Una causa judicial investiga las violaciones y abusos sexuales de todo tipo cometidos por los represores en los campos de concentración de la dictadura.. Se investigan como "delitos sexuales de Lesa Humanidad" y hay 56 víctimas.
La Justicia Federal de Córdoba está investigando los crímenes sexuales de los represores durante la dictadura militar, tratados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad” y no como “tormentos”. Son violaciones y abuso sexuales de todo tipo, cometidos contra mujeres en su mayoría, aunque también contra varones, en centros clandestinos de detención, en cárceles bajo régimen militar o durante los secuestros y desapariciones.
Hay una causa en plena instrucción en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, con 45 víctimas de abusos sexuales. Hay otras 12 denuncias acumuladas, por lo que las víctimas podrían llegar a 56. Son mujeres que estuvieron detenidas-desaparecidas en la D2 de la Policía, La Perla u otros centros de detención de la dictadura o la cárcel de San Martín, que ya testimoniaron en esas causas. El expediente por delitos sexuales está caratulado “Miguel Ángel Gómez”, por el represor de la D2 apodado “Gato”, un reconocido torturador ya condenado en otros juicios por delitos de Lesa Humanidad.
La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, inició la acción penal y elevó el expediente al Juzgado, que procederá a tomar medidas de prueba y testimoniales y, eventualmente, ordenar procesamientos. Hay siete imputados además del “Gato”, pero no se descarta que se incluyan por la cadena de mandos. Si las violaciones sexuales forman parte del plan sistemático de la dictadura para desaparecer opositores, como considera la Fiscalía, no podrían ser delitos por mano propia. Tres víctimas son querellantes.
En tanto, recientemente se elevó a juicio la causa “Martella”, instruida por el fiscal Carlos Gonella, que ventila varios casos de vejaciones sexuales.
Ya hubo condenas por violaciones a prisioneras de la dictadura en Córdoba y en tribunales de otras partes del país. Pero de momento, son casos aislados, la punta de un iceberg que deja oculto lo que la fiscal Virginia Miguel Carmona, integrante del Ministerio Público Fiscal en el juicio La Perla-Campo de la Ribera, consideró la “gran cifra negra de delitos de índole sexual” de la represión ilegal.
Por tratarse de delitos de instancia privada en los que el Estado no puede iniciar acción penal de oficio, la causa “Gómez” tiene características particulares. López de Filoñuk dijo a este medio que “unas 15 o 20 mujeres” que relataron haber sido violadas durante su detención-desaparición, no quisieron hacer denuncias ni que se investiguen los hechos. “Al tomar conocimiento yo del abuso o la violación, podría haber iniciado la acción, pero priorizo la decisión de las mujeres”, señaló. Algunas de estas víctimas expresaron que sus parejas e hijos sabían que habían sido prisioneras de la dictadura, pero no que habían sido abusadas.
También se incluyó como víctimas a mujeres que fueron violadas o abusadas en los centros de detención ilegal y no pudieron contarlo a la Justicia porque no sobrevivieron a la dictadura. Estos casos se conocen por testimonios de terceros.
En cambio, si la mujer (o el varón) fue abusado en el campo de concentración, pero sobrevivió y falleció en democracia, sin denunciar ni hablar del delito sexual que sufrió, el caso queda excluido. En este punto, hay disparidad de criterios entre la fiscal López de Filoñuk y la Procuraduría General de la Nación, concretamente la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Habrá que esperar para ver qué pautas fija el o la próximo/a titular del Ministerio Público Fiscal.
En 2011, esa Unidad elaboró un documento para orientar a los fiscales en el tratamiento de los delitos sexuales de Lesa Humanidad. Se denomina “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del Terrorismo de Estado” y establece tres criterios en relación a los delitos dependientes de instancia privada, en consonancia con lo que dice el Código Penal:
a) Casos en los que la víctima del abuso sexual sobrevivió al delito y luego expresó ante la autoridad correspondiente su voluntad respecto a la investigación del crimen sufrido. En estos casos, dice la Procuración, se inicia la acción penal.
b) Casos en los que la víctima no sobrevive al delito o sufre lesiones gravísimas. En este caso, “el interés del Estado por juzgar los hechos prevalece y, por lo tanto, ya no se requiere que la víctima inste la acción”.
c) Casos en los que la víctima sobrevive al abuso y muere tiempo más tarde sin haber expresado su voluntad respecto de la persecución penal del delito que la damnificó. Aquí, la Procuraduría deja la puerta abierta a la investigación, al poner en duda el silencio de la víctima sobre el hecho, toda vez que en Argentina durante muchos años estuvo anulada la posibilidad de acción penal contra los represores de la dictadura. Sin embargo, aclara que “la investigación sólo podría realizarse si se considera que el hecho también ha implicado un delito que no requiere instancia privada (como el tormento)”.
Las cifras negras
“Cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado”, señaló el documento de la Unidad Fiscal, que toma como paradigma las investigaciones por crímenes sexuales de Lesa Humanidad abiertas por en los genocidios de Ruanda y Yugolsavia.
López de Filoñuk consideró que las violaciones sexuales formaron parte del parte del plan sistemático de desaparición de personas orquestado por la dictadura y ejecutado en Córdoba y el ámbito de Tercer Cuerpo de Ejército bajo el mando del recientemente muerto Luciano Benjamín Menéndez. Sin embargo, al tratarse como “tormentos” en las sentencias de los distintos juicios, quedabaninvisibilizados como tales.
En su alegato acusatorio de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera, la fiscal Virginia Miguel Carmona tomó especialmente el tema de los abusos sexuales a las prisioneras. Tras sostener que hay “una gran cifra negra” de estos delitos, ejemplificó con un dato concreto. En la Perla solo se juzgó “un hecho de violación y dos de abuso deshonesto” entre las 716 víctimas. “A lo largo del debate han surgido testimonios que, con profunda crudeza, describen la particularidad del trato –vejatorio y de claro contenido sexual- cuando las secuestradas eran mujeres”, dijo Miguel Carmona, incorporando una mirada de género imprescindible para comprender la doble victimización que sufrieron las mujeres por parte de sus torturadores/violadores.
En 1982, el fallecido periodista Jacobo Timmerman expuso en su libro “Preso sin nombre, celda sin número” el ensañamiento de los represores para con los prisioneros miembros de la comunidad judía. Lo que les pasó a las mujeres y a los miembros del colectivo LGBTIQ (aunque no se denominaran así durante la dictadura) aún no ha sido explicitado en todas sus implicancias.
“Muchas sobrevivientes continúan anegadas en el más profundo de los silencios, destruidas física y emocionalmente. Por vergüenza y miedo, no denuncian a sus abusadores. La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. Cuestionamientos absurdos tales como si la mujer hizo todo lo posible para evitar la violación, si se negó o resistió lo suficiente, o aún más, si provocó o sedujo al represor/violador, son maneras de seguir victimizando y reproduciendo la violencia”, sostuvo la fiscal en aquel alegato.
La antropóloga feminista Rita Segato considera que las violaciones no son crímenes sexuales sino “crímenes del poder, de la dominación, de la punición”. “En el acto de la violación él (el violador) está moralizando a la víctima”. Quiere disciplinarla. “La violencia misógina, homofóbica y transfóbica son formas de disciplinamiento que el patriarcado tiene hacia todos aquellos que desafían su mandato y su soberanía”, dijo la investigadora en una nota con el periodista Reynaldo Sietecase.
Quiénes más desafiantes al orden social, económico y político que las militantes y guerrilleras de las distintas organizaciones del peronismo y la izquierda revolucionarios que actuaron en la década del 70.
EL JUICIO QUE FALTA
Una de las primeras mujeres que dio testimonio ante un Tribunal sobre los ataques sexuales sufridos en su condición de presa política fue María del Rosario Miguel Muñoz, una psicóloga radicada en Francia que declaró como testigo en la causa UP1. “Fui sodomizada”, dijo. Aunque en la Justicia ya se sabía que los represores habían abusado sexualmente de las secuestradas, provocó conmoción el hecho de que Charo, como la llaman, lo pusiera en palabras. Cuenta la periodista Marta Platía que, ante la mudez de la mayoría de varones que conformaban el Tribunal Oral Federal N° 1 y las partes del juicio, el primero en reaccionar fue el fiscal Gonella, quien le preguntó si deseaba presentar una denuncia aparte por ese delito. La respuesta fue afirmativa, y tal vez ese fue el punto de inicio de un nuevo criterio en materia de abusos sexuales contra detenidas-desaparecidas.
“Durante el largo juicio de La Perla-Campo de la Ribera se adelantó mucho en este tema”, señaló la periodista. Platía cubrió todos los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron en los tribunales federales locales y como testigo de testigos, constató que poco a poco las sobrevivientes mujeres, y algunos varones, se animaron a hablar de los abusos sexuales sufridos.
Así lo expresó días atrás en la charla-debate “Delitos sexuales de Lesa Humanidad. El juicio que falta” organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia.
La actividad, organizada en el marco de la Semana de la Memoria, se llevó a cabo en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, con la exhibición del documental “Lesa Humanidad”, coordinado por la militante de género y ex presa política y exiliada Dinora Gebennini y realizado por Luis Ponce.
De la charla participaron además de Platía y Gebennini, Alejandra Gómez, coordinadora del Programa de Violencias de Género en Contextos Represivos de la Secretaría de DDHH de la Provincia y Nilda Jelinec, víctima de la dictadura y una de las protagonistas del documental. La coordinación dela mesa estuvo a cargo César Marchesino, director del Programa de DDHH. de la FFyH.
En el video, realizado en 2011, cuatro ex presas políticas narran las torturas y abusos sexuales sufridos durante sus detenciones ilegales. Ellas son Gloria Di Rienzo, Soledad García, Delia Galará y Jelenic. Junto a otras víctimas, finalizan con una proclama que es un grito. Que se realice el “juicio que falta” y que las violaciones y abusos sexuales sufridos sean tipificados como “delitos sexuales de Lesa Humanidad”.
Fuente:enRedaccion - Envío:AgnDDHH
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