La querella de la familia Maldonado pidió que se citara a declarar al perito Enrique Prueger
Testigo de los errores de la autopsia
En la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado, la abogada de la familia pidió que se citara al experto cuyo informe publicó PáginaI12 la semana pasada. Para Prueger, el análisis del polen y las temperaturas del agua ponen en duda las conclusiones de la autopsia
Por Adriana Meyer
El estudio del polen concluye que el cuerpo no pudo estar más de 20 o 30 días en el río.
Imagen: Leandro Teysseire
Imagen: Leandro Teysseire
La abogada Verónica Heredia, que representa a la familia Maldonado en la causa que investiga la desaparición y muerte del joven, ocurrida hace un año en medio de la represión a una protesta mapuche, pidió al juez federal Gustavo Lleral que cite a declarar como testigo al perito criminalístico Enrique Prueger. Al fundamentar su pedido adjuntó el artículo publicado el jueves pasado por PáginaI12 sobre el informe de este experto que detectó errores en la autopsia de Santiago: a su criterio, los estudios verificatorios “dan por tierra” las conclusiones del dictamen final, entre ellos el análisis del polen detectado en los pantalones. En el marco de las repercusiones que tuvo la revelación, este diario pudo saber que las afirmaciones del área de Geología y Palinología Forense de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya habían generado controversia entre los peritos, que fueron 28 y no 55, cuando fue presentado a la Justicia en el marco de la causa, el 6 de noviembre, al punto que la bióloga Leticia Pavilauskas habría realizado una ampliación del mismo. Más allá de las diferentes valoraciones, todas las fuentes consultadas coinciden en la rigurosidad de esta experta palinóloga. Y aunque algunos de los especialistas firmantes de la autopsia cuestionaron el informe de Prueger, una de las querellas admitió que el estudio del polen podría volver a ser puesto en el contexto del caso.
La abogada Heredia había dicho a este diario que ese informe, según el cual el cuerpo no pudo haber estado 78 días sumergido en el lugar del río Chubut donde fue encontrado, está en sintonía con las dudas que la familia viene planteando desde que se conocieron los resultados de la autopsia, y que se plasmaron en pedidos a la Justicia para ampliar determinados puntos de los peritajes, para establecer el modo en que murió, cuándo sucedió y en qué circunstancias. Al no obtener respuesta, acudió a la Corte Suprema, donde insistió en que los interrogantes pendientes deben ser abordados por un equipo de expertos que sea independiente de los poderes del Estado.
Pavilauskas firmó un informe (fojas 49 a 54) en nombre de la UNLP junto a la división Química Legal La Plata, policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que analizó las “muestras térreas” de la ropa y los borceguíes de Santiago. En las prendas se hallaron granos de polen de tres especies de la Patagonia. “Es importante señalar que bajo ningún punto de vista los granos de polen pueden permanecer adheridos a las prendas sumergidas en el lugar del hecho descripto por un período de tiempo prolongado, teniendo en cuenta la mínima velocidad que pueda tener la corriente del río, la energía presente en el medio acuático y la cantidad de oxígeno removido en el lecho. Todas estas condiciones hacen que el polen se desprenda fácilmente de las ropas, sobre todo en materiales de nylon como es el caso del pantalón. Lo que significa que en un lapso de tiempo no mayor a 20-30 días, no estaríamos en presencia de granos adheridos a las ropas”. Para Prueger es un “error científico” haber omitido estas apreciaciones en la elaboración del resultado de la autopsia, en tanto algunos de los firmantes entendieron que se trataba de “conjeturas”.
Prueger –un científico de 62 años que contribuyó al esclarecimiento del crimen del soldado Omar Carrasco y de la matanza del pueblo pilagá de Rincón Bomba, y que es perito de los jóvenes mapuches compañeros del asesinado Rafael Nahuel– expuso que en la autopsia se utilizó el método de “la tabla de REH” para calcular el tiempo que un cuerpo se mantuvo debajo del agua. “Los registros corresponden a temperaturas promedio y deben ser consideradas desde la fecha de desaparición hasta el hallazgo del cuerpo, pero en el caso de Santiago no se trabajó con las temperaturas promedio sino con la mínima de los días de la desaparición”, precisó.
En este punto, Heredia recordó que una de las mayores dudas que dejaba la autopsia era las condiciones en las que estaba el cuerpo habiendo pasado supuestamente tanto tiempo debajo del agua. “En el cálculo con la tabla REH utilizaron una temperatura de entre 3,6 y 3,9 grados, cuando en realidad los datos que se obtuvieron entre los meses de agosto y octubre dieron un promedio de 6,7 grados de temperatura del agua. Casi el doble de lo que tomaron para llegar a sus conclusiones”, dijo. En su informe, Prueger detalla que “cambiando notablemente la interpretación de las tablas utilizadas” respecto a como lo hicieron los peritos, usando una temperatura promedio de cálculo de 6,3 grados, se concluiría en que el tiempo de exposición del cadáver de Santiago bajo esas condiciones fue “significativamente menor”. De allí que concluye en este punto que los resultados de la autopsia “son falsos” y “nulos”, porque no tienen nada que ver “con la correcta interpretación de la tabla”.
31 de julio de 2018
Werther Augusto Aguiar amenazó a periodistas de Esquel
El médico que filtró las fotos
Por Adriana Meyer
El médico que filtró la fotografía del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado sigue trabajando en el Hospital Zonal de Esquel, a pesar de estar imputado por la fiscalía federal como el responsable de esta acción ilegal ocurrida en la morgue de esa ciudad el 17 de octubre, cuando Maldonado fue encontrado en el río Chubut. Pero ésta no sería la única atribución que se tomó Werther Augusto Aguiar. Según publicó el portal Noticias de Esquel, los periodistas de ese medio que vienen informando al respecto recibieron una carta documento en la cual el médico prometió iniciar acciones legales si ese medio no cesa de informar sobre su responsabilidad en uno de los más perversos episodios del caso Maldonado.
Aquel día las imágenes del cadáver de Santiago filtradas por una de las cuatro personas que usaron sus cámaras en la morgue, en teoría porque casualmente el fotógrafo oficial de la Policía Federal se había demorado en la ruta, llegaron a los teléfonos de millones de personas a través de las aplicaciones y mensajerías. Según publicó Noticias de Esquel, la fiscalía federal informó que en su investigación reunió elementos que permitirían acreditar que la responsabilidad de la filtración recae sobre Aguiar, “quien participó del procedimiento de recuperación del cuerpo del río Chubut y su resguardo en la Morgue de la ciudad de Esquel” el 17 de octubre del año pasado, día de la aparición del cuerpo unos 80 metros río arriba del lugar donde se lo había visto por última vez, mientras era perseguido por gendarmes. La fiscalía comunicó que “se recuperaron las fotografías tomadas por las otras tres personas que sí tenían autorización para hacerlo y que ninguna de ellas se corresponde con las que fueron viralizadas por las redes sociales”. También se secuestró y sometió a peritaje el celular del médico involucrado; hubo declaraciones testimoniales, se agregaron soportes fílmicos y fotográficos que ubican al imputado tomando las fotos, y se agregó el sumario administrativo de la Policía Federal. “Nos reclama 500 quinientos mil pesos en concepto de hipotéticos daños y perjuicios”, expresaron desde el portal.
31 de julio de 2018Los datos de la llamada
El juez federal Gustavo Lleral recibió una carta documento enviada por el ingeniero Ariel Garbarz para que emita una medida cautelar que impida a la empresa Movistar la destrucción de “metadatos que serían fundamentales para el esclarecimiento” del caso Maldonado. La prestadora de telefonía celular procedería a eliminar la información el 2 de agosto, y Garbarz pidió que sea preservada la referida a la llamada recibida en uno de los celulares que usaba Maldonado, el 2 de agosto del año pasado, como así también los datos de los celulares de Gendarmería. La abogada Verónica Heredia había solicitado al juzgado en febrero que citen a Garbarz pero la respuesta fue negativa. Fuente:Pagina12
31 julio, 2018
Por Diego Sztulwark
I. Una muerte política
Toda vida política, insubordinada, arrastra consigo un riesgo y una enseñanza. Un potencial de enfrentamiento con poderes asesinos y otro cognitivo que desmitifica zonas veladas del orden. Las muertes políticas no pueden, por tanto, ser tratadas como meras víctimas. Sería ignorar lo que ellas envuelven: un compendio libertario de saberes peligrosos y problemas irresueltos que un tiempo histórico prefiere acallar. De allí la naturaleza disyuntiva de estas vidas interrumpidas con violencia, como las de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel. Esos saberes resultan aplastados por la industria de la memoria y por la concepción de peritajes a los que el Estado, responsable de esas muertes en la abrumadora mayoría de los casos, reduce el problema de la verdad. Esto plantea la cuestión antagonista de cómo continuar, en el orden de la investigación y la escritura, con el desafío que cada muerte política deja sin desplegar.
El caso de los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán provocó una investigación y un libro, Darío y Maxi, dignidad piquetera. El Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón reconstruye en esta obra la coyuntura, el contexto de lucha, el dispositivo represivo y las responsabilidades. Puede decirse algo similar del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, de Diego Rojas. Walshismo. Es decir, una escritura que documenta y prolonga una lucha. La función poética de tales escrituras tiende a eludir la romantización heroica, la criminalización patologizante y el olvido. Su tarea es establecer las conexiones posibles entre el archivo y el propio inconsciente de la escritura (una forma no estatal de la memoria) asomando al vértigo de la nada, esa insignificancia que amenaza a los cuerpos y los condena al olvido a la indignidad del mito de lo heroico, cuando borra y sustituye lo que las existencias políticas sintetizan, y cancela el principal desafío de este tipo de escrituras: retomar sobre sí la naturaleza del campo de batalla a punto de perderse con la aniquilación de la vida política en cuestión. Una escritura así se declara combatiente frente al olvido, pero también frente al miedo.
II. Hechos y contexto
Los hechos: el 1 de agosto de 2017 se conoció la desaparición de Santiago Maldonado –joven procedente de Buenos Aires que solía viajar ganándose la vida como artesano–, en medio de una represión contra una comunidad mapuche de la Patagonia argentina, a cargo de la Gendarmería Nacional. Durante meses creímos, a partir de los testimonios de la comunidad, que Maldonado había sido capturado por la Gendarmería. Pero esto no resultó del todo aclarado puesto que, tras la aparición del cuerpo, los estudios forenses realizados hasta la fecha establecieron que este estuvo durante meses en el río. Mientras tanto, durante ese mismo lapso en el que hubo una extraordinaria movilización social organizada bajo la pregunta “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, el gobierno hizo todo lo posible para confundir y evitar que las cosas se esclarecieran.
El contexto: el conflicto entre las fuerzas de seguridad del Estado y las comunidades mapuches en lucha se centra en el reclamo de tierras ancestrales del Sur del país ocupadas por grandes empresas como Benetton (producción ganadera, de lana, monocultivo forestal) o los grupos Roca, Bemberg, Lewis y otros. En todos estos casos, la apropiación de tierras es irregular e implica conflictos con las poblaciones desplazadas.
Estas disputas se han masificado e intensificado durante los últimos años debido al valor creciente de estos territorios. Para comprender la dinámica de este conflicto, es necesario intentar captar la superposición de dos lógicas complementarias: la concentración de la propiedad en torno a una economía extractivista, que cada vez más se desplaza hacia las fuentes de energía, y la tentativa de encuadrar como “terrorista” toda resistencia a la expropiación de territorios. De modo simultáneo, el gobierno de Mauricio Macri aceptó el diagnóstico del Comando Sur de los EE.UU. que incluye la lucha de los mapuches en la lista de nuevas amenazas a la seguridad del Estado. Es decir, se parte de la idea de que las comunidades mapuches y sus luchas por la tierra son estructuralmente criminalizables. La represión ilegal en la cual perdió la vida Maldonado estuvo comandada sobre el terreno por Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, abogado de jefes militares de la última dictadura y apologeta del terrorismo de Estado. Ya había antecedentes serios. Durante el mes de enero del mismo año, hubo otra dura represión de la Gendarmería contra una comunidad mapuche en lucha. Como ahora, en aquella represión la Gendarmería actuó mas allá de toda orden judicial, pero con nítido apoyo político. Esta situación se inscribe en una serie represiva más amplia como lo fueron la represión a los docentes que intentaban poner una carpa en la plaza del Congreso en su lucha por salarios y defensa de la educación pública, a las mujeres convocadas por el movimiento Ni Una Menos en lucha contra los femicidios, a los trabajadores de Pepsico en lucha contra los despidos o a los grupos piqueteros que reclaman la emergencia social y alimentaria. Esta serie culmina con el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura y la declaración en apoyo de lo actuado por las fuerzas de seguridad por parte de la Ministra de Seguridad, y la masiva represión de diciembre de 2017 en el mismo momento que el Congreso Nacional aprobaba una reforma del sistema previsional. En todos los casos –hay más–, la violencia oficial forma parte de una política comunicativa, que está dirigida a la producción de una cierta “normalidad” a través de la amenaza y el miedo.
III. La violencia estructural
Ante este estado de cosas muchos nos preguntamos qué se entiende hoy por democracia en nuestro país, dado que la definición de democracia como vigencia del Estado de derecho nos resulta demasiado estrecha. Lo cierto es que la crisis política se viene arrastrando de lejos, y en la fase actual el gobierno está comprometido en un proceso de concentración de la riqueza de muy difícil aceptación popular. El modelo en curso –acumulación por desposesión, neoextractivismo, hegemonía de las finanzas y apelación al orden– no encuentra oposición política que demuestre tener un programa o plan político alternativo. Solo la calle resiste. ¿Entonces?
El problema de la violencia no ha dejado de plantearse como una cuestión absolutamente central en la historia del país. La desaparición de Maldonado, el conflicto mapuche, nos llevan a recordar la tesis del gran escritor David Viñas, autor de un libro clave publicado a fines de los años setenta, Indios, ejército y fronteras, para quien la conquista de la Patagonia, la guerra contra el indio y la expropiación de sus tierras no solo conforman las bases fundacionales del Estado, sino también la mentalidad de las clases dominantes del país (incluyendo lo que él denomina los “intelectuales colonizados”).
Hay una historia que es necesario tener presente porque sus líneas básicas siguen actuando en nuestros días. El bombardeo a la Plaza de Mayo y el derrocamiento del gobierno de Perón, sostenido por una movilización popular significativa, promovió décadas de violencia. Durante la última dictadura militar –1976/1983– se constituyó un “Estado terrorista” (es importante esta caracterización temprana hecha por Eduardo Luis Duhalde en un libro que lleva precisamente ese título). El terrorismo de Estado aplicó la violencia no solo para desarticular a las organizaciones armadas revolucionarias (cosa que logró en torno al año 1977), sino para remodelar quirúrgicamente la estructura social del país. Para decirlo pronto: impuso un modelo de acumulación fundado en la valorización financiera (cuestión que explica muy bien el economista Eduardo Basualdo y su equipo) y la difusión del terror como amenaza de aniquilación en el interior del cuerpo social (inevitable citar de nuevo la obra de León Rozitchner), y blindó la relación entre concentración de la riqueza y defensa armada de la propiedad privada, cosa que ninguno de los gobiernos democráticos posteriores alcanzó a poner en discusión. La democracia posterior a 1983 se funda sobre la base de una total falta de voluntad en cuestionar las principales líneas de continuidad de esta violencia en la que se sustenta la concentración de la propiedad privada. Bien mirada, esa relación entre economía y terror sigue siendo el problema principal de la democracia argentina: la imposibilidad de cuestionar la concentración de la propiedad de la tierra, del control de los alimentos, de los medios de comunicación o de las finanzas.
IV. Ofensiva sensible de masas
La dinámica expropiadora del capital se completa con formas estatales y paraestatales de violencia. Pero hace ya años que a la pedagogía de la crueldad de los poderes se le responde con enormes movilizaciones. De 2001 para acá, la exigencia de las luchas sociales plantea la pregunta por los modos de superar una visión cada vez más restringida de la democracia. A contramano del proceso político, cada vez más reaccionario, en los últimos años se profundiza esta tendencia a las manifestaciones masivas: contra el beneficio del 2×1 a los genocidas condenados, por la aparición de Santiago Maldonado, contra la reforma del régimen previsional; las convocadas por el Movimiento de Mujeres, y las movilizaciones de trabajadores que no han escaseado y que tienen el interés renovado de combinar, como nunca antes, demandas conjuntas de trabajo en blanco con trabajadores de la economía informal popular. Lejos de una sociedad derrotada, asistimos a una renovada capacidad de movilización y organización. El interés de este activismo colectivo se redobla cuando lo percibimos en el nivel micro –en experiencias educativas, entre trabajadores de la salud, redes de trabajadores sociales o de artistas–, desplegado como una enorme tela de araña de procesamiento, de ruptura con la perplejidad, de resensibilización del campo social y de fermento de nuevos escenarios.
Dossier Santiago Maldonado, elaboración colectiva de La luna con gatillo, Resumen Latinoamericano, Contrahegemonía web, Lobo suelto y La tinta.
*Por Diego Sztulwark.
*Integrante del portal Lobo suelto.
Fuente:laTinta
No hay comentarios:
Publicar un comentario