Mediante las redes sociales, el dirigente social renovó sus críticas contra la administración liderada por el presidente Mauricio Macri, a quien calificó de 'autoritario'
"Propongo formar un comité en defensa de todos los presos políticos". De este modo, el dirigente kirchnerista Luis D'Elía volvió a cargar contra la administración Cambiemos y eligió las redes sociales para hacerlo. Desde su cuenta personal de Twitter, denunció que en la Argentina están en riesgo los derechos humanos, advirtió que el presidente Mauricio Macri ejercita un nuevo tipo de autoritarismo y apuntó contra el Poder Judicial.
"Propongo una campaña nacional e internacional denunciando lo que sucede en la Argentina con la Democracia, con los derechos humanos y civiles y exigiendo la libertad de todos los presos políticos", escribió hoy por la mañana el referente piquetero a pocos días de que el Tribunal Oral Federal 6 lo condenara a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca en el 2004.
A raíz de ello, varias voces se alzaron en su defensa, entre ellas, la del líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, la del diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el bloque Peronismo para la Victoria, Leonardo Grosso, la del dirigente nacional del Partido Piquetero, Juan Marino, así como la del secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano.
Un párrafo aparte merece la agrupación política La Cámpora. La misma publicó, escasas horas luego de darse a conocer la condena que pesa sobre D'Elía, un comunicado de prensa al que titularon "Un nuevo amedrentamiento contra los que se oponen al ajuste". En la misiva, detallan que "el Gobierno de (Mauricio) Macri corrompe la democracia todos los días" y explican que la sentencia contra el referente de MILES es "una amenaza directa contra todos los que protestan, todos los que reclaman, todos los que quieren una Argentina democrática y justa".
Por su parte, D'Elía compartió este sábado otro mensaje al que tituló "Autoritario". "Macri ejerce un nuevo modo de autoritarismo basado en el control absoluto de los medios hegemónicos y del Poder Judicial", sentencia y añade que "te calumnian y demonizan con mentiras ante la opinión pública y luego te persiguen y castigan con el partido judicial", subrayó.
Con un último tuit, se encargó de expresar su respaldo al gobierno de la ex presidenta y senadora electa por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, y lo hizo del siguiente modo. "Ni un solo opositor fue encarcelando durante el kirchnerismo", enfatizó. De esa manera, reforzó algunos de los tramos de la misiva publicada por La Cámpora con la que se indicó que "es claro que los perseguidores carecen de cualquier límite....hasta dejaron de escudar su cruzada antiopositora en el argumento de la 'corrupción'".
Fuente:ElIntransigente.com
DECLARACIONES
Sabbatella: "La estrategia de la derecha es construir una cultura del miedo"
El titular del espacio bonaerense Nuevo Encuentro volvió a apuntar contra el Gobierno Nacional y defendió a Amado Boudou
La detención del ex vicepresidente Amado Boudou, ordenada el pasado viernes 3 de noviembre por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, continúa generando conmoción en todo el arco político. Lo cierto es que el arresto del ex funcionario kirchnerista se dio nueve días después de que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, perdiera sus privilegios parlamentarios y fuera enviado a prisión acusado de fraude a la administración pública y desde entonces el kirchnerismo se ha ocupado de denunciar una "persecución judicial" por parte de la administración Cambiemos.
El frente Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, advirtió tras la detención de Boudou que el Gobierno Nacional busca "atemorizar a dirigentes de la oposición", señaló que "está en riesgo la democracia" y advirtió que se "ha vulnerado el Estado de Derecho y la división de poderes".
Por su parte, el titular del espacio bonaerense Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, aseguró que "la detención de Amado Boudou es otro capítulo más de la caería judicial a opositores promovida por el Gobierno de (Mauricio) Macri", y consideró que de ese modo se están "vulnerando garantías y procedimientos democráticos". En consecuencia, aseguró que el ex vicepresidente, así como De Vido, "son presos políticos, perseguidos por el oficialismo con la complicidad de algunos jueces que denigran la Justicia".
Hoy, Sabbatella volvió a hacer mención a dichas detenciones en Radio Rebelde 740, en el ciclo que conduce el dirigente kirchnerista Luis D'Elía. En ese contexto, reforzó sus especulaciones y lanzó: "Utilizan una parte del Poder Judicial como instrumento de persecución y hostigamiento". En sintonía con las declaraciones hechas por la ex jefe de Estado, enfatizó que "está en riesgo el Estado de Derecho".
Hoy, Sabbatella volvió a hacer mención a dichas detenciones en Radio Rebelde 740, en el ciclo que conduce el dirigente kirchnerista Luis D'Elía. En ese contexto, reforzó sus especulaciones y lanzó: "Utilizan una parte del Poder Judicial como instrumento de persecución y hostigamiento". En sintonía con las declaraciones hechas por la ex jefe de Estado, enfatizó que "está en riesgo el Estado de Derecho".
"Ese Partido Judicial que es parte de la estrategia de la derecha, que gobierna el país, para disciplinar y construir una cultura del miedo", indicó y añadió: "Para que reine el miedo a oponerse a las políticas de ajuste y, de esa forma, el Gobierno poder avanzar con su modelo económico de concentración brutal de la riqueza y destrucción de derechos del Pueblo".
Fuente:ElIntra.com.ar
12 de noviembre de 2017
La Sociedad Rural Dueños de un ministerio
Por Diego Rubinzal
La noticia del recambio ministerial en la cartera de Agroindustria no fue sorpresiva. El desembarco de Luis Miguel Etchevehere era un secreto a voces. El dirigente ruralista paranaense siempre fue número puesto para ocupar ese ministerio. La designación inicial de Ricardo Buryaile fue, además de un guiño a los aliados radicales, una manera de diluir el componente clasista del gabinete macrista. La exclusión de Etchevehere habría sido funcional a contrarrestar la idea de que se trataba de un “gobierno de ricos”. Los pruritos fueron dejados de lado luego de las últimas elecciones legislativas.
La Sociedad Rural Argentina tuvo una influencia mayúscula en la política en los años de vigencia del modelo agroexportador. Más de una vez, el nombre de los candidatos presidenciales o legislativos se terminaron “consensuando” en sus salones. Peter Smith precisa en el libro Carne y Política en la Argentina que cinco de ocho presidentes (entre 1910 y 1943) y todos los ministros de Agricultura (entre 1910 y 1932) fueron miembros de esa entidad. El reemplazo del modelo agroexportador por un esquema industrializador atenuó ese poder de lobby. Sin embargo, la dictadura militar reposicionó a la entidad en un rol destacado.
Comentando el nombramiento de Etchevehere, el economista Claudio Scaletta recuerda en el artículo “La Parábola histórica”, publicado en PáginaI12, que “para encontrar a hombres de la Sociedad Rural ocupando ministerios es necesario remontarse a la última dictadura militar, cuando José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta, el recientemente fallecido padre de Máxima de Holanda, nutrieron el gabinete que abortó a sangre y fuego el modelo de desarrollo con inclusión de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones), proceso que dio origen a un cuarto de siglo largo de neoliberalismo. Como puede observarse, desde la llegada de Cambiemos al poder el género de la parábola histórica no demanda mayores esfuerzos”.
Los documentos y discursos recientes de la Sociedad Rural revelan un férreo acompañamiento al gobierno nacional. Los dirigentes ruralistas consideran a Macri como “uno de los suyos”. La armonía reinante es visible en cada una de sus visitas a la tradicional Exposición Rural. Esa cálida recepción contrasta con el trato dispensado a, por ejemplo, Raúl Alfonsín. Un dato histórico que no debiera pasar desapercibido para la Unión Cívica Radical.
La designación de Etchevehere contradice la idea de que los ministros debieran ser representantes del Poder Ejecutivo ante las corporaciones (y no al revés). El ex ministro de Educación de la Primera Alianza, Juan José Llach twiteó que “aunque usual, nunca me pareció bien dar ministerios a miembros de corporaciones. Ni en educación, ni en industria, ni en agro, nunca”.
Lo cierto es que el caso de Etchevehere no es una excepción sino que constituye una regla en el gobierno de CEO. El treinta por ciento de los funcionarios más jerarquizados del Estado Nacional (ministros, secretarios, subsecretarios) ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. El currículum de la mayoría de los funcionarios revela una inédita simbiosis entre poder político y económico.
La noticia del recambio ministerial en la cartera de Agroindustria no fue sorpresiva. El desembarco de Luis Miguel Etchevehere era un secreto a voces. El dirigente ruralista paranaense siempre fue número puesto para ocupar ese ministerio. La designación inicial de Ricardo Buryaile fue, además de un guiño a los aliados radicales, una manera de diluir el componente clasista del gabinete macrista. La exclusión de Etchevehere habría sido funcional a contrarrestar la idea de que se trataba de un “gobierno de ricos”. Los pruritos fueron dejados de lado luego de las últimas elecciones legislativas.
La Sociedad Rural Argentina tuvo una influencia mayúscula en la política en los años de vigencia del modelo agroexportador. Más de una vez, el nombre de los candidatos presidenciales o legislativos se terminaron “consensuando” en sus salones. Peter Smith precisa en el libro Carne y Política en la Argentina que cinco de ocho presidentes (entre 1910 y 1943) y todos los ministros de Agricultura (entre 1910 y 1932) fueron miembros de esa entidad. El reemplazo del modelo agroexportador por un esquema industrializador atenuó ese poder de lobby. Sin embargo, la dictadura militar reposicionó a la entidad en un rol destacado.
Comentando el nombramiento de Etchevehere, el economista Claudio Scaletta recuerda en el artículo “La Parábola histórica”, publicado en PáginaI12, que “para encontrar a hombres de la Sociedad Rural ocupando ministerios es necesario remontarse a la última dictadura militar, cuando José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta, el recientemente fallecido padre de Máxima de Holanda, nutrieron el gabinete que abortó a sangre y fuego el modelo de desarrollo con inclusión de la ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones), proceso que dio origen a un cuarto de siglo largo de neoliberalismo. Como puede observarse, desde la llegada de Cambiemos al poder el género de la parábola histórica no demanda mayores esfuerzos”.
Los documentos y discursos recientes de la Sociedad Rural revelan un férreo acompañamiento al gobierno nacional. Los dirigentes ruralistas consideran a Macri como “uno de los suyos”. La armonía reinante es visible en cada una de sus visitas a la tradicional Exposición Rural. Esa cálida recepción contrasta con el trato dispensado a, por ejemplo, Raúl Alfonsín. Un dato histórico que no debiera pasar desapercibido para la Unión Cívica Radical.
La designación de Etchevehere contradice la idea de que los ministros debieran ser representantes del Poder Ejecutivo ante las corporaciones (y no al revés). El ex ministro de Educación de la Primera Alianza, Juan José Llach twiteó que “aunque usual, nunca me pareció bien dar ministerios a miembros de corporaciones. Ni en educación, ni en industria, ni en agro, nunca”.
Lo cierto es que el caso de Etchevehere no es una excepción sino que constituye una regla en el gobierno de CEO. El treinta por ciento de los funcionarios más jerarquizados del Estado Nacional (ministros, secretarios, subsecretarios) ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de las Elites Argentinas del Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. El currículum de la mayoría de los funcionarios revela una inédita simbiosis entre poder político y económico.
Fuente:Pagina12
LOS MOVIMIENTOS POPULARES ANUNCIARON SU PLAN DE LUCHA NACIONAL: SIN TIERRA TECHO TRABAJO LA REFORMA ES CONTRA LOS DE ABAJO
Por CTEP
Los Movimientos Populares realizaron una asamblea nacional para evaluar la situación social, rechazar las reformas del gobierno y lanzar un plan de lucha con el objetivo de impulsar la ley de Emergencia Alimentaria y una ley integral de la Economía Popular.
En la misma, se emitió un documento en donde expresaron las próximas acciones conjuntas:
- 15/11 Movilizamos a los centros de referencia en todo el país. Ollas populares desde las 7 hs. en el Obelisco y cierre 18 hs. en Congreso.
- 22/11 Movilización al Ministerio de Agroindustria de los productores de la Agricultura Familiar. Marcha Cartonera en contra de la incineración y a favor de la Ley de Envases.
- 24/11 Marchamos en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres.
- Gran movilización contra las reformas y presentación de la Ley de Economía Popular.
- Nos manifestaremos en contra de la Conferencia de la OMC en el país.
Esteban Gringo Castro, secretario general de CTEP, manifestó al respecto: “Los Movimientos Populares, manteniendo la unidad en la lucha, volvemos a la calle para manifestarnos en contra de las reformas que propone el Ejecutivo, porque van en contra de los trabajadores y excluyen a la Economía Popular. La agenda social está ausente y es necesario que visibilicemos los problemas que vive el sector. Vamos por la Ley de Emergencia Alimentaria y por una ley integral para los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular”.
Las organizaciones presentes en la jornada fueron: CTEP – Barrios de Pie – Corriente Clasista Combativa CCC – Movimiento Evita – Frente Popular Darío Santillán – Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE – Seamos Libres – Pueblo Unido – La Poderosa – Organización Social y Política Los Pibes – Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI – Movimiento Popular La Dignidad MPLD – Unión de Trabajadores de la Tierra UTT – Encuentro de Organizaciones EO – Octubres – Frente Barrial 19 de Diciembre – Frente de Organizaciones Populares – Frente Desocupados Eva Perón – 22 de Agosto – MTL Rebelde – MTD – Simón Bolivar – OLP – MTR 12 de Abril – OCR – Frente Social Peronista – Frente Social 17 de Octubre – Movimiento Popular Venceremos – Coordinadora de Barrios y de la Economía Popular – Segundo Centenario – CTD Aníbal Verón Nacional – Izquierda Latinoamericana – Militancia Popular Antiimperialista – Pueblo Adentro La Plata – Mesa gremial 19 y 20 – UTD Mosconi.
Desalojo violento en la Secretaría de Desarrollo Social de Mar del Plata
Ante el reclamo, gases y balas de goma
La policía bonaerense reprimió a trabajadores cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales que reclamaban trabajo genuino y salarios adeudados. En los cinco días que duró la toma, la titular de la secretaría, Patricia Lenis, no se acercó a dialogar.
La Infantería rodeó la Secretaría de Desarrollo Social ayer por la mañana y luego llegó la Caballería.
Trabajadores cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales, que desde hace cinco días acampaban en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Mar del Plata para reclamar por trabajo genuino y salarios adeudados, fueron violentamente desalojados por efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense, que avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Entre los manifestantes había chicos y discapacitados.
“Nunca en los cinco días de toma nos ofrecieron dialogar ni ninguna respuesta concreta. Sólo se acercó el primer día un funcionario, escuchó el reclamo y ayer a las seis de la mañana la Infantería rodeó todo el lugar”, le contó a PáginaI12 Magalí Cornide, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez, que presenció el desalojo violento.
Trabajadores cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales, que desde hace cinco días acampaban en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Mar del Plata para reclamar por trabajo genuino y salarios adeudados, fueron violentamente desalojados por efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense, que avanzó sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Entre los manifestantes había chicos y discapacitados.
“Nunca en los cinco días de toma nos ofrecieron dialogar ni ninguna respuesta concreta. Sólo se acercó el primer día un funcionario, escuchó el reclamo y ayer a las seis de la mañana la Infantería rodeó todo el lugar”, le contó a PáginaI12 Magalí Cornide, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez, que presenció el desalojo violento.
Según contó la trabajadora, a las nueve de la mañana llegaron también integrantes de la Caballería y ahí dieron la orden de desalojar. “Entraron a los palos, tirando gases y balas de goma. Muchos se descompusieron”, contó Cornide, que sostuvo que en medio del operativo violento detuvieron a dos manifestantes. “A uno lo agarraron entre cinco efectivos y lo golpearon mientras estaba tirado en el piso, le tiraron gas directo sobre los ojos, le fracturaron un tobillo y sigue detenido porque lo acusan de haber golpeado a un policía. Al otro, entre tres policías de civil, lo subieron a un auto gris y lo llevaron a ‘dar una vuelta’ y después lo soltaron”, contó la trabajadora.
Tras la represión, las organizaciones sociales, que mantenían con el acampe en el interior del edificio, convocaron a continuar el reclamo pero esta vez en la calle, frente al ingreso principal.
La protesta había comenzado el lunes pasado con la toma del edificio de Calidad de Vida. Las cooperativas Votamos Luchar, Barrios Unidos en Lucha y el Movimiento Teresa Rodríguez decidieron ocupar la dependencia luego de no recibir respuestas a sus reclamos. Pedían por la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la entrega de materiales adeudados que necesitan para trabajar. Además reclamaban una ayuda económica o de mercadería para que las familias puedan festejar las fiestas de fin de año.
“La desocupación y precarización en Mar del Plata es enorme por eso pedimos trabajo genuino además de los reclamos concretos por salarios y materiales adeudados”, afirmó Cornide, que criticó que en los cinco días de toma la titular de la secretaría, Patricia Lenis, no se acercó a escuchar el reclamo.
La represión suma un escándalo más a la polémica gestión del intendente Carlos Arroyo, representante de Cambiemos. El último invierno, Arroyo comparó a las personas en situación de calle con “perros callejeros” al decir que siempre “vuelven al lugar donde se sienten cómodas”. Unos meses antes, el propio intendente fue hasta una escuela secundaria y patoteó a la directora por reclamar que desde diciembre estaban sin Internet, lo que les impedía dictar la totalidad de los contenidos. Arroyo se hizo presente en el edificio escolar con policías, algo que luego fue denunciado como un intento de intimidación.
Macri le dijo a la prensa internacional que tiene cerrada “más del 90%” de la reforma con la CGT
El presidente le dijo a la prensa norteamericana que tiene cerradas “más del 90% de las propuestas”. Fue en el mismo momento que la CGT anunciaba su rechazo. Incluso aventuró que la semana que viene la envía al congreso.
Mauricio Macri dio por cerrado el acuerdo con la CGT para avanzar con la reforma laboral, pese a que en los gremios rechazan esas versiones y se pronuncian en tono contrario. Desde el propio Gobierno le bajan el tono.
“El único mensaje que recibí de mi jefe de Gabinete ayer por la noche fue que habíamos acordado más del 90 por ciento de las propuestas”, dijo Macri en una entrevista con la agencia neoyorquina Bloomberg.
Bloomberg incluso arriesga que la reforma se enviará la semana próxima al Congreso y la misma representa una disminución del costo indemnizatorio de los trabajadores de un 40 por ciento. Esto fue relativizado por los propios negociadores del Gobierno, que estiman que el acuerdo total no se alcanzará la semana próxima.
Sin embargo muchos puntos de los 140 que se presentaron a los gremios están muy lejos del consenso. Concretamente los sindicatos se resisten a una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo.
El sindicalismo combativo comenzó a coordinar la pelea contra la reforma laboral
Convocados por los trabajadores de PepsiCo en lucha, se reunieron en la carpa montada frente al Congreso de la Nación delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda para discutir medidas de acción contra la reforma laboral. Acordaron una próxima reunión en el Bauen para votar una declaración y medidas de lucha.
Foto: Rolando Andrade
Tal como había sido anunciado hace unos días, este jueves se realizó, en la carpa que montaron los trabajadores de PepsiCo en su lucha contra los despidos, una primera reunión para discutir cómo enfrentar la contrarreforma laboral que presentó el Gobierno.
De la reunión fueron parte dirigentes de sindicatos, comisiones internas, agrupaciones clasistas y trabajadoras y trabajadores de distintos gremios. Entre ellos, referentes de la Unión Ferroviaria de Haedo, Ademys (docentes), de la oposición en las directivas de Foetra (telefónicos) y AGTSyP (subte), de la Conadu Histórica, Cicop, así como comisiones internas de Mondelez Victoria, Falcon, LATAM y otras empresas aeronáuticas, Fate (SUTNA), tercerizados del FFCC Sarmiento y Aerolíneas Argentinas, MadyGraf, juntas internas de diversas dependencias estatales, dirigentes de los SUTEBA recuperados, Ferroviarios del Roca, Aguas gaseosas Coca-Cola, Salud (de distintos hospitales), Ferrum (ceramistas), jóvenes de call center y otros trabajadores de Comercio, gráficos de distintas empresas, trabajadores bancarios, corrientes sindicales como Rompiendo Cadenas, René Salamanca y la Corriente Sindical Clasista, así como organizaciones políticas tales como el PTS e IS, integrantes del Frente de Izquierda, MST, Nuevo Mas, Opinión Socialista, entre otras. También hizo uso de la palabra el Partido Obrero.
En el documento de convocatoria a la reunión que presentaron los obreros de PepsiCo se denunció, y hubo consenso con ello en el debate, el carácter antiobrero de la reforma que busca liquidar conquistas y derechos históricos de los trabajadores. También se exigió a la CGT que abandone la tregua que sostiene con el Gobierno, que no negocie nada contra los intereses de los trabajadores y que convoque a un paro y plan de lucha contra el Gobierno y las patronales que insisten en implementar total o parcialmente esta reforma que nos conduciría al siglo XIX.
Al mismo tiempo, en la reunión se debatió sobre la necesidad de hacer un llamado a las CTA y a todos los que se oponen a la reforma, para salir a enfrentarla de forma urgente mediante una gran movilización unitaria, bajo el planteo de que salir a las calles cuando la reforma ya esté por aprobarse no va a permitir frenarla.
En el plenario fueron tomando la palabra referentes de las distintas organizaciones presentes, aportando distintas ideas sobre cómo sumar fuerzas a la altura de un ataque que muestra unidos al gobierno y los empresarios, y una clara complicidad de la CGT y los grandes sindicatos.
Finalmente, se acordó convocar una próxima reunión que posiblemente será en el hotel Bauen, impulsada por el sindicalismo combativo y llamando a todos los que quieran enfrentar la reforma. En esa reunión se terminará de discutir una declaración.
Además, un sector de los dirigentes sindicales que estuvieron presentes en la reunión va a concertar entrevistas en los próximos días para tratar de coordinar acciones de lucha unificadas con otros sectores gremiales que han expresado su rechazo al proyecto flexibilizador de Cambiemos.
Se habla de 750 despidos en el INTA y los trabajadores van a una jornada de lucha
El presidente del INTA, Amadeo Nicora, le confirmó al gremio del organismo, Apinta, que Modernización propone el despido de 750 trabajadores. Se declararon en alerta y protagonizan hoy una jornada nacional de lucha.
Luis Miguel Etchevehere asumirá como nuevo ministro de Agroindustria de la Nación el 21 de noviembre. Por estas horas el ex titular de la Sociedad Rural Argentina mantiene contactos con funcionarios del ministerio para realizar la transición y hasta el momento se desconocen los nombres de los integrantes de su futuro gabinete.
Ni bien asuma sus funciones, Etchevehere deberá hacer frente a muchas cuestiones relacionadas con un recorte presupuestario que tendrá su cartera en 2018. Recordemos que bajo la órbita del ministerio se encuentran: el Instituto de Semillas (INASE); el Instituto de Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Servicio de Sanidad (SENASA), el Instituto de Vitivinicultura (INV); y, el más importante, el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Y en relación al INTA, en los últimos días apareció un informe del ministerio de Modernización que sostiene que la actual estructura del organismo debe tener 750 trabajadores menos.
Esto generó que el gremio de los trabajadores, Apinta, declaró el estado de alerta y asamblea permanente y anunció para hoy, una Jornada Nacional de Lucha “en defensa del INTA y sus puestos de trabajo”.
Desde APINTA, aseguran que los datos del informe de Modernización fueron confirmados por el presidente del INTA, Amadeo Nicora, durante una reunión que se realizó días atrás, “tanto el presidente como el vicepresidente del INTA nos comentaron que no estaban de acuerdo con la metodología utilizada para llegar al número de dotación ideal del organismo”, comentaron desde el Secretariado Nacional de APINTA.
Por otro lado, el gremio se movilizará en contra del recorte presupuestario que prevé el proyecto enviado al Congreso Nacional con 300 millones de pesos menos que “no permitirá el normal funcionamiento del INTA”.
La intención del gremio es lograr un aumento en el presupuesto del año próximo de 600 millones de pesos, de los cuales 300 millones se destinarían para funcionamiento y los otros 300 millones en inversiones (compra de vehículos, reposición de instrumental de laboratorios que actualmente se encuentran obsoletos).
(*) Fuente: Infogremiales
PREPOTENCIA PATRONAL
Trabajadores de Freddo toman la planta contra despidos e intento de flexibilización laboral
Denuncian que la patronal ofrece cambiar un miserable aumento salarial por cambios en las condiciones laborales. Hace poco fueron despedidos 25 trabajadores.
Este viernes los trabajadores y trabajadoras de la planta de los helados Freddo tomaron la misma. Lo hicieron en repudio a los despidos que tuvieron lugar en las últimas semanas, pero también rechazando un intento de flexibilización laboral.
Según denuncian los trabajadores, la patronal ofrece otorgar un miserable aumento salarial a cambio de modificar las condiciones laborales. En declaraciones a AM750, la delegada Viviana Godoy informó que “la empresa se niega a sentarse a negociar. En un accionar extorsivo, quieren cambiar los puntos de convenio colectivo de trabajo y si no aceptamos se niegan a darnos un aumento”.
Agregó además que el ofrecimiento es verdaderamente paupérrimo. “Nos ofrecen 10% recién en abril, para el 70% de los empleados. Para el resto, la suba es sólo del 5%”. La cifra se ubica claramente por debajo de los índices inflacionarios actuales.
Freddo pertenece al grupo Pegasus. Ese grupo tuvo como CEO al hoy vicejefe de Gabinete Mario Quintana hasta diciembre de 2015, cuando empezó a formar parte del gobierno nacional.
“Acá ya se está aplicando la reforma laboral. La plata no nos alcanza”, agregó la delegada Viviana Godoy en declaraciones radiales.
EDUCACIÓN
Docentes universitarios rechazaron los recortes educativos frente al Congreso
Desde una carpa y junto a organizaciones estudiantiles y científicas, reclamaron contra las reformas y un ajuste al sector que se prevé en millones de dólares para 2018. Se trata de una vuelta “al siglo XIX”, dijeron
Redacción Canal Abierto | Frente al Congreso, los docentes universitarios nucleados en Conadu y Conadu Histórica, junto a organizaciones estudiantiles y científicas, exigieron por un aumento integral del presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología “que revierta el desfinanciamiento estructural que viene imponiendo el gobierno nacional”.
Desde una carpa docente, más de veinte organizaciones -que incluyeron a ATE Nacional, ATE Conicet, la FUBA, la FULP, y Jóvenes Científicos Precarizados, entre otras- realizaron una conferencia donde expusieron su rechazo a las reformas laboral, previsional, tributaria, de salud y educativa.
En su primer discurso post electoral, el presidente Mauricio Macri les dedicó un párrafo especial cuando sostuvo que “se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público”. Un comunicado conjunto de las organizaciones presentes afirmó en respuesta que los anuncios “son los de una reforma laboral que retrotrae al siglo XIX los contratos de trabajo”. También aseguró que “el Plan Maestro y el Sistema Nacional de Trayectos Académicos, así como los operativos Enseñar y Aprender, son los mojones de la reforma antieducativa que implementa el Gobierno. La frutilla del postre fue el ataque directo a las universidades públicas, acusadas de ineficientes y de demandar un enorme gasto público”.
Luego las organizaciones recordaron que el Presupuesto 2018 “prevé un recorte de millones de dólares para el financiamiento asignado a las Universidades, a la ciencia y a la tecnología” y “pretende ajustar el presupuesto de ciencia y tecnología en más del 20% respecto del año 2017“. “En este contexto, el ministro (Lino) Barañao sigue disminuyendo los ingresos a la carrera de investigador”, agregaron.
Por lo pronto, Conadu histórica resolvió llevar adelante una jornada de lucha con clases públicas, radios abiertas, cortes de calle y actos en todo el país en la semana del 21 de noviembre, con la convocatoria a todas las organizaciones sindicarse a unirse en rechazo a las reformas y realizar un paro nacional para frenar el ajuste.
La carpa se da en el marco de un retraso en el pago de salarios de 140 docentes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche que no cobran desde principios de año, múltiples cierres de programas educativos, desmantelamiento de las políticas del Instituto de Formación Docente y un violento recorte en las becas posdoctorales del Conicet.
Alerta en la Bancaria por la suspensión del Banco Finansur
El Banco Central (BCRA) suspendió la operatoria del banco Finansur y el gremio señaló que la situación “constituye una indudable advertencia sobre la posibilidad de situaciones críticas en el sistema financiero”.
La conducción nacional de la Asociación Bancaria (AB) resolvió declararse en estado de alerta y movilización ante la suspensión de la operatoria del banco Finansur adoptada por el Banco Central (BCRA) que, afirmó, se origina en “la política actual del gobierno y constituye una indudable advertencia sobre la posibilidad de situaciones críticas en el sistema financiero”.
Un comunicado del Secretariado General Nacional firmado por el titular del gremio y el secretario de Prensa, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, solicitó ante esa determinación una inmediata audiencia con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez interviniente.
El gremio reclamó, además, “la preservación de todos los puestos laborales” de la entidad financiera.
Los dirigentes gremiales informaron que el gremio también dispuso el estado de asamblea en el Banco Finansur, concluyó el documento de prensa.
Vidal cierra el ramal a La Pampa y Ferrobaires despide al personal
María Eugenia Vidal decidió echar a todos los trabajadores de Ferrobaires en La Pampa, cerrando definitivamente el servicio de tren de pasajeros en esa provincia. El Gobierno había prometido continuidad.
Los despedidos por la decisión de cierre son 21 trabajadores de General Pico, 3 en Santa Rosa y 1 de Toay. Se trata de conductores, mecánicos, guardas, administrativos, despachantes de boletos. La mayoría se desempeñaba desde 1994. La desvinculación se hará efectiva desde el 1 de diciembre.
Javier Thomsen, secretario general de la Unión Ferroviaria en La Pampa, confirmó a Diario Pulse el cierre del ramal para pasajeros. “A los 15 días de asumir (Mauricio) Macri, pedimos una audiencia por la política ferroviaria y nos dijeron que no era rentable. Mientras tanto, nos pidieron propuestas. Nos reunimos con (Guillermo) Dietrich, con la gobernadora Vidal. Presentamos alternativas, pero se tomó la decisión de no continuar con el servicio de pasajeros”, aseguró.
El dirigente ferroviario se refirió así al aislamiento de la provincia. “Y eso que tenemos los trenes nuevos, locomotoras nuevas y tenemos todo el personal”, recordó sobre la gestión de Cristina Kirchner.
Hubo una reubicación de trabajadores a Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (SOFSE), para “operar el servicio de trenes a Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca. Tendrían que haber pasado los de La Pampa, pero no pasaron”.
El tren a La Pampa funcionó por última vez hace un año, cuando se interrumpió por un desplazamiento de un puente en la zona de Bragado que ya fue reparado.
Con todo listo para volver a operar, Vidal decidió cerrar el ramal de pasajeros “porque no es rentable”, manifestó Thomsen a Diario Pulse.
“Es una política del Gobierno nacional. La unidad ejecutora depende de la Provincia de Buenos Aires en línea con lo dispuesto por Casa Rosada”, indicó.
“Nuestra zona no es atractiva como Mar del Plata, que larga con bombos y platillos un servicio especial con todas las vías renovadas que la dejaron del Gobierno anterior, con todas las estaciones nuevas, con locomotoras y coches nuevos. Lo mismo pasa con Córdoba y Rosario”.
Finalmente, el dirigente de la Unión Ferroviaria lamentó volver a vivir la política de la década de los 90 y el desmantelamiento ferroviario. “Ramal que para, ramal que cierra fue el slogan de los 90. Anteriormente en 1976 Martínez de Hoz dejó plumerío, y anteriormente fue Frondizi. Y seguimos. Somos el caballito de batalla del Gobierno de turno”.
Las Pymes piden al Gobierno que informe sobre el impacto que tendrán los acuerdos en el marco de la OMC
Dirigentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) se reunieron con representantes de Union Network International (UNI) y economistas del Center for Economic and Policy Research (CEPR) en la sede de la entidad empresaria. Durante el encuentro, se manifestó la preocupación conjunta de cara a la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se realizará del 10 al 13 de diciembre próximo en Buenos Aires.
“Las Pymes necesitamos saber qué es lo que se está negociando realmente y qué impacto tendrá en los sectores productivos argentinos. Por eso, le vamos a pedir al gobierno nacional que nos entregue los estudios de impacto correspondientes antes de firmar cualquier tratado que pueda perjudicar al trabajo y la producción nacional”, manifestó el presidente de CGERA, Marcelo Fernandez.
Durante su exposición, la Director de Programas Internacionales del CEPR, Deborah James, explicó que “la próxima reunión tiene 2 grandes agendas, la de los países en desarrollo y la de las Multinacionales. Los países en desarrollo continuarán pidiendo que los países centrales reduzcan los subsidios al agro y eliminen sus aranceles los productos agropecuarias y, por su parte, las multinacionales que intentarán utilizar los acuerdos multilaterales para imponer normativas que no podrían obtener por vías democráticas, a través de la sanción de leyes locales”.
“Las multinacionales en la OMC intentarán imponer un estándar internacional que limitará la capacidad de los Estados para regular la producción, el cobro de impuestos y los derechos laborales en los servicios que brinden estas compañías en cada país”, advirtió James.
“Las Pymes queremos igualdad de oportunidades para competir y necesitamos tener previsibilidad para saber en que consisten estas nuevas regulaciones que están impulsando las multinacionales a través de la OMC”, expresó Marcelo Fernandez.
Por último, Deborah James reveló que los nuevos acuerdos que se negociarán en la OMC “les impedirán a los Estados la posibilidad de exigir a las multinacionales la transferencia de tecnología, la contratación de mano de obra local y la apertura de oficinas locales que tributen impuestos en los países que operan”, completó.
En representación de UNI, estuvieron presentes en CGERA Ruben Cortina, Presidente de UNI América; los directores Christina Colclough y Andre Rodríguez; y Sofía Scasserra, secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio.
Por su parte, participaron de la reunión el Secretario General de CGERA, Raúl Zylbersztein; Ariel Aguilar, presidente de la Cámara de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); Horacio Moscheto, secretario de la Cámara de Calzado; Facundo Galdós (Residente CGERA regional sur); Ariel Schale, economista de la Fundación Proteger; Marcelo Girard, presidente de la Cámara de Tintas Gráficas; Andres Capriatti, secretario de la Cámara de Herrajes; Silvia Martínez (Cámara de Industria Naval); Hugo Alvarez, (Insumos Textiles); y Horacio Consolo (AIERA), entre otros.
Estado de alerta en todo el gremio de prensa
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires junto a la Comisión Interna de la Agencia Diarios y Noticias (DyN) rechazamos el cierre de la agencia a manos de Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta, declaramos el estado de alerta de todo el gremio de prensa y convocamos a una Asamblea de trabajadores de la agencia junto al Plenario General de Delegados y Delegadas para el viernes 10 de noviembre a las 14 hs en Diagonal Sur 636, 8º Piso en donde se definirán las medidas a adoptar.
Por último, disponemos iniciar una campaña pública contra el cierre de la Agencia DyN, su vaciamiento y por la estabilidad laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
Resulta paradójico que en la ADEPA, que en abril de este año destacó la “recuperación y la vigencia de los principios y estándares en materia de libertad de expresión”, sea la sede de la asamblea de accionistas programada para el 23 de noviembre en donde se pretende decidir el definitivo cierre de la agencia dejando en la calle 100 periodistas de un medio con 35 años de trayectoria con excelencia profesional y presencia en cada hecho de interés periodístico de la historia reciente de nuestro país.
“Sin trabajo no hay libertad de expresión”. Basta de cierre de medios.
Comisión Interna DyN
SiPreBA
Cómo rescatar medios hundidos por empresarios K y anti K
Por lavaca
Publicaciones sin patrón y autogestivas recuperadas por los trabajadores cuando las empresas las habían fundido. ¿Cómo lo lograron Tiempo y Cítrica (trabajadores de Crítica)? ¿Qué recursos aplicaron, cuando no había ni una moneda? ¿Cómo pensar la información y sus contenidos? ¿En qué se diferencian estos medios de una empresa con patrón? Las claves para vender hasta 10 veces más que en la etapa empresaria. Cambios de paradigma: de competir a compartir. De seguir agenda a crearla, para ser los dueños de nuestras palabras. Javier Borelli de Tiempo, Maxi Goldsmith de Cítrica y los nuevos modos de organizar la comunicación. De postre, El grito pelado, las joyas musicales que nos convida Pablo Marchetti. (Escuchá el programa completo)
lavaca – TiempoCitrica B1 – Decí Mu
lavaca – TiempoCitrica B2 – Decí Mu
Tensión en el SantanderRio
Pese a estar en la cima de los beneficiarios del nuevo orden económico impuesto por el gobierno de Macri, los bancos privados continúan con su práctica de “optimización” de los recursos humanos que se traduce en ajuste sobre los laburantes pese a este tiempo de vacas gordas para sus balances.
Pese a estar en la cima de los beneficiarios del nuevo orden económico impuesto por el gobierno de Macri, los bancos privados continúan con su práctica de “optimización” de los recursos humanos que se traduce en ajuste sobre los laburantes pese a este tiempo de vacas gordas para sus balances.
Este es el caso del Santanderrio que se niega a cumplir con pautas de liquidación salarial oportunamente acordadas generando la reacción de su Comisión Gremial Interna que viene realizando en los últimos días asambleas en la sede central del banco y en varias de sus sucursales.
Así lo explicaron fuentes del Sindicato :“Lo acordado era incluir todos los items de liquidación salarial dentro de las sumas remunerativas y consolidar, como legalmente está obligado a hacerlo el empleador, todo el salario a fin de que éste exprese integralmente su condición de tal. Sin embargo, el Santanderrio viene liquidando varios items como “adicional voluntario a cuenta” enmascarando así lo que corresponde cobrar a los trabajadores ya sea por condiciones puntuales (por ejemplo adicionales por título) o por cargos de convenio. Incluso el banco se encuentra en mora con el cumplimiento del CCT en varios casos porque se niega a reconocer la categoría que le corresponde a los trabajadores”
El reclamo, entonces, radica que en esa forma de liquidación que aplica el banco resta los montos no remunerativos del pago de aguinaldos, premios e indemnizaciones, generando un importante perjuicio al bolsillo de los bancarios.
También forma parte del reclamo la necesidad de adecuar el personal de las sucursales ya que varias de ellas están trabajando con una dotación disminuida, situación que hace colapsar también el servicio al cliente tal como se pudo comprobar el pasado martes cuando, luego del feriado por el día bancario, las sucursales del Santanderrio registraron inusuales demoras en la atención al público y obligaron al personal a trabajar varias horas mas que de costumbre…”horas extras?,…esa te la debo”.
Coca-Cola amenazó al Gobierno con no realizar inversiones en el país si avanza el impuesto a las gaseosas
Dio marcha atrás y ahora se le animan todos
Por Cristian Carrillo
Luego de anunciar más impuestos para vinos, cervezas, champagne y gaseosas, el Gobierno ya retrocedió frente a los tres primeros y ahora podría hacer lo mismo con las gaseosas por la presión de Coca-Cola. Dujovne se reunirá con directivos de la compañía.
Coca-Cola amenazó con dejar de comprar insumos argentinos y anunció que frenará una inversión de 1000 millones de dólares.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Coca-Cola amenazó al Gobierno con dejar de comprar insumos en el país y no realizar inversiones si prospera la propuesta de duplicar los impuestos internos a las bebidas gaseosas con azúcar añadido. Todavía no se presentó en el Congreso y el proyecto de reforma tributaria continúa cosechando resistencias de sectores productivos que anticipan crisis en sus actividades, grupos empresarios que cancelan inversiones y economías regionales que anuncian pérdidas de empleo. Luego de que el Gobierno diera marcha atrás en la aplicación de impuestos internos a vinos y espumantes y en subirlos para cerveza, la industria de bebidas gaseosas sin alcohol y el complejo azucarero elevaron el tono de los planteos para lograr que a sus productos también se los exima de cobrarles mayores gravámenes. El complejo azucarero, dañado por la medida, queda en medio del fuego cruzado entre Coca-Cola y el Gobierno. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá con directivos de la filial argentina de la compañía antes de girar el proyecto al Congreso.
La principal presión que ayer recibió el gobierno de Cambiemos provino de la multinacional alimenticia, que amenazó con dejar de comprar derivados cítricos en el noroeste argentino y anunció que frenaría una inversión ya anunciada de 1000 millones de dólares si el Ejecutivo insiste con subir la alícuota al 17 para las gaseosas azucaradas. Para el complejo cañero de Salta y Jujuy la situación continúa empeorando, ya que al aumento de impuestos a las bebidas naturalmente endulzadas, se le suma a decisión del Ministerio de Energía de reducir el precio del bioetanol que reciben los productores de manos de las petroleras para el corte de 12 por ciento obligatorio que llevan las naftas.
La falta de planificación y análisis previo en torno a una reforma fiscal integral quedó en evidencia a pocos días de su anuncio y cuando apenas se conocieron los trazos gruesos del proyecto. Envalentonados con el resultado electoral de las legislativas de octubre, el macrismo anunció un plan de reforma fiscal y laboral a la medida de las empresas, pero aún así en esa intención hubo falta de previsión. Para compensar las reducciones graduales para las cargas patronales y Ganancias, se incluyen en el proyecto recursos provenientes de aumentos en impuestos que recaen en el bolsillo de los consumidores.
Bajo el argumento de ser productos “perjudiciales a la salud de la población” se incluyeron en impuestos internos a vinos y espumantes, que hasta el momento estaban exentos, y se duplicaron las alícuotas a cervezas y gaseosas. El gravamen a bebidas alcohólicas –con excepción de las de alta graduación alcohólica–se quitó del proyecto luego de una serie de reuniones que incluyeron a bodegueros, productores cerveceros y a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien comparte el espacio político de Cambiemos, y el de San Juan, Sergio Uñac, quienes se anotaron la marcha atrás como una victoria personal. Ahora será el turno del gobernador tucumano Juan Manzur para negociar igualdad de condiciones para el complejo azucarero, dado que se mantuvo la suba del 4-8 por ciento al 17 para las bebidas con azúcar añadida, mientras se mantiene en cero las edulcoradas (light o zero).
Taste the Feeling
“Es un fanático de esta nueva etapa de la Argentina”, había asegurado el presidente Mauricio Macri respecto del CEO de Coca-Cola, Muhtar Kent. La definición, según relató el Presidente en septiembre del año pasado en vísperas del inicio del Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina (conocido como MiniDavos), la expresó el directivo de Coca en una reunión privada en la que también estuvo Andrew Liveris, de Dow Chemical, otro supuesto “fanático” de la gestión. En ese momento de mayor sintonía con el macrismo, la compañía anunciaba una inversión de 1000 millones de dólares en el país para desarrollo de infraestructura de operación y distribución e iniciativas ambientales.
La buena relación le permitió a la compañía retirar de la lista de Precios Cuidados la Coca-Cola (común) de litro y medio, que con el anterior Gobierno no habían podido cambiar por otro producto de menos demanda. La nueva gestión les permitió quitar este producto y sumar otras alternativas menos comerciales. Pero el “fanatismo” no sobrevivió a la idea de pagar más impuestos. Ya la semana pasada, el representante de Coca-Cola para América latina, Dino Troni, había anticipado un período de crecimiento y expansión para los próximos dos años, pero alertaba sobre la carga impositiva argentina, “la tercera más alta en bebidas sin alcohol del planeta, después de Finlandia y Hungría”.
El departamento de prensa de Coca-Cola en la Argentina aseguró ayer que la casa matriz de esa compañía en Atlanta, Estados Unidos, anunció que dejará de invertir en la Argentina si no se revé la suba del impuesto a las bebidas gaseosas. “Con el tema de la reforma impositiva se va a frenar la inversión de 1000 millones de dólares que Coca Cola anunció en 2016 a Mauricio Macri”, aseguraron de manera taxativa. La inversión iba a aplicarse en un plazo de cuatro años a partir del anuncio, y a un año de entonces aún no hubo desembolsos.
La compañía, con una capitalización bursátil de más de 180 mil millones de dólares y 123 mil empleados (8500 en la Argentina), comunicó además que dejaría de comprar jugos de frutas en el país. “El año pasado compramos 250 millones de dólares de jugos concentrados, 80 por ciento para exportación (limón, manzana, naranja, peras, pomelo, uva y durazno del NOA, NEA y Alto Valle)”, detallaron desde la sede central de Coca. Según informó la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (Ucijs), esta decisión tendrá un impacto de 500 millones de dólares menos por año para las economías regionales.
Ni light ni Zero
Los cañeros aseguran que el aumento del gravamen a las gaseosas con azúcar añadido “implicará 100.000 toneladas menos de venta de azúcar a las embotelladoras que se tendrán que exportar a precios mucho más bajos”. Ya la industria azucarera adolece hace unos años de bajos precios internacionales y altos costos internos que “hace difícil sostener la actividad”, según señalan. Hace sólo 15 días el sector además recibía la noticia de que la cartera de Energía, que conduce Juan José Aranguren, resolvió reducir unilateralmente en un 29 por ciento el precio del bioetanol que pagan las petroleras.
“El incremento de los impuestos internos sobre las bebidas azucaradas con un producto natural como es el azúcar, fundado en opiniones sin base científica sobre nutrición y beneficiando a bebidas endulzadas con edulcorantes sintéticos con tasa cero, tendrá un impacto negativo en los precios del azúcar debido a la baja demanda de los mismos”, advirtieron los cañeros de la Ucijs
“La medida es discriminatoria. Un litro de cerveza va a salir más barato que un litro de gaseosa”, se sumaron a la queja desde la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa). “Pedimos reglas equitativas para las economías regionales”, aseguró la entidad, que alertó que en el caso del azúcar y de los jugos de frutas involucra al menos a 12 regiones afectadas. Estiman que se eliminarán 5000 empleos en la cadena de valor relacionada con el sector.
La industria de bebidas sin alcohol genera en el país más de 26.000 empleos directos y representa el 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Sus ventas superan actualmente los 100.000 millones de pesos anuales, de acuerdo con datos de la cámara. Desde el Gobierno aseguran que la eliminación del impuesto a las aguas minerales, que pasa del 4 por ciento al cero, debería compensar el aumento en las gaseosas y aguas saborizadas, dado que se trata de las mismas empresas que monopolizan ese mercado (Coca-Cola, Pepsi y Nestlé).
Informe de la Fundación Abdala sobre la redistribución del Fondo del Conurbano
Anses, herida en la línea de flotación
La seguridad social podría verse perjudicada en un monto que oscila entre los 170 mil y 220 mil millones de pesos anuales por las modificaciones que propuso el Gobierno al Fondo del Conurbano. La compensación ofrecida no sería tal, asegura un estudio.
Mauricio Macri y parte de su gabinete con los gobernadores, en la reunión del último jueves.
La preocupación del gobierno nacional por la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires explica el creciente interés por eliminar el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, y por crear un nuevo mecanismo de distribución de recursos que le resuelva el problema a María Eugenia Vidal. La pregunta es quién pagará por la diferencia, y un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala intenta darle respuesta. “Por como está definido el esquema de distribución actual, los potenciales perjudicados son el gobierno nacional, los otros 23 gobiernos provinciales y la Anses”, señala el documento y lo justifica de la siguiente forma.
Un nuevo marco
El organismo de estudios perteneciente a la Germán Abdala refiere que “las nuevas negociaciones tienen como trasfondo una realidad provincial muy diversa, en la que se advierte una tendencia en los últimos años al deterioro de las finanzas públicas subnacionales. En este contexto, se destacan los casos de Jujuy y Santa Cruz, con un déficit primario en 2016 equivalente a más del 20 por ciento de sus ingresos, y los de Chaco, Chubut, Misiones y Río Negro, con un déficit superior al 10 por ciento de sus ingresos. Si bien de menor magnitud, también sobresalen por su relevancia política el caso de Buenos Aires y CABA, también con déficit primario de 6 y 3 por ciento, respectivamente. En cambio, otras diez jurisdicciones presentan un resultado primario positivo o equilibrado”.
El blanqueo “premia a los que tuvieron trabajadores en negro”
El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, criticó el plan de reformas que el Gobierno plantea en materia laboral, ratificó su “rechazo total y absoluto”, y afirmó que con el blanqueo “se premia a los que tuvieron trabajadores en negro”.
Sergio Palazzo sostuvo que “el Consejo Directivo de la CGT hace bien en rechazar esta reforma”, porque a su visión “es tremendamente negativa, le pegan en la espina al derecho laboral”.
“Si una gran empresa ha tenido trabajadores en negro es porque tuvieron una vocación de evadir impuestos”, afirmó el bancario. Y remató: “El blanqueo le hace gracia a quienes tuvieron en negro a los trabajadores, el gobierno los premia”.
En declaraciones a Radio 10, Palazzo insistió con que la posición de su sector a la reforma laboral “es de rechazo total y absoluto a la reforma laboral”. Insistió con que “el banco de horas eliminará las horas extras a los trabajadores”.
“Mientras a ellos les condonan todas las deudas, a los trabajadores les van a reconocer solo hasta 60 meses de estar en negro (…) en Argentina será más barato despedir. Dejarán una indemnización pelada”, concluyó.
La CGT ratificó este jueves su rechazo al proyecto de reforma laboral , tal como fue planteado por el Gobierno, al señalar que tiene “puntos inaceptables”, pidió modificaciones para consensuar la normativa y advirtió que el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo en el Congreso.
La central obrera se pronunció así al analizar puertas adentro la marcha de las negociaciones con la Casa Rosada en torno a la reforma laboral en una reunión del Consejo Directivo realizada en la sede de la calle Azopardo y encabezada por el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña.
EDUCACIÓN
El Gobierno de Mendoza se niega a reconocer la reglamentación de las Escuelas Artísticas
El próximo sábado, el SUTE está convocando una asamblea de Escuelas Artísticas en su sede central para abordar los problemas que se presentan con las continuidades de los suplentes, la homologación de la paritaria del 2015, la creación de una Junta Calificadora propia de esta especialidad y las titularizaciones pendientes.
Por Daniela Higa, Integrante de la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Escuelas Artísticas
El próximo sábado 11 de Noviembre a las 18:30hs el SUTE está convocando una asamblea de Escuelas Artísticas en su sede central (Coronel Plaza 556) para abordar los problemas que se presentan con las continuidades de los suplentes, la homologación de la paritaria del 2015, la creación de una Junta Calificadora propia de esta especialidad y las titularizaciones pendientes.
Actualmente funcionan en Mendoza 29 escuelas artísticas vocacionales (EAV), distribuidas en los 18 departamentos, que imparten formación artística específica a más de 12.500 alumnos. Las últimas 4 escuelas fueron inauguradas en el 2016 durante la gestión de Cornejo. Sin embargo, el gobierno provincial se niega a cumplir con el acuerdo paritario suscripto por el SUTE y el poder ejecutivo en el 2015 que establecía la reglamentación de la carrera docente y una Junta Calificadora de Méritos específicas para la modalidad.
Las Escuelas Artísticas fueron creadas en 1947 dentro del sistema educativo público y a lo largo de esos 50 años han abierto la posibilidad de acceder a formación específica en arte a cientos de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos, atendiendo las particularidades culturales de cada comunidad. Cada escuela tiene una orientación específica de acuerdo a las demandas de cada comunidad. Actualmente se imparten clases de Música, Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Cerámica, Teatro, Danza, Literatura y Artes Ecológicas. Inclusive, permiten acceder a formación específica en instrumentos y danzas que aún no se encuentran en el ámbito terciario o universitario de la provincia.
En este sentido, las EAV han sido una vanguardia en el ámbito cultural y artístico de la provincia: Del Encuentro de Coros Escolares de Godoy Cruz nació el Cantapueblo. El 70 % de los alumnos de la Lic en Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo comenzaron su camino en una escuela artística vocacional. Varios de los jóvenes músicos más reconocidos de la provincia habitaron sus aulas alguna vez. La EAV de San Martín, orientada a la danza, tiene en su haber varios premios internacionales. En la década del 90 se realizaron los primeros campeonatos de improvisación teatral, organizados por la EAV 5-007, del que participaron siendo casi niños los actuales organizadores de la Liga de Improvisación. Y podría citarse una larga lista de ejemplos, más que suficientes para darse cuenta de que el trabajo de las EAV ha tenido un impacto determinante en la vida cultural de los mendocinos en los últimos 25 años.
Sin embargo desde hace muchos años, los docentes han perdido la estabilidad laboral y la reglamentación de la carrera que tenía esta modalidad cuando dependían del estado nacional. Bajo el menemismo, la transferencia de las escuelas dependientes de la nación hacia las provincias y municipios trajo aparejada la precarización laboral de los docentes que en ellas se desempeñaban.
Las Escuelas Artísticas estaban bajo la órbita de la Dirección Nacional de Educación Artística, que regulaba tanto sus contenidos curriculares como la carrera docente de esta especialidad. Mendoza fue una de las primeras provincias en firmar el convenio de transferencia. La firma de dicho convenio se realizó el 28 de febrero de 1992, sólo dos meses después que se sancionara la Ley N° 24.049. Y el mismo fue ratificado por la Legislatura de la provincia el 20 de agosto de ese año a través de la Ley N° 5.896.
El tiempo récord entre la sanción de la ley de transferencia y la firma del convenio con nuestra provincia podría entenderse por el hecho de que tanto en la Nación como en Mendoza gobernaba el Partido Justicialista. Sin embargo, fue determinante el apoyo político que en ese momento le dio la UCR a estas medidas. La senadora radical Malharro de Torres explicaba en la Cámara de Senadores de la Nación su apoyo a la sanción de esta legislación de la siguiente forma “[…] no nos cabe duda que este inciso y el espíritu del proyecto que estamos votando, para cuya aprobación estoy levantando la mano como si fuera de plomo porque tengo un acuerdo establecido pero que me duele, no garantizan ninguna estabilidad [al personal transferido]”[1].
Podemos decir que tenía razón en estar dolida por lo que iba a votar, ya que 25 años después, los docentes de las Escuelas Artísticas continúan precarizados, sin derecho a titularizar por concurso y velando por las resoluciones de continuidad que dependen de la buena voluntad del gobierno de turno cada mes de diciembre.
Durante todos estos años las artísticas han dependido de Juntas de distintos niveles, sin que ninguna contemple las particularidades de su enseñanza y del personal que allí se desempeña. Lo que ha provocado que no se hagan llamados a concurso para titularización y que persista una gran inestabilidad respecto a la continuidad de la planta funcional de cada escuela, entre otras cosas.
Luego de años de reclamos por parte de sus trabajadores, el 24 de agosto de 2015, en ámbito paritario (Expte.1015/S/ 04), se firmó un acuerdo entre el SUTE y el poder ejecutivo provincial para la creación de dicho reglamento y Junta Calificadora de Méritos para la modalidad, que no ha sido cumplido hasta el día de hoy. Convocados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, funcionarios de la DGE explicaron que el gobierno provincial no pretendía avanzar en el cumplimiento de este acuerdo. Los motivos que expusieron se centraron en argumentar que las Escuelas Artísticas pertenecían al campo de la educación “no formal” y que, por lo tanto, dar cumplimiento a los acuerdos paritarios atentaría contra la ley provincial de educación (Ley 6.970) y el estatuto del docente (Ley 4.934). Las razones expuestas por los representantes de la DGE para considerar a las escuelas artísticas como parte de la educación informal, se centraron en la “no obligatoriedad” de esta modalidad y las comparaban por lo tanto con clubes barriales o escuelas de Futbol.
En entrevista a un medio local el Director General de Escuelas, Jaime Correas, dijo “son como academias estatizadas” lo que revela, además de su desinformación, su más que clara orientación neoliberal y elitista respecto del acceso de los ciudadanos mendocinos al derecho a ejercer y disfrutar las actividades artísticas (Derecho Nº 13 de la CIDH) y su estrecha visión “privatizante” del asunto. Para él lo natural es que sean privadas…
Los argumentos expuestos por la DGE son falsos también porque el acuerdo paritario no incluye ninguna modificación de los derechos del docente establecidos por estas dos leyes provinciales. Por el contrario, lo invocan en su marco normativo. La larga trayectoria de las artísticas dentro del sistema educativo desmienten de por sí los argumentos más llamativos como la comparación con las escuelas de Futbol, que nunca fueron incluidas bajo la órbita de la DGE o el sistema educativo nacional. La realidad es que la falta de una regulación específica de esta modalidad en nuestra provincia no responde a las ventajas de la “educación informal”. Sino a la precarización laboral que impuso la transferencia de las escuelas nacionales de la descentralización menemista, que implicó la disolución de la DNEA sin que la misma fuera reemplazada por un organismo provincial equivalente. Además, la “no obligatoriedad” de dicha modalidad es equivalente a la modalidad de Jóvenes y Adultos y de los Centros de Capacitación para el Trabajo, dos modalidades que ya cuentan con una carrera regulada y juntas calificadoras de mérito propias en Mendoza.
El marco normativo nacional también reconoce a las escuelas artísticas. La Ley Nacional de Educación 26.206, expresa que el Estado debe garantizar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura, reconoce el acceso a la educación artística como un derecho de cada ciudadano y menciona a la Educación Artística como una de las 8 modalidades que conforman el sistema educativo. En noviembre de 2015, el Consejo Federal de Educación, estableció un marco regulatorio para la Formación Específica en Artes que contempla las Escuelas Artísticas Vocacionales por su importante función en la comunidad.
Por lo tanto el Gobierno provincial y la Legislatura provincial deben homologar de manera urgente el acuerdo paritario y avanzar en la creación de la Junta. Garantizar la continuidad laboral de todo el personal que se desempeña en estas escuelas, donde no se ha podido concursar ni titularizar cargos ni horas por estas demoras. Y ampliar el presupuesto para que las mismas puedan funcionar en condiciones seguras, con instrumentos, insumos y talleres propios.
Un detalle importante respecto de las continuidades de los docentes de artística es que en el ámbito de la educación no formal (capacitación para el trabajo, educación para adultos, o cualquier otra modalidad “no obligatoria”) se sostiene y estimula la permanencia de los alumnos en el ámbito institucional a partir del vínculo que los alumnos y docentes construyen. Un alumno que no se siente cómodo, simplemente se va. No dar continuidad a los docentes de artística implica interrumpir ese vínculo y probablemente terminarlo si el docente no consigue o quiere retomar esas horas al año siguiente, lo que implicaría una baja dramática en las matrículas de las escuelas para el año siguiente, con su consiguiente cierre de espacios curriculares por baja matrícula. Es decir: un ajuste y achique presupuestario de un espacio que la actual gestión de la DGE no considera importante.
ALERTA: CADENAS DE SUPERMERCADOS VENDEN CARNE IMPORTADA CONGELADA COMO FRESCA Y NACIONAL
La Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP) aseguró que la importación de esos productos cárnicos perjudica al sector y que los comercios hacen “un engaño sistemático al consumidor”.
La importación de carne porcina ya causa seria complicaciones a los productores nacionales y ahora se le suma las formas engañosas de vender los productos en las góndolas. La Asociación Argentina Productores de Porcinos (AAPP) denunció que cadenas de supermercados no cumplen con las normativas vigentes para el expendio de los mismos.
A través de un comunicado, la entidad señaló que “las importaciones siguen en alza y en el mes de octubre subieron un 32,2% con respecto al mes anterior y comparando los primeros 10 meses de este año con el mismo período del año anterior la suba llega al 46,1%”.
Sin embargo, se detalló que “el gran inconveniente es qué estamos importando y desde hace varios meses el principal producto es la bondiola y los cortes destinados a venderse como fresco, no es una necesidad de la industria chacinadora”.
Entonces, se detalló que los supermercados hacen “un engaño sistemático al consumidor, ofreciendo la carne porcina importada congelada, como fresca, en contra de las normativas internacionales del CODEX que Argentina reconoce y debería cumplir”.
A su vez se explicó que “en las últimas semanas hemos encontrado anomalías muy graves en controles que realizamos en distintos supermercados. El primero fue en un Disco de la localidad de Adrogué provincia Buenos Aires, donde se ofrece un solomillo ‘fresco’ como Industria Argentina en la etiqueta de afuera y en el interior tiene una etiqueta brasileña de producto congelado”.
También detectó que “el supermercado Día de la localidad de Viale, provincia de Entre Ríos, donde se ofrece una Bondiola fresca envasada al vacío de la firma Catter Meat S.A. con autorización y número de registro del SENASA y en letras grandes Industria Argentina y en un costado en letra mucho más chica, origen Brasil”. Asimismo, aseguró que sucedió “otra barbaridad” y contó que “la fecha de vencimiento que desde el momento de la foto le da más de 25 días”.
Fuente: Infocielo
60 despidos por el cierre de una cantera en Olavarría
La Asociación Obrera Minera Argentina aseguró que la empresa Cefas, que representa el 60 por ciento de la comercialización de cal en el país, cerrará sus puertas en el distrito dejando a más de 60 familias en la calle.
Luego de haberse declarado el año pasado la emergencia laboral, Olavarría recibirá un nuevo golpe. Es que la Asociación Obrera Minera Argentina de Olavarría (AOMA) dio a conocer la terrible noticia de que la empresa que comercializa cal cerrará sus puertas por una “reconversión” que deparará e la apertura de fábricas en otras zonas del país y el abandono de las actividades en el distrito gobernado por el intendente de Cambiemos Ezequiel Galli.
Se trata de Cefas, una importante empresa que cuenta con una cantera en Olavarria donde se da trabajo a más de 60 familias que quedaran desocupadas ante el traslado de las instalaciones de las plantas fabriles alojadas desde 1997 en el distrito.
El Secretario General de AOMA, Alejandro Santillán, confirmó el rumor que pululaba por la ciudad sin ser definido por una voz oficial: “queremos transmitir a los ciudadanos y al Ministerio de Trabajo por una complicación en la empresa Cefas, nos reunimos para saber sobre la situación y cuestiones que nos hacían ruido. Tomaron la decisión de buscar otro rumbo a las cales industriales y dejar la de la construcción”, relató el portal infoCielo.
Y continuó comentando: “fue de un día para el otro, las puertas se cierran de inmediato, entre 50 y 60 familias directas trabajan allí. Es un problema que nos afecta a todos y más a ellos. El gremio no tuvo la posibilidad de colaborar para evitarlo, estamos desconcertados y enojados porque esto no se puede permitir”.
Desde Cefas destacaron que “la producción de la cal no es redituable porque es absorbida por empresas multinacionales, que no les permitiría competir en el marcado nacional”. Así, se abre nuevamente el debate de cuan redituable es la apertura al mundo que impulsa el gobierno nacional de Mauricio Macri y que depara en crisis laborales en distritos que muchas veces dependen de una fábrica para sustentar las fuentes de trabajo que determinan la desocupación de una ciudad.
A su vez, el gemialista destacó que “la idea no es venderla sino cerrarla y dedicarse a otro tipo de cal, durante la reunión que mantuvimos ayer preguntamos si estaban dispuestos a mudar a los trabajadores y la respuesta fue que no, entre hoy y mañana le llegarán los telegramas a los compañeros”.
Al finalizar, Santillán expresó también que buscarán con el sector político “alguna pronta resolución”. Desde este aspecto, desde el sindicato se reconoció que aún no han podido comunicarse con el intendente Ezequiel Galli.
Envío:ResumenLatinoamericano
Envío:ResumenLatinoamericano
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