El TOF de Santa Fe negó la excarcelación al coronel Ramón Recio
Un represor que no vuelve a casa
Es uno de los que el Servicio Penitenciario Federal quiere liberar. Está involucrado en una masacre en Santa Fe, de 1977.
Por Juan Carlos Tizziani
Recio estuvo prófugo un año y medio, y fue recapturado. Por eso el Tribunal negó su excarcelación.
Imagen: Eduardo Seval
Imagen: Eduardo Seval
Desde Santa Fe.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe rechazó esta semana la excarcelación del coronel Ramón Abel Recio, uno de los diez presos por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, en enero de 1977, con el argumento de que ya estuvo prófugo un año y si ahora lo deja en libertad corre el "riesgo procesal" de que vuelva a escaparse. "Peligro de fuga", lo llamó el Tribunal integrado por dos jueces de Rosario, Otmar Paulucci y Mario Jorge Gambacorta y su colega de Santa Fe, Luciano Lauría. La resolución calza como respuesta anticipada al Servicio Penitenciario Federal ‑en tiempos de Mauricio Macri‑ que incluyó a Recio entre los 95 condenados y procesados por crímenes de lesa humanidad que pretende beneficiar con prisión domiciliaria, bajo el pretexto de la superpoblación carcelaria. Recio apareció en la lista del SPF ‑en el puesto 85‑, a pesar de que aún no cumplió 70 años y en octubre de 2017 pasó de la cárcel de Coronda a la unidad VIP para represores, en Campo de Mayo.
El Ministerio Público Fiscal lo investiga por la muerte de cuatro militantes montoneros: Jorge Luis Piotti y su pareja, Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio, el 19 de enero de 1977, en lo que se conoce como la masacre de Ituzaingó y Las Heras. Un ataque masivo del Ejército y fuerzas conjuntas al edificio de departamentos donde vivían los Piotti, en el barrio Candioti, que le costó la vida a una vecina y en el que se salvaron por milagro los hijos de la pareja, el mayor de un año y el menor de un mes.
La acusación es por los "homicidios doblemente calificados" de Piotti, Gómez, Ziccardi y Frigerio ‑porque se cometieron con "alevosía" y el "concurso premeditado de dos o más personas"‑ que ya fue ponderada por nueve magistrados. El juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó el 19 de setiembre de 2016 y le impuso un embargo por 900 mil pesos. La Cámara Federal de Rosario confirmó la resolución el 19 de abril de 2017. Y la Cámara Federal de Casación Penal la dejó firme el 26 de setiembre de 2017. Así que el fiscal Martín Suárez Faisal ya elevó la causa a juicio.
El Tribunal Oral valoró la "gravedad" de los hechos que se le imputan a Recio por "su modo de ejecución" y "sus consecuencias". Se trata de "delitos de lesa humanidad por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo y la magnitud e importancia de los bienes jurídicos afectados", apuntó.
A juicio del Tribunal, "el contexto histórico" en el que sucedieron los hechos, sus "características", "naturaleza" y "modalidad" "habilitan a pensar que en caso" de que Recio "recupere su libertad" pueda contribuir "a mantener aquella indebida impunidad o que opte por evadir la acción de la justicia para evitar una eventual condena".
Lo que pesó en la decisión de los jueces es que Recio estuvo "prófugo" un año y obligó a pedir su "captura nacional e internacional" y ofrecer una recompensa de 500.000 pesos, hasta que datos que aportó un "informante de identidad reservada" permitió su detención en Rosario, en setiembre de 2016. "La gravedad de los hechos reprochados y la posibilidad de afrontar una pena grave y de efectivo cumplimiento, permite presumir fundadamente que la libertad de Recio puede generar un riesgo procesal ante el posible peligro de fuga, por lo que la medida restrictiva dictada a su respecto debe mantenerse incólume", sentenció el Tribunal.
El fiscal Suárez Faisal fue el primero opuso a la excarcelación de Recio. "La gravedad de los hechos atribuidos llevan a presumir que si sale en libertad, podría atentar contra la conclusión regular del proceso, contribuir de alguna manera a mantener aquella indebida impunidad, u optaría por evadir la acción de la justicia". Más, si se tiene en cuenta que ya estuvo prófugo casi un año, se ordenó su captura el 26 de octubre de 2015 y se lo detuvo recién el 6 de setiembre de 2016 porque un informante anónimo aportó datos de su paradero en Rosario. "Además, no debe soslayarse que los hechos endilgados habrían sido cometidos desde el Estado, mediando la utilización de estructuras y aparatos de éste, con participación de pluralidad de personas, que aún hoy podrían actuar como encubridores", concluyó Suárez Faisal.
Fuente:Rosario12
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