención, cuando Jaime Duran Barba le preguntó por la causa de tal obstinación, el presidente Maurizio Macrì le respondió que según Morales el 80 por ciento de los jujeños querían verla detenida. El consultor le respondió:
–Tú eres hombre, blanco, rico, rubio y de ojos celestes. Ella es mujer, indígena, pobre y organizadora social. No tienes forma de ganar enfrentándola.
Morales no tardó 24 horas como gobernador antes de poner en ejecución un meditado plan para destruir a la organización y a su creadora. Su aliado en la UCR, Ernesto Sanz, explicó que si no la detenía dejaba de ser gobernador, admitió que fue privada de su libertad por una protesta pero que luego se le presentaron cargos por la mitad del Código Penal para justificar la decisión. El plan debía ejecutarse en la primera quincena de diciembre de 2015, pero se demoró un mes porque uno de los tres ómnibus con gendarmes que Morales había pedido para llevarlo a cabo, se precipitó al vacío y murieron 43 jóvenes oficiales y suboficiales.
Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que Milagro no podía estar un día más en el penal porque corría peligro su vida, fue trasladada a una vivienda en las afueras de la ciudad, que no era su domicilio, y se instaló en la puerta un destacamento de Gendarmería. Esto viola la ley de ejecución penal que prohíbe la custodia por fuerzas de seguridad, a raíz de lo cual el juez fue denunciado por prevaricato y la ministra Bullrich por abuso de autoridad. Ni uno del centenar y medio de detenidos en prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad son controlados por fuerzas de seguridad. Además se rodeó con alambre de púa la edificación como un remedo absurdo de Guantánamo, se colocaron cámaras de seguridad y se fijó un régimen de visitas abusivo. Al hacerlo, Pullen Llermanos dijo que no coincidía con la CIDH en que corriera riesgo su vida en Alto Sufridero y que no se trataba de una prisión domiciliaria sino del traslado a otro lugar de detención. Además, le impuso la humillante obligación de asomarse tres veces por día al balcón para saludar a sus carceleros.
–Gendarmes, buenos días. ¿Dónde está Santiago Maldonado? –fue el saludo que ella les dirigió como prueba de que no habían quebrado su dignidad. Esto enfureció a Morales, quien ordenó devolverla a la cárcel. Así lo decidió la Cámara de Apelaciones y Control con fundamentos que exhiben su grosero desconocimiento del derecho y las obligaciones internacionales. Mientras se tramitaba la apelación, que suspende la medida, Pullen Llermanos inventó otra causa disparatada. Ahora sí reconoce la medida cautelar dictada por la CIDH y transcribe los peritajes psiquiátricos ordenados por la Corte Suprema de Justicia, que hablan de un trastorno depresivo mayor, ideación suicida, riesgo para su vida y necesidad de acompañamiento las 24 horas por miembros de su familia. Pero en una retorsión perversa del sentido los utiliza para fundamentar el incumplimiento: dice que ella se negó a ser trasladada al hospital público, pero omite consignar que tal como lo autoriza la ley había solicitado ser atendida por sus propios médicos en una clínica privada. Pullen en cambio le envió medio centenar de policías y sin previo aviso ni a ella ni a sus abogados intentó llevarla al hospital. Como no accedió, a la mañana siguiente repitió el operativo pero en dirección al lugar de su desesperación, donde el Servicio Penitenciario cumple en forma sistemática su parte en el hostigamiento y el menoscabo. Para colmo, dispone que la mantengan en aislamiento, sin contacto con las demás internas. Sin asomo de ironía el juez dice que así vela por su vida, que según la CIDH está en riesgo en la cárcel a la que fue devuelta. Si tenía imperio y fuerza para llevarla al penal contra su voluntad ¿por qué no podría haberlo hecho al hospital, algo también ilegal pero menos gravoso? Del mismo modo, si tanto le preocupara la salud de Milagro, ¿por qué en vez de un container de gendarmes no instaló uno de atención médica? Son razonamientos extravagantes que demuestran por el absurdo la irracionalidad a la que conduce el odio hacia esta mujer, tanto el de Morales como el del propio Pullen Llermanos.
En un video filmado por el Servicio Penitenciario durante uno de los traslados constantes a los que es sometida para degradarla, como si no fuera una líder social y política sino el Chapo Guzmán, Pullen la trata en forma despectiva y autoritaria. Sola y esposada entre una nube de penitenciarios y judiciales, ella le responde con altivez:
–¿Por qué tiene que darme órdenes así? Yo no soy su hija.
Pullen Llermanos apenas puede contener la furia. Con un gesto de la mano reitera la orden de que retroceda un paso.
–No sos patrón de estancia vos. Simplemente sos un juez. Seguí inventando causas –replica Milagro. Luego le dice en la cara que también él tiene una causa por la apropiación de un niño, igual que la presidente del Superior Tribunal, Titina Falcone, y que alguna vez deberá rendir cuentas. El traslado de ayer es la represalia por la difusión de ese video.
La única respuesta de Pullen Llermanos a las denuncias formuladas por el atropello es que no la sacaron descalza ni en piyamas.
El CELS notificó la novedad a la Comisión Interamericana y al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que también ordenó su libertad. La solución de fondo la tiene la Corte Suprema de Justicia, que desde abril demora un pronunciamiento sobre la prisión preventiva en dos causas: una por sus fueros como parlamentaria del Parlasur, otra porque no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. La Corte es el único tribunal del país que no reconoce plazos para resolver en una causa con personas detenidas. Cuando la CIDH dictó la medida cautelar, un juez de la Corte Suprema me dijo que tenían una resolución preparada disponiendo la libertad de Milagro, pero que ante el pronunciamiento interamericano no la firmarían. Esta cobardía del tribunal supremo permite los atropellos a la legalidad del señorío jujeño de Morales y sus jueces.
Mientras tanto, Macrì haría bien en escuchar el consejo de Duran Barba. Ese resultado es inexorable. Cuanto antes lo haga menor será el dolor que infrinja y el daño que se infiera a sí mismo.
15 de octubre de 2017
Advertencia de la dos de la CIDH
“Es un retroceso”
Por Ailín Bullentini
“Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión de Alto Comedero y las formas en las que sucedió”, advirtió la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. En coincidencia con la evaluación del presidente del organismo, Francisco Eguiguren, la comisionada consideró la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos como “un retroceso” en torno de la medida cautelar que la CIDH dictó tras su visita a la dirigente social jujeña durante su encierro, en julio pasado y depositó la responsabilidad del incumplimiento con esa orden en el gobierno nacional: “Un Estado nación debe tener la fortaleza suficiente en sus estructuras para no quedar en situación de incumplimiento frente a compromisos internacionales que ha adquirido.” Las autoridades argentinas están citadas, la semana próxima, a una reunión de trabajo que la CIDH preparó en el marco de sus sesiones ordinarias en Uruguay.
–¿Cómo evalúa el regreso de Sala al penal de Alto Comedero por orden judicial?
–La Comisión ha tomado nota del asunto, y tal como se pronunció el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, consideramos lo sucedido como un retroceso que nos mantiene muy preocupados. Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión y nos preocupan las formas en las que, de acuerdo a la información que tenemos, se produjo ese traslado porque Argentina tiene una historia de búsqueda de maneras de transformar lo que para sus ciudadanos representó el desconocimiento de derechos humanos históricamente; además ha sido respetuoso de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
–¿Considera que es una violación a los derechos humanos?
–Bueno, la Comisión Interamericana ha dictado una medida cautelar sobre el encierro de Milagro Sala en una cárcel y la necesidad de brindarle opciones que el Estado, primero no atendió, luego atendió a medias y finalmente con el traslado desconoce. Para nosotros, eso es efectivamente una motivo de preocupación. Porque nuestro mandato va en la línea de dar una protección a los ciudadanos. Lo que llama la atención es que, según las informaciones que tenemos, a Sala la sacaron de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria en pijamas, se la llevaron sin notificación… ¿Por qué el Estado asume esa actitud? Si según considera la Justicia había un riesgo o una situación de peligro para la detenida, ¿por qué no notificaron a sus representantes legales? El encierro, justamente, y los efectos que estaba generando en el estado físico y emocional de la detenida es el punto en el que la Comisión se basó para pedirle al Estado que pusiera en marcha medidas alternativas. El encierro colocaba la integridad emocional de la persona detenida en condiciones de dar lugar a la vulneración de sus derechos.
–En ese sentido, ¿cuán grave es el regreso al penal?
–Consideramos que el encierro generaba en Sala una presión emocional tal que la colocaba en una situación de vulnerabilidad que debía ser atendida. Sumemos el hostigamiento con el que ha sido trasladada de nuevo al penal, donde ordenan aislarla lo más posible, según la información que tenemos. La situación de vulnerabilidad recrudece y puede afectar la vida de esa persona.
–Pasaron tres meses de la medida cautelar que la CIDH dictó sobre Sala y con este retroceso está incumplida. ¿Qué expectativas le quedan al organismo?
–La medida de la Comisión reconoce la necesidad de brindarle a la persona detenida garantías en protección de integridad física y emocional. Nuestro rol, en este y en todos los casos, es el de coadyuvar a los Estados a cumplir con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En éste, le facilitamos al Estado el análisis de la situación para que evaluaran esa realidad y la mejoraran. No le ordenamos que eliminara la detención, pero sí que busque un mecanismo que mejore las condiciones de internación. La primera respuesta del Estado provincial fue colocarla en una vivienda con restricciones y condiciones que no estaban a tono con los estándares internacionales de derechos ni nacionales incluso de la prisión domiciliaria. Y ahora este traslado nos llena de preocupación. Esperamos que el Estado resuelva incluso antes de la reunión de trabajo que tenemos pautada para dentro de una semana, en el marco de las sesiones de la Comisión en Uruguay, en la que dialogaremos no solo de Sala sino también del caso (de la desaparición forzada de Santiago) Maldonado.
–El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, dijo que el Gobierno podría acudir a la CIDH de encontrar irregularidades en el traslado. ¿Puede hacerlo a pesar del incumplimiento?
–Hay efectivamente una línea de trabajo abierta dentro de la Comisión en relación a la situación de Sala. Y si bien los Estados federales tienen cierta complejidad para cumplir con medidas de organismos internacionales, un Estado nación debe tener la fortaleza suficiente en sus estructuras para no quedar en situación de incumplimiento frente a compromisos internacionales que ha adquirido. Argentina está obligada por un mandato de un órgano internacional. Nuestras decisiones son vinculantes.
Fuente:Pagina12
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