Comisión DD.HH. de la Cámara dejó para la próxima sesión, discusión en particular del aporte único reparatorio.
La sesión del miércoles 11 de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados tenía en tabla dos temas: La petición de censura de la presidenta de la Comisión presentada por el diputado Sanhueza de la UDI, y la discusión en particular del Aporte Único Reparatorio para todos y todas las víctimas calificadas por prisión política y tortura.
La sesión se inicio con la petición del diputado Miguel Crispi de permitir la presencia en calidad de observadores, de los dirigentes del Comando Unitario, Viviana Fernández (Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Torturas) y Nelson Aramburú (Coordinadora Nacional de Ex PP), lo que fue aprobado por unanimidad.
Se informó sobre la visita de la Comisión a la Cárcel de Temuco para verificar el estado y las condiciones del Machi Celestino Córdoba quién lleva casi tres meses en huelga de Hambre. Diversos miembros de la comisión manifiestan que, en relación a los recluídos de origen mapuche, el Estado de Chile incumple los compromisos establecidos en el Convenio 169, lo que se agrava cuando la prisión afecta a una autoridad religiosa como es el caso del Machi Celestino. Por tanto, manifiestan la necesidad de que, así como se dan facilidades de culto a las distintas iglesias al interior de los recintos, se den las facilidades y condiciones a reclusos y reclusas pertenecientes a pueblos originarios.
A continuación, se pasa al tema de la moción de censura presentada por Sanhueza en contra de la presidenta de la comisión, diputada Carmen Hertz. Se hicieron presentes en la sala los diputados Guillermo Teillier, Karol Cariola, Hugo Gutierrez y Boris Barrera, para respaldar a su compañera.
Los diputados Jiménez, Crispi, Jiles, Walker (Matías) y Saldívar defendieron lo obrado por la presidenta de acuerdo al reglamento y denunciaron la acción de Sanhueza como una maniobra política, tendiente a socavar la autoridad moral de una reconocida defensora de derechos humanos, generando de paso un clima de confrontación y desconfianzas al interior de la instancia. El diputado UDI trató de insistir en su acusación de “autoritarismo”, pero en la medida que solo Baltolu le respaldo, terminó retirando su moción.
Cerrado este tema se pasó a la discusión del Boletín 11619-17 que otorga un Aporte Reparatorio Único a las víctimas de Prisión Política y Torturas reconocidas por el Estado de Chile. Correspondía la discusión en particular de los 7 puntos que la integran, y se esperaba tener la información comprometida por el Ministro Hernán Larraín en la sesión anterior. Al ser consultada la Subsecretaria de DD.HH. que se encontraba presente, señaló no tener nueva información respecto a los recursos necesarios para dar este aporte.
Los diputados de Chile Vamos, se atrincheraron en la pauta que estableció Larraín el miércoles 4: “Entendemos la necesidad de reparar a las víctimas, pero si no existen los recursos, lo lamentamos mucho pero no será posible”. Todos hicieron alusión a que, si existía “tanta preocupación por las víctimas” en el Gobierno anterior, porque un Proyecto de esta envergadura no se aprobó en 4 años en que se tenía mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y se presentó solo en las postrimerías del mandato.
Siguiendo esta pauta, la Subsecretaria Lorena Recabarren se preguntó “hasta cuando se harán reparaciones”. Manifestó que, según su información, desde 2005 se han entregado varias reparaciones. Suponemos que este libreto de la subsecretaria es producto de su inexperiencia en el cargo; porque el Plan Nacional de Derechos Humanos -que su cartera tiene el deber de implementar por ley-, establece con claridad los temas pendientes en materia de reparación a las y los sobrevivientes de prisión política y torturas, de acuerdo con la legislación internacional y las exigencias jurídicas, sociales y políticas internas.
Entendiendo que los temas presupuestarios se verán a continuación en la Comisión de Hacienda, pero debido a que no existían nuevos antecedentes que permitieran discutir en lo particular el Proyecto, la Comisión acuerda dejar pendiente esta discusión para la sesión del próximo miércoles 19 de abril.
Nos parece necesario puntualizar que este Proyecto -que se le quedaba en el tintero al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet- solo ingresó formalmente a tramitación gracias a las gestiones realizadas el 6 de marzo por dirigentes del Comando. Dejamos esta constancia, considerando que han salido “comentaristas” que se informan por las redes, sin tener ninguna participación ni representatividad en lo que acontece, opinando como si hubieran tenido algún grado de intervención. Las fotografías que acompañan nuestros artículos son tomadas en situ por las y los dirigentes que nos representan en esas instancias.
Agradecemos a los parlamentarios que facilitan nuestro trabajo, en particular a la presidenta de la Comisión diputada Carmen Hertz, al diputado Crispi, a la diputada Jiles y al diputado Jiménez. Nuestro reconocimiento a la cobertura comunicacional que hace Desclasificación Popular, especialmente la compañera Javiera Campos, del acontecer en el Congreso, con los temas de derechos humanos.
Saludos fraternos.
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Miles de ex PP no han cobrado lo que por ley les corresponde.
Una de las gestiones de carácter reservado realizadas por el Comando Unitario ha sido la lucha por accesar a los listados de sobrevivientes que, teniendo pleno derecho, jamás han cobrado las pensiones concedidas por la ley 19.992 (467 personas) y 3 mil 259 que no han cobrado el Aporte Único Reparatorio de un millón de pesos establecido en la ley 20.874. En las condiciones que deben sobrevivir las y los ex presos políticos la única explicación posible para esto, es que no tuvieron conocimiento del beneficio que les correspondía.
El 2015 nos llegó información de que en el IPS estaban empozados fondos de las leyes mencionadas, que no habían sido cobradas por los beneficiarios. En primera instancia se estimaba en más de mil 700 las personas que no cobraban la pensión establecida por la ley 19.992. Se hicieron las consultas respectivas con las autoridades. En diversas reuniones se nos aseguró que entregarían los listados, para que organizaciones representativas a nivel nacional -como las que integran el Comando Unitario- pudieran informar a los beneficiarios. Como tantos otros compromisos… no se cumplió.
Marta de la Fuente, abogada de la Agrupación de Familiares de Ex PP Fallecidos, que tomó el caso en el 2015, fue incansable en su tarea de defender el derecho que, tienen los sobrevivientes calificados a percibir los beneficios que les otorgó por ley. Por años, el IPS se escudó en que era “información privada sensible”. Se gestionaron peticiones ante los organismos de gobierno, se presentaron recursos ante el poder judicial -que respaldaron la negativa del IPS-, finalmente se recurrió al Consejo de la Transparencia, el que en la resolución adoptada en la sesión ordinaria N° 862 del 23 de enero del 2018, pidió al organismo previsional entregar la información solicitada.
En la primera quincena de marzo el organismo entregó a la abogada del Comando Unitario el listado de nombres, sin ningún antecedente más. Por tanto, un equipo de profesionales que colabora con los temas reparatorios tuvo que ponerse a la compleja tarea de cruzar los datos con las nóminas Valech -que curiosamente son datos públicos- para identificar a estas personas con el Rol Único Nacional (RUN), en el esfuerzo de informarles adecuadamente de los beneficios a que tienen derecho.
Dentro de las exigencias que la abogada hizo al organismo cuestionado, estaba el que este informara de las medidas y acciones realizadas para notificar a estas miles de personas de los beneficios. Lo que pudo acreditar el IPS, fueron 5 cartas que enviaron a 5 beneficiarios (¿!), lo que nos muestra la voluntad que existió para informar al respecto.
En la reunión ordinaria del Comando este jueves 12 de abril, el equipo que trabajó en la depuración y cruce de datos -encabezado por Marta de la Fuente- entregó a los dirigentes el producto de su trabajo. Es tarea de esta instancia nacional de dirección encontrar los mecanismos adecuados para entregar responsablemente esta información a quienes corresponde.
Una decisión básica es subir esta información a una plataforma digital que nos asegure difusión responsable. Para ello se han iniciado conversaciones con organismos que trabajan en esta área, por lo que próximamente indicaremos dónde se debe buscar la información.
Tanto la pensión asignada por ley 19.992, como el bono de un millón de pesos, se cobra a petición de los beneficiarios en las oficinas del IPS. Nuestras organizaciones territoriales han estado alertando a los compañeros en regiones para que podamos hacer a nivel nacional una campaña de difusión al respecto, enfatizando que la gestión no tiene ningún costo, para que aquellos abogados u ONG que han hecho un “nicho de negocios” del tema reparatorio, no puedan seguir lucrando a costa de nuestros compañeros.
Para mayor información, pincha aquí:
Envío:Sara Waitman - AexPPPGde.Cdba.
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