Por Sebastian Polischuk / Resumen Latinoamericano / 13 de julio de 2018.
Durante la mañana de este viernes 13 de julio, lxs trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam lograron un fallo a favor por parte de la Justicia que declaró ilegal los 357 despidos que había producido el gobierno macrista en el último tiempo por parte del Titular del Sistema Federal Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombadi. Esa cifra representa un 40% del total de más de lxs trabajadores que tiene la agencia, además de desguazar también a la misma, cerrando 6 de las 27 corresponsalías.
En esta ocasión el conjunto de lxs trabajadorxs marchó hacia el juzgado Nº 22 apoyado de sindicatos, organizaciones sociales, abogados laboralistas y medios populares. Allí, el Juez Nacional de Trabajo en el Juzgado Nª22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio la sentencia contra los despidos.
Este fallo se logró tras haber realizado una medida cautelar por parte de los dos sindicatos sindicato de prensa el SIPREBA y FATPREN. Lxs trabajadorxs a partir de los 354 despidos masivos -previamente habían despedido 3 de ellxs, llegando a un total de 357- estuvieron realizando una permanencia pacífica en los dos edificios principales de la agencia. Allí, constanmente fueron realizando múltiples actividades, además de marchas masivas durante los 18 días de protesta. En esas actividades llenas de contenido y solidaridad, miles de personas, sindicatos, organizaciones, referentxs de derechos humanos, sumado al apoyo de los medios alternativos comunitarios les fueron brindando un fuerte apoyo, para que se pudiera llegar a esta victoria.
Por otra parte, además de rechazar los despidos, no se puede aceptar la constante criminalización y persecución a todx aquel o aquella que piense diferente a este gobierno neoliberal, tal como viene sucediendo con la gran mayoría de los trabajadorxs despedidos en todo el país y quitarle a la sociedad el derecho a la información.
A continuación damos a conocer las palabras del delegado de Télam Mariano, del SIPREBA en el momento en que se dio a conocer el fallo:
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El fallo completo de la justicia
Buenos Aires, 13 de julio de 2018 Por recibidos.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que los accionantes, SIPREBA Y FATPREN, a través de sus Secretarios Generales, DONDERO y ZORRILLA, la Comisión Interna de los Trabajadores de TELAM SE, inician una cautelar autónoma en la que se ordene a la empresa la suspensión de los despidos hasta la culminación del procedimiento administrativo previstos por los arts. 95 y ccds. de la ley 24.013, y dec. 265/02.
Señalan que TELAM SE dispuso el despido de 354 trabajadores sobre una planta total de 878, invocando reestructuración y que con tal medida se habría afectado el 40% de la dotación. A su vez, consideran que la cantidad de personas despedidas constituye un hecho público exento de controversia.
Entienden que al ser TELAM SE una sociedad cuyas relaciones laborales se rigen por la LCT, se encontraría alcanzada por el régimen preventivo de crisis regulado en el capítulo VI de la ley 24.013. Citan precedentes de Sala VI “Gómez Leandro Javier y otros c/ Pepsico de Argentina SRL s/ medida cautelar”, y de la Sala X “Barreto Víctor y otros s/ Industrias Lear de Argentina s/ medida cautelar”.
Sostienen que los vínculos de trabajo se encuentran vigentes, por lo que los trabajadores deben ser reinstalados, con ocupación efectiva y el pago de los salarios caídos hasta el cumplimiento del procedimiento preventivo. Memoran el art. 104 de la LNE que dice: “A partir de la notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical. La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos. Si los trabajadores ejercieren la huelga u otras medidas de acción sindical, se aplicará lo previsto en la ley 14.786.”.
Invocan normas del Código Civil y Comercial de la Nación, art. 63 LCT y convenios 87, 98 y 158 OIT.
De este modo, si bien el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien las solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, puesto que deviene exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifican.
Así se ha dicho, “el derecho debe ser verosímil, pues la procedencia de las medidas cautelares importa un gravamen que no debe ser impuesto sin que medien motivos serios que lo justifiquen”. “Ello supone que la verosimilitud importa una posibilidad de que el derecho exista, apoyado en una credibilidad objetiva, seria y razonable” (CNFed. Cont. Adm. , Sala II, 11/10/94, LL, 1997-E-1017, 39.805-S, entre otros). En igual sentido, nuestro Superior Tribunal, en criterio que comparto ha afirmado que “La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, y dentro de ellas, la innovativa, es una decisión excepcional porque altera el estado de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión” (CSJN, 24/8/93, LL 1994-B-131).
De manera preliminar, recuerdo que el decreto 2507/2002, ANEXO I, estableció en su artículo 1º, segundo párrafo que “Respecto a las relaciones laborales, la Sociedad se regirá de acuerdo al régimen legal establecido por la Ley N° 20.744, y sus modificatorias, o la que en el futuro la sustituya. Sin perjuicio de ello, TELAM S.E. deberá cumplir la normativa vigente para el sector público nacional en materia de negociación colectiva y todas aquellas medidas de incidencia económico-salarial.”.
En este sentido, el art. 112 de la LNE establece que “Las disposiciones de este título serán de aplicación a todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976)…”.
A su vez, el art. 2 de la ley 20.705 dispone que “Las sociedades del Estado podrán ser unipersonales y se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas…” (el subrayado me pertenece). Consecuentemente, considero que las normas del procedimiento preventivo de crisis de la ley 24.013, resultan de plena aplicación al caso en estudio.
Dicho esto, observo que de las piezas acompañadas por la parte actora se extrae la existencia de 64 telegramas de despido –incluidos el de los cinco accionantes- de fecha 22/06/2018 – redactados en los siguientes términos: “EN VIRTUD DE LA RESTRUCTURACIÓN GENERAL QUE SE LLEVA A CABO EN ESA SOCIEDAD SE LE NOTIFICA QUE QUEDA DESPEDIDO A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA. LIQUIDACIÓN FINAL E INDEMNIZACIONES A SU DISPOSICIÓN EN PLAZO
LEGAL Y CERTIFICADO DE SERVICIOS A SUS DISPOSICIÓN EN TERMINO LEY.” (SIC). Asimismo, en lo que aquí interesa, los accionantes adjuntaron un “Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación”, “Proyecto de Declaración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires” y “Proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Nación”.
En lo que hace al Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados de la Nación, ésta habría requerido al Poder Ejecutivo un informe pormenorizado respecto de los despidos masivos que se produjeron en la Agencia Nacional de Noticias TELAM en julio de 2018. Por su parte, el Proyecto de Declaración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, habría declarado la preocupación de la dependencia y su rechazo a la decisión de despedir “casi” 350 trabajadores de la comunicación en la Agencia de Noticias Pública TELAM. Finalmente, el Proyecto de ley de la Cámara de Diputados de la Nación, plantearía la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Así las cosas, y más allá del estado público que ha tomado la cuestión sometida a debate, lo cierto es que, de la documentación acompañada se acredita de manera sumaria los despidos colectivos invocados en la demanda. Siguiendo esta línea argumental observo que de los telegramas adjuntos surge que TELAM justificó la denuncia del contrato de trabajo en razón de una supuesta “REESTRUCTURACIÓN GENERAL” de la sociedad.
Deviene preciso señalar que el art. 98 de la LNE prevé que “Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo.” (el subrayado me corresponde).
En este punto, enfatizo que tal y como fue la intención del legislador el procedimiento a que hace alusión la norma citada no se limita únicamente a los supuestos de despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo (cfr. art. 247 LCT). Digo ello, por cuanto, si así fuere, no tendría razón de ser la genérica inclusión de “causas económicas o tecnológicas”, en el texto de la norma.
A mayor abundamiento, la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973 -La Ley, 1480- D, 397-), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167 – La Ley, 1978 -B, 306-), que debe interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que se emplean sin violentar su significado específico (Fallos: 295:376 -La Ley 1976 -D, 101-), máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376), para lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:111, Consid. 8º), evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo unas por otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:297, consid.3º). En tal sentido, no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 307:1018 -La Ley, 1986-A, 423)”, CNCAF Sala II, sentencia del 26/02/1999.
Destaco que, no obstante, el vocablo “reestructuración general” esbozado por la demandada no es un término de interpretación unívoca y por lo tanto, es susceptible de apreciación judicial. A su vez, en virtud del principio protectorio consagrado en la materia, los alcances de las normas jurídicas involucradas deben interpretarse en la forma que sea más favorable al trabajador (art. 9 de la LCT).
El derecho laboral tiene como sustento básico y fundamental el compromiso con la verdad real, en atención a la naturaleza de orden público de sus normas. De allí que el principio de primacía de la realidad obligue al juez a tener en cuenta todas las circunstancias del caso a la hora de valorar, aún por sobre las formas adoptadas contractualmente.
Conforme a este principio, para determinar la verdadera naturaleza de los hechos denunciados por las partes, más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada y que la apariencia no disimule la realidad, por lo que el suscripto no puede soslayar que detrás de la alegada reestructuración general se propició un despido masivo de trabajadores.
Por lo tanto, concluyo que el fundamento de TELAM para extinguir los vínculos de trabajo – de acuerdo con las pautas interpretativas señaladas precedentemente – encuadra en el supuesto de causas económicas que el citado art. 98 de LNE establece, razón por la cual considero, sin hesitación alguna, que ese es el procedimiento que ineludiblemente debería haberse seguido previo a tomar una decisión rupturista de esta magnitud.
Ello, además, porque la recisión masiva de contratos de trabajo, contraría la directriz contenida en el art. 10 de la LCT en orden al principio de conservación del empleo (CNAT Sala II, in re “Suárez, María Elena c/Colegio San Juan Bautista
S.A. s/despido”, Expte. 90.380/02, sentencia del 22/04/02) y el principio de buena fe que debe regir entre las partes y que se encuentra consagrado en el art. 63 de la LCT.
De este modo, y sin perjuicio de las facultades de organización y dirección que goza el empleador (art. 64 y 65 LCT), la medida adoptada por la demandada en razón de una presunta “reestructuración general”, excede todo marco de razonabilidad y resultó evidentemente intempestiva.
También recuerdo que los demandantes denunciaron que “…en forma pública, los funcionarios y accionistas de Télam
S.E. sí expresaron en forma nítida la razón de los despidos, motivados, así lo dijeron, en ejecutar la limpieza ideológica de los trabajadores de la empresa…” (ver fs. 10 vta.) por lo que, por aplicación del principio iura novit curia, los hechos quedarían asimismo encuadrados en el supuesto previsto en la ley 23.592, el que considero aplicable al caso, de acuerdo con lo decidido por la CSJN en autos “Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” (sentencia del 07/12/2010). En virtud de ello, en una interpretación amplia de la doctrina emanada del precedente “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”, no resulta necesario exigir a los reclamantes la plena prueba de la discriminación denunciada.
En criterio que humildemente comparto, se expidió la Sala II de la Excma. CNAT en autos “Toloza, Marcelo Fabián c/ Peugeot CITROËN ARGENTINA SA”, Expte. Nº 23155/2017, y afirmó “… que, incluso cuando por vía de hipótesis se prescinda de la especial protección que los arts. 48 a 52 de la ley 23551 le otorgan a quienes ejercen la representación orgánica de la entidad sindical, se impone ponderar que, como este Tribunal sostuviera in re “Álvarez Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo” (SD 95075 del 25/06/2007) – criterio confirmado en su oportunidad por la CSJN -, resulta aplicable también a las relaciones laborales lo dispuesto en la ley 23592, por lo que de aportarse elementos que permitan vislumbrar la posible motivación discriminatoria del acto atacado, por aplicación del criterio amplio que en materia de apreciación de la prueba ha adoptado el Máximo Tribunal al emitir su fallo in re “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”, (sentencia del 15/11/2011, P. 489, XLIV), no corresponde exigir al reclamante en supuestos como el de autos plena prueba de la discriminación alegada”.
En una causa de aristas similares, se ha dicho “…Que la inobservancia de Industrias Lear de Argentina S.R.L. a la regulación legal al omitir instar el procedimiento preventivo de crisis, tal como resulta de los expedientes administrativos que fueron requeridos y corren por cuerda (Exptes. 1-2015-1624740 y 1-2015-162894) genera, en el marco cautelar, verosimilitud del derecho acerca de la subsistencia de los vínculos laborales; y en particular, porque el segundo de los expedientes mencionados, que fue iniciado por Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (entidad sindical que si está legitimada para instar el procedimiento de crisis –conf. art. 99, ley 24.013-), muestran de modo claro, que Industrias Lear de Argentina S.R.L., con invocación a una situación de crisis, suspendió y despidió personal, sin haber recurrido al procedimiento antes aludido (ver fs. 56 y sgtes.), privando a los accionantes, por esa vía, de su derecho a transitar (si bien representados por la asociación sindical) el trámite administrativo impuesto con la finalidad de encontrar una solución a la vigencia de sus contratos de trabajo. Que el diseño del Procedimiento Preventivo de Crisis está pensado también para que la empleadora pueda canalizar sus problemas económicos atenuando la conflictividad en un ámbito de concertación y de paz social…” (CNAT Sala X in re “Barreto Víctor y otros c/ Industrias Lear de Argentina SRL s/ medida cautelar”, Expte. Nº 62024/2014, sentencia del 16/12/2014).
Por último, quisiera recordar que el art. 14 bis de nuestra Carta Magna, consagra la protección de los trabajadores contra el despido arbitrario y que, por otra parte el derecho a trabajar es tutelado también por el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el art. 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el art. 14 de la Convención Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, instrumentos incorporados a nuestra Constitución Nacional a partir de 1994, en el sistema establecido por el art. 75 inc. 22.
En consecuencia, pondero que los elementos y documentación acompañada resultan suficientes para considerar la posibilidad de acceder, de momento, a la medida solicitada, ya que se encontrarían, prima facie, comprobados los presupuestos necesarios para su viabilidad y que obrar de manera contraria tornaría ilusorio los derechos que los trabajadores pretenden salvaguardar.
Por lo expuesto y oído lo dictaminado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal, RESUELVO: 1) Hacer lugar, de momento, a la medida cautelar peticionada por SIPREBA y FATPREN contra TELAM SE y, en consecuencia, ordenar a esta última que en forma inmediata disponga la reincorporación de Matilde SUÁREZ, Sebastián SIDDI, Florencia Celeste FAZIO, Alejandro Adolfo MONCLÁ y Carlos Alberto NIS hasta la culminación del procedimiento administrativo previo a los despidos colectivos en los términos previstos por los arts. 95 y cc., ley 24.013, y dec. 265/02, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial. NOTIFIQUESE urgente, en el día y con habilitación de días y horas inhábiles mediante la guardia de la oficina de notificaciones. Hágase saber a dicha dependencia mediante oficio de estilo.
Corra con su confección y diligenciamiento la parte interesada (art. 46 LO).
Oportunamente, remítanse los antecedentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a los fines de dar cumplimiento con el trámite previsto por los Capítulos V y VI de la ley 24.013 y del decreto 265/2002.-
RICARDO JORGE TATARSKY
JUEZ NACIONAL DEL TRABAJO
Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: GABRIELA ANDREA SOSA, Prosecretaria
La letra chica del FMI: pide un aumento salarial del 8% y que sigan los tarifazos
Además, demanda que se mantengan las retenciones al agro y que se postergue la rebaja en los aportes patronales.
El Fondo Monetario Internacional publicó los detalles del acuerdo con Argentina y se destacan tres pedidos importantes: el primero es un aumento salarial de apenas el 8 por ciento; el segundo, que se mantengan las retenciones al campo; el tercero, que sigan los tarifazos.
Estas son las medidas que se enumeran en el informe, que tienen como objetivo reducir el déficit fiscal:
– Racionalizar el gasto público, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
– Recortar las erogaciones en salarios de empleados estatales mediante un recorte de puestos “no prioritarios” y congelar luego las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excepto en universidades.
– Poner un tope del 8% al incremento nominal de los salarios en el Estado entre junio de 2018 y junio de 2019.
– Mantener “la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja” en 25,5%. Es decir, no seguir bajando las retenciones.
– Postergar hasta 2020 la implementación de algunos puntos de la reforma tributaria (reducción de cargas laborales para los empleadores y posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
– Reducir aún más lo que denominan “subsidios ineficientes” a la energía y el transporte.
– Vender tierras e inmuebles de Estado y “amortizar” los activos en fondos de pensión (el FGS de la Anses) para financiar el pago de juicios por jubilaciones.
– Reducir las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
– Recortar las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con ajustes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De ese modo, se lograría que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
– Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permitan mantener el nivel de actividad en obra pública.
Eugenio Semino: “Para el sistema previsional, el acuerdo con el FMI plantea lo mismo que en los 90”
Por Lucía Ruiz
Entrevista exclusiva al defensor de la Tercera Edad: a dónde va el sistema jubilatorio. El acuerdo con el FMI, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la reforma previsional y su mirada del por qué de la estatización de los fondos de las AFJP. Una reflexión sobre el rol social de la vejez en el sistema capitalista.
Un repaso por los principales temas en relación al acuerdo del Gobierno con el FMI y la letra que refiere a los Fondos de Garantía de Sustentabilidad, al nuevo índice de las jubilaciones que Cambiemos impuso en diciembre del año pasado, a fuerza de represión, pero que resultó una victoria pírrica y da una explicación de porqué el Gobierno de Cristina Kirchner estatización de los fondos de las AFJP. Finalmente, hace un recorrido conceptual sobre el rol social de la vejez en el sistema capitalista.
Ofrecemos la primera entrega de la entrevista.
Eugenio, la última vez que lo entrevistamos estábamos en las postrimerías de la votación de la mal llamada reforma jubilatoria. Se votó la ley, vino el acuerdo con el FMI…
- El acuerdo con el FMI estaba antes de la firma del acuerdo…Sí, claro…Allí el Gobierno plantea que lo que va a preservar de alguna manera es a los sectores más vulnerables. En el marco de la crisis económica y de ese acuerdo con el Fondo, ¿los jubilados en qué situación quedan?
- El memorandún con el FMI dice lo que vienen diciendo los organismos multilaterales de crédito desde los `90. Lo que pasa es que en este acuerdo hay un párrafo donde se señala que “no se afectarán a los sectores más vulnerables…” Le pusieron un mentiroso rostro humano que antes estaba reservado a las creencias religiosas, le pusieron esa cara piadosa pero las recetas son las mismas.
Link nota completa:
http://www.laizquierdadiario.com/Eugenio-Semino-Para-el-sistema-previsional-el-acuerdo-con-el-FMI-plantea-lo-mismo-que-en-los-%C2%B490
Tras la orden de la Justicia, Vidal convocó a los maestros a tres meses de la última reunión
Por Pablo Roesler
El Tribunal del Trabajo N°1 de La Plata dictó un amparo en favor del Frente de Unidad Docente (FUD) y dio cinco días al gobierno para retomar la discusión salarial con los maestros. “Teníamos razón”, dijeron los gremios. El encuentro será el 23 de julio.
El mismo día que los maestros cumplieron 83 días sin ser llamados a paritarias, el Tribunal de Trabajo N°1 de La Plata ordenó a la provincia gobernada por María Eugenia Vidal a que convoque a los docentes para discutir salarios dentro de los próximos cinco días. El fallo respondió a un amparo que presentó el Frente de Unidad Docente, que nuclea a los gremios de maestros Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop que prepara un paro de 72 horas al regreso las vacaciones de invierno. En su afán de frenar la medida de fuerza y de cumplir con el fallo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los docentes a una reunión paritaria para el 23 de julio, en el Ministerio de Economía.
TELAM: La Justicia ordena reinstalar a delegados despedidos
Mientras los trabajadores continúan sosteniendo el conflicto en alta rotación con una multiplicidad de medidas, la Justicia Laboral ordenó la reincorporación de 5 delegados despedidos.
En un fallo dictado por el Juzgado N° 22 de la Justicia Laboral, se estableció como medida cautelar la reinstalación en sus puestos de trabajo de 5 trabajadores que fueron despedidos pese a tener la tutela sindical pertinente.
Mientras esto sucedía, los 354 trabajadores despedidos continúan con un plan de lucha tendiente a sostener el reclamo en el discurso público a fin de lograr la reincorporacion del total de los echados por la gestión de Pousa y Lombardi. en el día de la fecha marchaban desde la sede de TELAM en la Avenida Belgrano hasta el propio Palacio de Justicia para apoyar un reclamo colectivo de reincorporación.
A medida que pasan los días se multiplican las acciones de los trabajadores y esto hace preveer que este conflicto todavía tiene un recorrido por delante con resultado incierto.
a continuación, la parte dispositiva del fallo mencionado:
Por lo expuesto y oído lo dictaminado por la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal, RESUELVO: 1) Hacer lugar, de momento, a la medida cautelar peticionada por SIPREBA y FATPREN contra TELAM SE y, en consecuencia, ordenar a esta última que en forma inmediata disponga la reincorporación de Matilde SUÁREZ, Sebastián SIDDI, Florencia Celeste FAZIO, Alejandro Adolfo MONCLÁ y Carlos Alberto NIS hasta la culminación del procedimiento administrativo previo a los despidos colectivos en los términos previstos por los arts. 95 y cc., ley 24.013, y dec. 265/02, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial. NOTIFIQUESE urgente, en el día y con habilitación de días y horas inhábiles mediante la guardia de la oficina de notificaciones. Hágase saber a dicha dependencia mediante oficio de estilo.Corra con su confección y diligenciamiento la parte interesada (art. 46 LO).
Biblioteca Nacional: Un abrazo ante la amenaza de vaciamiento
“Todo el Estado se convertirá en una nueva Télam”
Los trabajadores de la Biblioteca Nacional realizaron un abrazo a la institución ante la amenaza de vaciamiento. La renuncia repentina de su director, Alberto Manguel, alegando problemas de salud sumada a los recortes en la institución constituyen indicios de nuevos
(Foto: Soledad Quiroga)
El 3 de julio por la tarde, luego de que diversos medios anunciaran la renuncia a su cargo de director, la institución le dio carácter oficial a la información. La razón de la renuncia, según se informó desde la Biblioteca, es la necesidad de Manguel de viajar a los Estados Unidos para realizar un tratamiento médico.
Sin embargo, entrenados en la suspicacia y ante el ejemplo de la devastación de la agencia Télam y la embestida contra lo público que lleva a cabo el gobierno, muchos de quienes integran el plantel de la Biblioteca temen que éste sea el un paso fundamental en el vaciamiento de la institución. “Es posible que en unos meses la Biblioteca se convierta en otra Télam”, dijo una de las fuentes consultadas.
Una metodología similar ya se dio en la propia Biblioteca. Aunque ya había sido nombrado en su cargo, Manguel tardó seis meses en asumir. En ese lapso se produjeron varios despidos de los que él prefirió estar distante, por lo menos físicamente, ya que a pesar de su ausencia era el director de la institución
Diego Martínez, delegado general de ATE, Junta Interna, Biblioteca Nacional, dialogó con Tiempo acerca de la situación que viven los trabajadores debido a los claros indicios de vaciamiento.
“El primer indicio –dice Martínez- es que el director saliente, Alberto Manguel, nos había anunciado con anterioridad que si el gobierno pedía más ajuste, lo que se iba a reflejar en más despidos, él se retiraba de la función porque no quería ser quien volviera a despedir a trabajadores. Esto lo dijo en reunión en la que se encontraban presentes otros gremios de trabajadores de la Biblioteca y también nosotros, ATE. Muy poco antes de su renuncia nosotros conversamos con los administradores del organismo y no hubo ninguna mención de que Manguel fuera a dejar el cargo. El tema se hizo visible cuando una periodista nos llamó para averiguar acerca de la renuncia y nosotros dijimos que no teníamos noticias. Consultamos a la administración que negó de manera terminante esta información. Esto fue un viernes por la mañana. La renuncia se nos comunicó un día antes junto con la noticia de que iba a visitar la Biblioteca el ministro Avelluto. Por supuesto, nos alarmamos mucho y mantuvimos una reunión con Elsa Barber, hasta ese momento la subdirectora y que asumirá como directora el 7 de agosto. Queríamos saber si ella se quedaba con alguna condición impuesta por el gobierno o si no había condicionamientos. Nos dijo ´no hay condicionamientos. Yo le creo al ministro y el ministro dijo que no va a haber despido´. Nosotros reivindicamos nuestro derecho a la duda. Teníamos conocimiento de los problemas de salud de Manguel desde que asumió, pero nunca se puso eso como condición para una renuncia.”
“Nos hicieron una maniobra –agrega Martínez- alegando problemas de salud cuando como trabajadores y trabajadoras entendemos que aquí se viene un ajuste fuerte. El decreto firmado por el presidente lo corrobora porque indica más recorte en el Estado en general.”
Ante esa situación, los trabajadores se pusieron en marcha. “Inmediatamente convocamos a una asamblea –dice el delegado- y decidimos hacer un abrazo a la Biblioteca en carácter de preocupación sobre nuestros puestos de trabajo y por eso convocamos para el jueves 12 a las 14 horas a un abrazo del que participarán figuras de la cultura, la política y el sindicalismo. El abrazo es a la institución y particularmente a los trabajadores y trabajadoras.”
¿Es este el inicio de nueva Télam? “Entendemos –afirma Martínez- que el todo el Estado Nacional se está convirtiendo en Télam, porque a partir de los decretos firmados por el Presidente, en el ministerio de Cultura, con el recorte de horas extra que se incorpora al sueldo de los trabajadores va a haber entre un 40 y un 50 de reducción salarial. Por otro lado, están los contratos del Estado que no van a tener renovación y que son muchísimos, lo que va impactar en la cantidad de puestos de trabajos. Estamos hablando de cientos de puestos. Es evidente que el Estado Nacional será una nueva Télam. Por eso estamos invitando a los trabajadores de la agencia nacional de información a que participen del abrazo con nosotros porque todos estamos por una misma causa: la defensa de los puestos de trabajo, el cambio de las políticas públicas. Le decimos un rotundo no al vaciamiento del Estado en general.”
Respecto del clima que se vive hoy en la Biblioteca luego de la renuncia de Manguel, Martínez informa que hubo una reunión con la directora entrante “en la que pidió, por supuesto, absoluta calma, que todo va a seguir como está, que no va a haber modificaciones, que sigamos con los trabajos que veníamos llevando adelante. Nosotros redoblamos la apuesta porque justamente el director saliente se encargó de vaciar una cantidad muy importante de áreas con lo cual dejó sin tarea efectiva a una cantidad importante de trabajadores y trabajadores. Estamos muy alarmados por eso y lo que estamos haciendo desde el sindicato es realizar algunas recorridas dentro del edificio básicamente para organizarnos y defender nuestros puestos de trabajo.”
Durante la gestión de Manguel y a su requerimiento, en la Biblioteca se llevó a cabo una modificación edilicia para permitir que todas las autoridades se concentraran en un mismo piso. El plan de austeridad que reclama el gobierno parece no haber sido tomado en cuenta en estas circunstancias. “Las condiciones edilicias eran óptima cuando asumió Manguel –agrega el delegado-. Los lugares físicos para los funcionarios ya estaban establecidos, pero se decidió realizar una obra faraónica en el tercer piso para concentrar allí todas las autoridades. Para eso hubo que hacer obra nueva que no era necesaria, lo que demandó, además de dinero, un ciclo lectivo completo de trabajos. Ahora retacean plata para todo. Aquí funciona un centro de archivos que toma testimonios a compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado para el que retacean dinero. También lo retacean para las muestras en el Museo del Libro. El propio Alberto Manguel dijo ´no tengo plata ni para un café´. En este momento estamos sin insumos básicos. Falta papel higiénico en los baños. Ya pasamos por esto en la década del 90 durante el gobierno de la Alianza comenzó retaceando los insumos para luego proponer rebaja salarial y despidos masivos de trabajadores.”
“No podemos tener confianza –concluye Martínez- en un gobierno que asumió diciendo que no iba a hacer ningún acuerdo con el FMI, que iba a lograr la pobreza cero, que no iba a haber inflación. Nada de esto ocurrió, sino que sucedió todo lo contrario. Frente a esta situación, tenemos derecho a la duda y por eso mismo realizamos el abrazo a la Biblioteca Nacional.”
La Biblioteca funciona en la calle Agüero 2502 de la Ciudad de Buenos Aires y será el punto reunión para manifestarse contra su vaciamiento y el consecuente despido de trabajadores.
Se concretó la venta del ingenio San Isidro a una empresa tucumana
El Grupo Gloria S.A, de capitales peruanos y propietario del Ingenio San Isidro, ubicado en la provincia de Salta y cerrado en enero pasado -provocando 700 despidos-, aceptó finalmente la propuesta del grupo Los Balcanes, perteneciente al mayor productor de bioetanol, del industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro.
La empresa con sede en Lima habría dado una orden para reparar máquinas en el mismo ingenio y permitir el ingreso de técnicos, para poner el ingenio en funcionamiento tras una puesta a punto.
Todavía no han culminado con la letra chica del acuerdo y mientras tanto los empleados del grupo incaico se encuentran realizando balances y un inventario para finalizar los últimos detalles.
La operación fue confirmada desde la empresa tucumana a Infonews por Daniel Medina, empleado de la misma.
Mientras tanto, desde Campo Santo, departamento donde se aloja la empresa San Isidro, el intendente Mario Cuenca también resaltó la importancia de la reapertura.
La posibilidad de concretar la zafra de este año trae alivio a los productores que aguardaban la resolución para no malvender su cosecha y que de esta manera se cumpla con el convenio contraído con la compra de la misma.
El punto álgido y más complicado de solucionar tiene que ver con la cantidad de trabajadores que serán empleados.
En mayo pasado 700 trabajadores fueron despedidos y cobraron sus indemnizaciones por el Proceso preventivo de crisis, es decir reducidas en un 50%. Durante la época de zafra la planta llega a tener 2.200 empleados.
Las nuevas autoridades no se presentaron ni dieron todavía a conocer el plan de trabajo, como tampoco el número de empleados que serían reincorporados, y hay especulaciones de todo tipo.
Para que el ingenio continúe con su producción de 4.700 toneladas es necesaria la dotación completa de trabajadores. Si los planes fuesen reducir la producción a 1.000 toneladas harían falta solamente entre 200 y 300.
Por otro lado, el sueldo promedio es de $ 22.000, pero los nuevos propietarios emplearan la tercerización -una sospecha entre los representantes de los trabajadores- el costo se reduce a $ 12.000.
En este punto, el Secretario general del SOEASI (Sindicato Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro), Mariano Cuenca, espera su turno para sentarse a la mesa con los nuevos propietarios y lograr la reincorporación de toda la plantilla, con las cláusulas y normas que le corresponden. Los trabajadores no ven la hora de retornar a su labor y mantener las condiciones y los derechos adquiridos a lo largo de los últimos años.
LEGISLATURA CABA
Se hicieron oír las voces de los secundarios contra la persecución policial y el hambre en las escuelas
Estudiantes de más de 25 escuelas, se hicieron presentes por primera vez en la Legislatura Porteña para contar la realidad que viven cotidianamente, dentro y fuera de los ámbito educativos respecto de Violencia Institucional que padecen a manos de la policía.
Apenas pasadas las 17 h el Salón Perón se llenó de estudiantes secundarios de la Capital Federal. Son jóvenes que viven y vivieron la represión institucional, pero le hacen frente. En cada mochila o brazo se ve el pañuelo verde que muestra un grito de pelea por el derecho a decidir, enfrentando a la policía y al Gobierno que les quiere arrebatar su futuro.
La reunión convocada por la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional que preside la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman fue dirigida a estudiantes secundarios con el fin de debatir la avanzada policial en distintos ámbitos educativos. Los diputados presentes fueron Victoria Montenegro quien fue convocante desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Patricio del Corro, Paula Penacca, Andrea Conde, Javier Andrade y Marta Martínez.
Estuvieron representantes de las escuelas Otto Krause, Normal 8, Liceo 8, Rodolfo Walsh, Mariano Acosta, Ort, Fader, Normal 7 Pueyrredón, Normal 1 Cerámica, Carlos Pellegrini, Lorca, Reconquista, Manuel Belgrano, Dolores Lavalle, Devoto, Cortázar, Lenguas Vivas, Joaquín V. González, Reingreso de Trabajo Gráficos, Mariano Moreno, Lengüitas, Escuela 6 del 5to Villa 21, Ort Montañeses, Colegio Comunicaciones, entre otras.
Esta Comisión se viene planteando hace tiempo como un espacio de resistencia hacia la avanzada represiva en la ciudad. Hace unas semanas se ha reunido la comunidad senegaleza denunciando la arbitrariedad policial xenófoba contra ellos, lo que también fue tomado en las intervenciones de los secundarios que hacen frente a la violencia institucional.
Estudiantes auto-convocados y algunos Centros de Estudiantes tuvieron la palabra para relatar sobre la degradada infraestructura de las escuelas, producto del desfinanciamiento educativo demostrando en sus relatos el desprecio por parte del gobierno hacia la educación pública.
Andrea Antico en su intervención planteó una verdad: “La única forma para defender los derechos de uno, es la lucha”. Invitó especialmente a acompañar a la familia en la próxima movilización, cumpliéndose un año de la desaparición y muerte de Santiago, el 1° de agosto en Plaza de Mayo.
– Con Hambre no se puede estudiar-
Varios estudiantes secundarios denunciaron la paupérrima comida de las viandas y comedores. Plantearon que con hambre no se puede estudiar. En las escuelas técnicas o de Bellas Artes donde la jornada es larga relataron que la comida si llega, se sirve en congeladas o pocas raciones o podridas con cucarachas. Incluso un estudiante planteó que se multiplicaron las ratas en su colegio.
– “Toque de queda” contra la organización estudiantil
Pamela de la Escuela 6 del 5to Villa 21, plantea algo que dejó azorados a todos los presentes, el “toque de queda” que implementa la policía de la ciudad contra la juventud: “Tengo familiares y amigos que son detenidos en pasillos de la villa sin ningún tipo de razón, les piden documento porque dicen que ahora hay una nueva ley que es el ’Toque de queda’ que significa que a partir de las 10 de la noche tienen que estar en sus casas, y que no pueden salir a las calles porque son menores. Cuando comienzan a decir que conocen sus derechos a varios chicos les hicieron la técnica del levanta muertos, consiste en tirarlos al piso, atarlos de pies y manos, comenzarles a pegar, tirarles gas pimienta y luego dejarlos ahí como si fueran nada. La policía nos dice que estamos desinformados, que nadie nos va a creer porque somos negros villeros”.
– Autoritarismo institucional y Arbitrariedad Policial
En las tomas hubo patrulleros circulando dentro y fuera de la escuela. Se originaron persecuciones, pedidos de DNI, requisas, amedrentamientos y hasta detenciones en la puerta de la escuela, en plaza y esquinas. En el Bellas Artes Manuel Belgrano agarran a estudiantes que los quieren extraer del colegio o meterlos en un patrullero.
La policía no se queda solamente en eso, sino que ingresan armados a las escuelas, los hostigan, los marcan cuando se solidarizan en conflictos por fuera del ámbito educativo.
En un relato de Maira del Manuel Belgrano se deslizó que: “Había aprietes de parte del Ministerio de Educación, llamando a padres para avisar que iban a existir denuncias penales contra ellos y sus hijos, por las tomas y cualquier acción de lucha, instalando una política de terror hacia cualquier tipo de manifestación”, esta amenaza se origina en base a que los estudiantes se estaban organizando en asambleas para exigir por el aborto legal. El ministerio de educación interpela a los directivos de las escuelas para averiguar quiénes organizaban las tomas. A una directora le hicieron un sumario por no brindar los nombres de estudiantes.
Para Pablo Moyano, con la continuidad del triunvirato “los beneficiados son Macri y Triaca”
“Me sorprende que los que firmaron la reforma laboral y los que tenían todo acordado con Triaca, ahora quieran quedarse en la CGT”, disparó Moyano sobre quienes ratificaron la continuidad del triunvirato. “Los beneficiados son Macri y Triaca”, advirtió.
Tras la cancelación de las elecciones de autoridades de la CGT, Pablo Moyano apuntó contra los dirigentes de la central obrera que ratificaron la continuidad de los triunviros y aseguró que “con la continuidad del triunvirato los más beneficiados son (Mauricio) Macri y (Jorge) Triaca”.
El secretario Adjunto de Camionero lamentó la decisión de la CGT de suspender la elección del 22 de agosto: “Es un día muy triste para los trabajadores, muchos estaban pidiendo una renovación de dirigentes”, planteó en FM La Patriada.
A su vez, en respuesta a las declaraciones del triunviro, Juan Carlos Schmid, quien no descartó “otro paro de acá a fin de año”, Moyano retrucó: “Que no se vengan a hacer los Rambos porque el paro general fue por la presión que hicimos desde Camioneros”.
Y disparó: “Me sorprende que los que firmaron la reforma laboral y los que tenían todo acordado con Triaca ahora quieran quedarse en la CGT”.
“Muchos gremios se van a sumar a la oposición del triunvirato, si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores”, agregó.
Schmid deslizó que el triunvirato podría continuar hasta 2020
Juan Carlos Schmid justificó la decisión en que “entrar a discutir cargos mientras la crisis avanza es complicado” y deslizó que con apoyo de los secretarios el triunvirato podría continuar hasta 2020. Además habló de un nuevo paro general.
El triunviro de la CGT, Juan Carlos Schmid, ratificó la continuidad de la conducción actual y aseguró que “no sería una locura convocar a otro paro general antes de fin de año”.
“El horizonte es de conflictividad por eso hay que hablar con todos los sectores y ver como respondemos, el propio malestar social hace subir la temperatura del pueblo en general, no sólo de los sindicatos”, planteó Schmid en declaraciones a FM La Patriada.
Asimismo, el referente de los gremios del transporte cargó contra el gobierno: “El que agita el malestar social es el mismo Ejecutivo”.
Siguiendo esa línea, defendió la continuidad del triunvirato de la CGT. “Entrar a discutir cargos mientras la crisis avanza es complicado, hay que avocarse a los problemas”, planteó y siguió: “Esta no es la primera vez que ratificamos al triunvirato. No está mal que sigamos hasta 2020 si contamos con el apoyo de los secretario”.
El gremialista explicó la cancelación de la elección: “La fecha del 22 de agosto no estaba enmarcada dentro de lo que marca el estatuto de la CGT, por eso no se podía hacer el Congreso”.
A su vez, aseguró que a finales de agosto va a haber un plenario donde todos los secretarios generales del sindicalismo “van a tener una discusión plena sobre el estado en el que está el país y las estrategias para adelante”.
Consultado sobre las diferencias planteadas por el sindicato de Camioneros hacia adentro de la central obrera, Schmid señaló que “Pablo Moyano no se fue nunca de la CGT, aunque han mantenido posturas diferentes siempre”. Y subrayó: “Espero que ningún sindicato rompa con la CGT”.
”La CGT nunca debatió institucionalmente el tema del aborto, pero advirtió sobre la situación”, concluyó el sindicalista en relación al proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo que actualmente se debate en el Senado.
Preventivo de Crisis y temor por despidos masivos en el puerto de Buenos Aires
La empresa Terminales Río de la Plata, presentó Proceso Preventivo de Crisis y ya envió 159 cartas documento. Espera el aval ministerial para gatillar las cesantías.
La situación en el puerto de Buenos Aires es más que tensa. Es que ayer se conoció que la empresa Terminales Río de la Plata presentó el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) y encendió las alarmas de los gremios y trabajadores de la atividad.
Además se conoció que fueron emitidos 159 telegramas a empleados que serían quienes serán afectados al proceso preventivo y, en base a eso, quienes sean desvinculados en caso de que el Ministerio de Trabajo lo aprueba.
Se cree que la cartera que conduce Jorge Triaca se tomará unos 10 días para evaluar los balances y con información que también le acercarán los gremios, deberá definir si Terminales Río de la Plata entra en PPC o no.
Se trata de unas de las 6 empresas portuarias más importantes del mundo, que según los gremios del sector “no está en crisis”.
De fondo hay de fondo una batalla entre gigantes. La terminal 4, propiedad de Maersk, la naviera mas grande del mundo, está operando para quitarle los clientes a Terminales Río de la Plata con el objetivo de quedarse con el negocio.
De hecho la Marina Mercante la semana pasada cortó la entrada de la terminal 4 por ese motivo. Le pidió a Maersk que si se lleva los clientes, tomé el personal que la 1 y 2 va a despedir por la caída de la demanda.
Reincorporan a la estibadora trans echada por discriminación
Justicia en el puerto
L. había sido despedida tras seis años de trabajo, justo cuando terminó de adecuar su cuerpo a su género autopercibido y realizó el cambio de DNI. La Justicia ordenó que vuelva a su trabajo.
L. había sido desvinculada en septiembre del año pasado.
La justicia es hoy un poco más justa en el sur argentino. Una mujer travesti-transexual que había sido despedida por cambiar de género en su DNI deberá ser reincorporada a su trabajo. Las organizaciones que acompañaron el proceso celebraron la medida aunque van por más. “Si bien se ha ganado la inclusión de trabajo, no deja de ser un trabajo jornal, en el cual es contratada eventualmente. Necesitamos trabajar el cupo legal trans”, apuntó Erika Moreno, coordinadora de la Red Diversa Positiva provincial de Tierra del Fuego.
L. llevaba más de seis años trabajando como estibadora de los pesqueros que amarran en Ushuaia para Trasmar SRL, hasta que en septiembre del año pasado la “desvincularon”. Nadie ponía en duda su idoneidad. El problema surgió cuando se presentó con su nuevo DNI con la identidad de género femenina. La empresa argumentó que no podía seguir trabajando porque no contrataban personal femenino. Desde entonces reclamaba que la reintegraran por considerar su despido discriminatorio por transfobia. Por eso había presentado una acción de amparo contra la cartera laboral, por su omisión, y contra la empresa Trasmar SRL, por su accionar discriminatorio.
Según surge del amparo, en 2017 L. trabajó normalmente “hasta el mes de mayo para la empresa Trasmar SRL. Desde dicho mes hasta agosto, el trabajo en la estiba de barcos estuvo parado; recién en el mes de septiembre de 2017 me presenté en la empresa, y el capataz, (Sr. Manuel), al ver mi Documento Nacional de Identidad –donde se encontraba inscripta mi identidad ya autopercibida anteriormente– dijo que no podía anotarme para la estiba manifestando: ‘en la empresa no contratamos mujeres’”.
Desde que la despidieron, L. fue a todas las dependencias públicas: formuló denuncia ante el Inadi por discriminación laboral, fue asistida por la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia también denunció la situación. Finalmente, la Dirección de Políticas de Género provincial denunció el caso ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, solicitó la nulidad del despido y exigió la reinstalación de L. en su puesto. El Ministerio de Trabajo no dictó ninguna resolución.
El juez de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Guillermo Penza, citó a las partes a una audiencia el jueves pasado. Allí se presentaron el Ministerio de Trabajo, la empresa, el Puerto, la trabajadora y su abogada, y la Red Diversa Positiva provincial de Tierra del Fuego. “Se escuchó a las partes y se aclaró la situación respecto de la inexistencia de normativa que impide contratar mujeres en el puerto, el juez quiso dejar establecida esta cuestión”, explica Solange Verón, la abogada patrocinante de L. Finalmente se llegó a un acuerdo “en el cual la empresa se compromete a recontratar a la trabajadora hasta fin de año de forma permanente en el sentido de que cada barco pesquero que llegue a Ushuaia en el que la empresa trabaje deberá contratarla y luego el año próximo deberá seguir en la modalidad habitual”.
L. tiene una sensación encontrada. Por un lado, percibe como un logro que la reincorporen porque “no quiero darles el gusto de irme discriminada”, dice. Por otro lado, es conciente de que “el puerto es un lugar muy machista”. “Vos no sabés lo que es el puerto”, remarca. L quisiera que se capacite en cuestiones de género en el Puerto y que el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos del Atlántico Sur (SUPAAS) apoye este tipo de causas. L había planteado su caso en SPAAS y “no le dieron importancia, me dijeron que busque un abogado”.
L. cuenta, y se dice, que debería conseguir un trabajo mejor, algo en administración, más cómodo. Pero, por supuesto, no es fácil. “La situación de la estibadora se enmarca en la temática de las personas trans, para ellas el tema del trabajo es fundamental. En este caso era vital recuperar la fuente laboral aunque vamos a seguir acompañándola para que pueda tener una situación laboral realmente estable que la pueda dignificar y de la cual pueda vivir”, aclara Verón.
Para Erika Moreno “todas estas cosas suceden porque socioculturalmente no estamos a la altura de las leyes, falta trabajar mucho más la ley de identidad de género, hacer talleres, dictar charlas. Estar más a tono con esto. Es importante educar a la sociedad para que no se cometan más estos errores”. Moreno es una mujer trans y fue despedida en diciembre de 2015 por el gobierno de Rosana Bertone junto a otros/as trabajadores/as. “La situación de vulnerabilidad a la que me llevó esta decisión política fue abismal y dura. Las feminidades y masculinidades trans necesitamos acompañamiento e inclusión”, dice.
Carrefour cerró tres sucursales más y ya hay 300 familias afectadas
La cadena francesa está en medio de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) . Esta semana sumó tres sucursales a la lista de ocho comercios cerrados.
El dirigente del Sindicato de Comercio Mario Amado explicó a Tiempo que los locales cerrados pertenecen a las marcas Express y Market, con las que la cadena opera en el segmento de los mercados de proximidad.
Amado señaló que la firma hasta ahora no cerró ninguno de sus hipermercados en los que emplea al grueso de su mano de obra, salvo el caso del mini hiper de la localidad bonaerense de Quilmes.
Desde que se habilitó a los franceses a aplicar el PPC la compañía se desprendió de unos 300 trabajadores aunque la fuente no pudo precisar qué proporción se acogió a los retiros voluntarios y qué parte fue trasladada a otros centros de compras.
Hasta el momento Carrefour cerró ocho puntos de venta. Los tres últimos de Capital Federal se sumaron a otros dos en este distrito y a las sucursales de Chaco, Tucumán y Quilmes.
Los gremios de la industria le reclamaron al ministro Dante Sica la defensa de la industria nacional
Reclamo de la UOM y Smata en Producción
El funcionario recibió a Antonio Caló y Ricardo Pignanelli en medio de una multitudinaria manifestación. Los gremialistas denunciaron “la gravísima situación de la industria metalmecánica” y pidieron el freno a las importaciones.
Una masiva marcha de la UOM y el Smata en la puerta del edificio del Ministerio de la Producción.
Imagen: N.A,
La reunión de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) bien puede ser considerada histórica y la participación conjunta en una masiva y bulliciosa movilización frente al Ministerio de la Producción fue un mensaje para el Gobierno nacional que habla del cambio de la estrategia sindical. Ante el ministro Dante Sica, los jefes gremiales, Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, advirtieron a través de sendos documentos sobre “la gravísima situación de la industria metalmecánica” y, por ende, reclamaron la defensa concreta de la industria nacional y de los puestos de trabajo que genera. Según confiaron fuentes sindicales, el ministro Sica les aseguró que está trabajando en una pronta implementación de aranceles a determinados productos importados que hacen a la actividad industrial de estos gremios.
La tirria entre la UOM y el Smata es histórica e incluso anterior a las conducciones de los actuales secretarios generales. Sin embargo, la política económica implementada por Cambiemos y sus perjuicios para la actividad industrial los acercó y se expresó en la movilización de ayer. Pero además, la pronta respuesta ministerial al pedido de audiencia prueba la importancia de estos sindicatos. Antes de ingresar, Caló anticipó el motivo de la reunión: “La apertura nos afecta. En realidad todo el plan económico nos está complicando. No hay poder adquisitivo entre los trabajadores”, dijo.
Sica conoce desde hace años a Caló y también a Francisco “Barba” Gutiérrez y eso se notó porque a los metalúrgicos les dio un abrazo y a Pignanelli le estrechó la mano. Sin embargo, ese conocimiento previo no evitó que los dirigentes de la UOM le describieran el funesto panorama que vive la industria metalmecánica. Los dirigentes sindicales le recordaron que desde que Macri asumió el gobierno se han producido 30 mil despidos y 20 mil suspensiones como “consecuencia de las erróneas políticas económicas ejecutadas”. La sentencia no solo fue pronunciada sino que quedó estampada en el documento que la UOM le dejó a Sica. Algo similar sucedió cuando le reclamaron defender el mercado interno o cuando criticaron la suba de las tarifas de los servicios públicos que “destruye la estructura de costos de las empresas y el ingreso disponible de la población”. En esa línea le reclamaron la recomposición de las líneas de crédito para inversión productiva, la aplicación rápida de los programas de Recuperación Productiva que debe hacer el Ministerio de Trabajo, establecer cupos de importación para garantizar producción local y el empleo.
Por su lado, Pignanelli –que estuvo acompañado de su secretario Adjunto, Mario Manrique– llevó un pedido que lo comparte con la UOM sobre la defensa de “la fabricación nacional de carrocerías y motos”. Sobre este punto, el líder de los mecánicos se quejó de la falta de cumplimiento del Gobierno sobre la prohibición de “la importación de colectivos para todo 2018”. Los sindicalistas le recordaron que la administración macrista se había comprometido a ello en octubre del 2017. El tema de la industria carrocera desvela a Pignanelli, que en el documento que entregó, le recordó a Sica que existía el compromiso oficial de mantener la plena ocupación de la capacidad productiva del sector. Sin embargo, el gobierno “tomó como primera medida la importación de colectivos para todo 2018 y establecer una línea de créditos blandos para el recambio de unidades, como así también exigirles a los carroceros costos más competitivos para atender las necesidades del mercado”. Es más, los mecánicos señalaron que una vez que se abrió la importación de colectivos desde Brasil el gobierno bajó la velocidad de la toma de decisiones. “Nos sentimos como trabajadores estafados en nuestra buena fe”, reza el escrito que el Smata le dejó a Sica. Según relataron fuentes sindicales, el ministro se comprometió, como todo funcionario que se precie de tal, a estudiar el listado de pedidos y anunció que en pocos días más comenzará a funcionar una especie de grupo de reacción rápida que tendrá que atender las necesidades de estos gremios.
Por otra parte y siempre según confiaron dirigentes sindicales, Sica les anunció que está dispuesto a implementar aranceles a las importaciones de determinados sectores. En principio estarían destinadas a la línea blanca y luego a la electrónica y autopartes. Eso disparó una media sonrisa entre los sindicalistas porque antes quieren verla concretada antes de festejar una medida que a los ojos de Cambiemos es de corte populista.
El Ministerio de Agroindustria desmanteló el régimen del Monotributo Social Agropecuario
Desamparo a los pequeños productores
Al eliminar el Monotributo Social Agropecuario, la cartera de Etchevehere les cierra el acceso a un régimen de formalización a más de 200 mil pequeños productores. Ya había 50 mil inscriptos, pero desde hace un año no acepta nuevas subas.
La agricultura familiar y de quintas produce el 60 por ciento de los alimentos consumidos.
Tras mantener paralizada durante más de un año la posibilidad de inscripción de los pequeños productores al Monotributo Social Agropecuario, el ministerio de Agroindustria resolvió la desarticulación del régimen al deshacerse de la obligación de hacer los aportes a la obra social por los actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administración al Ministerio de Desarrollo Social como “monotributo social” a secas.
El Monotributo Social Agropecuario fue creado en 2009 como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la salud a través de la obra social, contar con el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar en blanco, otorgándole un marco regulatorio y formalización al sector más relegado del campo. Se trata de un régimen que beneficia directamente a pequeños agricultores frutihortícolas (quinteros), agricultores familiares y campesinos sin tierra propia. La obra social del MSA le permitió el acceso directo al sistema de salud a 50 mil agricultores, que suman 110 mil contando a los adherentes. Sin el aporte de la cartera de Agroindustria, según las organizaciones de trabajadores de la tierra, cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 288 pesos para contar con la obra social. Para el Ministerio de Agroindustria, el desmantelamiento del sistema del MSA le implica un “ahorro” de 30 millones de pesos por mes, de acuerdo a la misma fuente.
“Si se tiene en cuenta que con la disminución de las retenciones, el Estado dejaba de recaudar mil millones de dólares, según publicó la Bolsa de Comercio de Rosario a principios de año, queda en claro el carácter de clase y el sesgo antipopular de las políticas del Ministerio de Agroindustria”, expresó la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que agrupa a todos los quinteros del cordón hortícola del área metropolitana (desde Escobar al norte hasta La Plata al sur, pasando por General Rodríguez al oeste).
Diecinueve organizaciones vinculadas al sector se pronunciaron contra la discriminación que practica el Ministerio a cargo de Luis Miguel Etchevehere contra los pequeños productores, implementando políticas que “sólo benefician al sector más concentrado”. Un ejemplo de ello fue la serie de medidas dispuestas para atender a los perjudicados por la sequía a principios de año y las inundaciones después. “El gobierno dio una serie de medidas que benefician a un solo campo, el sector más concentrado: 500 millones de pesos en créditos, disminución de impuestos, el presupuesto entero de la ley de emergencias, a las que no tienen acceso el pequeño productor; y lo mejor, la megadevaluación de junio, con la que acumulan ganancias los agroexportadores sin hacer nada”, opinó Agustín Suárez, dirigente de la UTT. Participaron en el documento, entre otros, Federación Agraria, MNCI, Mocase de Santiago del Estero, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, Grito de Alcorta, Mujeres Rurales Federales, Movimiento de Productores de Santa Fe y la Unión Campesina de Varela.
Se estima que el conjunto del sector de pequeños productores, campesinos y de la agricultura familiar abarca más de 200 mil agricultores en todo el país. El sector produce en forma directa más del 60 por ciento de los alimentos que consume el país.
Esta medida, la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, se enmarca en una política más general que está ahogando toda la acción del Estado en relación a los pequeños productores: desarticulación de la Secretaría de Agricultura Familiar, reducción del accionar del INTA y del INTI, de Senasa y otras áreas de Agroindustria vinculadas al sector.
Por los 6 mil muertos de Cavalieri en el padrón, allanan el Sindicato de Comercio
El juez Martinez de Giorgi ordenó allanamientos del Sindicato de Empleados de Comercio y de Parque Norte. Es por la presencia de casi 6 mil muertos en el padrón del gremio de Cavalieri y los vínculos con la barra de Boca, entre otras irregularidades.
El juez federal Marcelo Pedro Hernán Martínez de Giorgi ordenó esta mañana allanamientos en la sede del Sindicato de Empelados de Comercio (SEC) porteño y en el predio que del Parque Norte. Es por la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan por falsificación de documento debido a la presencia de casi 6 mil muertos en el padrón que el gremio habría presentado ante el Ministerio de Trabajo.
El operativo simultáneo lo lleva adelante la Gendarmería Nacional con varios efectivos. Buscan material de prueba para comprobar varias irregularidades en la organización comandada por Cavaleri desde 1986, entre ellas, el “robo” de la base de datos de la Anses para generar un padrón electoral falso con muertos y personas que se jubilaron en otro gremio y nunca aportaron al Sindicato.
El fiscal federal había abierto una investigación preliminar en el marco de la cual ordenó a la Dirección de Asunto Penales, Investigaciones y Sumarios de la Anses que informe si en el padrón aportado en su declaración testimonial por Ramón Muerza, secretario de Organizador y cabeza de la oposición, hay muertos. La respuesta fue contundente: se pudo identificar a 5.488 personas fallecidas.
Ahora, con la denuncia penal de Marijuan “contra quienes pudieran ser responsables del delito de falsificación” consagrado en el artículo 292 del Código Penal, y Martinez de Giorgi ordenó que se allane la sede del sindicato para secuestrar una copia del padrón y realizar nuevamente la pericia que podría complicar a Cavalieri, de 84 años.
También el operativo recayó sobre Parque Norte, el reconocido predio que poseen los mercantiles cerca de la costanera. Allí la idea del juez es tomar material probatorio de la violación que el líder sindical realizó de la clausura que había dispuesto el Gobierno porteño. Es que para encarar la asamblea, que la justicia había anulado, Cavalieri violó las fajas de clausura y le dio la espalda a las notificaciones que hablaban de falta de garantías de seguridad.
Ex integrante del Batallón 601 forma parte del entramado electoral de Cavalieri
Se trata Juan Manuel Bernasconi, quien integró la unidad especial de inteligencia del Ejército durante la última dictadura. Está acusado por la desaparición de un estudiante y ahora es parte de la Junta Electoral designada por Cavalieri.
La obsesión de Armando Oriente Cavalieri por mantener el poder en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), e ir por su novena reelección, empieza a dejar señales preocupantes. Es que en la Asamblea Extraordinaria que encabezó, desoyendo un fallo judicial, nombró como integrante de la junta electoral a un ex integrante del tristemente célebre Batallón 601.
Se trata de de Juan Manuel Bernasconi, afiliado 052483506 del SEC y ex miembro del Batallón 601, el organismo de inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura cívico-militar.
Bernasconi, que figura en los listados que se difundieron sobre los miembros del personal civil de inteligencia de ese batallón, está acusado del secuestro y la desaparición de Ricardo Emilio Riobó, en Turdera Provincia de Buenos Aires.
En la denuncia sobre la desaparición del estudiante y militante de la JUP del día 23/05/1978, se descubrió que Bernasconi se hacía llamar con el alias “Chaco” y que era “amigo” de la víctima.
Su nombre salió a la luz a principios de 2009, cuando el Archivo Nacional de la Memoria desclasificó la lista completa de los agentes civiles que prestaron servicio en dicho organismo entre los años 1976 y 1983.
Ahora “Chaco” será una de las 5 personas encargadas de controlar los designios democráticos de la principal elección gremial del año, que “casualmente” se hizo contra lo dispuesto por la justicia y sin la presencia de la oposición.
El nombramiento de Bernasconi se suma a los casi 5.500 muertos encontrados en el padrón y a los contactos que se descubrieron entre la barra brava de Boca Juniors y Cavalieri que, con sus 84 años, parece dispuesto a cualquier cosa por conservar su sillón.
El sector editorial acumula dos años y medio de caída libre
Por Juan Pablo Cinelli
Aunque no hay números oficiales correspondientes al ejercicio 2018, los primeros seis meses del año profundizan la crisis de la industria. Los editores independientes Leonora Djament, Andrés Beláustegui, Damián Ríos y Luciano Guiñazú analizan el presente y el futuro.
Según el informe que cada fin de año confecciona la Cámara Argentina del Libro, el ejercicio 2017 marcó un nuevo escalón en el descenso de la producción editorial, que bajó de un total de 63 millones de ejemplares impresos durante el año anterior a 51 millones. Dichos números confirman una tendencia que ya lleva tres años de derrumbe acumulado, desde que en 2014 el sector alcanzara un techo de 129 millones de ejemplares impresos. Al mismo tiempo que la producción local se desbarranca, la importación de libros crece en proporciones casi idénticas: en el mismo período 2014-2017 el valor de las importaciones editoriales se triplicó, subiendo de 40 millones de dólares hasta alcanzar los casi 130. Las perspectivas para el año en curso, que acaba de completar una magra primera mitad, no son alentadoras. Si bien no hay números oficiales que lo confirmen, son muchas las voces autorizadas que mantienen las alarmas encendidas, proyectando que la crisis económica que de manera sostenida viene minando la economía local en casi todos sus niveles, impactará de modo negativo en la ya golpeada realidad de esta industria. Resta saber qué tanto afectarán variables importantes, como la subida del dólar o la inevitable devaluación, cuando se las traslade al 2018 completo.
Consultados por Tiempo, un grupo de editores responsables de distintos sellos independientes ayudan a entender cuál es la actualidad del mercado de los libros y cuáles las perspectivas a futuro. Quienes aceptaron la invitación son Leonora Djament, editora de Eterna Cadencia, editorial que este año cumple una década de actividad; Andrés Beláustegui, responsable de la recién fundada Compañía Naviera Ilimitada; Damián Ríos, editor junto a Mariano Blatt del prestigioso sello independiente Blatt&Ríos; y Luciano Guiñazú, uno de los hombres detrás de la librería Caburé y la pequeña editorial Caterva.
“La situación actual en la industria editorial es absolutamente crítica e incierta, como lo es para la industria y el consumo en general”, afirma Djament y Ríos, crítico habitual de la gestión Cambiemos, amplía: “el mercado se achicó por lo menos un 30% y todavía hay que ver las consecuencias de la última devaluación”. En la misma dirección señala Beláustegui, quien sostiene que “la combinación del aumento de los costos y la baja del consumo en general (y de la compra de libros en particular) hace que el escenario sea muy complicado”. Por su parte Guiñazú agrega, y Ríos lo secunda, que “la recesión va mostrando sus diferentes caras con la caída de la cadena de pagos o la baja en las ventas no sólo en las librería, sino en las ferias, que es el espacio en el que las editoriales independientes vendemos el grueso de nuestra producción”.
Djament aporta más números: “las ventas cayeron por segundo o tercer año consecutivo, acumulando promedios de un 25 por ciento”. Y suma a la fórmula de la crisis el aumento de los insumos importados, atados al crecimiento de la divisa: “en lo que va del año, el precio del papel subió muy por encima de la inflación y la cartulina que se utiliza para las tapas, de la que no hay producción nacional, subió un 145 por ciento”. Todo eso apuntala un escenario de pérdida de rentabilidad. Por un lado en la venta minorista, ya que el aumento de los costos, que Guiñazú calcula “en torno del 30%”, es imposible de “trasladar al precio de los libros” porque, como afirma Beláustegui, “los dejaría a un precio demasiado alto para el comprador promedio”. Por el otro “también dificulta las exportaciones, ya que el libro argentino resulta caro para el resto de los países latinoamericanos e incluso España”, como explica el propio Beláustegui, quien antes de comandar la joven editorial Compañía Naviera Ilimitada estuvo al frente del sello Páprika, luego rebautizado con el nombre de Sigilo. Djament afirma que “en este contexto recesivo y de incertidumbre es muy difícil planificar ni siquiera en el corto plazo” y Ríos se suma para agregar que, si bien “las editoriales se pueden achicar y sobrevivir”, el panorama es aún más complejo para las librerías independientes, que “corren peligro de cierre”. Beláustegui coincide en que ellas son “el eslabón más castigado en este momento”.
Ante un paisaje semejante, las editoriales independientes han tenido que trazar distintos planes de emergencia. “Estamos inventando estrategias sólo para sobrevivir”, dice Ríos. “En Blatt&Ríos hemos recortado títulos para este año”, porque “la situación requiere que tomemos menos riesgos, apuntando a títulos más conservadores”, completa. Por su parte Guiñazú señala que “muchas editoriales independientes tenían un fondo editorial que de algún modo les permitió sobrevivir hasta el momento”, pero que “otras más pequeñas, como Caterva, nos hemos visto en serios problemas para lanzar títulos nuevos por falta de presupuesto”. Y agrega que también tienen “problemas para reimprimir, dado que en muchos casos no es posible cobrar los libros que se han vendido en las librerías”. Beláustegui confirma la mirada de su colega: “Compañía Naviera Ilimitada es una editorial que recién comienza y ya tenemos que estar replanteándonos la calidad material de los libros que hacemos, para poder bajar costos”. Guiñazú suma a la delicada ecuación la situación de los autores, quienes “no siempre llegan a cobrar sus derechos de autor y que razonablemente, cuando pueden, se van a firmar contrato con las editoriales más grandes y las multinacionales”.
Al presente oscuro se le suma un futuro negro, del cual los actores del sector ven muy difícil escapar sin un abordaje serio de las problemáticas que se presentan. “No creo posible que el sector se recupere en el corto plazo ni en el mediano”, se sincera, sin embargo, Ríos. “Será necesario que cambie el panorama más general por un lado y que aparezcan políticas de apuntalamiento del sector”, agrega Beláustegui. Djament cree que la solución se encuentra atada a una recuperación general de la economía. “La única manera de que se recupere la industria editorial es en el marco de una recuperación del consumo en general, y de una reactivación de la actividad económica y cultural en el país, y del desarrollo de una serie de medidas que trabajen con ese objetivo”, afirma tajante la cabeza editorial de Eterna Cadencia.
Ríos cree que para eso “se necesitaría una gestión económica decorosa, algo que hasta el momento no ha sucedido”, porque “una política económica que privilegia lo financiero sobre la producción no hace más que destruir emprendimientos productivos”. Beláustegui por su parte se anima a arriesgar algunas sugerencias. En primer lugar “políticas de fondo que ayuden a mejorar la rentabilidad, sobre todo de cara a la exportación”. También considera “fundamental” la implementación de “apoyos que ayuden a la visibilidad y mayor circulación de los libros de micro, pequeñas y medianas editoriales”. Y pone el acento en la cuestión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tema clave para el sector que lleva años sin resolverse.
La precaria situación que atraviesa la industria editorial, que inevitablemente se ve afectada por las variables que golpean a todos los rincones de la economía, no debería ser una sorpresa para nadie. Cuando a comienzos de 2016 el actual gobierno anunció sus primeras medidas destinadas el mercado del libro, un grupo de editores se apresuraron a alertar sobre las consecuencias negativas que la aplicación de las mismas podía generar. En ese grupo se destacaba la voz de Damián Ríos. Dos años y medio después, el combativo editor cree que se quedó “corto” en la previsión de los daños que aquellas políticas terminarían provocando. Su opinión de la gestión Cambiemos es clara: “Destruyen todo lo que tocan”. «
El rol de Avelluto
Pablo Avelluto es el elegido por Mauricio Macri para ocupar el cargo de ministro de Cultura desde el inicio del gobierno de Cambiemos, a fines de 2015. Su llegada a la cartera fue producto de una exitosa carrera previa como editor, en la que llegó a desempeñarse como director de la filial local de Random House Mondadori, uno de los grupos editoriales más importantes del mundo. Sin embargo hasta el momento su labor no parece haber estado muy atenta ni ser particularmente beneficiosa para el sector. “La gestión de Avelluto pasa sin pena ni gloria, incluso con pasos payasescos, como el caso del stand de la Feria del libro en Bogotá”, afirma Damián Ríos. Y aunque acepta que esto tal vez se deba a la falta de un presupuesto que le permita desarrollar acciones concretas, sostiene que tampoco “ha demostrado tener ni imaginación, ni solvencia administrativa”, y que ni siquiera “está claro cuál es su idea de cultura”, porque “si la tiene, no la demuestra en su gestión”. Belaustegui coincide en que la administración actual no le dio “una especial atención al mundo del libro”, aunque recuerda que “se continuaron algunas políticas de apoyo, sobre todo para viajes a Ferias del Libro. Pero no mucho más”. También menciona la polémica decisión de asociar al fútbol el stand de la Feria de Bogotá, pero reconoce que la excursión a Colombia tuvo “muy buen resultado en convocatoria y venta de libros de autores argentinos”. Ríos en cambio es terminante. Dice que la de Avelluto es “una gestión pobre, con una dirección imprecisa, a tono con el resto del Gabinete”.
Resumen Latinoamericano/ 14 de julio 2018
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por más de mil profesionales de la salud de todas las provincias del país, lanza la campaña #ContasConNosotrxs, mediante la cual se propone expresar públicamente la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud más allá de los valores morales e individuales.
Una campaña que pretende ser extensiva al resto de los colectivos que se manifestaron en favor del derecho al aborto, a días de la votación, en la Cámara de Senadores de la Nación, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Que visibiliza el trabajo que a conciencia venimos realizando en cada provincia del país, porque somos quienes, dentro del sistema de salud ponemos las cuerpas/los cuerpos, a esta inmensa lucha por el aborto legal, por el derecho a decidir si parir o si no hacerlo. Porque no creemos que la maternidad tenga que ser una condena obligatoria, sino que sea una elección estimulada por el deseo.
Porque somos quienes creemos que el sistema de salud debe ser parte de la solución y no del problema. Porque somos quienes nos negamos a reproducir la violencia institucional, misógina y patriarcal, sobre las cuerpas/cuerpos de quienes deciden gestar y de quienes deciden no hacerlo. Somos quienes sostenemos las prácticas amorosas en esta tarea de acompañar, en el decidir.
Somos miles trabajando en el sistema de salud, garantizando interrupciones legales del embarazo.
Somos miles garantizando el derecho a la anticoncepción y a la información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
Viernes 13 de Julio, 13hs.
No estas sola. #ContasConNosotrxs
Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Envío:ResumenLatinoamericano
HAY 2019, ¿PERO PARA QUIÉN?
La consigna de Rodríguez Saa le sienta a Rodríguez Larreta, Vidal y Bergoglio
POR HORACIO VERBITSKY
El Hada Buena y el Intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta intentan desmarcarse del presidente Maurizio Macrì. La consigna de Alberto Rodríguez Saa, Hay 2019, ha llegado más lejos de lo que se proponía su autor, que sólo pensaba en el peronismo. Ambos cuentan para esa jugada con el apoyo del Papa Bergoglio, cuyo objetivo es impedir que se sancione el proyecto de ley de abolición de la clandestinidad del aborto.
Vidal visitó al Papa en Roma junto con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, una semana antes de que la Cámara de Diputados sancionara el proyecto. Si bien ambas cumplieron con el compromiso de no revelar lo tratado, han dado señales de diferenciación de Macrì. Vidal y Stanley militan junto con Emilio Monzó y con el nieto de Rogelio Frigerio entre quienes propugnan acuerdos amplios con lo que llaman el peronismo racional, es decir aquel que consideran dispuesto a acompañarlos más allá de la puerta del cementerio. Pero esa presunción aún no ha sido demostrada.
En cambio, Macrì se atiene a la lógica con que llegó al gobierno, presentándose como un hombre nuevo sin ataduras con la vieja política, aunque ya lleve quince años en cuatro cargos públicos. A la luz de los resultados podría decirse que su posición es más realista. Pero también es cierto que las condiciones políticas y económicas han girado 180 grados y que la presidencia es una trituradora de ilusiones y fantasías. A partir de diciembre pasado está en duda si podrá aspirar a la reelección el año próximo, y desde la corrida cambiaria que se inició en abril y el parche del FMI que contuvo por un tiempo la hemorragia, la cuestión se ha adelantado. Lo que ahora se discute es cómo y cuando saldrá de la Casa de Gobierno y quién lo sucederá. Macrì no se da por aludido, pero sus propios partidarios han dejado de creerle y sólo prevén tiempos peores. La delectación con que Clarín reproduce cada semana las encuestas que lo confirman son una prueba adicional, salvo que alguien piense que ha habido allí autocrítica y reconversión al periodismo. Hasta publicó una foto de Macrì junto a un helicóptero.
Tanto Rodríguez Larreta como Vidal dicen que no hay futuro para ellos si Macrì se hunde pero mientras tanto se preparan para intentar el salto a las balsas, que no son un nuevo título financiero como los BOTEs sino parte de la más trillada metáfora náutica.
Los dos jugaron muy fuerte. MEV se pronunció en contra de la ley y exhibió el pañuelo celeste que la Iglesia Católica opuso al verde de la juventud que reclama la abolición del aborto clandestino, oneroso e inseguro. HRL consagró la Capital Federal a los corazones de Jesucristo y de su madre virgen. Nada menos.
También la vicepresidente Gabriela Michetti y el senador Federico Pinedo habían formulado pronunciamientos estrafalarios: revisar el artículo del Código Penal que desde hace 98 años autoriza el aborto en caso de violación (GM); subsidiar hasta el parto a las mujeres embarazadas que no quieran un hijo y a los niños una vez nacidos hasta que alguien los adopte (FP). Pero ambos son personajes sin arte ni parte en las decisiones políticas y no actores de primera línea. Ni el Criadero Estatal de Seres Humanos Presidente Pinedo, ni el Gran Premio a la Violación Gabriela Michetti pueden tomarse en serio.
No ocurre lo mismo con los gobernadores de las dos Buenos Aires. Vidal se pronunció luego del Te Deum que ofició en La Plata el nuevo arzobispo Víctor Manuel Fernández, quien durante su homilía interpeló en forma directa a Macrì, reclamándole que vetara la ley, lo cual mereció una rápida negativa del jefe de gabinete Marcos Peña Braun.
Esto a su vez motivó una réplica del ex secretario de Obras Públicas Rodolfo Barra. Fernández es el principal efector de Bergoglio en el Episcopado y Barra fue uno de quienes diseñaron las concesiones viales en favor del Grupo Macri en 1989. La esposa de Peña Braun se pronunció en favor de la ley y su suegra asistió a la marcha contra Macrì y el FMI. Todo esto cabe en la caja de Pandora que el Presidente abrió, con la vana ilusión de descomprimir el frente económico social. Lo único que consiguió fue detener por un tiempo la corrida cambiaria, pero al costo de mantener la tasa de interés en niveles incompatibles con la inversión e incrementar por una vía adicional el endeudamiento en dólares, ahora mediante las Letes del Tesoro, en preparación de la próxima escapada del dólar y la inflación.
Desde que se inició en la actividad política, Horacio Rodríguez Larreta nunca hizo una sola manifestación de tipo confesional. A diferencia de María Eugenia Vidal, quien estudió Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA), Rodríguez Larreta se recibió de economista en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Sus padres, el dirigente desarrollista del mismo nombre y Cristina Díaz Alberdi, se divorciaron y volvieron a casarse. Por esta carencia de antecedentes resultó más sorprendente la consagración de la Ciudad “al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la protección del Inmaculado Corazón de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva esta Ciudad”. Lo hizo en la catedral porteña con esta oración:
La última vez que un gobernante realizó una consagración semejante fue el 30 de noviembre de 1969, cuando el dictador Juan Carlos Onganía se arrodilló a los pies de la imagen y comenzó a leer:
—Madre de Dios: Señora de Luján, a quien nuestro Pueblo os llama también la Virgen de Itatí; Madre del Nordeste argentino; Señora de Sumampa en Santiago del Estero y Virgen de Catamarca; Milagrosa Imagen de la Virgen en Santa Fe y Virgen del Milagro en Salta, ante Vos estamos aquí reunidos…
El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo vio en aquella consagración un estupefaciente desconectado del compromiso de vida porque “Dios rehúsa los actos religiosos si no están precedidos y acompañados de una realización de la justicia y de la fraternidad”. El único punto en común con el gesto de Rodríguez Larreta es que también el gobierno de Onganía comenzaba sus estertores finales. No venía de una corrida cambiaria sino del Cordobazo y no le quedaba más que un semestre de agonía, pese a que había anunciado que no tenía fecha de vencimiento y hecho trascender que no se conformaba con menos de veinte años. La Iglesia Católica siempre ha jugado como factor de legitimación para gobiernos débiles que, a cambio, consienten sus intromisiones en el terreno de las decisiones políticas, subordinadas a sus opiniones autodenominadas morales.
Para mayor contraste, mientras Rodríguez Larreta y Vidal hicieron sus manifestaciones en las iglesias de sus respectivas sedes gubernativas, Macrì se alejó de la suya y al llegar a Tucumán delegó en Michetti y en el gobernador Juan Manzur (quien es cristiano maronita) la asistencia al Te Deum, donde el arzobispo Carlos Sánchez también zamarreó al gobierno por el aborto. Recluido en el jardín de la casa histórica, vallada a varias cuadras a la redonda, Macrì continuó con sus mensajes intemporales e inmateriales, llenos de consignas de autoayuda o marketing, que lee en un teleprompter. No le preocupa mostrarlo, porque sólo se admiten partidarios en su cercanía.
Otra Iglesia, otro gobierno
La intervención política de Bergoglio y sus obispos ha llevado a comparaciones con el conflicto que a mediados del siglo pasado enfrentó al Episcopado de entonces con el peronismo por la sanción de una ley de divorcio vincular, en 1954. Esto confunde más de lo que aclara, ya que las situaciones son incomparables, tanto en los temas de fondo como en las relaciones personales. Perón fue uno de los autores del golpe militar de 1943, que la Iglesia saludó como obra de un Ejército cristiano y que reinstauró la enseñanza religiosa obligatoria luego de seis décadas de laicismo. El Episcopado llamó a votar por él. Hasta que en 1948 el Vaticano y el Episcopado local vieron la anunciada reforma constitucional como una oportunidad para suprimir el principio de la soberanía popular y substituirlo por el del origen divino del poder, en una regresión a 1788. Perón no lo aceptó y por el contrario consagró principios sociales que marcan la modernidad argentina con una impronta laica y populista.
Allí comenzó el deterioro de las relaciones que fue acumulando agravios: en las escuelas se enseñaba religión católica, pero los programas y los profesores no eran designados por la entidad confesional sino por el poder político, que además descubrió que los sueldos de profesores que pagaba el Estado eran desviados para financiar otros gastos de la institución eclesiástica, tal como sigue ocurriendo en la actualidad. El peronismo se constituyó en una religión laica y las tres personas de la santísima trinidad fueron desplazadas por las dos de la pareja presidencial. El Vaticano impulsó la creación de un partido democristiano y cuando Eva Perón viajó a Roma, le negó la condecoración pontificia que prodigaba a las damas de las familias más poderosas del país. Su testamento contiene terribles invectivas contra los obispos coludidos con la oligarquía y esboza las bases de una teología de la liberación. El propio Perón recibió a los obispos acompañado por un sacerdote que se desempeñaba como asesor presidencial y les predicó su credo político. En las Fuerzas Armadas comenzó el dictado de clases de doctrina peronista en lugar de la anterior doctrina nacional. El grupo espiritista Basilio e iglesias evangélicas realizaron actos masivos en estadios deportivos auspiciados por el gobierno. Fueron prohibidos los pesebres u otras figuras religiosas al ornamentar las avenidas en Navidad y la misa de Nochebuena en los hospitales de la Capital. Tampoco se admitirían concentraciones políticas al aire libre. Una ley retiró la personería jurídica a las asociaciones profesionales “constituídas sobre la base de una religión”. La ley de presupuesto transfirió al Ministerio de Educación los fondos con los que desde 1947 se pagaban los sueldos de los profesores de las escuelas secundarias privadas y se creó una comisión para reglamentar su distribución futura. Además de eliminar subsidios se suprimieron exenciones impositivas. Comenzó a estudiarse que sólo los colegios estatales pudieran conceder la eximición a sus alumnos, lo cual quitaría todo atractivo a los privados y fueron puestos en pie de igualdad patrimonial los hijos extraconyugales.
El Episcopado lanzó a las fuerzas católicas a la calle y organizó una red de difusión clandestina y, con citas de dos encíclicas, comparó a Perón con Hitler y Mussolini.
En muchas iglesias y colegios católicos se imprimieron y distribuyeron los panfletos contra el gobierno, que expresaban el extendido malestar entre las clases medias y altas. La decisión de recurrir a ese sistema artesanal fue tomada luego de la clausura del diario católico El Pueblo e involucró a todas las fuerzas organizadas por la Iglesia. Entre esos panfletos hubo tres “Cartas del pueblo argentino a Perón”, con imprecaciones shakesperianas: “No tendrás ya descanso. Sobre tu cabeza veo un cielo confuso y aves de rapiña volando en círculo para arrojarse sobre su presa”.
El coordinador de la campaña de panfletos era el hermano marista de origen irlandés Septimio Walsh, quien proveyó a los comandos católicos de gelinita, mechas y fulminantes, que se almacenaban en el colegio universitario que dirigía el cura Luis María Etcheverry Boneo. También tuvo a cargo la logística para los comandos que tomaron dieciséis estaciones de radio durante el alzamiento.
En su propósito de dañar al gobierno, el reguero de panfletos no se preocupaba por la coherencia. Uno difundido el 18 de julio de 1955, rematado con la consigna ¡Viva Cristo Rey!, denunciaba que Perón tenía a sueldo a 1.600 asesinos yugoslavos y croatas encabezados por el ex Poglavnik Ante Pavelic. Lo que no faltó fue el humor: el dato se atribuía a “la mejor fuente informativa”. ¿Qué duda cabe, si el cardenal Antonio Caggiano fue uno de los organizadores de la red con cabecera en el Vaticano que concertó la fuga de los miembros del gobierno católico ustasha de Croacia que encabezó Pavelic, luego de la derrota del nazismo?
Septimio era primo hermano de uno de los marinos golpistas y de un traductor y escritor de cuentos policiales, Carlos y Rodolfo Walsh. Al pie de algunos panfletos se incluían unas líneas finales con exhortaciones al receptor. El segundo que se distribuyó decía:
“Reaccione. No se masifique, sea generoso con la Patria, use las armas de la verdad y no permita que quienes son capaces de sacrificar los valores más sagrados y apelar a los más bajos procedimientos, continúen denigrando a la Nación”.
En el tercero la consigna fue:
“Cumpla un deber inexcusable: haga conocer estas verdades; saque copias de estas hojas; envíelas a sus amigos, sobre todo a los del interior del país. ¡Dios y la Patria se lo agradecerán!”.
Dos décadas después, cuando creó la Cadena Informativa, Rodolfo J. Walsh perfeccionó el método con su prosa superior, al escribir:
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”.
Según uno de los integrantes de su comando, Septimio llegó a contar con dos mil hombres armados, la inmensa mayoría católicos aunque también estaba en contacto con grupos radicales y conservadores. Otra de las tareas del comando de Septimio sería conseguir conventos o casas para que pernoctaran algunos conjurados sobre cuyos pasos estaba la policía o que viajaban a otras provincias.
Perón declaró días laborables todas las celebraciones católicas e incorporó como no laborables el Día de la Lealtad [a Perón] y el Día del Renunciamiento [de Evita]. También se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y se hizo mixta la escuela primaria. Un panfleto explicó que el peronismo era el “vehículo del auténtico comunismo soviético en la Argentina” y señaló un “Grupo Judío Comunista de (el ministro del Interior Ángel) Borlenghi”, cuyo nombre alteraba como “Borlensky”. También apuntaba al subsecretario de Interior, Abraham Krislavín, como integrante de “la línea judaica internacional” y “la explotación de los prostíbulos” recién permitidos, y al secretario de Prensa y Difusión Raúl Apold, “judío, masón, responsable de la pornografía desatada en el país” y dirigente de “una organización tenebrosa de tratantes de blancas internacional”, a quien acusaba de proveer francesas e italianas a los burdeles. Muchas de esas mujeres “son espías comunistas”.
El 25 de mayo de 1955 ni Perón ni nadie del gobierno asistió al Te Deum en la Catedral. Perón dispuso reformar en forma parcial la Constitución, “en todo cuanto se vincula a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar la efectiva libertad e igualdad de cultos” y suprimió las exenciones impositivas en favor de todos sus bienes y actividades. El gobierno sustituyó por personal laico a un centenar de religiosas en cinco orfanatos y un asilo, una medida secularizadora que en Uruguay regía desde principios de siglo. Perón también convirtió en ley la supresión de la enseñanza religiosa. La Iglesia llamó a la resistencia y la Acción Católica la organizó en forma clandestina.
Los templos pasaron a ser lugares de encuentro y conspiración. La Iglesia fue el cemento que unió las distintas piezas de la conjura. Esas citas se denominaban La hora santa. En ellas los oficiales jóvenes acudían a los sacerdotes en busca de contactos con otros colegas que estuvieran dispuestos a conspirar. Los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en junio y los tanques del alzamiento de septiembre llevaban pintada la cruz dentro de una letra V que significaba Cristo Vence. Hasta el día de hoy ni el Vaticano ni la Iglesia argentina han demostrado arrepentimiento por aquel crimen.
No es una hipérbole decir que el de 1955 fue un golpe eclesiástico con un débil brazo militar. Por poca simpatía que uno tenga por Bergoglio, son situaciones incomparables, aun cuando sus voceros locales lleguen a atribuir a exigencias del FMI el debate sobre el aborto, una afirmación que muestra excesiva subestimación por la estupidez, propia y ajena.
Desnudos en la nieve
La financierizacion a la que se entregó el gobierno al suprimir toda regulación cambiaria o comercial, lo dejó tiritando, desnudo y en la nieve. Se trata de una crisis autoinducida, que el gobierno no está en condiciones de manejar y que destroza tanto la economía como la política. El acuerdo con el FMI fue un recurso de emergencia que impone un drástico ajuste que nadie acepta compartir si tiene con qué resistirlo. Esto vale desde la CGT, que presionada por los trabajadores está amagando con un nuevo paro, hasta los militares que le arrancaron a Macrì un aumento del 20%, dos veces y media más del ofrecimiento oficial, con la amenaza de vaciar la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas y el desfile del 9 de julio, que el gobierno debió suspender. Dejando atrás décadas de competencia por sus afiliados, SMATA y la UOM realizaron el viernes 13 una movilización conjunta en La Matanza, en defensa de la industria y del empleo. Luego de resistirse durante un semestre a negociar con los gremios docentes, y con fallos firmes en contra, Vidal debió convocarlos para discutir la paritaria. La Justicia también ordenó la reincorporación de los tres centenares y medio de despedidos de la agencia Télam. Igual que con los maestros y profesores, también con los periodistas el gobierno intentó quebrar su resistencia para intimidar al resto de los trabajadores, pero no consiguió quebrar su voluntad de lucha ni debilitar la solidaridad colectiva con ellos. Estos vetos a su política alcanzan al mercado financiero, que por falta de ofertas impidió el anunciado rescate de las letras intransferibles que el Banco Central recibió a cambio de las reservas que formaron el Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento. El único objetivo es ganar tiempo, que cada vez cuesta más caro y conduce a un callejón sin salida. Pero el mismo viernes 13 se publicaron en Washington los documentos del equipo técnico del FMI sobre la negociación con la Argentina, que ponen en duda el cumplimiento de las metas, contemplan la posibilidad de una corrida bancaria que vacíe los depósitos en dólares y son escépticos sobre la capacidad política del gobierno para conseguir la aprobación legislativa del paquetazo. Por eso Christine Lagarde en persona se reunirá con los líderes de la oposición (si hay algo digno de erse nombre) para amenazarlos con el apocalipsis en caso de que no claudiquen. Para colmo, el Financial Accounting Standards Board (FASB), un organismo regulador de Estados Unidos dependiente de su Comisión Nacional de Valores (CEC) comunicó a los inversores de todo el mundo que la economía argentina es “hiperinflacionaria” porque en los últimos tres años sus precios han crecido por encima del 100%. La información, publicada el sábado 14 por David Cufré en el matutino porteño Página/12 agrega que otro tanto hará el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en Londres, que Price Waterhouse Cooper (PCW) ya le indicó a sus clientes en el país que deberán ajustar sus balances por hiperinflación y hacerlo constar en los informes que llegan a inversores de todo el mundo. Otras grandes auditoras contables, como Deloitte y KPMG estarían avanzando en la misma dirección. La anhelada lluvia de inversiones se convierte en una amenazante granizada.
El discurso político se devalúa más que la moneda. Macrì convoca ahora a un “gran acuerdo para el desarrollo”, como si las grandes palabras pudieran transfigurar los mezquinos hechos, la calabaza de Melconian en una carroza.
Las palabras de Macrì se escuchan como quien oye llover, pero no sólo las suyas. Vidal dice que hoy debemos estar más juntos que nunca, pero consigue todo lo contrario, mientras no puede mantener por más tiempo el silencio ante la contundente investigación de Juan Amorín en El Destape sobre el lavado de dinero en el financiamiento de la campaña de Cambiemos. A esto se suma el procesamiento en una causa por narcotráfico del actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, y por lavado de dinero de la ex intendente de Resistencia Aída Ayala, ambos de Cambiemos. Macrì quiere que los gobernadores peornistas asuman parte del ajuste, cosa que también le exigen sus chinchorros de la UCR. Pero a cambio le reclaman que transfiera a las dos Buenos Aires el costo de los subsidios a los servicios. Rodríguez Larreta y Vidal refunfuñan y la gobernadora subleva a los intendentes justicialistas para que se nieguen, en un feroz todos contra todos. Carlos Caserio, vocero del gobernador cordobés Juan Schiaretti, anuncia que acepta compartir el ajuste impuesto por el FMI, pero el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, lo refuta. El presidente radical Alfredo Cornejo también se declaró de acuerdo con ajustar el gasto hasta alcanzar el 1,3% del PIB el año próximo, pero advirtió que es imposible en un escenario de recesión y pidió apoyo para las pymes y a la obra pública, que el gobierno no está en condiciones de cumplir si quiere llegar a esa meta. Si esto es así, ¿de qué vale la opinión favorable de Cornejo? Entre los ofendidos están los gobiernos de Rusia, Alemania y China, por la cancelación comunicada con malos modos de obras de infraestuctura con contratos ya firmados, siguiendo los compromisos asumidos en el Lecho de Procusto del FMI.
Bergoglio repite como un disco rayado sus consignas, aprendidas en la juventud e incluidas en sus documentos papales:
– el tiempo es superior al espacio;
– la unidad prevalece sobre el conflicto;
– la realidad es más importante que la idea;
– el todo es superior a la parte.
– la unidad prevalece sobre el conflicto;
– la realidad es más importante que la idea;
– el todo es superior a la parte.
Parole, parole, parole. (Para una discusión a fondo de estos principios o postulados bergoglianos: Los cuatro clavos de los cuales Bergoglio cuelga su pensamiento).
Si la realidad es más importante que la idea y la unidad prevalece sobre el conflicto, todo lo que se está planteando desde el Estado es pura retórica; si el todo es superior a la parte, estos reclamos chocan con la ley suprema que dicta el FMI, que si se infringe desata el apocalipsis de la corrida; si el tiempo es superior al espacio, el de Macrì está agotado. Le quedan apenas unos meses para cerrar los últimos negocios, familiares y de sus amigos. Por eso Bergoglio apuesta a rescatar del naufragio a Rodríguez Larreta y Vidal.
Fuente:ElCohetealaLuna
Estertores de un modelo inviable
El dios mercado se hizo ateo
Por Horacio Çaró
Publicada en 15/07/2018
Mientras en el mundo se desarrolla una guerra comercial sin precedentes en más de medio siglo, el gobierno de Mauricio Macri ignora ese escenario, le da la espalda, y desquicia la economía sólo para cerrar su ciclo de negocios, que pagarán tres generaciones.
Los socios pobres del PRO, los radicales, comenzaron a tomar nota de los costos que le deparará a Cambiemos el brutal ajuste que se viene. Y la alianza comenzó a crujir, porque los hombres de la UCR saben cómo termina todo romance con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El columnista de La Nación Martín Rodríguez Yebra planteó, hace poco más de una semana, en un editorial que tituló “Los mercados miran atentos las tensiones en Cambiemos”, los puntos más interesantes de esa tensión:
- El Gobierno se encuentra en una tensión entre sus socios de la UCR y la Coalición Cívica.
- Lo curioso de Elisa Carrió es que había ido a Entre Ríos a apoyar a un candidato radical.
- El radicalismo no lo tomó como una broma e hizo un ruido que hacía tiempo no se oía en la coalición de Gobierno.
- Los mercados ven la evolución del proceso político, no es la primera vez que se ven tensiones en el oficialismo.
- Si el radicalismo empieza generar una tensión con Carrió, que amenace una ruptura con Cambiemos, será visto por los mercados.
- El radicalismo insinuó y pretende incluir un integrante en la fórmula presidencial. Alfredo Cornejo trata de instalarse pero no tiene un conocimiento tan grande en la sociedad. No tienen una figura nacional popular para pararse ante el PRO.
- La UCR hace tiempo que no tiene una figura nacional capaz de liderar una fórmula presidencial. Parece más abocado en tener poder en las provincias.
Expertos en disimular las verdaderas razones de las divergencias en el bloque de por dominante, los columnistas de La Nación suelen omitir que esas acaloradas discusiones se producen porque nadie quiere asumir los costos del ajuste.
Sin embargo, el mismo autor, bajo el sugestivo título “La urgencia del Gobierno de unificar la tropa para hacer el ajuste”, ya no se esfuerza en barrer bajo la alfombra las razones reales del tironeo entre hampones de la misma banda y observa otros movimientos en el denso tablero oficial, y desbroza “la necesidad del Gobierno de unificarse hasta en las disidencias”.
Los obstáculos que percibe Rodríguez Yebra no son moco de pavo:
- El Gobierno está haciendo los números finos de lo que deberá recortar para llegar al 1,3 por ciento de déficit fiscal. Se hablaba de 200.000 millones de recorte, pero ahora se blanquea que será de 300.000 millones.
- En el núcleo duro del Gobierno y sus aliados nadie quiere ser el primero en tener que usar la tijera.
- Dentro del oficialismo está claro que hay que cumplir en lo que se acordó con el FMI. El tema es cómo se reparten esas cargas.
- En cualquier momento empieza la campaña electoral para la reelección de Mauricio Macri o quienes lo quieran suplantar.
- María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta plantean la inviabilidad política de hacer un ajuste tan fuerte donde está el principal potencial del Gobierno.
- Una parte importante del oficialismo dice que no se puede cargar todo sobre el principal electorado: la clase media. Consideran que es un sector abandonado por el kirchnerismo y que hay una gran desilusión y desencanto en los sectores medios.
“Falta un plan concreto, claro y sencillo de entender para lo que será el ajuste.
Para que los mercado le crean a Macri necesita mostrar que es viable, que no es una idea que sólo depende de él. Si Macri avanza con un plan sin el aval de la principal fuerza opositora será complicado convencer a los mercados”, concluye Rodríguez Yebra.
El problema es que, ante las necesidades de Cambiemos, “el mercado” es un dios que se hizo ateo y lo está dejando solo, apretando las clavijas donde más le duele, sin importarle un comino adónde van a para las chances electorales de Macri y sus secuaces.
Hasta que le explotó en la barbilla el escándalo de los aportantes falsos para la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, era notorio que la gobernadora María Eugenia Vidal venía evidenciando gestos de diferenciación respecto del Gobierno nacional.
Lo remarca otro columnista del diario de los Mitre, Jorge Liotti, quien indicó algunas de esas señales de distanciamiento simbólico. Pese a que reconoce que la construcción política de la mandataria bonaerense “está estrechamente vinculada al gobierno nacional”, observa que “ella encuentra modos de marcar un estilo propio”, y lo hace “en un momento en que al oficialismo no le va bien en imagen pública”.
Guiños como sacarse una foto con el pañuelo celeste con “un militante pro vida”, para el editorialista “sienta postura, no rompe, pero deja clara su posición en este tema”.
El periodista remarcó la relación de Vidal “con la Iglesia y el Papa Francisco”; reuniones con Carolina Stanley y anuncios vinculados a la salud, la educación y la tarea social”, y otros tópicos que le darían un barniz de sensibilidad social ante el indisimulable escenario de recesión en el conurbano bonaerense”.
Todo eso ahora entró en crisis. Este jueves, durante una visita a General Villegas, y , luego de permanecer casi tres semanas en completo silencio Vidal –acorralada por un periodista– debió responder ante el escándalo de los aportantes truchos que reveló El Destape.
La mandataria, como ya es costumbre, apuntó a un sector de la oposición: “Es una denuncia del kirchnerismo –lo cual es absolutamente falso– y no importa de quién venga porque nos presentaremos y presentaremos todos los papeles y lo que es más importante es que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias y por eso creemos que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no así tenemos las cuentas claras”.
Vidal fue denunciada penalmente por la jefa de la bancada de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana,Teresa García, a partir de que la gobernadora es la titular del PRO en la provincia, y los tiburones del conurbano comienzan a oler sangre y ver que finalmente a Heidi las balas también le entran.
Hasta el lacayo del gobernador jujeño Gerardo Morales salió de su madriguera para criticar a la gestión macrista. Consultado sobre si está “impactado” por la situación económica después de dos años y medio de gestión de Cambiemos, después de un eterno silencio, contestó: “Diría que no cubre las expectativas que tenía”. Y agregó: “La situación económica es muy mala”.
El apresador de Milagro Sala cenó el martes en la Quinta de Olivos con Macri junto a sus pares de Mendoza Alfredo Cornejo –presidente de la Unión Cívica Radical–, y de Corrientes, Gustavo Valdés.
Como escribió en el sitio Infobae uno de los voceros oficiales, Luis Majul, “Cambiemos se debate entre plantear a los argentinos «la cruda verdad» y la conveniencia de decir y hacer lo necesario para retener el poder en 2019. Se trata de un camino demasiado angosto y nada hace pensar que le pueda resultar sencillo”.
Una economía desquiciada
El diario La Nación desplegó su título principal en su edición digital del viernes sin necesidad de editorializar una coma: “Para el Gobierno, junio mostrará la mayor inflación en dos años”. En la bajada añadió más información oficial: “Cree (el Gobierno) que el IPC del lunes estará entre el 3,5 y el 4 por ciento; lo atribuyen (sic) a la devaluación y las subas del combustible y el transporte”.
La tribuna de doctrina del liberalismo vernáculo ya titula con las impiadosas consecuencias de un modelo inviable, que se apoya en exprimir a los sectores más vulnerables para transferir esos recursos a los bolsillos de los más grandes crápulas económicos de la Argentina.
Nadie ya plantea seriamente que la crisis sea producto de pesada herencia alguna porque es ostensible que resulta del efecto de políticas económico financieras criminales, aplicadas desde diciembre de 2015.
Atribuir “a la devaluación y las subas del combustible y el transporte” la galopante inflación que Macri prometió que sería lo más fácil de doblegar es reconocer que este Gobierno ya no maneja la más elemental de las variables.
El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) calculó que el incremento de las exportaciones de combustibles entre enero y mayo de 2018 respecto del mismo mes del año pasado fue del 11.501 por ciento, y que en relación con 2015, fue del 5.336 por ciento. La empresa que concentró estas exportaciones fue Axion (PAE), solamente a nivel gasoil.
O sea que, como dice ese centro de estudios, “por primera vez desde 2011, las grandes refinadoras retoman la exportación de nafta y gasoil”.
El Oetec redondea el concepto: “En el mar revuelto de esta anarquía de mercado, el excedente comienza a salir por los poros a las refinadoras consecuencia de la recesión económica, que no tienen problema en volcarlo afuera mientras localmente se dan el lujo de retener combustibles si los precios de turno no les convencen. De los derechos y la seguridad jurídica ciudadana, nada de nada. El más absoluto desamparo”.
Hace pocos días, en una entrevista realizada por el editorialista de La Nación Joaquín Morales Solá, el CEO-ministro Javier Iguacel afirmó que las empresas “están buscando cuál es el precio de equilibrio entre lo que la gente puede pagar y lo que quieren cobrar los vendedores”.
El famoso “precio de equilibrio” está muy vinculado, además, con la producción. En particular, en la provincia de Santa Fe, con el sector lácteo, puesto que el combustible incide en alrededor del 17 por ciento de los costos de producción, lo cual llevó en los últimos días a los tamberos a plantear que quieren discutir con Macri y su Gabinete el precio del gasoil.
En el suplemento local del diario Página 12, la situación de los pequeños y medianos productores lácteos fue abordada en la semana que concluye, y allí se muestra, también, cómo se resquebraja otra alianza que el macrismo estableció con lo que se denomina “el campo”.
En un artículo titulado “Tambo que cierra, tambo que no reabre”, se reveló que ya son casi 460 los tambos cerrados en un año, y que el sector ya lleva “dos años y medio trabajando a pérdida”.
La industria lechera le paga al productor 6,40 pesos por cada litro de fluido, y sólo para recuperar rentabilidad se necesitan 8. “Nuestras vacas comen dólares y ordeñamos pesos”, sintetizó un productor santafesino.
Esos pequeños y medianos productores lácteos decidieron no participar el martes pasado del encuentro con el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, a partir de la decisión del Estado de no intervenir en su ayuda y al escuchar la voz oficial que sentencia. “El mercado debe fijar el precio de la leche”.
El secretario de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe), Marcelo Aimaro, graficó: “Hace 30 meses que los productores están perdiendo plata. En el último año, la cadena perdió 15.000 millones de pesos y el 97 por ciento de ese dinero lo perdieron los productores. La cadena está rota porque sólo un eslabón soporta la pérdida”.
El dirigente agregó: “En ningún país del mundo la lechería está librada al mercado. El Estado debe intervenir en favor del eslabón más débil de la cadena que es el productor. Sino sólo se generará concentración. El problema es la redistribución en la cadena; tenemos socios que se están llevando una porción mayor de la que le corresponde y nadie lo está viendo”.
La secretaria de Género de la Federación Agraria, Mariel Agüero, quien sí asistió al cónclave convocado por Etchevehere, coincidió con Aimaro: “No quieren ser árbitros en la cadena. Quieren que el mercado defina y que el productor arregle el precio con la industria, pero la industria hace lo que quiere”.
Para el macrismo, dalo mismo la nafta, el gasoil, la leche o la harina. El precio debe marcarlo la deidad favorita de los neoliberales: el mercado.
La devaluación perpetrada a medias entre el mercado y el Estado macrista es una pinza letal: según los cálculos de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea), en el sector de la lechería más del 65 por ciento de sus costos se estiman en dólares, y con la suba de la divisa norteamericana los tamberos pierden entre 0,70 y 1,1 pesos por litro producido.
A contrapelo de lo que ocurre en el mundo, Cambiemos deja librada a la producción a los vaivenes que manejan cadenas de valor absolutamente cartelizadas a las que denomina, con cinismo delincuencial, “el mercado”.
La guerra comercial que China y EEUU están llevando al paroxismo en las últimas semanas muestran hasta qué punto el Gobierno macrista desconoce el escenario global, al que de todos modos le echa la culpa por la depreciación del peso, sin molestarse en explicar que en otros países el que se devalúa es el dólar, o que si una divisa baja en la paridad con el billete verde es para competir en mejores condiciones.
Es lo que acaba de ocurrir el jueves pasado, cuando Beijing le cantó quiero retruco a Donald Trump y devaluó el yuan. El Banco Popular de China –equivalente al Banco Central argentino o a la Reserva Federal yanqui– concretó la devaluación del yuan más fuerte desde enero de 2016, y de ese modo la moneda del gigante asiático se depreció en un 1,1 por ciento, en un fuerte contragolpe comercial contra Trump, quien el pasado 15 de junio anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento –equivalentes a 50.000 millones de dólares anuales– sobre distintas importaciones procedentes de China.
La depreciación del yuan es, en definitiva, un factor que estimula la exportación china a EEUU, y se da en medio de la creciente tensión comercial entre Washington y Pekín en torno a los aranceles a los productos chinos que promueve el presidente estadounidense.
Luis Caputo, el titular del Bcra, no ignora lo que acontece en el mapa global, pero está más preocupado por cerrar el ciclo de timba financiera iniciado por su predecesor Federico Sturzenegger al emitir Letras del Banco Central (Lebac) por más de un billón de pesos.
Los negocios personales de Macri y su pandilla, más la rentabilidad garantizada a la banca multinacional por el endeudamiento contraído, y la marcha de la economía en manos del FMI configuran un sombrío panorama, que genera cimbronazos en la alianza política, pero fundamentalmente provoca hambre, desocupación y cierre de fábricas y pequeñas y medianas unidades productivas.
Son los estertores de un modelo inviable, criminal, alejado de toda razonabilidad económica. El problema es que si esa infernal maquinaria no es detenida a tiempo, las chances de restauración de un país que incluya a las grandes mayorías serán cada vez más lejanas, y acaso tan inviables como el modelo que llevó a la Argentina a este abismo.
Fuente:RedaccionRosario
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