16 de julio de 2018

TROPEL.

MARCHA POR PAN, PAZ, TIERRA, TECHO Y TRABAJO

La CTEP, CCC, Barrios de Pie y el conjunto de organizaciones que nuclean a los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular anuncian la ya tradicional marcha de San Cayetano el 7 de Agosto por los derechos básicos para nuestro pueblo: pan, paz, tierra, techo y trabajo.
En un contexto de ajuste que quiere llevarnos a la miseria, los Movimientos Populares en unidad rechazamos el acuerdo con el FMI y exigimos el tratamiento urgente de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.
Los despidos en Télam llegan a la ONU


Los despidos en Télam llegan a la ONU


El diputado Leopoldo Moreau anunció que denunciará ante Naciones Unidas el caso de los 357 despidos en la agencia de noticias Télam y aseguró que “gobiernan con odio, por eso destruyen todo”, ante el vaciamiento en los medios públicos. Como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados, Moreau adelantó, […]
El diputado Leopoldo Moreau anunció que denunciará ante Naciones Unidas el caso de los 357 despidos en la agencia de noticias Télam y aseguró que “gobiernan con odio, por eso destruyen todo”, ante el vaciamiento en los medios públicos.
Como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara de Diputados, Moreau adelantó, en declaraciones a la AM750, que denunciará el caso ante el relator de esa especialidad en Naciones Unidas.
El Diputado recordó que “los propios funcionarios admitieron que hicieron esto (357 despidos) por un núcleo ideologizado dentro de la agencia, lo cual no es un delito”. Además, agregó que Rodolfo Pousá, presidente de Télam, justificó los despidos “porque en Télam se adhería a los paros de la CGT y la CTA, cuando el derecho a huelga está contemplado”.
“El vaciamiento de agencias, con esto y lo que pasó el año pasado con el cierre de DyN, deja sin información a pequeños medios del interior. Eso es lo que esta gente quiere: que saquen la información de Clarín, tener una agenda y una voz únicas”, remató.
En legislador de Unidad Ciudadana adelantó que con el fallo judicial del viernes, que se aplicó a un grupo de cinco trabajadores, se abren las puertas para que los 354 puedan ser reincorporados a la agencia Télam.


La Justicia le ordena a Vidal que aplique la cláusula gatillo también para los judiciales


La Justicia le ordena a Vidal que aplique la cláusula gatillo también para los judiciales


En un fallo similar al que obtuvieron los gremios docentes, y que derivó en que el Gobierno deba convocar de urgencia a una mesa técnica salarial para el 23 de julio, la Asociación de Judiciales Bonaerenses obtuvo un fallo de parte del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata, también sobre una cuestión salarial. Es […]
En un fallo similar al que obtuvieron los gremios docentes, y que derivó en que el Gobierno deba convocar de urgencia a una mesa técnica salarial para el 23 de julio, la Asociación de Judiciales Bonaerenses obtuvo un fallo de parte del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata, también sobre una cuestión salarial.
Es que ese cuerpo resolvió que los salarios sean reajustados de acuerdo al índice de inflación que estableció hace el INDEC. De esta forma, se ejecutará la “cláusula gatillo” ya acordada “disponiendo el aumento mensual de las remuneraciones de los agentes judiciales que se encuentran comprendidos en el ámbito de representación de la AJB”.
El fallo del Tribunal que integran los jueces Carlos Tomás Gramuglia, Liliana Noemí Badi y Enrique Catani, ordenó además al Ministerio de Trabajo provincial que “proceda a la reapertura y continuidad de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados judiciales para el año en curso, para lo que deberá convocar a las partes -Asociación Judicial Bonaerense y Estado Provincial-, quienes deberán negociar en un marco de buena fe”.
En llano, los jueces le advirtieron al Gobierno que “sentarse a la mesa no alcanza si no se verifica una activa posición de las partes al proponer fórmulas eficaces para generar ese acuerdo”. Una sentencia que se vuelve más potente a la luz del “reto” que la propia Corte Suprema le dirigió al Ejecutivo hace una semana.
Es que en el marco del dilatado conflicto que mantienen los empleados del Poder Judicial, la Suprema Corte bonaerense emitió esta tarde una durísima resolución, dirigida al Poder Ejecutivo, que comanda María Eugenia Vidal, en la que reconoce la “preocupación” por la situación salarial. En el documento advierte por el atraso de jueces y empleados respecto de la inflación y por la “brecha” respecto de la justicia federal, que ubica en torno al 40 por ciento.

ATE le exige a Vidal una “urgente reapertura de la paritaria”


ATE le exige a Vidal una “urgente reapertura de la paritaria”


Superadas todas las expectativas inflacionarias propuestas por el Gobierno para 2018, los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires presionan para que sean revisados los acuerdos por aumentos de salarios. Es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se expresó a través del secretario General, Oscar de Isasi, y sostuvo […]
Superadas todas las expectativas inflacionarias propuestas por el Gobierno para 2018, los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires presionan para que sean revisados los acuerdos por aumentos de salarios.
Es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se expresó a través del secretario General, Oscar de Isasi, y sostuvo que el Ejecutivo “está tratando de imponer sueldos a la baja”.
“Estamos profundamente preocupados por la insensibilidad del gobierno y una irresponsabilidad manifiesta en el abordaje de los problemas de los Estatales y en los sectores más vulnerables en general”, señaló, reclamando a María Eugenia Vidal que “cumpla con sus declaraciones del día del trabajador Estatal y reabra las paritarias”.
El gremialista añadió que “nos sorprende, y no gratamente, la demora por convocar a paritarias salariales por parte de la gobernadora Vidal. Nos preocupa porque casi por cadena nacional planteó la necesidad de discutir salarios, argumentó el porqué, habló de la angustia creciente de los trabajadores, situación que le venimos planteando desde que asumió la gestión, pero ha hecho oídos sordos, y a pesar de los anuncios todavía no convoca a la paritaria salarial”.
“En primer lugar, porque el gobierno no está dispuesto a oír y a tratar de corregir el rumbo a pesar de los reclamos permanentes de nuestra organización, de que es necesario abrir la paritaria para que en el marco del diálogo y la negociación podamos volver a tener un mayor poder adquisitivo”, puntualizó.
En referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, De Isasi juzgó que “el gobierno insiste en que cuando culmina la paritaria terminemos perdiendo poder adquisitivo, es decir tratando de imponer salarios a la baja, medidas tales como despidos, retiros voluntarios e intentos de jubilaciones compulsivas, son decisiones que ha tomado el gobierno no solo para perjudicarnos a los trabajadores del Estado en su sentido más amplio, estatales, judiciales, trabajadores profesionales de la salud, docentes, auxiliares, administrativos, trabajadores de niñez, enfermeros, sino también ha lesionado las políticas públicas, porque la desestructuración de las plantas de personal hace que baje la calidad de atención sobre todo en las áreas sociales, como son salud, educación, niñez, desarrollo social que son las áreas que necesitan los que menos tienen”.
“La paritaria estatal, esta con una promesa que se dilata, la paritaria del Astillero Naval Rio Santiago quedó sin nueva convocatoria, la paritaria docente tuvo una última reunión y luego un salto al vacío sin que el gobierno diera una señal seria de querer seguir negociando salarios, los profesionales de la salud tuvieron una reunión que terminó ahí y nunca más los convocaron, los trabajadores judiciales están sin ningún tipo de señal clara de negociación paritaria, pese a que tuvieron una reunión por parte del gobierno”, indicó.
También recordó que la Provincia “demora el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, no hay ninguna razón para que esto suceda, dado que los compañeros dan prueba de que hace años trabajan en sus puestos cumpliendo su tarea de forma admirable, se congelan las vacantes y por ende se sobrecarga de trabajo a las compañeros y se lesionan las prestaciones del Estado. Estos son todos datos que debería revisar el gobierno”.




“Las marcas son las principales beneficiarias de los talleres clandestinos”


La causa por el incendio ocurrido en marzo del año 2006 donde murieron 5 niños y una joven de 25 años en un taller clandestino en la calle Luis Viale, de la Ciudad de Buenos Aires, aun produce novedades. Tras la condena, en 2016, a 13 años de prisión a los encargados del taller por reducción a la servidumbre de las 64 personas que vivían en el lugar, se llamó a indagatoria a los dueños de las marcas que se producían allí. Entrevista a Jerónimo, de Justicia por las víctimas de Luis Viale. Por Mario Hernández.

MH: ¿La causa ha avanzado sobre los dueños de las marcas?
J.: Esto fue por indicación del mismo juzgado que condenó a los encargados del taller. A partir de lo mal que venía la causa y lo que se tardó en condenar a los procesados hicimos una campaña de Justicia por las víctimas de Luis Viale y desde allí pedíamos que se juzgue a los encargados del taller, que se haga el juicio, se los condene y además se vincule a los dueños de la marca que son incluso más responsables que los encargados porque eran los beneficiarios últimos de esta cadena de explotación.
Como suele ocurrir, las marcas son las principales beneficiarias, por más que los encargados de los talleres sean los que aplican en forma directa la explotación lo hacen muchas veces porque las marcas no pagan lo suficiente como para que ellos puedan pagar los salarios que corresponden.
No quiero con esto justificar a los encargados, que también son responsables, pero no son los principales beneficiarios ni los principales responsables. Entonces el Tribunal Nº 5 de la Ciudad, cuando condenó a los encargados del taller, instruyó a la justicia a sortear la causa y a seguir investigando la responsabilidad de los dueños del taller y de la marca.
La particularidad de este caso es que los dueños de las marcas para las que trabajaba el taller eran tres y los dueños del taller son los mismos, el taller trabajaba exclusivamente para ellos, que tienen la fábrica a la vuelta de Luis Viale al 1200, además eran los dueños de la propiedad donde funcionaba el taller e iban a visitarlo, como consta en las declaraciones de los testigos, incluso en las de los imputados, en el juicio que se hizo y en el que se condenó a los encargados.
Los mismos encargados decían que los dueños iban al taller a ver cómo estaban las cosas. La vinculación es muy directa, por lo tanto, si en este juicio no se logra condenar a las marcas, va a ser muy difícil que en los demás casos se haga. Por eso es un juicio clave. Además de ser junto con la causa Páez, la muerte de dos chicos en abril de 2015, los casos más graves, que llevaron a la muerte de personas.
M.H.: Tengo entendido que se tomó declaración indagatoria a los acusados, que son Alberto Fischberg y Jaime Geiler.
J.: Así es, se les tomó declaración indagatoria a mediados de marzo. No sabemos aún porque las indagatorias son procesos muy secretos, ni siquiera la querella sabe si en efecto declararon o reclamaron su derecho a no declarar.
La importancia de estas indagaciones era que a partir de ahí y con las pruebas que presentó la querella y la fiscal Betina Botta, que ha hecho un trabajo muy pobre y muy lento, lamentablemente no le ha puesto la dedicación que hay que ponerle a estas cosas ni mucho menos; pero a partir de las pruebas presentadas y de la indagatoria el juez Alberto Baños va a decidir si procesa a los dueños de las marcas, si dice que todavía no hay suficientes pruebas y pide más o si directamente los sobresee. Podría llegarse al sobreseimiento, lo cual sería muy grave.
M.H.: ¿Hay alguna otra novedad sobre la causa?
J.: No. Porque está en manos del juez Baños y de la fiscal Botta, que no han hecho absolutamente nada. El juez Baños dijo hace un año que no llamaba a indagatoria porque no encontraba a uno de los acusados. Lo encontramos nosotros por internet. En distintas páginas web encontramos información sobre sus direcciones y a partir de eso el juez pidió al Banco en el que el acusado tenía una cuenta, que le informara el domicilio y finalmente lo encontró. Tuvimos que activar nosotros para apoyar a la querella y que finalmente tomen indagatoria. Tardaron dos años en hacerlo.
Entiendo que la justicia está sobrepasada, es muy conocido que las fiscalías tienen muy pocos recursos, pero lo cierto es que la fiscal ha hecho un trabajo muy pobre. Es la misma que en su momento investigó a los dueños de la marca y no presentó las pruebas que le proveyó la querella. Recordemos que después del incendio se investigó la posible responsabilidad de los dueños de las marcas y este mismo juez, Alberto Baños, los sobreseyó; entonces se continuó con la investigación sobre los encargados del taller.
Ahora, cuando se sorteó la causa volvió a caer en el mismo juzgado con esta misma fiscal y vuelven a hacer un trabajo que indicaría que va a terminar en un sobreseimiento, a menos que haya suficiente presión de parte de la campaña, los medios de comunicación para que le dediquen a este caso el tiempo que hay que dedicarle porque es un caso testigo y clave, que va a sentar jurisprudencia para los juicios contra las más de 100 marcas denunciadas que hay por explotación de migrantes en talleres clandestinos.
M.H.: Entre ellas la marca de nuestra primera dama, Juliana Awada.
J.: Las tres marcas de este caso no son conocidas pero en el caso de Awada están Cheeky, junto con las otras dos marcas que tiene que son Como quieres que te quiera y una más (Pâtisserie), hay una lista muy larga de marcas que está en la página web de La Alameda que fue la encargada de la mayoría de las denuncias y también hay otras tantas hechas por la AFIP en los últimos años. Está Adidas incluso, que después limpió su cadena productiva. Pero está lleno de marcas de ropa de moda de mujer. Recomendaría que miren la lista en la página de La Alameda porque habría que evitar comprar esas marcas.


“Le pregunté al legislador que fui a entrevistar, que se llama Nicolás Daviña, sobre su postura acerca de este proyecto de declarar ‘pro vida’ a Misiones. Entonces él me dijo que estaba a favor de estas instancias que habilitan el debate, que era muy bueno para todos discutir estos temas, a lo que yo le planteo que esta iniciativa es en realidad clausurar el debate a favor de una de las posturas”, explica Alicia Rivas, periodista de FM Universidad y productora de Otro Poder.
Tras este hecho, el diputado se “sintió incómodo con la pregunta”. Según el relato de Rivas, la entrevista siguió y Daviña declaró que el proyecto de legalización y despenalización del aborto que ya tiene media sanción en Diputados y será votado en el Senado el 8 de agosto algunos puntos “eran inconstitucionales”, lo que motivó que la periodista indagase sobre cuáles eran los puntos del proyecto en riña con la Constitución.
“Ahí el legislador me dijo que si podíamos cortar la entrevista porque no se sentía cómodo, y a nosotros (junto al camarógrafo) nos pareció que también había que cortarla porque era irrelevante también la charla y él estaba incómodo. Me tuvo un rato convenciéndome de que no saliera ese fragmento de la nota aunque ya le habíamos dicho que no iba a salir. Después se comunicó con el productor responsable del programa, para manifestarle su preocupación de que saliera esa parte de la nota y, no contento con eso, también lo planteó en el bloque del Frente Renovador, lo que yo entiendo que es predisponer al resto de los legisladores a la hora de hacerle consultas en el trabajo que yo hago semanalmente en la Cámara”.
Uno de los integrantes del bloque, luego de la intervención de Daviña, le dijo a Rivas que “hay que tener cuidado con esas preguntas”
La periodista cuenta que se sintió “intimidada” y “que lo que hubo fue un intento de censura de la nota” y de “presión” sobre su trabajo. “Esta es una forma de violentar e intentar clausurar una discusión”, aclaró la periodista, en una provincia donde “las violencias contra las mujeres son palpables”.


La multisectorial ligada al Papa se relanza con programa de gobierno

El 26 de julio hará un acto en Capital liderado por sectores duros de la CGT. También estarán los movimientos sociales y las dos CTA.Agustìn Alvarez Rey
15 de Julio de 2018
El enemigo no está en la CGT. Está en la Rosada”. Esta es la consigna que sirve a los integrantes de la multisectorial del 21F para digerir las derrotas en pequeñas batallas sin desviarse de su objetivo central: la construcción de una base amplia de sustentación para un candidato presidencial competitivo del campo nacional y popular.La diferencia entre lo principal y lo accesorio está clara para todos los integrantes del armado que se piensa en Santa Marta y que ejecutan los movimientos sociales y un sector del sindicalismo encolumnado detrás de Pablo y Hugo Moyano.
Por eso el revés sufrido por el sector más combativo de la CGT, el último jueves cuando no pudo imponer su voluntad de impulsar el recambio de autoridades, no fue tomado como una derrota. Los dirigentes sindicales enfrentados con el gobierno serán la punta de la pirámide de la construcción que apunta a contener y conducir a los sectores más dañados por la política económica. Se da en un escenario que, presumen, será cada vez más conflictivo socialmente.
La multisectorial que cuenta con la bendición papal y que despliegan el exlegislador porteño Gustavo Vera y Pablo Moyano por todo el país tendrá su relanzamiento nacional el próximo 26 de julio. Ocurrirá en un congreso que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires y donde darán a conocer un programa de gobierno que cuenta con 21 puntos. Entre otras cuestiones se recogen las expresiones del Papa Francisco respecto del trabajo, la inclusión y la economía.
El armado que busca ganar volumen político de cara a 2019, y aportar a la construcción de un candidato opositor que pueda imponerse en los comicios, está encabezado por el binomio constituido por Pablo Moyano, secretario gremial de Camioneros, y Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. La pirámide se ensancha hasta lograr una base de más de 500 organizaciones en todo el país.
El despliegue territorial y el peso político está garantizado, entre otros, por las dos CTA, la CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, sindicatos industriales como la UOM y SMATA, La Corriente Federal de los Trabajadores y el Movimiento de Acción Sindical Argentina (MASA), liderado por Omar Viviani.
La multisectorial ya se presentó en Salta, Mar del Plata, Mendoza, Esteban Echeverría, Rosario, Corrientes, La Plata, Tucumán, Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Chubut. Las presencias de Gustavo Vera y Pablo Moyano se repiten en casi todas las presentaciones. Pero en cada localidad el armado tiene sus propias características y dirigentes. En La Plata, hace poco más de un mes, en el lanzamiento del espacio, se hicieron presentes Omar Plaini, secretario general de Canillitas y secretario administrativo de la CGT; Miguel Díaz, secretario general de Udocba; Miguel Forte, secretario general de Camioneros La Plata; y el diputado nacional por el Frente Renovador Daniel Arroyo, entre otros.
Los 21 puntos del programa de gobierno del Frente Nacional Multisectorial incluyen:  el trabajo como esencia de la dignidad humana, la defensa de la producción nacional, el acceso a los bienes y servicios para los sectores populares, la reformulación de un plan energético sustentable, el desarrollo de la agroindustria, el acceso a la vivienda, la reactivación del ferrocarril para unir las economías regionales, la asistencia sanitaria universal, paridad de género, reforma tributaria equitativa, regulación del flujo de capital y freno a la operatoria de los fondos especulativos. «

La oposición al triunvirato rechaza la dilación pero discrepa ante una posible fractura

El bloque de moyanistas, industriales, el MASA y la Corriente Federal exige la renovación aunque no todos están dispuestos a tensar la cuerda hasta el final.


fonso de Villalobos

15 de Julio de 2018
El Consejo Directivo de la CGT decidió por consenso el jueves dar continuidad al triunvirato que la conduce y revisar el compromiso que habían asumido el 3 de mayo para dar pie a la renovación. En aquel momento, tal como lo destacó este diario, habían omitido atravesar los mecanismos estatutarios que garantizaran el cumplimiento de esa decisión. Esto es, la renuncia íntegra de los miembros del Consejo Directivo para producir formalmente la acefalía que forzara a que un Comité Confederal convocara a un Congreso normalizador. Es que un mes antes, cuando la abrumadora mayoría se disponía a dimitir, los representantes ligados a Luis Barrionuevo se resistieron a hacerlo sin garantías de su continuidad en la nueva conducción.
Así las cosas, ese compromiso ya quedó atrás y la incógnita ahora pasa por saber si el triunvirato apuesta a cumplir su mandato hasta 2020, postergará unos meses la renovación apostando a que un escenario político más favorable al gobierno los apuntale o si, por el contrario, el bloque de sindicatos que se ha agrupado en oposición al sector de los Gordos e Independientes (que en los hechos, junto al barrionuevismo, dominan el triunvirato detrás de la figura de Héctor Daer), decide patear el tablero y provocar una nueva fractura de la CGT.
El nuevo agrupamiento nació con el impulso de los sindicatos industriales como la UOM de Antonio Caló y el SMATA de Ricardo Pignanelli, junto a los sindicatos del Movimiento de Acción Sindical de la Argentina (MASA), liderados por Omar Viviani y Sergio Sasia, y fueron sumando a los sindicatos kirchneristas de la Corriente Federal de los Trabajadores y, finalmente, al sector referenciado en el moyanismo. Si bien el grupo tendrá una nueva reunión el 24 de julio en la sede de los pilotos liderados por Pablo Biró, donde podrían definir una estrategia común de cara al plenario de secretarios generales que sí habría convocado el Consejo Directivo para fines de agosto, en caliente, las reacciones frente a la dilación fueron disímiles.
El líder camionero Pablo Moyano, que se mantiene por fuera del Consejo Directivo luego de renunciar en carácter personal a la Secretaría Gremial, denunció que “con la continuidad del triunvirato los más beneficiados son Macri y Triaca”. Con todo, en declaraciones radiales, bajó el tono y señaló que “si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores”.
Más componedor, Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria y uno de los líderes del MASA, declaró a Tiempo que “no fue una decisión del triunvirato. Estaban todos. El Consejo Directivo es el que resolvió postergar y generar un plenario de secretarios generales. No hay que trabajar para fracturar sino para unir”.
Una fuente de la UOM manifestó a Tiempo que “condicionaron, pero son minoría. En un plenario de secretarios generales, todos tienen un representante. No es resolutivo pero marca la cancha”. Sobre la posibilidad de una fractura, señaló que “si esto no se acomoda, va a haber problemas. El plenario de secretarios generales puede modificar todo el rumbo. El mismo que te pone es el que te saca. Si se quieren quedar con un mandato hasta 2020 y que se vayan todos los gremios, se pueden quedar sentados en el sillón de la CGT solos”, disparó.
Por el lado de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti, de la Federación gráfica, señaló a Tiempo que “se debe renovar la conducción de la CGT. No hemos variado en esa postura. Si quieren seguir deberían decir cómo sigue el plan de acción”. Y agregó: “Vamos a tratar de evitar una fractura. Pero si estamos ante una maniobra para darle continuidad a la misma estrategia que vienen llevando hace dos años, es esa la postura que va a llevar a una ruptura”. «
Mujeres sindicalistas exigieron un paro a la CGT por el aborto
Varios centenares de mujeres se movilizaron el pasado martes por la mañana a la sede de la CGT de la calle Azopardo. La convocatoria surgió en forma inmediata de parte de las referentes de la Campaña Nacional por el derecho al aborto cuando se conocieron las declaraciones de los dirigentes de la central que, sin haber fijado posición de manera formal en lo que se refiere al proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara Baja, solicitaron una reunión al Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, preocupados por la supuesta dificultad que las obras sociales sindicales tendrían para afrontar los gastos de las intervenciones. El tiro, sin embargo, les salió por la culata.
Es que como resultado de sus lamentos tuvieron que recibir a una delegación compuesta por 30 dirigentes del movimiento de mujeres y, en particular, a las referentes de los sindicatos que se habían movilizado y que, no sólo exigieron una retractación y una posición pública a favor de lo que consideran un derecho de las trabajadoras sino que, además, reclamaron un paro de actividades el 8 de agosto para presionar por la aprobación en el Senado. Por el lado de la CGT fueron atendidas por Noe Ruiz, del sindicato de Modelos, que si bien manifestó su posición personal a favor, explicó que el Consejo Directivo de la central ya había resuelto no fijar posición a respecto por la diversidad de opiniones que hay en su interior.
Por el lado de las mujeres movilizadas, entre otras, ingresaron Romina Del Plá secretaria general del Suteba La Matanza y diputada nacional por el FIT-PO, Ileana Celotto secretaria general de AGD-UBA, Amanda Martin, adjunta de Ademys, y Vanina Biasi, delegada general del personal no docente de la UBA y dirigente del Plenario de Trabajadoras.
Esta última señaló que “presentamos nuestra disconformidad con cualquier posición de la CGT contraria al aborto legal por los costos que podría tener para sus obras sociales y le reclamamos total independencia de la Iglesia católica y sus postulados, no sólo respecto al derecho al aborto legal sino de todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres como la fertilización asistida y las licencias especiales”.

La CGT se llenó de pañuelos verdes // Martes Verdes en el Senado
Un hecho histórico que tendrá consecuencias
El martes 10 de julio de 2018 quedará en la historia: una treintena de referentas feministas se sentó en la mesa ovalada de la CGT con sus pañuelos verdes al cuello, mientras afuera una movilización callejera gritaba casi sin parar: “Aborto legal en la obra social”. Fue el mismo día que la discusión sobre el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes comenzaba a tratarse en el Senado con 18 expositores tanto a favor como en contra.

La reunión pedida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue motivada luego de una nota del 4 de abril en el diario Clarín donde bajo la volanta “Conflicto en puerta”, titulaban: “Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos”. Sin fuentes ni citas directas de quienes estaban atrás de este “alerta”, el artículo señalaba que el consejo directivo de la CGT había pedido una reunión con el Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para plantear que las obras sociales sindicales no estaban en “condiciones de costear las prácticas si la ley fuera aprobada”.
Al día siguiente la central obrera respondió con un escueto comunicado: “Acompañaremos la decisión que derive de la votación en el Congreso”. La señal de alerta se trasladó al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Con el antecedente de la carta firmada por Moyano, sumado a que sólo el triunviro Juan Carlos Schmidt se manifestó públicamente sobre el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, la Campaña activó un pedido de reunión y el pañuelazo en la calle Azopardo.
La anfitriona del encuentro, que las recibió con pañuelo verde al cuello, fue Noé Ruiz, Secretaria de igualdad de Oportunidades y Género de la central. La titular de la Asociación de Modelos Argentinas es una de las dos excepciones a la norma en las 37 secretarías dominadas por varones en la central obrera. La otra mujer que llegó a estar al frente de una Secretaría fue Sandra Maiorana, de la Asociación de Médicos, que en 2016 estuvo a cargo de Salud y hoy ya no está más.
Entre la calle y el salón de reuniones del cuarto piso, un grupo de varones del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofició de personal de seguridad y controlaron el ingreso de los medios y las activistas. Miraban con atención —y cierta preocupación— cada movimiento de la manifestación que estaba citada para las 12 del mediodía y fue creciendo a medida que avanzaba la tarde.
En la reunión, Noé Ruiz desmintió la nota de Clarín y habló de versiones “tergiversadas por los medios”. Elsa Schvartzman, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall y Miranda González Martín fueron las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que asistieron. Dejaron en claro que la obligación de la CGT debería ser posicionarse en favor de la aprobación del proyecto, que ya tiene media sanción, por tratarse de un derecho al acceso a la salud de las trabajadoras.
“Fue una reunión muy buena para nosotras. Noé Ruiz nos recibió muy amablemente y nos dijo que éramos todas parte de la misma lucha. Escuchó lo que teníamos para decir. Hablamos de la necesidad de garantizar el aborto en todo el sistema de salud y que esto incluye a las obras sociales. La garantía de que esté dentro del Plan Médico Obligatorio”.
“Hablamos sobre la producción de Misoprostol y Mifepristona”, contó a LATFEM Celeste Mac Dougall. También dijo que la sindicalista “se comprometió a tratar todos los temas en la mesa directiva”.
Además participaron las diputadas Nathalia González Seligra y Romina del Pla; Ileana Celotto, secretaria general de ADCUBA; Vanina Biasi, delegada de APPUBA y la dirigente Vilma Ripoll, entre otras. La Campaña había invitado a ser parte de ese encuentro a todas las compañeras de centrales sindicales y de comisiones de género que se quisieran sumar. Por lo tanto había mujeres ferroviarias, telefónicas, estatales, docentes, no docentes y aeronáuticas que también tomaron el micrófono y expresaron sus posicionamientos. Afuera, en el pañuelazo, estuvo también Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).
Además del pañuelazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta acción se replicó en Rosario, en Salta, en Río Negro y en Córdoba. Con media sanción ganada en el medio de una movilización histórica para la política argentina, con un millón de personas en las calles, y de cara al 8 de agosto, fecha en la que el Senado debatirá en el recinto, el pañuelazo y la reunión en la CGT son la evidencia de que ninguna reacción machista quedará sin respuesta feminista en la Argentina del Ni Una Menos y la marea verde que se expande por la región. El feminismo, desde la presencia callejera y la transversalidad política, está logrando algo que parecía imposible: ampliar derechos en tiempos de Cambiemos y sentar a las feministas sindicalista en la mesa de la CGT aunque, por el momento, sólo sea para una reunión.
Fuente : El Cohete a la Luna 
Intereses de la deuda superan la inversión pública
Resumen Latinoamericano / 15 de julio de 2018 / Telesur
Las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina podrían derivar en más recorte a la inversión pública. 
En lo que va del año 2018 los intereses del pago de la deuda argentina adquirida por el presidente Mauricio Macri ya han superado la inversión pública en un 60 por ciento.
Pese a que Macri ha prometido al pueblo argentino llevar a cabo el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de esa nación suramericana, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea otro escenario.
El organismo financiero exige al Gobierno de Macri recortar la inversión pública para acceder al plan de préstamo. Entretanto, el Ministerio de Hacienda y Finanza informó que en los primeros dos años del Gobierno de Macri el gasto de la Nación no varió, ya que pasó de 26,4 por ciento a un 26,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI).
El organismo también señaló que durante ese período se redujo el gasto en subsidios, en inversiones, en bienes y servicios y salarios.
Hasta el pasado mes de mayo, los datos recavados indican se pagaron 113.160 millones de dólares por intereses de la deuda, mientras que el gasto de capital fue de 70.937 millones de dólares.
A esto se le une una realidad que afecta al país de América Latina que es la crisis cambiaria ya que la mayor parte de la deuda pública está tranzada en dólares.
El alza del 50 por ciento en el tipo de cambio de enero a junio de 2018 implica que los intereses de la deuda aumentan lo que no es compensado de ninguna manera.
Envío:ResumenLatinoamericano

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