La conducción de la CGT le expresó a Triaca su rechazo a la reforma laboral
“Los trabajadores pierden derechos”
En una reunión breve y tensa, los sindicalistas enumeraron sus desacuerdos con el proyecto oficial, en especial con la modificación a la ley de Contrato de Trabajo. También se quejaron de las amenazas de detención a gremialistas.
Schmid y Daer explicaron que el capítulo referido a ley de Contrato de Trabajo encendió las luces rojas.
Imagen: Sandra Cartasso
“Así como está el proyecto los trabajadores pierden derechos y lo rechazamos”, fue la frase que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, escuchó de la delegación de la CGT que lo visitó. Los sindicalistas no rechazaron de plano la negociación pero buscaron ser concretos al asegurarle que no aceptan la modificación a la ley de Contrato de Trabajo. Sólo acordaron que sus técnicos se reúnan el lunes con los funcionarios ministeriales para corregir los artículos referidos al blanqueo, la capacitación permanente y la creación de la Agencia de Tecnología de Salud.
La reunión fue corta y bastante tensa. El malhumor de los sindicalistas se expresó primero en su arribo al Ministerio media hora más tarde de lo acordado y, luego de los saludos formales con rostro adusto incluido, reprocharon la “falta de sinceridad” por parte de los funcionarios con quienes nunca habían hablado de modificar la ley de Contrato de Trabajo. Razón por la cual los saludos fueron ofrecidos con rostros adustos. Así comenzó la reunión en el despacho de Triaca con los triunviros, Juan Carlos Schmid y Héctor Daer junto a Francisco “Barba” Gutiérrez (UOM), Armando Cavalieri (mercantiles), Omar Maturano (La Fraternidad), Andrés Rodríguez (UPCN) y Oscar Rojas (maestranza). El ministro los recibió junto al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, pero también con el presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, y el senador y presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo.
Antes de comenzar la conversación, el metalúrgico preguntó por la razón de la presencia de los legisladores de Cambiemos. Le respondieron que como se trata de una ley consideraron que era lo mejor que ellos participaran. Gutiérrez, irónico, les dijo que faltaban los de ellos. “Es verdad que está Daer que todavía es diputado (su mandato finaliza en diciembre) pero por lo menos lo hubieran invitado a (Miguel) Pichetto”. Los macristas esbozaron una sonrisa y no mucho más porque de inmediato comenzaron los reclamos.
La delegación gremial les pidió que “dejen de amenazarnos por los medios”. Se referían a las notas y declaraciones sobre la posibilidad de que fueran detenidos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, y la supuesta generalización de hechos de corrupción en los gremios. Quintana buscó bajarle el tono al tema al asegurar que eso no surge de ningún funcionario del gobierno. “Pero los animan”, se quejaron los cegetistas.
Luego de ello la tensión bajó un poco pero no mucho más porque se reiteraron las quejas por el hecho de que nunca se planteó modificar leyes que garantizan los derechos laborales. “Vamos a dar pelea acá y en el Congreso”, aseguró el bloque de la CGT y les advirtieron que ni la dictadura se había animado a tanto. Los funcionarios desecharon la comparación con la dictadura.
Triaca y Quintana se preocuparon por no entrar en debate y buscaron avanzar en la discusión del texto normativo. Entonces los representantes de la CGT plantearon que de esta reunión no iba a salir una definición que debían continuar el análisis pero sólo de aquellos puntos que ya habían avanzado pero que incluso consideran que de todas formas hay que hacerles correcciones. En ese sentido acordaron que técnicos de la CGT y del Ministerio se encuentren el lunes y tal vez el martes y el miércoles. Por lo pronto, la central obrera se reunirá el jueves para evaluar el avance de los encuentros de los técnicos y juran que no aceptarán modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.
No había llegado a una hora la duración de la reunión cuando finalizó. Una vez en la vereda, los triunviros dieron su parecer. Schmid indicó que el capítulo referido a la Ley de Contrato de Trabajo “encendió luces rojas” e indicó que “la CGT quiere debatir en especial la filosofía de la legislación laboral. La relación capital-trabajo no es entre iguales sino asimétrica, y pretendemos mantener ese espíritu porque allí se asienta toda la estructura jurídica de la norma”, dijo. Daer, en tanto, fue más preciso cuando aseguró “así como está el proyecto nosotros lo rechazamos”. Luego aclaró que con las modificaciones que le hacen a la Ley de Contrato de Trabajo “se pierden derechos”. El titular del gremio de Sanidad dijo que “la CGT no tiene apuro, porque el tema de la reforma laboral puede modificar en mucho la vida de la gente” y señaló que “hay cosas inclaudicables para la CGT, como pretender que se cambie la filosofía del derecho tutelar del trabajo argentino, porque si ocurriese, en cinco o diez años la jurisprudencia liquidará la totalidad de los derechos laborales”.
Si bien Daer reconoció que están en juego “los derechos laborales de los trabajadores” y casi a dúo con Schmid dijo que de ser preciso la central obrera “se movilizará o hará todo lo necesario” para evitar la pérdida de derechos. Los triunviros tiene previsto reunir el próximo jueves al Consejo Directivo. Ese día pueden definir un límite a las negociaciones. Algo que ya están reclamando otros sectores de la central obrera como la Corriente Federal de los Trabajadores (ver recuadro) que insisten en reinstalar el Comité Confederal, el órgano que puede definir, por caso, un plan de lucha.
Pero tanto Daer como Schmid consideraron ayer que mientras exista diálogo no ven posibilidades de que el gobierno recurra a la aplicación del proyecto a través de un decreto. La frase sonó más a una expresión de deseo y esperanza que a una certeza.
Análisis
Avasallados
(Por Raúl Dellatorre) Reducción de las indemnizaciones por despidos. Sustitución del pago de horas extras por un “banco de horas” para el que el patrón disponga la duración de la jornada de trabajo y del tiempo libre del trabajador. Nuevas categorías laborales que implican la pérdida de derechos para el trabajador. La reforma de la legislación del trabajo que lanzó el gobierno tras las elecciones del 22, supone el mayor agravio a las condiciones laborales desde la recuperación de la democracia, en 1983. Solamente los sectores más retrógrados de las cámaras empresarias se atrevían a pedir tanto, pero el gobierno de Mauricio Macri parece haber superado sus propias expectativas.
El proyecto avanza sobre aspectos concretos de la ley de contrato de trabajo, avasallando derechos que se entendían definitivamente asentados. Reduce la base de cálculo de las indemnizaciones al limitar la consideración de lo que se entiende por “retribución normal y habitual”. Busca extender el uso del “fondo de despidos”, que ya existe en la construcción, a otras actividades, para que el monto destinado a las indemnizaciones surja de un aporte mensual que se acumula y se utiliza en el momento que el patrón lo considere oportuno. Como es habitual, este tipo de aportes reduce el salario de bolsillo del empleado, con lo cual es éste el que paga indirectamente su propia indemnización, por un despido que el empleador podrá decidir sin costo.
La implementación del “banco de horas” implica una compensación de horas a lo largo del año, por el cual el empleador podría disponer extender la jornada laboral hasta diez horas sin pagar extras, decidiendo qué días las compensa con menos horas trabajadas. Esta reforma requiere del acuerdo con el sindicato para su incorporación en el convenio colectivo. El cambio de la ley habilitará a la patronal a presionar por un cambio en las condiciones laborales que las normas hoy no permiten.
La propuesta crea nuevas categorías de trabajadores, que implica pérdidas de derechos dada su exclusión del régimen de contrato de trabajo. “Trabajador independiente”, “trabajador autónomo económicamente dependiente”, pasantías extendidas, son algunas de las nuevas formas de empleo que persiguen un único fin: abaratar la explotación de la mano de obra.
Varias normas del proyecto apuntan, además, a limitar la posibilidad de reclamo por vía legal (juicios laborales). En varios aspectos, el proyecto oficial imita criterios impuestos por la última dictadura. En 1976, una reforma habilitó que el trabajador pudiera renunciar a derechos establecidos por ley (se supone que bajo presión), lo cual se derogó en tiempos de democracia pero, ahora, se pretende volver a habilitar. La dictadura, además, redujo de cuatro años a dos el plazo para iniciar juicio por un fraude laboral. El nuevo proyecto propone reducir el plazo a un año.
Una representación sindical dividida y un gobierno envalentonado tras las elecciones legislativas le dan marco a este intento de sometimiento de los derechos laborales adquiridos. La reacción del cuerpo social es impredecible, cuando gran parte de la sociedad ignora los alcances de la propuesta. Hasta empresarios pymes, que sufrirán las consecuencias cuando estas reformas se traduzcan en pérdidas de poder adquisitivo de la población, celebraron la propuesta aceptando el argumento de “bajar costos para ganar competitividad”. La batalla no es sólo política. También es cultural.
[Gráfico] Seis claves de la contrarreforma laboral de Macri
Así es el brutal ataque que prepara el macrismo contra los derechos y conquistas de la clase trabajadora en beneficio de las ganancias de las patronales.
TRABAJADORES
El proyecto de reforma ya tuvo su primera protesta
Bajo una intensa lluvia, ATE y otras organizaciones de la CTA Autónoma cortaron la avenida General Paz
Redacción Canal Abierto | Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial encabezaron ayer un corte de sobre la avenida General Paz a la altura de Constituyentes, en rechazo al boceto de reforma laboral más regresivo en décadas.
La lluvia y la prepotencia de la Policía de la Ciudad dotaron de épica a una actividad que estuvo acompañada de juntas internas de trabajadores del Estado organizados en ATE y otras organizaciones sindicales y sociales de la CTA Autónoma.
“Este acto multitudinario se viene construyendo desde el 30 de marzo, cuando presentamos un petitorio en que alertábamos sobre puntos que hoy están en discusión con el proyecto de reforma laboral”, dijo desde el micrófono el delegado general de ATE en INTI, Francisco Dolman.
Por su parte, el secretario gremial nacional del sindicato, Mario Muñoz, auguró: “Pasamos el menemismo, la hiperinflación, la Alianza, pasamos a Duhalde y también sufrimos el kirchnerismo, y del mismo modo vamos a seguir luchando”.
Fuente: Prensa ATE
Golpe al biodiésel: el Gobierno cambió las reglas de juego y alertan que hay más de 9.000 empleos en peligro
La cámara que nuclea a productores Pyme de diferentes puntos del país advierten que el Ministerio de Energía dejó de respetar la fórmula de precios.
Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a proveer con biodiésel a las petroleras para realizar el corte con gasoil para el mercado nacional están atravesando un momento complicado.
Así lo ratificaron referentes de esta industria, representada por la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que nuclea a unas 30 plantas que emplean a más de 9.300 personas de manera directa e indirecta y son responsables de generar un efecto derrame sobre diferentes economías regionales.
Desde la entidad afirmaron que este miércoles, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación “dejó de aplicar de manera unilateral e inconsulta la fórmula del precio del biodiésel para el mercado interno”.
“Este tipo de actitudes contradice absolutamente el espíritu y los principios básicos de la seguridad jurídica y previsibilidad que el actual Gobierno pregona”, señalaron.
Para esta industria es fundamental que el Ministerio de Energía publique, en tiempo y forma, la fórmula que fija los precios regulados.
La aplicación de dicha fórmula es un aspecto clave para la actividad, dado que contempla variables decisivas como el costo del aceite de soja; el de otras materias primas, como el metanol y suma además otros ítems, como variaciones en mano de obra y hasta contempla el retorno de capital.
“Este cambio abrupto adoptado por el Gobierno nacional atenta contra el normal funcionamiento y la subsistencia misma de los pequeños y medianos productores de biodiésel. Asimismo, la baja del precio del biodiésel se produce en el mismo momento en que se aumenta el precio del gasoil en el surtidor, mostrando una incongruencia entre ambas medidas”, agregaron.
Según CEPREB, este año, entre enero y octubre, el biodiésel había percibido un aumento de apenas 5%. Sin embargo, luego tuvo lugar una baja del 4%, lo que implicó una variación de apenas 1 punto en el año, mientras que el gasoil aumentó 24% en el mismo período.
Empleos en riesgo
“Es paradójico, además, que en el mismo momento que como país nos defendemos de los golpes del mercado externo contra esta industria, atentemos internamente con el desarrollo de la misma. Lamentablemente este cambio abrupto de las condiciones y reglas del juego pone en serio riesgo la continuidad no sólo del sector de los pequeños y medianos productores de biodiésel, sino también de todas las demás industrias que se motorizan alrededor de nuestra actividad, que genera aproximadamente 9.300 puestos de trabajo directos e indirectos”, afirmaron.
Cabe destacar que las ventas al mercado interno están reguladas por la Ley 26.093, que recientemente cumplió una década, y que fue clave para impulsar la producción de este biocombustible renovable y amigable con el medio ambiente.
Las empresas nucleadas en CEPREB cuentan con plantas ubicadas en provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Santa Fe y La Pampa, generando un importante “efecto derrame” en esas economías.
“Sin dudas que el sector del biodiésel representa una oportunidad para el país, es un aliado para acompañar en el camino hacia una Argentina energéticamente autosustentable, fomentar las economías regionales, el desarrollo de pequeñas empresas, la industrialización del agro y preservar el medio ambiente para las futuras generaciones”, afirmaron desde la cámara.
Entre los beneficios que tiene este recurso, los directivos de CEPREB explicaron que la producción de biodiésel es “beneficiosa para la Argentina”, dado que “genera un ahorro anual de divisas en el orden de 265 millones de dólares, ya que por cada tonelada de biodiesel producido se evita importar 1 tonelada de gasoil”.
“La producción de biodiesel surge como un eslabón al final de la cadena de valor de la soja, que permite agregar valor al aceite en territorio argentino. Dicho eslabón convierte un producto que el país exporta, el aceite de soja, en un producto que el país importa, el gasoil”, agregaron.
“Esperamos que se pueda revisar esta resolución involucrando a todos los actores afectados, para llegar a un consenso común en pos del desarrollo de un país sustentable y con la seguridad jurídica necesaria”, concluyeron desde CEPREB.
(*) Fuente: Infobae/Biodisel.com.ar
Segundo día de paro en una empresa subsidiaria de Nike
Los trabajadores de Tecnosport cumplen este viernes su segundo día de paro y protesta en la puerta del Parque Industrial Villa Flandria de la localidad de Jáuregui, tras el conflicto desatado ayer por la mañana.
Con apoyo del sindicato de UTICRA (Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina), denunciaron el despido de ochos trabajadores, incluido un delegado del Sindicato del Calzado, y situaciones de abusos de poder y persecución puertas adentro de la firma, subsidiaria de la multinacional Nike.
Desde la firma, apuntaron contra el delegado Mariano Patoco, a quien acusaron penalmente por amenazas al intentar agredir a un gerente, según dejaron asentado en la Comisaría Luján Segunda.
En tanto, en las últimas horas enviaron un comunicado a los empleados explicando que este viernes “la empresa abrirá nuevamente sus puertas para que los trabajadores que quieran ingresar al establecimiento lo puedan hacer”.
En tal sentido, sostuvieron que “a las 7 de la mañana se presentará personal de RRHH en la puerta del Parque Industrial para constatar que los empleados que así lo deseen tengan la libertad de ingresar. No hay ninguna decisión tomada, los representantes jerárquicos de ambas partes (trabajadores y empresa) se encuentran en instancia de mediación en el Ministerio de Trabajo”.
(*) Fuente: El Civismo
Temor por el cierre del frigorífico Pehuajó
Una planta paralizada y deudas salariales, son algunos de los aspectos de la situación crítica que atraviesa el frigorífico de Pehuajó, que podría dejar a 80 personas sin trabajo.
Un preocupante panorama se advierte en el frigorífico de Pehuajó, donde 80 puestos de trabajo están en riesgo al no estar operativa la planta desde hace más de un mes en el marco de una creciente crisis
Sin respuestas por parte de la empresa, los operarios sólo percibieron la mitad de su salario. Al poner de manifiesto su preocupación, los trabajadores se movilizaron hasta las instalaciones de la firma y luego mantuvieron una reunión con el intendente local, Pablo Zurro y el diputado provincial Avelino Zurro, relató el portal Infogei.
En ese encuentro, desde la Municipalidad se aclaró que “el frigorífico está cerrado por cuestiones administrativas inherentes a la empresa en su relación con los organismos competentes del gobierno nacional y provincial. La Municipalidad de Pehuajó es absolutamente ajena a esto”.
Además, en la comuna se detalló que el frigorífico lleva “un largo tiempo de incumplimientos con los distintos organismos del Estado” y recordó que “en el año 2013, ante el fallecimiento de dos trabajadores, fue el mismo frigorífico quien se comprometió ante el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) a reubicar su planta. Tal es así que el OPDS dictó una Resolución -que fue notificada al gremio de los trabajadores de la carne y a la planta del Frigorífico- para reubicarse en el término de dos años (es decir, para agosto de 2015). Esto no se cumplió”.
Por último, remarcaron: “Luego vinieron los incumplimientos ante el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y hoy se encuentra ante una situación de incumplimientos ante organismos provinciales y nacionales. El incumplimiento es sistemático, por eso a los trabajadores se les debe decir la verdad”.
Ibarra dijo que puede haber otra ola de despidos en el Estado
En medio del llamado a reducir el gasto, el ministro de Modernización sostuvo que la evaluación de desempeño podría causar nuevos despidos en la administración pública.
Horas antes de exponer ante el Gabinete ampliado el plan para la mejorar y agilización de los trámites burocráticos, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, deslizó que es posible que continúen los despidos en el sector público durante los próximos meses como consecuencias de una serie de reformas que se comenzarán a implementar esta semana.
“Desde el Gobierno buscamos un Estado austero y eficiente, lo que considero que es clave para que la economía se potencie”, afirmó Ibarra quien además destacó que el objetivo final del plan que impulsa el Gobierno de simplificación de trámites para “desburocratizar el Estado” es ir “hacia una ventanilla única en el que todo desemboquen ahí”.
Consultado, en diálogo con radio La Red, sobre si el Gobierno está evaluando nuevos despidos en el sector público, respondió que “puede haber altas y bajas según la evaluación de desempeño, según la dinámica de cada organismo”. Ibarra es el ministro encargado de la reducción de la planta del Estado desde que asumió la administración de Cambiemos.
Sin embargo, en los dos primeros años de gestión si bien el número de empleados se mantuvo casi igual, el término real la estructura del Estado creció un 25% como consecuencia de la creación de múltiples ministerios para dividir las carteras de Economía y Planificación Federal. Asimismo, esas modificaciones conllevaron a la creación de más cargos de secretarias y subsecretarias, como también de Dirección Nacionales, lo que hizo que aumente las erogaciones en salarios del erario público.
Más despidos: cierra la agencia de noticias DyN
Según informaron los trabajadores en las redes sociales, la agencia de noticias cerraría sus puertas. Luego de 35 años informando, deja a decenas de trabajadores en la calle.
El repudio de los trabajadores de prensa se empezó a sentir en las redes sociales. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia el gremió fue uno de los más atacados.
Hace un rato nos avisaron que cierra DyN. Un medio de comunicación con 35 años de historia. Decenas de trabajadores en la calle. Muy triste
La periodista @AlejandraFGuida cuenta acerca del cierre de un medio. Triste. Aunque quizás lo más triste sea lo que recibe como respuestas.
DERECHO A LA COMUNICACION-Orden de cierre a emisora entrerriana
“Tengo la sensación de que le pidieron mi cabeza al ENACOM”
Daniel Spretz, director de FM Radio Mix, habla sobre la orden de cierre a la emisora entrerriana
Redacción Canal Abierto | La delegación entrerriana de Enacom, el organismo que reemplazó el AFSCA tras el decreto que borró de un plumazo la Ley Nº26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ordenó el cese de emisiones y desmantelamiento de FM Radio Mix, en la localidad de Diamante.
El titular de la delegación es Juan Diego Etchevehere, presidente de la Fundación Pensar, del Consejo Empresario de Entre Ríos y hermano del flamante ministro de Agroindustria de la Nación y presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.
Los motivos aducidos son las supuestas interferencias en el espectro radioeléctrico destinado a las comunicaciones aéreas. Si bien éste suele ser un error técnico habitual, los procedimientos siempre consistieron en apagar la antena de la radio en cuestión hasta solucionar el problema y luego volver a encenderla.
Según Spretz, el procedimiento se hizo y se arreglaron las fallas técnicas. Sin embargo, Enacom volvió, pero no a controlar la corrección de la falla, sino que llegó una notificación intimando al cese de actividades, luego de 11 años al aire.
También entiende que hay un empecinamiento con la radio, cuyo contenido es mayormente musical. Dice que puede haber algún interés de despejar la frecuencia para adjudicarla a algún amigo del poder. Entre sus temores está el que se le decomisen los equipamientos y no poder transmitir ni siquiera vía internet, como lo están haciendo desde que les llegó la orden.
El derecho a la información en peligro
En las voces de Valentina Bassi, Fernán Mirás, Lita Stantic, Luis Puenzo, Adolfo Aristarain, Hernán Gaffet, Sandra Gugliotta, Cecilia Laratro
ENTREVISTA
“Este proyecto de reforma laboral es posible por la pasividad de las CGT”
En esta entrevista, Clara Marticorena, investigadora del CEIL-CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA analiza la contrarreforma laboral que se proponen el gobierno.
Fotografía: DyN
El Gobierno propone un blanqueo laboral que abarata las contribuciones patronales ¿Qué opinión tenés sobre el efecto que pueda tener sobre el aumento en el registro de trabajadores y en el empleo?
En primer lugar, es evidentemente que hay un cambio en la táctica del gobierno luego de los resultados en las elecciones. Lo que venía planteando el ministro de Trabajo era que la idea era avanzar en cambios en los convenios y en las condiciones laborales a través de negociaciones sectoriales. Esto es algo que ya venían haciendo, en sectores que manifestaban crisis como el sector petrolero, o la industria láctea. Ahora apuntan a una propuesta de reforma laboral muy amplia, que está articulada con la reforma tributaria y previsional. Es decir que afecta claramente al conjunto de los trabajadores, tanto activos como pasivos. En ese sentido marca un intento de ofensiva mucho más fuerte de lo que venían planteando hasta ahora. Aún está a nivel de proyecto, no fue girado todavía al Congreso, pero es a la medida de las cámaras empresarias.
Es llamativo que este borrador haya circulado tan ampliamente antes de ser enviado al Congreso, lo cual seguramente forma parte de la estrategia del gobierno de hacer un avance mucho más ofensivo en el cercenamiento de derechos y conquistas para luego, en todo caso, en función de la respuesta social que este intento tenga, retroceder en algunos aspectos pero garantizando avances en puntos centrales.
Otra cuestión que podemos pensar en este contexto es que es una ofensiva patronal que no está centrada sólo o principalmente en la baja del salario real, sino que busca avanzar más claramente en el aumento de la tasa de explotación vía intensificación, extensión del tiempo de trabajo, es decir todo lo que hace a las modificaciones de las formas o las condiciones de uso de la fuerza de trabajo.
Esto me parece importante por los distintos contenidos de este borrador de proyecto que no fue todavía enviado al Congreso pero ya está circulando.
Esto me parece importante por los distintos contenidos de este borrador de proyecto que no fue todavía enviado al Congreso pero ya está circulando.
Respecto de la propuesta de blanqueo, en distintos momentos históricos en los que se planteo este camino o la baja de aportes patronales como forma de mejorar el registro de los trabajadores y aumentar el empleo, está mostrado que no tiene este resultado. El abaratamiento de las contribuciones patronales lo que habilita en primer lugar es un aumento de la ganancia empresaria, y en segundo término se puede decir que implica una menor captación de una parte de esa ganancia por parte del Estado. En los ‘90 hubo una rebaja muy importante de los aportes patronales, que pasaron de estar en torno del 30 % a alrededor del 17 % en el 2000, mientras que a la vez el empleo no registrado aumentó sistemáticamente. No parece entonces que esto pueda pensarse como un incentivo a blanquear a los trabajadores, porque en un contexto de aumento del desempleo, o donde la clase trabajadora está a la defensiva, las patronales aprovechan incluso más que en otros contextos para contratar en negro y flexibilizar en todos los aspectos que puedan las condiciones de trabajo.
Hay otras iniciativas orientadas a aumentar los niveles de precarización (abaratar las indemnizaciones, exención de responsabilidad sobre tercerizadas, extensión de pasantías, etc) y flexibilización laboral (banco de horas, modificación de modalidades laborales). ¿En qué medida esto afecta derechos actuales de los trabajadores?
Claramente hay varios puntos de este borrador de propuesta de proyecto para enviar al Congreso, que se está discutiendo con la CGT, que afectan distintos aspectos de la legislación laboral. Uno de los artículos que más controversias está generando con la CGT y dentro de la CGT, es el que define el concepto de trabajo. En este no hay distinción entre quienes son propietarios de los medios de producción y los que sólo pueden vender su fuerza de trabajo para vivir, sino que capital y trabajo aparecen como “factores de trabajo” en la producción. En la legislación vigente está el concepto de relación de dependencia, que con esta reforma desaparecería.
Después hay otros avances que implican una mayor precarización y flexibilización respecto de los derechos laborales vigentes. Podemos mencionar la condonación de deudas por aportes patronales vinculada al blanqueo, o esta idea de la registración temporal irregular, el punto sobre la eliminación de la responsabilidad patronal en casos de tercerización, o la creación del banco de horas y la extensión de la jornada a 10 horas que está incluida dentro de ese artículo. Es importante tener en cuenta que en el año 1991 la Ley Nacional de Empleo, que es la primer ley de reforma laboral del menemismo, introduce la posibilidad de calcular jornadas en base a promedio, lo que habilita que esto sea incorporado a través de la negociación colectiva. Este artículo permanece vigente, no se modificó durante el kirchnerismo. Y es muy común en varias actividades la aplicación del banco de horas, como ocurre sobre todo en la automotriz, pero también en la textil. Pero hay otra modalidad, que no es la del banco de horas pero que también existe hoy, que es la de los turnos americanos o rotativos. Obviamente lo que se busca es un avasallamiento sobre los derechos legalmente establecidos, pero la jornada laboral ya tiene distintas formas de flexibilización en la actualidad a través de jornadas en base a promedio, turnos rotativos, turno americano. La nueva legislación apuntaría a difundir aún más y profundizar estas formas de explotación de la fuerza de trabajo.
Al menos hasta ahora los anuncios no hicieron eje sobre las formas de organización del movimiento obrero ¿Crees que se trata de una concesión a la burocracia sindical para hacer pasar la reforma o que el Gobierno intentará avanzar también en este aspecto?
Podemos decir que lo que se intenta sigue bastante un estilo noventista. La estrategia de Menem fue modificar aspectos vinculados a condiciones del “derecho individual” del trabajo, manteniendo ciertos puntos clave del modelo sindical argentino como forma de negociación con la burocracia sindical de la CGT. Hasta ahora parece que se sigue bastante ese esquema; después habrá que ver si se proponen avances más importantes sobre la organización del movimiento sindical.
Este proyecto de reforma laboral es posible por la pasividad de las CGT, principalmente ante los despidos y la política antisindical que ha desarrollado el gobierno en distintos sectores. Pero en todo caso podemos ver que la burocracia sindical estaría dispuesta a revisar algunos aspectos en las condiciones del contrato individual de trabajo, dejando pasar una mayor flexibilización, tratando a cambio de mantener ciertas condiciones del modelo sindical, como son la personería gremial, el manejo de las obras sociales, y el sindicato por actividad. El menemismo avanzó en los ‘90 en la descentralización de la negociación colectiva, pero no en la descentralización de la representación de los trabajadores. Es decir que se avanzó en implementar la negociación por empresa, pero estas fueron llevadas a cabo por los sindicatos de actividad o por las federaciones.
Por Oscar Castelnovo, APL/ Resumen Latinoamericano/ 3 de Nov. 2017 .-
(APL) Al cumplirse 8 meses de la Masacre de Pergamino, ayer, Justicia x los 7 volvió a marchar en las calles y, sobre el final de la caminata, Cristina Gramajo -madre de Sergio Filiberto -, leyó un duro pronunciamiento donde cruzó la gobernadora Vidal, quien recorrió la ciudad timbreando en busca de votos, pero no llamó a ninguna de las puertas de los familiares jóvenes asesinados por la Policía Bonaerense sobre la cual tiene absoluta responsabilidad política. El documento, también cuestionó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien también visitó la ciudad sin importarle el crimen alevoso cometido por la fuerza que dirige. A su vez, la ministra de Seguridad de la Nación tampoco se interesó por el tema, en su paso por estas tierras. Por su parte, el intendente, Javier Martínez les dijo a las madres que NO CONOCÍA LO QUE PASABA EN SECCIONAL 1°. Las máxima autoridad del distrito ignoraba los mugrientos calabozos de mala muerte, el hacinamiento, el verdugueo sistemático a los familiares y las torturas a los detenidos. Martínez tampoco condenó el crimen de 7 ciudadanos que él gobernaba ni facilitó el encuentro con las Madres y las autoridades provinciales. Sin embargo, ayer estuvo furioso envió a limpiar las pintadas en las paredes de la sede municipal que reclamaban ¡Justicia! y el encarcelamiento del cabecilla de la Masacre, comisario Donza. El apuro de Martínez por borrar las pintadas es porqeu hoy visita la ciudad el senador electo Estaban Bullrich quien en plena campaña celebró: “Cada día un pibe más está preso”. Por su parte, el “Portal Pergamino, el justo medio”, medio fascista si se lo mira con un solo ojo tituló: “El Palacio Municipal fue víctima de pintadas en una marcha por pedido de Justicia” y hablo de los 7 jóvenes “fallecidos”. O sea los ladrillos son VÍCTIMAS, no los seres humanos masacrados. Sobre el tema, Silvia Rosito, mamá de Fernando Latorre, le escribió en las redes a la periodista Sol Matcovich, autora del texto en el portal: “Muy buena tu nota la municipalidad fue víctima y los 7 chicos masacrados que fueron ?? Fueron paredes pintadas de tanto dolor sin ser escuchados, las paredes ya las limpiaron y mi hijo sigue muerto, ojalá nunca te pase perder un hijo sos joven y tenés un largo camino por seguir siendo mamá, fuiste hacer una nota y te gustó sacar lo peor de la marcha”. (Más abajo, ver documento completo)
DOCUMENTO DE JX7 A 8 MESES DE LA MASACRE DE PERGAMINO
A ocho meses de la masacre, sabemos qué pensar. Hemos atravesado por muchos momentos de injusticia, de desigualdades, de incomprensiones, x lo que ya no confiamos en nada ni en nadie…
El intendente Javier Martínez, parte responsable de esta masacre nunca ha tomado una postura de apoyo abierta, nunca se ha pronunciado en contra del proceder policial, ni el judicial, en cuanto a los jueces de garantías, nos refirió “no puedo hacer nada al respecto” entre otras cosas nos dijo también: que a un año de su gestión NO CONOCIA EL ESTADO DE LA COMISARIA, quizás es otro más que pensaba que nuestros hijos no valían nada.
PERO… eran hijos de esta ciudad, eran ciudadanos que votaban y que quizás, hasta lo hayan votado… a esta altura de los acontecimientos queda claro que esos ciudadanos, NO LE INTERESABAN EN LO MASMÍNIMO.
Seriamos injustos si no dijéramos que en tres o cuatro oportunidades nos ha atendido y escuchado en su despacho, entre cuatro paredes, pero nosotros necesitamos que lo haga público, le pedimos compromiso de su parte al respecto de nuestra causa y no nos facilitó nunca la posibilidad de hablar con ningún funcionario de los que han venido a la ciudad en campaña, ni un timbrazo en nuestros hogares ni de la Gobernadora Vidal, ni del Ministro de Seguridad Provincial Ritondo , o de la Ministra de Seguridad Nacional Bullrich, ni siquiera el secretario de seguridad Local Karin Dib.
LOS QUE MASACRARON DESPIADADAM
Coincide en que hoy es el día de los Fieles difuntos: hoy celebramos a aquellos que nos cuidan desde el cielo. Esa persona que ya partió de éste mundo pero sigue estando con nosotros. En, este día, se estila demostrar un acto de cariño a esa persona que ya no está, llevarle una flor, rezar, ofrecer una misa. Recordarla.
Los que estamos aquí presentes, estamos con nuestro corazón ardido, porque el ser que tenemos en el cielo, históricamente debía haber partido después que nosotros, ellos nuestros hijos, eran los que debían despedirnos a nosotros primero.
Nuestra demostración más grande del cariño, del amor que tenemos hacia ellos, es ofrecerles esta marcha, este desgarrador pedido de Justicia.
Nuestra demostración más grande del cariño, del amor que tenemos hacia ellos, es ofrecerles esta marcha, este desgarrador pedido de Justicia.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONS
POR UN” NUNCA MAS DE VERDADERO”, SENTIDO, DESDE LO
ALAN CORDOBA/ JUAN JOSE
Alertan por criminalización y represión contra el Pueblo Mapuche
Alfredo Seguel, Mapuexpress / Resumen Latinoamericano / 3 de noviembre de 2017
Diversas representaciones vinculadas a organizaciones tradicionales y comunidades del Pueblo Mapuche, como también, desde sectores de la academia y de organizaciones de DDHH en Argentina, han venido denunciando la intensificación de políticas de criminalización y represión, en medio de una campaña político-comunicacional de sectores conservadores políticos empresariales promotores del racismo y la intolerancia.
Al más puro estilo de las campañas represivas en Chile impulsadas por poderes fácticos, la ministra de Seguridad en Argentina, Patricia Bullrich, señaló en agosto a medios sobre el financiamiento desde intereses ingleses a grupos mapuche. También habló de los rumores que los acercarían a las FARC o el grupo comunista peruano “Sendero luminoso”, pero señaló que aún “esto no está confirmado. Sin embargo sabemos que están fuertemente armados y con entrenamiento militar”, publicaba Diario Uno de Argentina, con relación a un grupo Mapuche denominado (RAM) y que en el presente es parte de la instrumentalización para definir al “enemigo interno”, al más puro estilo del Manual de la Escuela Las Américas tal cual se ha venido haciendo desde hace años en el vecino país en el marco de los conflictos con empresas forestales y grupos sectarios de latifundistas colonialistas.
“El Ministerio conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros”, señaló así el periodista Darío Aranda en una reciente publicación denominada “Qué hay detrás de la campaña antimapuche en Argentina: extractivismo, medios y un genocidio que no termina”, relacionando la situación que enfrentan los territorios ancestrales como consecuencia del saqueo por parte de los intereses transnacionales petroleros, mineros y terratenientes, como Benetton, este último con el acaparamiento de más de 900 mil hectáreas en la Patagonia.
Desde Chile, cada dos años en promedio, desde el 2008, se asoman los mismos montajes que buscan hacer la relación de los procesos de recuperación de tierras, atentados, grupos mapuche violentistas con las Farc de Colombia u otros grupos bélicos de similares características, enfrascando el genérico de todo un Pueblo y promoviendo así campañas racistas y de intolerancia, a pesar de que dicha relación ha sido descartado por servicios de inteligencia a nivel local e internacional, incluyendo a la propia CIA de Estados Unidos. El actual escenario que se vive en Argentina ya había sido percibido en el año 2010, principalmente por el accionar de ciertos grupos políticos empresariales y medios informativos ligados a estos intereses con actuaciones coordinadas entre grupos de Chile y Argentina.
“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero 2017 en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos, periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.
Con respecto a la situación en Argentina, ya el 2010 se vislumbraban ciertas acciones impulsadas por ciertos sectores políticos empresariales para promover campañas comunicacionales a través de medios informativos ligados a sus intereses. “Mapuches chilenos armados en territorio argentino: Aprueban pedido de investigar a infiltrados armados”, publicaba así Política y Desarrollo, mientras otros medios hacían referencia de la procedencia mapuche desde Chile con el ánimo de deslegitimar demandas, como publicaba La Nación.
Diana Lenton, doctora en antropología y referente de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Políticas Indígenas, se refiere a esta campaña. En diálogo con Canal Abierto, desgrana el conflicto territorial en el que se da la desaparición forzada de Santiago Maldonado, repasa el marco en el que surgen los argumentos que sostienen la idea de que el pueblo mapuche es extranjero y enemigo interno, y desnuda el entramado histórico donde el apellido Bullrich tiene mucho que ver con la usurpación de esas tierras.
Represión y criminalización
Diversas comunidades mapuche vienen siendo objeto de hostigamiento, represión y persecución. Desde la quema de casas en la comunidad Vuelta del Río luego de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el allanamiento violento en plena noche en la comunidad Raquitue, el aprisionamiento y el aislamiento de lamgen de la comunidad Fvta Trayen, la persecución judicial a la comunidad de Campo Maripe donde se les formularon cargos por usurpación de su propio territorio. La implantación de “pruebas”, el procesamiento a sus autoridades. Todo responde a una ofensiva contra las Lof (comunidades) en la provincia de Vaca Muerta.
Izquierda Diario publicaba recientemente un reportaje referido a este estado represivo en Argentina bajo el titular: “Denuncian procesamientos penales a autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén”, dando cuenta sobre algunos de estos hechos:
- El mes pasado, un 14 de septiembre específicamente en horas de la madrugada, miembros de las comunidades mapuches Raquithue y Paynefilu del Consejo Zonal Wijice (Sur) denunciaban allanamientos de forma irregular y sin orden judicial, por parte de Gendarmería Nacional diciendo que buscaban a Santiago Maldonado.
- En territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew, la comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal de la delegación de San Martín de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar a territorio comunitario.
- La comunidad Campo Maripe, queda a diez kilómetros de la ciudad de Añelo. En el año 2013 su territorio fue concesionado a Chevron e YPF, donde hasta la actualidad se han instalado 500 pozos de fracking. Han sido víctimas de múltiples atropellos por parte de la justicia y las fuerzas represivas. El último hecho fue con un operativo represivo a cargo de Gendarmería Nacional en el mes de junio.
“Creo que lo más preocupante de esta nueva situación no es solo la violencia y la represión de parte de Gendarmería, sino los montajes que han hecho intentado criminalizarnos con pruebas falsas de que tenemos bombas, drogas y armas. Situación que ha caído pero que vamos a seguir sosteniendo la lucha hasta que caigan definitivamente estas causas”, señaló Leftraru Nawel en entrevista a dicho medio.
Preocupados por este escenario de criminalización, el viernes 18 de octubre en la sede de la Confederación Mapuche – Zonal Xawvnko, en la ciudad capital de Neuquén se realizó un encuentro conversatorio denominado: “CRIMINALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO MAPUCHE”, donde participaron una decena de profesionales del derecho de reconocida trayectoria, acompañados de una nutrida presencia de los autoridades originarias de las comunidades de la zonal Xawvnko y Lafkence, que enfrentan en el presente una fuerte embestida de la justicia que criminaliza el ejercicio del derecho mapuche y que se traduce en un sinnúmero de causas y procesados.
Por su parte, la dirigente de la comunidad Mapuche Pillan Mahuiza de Chubut, Moira Millan denunció de constantes amenazas y hostigamientos que han sido objeto en este último tiempo, indicando: “Hay un sector con poder político, con armas y con mucha impunidad, amenazando nuestras vidas”.
Por la noche del 20 de septiembre del 2017, fueron quemadas viviendas en la comunidad mapuche-tehuelche de Vuelta del Río, vecina del Pu Lof en Resistencia en Cushamen por conflicto territorial con Benetton, quienes esa mañana habían realizado una toma pacífica del Juzgado Federal de Esquel, exigiendo que el juez federal Guido Otranto se aparte de la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, joven que finalmente apareció sin vida el 17 de octubre en el Río Chubut y cuya responsabilidad en su muerte se endosa a Gendarmería.
En Chile, así como está sucediendo en Argentina, situaciones represivas en cualquiera de sus formas, incluyendo asesinatos y montajes, han sido utilizados como formas de provocación, buscando infundir temor y rabia en expresiones mapuche que se movilizan por recuperación de sus derechos territoriales frente al acaparamiento territorial terrateniente o frente a los impactos del extractivismo empresarial, acciones que sin lugar a dudas pretenden fomentar climas más radicales para responder luego con más violencia desde el aparato represivo, sin embargo como respuesta a este estado se evidencia que se ha venido levantando una creciente movilización por la defensa de los derechos del Pueblo Mapuche no tan solo en Chile y en Argentina, sino en diversos otros países por medio de numerosos sectores democráticos y respetuosos de los derechos humanos.
El juez ordena la detención del ex-vicepresidente Amado Boudou /Las maniobras del Gobierno y el Poder Judicial Todos en libertad condicional (por Washington Uranga) /Duro mensaje de Luis D’Elía sobre Cristina Kirchner a partir de la detención de Boudou
3 noviembre 2017.- Tras ordenar su detención esta mañana con el argumento de que puede entorpecer la investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita hace cinco años, el juez Ariel Lijo indagará ahora al ex vicepresidente. También será indagado José María Núñez Carmona. Ambos serían trasladados luego al penal de Ezeiza.
Imagen: DyN
El ex vicepresidente Amado Boudou se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, donde será indagado por Ariel Lijo, el juez federa que en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito que tramita hace cinco años ordenó detenerlo esta mañana con el argumento de que puede entorpecer la investigación y tras imputarle la cuestionada figura penal de la asociación ilícita. En los tribunales federales de Retiro se encuentra el empresario José María Núñez Carmona, quien también prestará una declaración indagatoria. Luego, ambos serían trasladados al penal de Ezeiza.
Boudou fue detenido a primera hora de hoy en su departamento de Puerto Madero. Como parte del show que montó el Gobierno en casos similares, fue trasladado esposado, con un chaleco anti balas, y rodeado de efectivos hasta el edificio de Prefectura Naval, donde permaneció algunas horas, ya detenido. Además, en un hecho inédito, las fuerzas policiales y judiciales filtraron el video del momento de la detención, que rápidamente fueron replicadas por los medios oficialistas.
Cerca del mediodía, el ex vicepresidente fue trasladado hasta el juzgado de Lijo, donde prestará su declaración indagatoria, en una polémica causa que, llamativamente, se aceleró luego de que Lijo fuese denunciado esta misma semana por el macrismo en el Consejo de la Magistratura por cajonear causas de corrupción. Su decisión descolocó incluso al abogado denunciante, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien reconoció que el ex vicepresidente siempre estuvo a derecho en la causa.
Además de Boudou y Núñez Carmona en la causa están involucrados Alejandro Paul Vandenbroele y Juan Carlos López. Lijo acusa a los cuatro de “cometer delitos indeterminados” pero “con miras a la obtención de beneficios económicos”. La ex pareja del ex vicepresidente, Agustina Kämpfer, implicada también en el expediente, está acusada de comprar un departamento por 120 mil dólares que no podría probar su capacidad económica para esa operación.
Lijo dice, en su fallo, que la detención se concretó porque Boudou tiene aún poder para obstaculizar la investigación. Según el juez, el ex ministro de Economía puede todavía hoy poseer “la información relevante, los contactos y la capacidad de acción” suficiente como “para evadir el accionar jurisdiccional, dificultar la producción de pruebas y el recupero de los activos por los que está imputado.
La denuncia en el Consejo de la Magistratura tras la cual Lijo ordenó la detención de Boudou la presentó el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Esa entidad juega en sintonía con el Gobierno y fue la que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.
Las maniobras del Gobierno y el Poder Judicial
Todos en libertad condicional
En el contexto de lo que viene ocurriendo en los últimos tiempos no debería ser una sorpresa la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, a pesar de que no existan justificadas razones jurídicas para someterlo a esta situación. Sobran, sin embargo, las coartadas mediáticas y pseudo políticas para montar la escena en el marco de una estrategia que centre la vista en esta y las anteriores detenciones para apartar la mirada sobre la demoledora arremetida contra derechos ciudadanos adquiridos y presentada por el Presidente bajo el título de “consensos”. Y si la sorpresa existe aún, puede ser una manifestación más de ingenuidad o resabio de que todavía creemos en los derechos de las personas y en el valor de la Justicia. Tal vez por eso la detención de Boudou fue insospechada hasta para los juristas más adictos al oficialismo.
No así para los voceros mediáticos del Gobierno que en la semana ya habían reprendido públicamente a los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo por no actuar en consonancia con los deseos del Gobierno en lo que ellos, quienes hablan y escriben en nombre del Gobierno, califican de “corrupción”. Obediente o amedrentado, Lijo actuó en consecuencia y entregó a Boudou como ofrenda en el altar de un Poder Judicial que hace tiempo secuestró y sacrificó a la Justicia.
Lo demás ya es conocido. Los medios que trabajan para el Gobierno tuvieron fotos del detenido en su casa, con chaleco antibalas y en la situación más humillante posible para acrecentar el morbo. Imágenes que solo pueden haber salido -como en casi todos los casos anteriores en las que trascienden- de las propias fuerzas de seguridad actuantes, del Ministerio que las comanda o del Poder Judicial. Pero estas ya son violaciones menores que por consuetudinarias terminan validadas de hecho por la práctica y que ni siquiera mueven a la pregunta sobre su legitimidad y acerca de los derechos de las personas sometidas a estas situaciones.
Está ampliamente demostrado que Amado Boudou aún desde antes de dejar su cargo de vicepresidente se allanó en todos los términos a los requerimientos judiciales y que no existe razón alguna jurídicamente válida para determinar la privación de la libertad de quien no está condenado y cuya inocencia se presume hasta que eventualmente haya una sentencia en contrario. Pero eso ya no importa, porque hay procesos sumarios de carácter mediático que luego son refrendados por los jueces. Tampoco es casual que el procedimiento se haga un viernes, antes de un fin de semana, sin aviso a los abogados defensores como si el acusado estuviese implicado en un plan de fuga minuciosamente planeado. Tampoco hay interés real por la aplicación de justicia. Los objetivos son otros.
Existe el propósito ya inocultable de disciplinar a la sociedad y dentro de ella a todos aquellos y aquellas que hayan representado intereses distintos a los de quienes hoy ejercen el poder en todos los niveles y sentidos. Más allá de las explicaciones que, como cualquier ciudadano, Boudou tendría que dar en el marco de un sistema de justicia imparcial y donde rija efectivamente el derecho a la defensa, es evidente que el ex vicepresidente -como otros- está “pagando” osadías tales como la reestatización de las AFJP que llenaban las arcas de poderosos grupos económicos sostén del actual gobierno. El mensaje que se manda es el disciplinamiento de la política al poder fáctico, y el adjetivo usado para la descalificación simbólica es “corrupción”, para lo cual no hacen falta pruebas, ni siquiera indagatorias. Y para cuyo fin se usan figuras tales como la “asociación ilícita” -recurso inventado por la dictadura militar- para calificar decisiones de índole política adoptadas por autoridades democráticas.
Demás está decir que si la misma lógica judicial se aplicara a muchos de los que hoy son funcionarios, “el mejor equipo de gobierno de los últimos cincuenta años” podría verse gravemente diezmando en sus filas. Con seguridad eso no va a ocurrir, entre otros motivos porque los medios de comunicación afines en lugar de hacer sesudas investigaciones sobre evasores y blanqueo, piden por el contrario que -siguiendo el razonamiento presidencial- se considere el sentido patriótico de los blanqueadores y se perdonen sus eventuales delitos por considerarlos apenas infracciones menores.
Entre los propósitos de la “nueva derecha” en el gobierno está sin duda el de “regresar a la normalidad” y “restablecer la seguridad jurídica”. Es la traducción de una mirada de clase que sostiene que la sociedad tiene que volver a ser rejerarquizada después de años de disfuncionalidad. Tienen que gobernar los que nacieron para mandar y no hay lugar para los plebeyos en la política. Y quienes por fuera de la casta del poder se animen a la política se exponen a severas sanciones, incluida la cárcel. Para ejemplo, solo basta mirar la situación actual de Milagro Sala. El argumento puede ser la “corrupción”, el “terrorismo”, la “subversión, el “lavado de dinero” o imputaciones que van desde “perturbador del orden público” hasta “mapuche”. Poco importa el calificativo porque en la democracia del “diálogo y del consenso” todos vivimos en libertad condicional y, al contrario de lo que establece la Constitución y la ley, si pensamos distinto al Gobierno pasamos a ser culpables, primero mediáticos y después jurídicos, sin mayores posibilidades de demostrar lo contrario.
Así visto el “diálogo” es un simulacro por el cual el poderoso concede la palabra para habilitar la catarsis de quienes, sin ninguna posibilidad ni alternativa, tendrán que ajustarse luego a los designios de aquellos que ejerciendo del poder real y el gobierno legal de la democracia saben de antemano que les asiste si no la razón, por lo menos la posibilidad de imponer decisiones acordes a sus intereses. Y el “consenso” es el resultado de la opinión impuesta por gerentes y políticos que por motivos de cuna, de clase y de historia están “naturalmente” llamados a ejercer el poder.
No es ilógico señalar entonces que, a tono también con el contexto internacional, el proyecto de la alianza Cambiemos y de la “nueva derecha” apunta realmente a restaurar la normalidad del poder y el funcionamiento de una democracia formal en la que las decisiones están restringidas a quienes “nacieron” para mandar y gobernar y en la que no queda espacio, ya no para la gestión y la participación política de los subalternos, sino sencillamente para que éstos se expresen de manera diferente. Si lo hacen no serán escuchados, silenciados por las corporaciones mediáticas del oficialismo, denigrados simbólicamente. Si insisten, les cabe la represión y hasta la cárcel. Porque sin importar la ley y muchos menos la Justicia, todos estamos en libertad condicional.
Boudou quedará detenido en Ezeiza, donde ya están De Vido, Jaime y López
Allí le realizarán estudios médicos y después el Ministerio de Justicia determinará si se queda ahí o si es trasladado a Marcos Paz
03 de noviembre de 2017
Boudou tendrá hoy una revisión física en el Hospital Penitenciario en Ezeiza. Foto: Archivo
El ex vicepresidente Amado Boudou , será trasladado después de su indagatoria al hospital del servicio penitenciario en el penal de Ezeiza para realizar los estudios físicos y psicológicos de rutina, informaron fuentes judiciales.
Después de haberse practicado esos estudios, el Ministerio de Justicia determinará si queda detenido en ese penal, cómo le ocurrió la semana pasada a Julio De Vido , o si es trasladado al penal de Marcos Paz.
No habrá encuentro entre ambos ex funcionarios kirchneristas porque el protocolo oficial no lo permite, indicaron fuentes oficiales. En ese penal también están detenidos los kirchneristas Ricardo Jaime , José López y el empresario Lázaro Báez .
Se descuenta que, una vez que atraviese los exámenes médicos, Boudou ingrese en un programa especial implementado por el Servicio Penitenciario Federal para alojar a presos detenidos por casos de corrupción.
“Cristina no puede hacerse la pelotuda”, el duro mensaje de Luis D’Elía en su programa de radio
El dirigente social le reclamo a la ex presidenta que “se ponga al frente” y pidió “armar un comando táctico-estratégico para la resistencia”
03 de noviembre de 2017
La detención del exvicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito es un golpe duro para la gestión kirchnerista. Desde su programa que conduce en Radio Rebelde, su amigo y dirigente social Luis D’Elía le envió un un fuerte mensaje a a la conducción kirchnerista y disparó contra la ex presidente Cristina Kirchner : “No puede hacerse la pelotuda
El presidente del partido Miles le solicitó a la ex presidenta que “se ponga al frente” para rechazar las detenciones de ex funcionarios kirchneristas. “Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada”.
D’Elía calificó a Boudou como “un héroe nacional, un prócer”, afirmó que fue “el mejor ministro de Economía del kirchnerismo”, y lo comparó con Axel Kicillof , de quien dijo que “no hizo ni el 10 por ciento” de lo que hizo el ex titular de la ANSeS durante su paso por la cartera de Hacienda.
“Milagro Sala, Roberto Baratta, Julio De Vido, Amado Boudou. Y seguramente muchos otros compañeros irán a parar a la cárcel pos estos días, por haber cometido el brutal delito de querer construir una patria para todos, igualitaria, inclusiva, reindustrializada, con el trabajo argentino como motor de la historia”, añadió el dirigente.
Y agregó: “Dentro de poco van a estar llenas las cárceles de kirchneristas. Por eso va a ser definitivo el papel que asuma Cristina. Por eso le imploro, le pido por lo que más quiera que asuma un papel distinto de cara a la historia. Van por ella, van por todos”.
Por otra parte, el dirigente social se tomó su tiempo para atacar al gobierno y dijo que el presidente Mauricio Macri “se hace el vivo porque tiene todo el Poder Judicial atrás” pero pronosticó que “más temprano que tarde volverá el pueblo a poner las cosas en su lugar”.
Bien temprano, D’Elía vinculó la detención de Boudou a su decisión de ponerle fin al sistema de jubilación privado cuando era ministro de Economía. “La oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiacion de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores”, escribió D’Elía en su cuenta de Twitter.
Envío:ResumenLatinoamericano
viernes 03 de Noviembre de 2017
Cristina Fernández de Kirchner expresó su opinión sobre la detención de su ex compañero ejecutivo Amado Boudou
La ex presidenta criticó que su compañero en el Ejecutivo fuera apresado sin condena ni declaración indagatorio y denunció "persecución laboral".
ristina Fernández escribió en su página web su opinión con respecto a la detención de su ex compañero en el Ejecutivo nacional Amado Boudou.
La ex mandataria criticó la decisión del juez Lijo de imponerle la prisión preventiva y denunció "persecución política".
Para la electa senadora apuntó al presidente de "perseguir a los opositores a través del Poder Judicial".
La carta completa
Está en riesgo la democracia Argentina En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. Desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.
En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar.
En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes.
Estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento de disciplinamiento a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional.
Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata.
Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.
En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible "entorpecimiento" a la Justicia.
Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse.
Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.
En este punto es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa propia es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente.
Esta más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares.
Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general.
Finalmente, reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho.
Buenos Aires, 3 de noviembre
Fuente:DiarioUno
05 de noviembre de 2017
Opinión
Presos políticos
Por Edgardo Mocca
¿Quién conoce algún dirigente opositor preso durante el régimen autoritario y populista, anterior a la recuperación de la sagrada república? No los hubo. Difícil de explicar por el alto promedio moral en la cúpula de los partidos que entonces eran oposición y alguno de los cuales forman hoy parte del gobierno. Causas contra algunos de ellos no es lo que falta; la diferencia de velocidad y de orientación con las que las trata la “justicia”, comparadas con las que se dirigen hoy contra los ex funcionarios kirchneristas es enorme. Es decir, hoy en la Argentina hay presos políticos. En la Argentina no asistimos al tránsito normal de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Es un cambio de régimen.
La literatura politológica ortodoxa y formalista del neoliberalismo no autorizaría el anterior enunciado: en la Argentina no se ha modificado drásticamente el sistema institucional ni se han establecido leyes de excepción ni están formalmente suprimidas o afectadas las libertades públicas e individuales. Sin embargo, la misma politología fantasmal se usaba para fundar el llanto por la república perdida en tiempos en que el noventa por ciento de la palabra circulante en el país estaba en manos de grupos poderosos y furibundos antagonistas del gobierno, que no se privaban de nada en su política desestabilizadora; “periodismo de guerra” lo definió uno de sus periodistas. Todo el sonsonete del debilitamiento de la división de poderes, la confusión del partido con el Estado y el pathos autoritario de los gobiernos anteriores devino hoy en una exaltación de la fuerte voluntad del actual gobierno por terminar con la corrupción y el autoritarismo, no importa a qué costo. No faltan en este coro infernal voces de intelectuales que presumen de compromisos con las causas populares y construyen una descripción increíblemente complaciente del gobierno y del presidente, atribuyéndole a éste dotes de gran estadista y proclamándolo como un gran hombre de Estado, mientras sostienen que el único lugar habitable para los que defienden el rumbo de los gobiernos anteriores es la autocrítica.
Los presos políticos no son producto de decisiones formales del Poder Ejecutivo, como era habitual en los tiempos de los gobiernos militares y los “democráticos” de minoría y basados sobre la proscripción. El mecanismo actual evolucionó –como corresponde a una derecha moderna y democrática– hacia un automatismo autoritario: a los enemigos del gobierno los bombardean los medios, los estigmatizan los funcionarios del gobierno y los mete presos “preventivamente” el Poder Judicial. Se dirá que es una parte del Poder Judicial: es así, pero a eso hay que sumar el avance sobre los jueces independientes sostenidos por consejos de la Magistratura controlados por el gobierno, que se verifica sistemáticamente y tuvo en el juez platense Arias su última víctima. Es decir, el avance hacia un Estado autoritario es sistemático y no deja casilleros en blanco; la línea divisoria entre lo legal-constitucional y lo arbitrario y autoritario se va diluyendo todos los días.
Alguna vez se dijo en esta columna que no era cierto que en los tiempos del kirchnerismo las derechas argentinas no tuvieran un programa. Lo tenían. Pero no estaba escrito en documentos partidarios sino que debían ser buscados en sitios que funcionaban y funcionan como los verdaderos partidos del establishment: en la Sociedad Rural, en Idea, en alguna convergencia empresaria heredera de la Apege (surgida a fines de 1975 y que puso a su referente principal, Martínez de Hoz, en el lugar central del gabinete de Videla). También en el diario La Nación. No así en Clarín, cuya línea consiste en juntar a todo el mundo ideológico que, por las razones más diversas, enfrenta a quienes el grupo considera sus enemigos principales. Ese programa nunca lo ha formulado ningún dirigente de Cambiemos. Pero es muy conocido. Y es muy antiguo: cualquiera que haga una mínima y muy económica investigación puede encontrar sus huellas en discursos de Martínez de Hoz, de Cavallo, de López Murphy… Es el pliego de demandas que le acercó Escribano a Kirchner. Es toda una literatura política que en este país se escribe desde hace muchas décadas. Su santo y seña es la “libertad de mercado”, sus prioridades la flexibilización laboral, la apertura de la economía, el orden en las calles y, como telón de fondo, la lectura de la historia como combate recurrente entre república y populismo. Hoy la derecha se viste moderna, usa coach y focus group, fatiga redes sociales con una maquinaria de manipulación que trabaja 24 horas por día por si no alcanzara con el monopolio de la información a través de los medios masivos de comunicación; en eso, claro, es muy distinta a la época de Alsogaray. También se diferencia de sus ancestros en que ganó una elección sin proscripciones y mantuvo su predominio electoral en las elecciones de medio término; eso es innegable, en eso consiste su especificidad. El menemismo también ganó sin proscripciones, pero el menemismo era neoliberalismo peronista. Y su época –la de la caída del Muro de Berlín y la implosión soviética, la de la euforia globalizadora y la esperanza en el derrame del capitalismo financiero– lo ayudó a presentarse como la pintoresca fusión del nacionalismo popular y el neocolonialismo posmoderno. El triunfo de Macri no pertenece al tiempo de la ilusión neoliberal sino al del dominio mundial de las corporaciones financieras sostenido sobre la extorsión abierta y la violencia punitiva y no sobre la esperanza. Su hoja de ruta no se sostiene sobre la cooptación de los partidos populares sino sobre la generación de una fuerza política propia orientada a imponer las formas y las lógicas de las corporaciones económicas a la vida política cotidiana. Las novedades son innegables, tanto como su condición de continuidad histórica con la plataforma política clásica del viejo conservadorismo y la que pusieron en práctica los golpes cívico-militares del Siglo XX. Cualquiera que dude de todo esto no tiene más que comparar el último discurso “programático” de Macri con los postulados reformistas de la dictadura surgida en 1976. Entonces también se buscaba el privilegio en la clase trabajadora, se postulaba el achicamiento del Estado, la reducción de los salarios y los recortes presupuestarios como camino a una Argentina moderna y próspera.
La herramienta central que hoy pone en juego la derecha es el miedo. ¿Cómo no tener miedo de una fuerza que tiene el dinero, la palabra, la fuerza armada, y el beneplácito de los que mandan en el mundo global? Todo el trabajo consiste en hacer presente ese miedo todo el tiempo. El miedo es vago, impreciso, indefinible. Pero el escape es mucho más claro: hay que evitar todo contacto con los malos. Si hay 562 pasajeros de un futuro viaje a la luna, es decir a la desaparición, la norma de prudencia más elemental aconseja apartarse de ellos. ¿Quiénes son? Si se supiera, la estrategia del miedo sería un juego de chicos. No se sabe. El número es deliberadamente pequeño: no hace falta que sean 30.000. Alcanza con establecer un cordón sanitario imaginario sobre cualquiera que pudiera ser incluido en la lista. Y ya se sabe en qué grupo político hay que contar a los futuros navegantes, de modo que la mira de la contaminación se reduce considerablemente. Quienes han aceptado este pacto reductor de la incertidumbre y el miedo que es la alianza Cambiemos tienen y tendrán modos de explicarse a sí mismos esta elección. La que ocupa, lejos, el lugar más importante entre las que pueden tomarse con interés y con preocupación es la consideración de que cualquier alternativa a esto que estamos empezando a vivir es riesgosa, improbable, tiene enemigos poderosos y por lo tanto no vale la pena intentarla. Una rápida mirada del mundo que habitamos tiende a darle la razón a quienes sostienen esa tesis. Tal vez otra más profunda pudiera poner esto en discusión. Ojalá la perspectiva conservadora y temerosa no se escondiera en los rincones del odio enfermizo e irracional, no se pusiera las ropas de la lapidación y el festejo del atropello, ni las de la justificación moderada y autocrítica.
Estamos yendo como sociedad en una dirección muy peligrosa. Cada vez que hemos transitado este camino hemos llegado a situaciones desastrosas. Y no hay el más mínimo indicio de que esta vez podría ser diferente. La cuestión –una vez más– es la verdad. Y la verdad es el arma de combate en los tiempos que corren. Cualquiera que lea y estudie los argumentos para la prisión de Boudou, no desde el respeto que merece el prisionero por su conducta política, sino desde las más elementales normas del decoro judicial, tiene que inferir que se ha cruzado una frontera muy peligrosa, abismal. O, mejor, que se sigue profundizando un rumbo iniciado por la detención ilegal de Milagro Sala y continuada por el encubrimiento oficial de la brutal represión de la Gendarmería que costó la vida de Santiago Maldonado y el espectáculo de linchamiento público a Julio De Vido. Detrás de estos episodios solamente puede esperarse un progresivo oscurecimiento de la vida colectiva de los argentinos o una respuesta efectiva y eficaz, que para serlo no puede limitarse a quienes sostengan una determinada bandera política sino que debe abarcar a todos los que no quieren repetir aciagas experiencias de nuestro pasado reciente. La situación muestra un espacio vacío en la política argentina, el del liberalismo democrático. Esa corriente, esas personas que sin defender ningún proyecto alternativo al neoliberalismo, sin sostener nacionalismos ni populismos a los que consideran fenómenos arcaicos e indeseables, al mismo tiempo sostienen la vigencia de los derechos individuales y sociales prescriptos por la Constitución. Es toda una tradición jurídica y política que rechaza al Estado policial, y se toma en serio la cuestión de la república que para otros es un mero recurso retórico contra gobiernos populares.
Fuente:Pagina12
REDES SOCIALES
"Son la derecha de siempre: nos quieren presos o desaparecidos", disparó
La periodista Julia Mengolini, por medio de Twitter, reanudó un nuevo round contra la administración macrista tras la detención del Amado Boudou
"Disculpe Patricia Bullrich, he recibido amenazas de muerte. ¿Usted piensa hacer algo o es porque sabe que es gente que trabaja para Marcos Peña?". Con ese mensaje, escrito la semana pasada, la periodista Julia Mengolini advirtió que había sido amenazada por Twitter y, con ironía, culpabilizó a los supuestos "trolls" del jefe de Gabinete. Desde entonces, la fundadora de FutuRock, fue increpada por cientos de internautas que dispararon infinidad de críticas.
"Es una soberbia K que utiliza la victimización por Twitter", afirmó un comentarista. "No hay trolls, es el pueblo, éstos bebés k sé hunden solos", enfatizó otro. "Como no tienen más argumentos te catalogan de troll", destacó alguien más. "Trolls que el domingo nos materializamos y les rompimos el orto!! No existen más!!", exclamó otra usuaria haciendo referencia al aplastante triunfo del oficialimso en los comicios legislativos del domingo 22 de octubre pasado.
Ahora, Mengolini se encuentra protagonizando un nuevo round contra la administración macrista. ¿La razón? El arresto del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por orden del juez federal Ariel Lijo. En sintonía con la postura de la oposición sobre el procedimiento judicial implicado, la periodista indicó: "No va a haber buenas noticias. Nos van a seguir ajustando y endeudando. ¿Qué nos van a dar para distraernos? El show de kirchneristas presos".
A continuación, hizo referencia al comunicado de prensa emitido desde el bloque Unidad Ciudadana, encabezado por la senadora electa cristina Fernández de Kirchner, en el que se advierte que "en Argentina, el Gobierno del presidente Mauricio Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase de del ajuste que se busca implementar".
Mengolini se hizo eco de dicho escrito y, en efecto, compartió otro incendiario mensaje cargado de críticas al oficialismo. "Son la derecha de siempre: nos quieren presos o desaparecidos", disparó y, luego, añadió: "Pero la democracia se construye con nosotros adentro. Sino juegan a otra cosa". Nuevamente, su tuit generó ira por parte de muchos usuarios de la red social del pájaro azul mientras que otros apoyaron sus palabras.
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