Macri quiere nombrar fiscal federal a un ex juez subrogante que benefició a los represores
Una designación a favor de la impunidad
Abuelas, Madres Línea Fundadora, Hijos y el CELS, entre otros organismos, le pidieron al Senado que rechace el pliego de Santiago Ulpiano Martínez, enviado por el Ejecutivo. Advierten que sería “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Como juez federal subrogante, Martínez se caracterizó por obstaculizar investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Mauricio Macri pretende designar como fiscal federal de Bahía Blanca al principal operador judicial local a favor de la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado de los últimos años. Se trata de Santiago Ulpiano Martínez, quien como juez federal subrogante se caracterizó por obstaculizar la instrucción de las investigaciones y rechazar pedidos de indagatorias de ex funcionarios judiciales, ex capellanes y empresarios como Vicente Massot, ex dueño del diario La Nueva Provincia y tío del diputado Nicolás Massot, jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara baja. Organismos de derechos humanos le reclaman al Senado “que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad” y advierten que su designación significaría “un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
“La actuación de Martínez como subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que debemos defender y por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo”, destaca el documento de rechazo a la postulación que firman organismos locales como la APDH, H.I.J.O.S. y la Red por la Identidad bahienses, y nacionales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora o el CELS.
Desde junio de 2012, cuando la Cámara Federal de Bahía Blanca designó al secretario como subrogante en el Juzgado Federal 1, Martínez “incurrió en graves irregularidades en relación a la investigación de crímenes de lesa humanidad, intentando procurar la impunidad de sus responsables”, recuerdan. Como primer antecedente mencionan el rechazo sistemático a los pedidos de indagatoria a ex represores del Ejército formulados por el Ministerio Público Fiscal. “Pese a que la Cámara Federal le ordenaba llevar adelante las indagatorias, Martínez continuaba en su negativa violando así la ley procesal. En muchos casos debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados”, remarcan.
Martínez también fue “responsable de haberle garantizado la impunidad a Aldo Omar Vara”, rememoran. Se trata del ex capellán militar que durante los Juicios por la Verdad llegó a admitir que había visto los rastros de torturas (que no denunció) en los cuerpos de estudiantes secundarios blanqueados en el Batallón de Comunicaciones 181 luego de estar secuestrados en el centro clandestino La Escuelita. En abril de 2013, Martínez rechazó el pedido de detención formulado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. Cuando la Cámara revocó su decisión, en lugar de ordenar la captura se apartó de la causa. La maniobra le permitió al sacerdote escaparse a Ciudad del Este, donde vivió escondido hasta abril de 2014, cuando Interpol lo detuvo. Vara murió impune pocos días después.
Otro de los beneficiados por su trabajo fue el tío del actual diputado Massot. Martínez “demoró el llamado a indagatoria de Vicente Massot, entonces propietario del diario La Nueva Provincia”, recuerdan los organismos. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca había ordenado que se investigara su responsabilidad en los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Los fiscales pidieron a Martínez que citara a indagatoria al empresario pero igual que con Vara chocaron con su negativa. Cuando la Cámara Federal revirtió esa resolución, se inhibió de seguir actuando en la causa.
El actual aspirante a fiscal “se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del Cuerpo V” por considerar que no se trató de delitos de lesa humanidad. La Cámara Federal también revocó esa resolución, pero Martínez “en lugar de citar inmediatamente a indagatoria a los imputados, siguió tomando medidas dilatorias”, apuntaron.
A mediados de 2015, luego de analizar las denuncias y los pedidos de apartamiento de Palazzani, Nebbia y los organismos bahienses, el Consejo de la Magistratura resolvió no renovar la subrogancia de Martínez. El organismo consideró además el rol clave de Martínez y de Mario Fernández Moreno en la maniobra para apartar de la investigación de delitos de lesa humanidad a Alvaro Coleffi, quien como juez ad hoc pidió la captura internacional del ex capellán Vara, ordenó allanar La Nueva Provincia e indagó al entonces director Vicente Massot. A partir de una denuncia de Martínez y un sumario instruido por Néstor Montezanti, ex agente del Destacamento de Inteligencia 181, la Cámara Federal dejó cesante a Coleffi.
“Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, advirtieron los organismos. Señalaron que su designación “será un claro retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” y destacaron que el Senado “tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos y en impedir que accedan a cargos de tanta relevancia quienes ya se mostraron dispuestos a convalidar la impunidad”.
Fuente:Pagina12
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