URUGUAY; CRYSOL INFORMA.

7 de noviembre de 2017

URUGUAY; CRYSOL INFORMA.

José Nino Gavazzo, principal beneficiado con la sentencia

de la Suprema Corte que declaró inconstitucional

los delitos de lesa humanidad

A finales de setiembre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831, que establecen la imprescriptibiliad de los delitos de lesa humanidad. De esa manera, obstaculiza la pretensión de castigar las torturas, privación ilegitima de libertad y los tormentos que José Nino Gavazzo, y otros a su mando, ocasionaron a una mujer luego de secuestrarla y detenerla durante 110 días, sin intervención judicial, en Tacuarembó en 1972.

Por Guillermo Garat – 3.11.17 – La Diaria

Aitana no quiere que la llame por su nombre real. Desea olvidar todo lo que pasó aquella tarde, hace 45 años. Enterrar los 110 días en los que estuvo secuestrada por un escuadrón militar que la encapuchó para empezar el recorrido por la oscuridad. Hasta que un juez la liberó. Fue secuestrada en su trabajo, una tienda de la ciudad de Tacuarembó, el 5 de junio de 1972. Fue el mismo día que el Senado aprobó una comisión investigadora por los asesinatos de los Escuadrones de la Muerte. Era militante frenteamplista, pretendía organizar un comité base con otros compañeros, pero no tenía vínculos con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), algo que repite, con ánimo de aclarar.

Como integrante del Servicio de Información y Defensa (SID), Gavazzo viajó a Tacuarembó con un objetivo: exterminar a los tupamaros. En el camino dejó un reguero de violencia, no sólo contra militantes del MLN-T. En pueblo chico, sembró un infierno grande.

La Secretaría de Derechos Humanos reportó que entre el 3 y el 26 de junio de 1972 hubo 67 detenciones contra tupamaros. Aitana cayó en la redada. Sufrió malos tratos, como todos los demás detenidos en el Regimiento 5º de Caballería Mecanizada, donde Gavazzo había instalado su cuartel general para “apretarles el gañete” a hombres y mujeres, con cobardía e impunidad. La imagen que Aitana tiene más presente es la de su hijo caminando, de la mano de Gavazzo, con un globo, entrando al cuartel. Y no quiere volver a recordar. Luego de tres meses y 20 días, un juez la liberó del calvario de Gavazzo; del jefe de cuartel, de apellido Galle, y de Juancito Urquhart, que, además de torturar, se presentaba como juez militar. También de “Pinocho” o “Chinepe”, un cabo que integraba la patota del SID, y de un sargento de apellido Ruiz Díaz.

Esos nombres y otros están en la denuncia de cinco páginas que Aitana presentó con su caso el 22 de marzo de 2012 en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó. Es una de las 36 causas que varios presos políticos presentaron en 2012, y que siguen en presumario. Desde entonces su caso deambuló entre juzgados, pericias, recorridas por el lugar donde estaba el triste regimiento de caballos, tribunales de apelaciones. El caso llegó hasta la SCJ y también al despacho del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Gavazzo es uno de los indagados en la causa. Su defensa pidió la clausura y el archivo de las actuaciones judiciales invocando la prescripción de los delitos. El juez de 1º Turno de Tacuarembó, Gonzalo Arsuaga, desestimó la solicitud de clausura por prescripción y enmarcó los delitos de Gavazzo como crímenes de lesa humanidad.

El militar apeló. Pero la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Penal de 2º Turno. “No es procedente la clausura de las actuaciones”, firmaron los ministros José Balcaldi, William Corujo y Daniel Tapie, que confirmaron la sentencia interlocutoria apelada por Gavazzo.

El represor, probablemente el más recordado de la dictadura, no tenía otra salida que llevar su caso a la SCJ. Presentó un recurso de casación y excepción de inconstitucionalidad sobre los primeros tres artículos de la Ley 18.831, la normativa con la que el Estado pretende restablecer la pretensión punitiva sobre los crímenes cometidos por agentes estatales de la dictadura que la ley de caducidad quiso encajonar.

Las nuevas mayorías

La defensa de Gavazzo adujo que la ley penal no es retroactiva. Que la seguridad jurídica permite a las personas prever las consecuencias legales de su conducta. Que la citada normativa es inconstitucional porque el Poder Legislativo carece de competencias para derogar una ley (la de caducidad de la pretensión punitiva), confirmada en dos oportunidades por las urnas.

En febrero de 2017, la SCJ trasladó a la fiscal penal, Ana María Tellechea, y dio vista al fiscal de Corte, quien resolvió que la discusión sobre constitucionalidad era inaplicable al caso.

Pero la mayoría de la SCJ entendió otra cosa. Declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 “y por ende inaplicables” a Gavazzo, al que califican de el “excepcionante”, según señala la sentencia que la diaria publicó el miércoles 25 de octubre.

El ministro Felipe Hounie, uno de los dos que votó discordante con la mayoría, no tuvo dudas de que los crímenes de Gavazzo son “un supuesto de delito o crimen de lesa humanidad”, y que antes de la Ley 18.831 la normativa de derechos humanos ya había “ingresado a nuestro ordenamiento por los artículos 72 y 332 de la Constitución”. Artículos que recogen, en la reforma de 1968, los preceptos que emanaban del tribunal de Nüremberg y el Sistema Universal de Derechos Humanos.

La doctora Bernadette Minivielle entendió lo mismo: los de Gavazzo fueron crímenes de lesa humanidad “no por la voluntad de un Estado, sino por imperio de normas internacionales que constituyen el Ius cogens internacional”. Pero la mayoría de la Corte, con los votos de los doctores Jorge Chediak, Elena Martínez y Eduardo Turell, asentó un cambio en la jurisprudencia optando por privilegiar a un represor, porque la “imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad no puede ser aplicada al presente caso”. Aducen que las leyes que consagraron este delito es posterior “a la comisión de los hechos en esta causa”.

Gavazzo continuará en el castillo de mentiras de su coqueta residencia de Parque Miramar; mientras que Aitana lo recordará como un espectro, que a veces la tortura y a veces camina de la mano con su hijo. Y seguirá igual que los otros 35 denunciantes de Tacuarembó: sin justicia, y apenas en etapa de presumario.

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Para director de la INDDHH, sentencia de la SCJ fue

una decisión política para bloquear causas de la dictadura

Abogado y ex secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Wilder Tayler fue propuesto para el cargo por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, por el Servicio Paz y Justicia y por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Fue designado como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en la primera ronda de votación, con apoyo de todos los partidos con excepción de Unidad Popular. Considera que los principales problemas que tiene el país en materia de DDHH son la situación de las cárceles y la ausencia de verdad y justicia para los crímenes de la dictadura. Afirma que los mecanismos de búsqueda de la verdad implementados en Uruguay “parecen haber fracasado” y que no hay “liderazgo político” que permita cambiar esta situación.

Por Natalia Uval – La diaria – 1° de 11. 17

–¿Cuáles son los principales problemas en materia de derechos humanos (DDHH) hoy en Uruguay?

–Ese análisis no tiene sentido si uno no dice primero que en Uruguay ha habido mucho progreso en materia de derechos humanos. En los últimos 20 años, el país se ha modernizado mucho en esa materia. Habiendo dicho esto, hay algunos debes que a mí me parece que no se condicen con todo lo otro que ha pasado; en concreto, con los avances en la agenda de derechos, que ha sido realmente notable. El primer debe es el tema de los desaparecidos y de la justicia para las violaciones cometidas durante la dictadura. Es más que la lentitud; la falta de respuesta del Estado en esta materia es casi escandalosa. Tenemos un problema que si no se soluciona en pocos años, probablemente carguemos durante mucho tiempo. No es sólo el tema de los juicios, también está el tema de la verdad. Uruguay nunca tuvo un ejercicio sano, transparente y realista de búsqueda de la verdad. La verdad siempre se buscó a través de mecanismos que prometían eficacia a cambio de una cierta reserva y confidencialidad. Pero esos mecanismos parecen haber fracasado.

No quiero, con esto, juzgar al Grupo Verdad y Justicia, que todavía está haciendo su trabajo, pero por lo menos no se han visto los resultados hasta el momento. Allí hay un debe muy grande con las víctimas, con los desaparecidos, con lo que se prometió. Tuvimos una sentencia el fin de semana que una vez más deja a las víctimas en desamparo [se refiere a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la prescriptibilidad de los delitos de la dictadura], pone a Uruguay en violación de sus obligaciones en materia de derecho internacional, constituye un obstáculo al proceso de reflexión necesario para que la sociedad pueda avanzar, y además erosiona la imagen pública del país.

Acá en la INDDHH quedamos muy shockeados por el contenido de esta sentencia. No olvidemos que son más de 30 años, así que quizás haya llegado el momento de empezar a mirar el sistema de justicia uruguayo. Es un tema que hay que abordarlo de frente, hay que hacer un sinceramiento y pensar qué pasa con el acceso a la justicia cuando aquellos que piden justicia desde hace más de 30 años no la encuentran. Hay jueces y fiscales muy buenos y muy valientes, pero cuando hay una cúpula judicial, una orientación general... es muy difícil que logremos lo que se necesita. Estas son decisiones políticas, son políticas en sus contenidos y en sus consecuencias.

Por supuesto que todo esto viene con un paquete jurídico extra, que es el análisis de la ley, el valor del derecho internacional de los DDHH, el tema de la imprescriptibilidad y la lectura de la Constitución de la República, etcétera, pero esta es una decisión política.

–¿Cuando dice “esta” se refiere a las sentencias judiciales? –A las decisiones de bloquear, por uno u otro camino, el avance de las causas sobre los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado.

–Que son decisiones de los actores judiciales.

–Son decisiones de actores judiciales, pero son esencialmente políticas, tanto por su génesis como por el terrible impacto que tienen. La justicia es política, y si alguien le dice que no es político, lo importante es saber que eso es parte de la política de esa decisión también.

–La decisión política, en este caso, ¿implica una decisión de no avanzar en las causas?

–Porque se hacen opciones, ¿verdad? El hecho de que el voto haya sido dividido deja muy claro que allí se hacen opciones. Yo no puedo decir cuál es el proceso interno que se da en el ánimo de cada magistrado, pero, en cualquier caso, estas consecuencias las deben tener calibradas y las tienen que haber anticipado. Entendámosnos: el derecho siempre abre un abanico de posibilidades en materia de interpretación. El hecho de que la mayoría de la SCJ haya optado por la interpretación más conservadora, más regresiva, que menos tiene en cuenta el derecho internacional de los DDHH, que se olvida de las normas que habilitaría la otra alternativa, todo eso [fue] para beneficiar a los perpetradores y no pensar en la víctima. Esa es una opción política.

–Usted decía recién que es momento de empezar a mirar el sistema de justicia uruguayo. ¿Qué habría que cambiar, el mecanismo de selección de los integrantes de la SCJ?

–Yo creo que son esos temas. Acá lo que hay que decir, antes que nada, es que estamos en un Estado de derecho y este es el Poder Judicial que tenemos, así que se respeta lo que hay, porque lo peor que nos puede pasar es subvertir eso. Pero eso no quiere decir que la aplicación del derecho en este país, hoy, en esta materia, sea justa. Es profundamente injusta. Y es profundamente adversa a la vigencia de los derechos humanos, y es profundamente adversa al acceso a la justicia por gente que hace más de 30 años está esperando que su hora llegue, y no llega.

Está el problema de la selección de los jueces superiores, que se hace exclusivamente como un pacto político. En otros lados se conocen los currículos, hay audiencias públicas, la gente hace preguntas, se sabe de dónde vienen. Además no tienen por qué ser jueces; pueden ser académicos, propuestos por los abogados, por los estudiantes. Hay un dinamismo, una variedad por la que, de alguna manera, las autoridades del Poder Judicial se corresponden a la autoridad de un poder que es del pueblo. Nosotros tenemos algo que resulta un poco despegado, abstracto. Es un debe.

–También se refirió a que los mecanismos de negociación para la búsqueda de la verdad no dieron sus frutos. ¿Hay otras vías más efectivas para el acceso a la verdad, si miramos la experiencia internacional? –Hay posibilidades. Las comisiones de verdad, como en Chile, en Sudáfrica, en Argentina y en tantos países del mundo, en general son ejercicios de búsqueda de la verdad que se hacen con la ventana abierta, se hacen con transparencia, en audiencia pública, se transmiten por televisión, se generan registros sobre lo que pasó para que las futuras generaciones sepan. Son ejercicios diferentes, en los que las comisiones tienen la capacidad de obligar a la persona a comparecer, el Estado tiene que entregar los materiales, hay penas y sanciones por obstaculizar las investigaciones. Son esfuerzos intensos, dolorosos, pero que tienen la capacidad de sanar la fibra de la sociedad. Ahora, aquí ha habido un esfuerzo que también es importante dentro del contexto. Creo que al Grupo Verdad y Justicia hay que seguir apoyándolo, todavía no sabemos lo que puede dar, pero uno tenía la expectativa de que hubiera un liderazgo diferente en materia de búsqueda de desaparecidos, que hubiera un debate amplio, nacional, sobre la búsqueda pero también sobre lo que significó para el país, y no lo hemos tenido, ya que no existe una versión oficial de lo que pasó sancionada por el Estado.

El tema de verdad y justicia para las violaciones a los DDHH requiere no sólo conciencia, sino liderazgo y compromiso, y también coraje. Y no me queda claro que la clase política esté dispuesta en este momento a proveer ese liderazgo. En el período pasado se hizo bastante daño, cuando desde la cúpula misma del Poder Ejecutivo se hablaba de no meter presos a los viejitos, se hablaba de toda una serie de cosas, como que este había sido un problema entre dos sectores guerreros.

–La teoría de los dos demonios.

–Sí, de alguna manera se propuso la teoría de los dos demonios y se adoptó esa doctrina, de un lado y de otro. Pero no es la verdadera; para la gran mayoría del pueblo eso no es cierto.

–Sin embargo, fue una imagen muy efectiva; Sanguinetti también la utilizó.

–Fue muy efectiva, claro, Sanguinetti la usó muchísimo. Pero la verdad es que la mayoría del pueblo no fue demonio, fue víctima. Esa parábola es una gran mentira. Los que vivimos aquí sabemos que no hubo una lucha entre dos demonios, hubo una cacería de conejos por parte de los militares. La sistematización de la tortura en este país alcanzó la dimensión de crímenes de lesa humanidad. Es muy importante para nuestro futuro que eso no se entierre. Y eso requiere liderazgo. Y yo no veo liderazgo o, si lo hay, es demasiado difuso en este momento.

–¿Qué otro problema enfrenta Uruguay en materia de DDHH?

–El segundo principal problema, que no hemos resuelto, es el tema de las cárceles. También ha habido progreso en esto, pero, de nuevo, hay lugares donde las condiciones carcelarias y de encierro caen por debajo de los estándares mínimos en materia de tratamiento humano y decente. Eso no se explica en el país hoy, porque nosotros no somos un país rico, pero tampoco somos un país sin los recursos para resolver eso. Esas poblaciones –y no hablo sólo de la población carcelaria, sino de los jóvenes infractores, de la gente que padece enfermedades mentales– representan los sectores más vulnerables de la sociedad o son sectores infractores, pero que sean infractores no quiere decir que se los tenga que hacer sufrir. Su pena es estar privados de libertad. ¿Qué sociedad somos, cómo es posible que no seamos capaces de resolver definitivamente la situación de un grupo de jóvenes infractores? ¿De qué estamos hablando, de 150 muchachos? Son cuatro clases de liceo. ¿Qué testimonio estamos dando sobre nosotros mismos cuando tenemos esta situación? Al mismo tiempo, hay esfuerzos importantes, como el de la cárcel de Punta de Rieles. Ha habido un esfuerzo importante para construir locales, pero lo que no me queda claro es por qué hay tantos presos en Uruguay. Nuestro promedio de personas privadas de libertad es altísimo.

–Porque no se usan las medidas alternativas a la prisión.

–Porque no se usan las medidas alternativas, y acá volvemos al tema judicial: ¿qué es lo que está pasando, por qué siempre se manda para adentro, por qué es tan fácil privar de libertad a la gente y tan complicado poner la tobillera? Creo que esto apela a cierta introspección por parte de los uruguayos y del Estado.

–¿Hay un estado de opinión pública que legitima de cierto modo estas medidas? Por ejemplo, el sociólogo y senador [suplente] Rafael Paternain habla de un “consenso punitivo”, lo que aplicaría por ejemplo a la decisión del Parlamento de subir la prisión preventiva de 90 a 150 días para los adolescentes infractores.

–Yo no sé si es un consenso punitivo, pero le puedo decir que es una vergüenza. No había necesidad. Además, en este momento por lo menos, yo no he notado un grito de la tribuna que pida eso, tampoco. Creo que el de Paternain es un punto muy válido, y es muy preocupante que así lo sea. No revela los orígenes de aquella sociedad liberal, solidaria, proactiva que nosotros tenemos y que se ve muchas veces en Uruguay. Ahí hay un tema que requiere que nos examinemos más profundamente. Y a mí lo que me llama la atención es que esto suceda habiendo avanzado tan profundamente en otras cosas –en las ocho horas del trabajo rural, en el trabajo doméstico, en el reconocimiento, por lo menos público, del derecho de las mujeres–. Sobre las condiciones inhumanas de detención, ¿cuánto tiempo pasamos hablando? Me parece que hay cierta selectividad en el fenómeno solidario, y es una pena.

–En materia del vínculo entre empresas transnacionales y Estados nacionales, ¿hay terreno para avanzar en DDHH?

–Sí, yo creo que hay terreno para avanzar. No es un tema que en Uruguay hayamos vivido con la intensidad que se vive en otros lugares, donde hubo cosas terribles en cuanto a la complicidad de empresas transnacionales en violaciones a los DDHH. Pero lo que para mí queda claro es que las empresas necesitan ser reguladas. ¿Por qué? No es sólo porque uno sea anticapitalista, porque en mi caso no [es así] necesariamente, además. Tienen que ser reguladas porque representan una forma del poder organizado tan importante en el mundo de hoy, que por su mera existencia el individuo, organizado o no, es más vulnerable frente a ese enorme poder e influencia que tienen estas corporaciones. La globalización, que ha traído tantas cosas buenas, también ha generado un fenómeno de dispersión de la rendición de cuentas y de la responsabilidad. Se comete una serie de abusos por parte de las empresas y cuando se empieza a buscar, no se encuentra ni el juzgado en el que se puede poner la denuncia. Y cuando se hace una denuncia por reparación, porque se echaron a perder las aguas en una comunidad, después no hay lugar para ir a reclamar la reparación: “Bueno, no, lo que pasa es que la empresa está constituida aquí, pero no allá”, y la empresa se retira, y lo que queda es una carcasa vacía, sin responsabilidad ni dinero.

–Cuando en Uruguay, por ejemplo, se discuten acuerdos de protección de inversiones, no se habla en clave de DDHH sino en términos exclusivamente económicos.

–No, no se habla en clave de DDHH, y muy frecuentemente no se hacen los estudios de impacto. Y los impactos no ocurren por casualidad, existen nexos de causalidad. A esta altura ya hay suficiente experiencia como para saber que, si las cosas se hacen así, van a traer estas consecuencias negativas. Sin embargo, estos estudios no se hacen, por razones de rapidez, para ahorrar dinero. Y muchas veces también se hacen sin transparencia. Yo no sé si UPM es bueno o malo. A mí me parece que una inversión de ese porte en principio no debería traer nada malo para el país, pero como no se sabe, hay un signo de interrogación.

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Archivo oral de la Memoria

Martes 7 de noviembre

hora 18

El Archivo Oral de la Memoria - Uruguay es producto de un camino iniciado en el año 2015, cuando comenzamos a trabajar sistemáticamente sobre los Sitios de Memoria.

El archivo de testimonios, en formato audiovisual, se propone generar un espacio de formación, documentación, producción, preservación y sistematización de documentos sobre nuestro pasado reciente - historia presente, a través de testimonios personales donde los relatos den cuenta de la experiencia de las personas y de hechos significativos del período.

La construcción del archivo atenderá a que el conjunto de testimonios a que el conjunto de testimonios de cuenta de la existencia de puntos de vista diferentes sobre la temática en cuestión, así como su carácter de asunto público. En ese sentido, además de las funciones de producir y preservar testimonios, el archivo atiende las funciones de investigar y comunicar el patrimonio de la comunidad, con la elaboración de materiales educativos, publicaciones, exhibiciones y películas. Con estas producciones se vinculan y contextualizan los relatos, y se acercan a la comunidad.

El Archivo Oral de la Memoria - Uruguay, está abierto a diversos tipos de consulta que tienen objetivos diversos. Puede aportar testimonios a familiares, compañeros o amigos de personas nombradas en las entrevistas. Puede constituir una fuente de consulta para la actuación de la justicia. Puede apoyar investigaciones científicas, periodísticas o artísticas. Puede aportar a la formación de estudiantes de los diversos niveles educativos. Puede colaborar con el trabajo de organizaciones de Derechos Humanos. Puede ser un instrumento de preservación de la memoria de sitios de memoria. Puede aportar relatos a colectivos territoriales o gremiales que trabajen por la identidad comunitaria.

Para el acceso a los testimonios se contará con instrumentos que permitan que la consulta se produzca en condiciones adecuadas, respetuosa y coherente con el compromiso de cuidado de los testimoniantes.