Publicado el 07-03-2018
Este miércoles se realiza la segunda audiencia de la semana. Se juzga a represores de la última dictadura militar, el exjefe de Policía, Luis Baraldini, entre ellos. Un testimonio de la tortura en la Seccional de Santa Rosa.
Hoy se realiza una nueva jornada de debate en el juicio de la Subzona 14 II, que juzga crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la dictadura militar. Esta es la última audiencia de la semana.
En primer término, declaró Aldo Antonio García Orlando (65), que estuvo un año preso a disposición del PEN. Fue detenido ilegalmente en marzo del ’76 en Rancul junto al padre y el hermano, por policías y militares, Fiorucci y Amarante entre ellos. Los acusaron por el faltante de hacienda en un campo vecino al suyo.
Dijo que su familia sufrió persecución por ser peronista. “Fue una cacería, forajidos que destrozaron la casa de mi madre”, recordó la detención. Lo trasladaron después de unos días a la Primera y luego a la Unidad 13 de Santa Rosa. Dijo que era amigo de Rubén Marín, quién se interesó en su caso y le comunicó que lo habían detenido por orden de Baraldini.
“La Primera fue una carnicería. En el primer piso siempre estaba la radio prendida. Nos mataban. Me dieron una golpiza muy grande. Me pegaron una patada en los testículos, que recién el año pasado me operaron en Realicó de una hernia que me quedó. Perdí el 80% de la audición de un oído cuando una noche me sacaron en un Falcon y me tiraron un tiro al lado de la oreja”, apuntó. Una segunda vez lo sacaron de noche, vendado, lo obligaron a denudarse y correr. "Me asustaron, no sabía qué me iba a pasar", describió la escena.
En los interrogatorios le preguntaban por su actividad política en la JP durante los años que estudió en La Plata y "dónde estaban las armas", algo que jamás había tenido.
Declaró que Baraldini lo fue a ver a la Primera porque un tío había intermediado con él. “Me atendió en una oficina, con cuatro guardaespaldas, con sus botas, vestido de militar. Me dijo que a partir de ese momento mi vida y mi muerte dependía de él”, contó.
Dijo que en ese lugar lo vio el médico Pérez Oneto. "Tenía un corte en la cabeza y me dijo 'no tenés nada, pibe'. Después me tuvieron que dar diez puntos. Era bastante avispa, picante, nervioso... ¿me entiende?", le preguntó al fiscal.
García Orlando recordó que en algún momento compartió calabozo con Carlos Samprón, el director del secundario de Jacinto Aráuz que había sido secuestrado también.
Dijo que su familia perdió la estancia a partir de la detención. Lamentó que “hoy todavía me señalan con el dedo, es una mochila que todavía la siento”.
Detenido por peronista
En segundo término, declaró Carlos María Cortés (80), quien permaneció detenido ilegalmente en la Primera junto a su hermano durante varios días después del golpe del ‘76. Los familiares se enteraron varios días después a través de un preso que salió que estaban ahí porque se lo negaban hasta ese momento los policías. "Estábamos perdidos", graficó.
A través de una gestión en el Obispado, confirmaron que estaba en ese lugar. Dijo que vio a Reta, Aguilera y Baraldini en la seccional. Dijo que nunca le informaron por qué lo detuvieron. Era diariero y de la JP. Aunque estimó que fue porque era militante barrial del peronismo, “de Perón y Evita, que me abrazaron y me dieron un beso en la mejilla cuando conocí Mar del Plata gracias a ellos”.
Nunca lo interrogaron ni les pegaron en la Primera. Aunque recordó que durante la madrugada un policía "pasaba por la reja y nos decía que nos preparáramos porque llegaba el avión y nos iban a tirar al Río de la Plata".
La "muerte civil" de la familia Mata
En tercer término, Estela Maris Piombo, testimonió sobre la detención ilegal de su esposo Julio Mata, quien murió hace trece años. Él fue detenido en agosto del ’75 -estuvo dos meses y medio preso- porque era militante del Partido Comunista.
Piombo trabajaba como administrativa en la policía en aquel momento y sabía “lo que era la subzona” y “teníamos idea de que las personas desaparecían”. El presidente del PC, León Nicanoff, pidió una entrevista con Camps y a través de un abogado pudo hablar con su esposo custodiado por un militar con una Itaka.
“Él me pedía desesperadamente que hablara con el obispo Arana”, recordó. “Teníamos un vecino que era policía y nos decía que ya los estaban tirando al mar. Cuando lo vi para mí fue muy significativo”, apuntó.
Le dijeron que si se acostaba con el jefe o el subjefe liberarían a su marido. “Era asqueroso realmente. Por supuesto que mi discurso fue totalmente negativo”, dijo.
A los pocos días lo liberaron pero sobrevino la "muerte civil". Él no pudo seguir trabajando en una relojería y a ella la echaron "por subversiva" de la fuerza y de la docencia en la EPET. Tampoco les permitieron seguir estudiando en la universidad. Tenían dos hijos en ese momento.
"Además había miedo de las personas de acercarse a nosotros porque éramos muy peligrosos", contó, con tristeza. "Los que nos ayudaron se jugaron y en serio. Además teníamos terror de salir a la calle sin saber con qué nos encontrábamos. Me dediqué a vender ropa para sobrellevar la situación económica y mi esposo salía a vender joyería en los pueblos del interior. Sobrevivimos. Lo único que queríamos era un mundo mejor y el castigo terrible por eso fue la muerte civil", resumió.
Dijo que los represores "creían que tenían tanto poder como poder ser dueños de la vida de las personas, como llegar a la tortura física y sicológica". A ella ya la habían echado a fines de los 60 por su militancia en el PC pero la incorporaron a la Policía en el '73. Sin embargo, a partir de allí siguió sintiéndose perseguida. Recordó que no la dejaban subir al primer piso de la Primera y ella escuchaba las torturas que sufrían los detenidos de la universidad. Su jefe era Aguilera, quién le tenía prohibido subir a planta alta.
"Después conseguí que me pasen adscripta a televisión educativa y con el golpe de estado volví a la Policía, al archivo histórico en Jefatura. Volví a ser perseguida sicológicamente, ahí mi jefe me dijo que tenía que tener relaciones con mis superiores para poder liberar a mi esposo", reiteró. "Algunos cuentan con grandilocuencia que habían encontrado subversivos y que las subversivas se desprendían las camisas para ofrecerse a cada uno de ellos", dijo.
Mencionó que un agente de la SIDE la acosaba preguntándole sobre lo que sabía sobre historia.
Otra víctima perseguida
Otra de las víctimas de la dictadura militar que declaró fue María Alejandra Naunchuk. Fue cesanteada de su trabajo y sufrió la persecución de los servicios. Era compañera de militancia de Julio Mata en el Partido Comunista, detenido junto a Pedro Sapia, también militante del partido.
Tras la detención de Maya y Sapia, se movieron con el abogado Lito Cuadrillero para presentar el habeas corpus. El hecho ocurrió después del aniversario de bodas del secretario del partido, León Nicanof.
Ambos estaban incomunicados y lograron que los pusieran a disposición del PEN para blanquear la detención y no pasaran a formar parte de la lista de desaparecidos.
Ambos estaban incomunicados y lograron que los pusieran a disposición del PEN para blanquear la detención y no pasaran a formar parte de la lista de desaparecidos.
“Nos avisaron que la manzana estaba rodeada, que el operativo estaba a cargo de Baraldini y que nos teníamos que retirar. Las mujeres a las casas y los varones a la Seccional Primera. Terminamos en lo de León Nicanof. Esto contribuyó a la persecusión y la vigilancia de la militancia”, recordó y agregó que fue Reinhart quien le dio la comunicación del operativo.
“Todos estábamos vigilados, vivíamos en un estado de vigilancia”, remarcó Naunchuk. “Como perseguidos sufrimos todas las consecuencias de una muerte civil, la gente no saludaba, nos ignoraban”, recordó.
Contó que estaban vigilados por agentes de la SIDE. “Había un trabajo de inteligencia, no solo para controlar que pasaba, sino quienes trabajaban y participaban en la vida del sindicato”, describió.
“Con el advenimiento de la democracia, nosotros conformamos una comisión de prescindidos, relevamos un total de 400 personas. Entre ellas estaba toda la gente que trabajó en el proyecto del Ente Provincial del Río Colorado. Esa gente se quedó únicamente con lo puesto, para lo único que les alcanzaba era para comer. En mi caso, mi madre hipotecó la casa, y después la perdimos. Muchos de estos casos se repitieron en La Pampa”, recordó.
“Con el advenimiento de la democracia, nosotros conformamos una comisión de prescindidos, relevamos un total de 400 personas. Entre ellas estaba toda la gente que trabajó en el proyecto del Ente Provincial del Río Colorado. Esa gente se quedó únicamente con lo puesto, para lo único que les alcanzaba era para comer. En mi caso, mi madre hipotecó la casa, y después la perdimos. Muchos de estos casos se repitieron en La Pampa”, recordó.
Más audiencias
Las audiencias seguirán los días 19 (en esta jornada será de mañana y tarde), 20 y 21 de marzo, mientras que en abril están previstas audiencias los días 3, 4, 16, 17, 18, 25, 26 y 27.
Las audiencias se estructuraron por los distintos colectivos políticos y sociales que fueron víctimas de la persecución de la Subzona 14. Los directivos, profesores y estudiantes de la Facultad Tecnológica de Pico, los médicos del sistema de salud provincial, los profesores de la Universidad Nacional de La Pampa y los siloístas son los grupos que quedaron bajo la vigilancia de los integrantes del grupo de tareas que actuó en los meses previos al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y después ya durante la dictadura militar.
El histórico segundo juicio a los represores pampeanos se desarrolla desde el 29 de agosto del año pasado en un contexto social y político muy diferente al del primer debate, con los imputados beneficiados con libertad o prisión domiciliaria.
Fuente:DiariodelaPampa
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