28-06-2018
La querellante en los juicios de la Subzona 14 y víctima de la última dictadura militar, Raquel Barabaschi, le mostró a los jueces y abogados dónde funcionaba la sala de tortura, los calabozos en los que permanecían en cautiverio y el sitio de las escaleras que los llevaban a la temida planta alta, durante una inspección ocular que se realizó este jueves por la mañana en la Seccional Primera de Policía de Santa Rosa.
En ese edificio de Padre Buodo y Belgrano -que había sido remodelado antes del golpe de estado del ‘76- funcionó el principal centro clandestino de detención durante la dictadura.
Los jueces Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Aguerrido encabezaron la recorrida. También estuvieron representantes del fiscalía, los abogados de las querellas Franco Catalani, Maxi Corroinca y Miguel Villagra, el querellante y periodista Pinky Pumilla, y un solo abogado defensor, Máximo Pérez Flores, hijo de uno de los imputados en el segundo juicio, el exmédico policial Máximo Pérez Oneto.
El edificio de la Primera tiene muchas modificaciones. La escalera por la que subían a las víctimas ya no está. Solamente sobrevive una segunda escalera, por la que las bajaban. Además, la sala de las torturas se redujo a la mitad. Construyeron un baño que le quitó la mitad del espacio e inclusive desapareció la puerta por la que se ingresaba, según detalló Barabaschi. Una parte de las celdas sí está prácticamente igual.
Después de la inspección en la Primera, la comitiva se traslado a Raul B. Díaz y Río Negro, donde funcionaba la Brigada de Investigaciones durante la dictadura, y también se alojó a secuestrados y se los torturó.
Como en el primer histórico juicio a los represores pampeanos, los jueces recorrieron las instalaciones donde la mayoría de las víctimas permanecieron secuestradas y fueron torturadas durante el tiempo de detención. En el frente del edificio policial ya hay una placa que señala el lugar como centro clandestino de detención. Algunas organizaciones de derechos humanos reclaman que el lugar se convierta en centro de la memoria -al estilo de la ex ESMA- y deje de pertenecer a la Policía.
En la planta alta del edificio funcionaba la Unidad Regional I en la época de la dictadura. Allí, el grupo de policías que integró la patota de la Subzona 14 interrogó y torturó a secuestrados que permanecían en sus calabozos o estaban en las cárceles federales.
Acusados
En el marco del juicio que comenzó en agosto del año pasado, y que se desarrolla en el Colegio de Abogados y Procuradores de la capital pampeana, quedan 14 imputados en el banquillo. En el transcurso del debate quedó fuera del juicio por razones de salud el represor Roberto Fiorucci, un excomisario que ya fue condenado en el juicio de 2010.
Salvo Reinhart -aún cumple la primer condena-, el resto de los acusados está en libertad o con domiciliaria. Son el excoronel y exsecretario general de la Gobernación Néstor Omar Greppi, el exmayor del Ejército y exjefe de la Policía de La Pampa Luis Enrique Baraldini; Carlos Roberto Reinhart, oficial del grupo; Antonio Oscar Yorio, oficial; Néstor Bonifacio Cenizo, oficial; Hugo Roberto Marenchino, oficial; Oscar Alberto López, oficial; Athos Reta, oficial; el exagente Orlando Osmar Pérez; el exoficial de la Seccional Primera de Santa Rosa Miguel Ángel Ochoa; el exoficial de la Primera Jorge Osvaldo Quinteros; el exoficial de la Comisaría de Toay y de la Primera de Santa Rosa Juan Domingo Gatica; el exoficial del Departamento de Informaciones Policiales Luis Horacio Lucero, y el exmédico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto.
La represión en la provincia
En La Pampa, hubo 52 pampeanos desaparecidos en La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca y otras ciudades del país, muchos estudiantes universitarios. En cautiverio nacieron dos niños, los hijos de los desaparecidos pampeanos Lucía Tartaglia y Carlos Orzaocoa. Después de 42 años, el año pasado la hija de Lucía recuperó la identidad y se reencontró con sus tíos y primos.
En La Pampa se formó un grupo de tareas formado por policías bajo la órbita de la Subzona 14, una de las áreas en las que los militares dividieron el país para la represión. Funcionaron en la provincia seis centros clandestinos de detención (Dos en Santa Rosa, dos en Jacinto Arauz, uno en Pico y otro en Catriló).
En ese marco, se secuestró a 331 personas (médicos, docentes secundarios y universitarios, militantes sociales, gremiales y políticos, periodistas, y funcionarios depuestos).
Además, cesantearon a 392 personas de la administración pública en el marco de la persecución ideológica realizada.
El 16 de diciembre de 2010, en el primer juicio a los represores pampeanos, la justicia federal condenó a 9 militares y policías por los secuestros y torturas de 28 personas con penas de 8 a 20 años de prisión. Los primeros condenados fueron: Néstor Greppi, Roberto Constantino (ya fallecido), Roberto Fiorucci, Omar Aguilera, Néstor Cenizo, Carlos Reinhart, Oscar Yorio, Athos Reta y Hugo Marenchino
En agosto de 2017 comenzó el segundo juicio a los represores pampeanos, esta vez por otras 236 víctimas de secuestros y torturas. La mayoría, o familiares y allegados, desfilan frente al tribunal durante estos meses dando testimonio de los delitos que padecieron.
En agosto de 2017 comenzó el segundo juicio a los represores pampeanos, esta vez por otras 236 víctimas de secuestros y torturas. La mayoría, o familiares y allegados, desfilan frente al tribunal durante estos meses dando testimonio de los delitos que padecieron.
Hay un tercer juicio que aun no tiene fecha. Por ahora hay 6 represores imputados por delitos de lesa humanidad. Entre los acusados, el exjefe de la Policía Luis Baraldini, el militar Néstor Greppi, otro militar y el represor Carlos Reinhart, están imputados por delitos sexuales en contra de un hombre y una mujer. El militar Gerardo Jáuregui y Jorge Omar De Bartolo están acusados de más de 50 secuestros y torturas. El policía Humberto Riffaldi, exjefe del Departamento de Inteligencia de la Policía (hacía inteligencia y espionaje), es otro de los imputados. Como la investigación está abierta, el procesamiento podría ampliarse a nuevos acusados.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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