Foto: Canal Abierto
El acuerdo paritario dado a conocer en los últimos días, entre docentes y el gobierno Mariano Arcioni, sirve tal vez para culminar con una serie de medidas contundentes llevadas adelante por los trabajadores, pero ese cierre puede considerarse momentáneo a partir de que existe un núcleo numeroso de docentes denominados “autoconvocados” y otros pertenecientes a diferentes espacios – con minorías de congresales en las diversas regionales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) -, que aceptaron a regañadientes el presunto arreglo que, por otra parte, sólo disimula una situación que es general, ya que alcanza al total de los empleados estatales, cuyo porcentaje en la provincia alcanza a más de un 60 por ciento. Por José Luis Pope | Radio Sudaca, FM Comunitaria de Trelew.
Los números fríos indican que lo obtenido representa un 16,7 por ciento de aumento sobre el básico que para un docente inicial en junio era de 8426 pesos, pasando ahora a ser de 9776 pesos. A esto deberá sumarse la cláusula gatillo prevista para julio y octubre, para lo que se tendrá en cuenta un promedio del costo de vida entre las cifras de la Patagonia y Nación, firmándose también el no descuento de los días de paro, el compromiso para la revisión en materia de infraestructura ante la precariedad existente en mayoría de escuelas y otras cuestiones que deberán exigirse en el futuro.
Mas allá de las posturas, éste conflicto que logró visibilizarse a partir de la ocupación pacífica del Ministerio de Educación en Rawson – lo que replicó en similares acciones en delegaciones del resto de la provincia como Esquel, Madryn, Comodoro, Sarmiento y hasta Trelew -, no puede ocultar que hay sectores que padecen las mismas dificultades, como el de salud, que logró acordar en distintas instancias, y los auxiliares de la educación, que aún hoy continúan con ocupaciones y movilizaciones.
Se puede considerar como un logro el fortalecimiento de las bases, que empujaron a los propios dirigentes sindicales y resultó que se abrieran las paritarias, cuando los docentes y el resto de los empleados estatales no tenían un aumento desde julio de 2017. Gracias a estas acciones las negociaciones se abrieron en los distintos gremios, y dejando de lado lo exiguo del aumento obtenido, quedó latente que la lucha no está terminada y que esto sólo es el comienzo de una movilización permanente. Así lo manifestaba el núcleo más duro, que permaneció cuarenta días en el interior y exterior del Ministerio de Educación, al momento de levantar el acampe aquel 9 de julio, una vez producida la firma del acuerdo.
Pero cabe destacar que frente a la mismísima casa de gobierno durante mas de cien días permaneció armada la carpa de la unidad, donde confluían gremios estatales, que empujados por miles de trabajadores, llevaron adelante masivas movilizaciones desde el mes de marzo.
Del otro lado, el gobierno de Mariano Arcioni, un escribano que fortuitamente quedó como gobernador ante el fallecimiento de su gestor Mario Das Neves, se jacta de tener una provincia ordenada, en funcionamiento y acabar con el jolgorio, cuando en realidad se están pagando los sueldos en forma escalonada y por rangos, mientras que en el interior padecen una crisis energética terminal.
Además, dejando de lado al empleado estatal, la zona del valle de Chubut fue considerada como la que tiene mayor índice de desocupación en el país. El parque industrial textil se cae a pedazos en Trelew y los sindicatos petroleros en Comodoro negocian para que los despedidos sean los menos posibles.
En medio de todo esto, genera también malestar en los habitantes de estos lugares – que en mayo tenían una canasta básica de 27.000 pesos para poder vivir – los casos de corrupción que llegaron a los estrados judiciales y por los cuales hay 11 detenidos, entre funcionarios y empresarios, sumando más de veinte procesados.
Sólo para muestra vale decir que uno de los detenidos era secretario privado del gobernador y otro fue su ministro de economía hasta hace poco tiempo, y el propio Arcioni figura en una lista donde se vincula a personas que habrían obtenido sobresueldos de una denominada “caja negra”, a partir de sobornos que se pedían a empresarios relacionados con la obra pública, desde las gestiones llevadas adelante por Das Neves, de quien el actual gobernador era su vice.
Estas situaciones son una clara muestra de que lejos de solucionarse todos los problemas por el hecho de culminar con un conflicto para que “los niños vuelvan a las aulas”, el conflicto o la problemática persiste, en una provincia sometida a los designios de la nación, a partir del apego al pacto fiscal que permitió el dictado de una ley de emergencia que profundiza el ajuste.
La actitud de los docentes y otros sectores visibilizó solo una parte de esta cuestión, pero el incendio aún sigue latente y da la impresión que el fuego se avivará en cualquier momento.
Un fallo obliga a Vidal a negociar con las maestras
Durante meses la gobernadora no convocó a la paritaria. Ahora, el Tribunal de Trabajo 1º de La Plata falló a favor de los gremios docentes y obliga a retomar la negociación. Vidal tiene cinco días para cumplir.
El Tribunal de Trabajo 1º de La Plata falló a favor de las trabajadoras y los trabajadores docentes y le ordenó a María Eugenia Vidal convocar a los gremios para retomar la negociación paritaria.
El fallo, firmado por los jueces Stella Maris Marcasciano, Mauricio Javier Bordino y Víctor Hugo Guida, surge de un amparo presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a diferentes gremios en la provincia (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba). Recordemos que la gobernadora había tomado la decisión unilateral de cerrar la negociación paritaria tras disponer de un aumento del 15% en tres cuotas y una serie de sumas no remunerativas por presentimos y otros conceptos.
Ahora, el Ministerio de Trabajo provincial tiene 5 días para convocar a las partes y reabrir la negociación paritaria. De lo contrario, habrá multas contra la provincia.
De este modo, los docentes tienen la oportunidad de volver a poner sobre el tapete el enorme retraso salarial que sufren en el marco de fuertes tarifazos, inflación y devaluación.
Será a partir de las 17 horas desde el Congreso. Reclaman un paro activo nacional de 36 horas contra el acuerdo de Macri y el FMI.
La medida fue resuelta en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos que se realizó el pasado 23 de junio en el micro estadio de Lanús y del que participaron más de 4 mil delegados de todo el país. La acción se replicará bajo diversas formas en más de una decena de provincias y estará presidida por el rechazo al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa parte de la concepción común de los convocantes acerca del papel de colaboración que han jugado los líderes del triunvirato de la CGT e incluso de las CTA para que avance el ajuste del gobierno y que, aseguran, ahora se profundizará a partir del acuerdo del gobierno con el FMI. Según el documento que acordaron los organizadores, de hecho, “la CGT se vio obligada a llamar a esta medida por la presión creciente de las bases obreras, pero lo hace con el objetivo de descomprimir la bronca popular generalizada”.
Es por ese motivo que reclaman un plan de lucha y lo vinculan a la pelea por “una nueva dirección el movimiento obrero”.
De la movilización que está convocada a partir de las 17 horas en el Congreso, participarán alrededor de 30 sindicatos que fueron los que, a su vez, formaron parte de la convocatoria al microestadio de Lanús. Además de los mencionados estarán, entre otros, el sindicato de médicos bonaerenses, la CICOP, el de docentes universitarios de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), el de docentes porteños Ademys y una decena de seccionales de los Suteba opositores como La Matanza, Ensenada y Tigre.
Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA explicó a Tiempo Argentino que “la marcha es por todos los reclamos de los trabajadores para enfrentar el ajuste. Se da en un momento en el que el gobierno no pega una y no sabe para dónde ir mientras la CGT, de nuevo, mira para otro lado. Estarán los Suteba que hoy mismo están de paro y vendrán los trabajadores Telam que tendrán su lugar en el escenario. Será un reflejo de las luchas que está dando hoy mismo el movimiento obrero contra el ajuste.”.
Creemos que es necesario un congreso de bases de delegados con mandato de bases para quebrar el ajuste del gobierno nacional, los gobernadores de la supuesta oposición y el Fondo Monetario Internacional.”.
Además, Celotto, precisó que también será “parte de la batalla por el aborto legal seguro y gratuito. Estaremos las dirigentes sindicales que logramos arrancarle una reunión a la CGT para exigirle un paro para el 8 de agosto cuando se trate la ley para lograr su aprobación.”.
“Exigimos un equipo de orientación escolar para cada escuela”
Por ANRed
El pasado 19 de junio el Ministerio de educación de la Provincia de Buenos Aires emitió una resolución la 1736/18 en la cual se decide que todos los Equipos de Orientación Escolar (EOE) dejan de pertenecer a la planta funcional de las escuelas y pasan a ser distritales. Docentes y la comunidad educativa exigen al derogación de dicha resolución ya que consideran que “perjudica directamente a la escuela pública en todos sus Niveles”. Mañana se realizará una movilización en la ciudad de La Plata para exigir la derogación de la resolución.
Cada EOE esta conformado por lo menos tres profesionales cubriendo los roles de Orientador Social ( trabajador social), Orientador de aprendizaje (psicopedagoga) y Orientador educacional ( psicopedagoga o psicologa) en las escuelas primarias.
“Te cuento que fuimos al Concejo deliberante de Lanus porque esta semana les pedimos a los concejales que se expidieran por la derogación de la resolución 1736/18. Logramos que se trate en el recinto pero lamentablemente la mayoría de los concejales (Cambiemos) votaron en contra de pedir la derogación. Algunas compañeras de otros distritos dicen que luego del receso de invierno se comenzará a dar marcha a la resolución, esto significa que los EOE dejaran de pertenecer a las escuelas y atenderán otras escuelas que no tienen equipo, es decir que en lugar de crear los cargos que se necesitan sobrecargan a los que funcionan, además de desarmarlos ya que son interdisciplinarios.” explicó una trabajadora en diálogo con ANRed
Agregó “Los EOE junto a los gremios abrazamos simbólicamente a la sede de Psicología comunitaria y Pedagogía Social de Lanus que funciona desde hace 31 años en ese lugar y el Jefe Regional la cambió de lugar donde funcionan otras inspecciones (Primara, Inicial, Artística, etc). A partir de la semana que viene será sede de jefatura Regional . Esto en psicología lo vivimos como un atropello que nos movilizo a todos”
Carta de una docente
Hoy los equipos de Orientación Escolar que pertenecemos a la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, estamos reclamando la anulación de la resolución 1736/18 que propone: que los Equipos no desempeñen su tarea todos los días en su escuela, si no que se conviertan en Distritales debiendo abarcar varias instituciones.
¿A que apunta esta decisión? A recortar recursos. Esto significa que los Equipos que hoy existen deberán repartir su tarea en mayor cantidad de escuelas.
Y, por supuesto, que afecta directamente nuestra labor cotidiana:
-Afecta el acompañamiento diario de las trayectorias escolares de los N/N/A /J y A.
-Afecta la articulación con las organizaciones barriales y Centro de Salud.
-Y afecta nuestra relación con la comunidad educativa toda, que se construye en el tiempo, con el conocimiento, con el intercambio y con la confianza que logramos al vernos todos los días.
Esta Resolución perjudica directamente a la escuela pública en todos sus Niveles.
Por eso les pedimos que nos acompañen en nuestro reclamo, para exigir, como lo plantea la ley Provincial de Educación, UN EQUIPO
DE ORIENTACION ESCOLAR PARA CADA ESCUELA.
E.O.E DISTRITO DE LANUS.
Macri cedió a la presión militar y dará un 20 por ciento de aumento a las FFAA
Soldado que cobra sirve para otro desfile
Tras suspender el desfile del 9 de Julio por el malestar en las Fuerzas Armadas ante el aumento salarial del 8 por ciento, el Presidente les prometió un 15 por ciento a los militares. Ahora elevó ese compromiso y dará una suba del 20.
Imagen: Presidencia de la Nación
Finalmente, tras el malestar desatado en las Fuerzas Armadas por el aumento salarial anunciado por el Gobierno, primero de un 8 por ciento y después de un 15, el presidente Mauricio Macri prometió un aumento del 20 por ciento para los integrantes de las tres fuerzas. La nueva oferta rompe el techo salarial que el propio Gobierno quiso imponer en las negociaciones paritarias.
La promesa del nuevo aumento fue realizada esta mañana, en la Quinta de Olivos, donde el Presidente recibió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa y a los tres jefes militares. El malestar en el ámbito castrense llegó a su punto culmine días atrás con la noticia del magro aumento y la suspensión del desfile militar que iba a realizarse el 9 de Julio, por el Día de la Independencia.
Según trascendió, además del aumento del 20 por ciento, el Gobierno se comprometió a blanquear parte de los sueldos del personal militar para ir hacia la eliminación de las sumas fijas y equiparar los salarios con el de las otras fuerzas de seguridad.
A principio de mes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el aumento del 8 por ciento para el personal de las Fuerzas Armadas. Tras la desaprobación masiva entre las filas, Aguad salió a decir que había sido un error y que la suma de aumento sería de un 15 por ciento.
“Me hago responsable del bono del 8 por ciento que generó malestar con las Fuerzas Armadas, fue un error y está en vías de corregirse”, había dicho en su momento el ministro de Defensa, quien reconoció así el conflicto generado por la decisión. Al malestar generado entre los militares le siguió la suspensión del desfile militar, aunque las autoridades explicaron que la baja fue por “cuestiones presupuestarias”.
El acotado aumento de los sueldos de los militares contradecía el pedido de mayor “colaboración” que el propio Macri hizo durante el acto por el Día del Ejército argentino, el 29 de mayo, cuando le pidió a los jefes de las fuerzas “más esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado”. Lo dicho le valió la reacción de los organismos de derechos humanos y sectores opositores quienes denunciaron que el Gobierno buscaba la participación de los militares en la seguridad interior, algo prohibido por ley.
Télam: sin fundamentos, Lombardi defendió en Diputados los 357 despidos
Este miércoles el ministro evadió responder la mayoría de las preguntas sobre los despidos masivos en la agencia de noticias del Estado. A los despedidos se les negó la participación en el debate. Del Caño fustigó: “usan argumentos sacados del arsenal de Videla para justificar despidos”.
Cuando el reloj se acercaba a las 21 h, la diputada macrista Cornelia Schmidt-Liermann entonó, casi a los gritos, un cantito: “lalalalala”. La legisladora oficialista “cantaba” para tapar los reclamos de los diputados opositores.
A esa hora, Hernán Lombardi, tras una hora de haber empezado a hablar, seguía sin responder prácticamente a ninguna de las preguntas que le habían formulado sobre los 354 despidos en la agencia Télam.
En el edificio anexo de la Cámara de Diputados, el ex funcionario de De la Rúa estuvo acompañado por Rodolfo Pousá, presidente de la agencia, y el ex cronista gremial de Clarín, Ricardo Cárpena. Durante más de cuatro horas, al tiempo que justificaron los despidos masivos, evadieron dar explicaciones sobre las razones de los mismos.
Para los trabajadores de Télam que se hicieron presentes las exposiciones fueron, a la vez, una burla y un maltrato. Una burla porque los funcionarios se negaron a dar respuestas. Un maltrato porque se repitieron los argumentos en su contra para justificar los despidos.
Los diputados y diputadas macristas solo se hicieron presentes para jugar de aplaudidores de las palabras de Lombardi. Llegaron a la sala con cerca de 20 minutos de retraso, todos juntos y rodeando al funcionario nacional. Una suerte de “escolta” que Lombardi no necesitaba.
Entre quienes batieron palmas avalando los despidos estuvieron las legisladoras oficialistas Silvia Lospennato y Karina Banfi. Parece que la sororidad no se extiende a las trabajadoras de la agencia estatal de noticias echadas por su gobierno. Entre ellas todas las que cubrían la agenda de Género.
Maltrato y falta de respuestas
Entrar a la sala donde se realizó la interpelación a Lombardi representó una pequeña odisea para casi todo el mundo. A cronistas acreditados se les pidió incluso que solicitaran un “permiso” para lograr ingresar.
A los trabajadores y trabajadoras de Télam, mientras tanto, se los confinó a un espacio reducido en el fondo de la sala, junto a los periodistas. Allí, en una suerte de corralito, con sus cárteles reclamaron contra los despidos.
Fue desde ese lugar desde donde interpelaron en varias ocasiones al mismo Lombardi y a Pousá. Ahí, en el fondo de la sala, el humor se mezcló con la bronca. No era para menos. En más de 4 horas de reunión, los funcionarios casi no respondieron a las decenas de preguntas que les formularon los diputados, no solo opositores sino también del propio oficialismo.
#AHORA I Los trabajadores y las trabajadoras les dicen con respeto y ánimos de diálogo #NoALosDespidosEnTelam a @herlombardi y a sus autoridades.#NoALosDespidosEnTelam #357Adentro
Productividad y rentabilidad
La audiencia se inició con una “explicación” de parte de Pousá sobre los despidos. Así el funcionario se refirió a la “desordenada gestión de las administraciones previas”, despotricó contra las “61 medidas gremiales” que se realizaron en los últimos dos años –sin explicar de qué tipo de medidas se trataba- y defendió los despidos aduciendo motivos financieros.
El presidente de la agencia habló como si se tratara de una empresa privada, cuyo objetivo es tener ganancias y no prestar un servicio público. Pousá tiene experiencia en la materia. El olvidable gobierno de la Alianza lo designó en su momento al frente de Télam para encabezar un plan de vaciamiento. Ese proyecto, que fracasó por la resistencia de los trabajadores, implicó sin embargo más de 150 despidos. En ese marco que haya llegado hasta el Congreso a justificar las cesantías no debería sorprender.
Hernán Lombardi no hizo más que repetir sus argumentos. Habló de “viabilidad y sustentabilidad”. Además afirmó que “nos encontramos frente a una estructura funcional de recursos humanos sobredimensionada que hipotecó el futuro de la agencia” y que la convirtió en una “usina de militancia partidaria”.
“Télam puede ser competitiva”, lanzó buscando darle a su discurso una mística de la que carecía. La frase resume, sin embargo, el pensamiento gerencial del funcionario. La agencia estatal de noticias debe manejarse como una empresa privada donde los criterios sean “productividad” y “costos”.
Luego de las exposiciones iniciales comenzarían las intervenciones de los legisladores. Lombardi, Pousá y Cárpena no pudieron contestar los cuestionamientos que surgieron de todos los bloques opositores. Fueron incapaces de fundamentar las razones por que la se había despedido a más de 350 personas.
Los mismos funcionarios que adujeron “poco rendimiento” como justificativo de los despidos no pudieron explicar porque esa razón no figuraba en los telegramas. Esa consulta, realizada por diputados de distintas fuerzas -como Del Caño (PTS-FIT), o Alejandro Grandinetti y Facundo Moyano (FR)- nunca fue contestada.
Haciendo referencia a las primeras declaraciones del oficialismo para justificar los despidos, el diputado de izquierda también criticó duramente el argumento de que trataba de “trabajadores ideologizados”. Eso “es del arsenal de la dictadura de Videla. Todo trabajador tiene derecho a tener la ideología que quiera”, lanzó Del Caño.
Bronca contra la hipocresía
“En la gestión anterior no se podía mencionar la palabra aborto. Estaba prohibida”.
A Ricardo Cárpena le llovieron las críticas, a los gritos, desde el fondo de la sala. “Echaste a todas las trabajadoras que cubrían Género”, lanzaron desde el sector donde estaban las y los trabajadores de Télam.
Eran cerca de las 23.30 h cuando finalizó la reunión. El titular de la comisión de Legislación del trabajo, el peronista Sergio Ziliotto cerró diciendo que “más de uno no se va conforme, más allá de donde este sentado ideológicamente”.
Lo que el legislador pampeano dejaba de lado era a los trabajadores. Para ellos los 354 despedidos no son una cuestión de ideas en general. El paso de Lombardi, Pousá y Cárpena por el Congreso estuvo muy lejos de darles una respuesta. Menos aún de revertir los despidos.
Por eso es necesario seguir apoyando activamente esta pelea. Si ganan los trabajadores y trabajadoras de Télam gana el conjunto de la clase obrera. Se trata de enfrentar un ajuste que hoy los ataca a ellos directamente pero va dirigido contra el conjunto del pueblo trabajador.
Hugo Moyano recibió a los trabajadores despedidos de Télam
El sindicalista escuchó a varios cesanteados y manifestó su apoyo a las 354 víctimas del ajuste que aplicó Hernán Lombardi en la agencia estatal de noticias.
El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, recibió a representantes de los 354 despedidos de la agencia estatal de noticias Télam, orden de ajuste ejecutada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.Un grupo de trabajadoras despedidas fue hasta el Sindicato de Camioneros y le contaron su situación. “Tenían, al menos, 20 años de antigüedad en la empresa, algunas ni siquiera recibieron telegrama de despido y le expresaron la triste situación que están atravesando”, contó a El Destape el secretario gremial y de organización del Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), Daniel Segal.Además, los dirigentes del SITRAPREN le contaron las distintas gestiones realizadas en distintos ámbitos. Moyano se solidarizó con los trabajadores de Télam y dijo que iba a intentar hacer todas las gestiones que estén a su alcance para una solución al conflicto, del mismo modo que lo hizo en el 2000, momento en el cual, a raíz de su intervención en el conflicto, se logró recuperar la Agencia como Télam Sociedad de la Estado.
Trabajadores de Radio DEL PLATA en LUCHA
Radio Del Plata AM 1030, vuelve ahora al aire porque no queremos que nos silencien y porque queremos que ustedes los oyentes puedan seguir contando con nuestras voces. Los dueños de la radio la quieren vaciar.
Seguiremos con retención de tareas de 15 minutos por hora, sabemos que están con nosotros, gracias!
Seguiremos con retención de tareas de 15 minutos por hora, sabemos que están con nosotros, gracias!
#delplatadespideynoindemniza
#DelPlataesElectroingeniería
#DelPlataesElectroingeniería
Actualización de nuestra situación:
En la audiencia de ayer en el Ministerio de trabajo, la empresa ratificó los despidos y avanzó en el anuncio de incumplimientos. (Estuvo Sebastián Ferreyra, no dijo ni una palabra)
Los representantes de la empresa expresaron que no hay dinero para pagar un porcentaje mayor del proporcional de salario que viene abonando, que es del 50% desde hace dos meses.
La deuda salarial al día de hoy es de 4 meses , y sigue aumentando. Para los desvinculados la deuda será mayor, ya que la empresa también incumplió su compromiso de seguir abonando en cuotas iguales la deuda salarial acumulada.
Tampoco pagará lo necesario para que los trabajadores cuenten con sus obras sociales . (En el acta ya se denuncia abandono de persona )
En la audiencia de ayer en el Ministerio de trabajo, la empresa ratificó los despidos y avanzó en el anuncio de incumplimientos. (Estuvo Sebastián Ferreyra, no dijo ni una palabra)
Los representantes de la empresa expresaron que no hay dinero para pagar un porcentaje mayor del proporcional de salario que viene abonando, que es del 50% desde hace dos meses.
La deuda salarial al día de hoy es de 4 meses , y sigue aumentando. Para los desvinculados la deuda será mayor, ya que la empresa también incumplió su compromiso de seguir abonando en cuotas iguales la deuda salarial acumulada.
Tampoco pagará lo necesario para que los trabajadores cuenten con sus obras sociales . (En el acta ya se denuncia abandono de persona )
En la información dada por el Estudio Llerena Abogados, en las reuniones informativas con los trabajadores despedidos, hubo dos casos de propuestas que equivalen al 30 y 35% de lo que corresponde como indemnización. No dan detalle de liquidación, solo un monto. Tampoco precisan el tipo de acuerdo, dicen desconocer si será ante escribano o en el SECLO.
Proponen cuotas a 90 y 150 días, sin ajuste por inflación, ni garantías.
Proponen cuotas a 90 y 150 días, sin ajuste por inflación, ni garantías.
Radio Del Plata AM 1030 no cumple con convenios, estatutos, ni leyes laborales.
**********
Los trabajadores seguimos comunicando todo y sumando apoyo en videos en nuestras redes (Twitter y Facebook)
#DelPlataDespideyNoIndemniza #DelPlataesElectroingeniería
Los trabajadores seguimos comunicando todo y sumando apoyo en videos en nuestras redes (Twitter y Facebook)
#DelPlataDespideyNoIndemniza #DelPlataesElectroingeniería
Movilización en Telered por incumplimientos del convenio colectivo
La seccional Buenos Aires Zona 1 del SATSAID se está manifestando por sexto día consecutivo frente a las oficinas de Telered ante reiterados incumplimientos en la aplicación del convenio colectivo de la actividad.
El compañero Eduardo Zunino, Secretario General de la Seccional, explicó que “esta es una pelea que viene de hace tiempo y ya estamos cansados que la empresa haga oídos sordos a nuestros reclamos. Tenemos compañeros que trabajan para para contratistas que no respetan las escalas salariales ni el convenio y mientras tanto, Telered tampoco cumple porque estamos en julio y todavía no entregaron la ropa de invierno a pesar de haberla pedido en reiteradas oportunidades.”
——
5×1: un proyecto que ataca la salud de los porteños
La iniciativa del gobierno de Rodríguez Larreta conocida como Complejo Hospitalario Sur planea destruir 5 hospitales para erigir uno. Y generar un fenomenal negocio inmobiliario a costas de la salud de los porteños, de la pérdida de fuentes de trabajo y del avance en la privatización de la salud pública.
https://www.youtube.com/watch?v=VAdBBqshtD4
Redacción Canal Abierto | El gobierno porteño impulsa el proyecto del Complejo Hospitalario Sur. El mismo implica el cierre y traslado de cinco hospitales monovalentes a un único complejo ubicado en el predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.
El plan pretende trasladar los hospitales especializados de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de rehabilitación respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz, especializado en enfemedades infectocontagiosas.
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas se construiría un nuevo hospital que albergaría a cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.
Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos en ubicaciones preferenciales y con un alto valor de mercado.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.
Este jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.
“Este plan de 5 x 1 de reconversión hospitalaria, reconcentración, no significa ni más ni menos que una disminución de la oferta del servicio de salud público hacia la ciudad. Por otra parte va a significar una reducción de personal”, sostiene Luis Trombetta, médico infectólogo del Hospital Muñiz
Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) señala: “Esto que llaman modernización no es más que ajuste. Ajuste con exclusión estructural, con pérdida de derechos, ajuste que romperá los tradicionales servicios públicos de salud que tiene la Argentina para transformarlos en un mix público privado”… ni más ni menos que la implementación de la CUS (Cobertura Universal de Salud) que tanto la FESPROSA, como ATE y otros gremios y asociaciones profesionales denuncian que el gobierno quiere instalar.
Natalia Castrogiovanni de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de la ciudad de Buenos Aires, en consonancia con Yabkowski señala: “Esto cierra para el macrismo en función del negocio inmobiliario y el negocio que implica la instalación de la CUS que no es más que la instalación de los seguros de salud en la Argentina y que implica la privatización del sistema sanitario”.
El legislador porteño Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, integrante de la Comisión de Salud, señala que el proyecto debe ser aprobado en la Legislatura, cuestión que al oficialismo de Cambiemos no le ofrece dificultad ya que cuenta con mayoría propia y también tiene aliados como los legisladores de Evolución que responden a Martín Lousteau. Según Vilardo el oficialismo está midiendo fuerzas y viendo que reacción genera el proyecto, antes de avanzar. “El desafío es construir fuerza desde abajo y resistir este proyecto del oficialismo que va a atacar las fuentes de trabajo y seguir desfinanciando a la salud pública”, concluye el legislador.
Continúa el reclamo por la reincorporacion de las trabajadoras despedidas de la línea 144
Por ANRed
El martes al mediodía las trabajadoras de la línea de 144, despedidas por reclamar mejores condiciones laborales y ejercer el derecho a hacer paro, junto a las delegadas de ATE participaron de una nueva reunión con las autoridades de la Secretaria de DDHH.
La reunión se llevó adelante en la Secretaria de Derechos Humanos, en 8 y 53, entre las trabajadoras despedidas el 22 de mayo y el Jefe de Gabinete de la Secretaría Francisco Mones Ruíz, ante de ausencia de Santiago Cantón, Secretario de DDHH de la provincia. La propuesta acercada por las autoridades fue para la reincorporación de solo una de las 5 trabajadoras despedidas.
Luego de una asamblea de los/las trabajadores/as en la que debatieron la propuesta, Verónica Misseri, delegada de la línea 144, expresó que “la propuesta es insuficiente y se decidió seguir visibilizando el problema sin cerrar los canales de diálogo”. La próxima semana se realizaria una nueva reunión para tratar de avanzar en la resolución del conflicto.
Las trabajadoras de la línea 144 provincia, que asisten y orientan a las mujeres víctimas de violencia de género, hace varios meses venian denunciando las malas condiciones laborales y la violencia a las que son sometidas, puntualizando en la precarización laboral, salarios debajo de la línea de pobreza, test de embarazos para ingresar. La primera respuesta de la gestión de Vidal fue el despido de 5 trabajadoras provocando distintas medidas de fuerza incluída la interrupción de la asistencia. En ese momento, las autoridades de la Secretaría, interrumpieron el diálogo que se retomó recien en la reunión de este martes.
Organizaciones sociales instalaron ollas populares frente al JP Morgan
Tras la respuesta nula a sus demandas por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, organizaciones sociales instalarán desde las 12 ollas populares frente a la sede del Banco JP Morgan (Av. Eduardo Madero 900) en el barrio porteño de Puerto Madero, para denunciar “la crítica situación que viven miles de familias como resultado del modelo económico de Cambiemos, que sólo beneficia a los especuladores financieros”. La elección del JP Morgan responde a que “es uno de los principales grupos que gracias a la timba financiera ha recaudado millones de dólares”, denuncian las organizaciones.
Difundimos comunicado:
Ollas populares frente al JP Morgan
Denunciamos la política de ajuste y hambre que sólo beneficia a los especuladores financieros
Luego de una nueva negociación con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, los Movimientos Sociales firmantes nos convocamos en asambleas populares en todas las provincias, y nos mantenemos en estado de alerta y movilización.
En función del resultado de las negociaciones con el Gobierno, haremos pública la definición de nuestras asambleas hacia la semana que viene.
Mientras tanto, frente a la crítica situación que viven miles de familias como resultado del modelo económico de Cambiemos, hoy Jueves 12 de julio, permaneceremos movilizados para denunciar la política de ajuste y hambre que se está llevando adelante, y que solo beneficia a los especuladores financieros.
Por eso mañana iremos a la sede del Banco Internacional JP Morgan, ubicada en Av. Eduardo Madero 900. Este es uno de los principales grupos que gracias a la timba financiera ha recaudado millones de dólares.
Le exigimos al Gobierno estar a la altura de las demandas populares del sector de trabajadoras y trabajadores precarizados y de la economía popular. Con 8 millones de niños y niñas pobres es una falta de respeto que el Gobierno siga atendiendo con parches el problema estructural del hambre y la pobreza mientras se fugan miles de millones de pesos al exterior.
Exigimos:
Aumento de todos los programas de trabajo
Política de empleo para enfrentar la desocupación
Respuesta inmediata ante la emergencia alimentaria
Marianela Navarro (vocera del Frente de Organizaciones en Lucha): 15-5584-7642
Dina Sanchez (vocera del Frente Popular Darío Santillán): 11-4089-1074
Frente de Organizaciones en Lucha
MTD Aníbal Verón
MRPFrente arde Rojo
MTR por la democracia directaCopa
Cooperativa el triángulo
FUP
Frente Popular Darío Santillán
Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Izquierda Latinoamericana Socialista
Corriente Popular Juana Azurduy
Corrientes Surcos
MTR por la Democracia Directa en el MULCS
Agrupación Barrial Víctor Choque
Movimiento 8 de Abril
Federación de Organizaciones de Base (FOB)
Dictamen de la Justicia a favor de los amparos iniciados por jubilados en contra de la nueva reforma previsional.
La reforma previsional sumó otro revés en la Justicia
El fiscal Gabriel de Vedia emitió este jueves un dictamen en oposición a que los aumentos en las jubilaciones sean establecidos con la nueva fórmula aprobada por el Congreso a fines del año pasado, impulsada por el Gobierno.De Vedia dictaminó que la retroactividad es “inconstitucional” y sostuvo que los haberes previsionales deben “ajustarse según la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2009”.El representante del Ministerio Público Fiscal firmó cinco dictámenes a favor de los amparos iniciados por jubilados en contra de la nueva fórmula.
De este modo, el funcionario aseguró que los aumentos de las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán ser revisados para determinar si fueron inferiores a los establecidos por la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009.
En el primer semestre, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social acumularon una pérdida superior al 4%, ya que los aumentos sumaron el 11,73%, contra una inflación que podría trepar al 16%.
Cabe recordar que el mes pasado la Cámara falló en contra de la reforma luego de una presentación contra el aumento que se dispuso en marzo de 5,71%. Con la fórmula anterior debía haber sido de 14,5%.
El 14,5% de aumento es lo que corresponde a la formula anterior desde julio hasta el día que se sancionó la ley actual, es decir, 29 de diciembre de 2017. En cambio la suba que terminó ocurriendo, de 5,71%, corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del tercer trimestre de 2017.
En los primeros días de junio, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de un jubilado al sostener que en el cálculo para los haberes de marzo, la denominada cláusula de anclaje estuvo mal hecha.
Los jueces respondieron así a una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor, quien presentó una demanda por inconstitucionalidad de la norma que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición.
El fallo -firmado por el juez subrogante Rodolfo Mario Milano, y los camaristas titulares del tribunal Néstor Fasciolo y Martín Laclau- sostiene que el Gobierno vulneró los derechos de los jubilados al quitarles ese porcentaje, y que debía haber encontrado otra forma.
En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la ley es inconstitucional y “no aplicable” a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del 2017″.
La Corriente Sindical ROMPIENDO CADENAS realizará su Plenario Nacional
Sábado 14/7 – PLENARIO NACIONAL ROMPIENDO CADENAS 2018
Para enfrentar el ajuste,
#Unidad en la Acción
#Democracia Sindical
#Protagonismo Popular
En la sede de FATPREN (Solís 1158 CABA).
9.30 hs Acreditaciones.
10.00 hs Panel de Apertura
12.30 hs Comisiones
16.30 hs Cierre
Con nuevo equilibrio interno, CGT dilata (poco) su renovación
• REALINEAMIENTOS EN LA PRINCIPAL CENTRAL SINDICAL PARA CONFRONTAR CON EL GOBIERNO
El Consejo Directivo se reunirá hoy con posturas divididas casi en mitades. Sin embargo no habrá ruptura, aunque las alianzas de los opositores pueden torcer el perfil de la futura conducción.
Por MARIANO MARTÍN
tregua. Enfrentados por años, ayer Francisco Gutiérrez (UOM) y Pablo Moyano pusieron fin a sus diferencias en pos de una alianza mayor en CGT.
La CGT discutirá hoy mucho más que la postergación de su recambio de autoridades que estaba previsto para agosto: por primera vez en mucho tiempo llegará a un debate con un nuevo equilibrio de fuerzas interno producto de una alianza, por ahora incipiente, de los sectores más opositores al Gobierno contra los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con la administración de Mauricio Macri. Ese cambio, de todos modos, no provocará una ruptura sino una redefinición del proceso de renovación de la jefatura aunque podrá mostrar antes de fin de año una central sindical de perfil diferente al actual.
En lo formal todo indica que el Consejo Directivo de la CGT, que se reunirá hoy desde las 14, validará la suspensión del Congreso que estaba pautado para el 22 de agosto y, en consecuencia, le extenderá la vida al triunvirato compuesto por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. Se trata a primera vista del plan que habían elaborado los “gordos” y los “independientes” luego de la contundencia que exhibió el paro nacional del 25 de junio y que contaba con el aval del sector de Luis Barrionuevo y, hasta la semana pasada, de un puñado de gremialistas nominados como “moyanistas sin Moyano”.
Este último grupo, que tiene como mayor referente a Schmid, pareció cambiar esta semana de postura una vez que el propio portuario declaró públicamente que no quería ser “el (Jorge) Sampaoli de la CGT”, es decir que no planeaba atornillarse indefinidamente a su cargo de triunviro. En esa línea, que le da aire a la tesis de renovar la conducción, se encuentran otros miembros del Consejo Directivo como Carlos Frigerio (Cerveceros), Jorge Sola (Seguro) y Agustín Amicone (Calzado).
Ayer hubo un hecho político que reforzó a ese sector. Tras años de enfrentamientos el camionero Pablo Moyano, hijo de Hugo, y el metalúrgico Francisco “Barba” Gutiérrez, se reunieron en una biblioteca del gremio de los choferes. No fue mucho más que la foto pero el gesto fue el mensaje más fuerte: durante su gestión como intendente de Quilmes, el dirigente metalúrgico había municipalizado el servicio de recolección de residuos en desmedro de Camioneros y en ese gremio no habían dejado pasar oportunidad de reprochárselo.
El encuentro fue el producto de una ingeniería diplomática de los aliados de ambos, que en la superestructura tejen una alianza mayor entre Hugo Moyano, Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (Mecánicos, SMATA), el Movimiento de Acción Sindical (MASA) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), sectores sin cargos en el Consejo Directivo pero que esperan volver tras un próximo Congreso. Además, tanto Gutiérrez como el hijo de Moyano tenían en común haber renunciado a sus cargos en la conducción con severas críticas a los “gordos”.
Frente a estos realineamientos parecía imperar en la previa a la reunión de hoy el “teorema de Baglini” que les otorga a los dirigentes mayor cautela a medida que se hace más palpable la cercanía del poder. Lejos de las amenazas rupturistas de la semana pasada, en los espacios opositores al Gobierno admitían anoche que no habría una posición inflexible para sostener el Congreso de agosto pero que en su lugar intentarán convencer a los más dialoguistas de hacerlo antes de fin de año, hacia octubre.
En el campamento de los “gordos” y los “independientes” se quejaron de la actitud de Schmid, a quien creían hasta la semana pasada convencido de continuar con el triunvirato hasta que los sorprendió con su declaración por radio. Esos grupos, que por el peso de sus sindicatos suelen tener a disposición la mayor parte de los resortes de la CGT, analizaban con cierto recelo el realineamiento de fuerzas de los últimos días.
La postura a favor de sostener el trío se basa, además del envión tras la huelga, en una alegada necesidad de no mostrar una confrontación abierta y una elección de autoridades en ciernes en momentos en que el Gobierno prepara un ajuste mayor de la mano del FMI.
El triunvirato fue ratificado al frente de la CGT y no habrá elecciones este año
Finalmente, se impuso el sector más dialoguista y el Consejo Directivo decidió no llamar a elecciones
(Foto: Soledad Quiroga)
Así, lo confirmó el secretario general de la Unión Docente (UDA), Sergio Romero, según publicó la agencia NA. Así las cosas, se impuso la voluntad del sector más dialoguista de la central, comandado por “los gordos” y “los independientes”, en detrimento de las intenciones del sector más combativo, liderado por el camionero Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.
El triunvirato compuesto por Héctor Daer, Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña parecía en retirada, pero recobró fuerzas con el contundente paro del 25 de junio.
Si bien no habrá elecciones, en agosto sí se hará una reunión de secretarios generales alineados en la CGT, donde el sector liderado por Moyano buscará sumar nuevos aliados. Por lo pronto, el Gobierno respira aliviado y celebra por lo bajo esta decisión, ya que una central con un perfil más combativo podría ser un dolor de cabeza en un año de fuertes ajustes, aumentos e inflación.
Calmando a la tropa: Macri le dio un 20% de aumento a todo el personal militar
Calmando a la tropa: Macri le dio un 20% de aumento a todo el personal militar
El presidente Mauricio Macri se reunió en Olivos con los jefes de las Fuerzas Armadas. Allí les dijo que iba a darle un aumento salarial del 20% a todo el personal militar.
El encuentro se enmarcó por fuera de la agenda oficial prevista, luego de la resonante presión y trascendidos tras el malogrado acto por el 9 de julio y la reticencia de los militares a desfilar.
Macri estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y recibió al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa, y los jefes del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Cabe recordar que el Gobierno había dado un aumento del 8 por ciento, a diferencia de las fuerzas de seguridad federales, quienes recibieron un aumento del 15 por ciento.
Temen suspensiones en las estaciones de servicio por el desabastecimiento
Es porque las petroleras imponen cupos de abastecimiento o directamente no envían combustibles. Los estacioneros advierten que están a un paso de tener que suspender las operaciones.
Los dirigentes de las federaciones de expendedores de todo el país, están preocupados por la decisión de las petroleras de dejar de enviarles producto a las operadoras que no tienen contrato directo y la escasez de mayoristas que solían abastecer a las “sin bandera”. Y más aún ante las versiones de estacioneros con bandera oficial de algunas compañías que informan no solamente la aplicación de cupos, sino en casos extremos de la falta de envío de naftas a la red de comercialización oficial en el interior de las provincias.
Este tema será un punto clave en el encuentro que hoy deben mantener los representantes de CECHA con el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Javier Iguacel, a quien de acuerdo a lo dicho por el Presidente de la Cámara de las Estaciones de Servicio de Córdoba, se le dejará en claro la necesidad de que “el gobierno se siente con las petroleras y decida el precio en conjunto entre ambas partes”.
Según le dijo al portal Surtidores, para el dirigente, no es suficiente que “algunos estacioneros no tengan problemas de abastecimiento” y destacó que todos los representantes de las Estaciones de Servicio deben estar aunados en el mismo reclamo: “El Ministro tiene que encargarse con firmeza de que las petroleras abastezcan a todo el mercado sin distinción de marcas ni lugares del país”.
Bornoroni aseguró que “estamos viendo de manera personal a nuestros colegas que nos suplican con lágrimas en los ojos porque están en una verdadera situación límite y a pocos días de tener que suspender el funcionamiento de sus negocios porque no tienen producto para despachar”.
Comparando de manera sencilla, el directivo dijo: “si uno tiene una panadería y el mayorista no le entrega el pan, podrá seguir adelante vendiendo facturas o bizcochos o masas secas”. Contrario a este ejemplo continuó su parangón y aseguró que “nosotros vendemos combustibles y si no tenemos eso, no podemos vender otra cosa”.
Bornoroni negó las acusaciones de quienes quieren evadir la responsabilidad sobre la crisis del precio de surtidor y hacer creer a los consumidores que “como el precio es libre, los culpables de los aumentos somos los dueños de las expendedoras”.
La precarización laboral y su impacto en la salud mental
Imagen: Bernardino Avila
Es un hecho innegable que el mercado laboral de los profesionales de la psicología ha ido cambiando y que, en términos generales, es más grande y variado.
En el marco de las leyes de ampliación de derechos, la ley de Salud Mental fue una de las que movilizó una serie de programas de intervenciones directas en la comunidad, lo que involucró a psicólogos y a muchos otros profesionales de la salud.
Precisamente, es en el campo de las prácticas comunitarias donde el trabajo de psicólogos y psicólogas puede tener mayor incidencia y más demanda.
Sin embargo, en los últimos siete años, los programas tuvieron un límite de tiempo y, por lo tanto, se terminaron contratos de trabajo. Así, se fue perdiendo un recurso humano con formación específica para intervenir en situaciones de salud mental comunitaria: ante la falta de continuidad laboral, los profesionales no sólo quedan sin ingreso, sino que también tienen que decidirse rápidamente por abocarse a otra tarea.
En los últimos tres años hubo un recorte notable en el presupuesto que profundizó la precarización laboral y también la calidad de la salud que reciben las comunidades de cada provincia de la Argentina. Allí, se había logrado contar con profesionales muy bien formados, que integraban equipos interdisciplinarios en terreno y, de pronto, esos espacios han quedado sin ningún recurso para atender la salud mental.
A este escenario se suma la cuestión del intrusionismo, que ha ido ocupando cada momento de la formación de los psicólogos en la República Argentina, lo que también ocurre en Latinoamérica y en el resto del mundo.
Justamente, la importancia de la formación y del ejercicio profesional es tal, que estos temas, entre otros, se van a abordar en el XI Congreso Iberoamericano de Psicología, que se va a realizar del 11 al 13 de octubre, en Córdoba. Allí se va a debatir entre profesionales de distintas partes del mundo y, posiblemente, se llegue a un pronunciamiento común.
La preocupación local más reciente es en cuanto a la autorización de carreras por parte del Ministerio de Educación de la Nación, que entran en colisión con determinados alcances del título de psicólogo. En algunos aspectos esto es constante porque muchas de las entidades formadoras de líneas de trabajo como coaching o counseling, toman alguna herramienta de la formación básica del psicólogo y también de la especialización posterior, y la han convertido en un aspecto de formación supuestamente específica. En este punto, hemos tenido distintos logros despejando lo que corresponde al área de los psicólogos de aquellos que no lo son.
También surge el problema de la regulación y supervisión en situaciones donde se aplican algunas técnicas psicológicas junto a modalidades de intervención sin aval de la profesión, por parte de personas que se sienten habilitadas para trabajar con grupos o con parejas, donde muchas veces, el resultado no es bueno.
El terreno es un arduo laberinto, donde lo que se busca desde las entidades formadoras y deontológicas es resguardar la salud de la población y, por supuesto, el campo de trabajo de los profesionales de la psicología.
* Presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (Fiap). Presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra).
G20: Tropas de Estados Unidos llegan al país para entrenar a policías y gendarmes
Resumen Latinoamericano/
Un avión de la Fuera Aérea de los Estados Unidos llegó este jueves en el aeropuerto militar de El Palomar, trayendo al menos a 8 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército norteamericano, requeridos por el Gobierno argentino para instruir a gendarmes y policías que participarán en el operativo de seguridad por realizarse el 30 de noviembre y 1 de diciembre para la Cumbre de Líderes del G20.
Fuentes oficiales confirmaron los detalles del desembarco de los militares estadounidenses, traídos en un Hércules C-130 hasta la I Brigada Aérea de El Palomar, para un “entrenamiento conjunto” que fue “pedido por el ministerio de Seguridad argentino”, que conduce Patricia Bullrich, de cara a la cita que reunirá en Costa Salguero, a fin de año, a los principales líderes del mundo, como Donald Trump, Vladimir Putin, Ángela Merkel o Xi Jinping.
Los militares norteamericanos pertenecen al Comando de Operaciones Especiales Sur (Coesur), una unidad subordinada al Comando Sur (Southcom), la división del Pentágono que proporciona planificación de contingencias, operaciones y cooperación en países de la región y del Caribe.
Según informó la embajada, los oficiales permanecerán hasta el 3 de agosto en dependencias del ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde capacitarán a unos 40 integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof) de la Policía Federal. Mirá también Vidal dijo que la “inflación es más alta que la prevista” Tras haber aumentado las jubilaciones y las pensiones provinciales, presentó descuentos del Banco Provincia.
“Está pegando en los alimentos”, reconoció sobre la suba de precios “La capacitación ayudará a perfeccionar técnicas y tácticas que permitirá a ambas fuerzas adquirir nuevas destrezas para el cumplimiento de sus respectivas misiones, fortaleciendo las relaciones y los lazos de amistad entre ambos países”, dijo oficialmente la representación diplomática, a cargo del ex juez Edward Prado.
Desde la cartera de Seguridad informaron que el ejercicio conjunto tiene un costo de u$s 1.500.000, que Estados Unidos cubrirá en su mayoría por los conceptos de transporte aéreo, alojamiento y viáticos, mientras que el Gobierno afrontará los gastos de transporte interior. Ante posibles suspicacias, también aclararon que “el armamento y las municiones estarán en todo momento bajo custodia del Geof”.
La noticia de este operativo conjunto cayó mal entre las fuerzas armadas, que encontraron un nuevo motivo para protestar frente al trato diferencial que reciben las fuerzas federales, en medio de la polémica por su magra reactualización salarial, que aleja los haberes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de los que perciben en Gendarmería, Prefectura o la Policía Federal.
La noticia del arribo de tropas extranjeras, sin autorización del Senado, también levantó suspicacias entre los militares argentinos. Desde el Edificio Libertador objetaron por lo bajo la inexistencia de un procedimiento legal que habilite el ingreso de las tropas extranjeras. Resulta que, según la ley 25.880, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de solicitar al Congreso la autorización del ingreso de tropas extranjeras, y solo puede saltear este procedimiento “mediante un acto fundado” en circunstancias estipuladas: razones de ceremonial; situaciones de emergencia, operaciones de búsqueda y rescate, o adiestramiento de los institutos de educación militar y equivalentes de las fuerzas de seguridad. Ninguno de ellos es el caso.
12 de julio 2018. Una amenaza con trotyl. Fue el viernes a la noche en un edificio en el vivió José Luis Vila, un ex SIDE que ahora es subsecretario en Defensa.
El Gobierno intenta hacer pasar desapercibido el artefacto explosivo que apareció en la noche del viernes en la avenida Callao, entre Arenales y Juncal, en plena Recoleta. Se trató de medio kilo de trotyl (una libra, en el argot), un material típicamente militar, puesto frente al edificio en el que vivía, hace diez meses, un funcionario actual del Ministerio de Defensa. Junto a la caja había un mensaje: José Luis Vila ladrón, escrito con recortes de diario. Vila es un hombre que se considera cercano al dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia que estuvo durante muchos años en la SIDE, revistó también en áreas de Seguridad y tiene como apodo, llamativamente, “El Garca”. Las hipótesis son muchas: un conflicto por negocios en la compra de material militar, una pelea por la inteligencia en las Fuerzas Armadas, una amenaza por un plan para que los uniformados intervengan en tareas de seguridad y combinaciones de todas esas alternativas.
Vila es subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, es decir, ocupa un lugar de importancia en la cartera a cargo de Oscar Aguad. Es cordobés, igual que el ministro. Vivía en el edificio de Callao 1219 hasta el año pasado por lo que debe considerarse que el explosivo no estaba destinado a causar daño sino que fue una amenaza. Quien es capaz de conseguir es cantidad de trotyl tendría también la capacidad operativa para saber que el funcionario ya no vive ahí y que, además, estaba en una misión en Madrid. El artefacto está siendo analizado porque en principio no tenía detonador, pero una libra de trotyl puede matar a todo el que pasa cerca, hacer volar por el aire un automóvil y producir daño en un edificio. En 2017, en el metro de Moscú, con 200 gramos de trotyl mataron 11 personas. El otro indicio de fue una amenaza es que si en la caja se dejó un cartel con la leyenda “José Luis Vila Ladrón”, el objetivo era que se leyera el cartel, no que estallara.
Desde un punto de vista técnico, el trotyl es un explosivo militar y que en la Argentina se encuentra en los polvorines de distintas unidades. Lo más probable es que haya sido robado de alguno de esos depósitos. En el parte policial que se levantó, después de una llamada al 911, consta que se utilizó un cañón de agua para desactivar cualquier peligro.
Vila revistó durante muchos años en la ex SIDE, adonde ingresó en tiempos de Raúl Alfonsín. El mismo decía que respondía a Nosiglia y durante buena parte de su trayectoria en Inteligencia se consideró a sí mismo cercano a Antonio Jaime Stiuso, aunque en los últimos tiempos del kirchnerismo argumentó que se habían peleado.
Lo cierto es que durante buena parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Vila fue delegado de la SIDE en Washington, es decir, el hombre de carrera de la inteligencia argentina que establecía el contacto oficial con la CIA. Sobrevivió junto a Stiuso hasta que, en 2015, el secretario de la nueva AFI, Oscar Parrilli, lo mandó a su casa. No fue por mucho tiempo: Julio Martínez primero y Oscar Aguad después, ambos ministros y ambos radicales, lo ubicaron en un puesto estratégico en Defensa.
Estas son las hipótesis que se manejan y que quedarán en manos del juez federal Sebastián Ramos, el que investigará el caso:
- El propio Vila, en La Nación, admitió que se trata de una amenaza de militares. No obstante, aseguró que no es producto del conflicto salarial sino una disputa por el área de Inteligencia. Durante el gobierno anterior se habló mucho de la supuesta existencia de un aparato de inteligencia del Ejército, dominado por el general César Milani. El tema motivó causas penales, con Patricia Bullrich y Laura Alonso como denunciantes. Nunca se comprobó nada ni se encontraron las sedes desde las cuales supuestamente se espiaba a la gente. Ahora, en cambio, parece que hay una fuerte disputa por ese puesto y ese presupuesto. El mismo Vila dice que le pusieron el medio kilo de trotyl por esa razón.
- De todas maneras, la nota que vino con el artefacto explosivo –“Vila ladrón”– no hablaba de inteligencia sino de maniobras económicas. En ese sentido, la investigación podría orientarse más bien hacia las compras de materiales militares, en especial armamento. El tema ya produjo un escándalo cuando se develó que los diputados Eduardo Amadeo, Luciano Laspina y el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, fueron imputados por una tentativa de compra a Estados Unidos de material militar de rezago por nada menos que dos mil millones de dólares.
- Las versiones más conspirativas hablan de otras razones: peleas por la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, promesas de recomposiciones de mandos e incluso confrontaciones con el aparato de inteligencia de la AFI.
Tal vez el dato más llamativo de lo ocurrido es cómo el gobierno le bajó el tono y ocultó un hecho que con cualquier otra administración hubiera producido una verdadera conmoción. No es difícil imaginar las tapas de los diarios si la caja con explosivo aparecía en Recoleta durante el gobierno anterior. A simple vista se percibe que la Casa Rosada y el Ministerio de Defensa se preocuparon por amortiguar el impacto, silenciar la repercusión y tratar de que el trotyl no deje rastros del olor que despide: a operaciones económicas non sanctas y operaciones de inteligencia ilegales.
Envío:ResumenLatinoamericano
13 de julio de 2018
No más ceguera
ACTIVISMOS | En el último Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco empezaron a realizarse audiencias a cielo abierto donde se presentaron más de 60 casos en los que la Justicia actuó de modo patriarcal y misógino. En un momento en el que asistimos a una celeridad inusitada y una exposición desmedida de la joven Nahir Galarza, rápidamente condenada a prisión perpetua mientras otros procesos de larga data contra mujeres, lesbianas, trans y travestis siguen impunes o sumidos en la burocracia legal, es fundamental recalcar la trascendencia de estas audiencias convocadas por las feministas del Abya Yala. A modo de denuncia y de acompañamiento, la construcción de un feminismo transversal, comunitario y popular se fortaleció a lo largo de 14 jornadas de compartir el dolor y comprender que la salida es colectiva.
Por Claudia Korol
Entre los días 28 y 30 de junio de 2018, se realizaron las últimas audiencias del primer ciclo del Tribunal Ético Popular Feminista que juzgó a la justicia patriarcal en distintos territorios del Abya Yala. En la Sentencia –elaborada colectivamente y leída por Liliana Daunes–, se declaró a la justicia: “Culpable de ser parte de un sistema patriarcal, colonial, racista, capitalista y neoliberal, que por más de 500 años ha intentado someternos a sus ilógicas, a sus tiempos, a sus espacios, buscando una humillación sistemática por defender ancestralmente la vida digna, por luchar por nuestra autonomía y autodeterminación, frente al avasallamiento de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. La Justicia ha generado una impunidad histórica de las opresiones que nos hace el sistema. Por eso condenamos hoy su complicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos. Culpable por ser ignorante de nuestras diversas cosmovisiones, por juzgar desde un analfabetismo político cosmogónico nuestras formas de vida, lucha y organización, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera sus propias leyes que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios, y los llamados “derechos” nacionales e internacionales que los reconocen como pueblos. Responsable de no hacer ni siquiera el trabajo por el cual desde nuestros pueblos se les paga. Culpable por complicidad recurrente con empresas transnacionales que han saqueado históricamente nuestros territorios, donde estos jueces y fiscales les brindan total impunidad, defendiendo los intereses de las empresas en contra de los derechos de los pueblos. Culpable por ser parte del terrorismo y racismo de Estado que criminaliza, judicializa, encarcela, mata y sigue intentando exterminarnos. No existe independencia judicial. Existe complicidad estructural. Culpable de haber hecho de la justicia una mercancía que puede ser comprada y vendida por quienes tienen dinero y poder”.
La sentencia recapitula el proceso iniciado en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, durante el 32º Encuentro Nacional de Mujeres. En total fueron 14 audiencias, en las que se presentaron 60 casos en los que la justicia patriarcal actuó legitimando violencias y crímenes cometidos por el poder machista, racista, y capitalista. Fueron parte del Tribunal activistas de derechos humanos, por los derechos de las mujeres, y dirigentes sociales, como Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (LF); Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo (LF); María Laura Bretal (Las Azucenas); Liliana Daunes, Marta Dillon y Sonia Tessa (periodistas feministas), Nina Brugo y Mabel Gabarra (abogadas feministas), Graciela Zaldúa (psicóloga feminista), Celina Rodríguez (Feministas del Abya Yala), Miriam Miranda (coordinadora de Ofraneh - Organización Fraternal Negra de Honduras), Cristina Castro (educadora de la Escuela Fals Borda, Colombia), Nalu Faría (coordinadora de la Marcha Mundial de Mujeres-Brasil), Melike Yasar (Movimiento de Mujeres de Kurdistán), Marielle Palau (investigadora de Base-Is - Paraguay).
La mayoría de las audiencias se hicieron en las plazas principales de diferentes ciudades (Resistencia, Rosario, Asunción, Montevideo, Lago Puelo, Guernica, Estación Darío y Maxi en Avellaneda, Buenos Aires). El carácter itinerante, autónomo y “a cielo abierto”, dio a las sesiones del tribunal una mística propia. Quienes nunca pudieron acceder a los grandes edificios de la (in) justicia, quienes cuando lo hicieron encontraron un muro de maltrato y desatención, tuvieron en la intemperie de las plazas la posibilidad de ser escuchadas, abrazadas, creídas, contenidas. Las denuncias y los dolores vividos no pueden ser reparados en un acto, pero el caminar juntas, ayudaba a comprender que no se trata de un destino individual, sino que era consecuencia de un sistema de variadas opresiones, que sólo pueden ser enfrentadas desde los lugares colectivos y potentes de los feminismos populares.
El encuentro con el que se cerró este ciclo se inició en Plaza de Mayo, al terminar la histórica ronda de las Madres, y antes de arrancar la 3ª Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios. Frente a la mismísima Catedral porteña, se hizo la 10° audiencia en la que se incorporaron testimonios de complicidad y de indiferencia de la “justicia” con las múltiples violencias contra travestis y trans. Se valoró también el sentido histórico de la sentencia por Diana Sacayan, donde por primera vez se incorpora la figura de travesticidio en el juzgamiento de estos crímenes de odio. Say Sacayan, hermano de Diana, destacó que ese logro fue resultado de la vinculación de la dimensión jurídica con la política y la movilización social. La necesidad del acompañamiento y la movilización durante los procesos judiciales, atravesó todas las audiencias. Así asomaron las primeras conclusiones en la perspectiva de una justicia feminista: se trata de una justicia del acompañamiento. Es una justicia compañera.
En la última jornada del Tribunal, Adriana Guzmán, integrante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia señalaba: “¿Qué podría ser la justicia feminista? Eso está saliendo de este proceso de casi un año, en el que venimos discutiendo estas cosas, doliéndonos juntas, llorando juntas. Venimos indignándonos, rebelándonos, y también venimos abrazándonos, y sanando juntas. … Si queremos construir una justicia feminista, tenemos que tener la voluntad política de mirarnos, reconocernos, y construir juntas otra justicia, una justicia de la sanación”.
Otra pista entonces nacida de los diálogos: entender la justicia feminista no como una justicia de la revancha, del odio, de la rabia, de la venganza, del castigo, sino una justicia de la sanación.
La (in) justicia patriarcal
Identificar el origen de la (in) justicia patriarcal, es imprescindible para quienes buscan crear colectivamente una justicia feminista. Esto permite que las violencias vividas, y la “ausencia de justicia”, puedan ser reconocidas en una trama histórica. Muchas de las denunciantes remarcaron que fue importante para salir del estado de culpa y de desvalorización generado por la cultura machista y misógina, saber que lo que les sucede es producto de un sistema de opresiones y no la respuesta a sus supuestos “errores” o culpas. Desnaturalizar las opresiones, entender su génesis, y la organización a partir de ello en movimientos antipatriarcales, las fortaleció en su autoestima. La justicia feminista es una justicia de la organización colectiva, del actuar en comunidad.
Mabel Gabarra expuso con mucha claridad en el tribunal, que “la justicia patriarcal no es un fenómeno de este siglo ni del siglo pasado. Se creó con el signo patriarcal. No hay justicia patriarcal si no hay estado patriarcal. El patriarcado es un sistema histórico –es decir que se puede cambiar, y en eso estamos trabajando–. Se fundamenta en el dominio del hombre a través de la violencia sexual”. Dio muchos ejemplos para luego concluir con un llamado a no simplificar las expectativas de la lucha feminista: “Decimos que el patriarcado se va a caer. Es un deseo de todas. Pero lograrlo nos va a llevar un proceso histórico de mucha más organización y lucha”.
Estos análisis, en los que el entusiasmo por la “ola feminista”, se aterrizaban con el análisis de los obstáculos existentes, fueron importantes para que el Tribunal no actuara como un mecanismo de mera agitación, sino que funcionara como hecho pedagógico y político. La justicia feminista es pedagogía, es –en palabras de Paulo Freire– una acción cultural por la libertad.
La filósofa feminista Alejandra Ciriza, realizó también consideraciones sobre cómo se expresa esta genealogía en nuestro continente colonizado: “La Justicia patriarcal tiene una genealogía, un origen histórico. Los estados nacionales en este continente se construyeron sobre la base del genocidio de los pueblos indígenas, de la ocupación de sus territorios. La justicia patriarcal es producto de la construcción del estado nación que las oligarquías supieron edificar. Es racista y clasista”.
Los diálogos fueron intensos. Estuvieron atravesados por las diferentes experiencias, los diferentes lenguajes en los que se piensa el mundo, las diversas señales de identidad, la pluralidad de cuerpos.
Del dolor al abrazo
A lo largo de las audiencias expusieron denuncias algunas víctimas directas de (in)justicias o familiares: Bertha y Laura Zúniga Cáceres (hijas de Bertha Cáceres de Honduras), Franchesca Mata (feminista de El Salvador, quien denunció la situación de las mujeres salvadoreñas presas por presuntos abortos), Cristina Castro (educadora de la Escuela Fals Borda de Colombia, quien presentó la situación de criminalización de mujeres campesinas e indígenas defensoras de los territorios), Julia Castillo (mujer aymara, que denunció las violencias y la impunidad que sufren las mujeres del Abya Yala migrantes en Europa). Hubo numerosos testimonios de mujeres migrantes, y denuncias colectivas realizadas por el Movimiento de Mujeres Indígenas, por las mujeres negras y afrodescendientes del Grupo Matamba, por la red de docentes y familiares de Lugano y del Bajo Flores, las trabajadoras de ATE y de la Asociación Judicial Bonaerense, las campesinas e indígenas organizadas en Conamuri y en la OLT de Paraguay, en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, las integrantes del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y Argentina, la Campaña contra las Violencias. Participaron familiares de víctimas de las redes de prostitución y de trata, de femicidios, madres cuyos niños y niñas sufrieron abuso sexual, víctimas de acoso sexual en centros de trabajo y Universidades, entre otras.
El proceso fue desgarrador. Nos preguntamos: ¿Es posible escuchar tanto dolor? ¿Se puede “alivianar” el momento del relato y de la escucha? ¿Se pueden “comprender” las injusticias sin “sentipensarlas”? Verónica Gago, integrante de la colectiva Ni Una Menos, expresaba que “estos movimientos están construyendo una forma de decirnos entre nosotras lo que ya nos es intolerable, lo que sentimos como injusto de una manera que no se soporta más, que no se aguanta más. Esa construcción de lo injusto, de lo intolerable, lleva también a un proceso de autorizarnos a nosotras mismas a juzgar la situación que vivimos como injusta. … Darle dignidad al sentimiento de injusticia significa hacerlo audible, ponerle palabras, empezar a narrarlo entre nosotras, y construir una red en la que nos acompañamos para poder decir estas cosas. Esta idea de autorizarnos a juzgar surge de algo, que es el deseo de desobedecer”.
Una de las ideas que cobró mayor fuerza a lo largo de las audiencias, fue la legitimación de la desobediencia ante esta justicia patriarcal que niega todos y cada uno de los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans, cada uno de los derechos de los pueblos. Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof en resistencia Cushamen, fue contundente al denunciar las violencias vividas por el pueblo mapuche, y también al señalar a los responsables políticos, económicos, mediáticos, militares de la misma. “Nos están matando, encarcelando, amenazando, a nosotras y a nuestros hijos e hijas, a nuestro pueblo”, denunció. Exigió que se identifique y nombre a los responsables de la masacre. También lo exigió Aura Lolita Chavez Ixcaquic, feminista comunitaria de Guatemala, y lideresa del pueblo k´iche´, quien se encuentra amenazada de muerte por las empresas madereras y fuertemente criminalizada en su país: “Hace un año yo no puedo entrar en mi territorio. ¿Se imaginan lo doloroso que es no poder entrar donde nacimos, donde vivimos, donde vivieron nuestras abuelas, donde queremos que vivan nuestros hijos e hijas? Quiero denunciar al estado de Guatemala como un estado femicida. Es un estado que no respeta la vida de los cuerpos plurales, de los territorios, de los pueblos, la vida de la niñez, de la juventud.” Lolita denunció también el riesgo que viven otras defensoras de territorios, e identificó a las niñas calcinadas en el llamado Hogar Seguro, como defensoras de los territorios-cuerpo, porque ellas habían salido a denunciar que eran violadas, que eran prostituidas.
El nombre de Benetton –pronunciado por Soraya y también por Ivana Huenelaf, mujer mapuche criminalizada por su solidaridad con estas luchas–, sonó al igual que el nombre de la Forestal Arauco –traído desde Chile y de la empresa DESA, responsable del feminicidio de Bertha Cáceres. La sentencia viene acompañada de un listado de perpetradores de violencias contra las mujeres y los pueblos. La justicia feminista no es una justicia del castigo, pero tampoco es una justicia de la impunidad. Produce condenas sociales y políticas a los responsables de las violencias patriarcales, racistas y coloniales.
Una audiencia particular se realizó el 9 de enero, cuando se cumplían 5 años del asesinato en Francia de las activistas kurdas Sakine Cansiz, Fidan Dogan y Leyla Saylemez. Un triple femicidio político con el aval de dos estados, el turco y el francés. Presentó la denuncia Nursel Kilic, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, a través de una videoconferencia en la que destacó que este crimen fue parte de una ejecución planificada con el objetivo de atacar a la revolución de las mujeres.
En la última audiencia, Nalu Faría, denunció otro femicidio político: el de Marielle Franco en Brasil. Se pudo ver cómo el poder patriarcal recurre cada vez más al crimen político para intentar evitar el crecimiento de las luchas lideradas por las mujeres, buscando detener la revolución feminista en curso.
El proceso del tribunal ético feminista finalizó este primer ciclo con la sentencia construida colectivamente, palabra por palabra. Dijo finalmente Lolita Chávez: “Con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra vida, con nuestros pañuelos, con nuestros cantos, con nuestras danzas, llevaremos esta sentencia, sépanlo, a los distintos territorios, en el aquí y en el allá, en el ahora. Por esta justicia, que desde nosotras, desde nuestra inspiración, desde nuestras amoras, está naciendo. Esta justicia, en esta sentencia que hoy tenemos del Tribunal Etico Popular Feminista, Justicia Ya, ahora y siempre. En estos ciclos de los tiempos cortos y los tiempos largos, porque nos da una vitalidad y una fuerza esperanzadora, de seguir caminando, en esta red de la vida. Porque así es, así sea y así será. Vivas nos queremos. Libres nos queremos”.
13 julio, 2018 por Tiempo Argentino
En distintos puntos del país y en diferentes ámbitos, creció el amedrentamiento a quienes llevan pañuelo verde.
Por Maby Sosa para Tiempo Argentino
Tres casas aparecieron el 9 de julio con pintadas anti aborto en el barrio Cano de Mendoza. “Puta feminista”, dice el escrito. “Esto generó un tremendo temor en quienes habitan ahí y temor por lo que les pueda pasar a sus hijas”, expresa Alicia Maldonado en un audio enviado desde la comisaría misma donde habían concurrido junto a otras militantes feministas a radicar la denuncia por estas pintadas.
No es la primera vez que pasa esto en el barrio Cano de Mendoza. Hace dos semanas, Maldonado fue agredida por una vecina pro vida que desde hacía tiempo venía hostigándola por su nacionalidad chilena. Pero toda esa violencia que hasta entonces era verbal, se convirtió el 29 de junio en violencia física. Alicia Maldonado escuchó un fuerte golpe en la puerta de su casa, cuando salió se encontró con su vecina que comenzó a patearla mientras le gritaba, “abortera, chilena, puta”. Cuando Maldonado fue junto a su compañera de militancia, Florencia Urzúa, a poner la denuncia en la comisaría, la vecina volvió a la carga y golpeó también a Urzúa.
Las agresoras, Edith Taride y Lorena Cruzade, tienen relación con la fuerza policial mendocina por lo que la policía no protege ni a Maldonado ni a las militantes feministas que vienen sufriendo diferentes tipos de hostigamientos.
El caso de Mendoza, no fue el único. El día que en el Congreso de la Nación se estaba discutiendo la media sanción por el aborto legal seguro y gratuito, en Jujuy un grupo de militantes en contra de la ley le arrojaron agua hirviendo a las mujeres que llevaban el pañuelo verde.
Ese mismo día, en Río Grande, la periodista Lorena Uribe fue atacada, insultada e intimidada por un grupo de mujeres mientras realizaba la cobertura para el programa radial Tarde Pero Seguro.
La Coordinadora argentina por los Derechos Humanos (CADH), elaboró la denuncia por amenazas a Natalia Montero, integrante del Movimiento feminista MUMALA que presentó en los tribunales de la localidad San Martín. “El domingo 24 de junio del corriente año, siendo aproximadamente las 22 horas, mientras Natalia estaba mirando la televisión, escuchó una serie de fuertes piedrazos que caen sobre el ventanal del balcón de su departamento, donde tiene colgado un pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; mientras se escuchaban voces masculinas que gritaban ‘asesina’, y otra serie de insultos”, según consta en la denuncia.
La joven contó lo sucedido al encargado del edificio quien facilitó el acceso a las cámaras para iniciar la correspondiente denuncia.
En el mismo comunicado se detalla que se registran muchos otros casos. Menciona lo sucedido en La Matanza, provincia de Buenos Aires, donde Gabriela Guerreros, pastora pentecostal que expuso en las audiencias informativas en Diputados, fue amenazada e insultada como “abortista y asesina. Feminazi”.
Otro caso impactante fue el de Carupá, San Fernando, donde una adolescente fue golpeada por dos hombres. Mientras estaba en el suelo, escupiendo sangre, la patearon en el vientre y le dijeron: “Dale, abortá feminista de mierda”.
La intolerancia creció a pasos agigantados desde la media sanción del proyecto. Las declaraciones y las actitudes de muchos funcionarios y políticos que también están en contra de la ley no ayudaron demasiado.
En Río Negro, una adolescente que estaba esperando el colectivo fue increpada por una señora mayor que luego quiso golpearla con un bastón. Día a día las redes sociales de militantes feministas denuncian alguna agresión que, en los últimos días avanzó desde lo verbal a lo físico.
En Corrientes, una joven denunció que el martes se acercó a ella una mujer con la cara tapada con una bufanda negra y le tiró agua que tenía en una botella a ella y a otras personas que también tenían el pañuelo verde del aborto legal. “A mí me saltó en la boca, no fue mucho pero sentí el sabor a pimienta y me comenzó a arder, me dolía y no sentía la boca”, contó. Luego de lo sucedido, las personas de alrededor la ayudaron con leche y agua para que pasara el ardor.
También en Mendoza, en San Rafael, el Instituto de Educación Superior de Atuel apareció luego del fin de semanas con algunas pintadas con frases tales como como “viva la patria”, “no al aborto, si a la vida” y “no adoctrinen”.
El mundo de las redes
“Qué lindo día para hacer puntería sobre pañuelos verdes”, dijo en su Facebook un policía cordobés que fue desplazado de su cargo. Algo similar pasó con un anestesista riojano que había anunciado que durante sus guardias los abortos se realizarían sin anestesia.
En Salta, un hombre posteó una foto de una joven con pañuelo verde apuntándole en la cabeza. “Creo que la pondré de foto de perfil”.
En Tucumán, una enfermera escribió “nosotras sabemos cómo hacerlas doler, que sufran”, haciendo referencia a las mujeres abortantes. En esa misma provincia y en una confusión tremenda, una médica fue amenazada y escrachada por haber practicado una ILE a una niña de 12 años que había sido violada por un familiar.
Son miles las agresiones, amenazas e insultos que se multiplican en las redes. En la denuncia pública que realiza CADH se destaca la publicación de la actriz Jimena Barón quien contó haber sido amenazada de muerte por su opinión a favor del aborto.
Las escuelas
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación hace unas semanas, luego de que en varios establecimientos educativos se prohibiera al alumnado el uso del pañuelo verde, en un comunicado titulado “Usar el pañuelo verde es también libertad de expresión”
“En los últimos meses lxs jóvenes estudiantes de colegios secundarios fueron protagonistas del debate y la movilización por el derecho al aborto legal en nuestro país. Al mismo tiempo fueron víctimas de sanciones y hostigamiento por parte de las autoridades escolares”, dice el comunicado. Y agrega, “el uso del pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito se volvió un símbolo de este proceso de lucha, pero también la excusa por el cual los directivos persiguieron a lxs estudiantes. Esto atenta contra la libertad de conciencia y expresión de las niñas, niños y adolescentes en la Argentina y exige la intervención inmediata de las autoridades nacionales y provinciales”.
El escrito fue elaborado en conjunto con al menos veinte escuelas del país.
Cuando los responsables son irresponsables
Muchos funcionarios públicos y políticos que hasta ahora no se habían manifestado o habían guardado silencio respecto de su postura ante el aborto legal, comenzaron a avalar algunas acciones de los grupos denominados pro vida.
Un ejemplo fue el lunes 9 de julio durante el desfile en San Miguel de Tucumán donde entre los militares y ex militares del Operativo Independencia que participaron del acto invitados por el gobierno provincial, también desfiló el feto gigante con pañuelo celeste y la bandera argentina, con un aplauso cerrado que vino desde el palco oficial.
*Por Maby Sosa para Tiempo Argentino.
Fuente:laTinta
“ESTÁ VINIENDO LO NUEVO”
Cientos de miles movilizados en un cambio de ciclo en la calle
POR ALEJANDRA DANDAN
Alejandro “Coco” Garfagnini y Fernando Gómez quedaron sobre el escenario. Abajo, la avenida 9 de Julio comenzaba a vaciarse. Los dos referentes del Frente Milagro Sala hacían las primeras evaluaciones de la convocatoria que llenó nuevamente la 9 de Julio y parece haber marcado el comienzo de un final del gobierno de Mauricio Macri. “Dos marchas en un mes, sin colectivos, sin aparatos, es algo inédito en la historia argentina”, dijo Coco. “Esta convocatoria se hizo a través de las redes sociales. ¡Cientos de miles de personas en la 9 de Julio, en dos actos convocados a partir de las redes sociales!”, dijo. “Esto no es causal: acá no hay gente que apaga la televisión, sale a la calle y viene. No. Son compañeros que están organizados. Esto es posible porque hay miles y miles trabajando en el territorio, una militancia que está surgiendo y se está haciendo cargo de la agenda de este país”.
Cada porción de la calle podía dar cuenta de esa historia. Carlos Micó, un artista plástico que trabajó parte de su vida como chef, dejó de hacer comidas cuando entendió que ese arte efímero servía para que lo pague gente con dinero, pasó a cocinar viandas para un comedor popular y dedicó buena parte de la última noche a dibujar un cartel con una calavera para retratar el país hecho añicos en las tripas de un FMI devorador. Una mujer pasó con la bandera en la espalda en dirección al punto de concentración. Sobre la tela escribió también ella la consigna del NO AL FMI Y SUS RECETAS. Mientras andaba, con el cuerpo trasformado en metáfora repetida en miles de cuerpos, sacó uno de los brazos de abajo de un poncho y señaló unos metros más adelante. “¿Ves por qué pongo esto?”, dijo. Y mostró dos personas que dormían en la calle.
La movilización del 9-J fue efectivamente multitudinaria. El escenario calculó 300.000 personas. Volvieron a la calle como lo hicieron el 25 de Mayo. Recuperaron modos de protesta, pero también de celebración como las fiestas ocurridas para estos días entre 2003 y 2015. En este caso la concentración conmemoró dos siglos y dos años de la Independencia con el contraplano del acuerdo con FMI como símbolo de todo lo malo de este gobierno. La ocupación de la calle tuvo como diálogo de fondo la reclusión del gobierno en la provincia de Tucumán con el presidente amurallado entre funcionarios, despliegue de cámaras y ausencia de personas de verdad. La 9 de Julio convocada por actores, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y organismos de derechos humanos sin aparatos ni publicidad llenó la avenida más ancha del mundo pese a la furia del frío, y se extendió desde el ministerio de Desarrollo Social hacia el sur. Como pedían las consignas, quienes se acercaron prepararon carteles y banderas. Y el escenario mantuvo como reclamo central la denuncia contra los 357 trabajadores despedidos de Telám. Pero a diferencia de lo que sucede desde hace dos años y medio, esta movilización comenzó a leerse como parte del nuevo tiempo marcado por el acuerdo con el FMI. Ese acuerdo que empieza a cobrarse la imagen del gobierno en las encuestas, en la calle muestra que no sólo existe espacio para la resistencia, sino la presencia de todo tipo de organizaciones diversas que elaboran alternativas de algo parecido a una construcción.
El finado
Bruno Capra es ingeniero, especialista en telecomunicaciones, recibido hace más de cuarenta años. Llegó a la 9 de Julio con bolsas de tela que decían No al tarifazo. Bolsas que tenía a la venta por 10 pesos, para financiar algún proyecto de su organización. Capra pertenece al Instituto Scalabrini Ortiz y al paso habla de sus diagnósticos sobre energía y de cómo la calle tardó dos años y medio en entender lo que sucede. Y en este diálogo entre pasado y presente, evaluaciones y miradas, dice: “En política todo momento de crisis es esperanzador. Y acá se viene una cosa peor de lo que vimos. Es malo, pero viene peor. Van a agotarse todas las reservas y nos van a dejar sin ningún poder de reacción, nos dejan en Pampa y la Vía y sin una moneda”. Y dice también: “Mi impresión es que este gobierno ya se terminó. Esto es como el fallecido cuando todavía no llega el médico a dar el diagnóstico. Lo que no quita que no pueda hacer aún más daño, como sucedió con el CIADI. ¿Vos te acordas de lo que pasó con el CIADI?”.
El escenario estuvo conducido nuevamente por dos mujeres. “Desesperación, hambre, ajuste, dolor y muerte: no queremos eso para la Patria”, dijo una de ellas. “¡Afuera el FMI! Queremos una Patria libre, justa y solidaria”. Y la gente, abajo, acompañó:
¡Patria sí! ¡Colonia, no!
Cerca de la una de la tarde subieron Liliana Herrero y Teresa Parodi. “Vamos en tanto entrando en calor”, se oyó desde el escenario. Alguien comentó que si hubiese habido sólo un poquito de sol, las asistencias se hubiesen multiplicado. El fuego de los puestos callejeros dieron algún cobijo contra las nubes. Y arriba pedían un fuerte aplauso a las cantantes. Entró Alejandra Darín del colectivo de Actores todavía sin entender por qué los medios tienen ese afán de ponerlos a ellos en la cabeza de la protesta. “¿Actores?”, dijo. “¿Pero no ven que acá lo que hay es gente con hambre?”
—¡A ver quien baila este chamamé! —dijo Teresa Parodi. Y se puso a cantar:
Tanto dolor que humilla
pero en tu piecita de lata
esa musiquita
pero en tu piecita de lata
esa musiquita
Esa musiquita del pueblo
esa musiquita
tan arrastradita que suena
tan arrastradita
cómo te acompaña y te mece
cómo te acaricia
cómo te devuelve a la vida
esa musiquita
esa musiquita
tan arrastradita que suena
tan arrastradita
cómo te acompaña y te mece
cómo te acaricia
cómo te devuelve a la vida
esa musiquita
Abajo corrió el canto y la fiesta. Dos parejas de mujeres bien grandes abrieron calle y columnas para el baile.
“Prácticamente pasó poco menos de un mes entre una celebración y otra y en ese tiempo hicimos dos 9 de Julio”, seguía Coco, tratando de explicar eso que pasaba. “Yo no recuerdo dos movilizaciones así en menos de un mes. Me dicen que hay gente compacta hasta Independencia. Este nivel de movilización popular indica que ese gobierno ya está en retirada. Que ya empezó a irse. Se está yendo y está viniendo lo nuevo. Y ese es un dato objetivo, sale de la realidad”.
—Siguen llegando columnas de argentinos y argentinas para decir la Patria no se rinde —se oyó desde el escenario. Y se inició la lectura de adhesiones. Momento que explica la diversidad de esa calle. Adhieren Urbana TV, el primer canal villero del país. Adhieren los abogados y abogadas de la red de lesa humanidad del colectivo Mario Bosch, y el escenario recuerda al abogado de las causas por la masacre de Margarita Belén. Adhieren quienes recuerdan los 42 años de la masacre de San Patricio. Y el escenario va reuniendo a Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo, Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Vera Jarach y Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones. Las locutoras siguen deslumbrándose: “¿Como imaginar que íbamos a cantar el Vamos a volver con el compañero Juan Falú?”
A la mañana temprano Radio Rebelde montó una emisora abierta en la esquina de Moreno y 9 de Julio que se transformó en uno de las pocos puntos de conexión directa con lo que pasaba en la calle. TN anunciaba un día nublado apto para asados, sin imágenes de la calle. El diario La Nación puso en línea las primeras noticias del Tedéum sin Macri. Con Gabriela Michetti, el arzobispo de Tucumán Carlos Sánchez se pronunció contra la legalización del aborto, pañuelo que a la tarde recogió para alinearse la gobernadora María Eugenia Vidal. Macri habló en Tucumán rodeado por un operativo de seguridad de 2.500 policías. Dijo que el país está atravesando una tormenta, admitió por primera vez que se debe a “temas de nuestra propia gestión”, también del mercado externo y gobiernos anteriores, en plural. “Pero debemos tener confianza, porque sabemos adónde vamos”. Y remató: “El rumbo de este barco sigue siendo el mismo”.
Agustín Rossi intentaba pensar en eso. “Acá no es problema de tormentas o de barcos: el problema es el modelo”. A pocos metros de distancia, Ricardo Forster pensaba en cambio en una situación de soledad. “Se acercan tiempos críticos. Estamos entrando a una etapa muy compleja, muy riesgosa de la Argentina”. Y allí se preguntó qué sucede cuando un gobierno no despierta una dosis mínima de afecto. “¿Cómo se sostiene sin una corriente mínima de afecto de ninguna parte? Porque tampoco la tiene de parte de la sociedad que sigue pensando que Macri es su referente. Eso es muy impresionante. Para cualquiera que lea las complejidades de la sociedad, ese es un punto de ruptura”, dijo. “Un punto que vuelve imposible imaginar continuidad a mediano plazo de un gobierno como este, que no se sabe a quién le habla. Hay que ver cómo sigue en el año y medio muy complejo que tiene por delante”.
Radio Rebelde ponía al aire una de las despedidas de Télam, eje también del escenario y de los puntos de concentración en la calle. “En un gazebo muy concurrido, compañeros y compañeras de la Agencia Nacional de Noticias visibilizaron el conflicto por los 357 despidos y lograron la adhesión de los cientos de miles de asistentes y de los conductores de la actividad desde el escenario”, señaló el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que reclamó la inmediata reincorporación de lxs desplazadxs, el cese de la persecución y la apertura de una mesa de negociación que la empresa se resiste a convocar.
La calle
La Túpac concentró con una bandera que surcó la 9 de Julio. Camioneros construyó un altar para su santo protector con otra bandera: HUGO MOYANO EL SANTO DE LOS TRABAJADORES. Y muy cerca quedó otra bandera que pedía BASTA DE TARIFAZOS, con la presentación de un movimiento de Desobediencia Civil, integrado por vecinos contra los medidores. Germán y Juan de San Miguel suelen presentarse como putos, pobres, peronistas y kirchneristas. Y llegan a cada marcha con paraguas multicolores intervenidos por carteles. En este caso revisaron los primeros carteles de protesta de la era Macri, realizados durante los primeros meses de marchas al Congreso. Siguieron con los que prepararon para las marchas de Educación, Científicos, Universidades y ATE. Por eso, dice Germán, llegaron esta vez sin carteles nuevos porque incluso los más viejos todavía seguían vigentes.
Alrededor de las cuatro el escenario anunció la lectura del documento. Leyeron Gerardo Romano y Carolina Papaleo. “Rompamos las cadenas de un ciclo veloz y brutal de endeudamiento externo, que pretende condenar a generaciones de argentinas y argentinos a seguir pagando los negocios que están haciendo unos pocos”, dijo Romano. “La deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal e ilegítima”, explicó. “Ha tenido como destino exclusivo engrosar los balances de un puñado de grandes corporaciones. Que la paguen ellos, y no vengan nunca más a recurrir al sacrificio de los humildes y explotados”. El documento también tomó la agenda del ARA San Juan y el escenario recordó a los familiares que protestan a sólo ocho cuadras. También exigieron marcha atrás con el anuncio de intromisión de las Fuerzas Armadas en políticas de seguridad interior.
—¿Quién nos gobierna en este momento?
Le preguntó Matías Galán, 27 años, periodista de Almirante Brown, al compañero Chivo Rossi. Matías tiene su programa Paso de Vencedores en FM Caribe. Rossi le responde. Y Matías vuelve a preguntar. Ahora quiere saber: de cara a las lecciones, ¿cuales son las alternativas que ofrece la oposición? Rossi le dice que hay que pasar de la resistencia a la construcción de una alternativa para el 70 por ciento que no está de acuerdo con Macri. Para mostrar que se puede gobernar de otra manera.
Fernando Gómez y Coco Garfagnini terminan la evaluación. Siguen arriba del escenario mientras alrededor el mundo se va disgregando. Coco dice que ya piensa en el 17 de Octubre. Fernando que en la Argentina hay un nivel altísimo de movilización popular. Lo que simbolizan estas dos movilizaciones, explica, “es que lo que convoca es una linea profunda de afectados por las políticas actuales, pero el acuerdo con el FMI terminó de despertar un activo político que se siente protagonista de los últimos doce años. Creo que lo que está pasando es que el pueblo en la calle empezó a demandar un destino”.
Fuente:ElCohetealaLuna
No hay comentarios:
Publicar un comentario