TROPEL.

“Macri quiere hacer del pueblo trabajador un enemigo interno”

Por ANRed.

Con la presencia de un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina en los alrededores, organismos de derechos humanos – acompañados por organizaciones antirrepresivas, políticas, sindicales y estudiantiles – se manifestaron por la tarde en masivas convocatorias en la Plaza de Mayo y frente al Ministerio de Defensa en rechazo al decreto 683 del presidente Mauricio Macri que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Los actos y movilizaciones se replicaron en diferentes puntos del país. 

Desde las 15.30 comenzó la primer convocatoria, donde las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) acompañaron la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, para luego realizar desde las 17 la lectura del documento consensuado en repudio al decreto 683 – firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Defensa, Oscar Aguad – que habilita a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad interior brindando “funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.

Foto: Maximiliano Zurita

Antes de la lectura del documento y desde el escenario, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, convocó a los presentes a movilizarse el 1 de agosto a Plaza de Mayo, cuando se cumpla un año de la desaparición forzada seguida de muerte del joven en el marco de una brutal represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad mapuche Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, por orden del ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. “En nombre de mi familia los queremos convocar el miércoles a esta misma plaza”, solicitó.

“No es casual que Macri haya decretado su medida luego de reunirsse con la directora del FMI, Cristine Lagarde: es que su política de ajuste no pasa sin represión – remarcó el EMVyJ, en el documento leído por Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos – A Macri no le alcanza con tener presas y presos políticos, con la ‘doctrina Chocobar’, dándole palos, gases y detención a los luchadores frente a los legítimos reclamos de los trabajadores y trabajadoras”.

Hubo un fuerte operativo policial en Av. Alem y Perón

En éste sentido, el EMVyJ denunció: “Macri quiere hacer del pueblo trabajador un enemigo interno y que habilita la intervención militar de manera discrecional”.

La confluencia de organismos remarcó en la histórica plaza: “Macri dice que es para proteger la soberanía y la integridad de la Nación. Si alguien ataca la soberanía e independencia nacional, la vida, la libertad y los derechos humanos, son el FMI,  el G20, la falsa oposición y los cómplicces líderes sindicales“, denunció el EMVyJ.

Foto: Maximiliano Zurita

El documento culminó entre aplausos y con el canto general de “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. También, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo brindó, desde la silla de ruedas con la cual se acercó a la plaza, unas palabras a las personas presentes: “vamos a resistir todo lo que sea necesario hasta que tiremos esta ley que viene a amenazar al pueblo argentino con la represión. Con la represión no se modifican los errores y horrores de ésta presidencia“, señaló y luego se retiró en medio de una ovación bajo la consigna “¡Madres de la Plaza, el pueblo las abraza!”

Más tarde, luego de las 17, con la consigna “Fuerzas Armadas represivas Nunca Más”, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS Capital, junto a otros organismos, realizaron una masiva convocatoria frente a la sede del Ministerio de Defensa – custodiada por un fuerte operativo de la Policía Federal -, que colapsó la zona del bajo porteño.

Patricia Bullrich y Oscar Aguad ensayan la pérdida de límites entre Seguridad y Defensa | Foto: Indymedia DDHH

El bajo porteño quedó copado por la masividad de la convocatoria frente a Defensa | Foto: Tiempo Argentino

Foto: Maximiliano Zurita

Desde el escenario los organismos que convocaron denunciaron: “el gobierno busca militarizar la sociedad argentina a través de esta nueva doctrina que ordena a los militares a proteger los sectores estratégicos”, en un documento que también señaló la responsabilidad del ministro de Defensa, Oscar Aguad, ante la falta de respuestas por los 44 tripulantes del ARA San Juan que aún continúan desaparecidos.

Al igual que en el acto en Plaza de Mayo, Sergio Maldonado se hizo presente en el acto frente a Defensa junto a su pareja Andrea, desde el que volvieron a reiterar el pedido a los presentes a participar de la movilización que se realizará el 1 de agosto, al cumplirse un año de la desaparición de Santiago Maldonado.

A pesar del intenso frío de la jornada y bajo una copiosa lluvia la movilización logró copar la zona del Metrobus (a pesar de las amenazas de sanciones del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta), frente a un ministerio de Defensa que lució con las luces apagadas tiene las luces apagadas (salvo una que iluminaba persistentemente el escudo patrio). Lo mismo sucedió con el edificio del SENASA, que estuvo cerrado.

Se pudieron divisar allí las banderas de Camioneros, Nuevo Encuentro, Descamisados, la Simón Bolívar, el Frente de Artesanos y Artistas en Lucha, los aeronáuticos de la CTA, el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista, y hubo una fuerte concurrencia de jóvenes independientes, oficinistas de la zona, grupos de jubilados y centros de estudiantes. En medio de la masiva cconvocatoria, una amplia bandera rezaba “Fuerzas represivas Nunca Más” y se pudieron ver muchos afiches con la consigna “Gobernar no es un juego“, decorados con soldaditos de juguete.

Foto: Maximiliano Zurita

A pesar del amplio repudio que cosechó el anuncio en la opinión pública y en organismos de derechos humanos, antirrepresivos y una gama amplia de personalidades, el gobierno de Cambiemos publicó el martes en el Boletín Oficial el decreto 683, que oficializa la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, habilitando la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.

En el artículo 3° el decreto prevé que “en el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059 – la Ley de Seguridad Interior -, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

Tractorazo y marcha al Ministerio de Agroindustria

Organizaciones de pequeños productores, campesinos e indígenas se movilizan para exponer la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan. Reclaman que se restablezca el Monotributo Social Agropecuario y se implementen políticas dirigidas al sector de la agricultura familiar. “Producimos más del 60 por ciento de los alimentos que consumen los argentinos”, remarcaron.

Imagen: UTT

“Somos el otro campo y producimos más del 60 por ciento de los alimentos que consumen los argentinos ¿Por qué no accedemos a derechos básicos?”, preguntan las organizaciones de pequeños productores agropecuarios que protestan hoy frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación y en otros puntos del país.

Luego de los verdurazos con los que intentaron exponer su crítica situación, reclaman una audiencia con el ministro Luis Miguel Etchevehere y que se restablezca el Monotributo Social Agropecuario que el Gobierno decidió dar de baja hace algunas semanas. Además, piden políticas que ayuden a sostener al sector, como tarifas diferenciadas de luz y gas oil, créditos blandos a tasa subsidiada y subsidios a los insumos utilizados en la producción.

“Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional causan a nuestro sector, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo”, afirmaron en un comunicado las organizaciones que convocaron a la marcha. Denuncian que el sector “se extingue” y “se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros”.

Los pequeños productores plantean también que el fin del Monotributo Social Agropecuario los deja sin obra social y jubilación. “Era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector”, aseguran.

“En esta crítica situación, que se agrava con el paso de los meses, no encontramos reacción ni medida alguna del gobierno y las ‘mesas de competitividad’ –que parecen ser la única iniciativa y a las cuales prácticamente a nadie de nuestro sector convocan-, han demostrado no ser eficientes para cambiar la coyuntura ni para adoptar políticas a mediano y largo plazo”, plantearon desde la Unión de Trabajadores de la Tierra.

Télam: manotazos de ahogados

A un mes del inicio del brutal intento de ajuste en la Agencia Nacional de Noticias Télam, el Directorio encabezado por Rodolfo Pousá y Ricardo Carpena vuelve a dar señales del desconcierto que gobierna a la cúpula de la empresa. A través de una carta documento enviada hoy al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y demás representaciones gremiales, los directores del medio público se desentienden de los dictámenes elaborados por la justicia y del Ministerio de Trabajo intentando -nuevamente- vincular las medidas de fuerza con una supuesta “ocupación ilegítima” de los edificios de Télam.

Desde hace 30 días, los trabajadores y trabajadoras de esta agencia nos encontramos cumpliendo nuestro horario de trabajo, algo que contrasta con el flagrante abandono de tareas que realizaron directores, gerentes y obsecuentes de turno que desde el 26 de junio no asoman su narices en ninguna de las sedes de la empresa. No es una interpretación, es la conclusión a la que llegó la inspección policial ordenada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, en el que se tramita la denuncia interpuesta por el Directorio con la intención de aclarar la situación de las sedes de nuestro medios.

La justicia pudo constatar que en los edificios de Télam se encuentran los trabajadores, pacíficamente, sin que se haya afectado el patrimonio o los bienes de la empresa, lo que dejó en claro que los trabajadores no estamos cometiendo delito alguno. El tiempo ordena. Es de esperar que en los próximos días se archive la denuncia maliciosa.

No conformes con el bochorno judicial, Pousá y Carpena buscaron refugio en el Ministerio de Trabajo, un órgano político, para forzar una inspección que, sin embargo, tampoco los favoreció. El 20 de julio, la Subsecretaria de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social revisó los dos edificios de la agencia nacional y labró un acta en la que dejó constancia que “el ingreso y egreso al edificio es normal, no encontrando ningún impedimento para hacerlo”. Además, la cartera a cargo de Jorge Triaca certificó la “presencia de personal de vigilancia perteneciente a la empresa Gruspa” en los ingresos de ambos edificios.

Pese a estos informes, o quizás como consecuencia de ellos, la dirección de Télam apela ahora a una carta documento que carece de todo valor legal y que tiene cómo único objetivo cubrir sus propias espaldas, disimular su irresponsabilidad. La amenazas de estar imposibilitados de pagar los sueldos por las medidas de fuerza, choca de frente con la permanente liquidación de indemnizaciones que desde hace 15 días vienen realizando desde la Gerencia de Recursos Humanos, por no mencionar los telegramas recibidos y enviados en los últimos días desde el edificio de Bolívar 531.

Pareciera que los argumentos patronales responden más a hacer política de terror con el pago de salarios antes que a razones jurídicas.

Una vez más, el Directorio actúa al margen de la ley.

Renovamos nuestra invitación a las autoridades a comportarse con responsabilidad y a cumplir las obligaciones para las que fueron designados: respetar los convenios laborales, actuar conforme a los fallos judiciales y defender a los medios públicos.

De este conflicto se sale dialogando con los trabajadores, no con difamaciones, no con aprietes.

Entendemos que quizá es difícil cuando se hace por primera vez, pero ya es tiempo de haber realizado ese aprendizaje.

Comisión Gremial Interna Télam – SiPreBA.

La justicia rechazó la reincorporación de los despedidos de Télam

La Cámara Nacional del Trabajo falló contra los 357 trabajadores echados. Fue suscripto por los jueces Alejandro Perugini y Graciela González, con la disidencia de la jueza Graciela Craig, quien se había inclinado por hacer lugar al reclamo colectivo de los cesanteados.

Por Néstor Espósito

La resolución, emitida en plena feria judicial, sostiene que no está acreditada “la configuración de un riesgo o peligro en la demora”. Es decir, una resolución que proteja la fuente de trabajo de más de 350 despedidos no es urgente ni merece una medida anticipatoria que preserve, al menos de momento, la manutención de quienes acaban de quedarse sin su sustento.

“El carácter alimentario de la remuneración mensual no basta para obviar el tratamiento de otras facetas que resultan determinantes para consideración de una medida innovativa, por lo cual, a tales efectos, es necesario evaluar si los derechos invocados en la demanda pudieran tornarse ilusorios durante el tiempo que transcurra hasta el dictado de la sentencia de mérito, en el caso de que se estimare viable la demanda”, sostiene la resolución.

¿Sobre qué se basaba la demanda para sostener que los despidos fueron discriminatorios y arbitrarios? Sobre las expresiones de los propios responsables de decidir tales cesantías. Pero los jueces entendieron que “la sola referencia a publicaciones periodísticas que reflejan en forma parcializada expresiones de las autoridades de la demandada no resultarían suficientes para tener por configurada una conducta de orden discriminatorio con el grado de certeza o verosimilitud necesario como para viabilizar un anticipo de tutela como el pretendido en los agravios”.

“La sola circunstancia de no procederse a la reincorporación de modo preventivo –añade el fallo- no supone la configuración de un perjuicio de carácter irreparable ni afectaría el eventual cumplimiento de una decisión favorable a los intereses de la demandante”. En ningún momento la resolución explica de qué van a vivir los cesanteados, que acaban de perder su fuente de trabajo y, en consecuencia, también sus salarios. “El mero desarrollo del proceso no supone imposibilidad alguna de proceder a la posterior reincorporación de los trabajadores”.

En consecuencia, durante ese lapso los despedidos deberán “comerse” las indemnizaciones y, si los reincorporan, tal vez deban devolver lo que gastaron en sobrevivir.  Para el voto mayoritario, “no se ha producido ni existe constancia alguna en la causa que acredite que, efectivamente, la medida ha afectado a un grupo determinado caracterizado por su ideología o pertenencia a un sector político o sindical”. Las alusiones en ese sentido que fueron expresadas públicamente como justificación de los despidos no fueron suficientes para convencer el criterio de los camaristas.

Cabe aclarar que se mantiene una medida cautelar vigente favorable a los trabajadores de la agencia, que consideró ilegal la mecánica aplicada a los 357 despidos. La Cámara del Trabajo rechazó un recurso de apelación, sin dictaminar sobre el fondo de la controversia, presentado por una ONG ajena a la agencia, con fundamento en la falta de capacidad de esa organización para representar a los trabajadores de Télam, que tienen exclusivamente los sindicatos.

Fuerte destrucción de empleo registrado en mayo, la más importante desde enero de 2016. Más despidos en la industria

Crisis laboral que enciende luces de alarma

Desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri se eliminaron 82.000 puestos industriales. La corrida cambiaria, el ajuste fiscal, la apertura comercial y las elevadas tasas definen un cuadro recesivo que afecta los niveles de empleo.

Por Tomás Lukin

La corrida cambiaria y el ajuste fiscal comenzaron a impactar sobre los niveles de empleo. Durante mayo se destruyeron 16.900 puestos de trabajo registrados. La contracción mensual en la serie elaborada por el Ministerio de Trabajo es la más profunda desde enero de 2016. Los datos oficiales muestran que la destrucción mensual del empleo fue generalizada: en el sector público se perdieron 4900 puestos mientras que entre las actividades privadas se contabilizaron 5900 trabajadores menos que el mes anterior. La industria lidera la caída en el último segmento. Con una baja mensual estimada en 3400 empleos y una pérdida de 21.300 a lo largo de los últimos doce meses, el sector manufacturero retrocedió en 29 de los 30 meses de gestión de Cambiemos cubiertos por las estadísticas.

Desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri se destruyeron 82.000 puestos de trabajo en la industria. A la sostenida caída de empleo en las fábricas al ritmo de la apertura comercial y la merma en la demanda interna se sumaron el mes pasado la parálisis en la construcción y una leve caída en comercio. Las dos actividades que motorizaron la creación de empleo registrado en el sector privado durante 2017 no registraban un comportamiento negativo mensual desde mediados de 2016. La construcción contabilizó 1600 puestos menos que en abril mientras que las actividades comerciales anotaron una merma de 700 empleos.

La fotografía laboral de mayo enciende las primeras señales de alarma pero en la comparación interanual el empleo registrado total muestra la existencia de 148.400 puestos más que en mayo de 2017. De acuerdo a las cifras difundidas ayer, 52 de cada 100 empleos registrados creados en el último año corresponden a inserciones inestables con remuneraciones por debajo de la media como monotributistas, trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales. Los datos oficiales evidencian el proceso de transformación experimentado en la estructura laboral a lo largo de los últimos dos años donde la destrucción de empleo manufacturero fue compensada por empleos en el rubro servicios. El empleo público, por su parte, anotó 16.500 puestos más que un año atrás. Aunque positivas las cifras muestran una fuerte desaceleración en la dinámica del empleo público. Ese comportamiento se profundizará con la implementación de las condicionalidades previstas en el programa de ajuste y reformas acordado con el FMI.

Desde el Ministerio de Trabajo reconocieron ayer que los datos “no son los que preveíamos paro tampoco vemos una caída destacable, hasta mayo hay bastante estabilidad dada la caída en el nivel de actividad”. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que permite anticipar el comportamiento de empleo privado registrado arrojó en junio una caída mensual de 0,1 por ciento. De acuerdo a los funcionarios de la cartera laboral la retracción “parece leve dada la turbulencia”.

Junto con las cifras globales, la EIL permite conocer la movilidad de los trabajadores en el mercado de trabajo. La encuesta muestra que la tasa de entrada al mercado de trabajo fue de 1,6 por ciento, uno de los valores más bajos desde comienzos de siglo. “El aspecto más importante a destacar de la evolución del empleo registrado en el marco del comienzo de una nueva crisis económica, es la decisión de las empresas de paralizar las contratación de personal. Durante junio la tasa de incorporaciones alcanzó el valor más de bajo de los últimos 16 años. Este fenómeno, por sí solo, muestra la complejidad del cuadro laboral al inicio de la fase recesiva”, advirtió el economista Diego Schlesser a PáginaI12.

El investigador del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Unsam explica que el primer impacto que acusa el empleo durante un episodio recesivo como el actual no está dado por una disparada en los despidos sin causa sino que proviene del desplome en las incorporaciones de personal. “La reacción inicial de las empresas frente a un contexto adverso consiste en no cubrir las vacantes que se producen habitualmente por renuncias y retiros jubilatorios. Así, las empresas consiguen un rápido ajuste de la dotación de personal sin incurrir en erogaciones económicas adicionales ocasionadas por las indemnizaciones por despido, y de un modo menos visible y poco conflictivo”, explica Schlesser. Por su parte, las desvinculaciones se ubicaron en 1,8 por ciento que también representa un comportamiento contractivo frente a los últimos dos años. La dinámica tampoco contradice la existencia de una recesión ya que frente a esos escenarios tiende a reducirse el número de trabajadores que renuncian.

Los docentes anunciaron un paro por 72 horas

Los gremialistas esperan una nueva convocatoria luego del rechazo a la oferta efectuada por el gobierno durante esta semana.

La última oferta que recibieron los docentes fue un aumento de 15% hasta julio más el 1,7% en concepto de material didáctico y una nueva negociación a partir de agosto.

El paro anunciado será de 72 horas que correrán a partir del lunes, día en que comenzaban las clases luego del receso invernal.

Baradel denunció que también hay docentes entre los aportantes truchos de Cambiemos

El titular de Suteba no quiso difundir el listado, pero aseguró que le entregará la información a la gobernadora María Eugenia Vidal. Sigue creciendo el escándalo.

Roberto Baradel, el titular de Suteba y una de las caras visibles de las protestas gremiales docentes en la provincia de Bueno Aire, una vez más volvió a cargar contra el gobierno de María Eugenia Vidal.

Es que el líder del gremio docente mayoritario de la Provincia, aseguró que tiene en su poder un listado de alrededor de 20 maestros que figuran como “aportantes truchos” en la campaña legislativa de Cambiemos del año pasado.

El dirigente gremial señaló que el sindicato está asistiendo legalmente a un grupo de maestros que aparecen como aportantes de la campaña y que no realizó ningún desembolso.

Baradel aseguró que cuando reúna toda la información se la dará directamente Vidal para sumar a la auditoría interna que se está llevando adelante.

El escándalo de aportantes truchos, que ya suma a cientos y cientos de personas, no deja de crecer y se metió ahora en el principal conflicto sindical que tiene la Provincia por estas horas.

Crece el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Todas las organizaciones sociales y sindicales lo repudiaron a través de cartas, conferencias de prensa y movilizaciones. La mayoría de la población está en contra.

(Foto: Eduardo Sarapura)

Por Alfonso de Villalobos

Las sesiones de los ministros de Finanzas del G20 que comenzaron ayer y continúan hoy en el Centro de Exposiciones y Convenciones fueron el escenario elegido por el gobierno para continuar las negociaciones y reuniones bilaterales con los técnicos y funcionarios del FMI encabezados por Christine Lagarde. Allí también se puso de manifiesto el creciente rechazo que el acuerdo con el organismo recoge entre la población local.

Miles de manifestantes se concentraron desde las 12 del mediodía en el cruce de las avenidas Las Heras y Pueyrredón para movilizarse al predio ubicado a pocas cuadras del lugar. Un inmenso operativo coordinado entre la Policía Federal y la Gendarmería los bloqueó en ese mismo lugar.

Allí estaban las columnas de los partidos que integran del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), otras organizaciones de izquierda y movimientos sociales como Barrios de Pie, la CCC y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), así como la CTA Autónoma de Hugo Godoy.

Pero ya el viernes se produjo otra masiva movilización desde el Obelisco y el Ministerio de Desarrollo Social que concluyó en un abrazo al Banco Central protagonizada por los movimientos sociales y otras organizaciones sindicales como la CTA Autónoma (Micheli) y políticas como Nuevo Encuentro, La Cámpora y Patria Grande.

En rigor, allí confluyó gran parte de las organizaciones que promovieron la carta firmada por 400 referentes políticos, sindicales y sociales que, con la adhesión del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, fue enviada a Cristine Lagarde para adelantar el repudio popular al acuerdo con el organismo que preside.

La misiva señala que “dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina”. Al mismo tiempo advierte que el gobierno “se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría”.

El jueves, por otra parte, la conducción en pleno de la CGT realizó una conferencia de prensa para dejar explicitado formalmente su rechazo al acuerdo con el organismo internacional.

Aunque se abstuvieron de anunciar medidas de fuerza contra el acuerdo o alguna acción callejera, en boca de Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros que conducen la central, pronosticaron un “conflicto infinito” en el país como desenlace inevitable.

Luego, el mismo Schmid en declaraciones radiales vaticinó la posibilidad de un “estallido social” como consecuencia del malestar que generan las políticas que se derivan del plan delineado con el FMI ya que, aseguró, no afecta solamente a los sectores más postergados sino también a las clases medias y medias altas. El mismo dirigente aseguró que, por ese motivo, “el ajuste es inviable política y socialmente”.

De hecho, el repudio al rumbo asumido por el gobierno no sólo se manifiesta a través de las expresiones organizadas del movimiento popular sino también en lo que se refiere a la opinión pública más general.

Una reciente encuesta elaborada por la consultora Synopsis da cuenta de que el 52,5% de la población está en desacuerdo con el FMI y que apenas un 36% acuerda con esa salida para resolver los problemas del país. En la misma línea sólo el 19,4% de la población cree que el rumbo económico que ha tomado el país es el correcto.

Desde la Universidad de San Martín, un estudio elaborado por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) también dio como resultado que el 55% de la población consideró que el acuerdo con el FMI “perjudicará a la mayoría de los trabajadores.”.

En las inmediaciones del Centro de Exposiciones y Convenciones y previo al acto que realizaron en el lugar, Marcelo Ramal, dirigente del FIT-PO señaló a Tiempo que “buscan trasladarles a trabajadores y jubilados la quiebra de la política oficial. Planteamos el rechazo al acuerdo con el FMI y una salida a la crisis de los trabajadores. Para eso es necesario ya mismo un paro general activo de 36 horas que retome la masiva jornada de lucha del 25 de junio y vaya hacia la huelga general. Los trabajadores podemos derrotarlos”, aseguró.

En el mismo lugar, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, señaló a este medio que “las medidas del FMI en nuestras tierras jamás han mejorado las condiciones de vida de los humildes. Decidimos suscribir la carta a Christine Lagarde porque nos parece de suma importancia que sepa que el acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina y que nadie, a excepción del gobierno, lo legitima.”.

Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE nacional y de la CTA Autónoma señaló que “el repudio se ve en las movilzaciones que se están realizando desde que se anunció. La gran Marcha Federal y el paro nacional del 25 de junio tuvieron entre sus consignas el rechazo al FMI. La protesta va a crecer porque las consecuencias son desastrosas. El gobierno ya tiene que empezar a revisarlo. Vamos a seguir hasta que se de marcha atrás con este acuerdo contrario a los intereses nacionales”, adelantó.

Más allá de la percepción popular y hasta empresaria del impacto del acuerdo sobre la economía, lo cierto es que la amplitud de sus efectos todavía está por verse. Las actuales manifestaciones son apenas un preludio de lo que vendrá al calor de los despidos y los otros efectos concretos del ajuste. «

“Las universidades están en estado de emergencia”

Así lo afirmó la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien fustigó el recorte de tres mil millones de pesos que efectuó el gobierno sobre el presupuesto aprobado por el Congreso.

foto: Conadu

El ajustazo que viene ejecutando el gobierno nacional tiene consecuencias evidentes en el corto plazo e imprevisibles para el mediano y largo. En este contexto de recortes y transferencia de miles de millones de pesos de unas áreas a otras, el Poder Ejecutivo está ahogando a las universidades.

Al tema se refirió la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, quien afirmó que el sector “se encuentra en estado de emergencia” y que algunas, como por ejemeplo la Universidad Tecnológica Nacional, viven “una situación muy crítica”.

“En el mes de marzo se anunció un recorte sobre el presupuesto aprobado por ley de tres mil millones de pesos. Hay un atraso de casi seis meses en la transferencia de las cuotas que están destinadas a los gastos para el funcionamiento de las universidades que van desde el pago de la luz hasta los insumos para el laboratorio”, puntualizó la catedrática en diálogo con FutuRock FM.

Para Macri somos un gasto público ineficiente

En el mismo sentido, adelantó que si la paritaria sigue estancada (los no docentes cerraron en 15% y los docentes aún no tienen un horizonte claro) “hay una decisión de todas las federaciones sindicales de no iniciar las clases el segundo semestre”.

Sobre esto, agregó que se está “muy lejos de llegar a una solución satisfactoria de esta situación. Tenemos una proyección de inflación que el propio gobierno sostiene. La situación es muy complicada y es evidente que la condiciones salariales de los docentes y trabajadores universitarios incide en la calidad de lo que hacemos”.

“La falta de recursos puede afectar tanto a las compras de equipamiento de laboratorios (que se compran en dólares y con la devaluación tenemos un problema de desfasaje muy grueso que la Universidad no puede afrontar) hasta el pago de las tarifas”, añadió y disparó al centro del gobierno nacional: “Para Macri somos un gasto público ineficiente o, como dijo en su Instagram Live, un privilegio. Son políticas acordes a lo que asignan los funcionarios. Son medidas que expresan su percepción sobre las universidades”

Unos 8 mil despidos en Salta y Jujuy por el parate de la obra pública

Se registraron despidos masivos en Salta y Jujuy por la paralización de la obra pública. Se estima que unos 8 mil obreros de la construcción están sin trabajo por el parate. Apuntan a Nación por no actualizar fondos.

El derrumbe de la actividad económica y la paralización de la obra pública están empezando a golpear duramente a las economías provinciales. Ya hubo protestas que empezaron a sentirse, como los cortes de rutas en el sur y las protestas en el norte.

En el caso de Salta y Jujuy se estima que unos 8 mil obreros de la construcción están sin trabajo, según datos de las seccionales de la UOCRA que reveló La Política Online .

El caso de Salta tomó relevancia días atrás por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.

Los empresarios explican que están afectados por la inflación (los precios de construcción de las viviendas sociales estaría congelado desde abril de 2016) y el retraso de los pagos, algo por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales, “pero no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”. Además de estos problemas de por sí Nación redujo a la mitad los fondos para viviendas sociales.

“Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, declaró días atrás el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes. Unas 1.500 viviendas sociales estarían paralizadas.

En el comunicado de la Cámara Salteña de la Construcción explican que muchas obras “pudieron terminarse con los aportes de fondos propios realizados por las empresas constructoras, en muchos casos recurriendo a financiamiento bancario”. “Pero nuestra capacidad para continuar financiando la obra pública está agotada. La disminución del ritmo de las obras o la suspensión de las mismas es inevitable”, plantean.

Ante este contexto, en el Uocra salteña hablan de unos tres mil obreros de la construcción que perdieron su trabajo en lo que va del año, donde la actividad cayó a niveles de 2016. Alrededor de dos tercios de esos 3 mil empleos que se perdieron responden al freno de la construcción de viviendas. Otra obra que está paralizada -según el diario El Tribuno- es la del Ramal C12 del ferrocarril Belgrano, que era parte del Plan Belgrano.

En el caso de Jujuy, la situación es igual de compleja. Según supo LPO a las constructoras se les estaría pagando con cheques diferidos, lo que se suma a la paralización por falta de fondos de muchas obras ya anunciadas. También en esta provincia se paralizaron obras del Belgrano Cargas, las del Ramal C15 en Yuto.

Despidos masivos en la estatal Nucleoeléctrica, que profundiza la crisis laboral en la zona de Zárate

Otro paso para enterrar el Plan Nuclear

Como parte del plan de ajuste acordado con el FMI, el Gobierno está desarticulando los proyectos de expansión de producción de energía nuclear. El saldo inmediato es una primera tanda de despidos de 232 trabajadores de NASA.

Desde el comienzo de la gestión Cambiemos el personal de la empresa NASA se redujo en unas 1.600 personas. 

Ayer se concretó el despido de 232 personas que trabajaban en la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), que depende del Ministerio de Energía. La causa de estos despidos masivos es el corte del financiamiento para la ejecución de proyectos nucleares en el complejo de Atucha, en particular, para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear.

Los gremios de Luz y Fuerza, ATE y la Uocra, que participan en la gestión de las centrales nucleares, se declararon en estado de alerta y movilización y está previsto un paro general para la semana que viene. Se calcula que desde el comienzo de la gestión Cambiemos el personal de la empresa Nasa se redujo en unas 1600 personas entre despidos, jubilación anticipada y retiros voluntarios. Desde UPCN también alertaron por 9 despidos en la estatal Dioxitek.

“Esto empezó hace un año con las empresas contratistas y se veía venir que ahora afectaría a la planta permanente. Hay mucha tristeza, los trabajadores de esta empresa están muy identificados por el proyecto nuclear”, contó un empleado de NASA a este diario. Un dato saliente de la nueva avalancha de despidos es que se trata de trabajadores de planta permanente, algunos con muchos años de antigüedad, que volvieron a la actividad nuclear con la reactivación de Atucha II.

Hasta ahora, los despidos en el sector venían castigando al personal contratado o de constructoras con tareas de mantenimiento. Ayer fueron 232 despedidos pero esa cuenta se ampliaría bastante más, según especulan fuentes gremiales y de la propia compañía. NASA es una empresa estatal cuyos gastos operativos financia con la venta de energía eléctrica que genera Atucha I y II.

Los despedidos se desempeñaban en su totalidad en la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, vinculada a la construcción de la cuarta central nuclear Atucha III, un proyecto que acordó con China bajo la gestión presidencial anterior. Atucha III iba a ser un reactor de uranio natural y agua pesada con capacidad de generación de 760 MW para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. Para contemplar el interés chino en vender al país un reactor de uranio enriquecido y agua liviana se acordó además una quinta de uranio enriquecido y agua liviana de 1000 MW. Desde un comienzo, el Gobierno de Mauricio Macri esquivó el avance en estos proyectos nucleares, aunque el nuevo escenario de fuerte ajuste fiscal bajo la tutela del FMI los terminó de enterrar. Se espera en general un fuerte recorte de fondos para las empresas estatales, con el reciente caso testigo de Télam, en donde también hubo despidos masivos que afectaron a 354 personas.

Los gremios ayer hicieron sentir su reacción. “Era algo que veníamos previendo, dada la cancelación de Atucha III y la postergación de la quinta central nuclear por la presión del FMI. La política de Cambiemos está destruyendo nuestra generación energética nuclear y es un golpe muy grande para la zona. El sector más afectado va a estar en la Unidad de Gestión, preparado para la construcción de centrales nucleares,que tenía en 2015 618 empleados, y no van a quedar ni 100”, dijo Fernando Pérez, representante de ATE y trabajador de Atucha. En tanto, Luz y Fuerza seccional Paraná ya convocó al paro por tiempo indeterminado.

La anulación del proyecto Atucha III no sólo afecta a los trabajadores directos sino también a un grupo de unas 80 empresas, calcula la UOM, que iban a ser proveedoras de la central. En su mayoría se trata de pymes metalúrgicas junto a las empresas dedicadas a la obra civil.

Días atrás, a la salida de una reunión del Concejo Deliberante de Zárate se dio el siguiente intercambio verbal entre el concejal por parte de Cambiemos, Julián Guelvenzú y dirigentes gremiales zonales, según consignó el diario La Voz de Zárate. “No hagan la Central Nuclear si no quieren, pero dame obras para los compañeros, necesitamos trabajo”, le dijo Julio González, de la Uocra, al dirigente de Cambiemos. “Las decisiones políticas se están tomando por un tema presupuestario”, le respondió Guelvenzú. “El préstamo chino lo iba a pagar la generación de energía. No le mientan a la sociedad”, interpeló Ernesto Simionato, trabajador de NASA. “Ustedes van a terminar en el fondo de la historia, los trabajadores están movilizados, los padres y las madres de los chicos vienen a las escuelas a decirnos que se quedaron sin trabajo, y los responsables fueron ustedes. Cerraron las empresas químicas, quieren cerrar la obra de la central nuclear. Este pueblo tiene historia de lucha”, le dedicó Christian Poli, de Suteba.

AUTORIDADES DE TELAM INTIMIDARON A LOS TRABAJADORES

El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), Personería Gremial N°1880, rechaza la intimidación ejercida contra los trabajadores de la Agencia Télam S.E.por parte de las autoridades de la empresa, en particular el Gerente General, Carlos Canievsky, y el apoderado del Directorio, Carlos Rosendo Villoldo, quienes tras 32 días de ausencia se apersonaron en las sedes de Bolívar 531 y Avenida Belgrano 347 con una escribana, sacaron fotos y filmaron a los compañeros que pacíficamente reclaman por el despido injustificado de 354 personas. Exigimos a los funcionarios que no inventen mentiras: ellos son los únicos responsables del desguace y vaciamiento de Télam S.E., dado que no aparecieron por los edificios durante 32 días –los tres miembros del Directorio aún no lo hicieron-, y esta fehacientemente constatado que no hay ningún obstáculo en el ingreso y egreso a la Agencia. De esta forma, lo único que dejaron en evidencia, en contra de las diversas acusaciones efectuadas, es que no había impedimentos para que los directivos de la empresa cumplieran con los deberes de funcionario público, situación que echa por tierra su reciente amenaza sobre la imposibilidad de abonar los salarios del personal en tiempo y forma -como marca la ley-. En este sentido, el Directorio no puede desconocer que existe un conflicto colectivo de gravedad extrema por el que se está reclamando, y no puede pretender que se tolere pasivamente semejante atropello a derechos laborales y sindicales. La lucha es larga, más cuando nos encontramos frente a funcionarios que no piensan retrotraer la injusta medida y hoy lo han demostrado, pero una cosa si es certera: nuestro sindicato será el último en abandonarla y no parará hasta que el último compañero haya sido reincorporado. Desde ya, esperamos que las otras organizaciones sindicales se mantengan firmes en este mismo sentido, ya que TÉLAM SOMOS TODOS. Por último, desde el SITRAPREN reiteramos a las autoridades que ajusten su conducta a derecho, que el Directorio se presente en la empresa a cumplir con sus funciones, respete las leyes laborales, estatutos y convenio, ponga fin a este intento de lockout patronal y retrotraiga los despidos arbitrarios para que efectivamente TELAM TENGA FUTURO. Se viene el “Ensanadazo” para defender el Astillero Río Santiago Con antorchas, los trabajadores del astillero y sindicatos también de La Plata y Berisso marcharán esta tarde. La concentración llega luego de los dichos de Macri aobre “dinamitar” la fábrica porque daba pérdidas. Para denunciar la paralización y el achicamiento del Astillero Río Santiago, los trabajadores de esa empresa realizarán esta tarde, desde las 19:00, una marcha de antorchas y una concentración masiva por las calles de Ensenada. Desde ATE de esa ciudad, el principal organizador, prefieren hablar de “ensenadazo”, para recuperar la mística de epopeyas sindicales pasadas. Según el cronograma pautado, la columna saldrá desde Plaza Belgrano a las 17:30 y partirá hacia el Polideportivo de ese distrito donde, desde las 19:00 tendrá lugar el acto central al cual están invitados sindicatos y dirigentes políticos de toda la región, incluyendo a La Plata y Berisso. Esperan también una fuerte presencia de auto-convocados. “Invitamos a los vecinos, familias y a todos los sectores a este acto que será inédito en la región donde todos estaremos unidos para defender el trabajo no sólo en el Astillero sino en todos lados”, dijo en la previa el Secretario General de ATE Ensenada, Francisco Banegas. “Nosotros tenemos la respuesta que es el Ensenadazo, ante cualquier despido vamos a convocar a toda la población de La Plata, Berisso y Ensenada, para defender esta fábrica que fue la más grande de Sudamérica y la más grande de barcos en el país”, había manifestado el soldador Martín Esquerra días atrás. La Municipalidad que conduce Mario Secco también se sumó oficialmente a la convocatoria: Si bien la relación con los empleados de la fábrica con la gestión de Cambiemos nunca fue buena, se terminó de tensar cuando trascendió que Mauricio Macri habría propuesto, despectivamente hablando, “dinamitar” el predio porque generaba pérdida. Después de eso vino una toma de las oficinas de la Dirección y ahora esta acción de protesta. Esa frase generó respuestas del tipo: “Todavía no nació el que va a dinamitar el Astillero” En el aire flota la sensación de posibles despidos, debido a que el Gobierno de la Provincia no da señales de reactivar la producción de barcos y la gestión de Macri dejó en claro los planes que tiene para con la empresa si esos rumores son verdad. En este sentido, Esquerra había contado que la construcción del buque Eva Perón –destinado para Venezuela- está en un 95% y solo falta que el gobierno compre algunos insumos, porque “la mano de obra está”. Se desarma el plan nuclear y el Gobierno gatilla 250 despidos en Atucha En el marco del desmantelamiento del plan nuclear, el Gobierno confirmó 250 despidos en Atucha. La decisión llega horas después del decreto que permite utilizar a las FFAA para “proteger” objetivos estratégicos de seguridad interior. A través de la gestión de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), el Gobierno confirmó hoy el despido de 250 trabajadores de las centrales nucleares Atuchas, ubicadas en la localidad bonaerense de Zárate. La noticia se enmarca en el sostenido programa de desfinanciamiento y desmantelamiento de los proyectos del sector nuclear que Cambiemos llevó adelante desde su arribo a la Casa Rosada. Según confirmaron desde Luz y Fuerza Zárate, aunque todavía no hay precisiones, se calcula que las censatías rondan las 250 y se trata de personal de planta permanente. Hasta aquí el ajuste había pasado por personal contratado o por los constructores que llegaban hasta Atucha para realizar obras de mantenimiento o ampliación. Por lo relevado hasta el momento, los afectados por los despidos son empleados que cuentan con muchos años de antigüedad (Algunos hasta 25 años) y muchos de ellos estaban abocados a la Unidad de Gestión que se encarga de los proyectos de la cuarta y la quinta central. Las cesantías llegan horas después de que el Gobierno firmara el decreto que le permite utilizar a las Fuerzas Armadas para “proteger” objetivos estratégicos de seguridad interior, como lo son las centrales nucleares. En procedimiento de crisis, Alimentos Modernos avisa que se vienen los despidos Alimentos Modernos lanzó un plan de retiros voluntarios en cuotas, pero ningún empleado se sumó. Ahora avisa, que en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis, va a avanzar en despidos. La multinacional de capitales holandeses, Farm Frites Internacional, localizada en el partido bonaerense de Vicente López gracias a un acuerdo con Alimentos Modernos está en plena ebullición. Es que presentó ante la cartera laboral el Procedimiento Preventivo de Crisis para realizar despidos masivos y su personal está en alerta. La primera medida fue lanzar un plan de retiros voluntarios, que consistía en el pago del 100% de las indemnizaciones en tres cuotas. La oferta, poco tentadora, no logró convencer a ningún trabajador, por lo que Alimentos Modernos va por el Plab B. Concretamente, en la última reunión realizada en la cartera laboral en presencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, avisó que realizará cesantías en el marco que le habilita el PPC. Farm Frites International es una multinacional dedicada a la producción y comercialización de productos supercongelados; a nivel mundial, cuenta con ocho plantas de producción, 26 oficinas de ventas y más de 1.800 empleados. Desde hace tiempo entre los cargos de dirección de la firma manejan, con sigilo, la idea de un traslado a Mar del Plata en el corto plazo. El proyecto de instalarse en la ciudad balnearia estaría vinculada al potencial de exportar 3.000 contenedores anuales desde el puerto local, El gobierno de Vidal dictó la conciliación obligatoria y los docentes evalúan el camino a seguir El regreso a clase está en veremos La decisión del Ministerio de Trabajo bonaerense sólo favorece el inicio de clases, pero sin dar una respuesta al reclamo salarial de los docentes. El Frente de Unidad Docente Bonaerense anunciará hoy si acata la conciliación. Los principales referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense.  Imagen: NA En un intento por congelar el conflicto y continuar dilatando la paritaria docente, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó ayer la conciliación obligatoria para suspender el paro de 72 horas con movilización anunciado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Los sindicatos que integran el frente gremial evaluaban anoche los pasos a seguir y se espera que anuncien hoy si acatan o no la medida dispuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal. El Gobierno provincial basó el dictado de la conciliación, que paraliza el conflicto y ordena “garantizar el normal y habitual desenvolvimiento” durante 15 días hábiles, en el “derecho de los padres a educar a sus hijos y de los niños a ejercerlo”, y consideró que la escolaridad es un “derecho inalienable”. “Estas medidas ponen en riesgo el reinicio del ciclo lectivo, encontrándose comprometida la paz social por la afectación de los servicios educativos”, sostuvieron en los fundamentos de la medida, en la que citaron la Convención por los Derechos del Niño. La medida de fuerza convocada por los gremios para después del receso invernal había sido anunciada este jueves tras la reunión del pasado lunes, cuando el gobierno de Vidal -a casi 100 días de la última convocatoria y por orden de la Justicia- reactivó la negociación paritaria y les ofreció a los docentes un 15 por ciento de aumento más un plus de 1,7 por ciento para materiales didácticos. “Esto es una muestra más del desinterés de la gobernadora Vidal por destrabar el conflicto. En un nuevo simulacro de negociación paritaria nos presentaron una oferta del 15 por ciento, muy lejos de la necesidad del bolsillo de los docentes”, expresaron, en esa ocasión, los integrantes del frente gremial -Suteba, Udocba, FEB, Sadop y AMET- que piden un 30 por ciento de aumento con cláusula de revisión. Al respecto, desde el Suteba que lidera Roberto Baradel sostuvieron que “en la octava propuesta salarial, el Gobierno de Vidal no sólo intenta maquillar la que propuso ya siete veces, sino que intenta incumplir con el fallo que dictó la Justicia” y recordaron que el salario docente está congelado desde el año pasado. “El gobierno bonaerense elige agudizar el conflicto con los docentes para disimular sus evidentes problemas políticos”, sostuvo ayer la presidenta del Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini y agregó: “Hay funcionarios que nos acusan de llevar adelante medidas de fuerza con oscuros trasfondos políticos, cuando en realidad no hemos hecho más que mostrar durante todo este conflicto voluntad de diálogo y soportar agravios constantes. El ministro de Trabajo nos acusa de hacer paros políticos porque el verdadero problema político lo está teniendo el Gobierno”, dijo en alusión a las declaraciones del titular de la cartera laboral bonaerense, Marcelo Villegas, que calificó el paro de “político y desproporcionado”. En ese sentido, la dirigente desmintió a las autoridades de la Gobernación que sostienen que los aumentos están siendo depositados en las cuentas bancarias de los maestros. “Mienten cuando aseguran que entre ayer y hoy los docentes iban a tener depositado el incremento del 15 por ciento salarial. Hasta el momento, como podemos mostrar en los recibos de sueldo que tenemos en nuestro poder, no hay ningún tipo de incremento”, aseveró Petrocini, e indicó que “el docente no sabe hasta el momento en que llega al cajero automático cuánto va a cobrar; han sometido al sector a un nivel de incertidumbre nunca visto”. Es la primera vez en el año que el gobierno bonaerense dicta la conciliación obligatoria para suspender una medida de fuerza. Sin embargo, la disposición ordenada por Vidal tiene un antecedente del año pasado, que los docentes no acataron. UTE la responde a la ministra Acuña y ratifica un paro de 48 horas para el lunes Distintos sectores de la comunidad educativa salieron a rechazar los dichos de la titular del área porteña en la entrevista publicada el domingo por Tiempo Argentino. “Cuando dicen que, pese a reconocer el crecimiento de la inflación otorgan un 8 por ciento de recomposición y sólo volverían a convocar a la mesa salarial recién en septiembre, lo que ratifican es que bajan salario”, advirtió Eduardo López, titular del gremio de los docentes. Por Martín Suárez En relación a los salarios del sector y la discusión paritaria que la ministra estimó que convocará en septiembre, el secretario general de UTE, Eduardo López, ratificó que el gremio parará por 48 horas entre el lunes y martes próximos. “La ministra sólo pretende calcular la inflación acumulada de Febrero a Julio, los docentes ya perdimos poder adquisitivo frente al aumento descontrolado de los precios ya sea respecto al 16,4 por ciento de los primeros seis meses o frente al 14,6 del cálculo del ministerio”, sostuvo López, y agregó : “Por eso cuando dicen que, pese a reconocer ese crecimiento de la inflación otorgan un 8 por ciento de recomposición y sólo volverían a convocar a la Mesa Salarial recién en septiembre, lo que ratifican es que bajan salario. Ante ello, los docentes ratificamos que así no iniciamos las clases”. Respecto a la Educación Sexual Integral, López señaló que “la Ministra realiza un procedimiento que es marca de origen del neoliberalismo: se desentiende de la responsabilidad estatal y dice que su aplicación es una responsabilidad individual de maestros y maestras. De paso, niega que el presupuesto sea un factor determinante y deja todo librado a la voluntad de los docentes. Señora Ministra en la Ciudad sobra voluntad, vocación y compromiso docente lo que falta es presupuesto educativo y salarios dignos”, expresó. Otras voces de la comunidad educativa expresaron su rechazo a los dichos de la funcionaria. “La Ministra llama con desprecio ‘intelectualidad pedagógica’ a los protagonistas de las comunidades educativas de nuestros profesorados y da vuelta los argumentos atribuyendo el calificativo de ‘censor’ a un colectivo que nunca fue consultado ni escuchado por su propia decisión ¿Acaso eso no es censurar las voces autorizadas?”, advirtió Débora Kozak, vicepresidenta del CESGE – Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, en diálogo con Tiempo Argentino. “Los que conocemos la realidad de los profesorados sabemos que este proyecto encubre un gran ajuste sobre los cargos docentes (…) Falta a la verdad también cuando dice ‘no hablábamos de cerrar los 29 institutos’: basta escuchar el video en el que ella presenta el proyecto el 22 de noviembre de 2017 y se refiere textualmente a ‘unificar’ todos los profesorados en una única institución universitaria”, agregó. El profesor en secundaria y formación docente y autor del sitio fuelapluma.com, Manuel Becerra, desmintió lo afirmado por Acuña sobre la currícula educativa: “Todavía sigue lanzando diagnósticos falsos respecto de la UniCABA. Uno que repite desde el primer momento es ‘hay planes de estudio extensos que están alejados de las prácticas’. Esta afirmación se desarma a un click de distancia, chequeando en las páginas web de los institutos de formación docente”, indicó Becerra, y agregó: “Todos los alumnos de formación docente, actualmente se insertan en escuelas reales desde el primer cuatrimestre. Por ejemplo, el Profesorado de Educación Primaria exige 716 horas cátedra en las instituciones entre experiencias de campo, prácticas y residencias”. En el mismo sentido, la legisladora y vicepresidenta de la comisión de educación, Lorena Pokoik, manifestó que  “Soledad Acuña, parece desconocer la normativa vigente. Tanto la ley Nacional de Educación como la Ley de Educación Superior comprenden dentro de la educación superior a la formación docente, equiparándola a la universitaria”. Además “la Ministra plantea que hace 8 meses vienen discutiendo el proyecto en la legislatura (…) me pregunto de qué legislatura habla, ya que desde que se presentó el proyecto sólo vino un funcionario a explicarlo en 15 minutos, sin que ella se haya presentado”. Respecto a la falta de vacantes, Pokoik, señaló: “Estamos esperando las respuestas de los pedidos de informe que la Legislatura realizó respecto a las vacantes faltantes del ciclo 2017 y 2018 (…) estimamos que hay alrededor de 25 mil chicos y chicas sin vacante, ya que debe incluirse a los que asisten a los Centros de Primera Infancia (CPI), que no se encuentran en el sistema educativo ya que dependen del Ministerio de Desarrollo”. Desde el colectivo de familias “La Vacante es un Derecho”, subrayaron que la falta de vacantes “es una realidad palpable” y que la ministra “reconoce en la nota que las vacantes son nuestro derecho y el de nuestros hijos desde los 45 días de edad”. Como colectivo “empezamos a organizarnos en 2015. Desde entonces, nos hemos apersonado muchísimas veces en el Ministerio de Educación para reclamar por nuestros derechos con nuestra música, nuestro gazebo, nuestros talleres, y sobre todo, con nuestros pequeños y sus voces y la ministra nunca nos recibió”. El legislador porteño e integrante de la comisión de educación, Patricio Del Corro, también habló con Tiempo Argentino: (La ministra) “miente cuando dice que no faltan vacantes, contradiciendo sus propios datos oficiales, ya que cuando tuvo que responder al pedido de informes que hice en el 2016 reconoció que faltaron 11.958 chicos sin asignar vacantes, 10.665 de nivel inicial; 439 de primario y 328 del secundario (…) en el amparo que presentamos con Myriam Bregman sale a la luz cómo los chicos de los barrios del sur tienen que ir a la otra punta de la ciudad para tener vacantes o se ‘resuelve’ sobrepoblando aulas. Esta es la información que ocultan, en la causa la jueza llegó a ponerle una multa diaria por no dar la información”. Ya son 150 los retiros voluntarios en Freddo La marca que controla Pegasus, fondo inversor que creó Mario Quintana, hasta ahora acordó 150 retiros voluntarios. Además ya se contaron 3 despidos en el call center. Retiros voluntarios y un nuevo modelo de negocios son las dos medidas con carácter de “urgente” que tomaron los dueños de helados Freddo para lograr que la principal cadena de heladerías de la Argentina se “refunde”. La empresa, que en la actualidad es propiedad de Pegasus, busca adaptar su estructura a la complicada situación por la que atraviesa en el mercado local y a las nuevas tendencias de negocios adoptadas en el exterior por cadenas del mismo estilo. Es que a pesar de estar controlada por el fondo inversor que supo crear Mario Quintana, actual coordinador del gabinete económico del presidente Mauricio Macri y uno de sus hombres de confianza, la cadena desde hace tiempo que no atraviesa por un buen momento financiero. Pegasus comenzó a aplicar un esquema de “superviviencia” vinculado a una menor presencia en la comercialización y un mayor peso en la producción. Hace unas semanas el directorio de Freddo consensuó con el gremio de Pasteleros que comanda Luis Ramón Hlebowicz una oferta de retiros voluntarios para el personal de su planta de elaboración de sus sabores, ubicada en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Parque Patricios. Fuentes sindicales estiman que hasta ahora son 150 los trabajadores que optaron por aceptar la propuesta. Esta decisión forma parte de un plan más amplio que apunta a modificar su estrategia comercial en el negocio de la venta y elaboración de helados. La intención sería enfocarse solamente a la producción y dejar la cadena de comercialización, es decir los locales, en manos de franquiciados. Según explican cerca de la empresa, es el mismo esquema de negocios que ya aplican grandes cadenas de heladerías parecidas a Freddo en otros países. “El modelo actual caducó y es necesario adaptarse a la realidad”, aseguran quienes conocen el proyecto que los dueños de Freddo están poniendo en marcha. En el caso de Freddo, casi dos tercios de los 200 locales que opera en la actualidad son propios, con lo cual la reconversión hacia el formato de franquicias en un principio abarcará a cerca de 120 establecimientos. Además se conoció en las últimas horas que comenzaron los despidos en el área de atención telefónica. Desde la comsión interna ya detectaron 3 despidos en el call center y no saben si es todo o habrá más cesantías. lo que sería una ventaja para los holandeses respecto de la logística. Cerró la fábrica de plásticos Chemton y dejó 60 empleados en la calle Los dueños sostienen que no pueden pagar los salarios por los costos de la materia prima importada, se escaparon y enviaron los telegramas de despido a los 60 empleados. Industricidio. La crisis no da tregua y otra pequeña y mediana empresa (Pyme) cierra sus puertas agrandando la lista de desempleados en la Argentina. Se trata de la fábrica de productos plásticos Chemton S.A, que está ubicada la localidad de La Reja, partido de Moreno. En medio de una economía en rojo, por la falta de pago de sueldos y los altos costos de la materia prima, entre otros conflictos, los dueños abandonaron el predio y enviaron el telegrama de despido a sus 60 empleados. En declaraciones a la FM 91.7, Hernán Lancinar, trabajador despedido, aseguró que “en este presente hoy, ahora la estamos pasando mal económicamente y se nos hace imposible llevar el pan a nuestras familias”. A los empresarios les interesa muy poco que yo me quede en la calle con un tratamiento de cáncer con el que llevo once años luchándola”, precisó Lancinar. “Yo quiero responsabilizar de arriba hacia abajo, desde el presidente hasta el dueño de la empresa. Yo quiero seguir viviendo y no me lo están permitiendo. Esta gente era líder pero ni siquiera intentaron seguir adelante porque dejaron que todo empeore para poder cerrar e irse y dejando a todos sin trabajo justo en este momento”, concluyó. El Gobierno dio de baja unas 100 mil asignaciones familiares El cambio impacta en uno de los reclamos que era eje de las protestas de la CGT. El Gobierno cambió el régimen y sacó beneficios a beneficiarios de la Patagonia y del Norte. El Gobierno elevó el piso y bajó el techo para poder acceder al cobro de las asignaciones familiares. También eliminó los beneficios zonales que alcanzaban a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del Norte. Se trata del Decreto 702 que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir de septiembre y que implica un gran ajuste en las políticas sociales. Con esta medida, la administración de Cambiemos achicó el techo o tope máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de asignaciones familiares, que bajó de $ 94.786 actuales a $ 83.917. Pero además, la nueva normativa aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $ 41.959, quedará excluido del cobro de las asignaciones. Con el decreto hay un nuevo piso de ingresos para recibir la asignación familiar: de $200 pasa a ser $2.816. Otra de las disposiciones es “equiparar” el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de ese modo las personas de las zonas en las que se percibían beneficios pasarán a cobrar menos de la mitad. Hasta ahora, el monto general era de $1.578 para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre $3.155 y $3.407 para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas. Según explican desde el Gobierno se trata de una medida para “formalizar el trabajo” y “evitar aviavadas” por lo que se cruzarán datos de Anses y AFIP, y se contactarán a las empresas en las que se presenten irregularidades. Desde la Casa Rosada aclararon que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas. El impacto llega sobre uno de los reclamos que la CGT levantaba hace un tiempo y que era el eje de los paros que realizaba Azopardo hasta 2015. Prohibido protestar: la orden de Triaca que elimina las huelgas no convencionales Por ANRed El Gobierno de Mauricio Macri busca limitar las protestas sindicales. Para lograrlo, desde la cartera laboral, apuntan a prohibir las medidas de fuerza no convencionales, como una asamblea o el trabajo a reglamento. Hasta ahora solo ha sido aplicado sobre casos aislados en sindicatos opositores. . Macri y Triaca. Fuente: El Destape En el año 2014 los trabajadores de la Línea 60 fueron denunciados por estafa tras realizar una medida de fuerza consistente en no cobrar boletos. Luego de un tironeo judicial, la Cámara de Apelaciones falló en favor de los choferes: confirmando la inexistencia de delito y entendiendo que obraron amparados en su derecho a huelga. De cumplirse la nueva orden del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no podrán volver a hacerlo. Según una nota del periodista Mariano Martín, publicada en Ámbito, el Gobierno “aplicará un nuevo torniquete a la conflictividad sindical. Será mediante la fijación de sanciones a las protestas que no encuadran como paros pero que de todos modos causan perjuicios a los empleadores”. De esta manera, valiéndose de la legislación vigente, Triaca sancionará a quienes ejerzan medidas de fuerza “no convencionales”. Las denominadas medidas de fuerza no convencionales son aquellas en las que no se paraliza la producción -cómo en una huelga formal- pero que tienen el carácter de paralizar parcialmente el proceso productivo. El ejemplo más claro sería el de una asamblea general y el del trabajo a reglamento, entre otros. Así como también el levantamiento de molinetes, de los Metrodelegados, y la ocupación o bloqueos de fábricas. De acuerdo a la versión difundida por Ámbito, los funcionarios “mencionaron otros casos pasibles del mismo castigo que son propios de algunas organizaciones como la reciente comunicación que la Asociación de Pilotos (APLA) difundió a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales a través de sus afiliados”. Es destacable que, hasta el momento, solo hayan aplicado la sanción sobre gremios opositores al Gobierno, como lo son Camioneros y APLA. No es extraño que Cambiemos impulse este tipo de medidas en un momento de recesión, despidos masivos y ajuste; lo extraño es que se ejecute a través de un ministro que está acusado de tener a sus empleados en negro, de intervenir sindicatos para sus beneficios personales -como el caso del SOMU- y de apretar a los directivos de Canal 9 para que descuenten los días de paro. Con semejante prontuario, Jorge Triaca le hace honor a su padre, y a su celebre frase: “soy el Ministro de Trabajo, no de los trabajadores”. Omar Príncipe (FAA): “Mientras los agricultores medianos y pequeños nos fundimos, hay un sector que vive una fiesta” Tras la protesta que se realizó en el Ministerio de Agroindustria, el presidente de Federación Agraria aseguró en una charla con Tiempo que el sector que produce cerca del 80% de los alimentos que consumen los argentinos trabaja a pérdida mientras el estado “es un observador que cree que la receta del libremercado soluciona todos los problemas”. Por Mariano Pedrosa El jueves, pequeños y medianos productores se plantaron con tractores, verduras y hasta una vaca frente a las oficinas del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.  En las escalinatas del ministerio se paró el presidente de la Federación Agraria (FAA) y reclamó que a la crisis que pasa el sector agropecuario se le agregan medidas del gobierno contra los productores de alimentos. “A los productores de cerdo, a los tamberos, a los de las economías regionales que se están fundiendo, viene el gobierno nacional y nos dice que somos ineficientes y que nos tenemos que reconvertir. Pero, ¿no será que la ineficiencia proviene de ellos, que no saben reconocer que en el campo no somos todos iguales?”, se preguntó Omar Príncipe. Tiempo dialogó con el presidente de la FAA luego de la movilización, Príncipe pintó un cuadro desolador que se profundiza cuanto más pequeño es el productor y responsabilizó al gobierno que recurre “a las recetas del libremercado para solucionar todos los problemas” y no posee políticas públicas. “Mientras los agricultores medianos y pequeños nos fundimos, hay un sector concentrado que está viviendo una fiesta con una renta extraordinaria” reclama Príncipe. “El jueves fuimos más de 20 organizaciones que convocamos a la movilización frente al Ministerio de Agroindustria pidiendo por la Ley de Agricultura Familiar, por el Monotributo Social Agropecuario, por la reincorporación de los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, del Senasa, del INTA y por las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar: Esta crisis nos está desapareciendo”, con estas palabras inicia la charla el presidente de la FAA. –¿Cómo es la situación del sector que usted representa? –Nosotros producimos cerca del 80% de los alimentos que consumen a diario los argentinos y se da la paradoja que los pequeños y medianos productores estamos trabajando a pérdida, a quebranto, mientras los alimentos siguen aumentando. El INDEC en la última semana muestra que el rubro alimentos y bebidas es el que más aumentó, con un 5,2%, y a nosotros nos siguen pagando lo mismo que hace un año. Para poner algún ejemplo, la ciruela y el durazno a los productores se la pagan 2 pesos, la banana 1,50, a los tamberos les pagan la leche $ 6,20 cuando el costo es de 8 pesos. A esto tenés que sumarle que nos dolarizaron las tarifas, que aumentaron un 500 por ciento. Para generar valor agregado, muchos productores necesitan energía, hasta para poner un pozo para regar. Estamos en una competencia desleal con productos importados y pagando tasas de interés de un 70%. Con todos estos factores es inviable un modelo productivo, y las medidas afectan sobre todo a los productores más chicos que son los más vulnerables. –¿Cómo es que pagan tasas del 70 por ciento? –Todos sabemos que las tasas del Banco Central están entre el 40 y 50 por ciento. Es un negocio fenomenal para el sistema financiero, para los que aportan a la entrada y salida de capitales para comprar letras y dólares. Pero para los que queremos financiar nuestro modelo productivo o los que quedamos endeudados por una cosecha pobre las tasas suben al 70%, porque cambiar un cheque en Argentina sale eso. Este combo de factores hace inviable cualquier modelo productivo. Tenemos un Estado que es un observador de los acontecimientos, creen que la receta del libremercado soluciona todos los problemas, pero nosotros necesitamos un Estado que ponga equilibrio, porque volviendo a los alimentos, a nosotros nos lo pagan cada vez menos y los consumidores los pagan cada vez más caro. Hay alguien que se está quedando con las rentas en la cadena: el sector financiero y el Estado con un sistema impositivo que distorsiona todos los precios. –¿El gobierno da alguna respuesta a estos planteos? –En algunos casos hay diálogo, el gobierno ha convocado mesas que yo llamo de “incompetitividad”. Por ejemplo, en el tema leche, hace tiempo que nos reunimos, pero salimos sin ningún problema resuelto, mientras todos los días se cae un tambero. En el último año desaparecieron 450 tambos en Argentina. Son números que se repiten en las otras actividades, en la producción de cerdos, en todas las economías regionales. –¿Por dónde le parece que podría haber una salida? –Necesitamos un cambio en el modelo productivo. Ese cambio tiene que ver con que el gobierno presente programas y políticas públicas activas orientadas hacia la gran mayoría de agricultores que somos los pequeños y medianos en la Argentina, que somos los que producimos los alimentos todos los días. –El panorama suena desolador, parece que el sector está a punto de fundirse. –Es que nos estamos fundiendo. Las noticias de todos los días son las retenciones, pero el problema del alimento que todos los días llega a la mesa de los argentinos no aparece en los medios. Nosotros creemos que debería haber retenciones diferenciadas para productores chicos que también hacen trigo, girasol, soja, maíz. Pero todos estos problemas no están en los medios de comunicación, no están en la opinión pública porque al gobierno no le interesa. Sólo quiere hablar de un modelo exportador y cada vez producimos más para 300 millones de personas en el mundo. Y está bien, coincidimos en que hay que apostar al potencial agroexportador de la Argentina. Pero eso no significa que descuidemos la producción de alimentos que va al mercado interno. Si a todo esto que hablamos, le agregás un mercado cada vez más deprimido, con menos posibilidades de adquirir alimento, el panorama es oscurísimo. El ajuste lo pagamos los trabajadores, los despedidos del Estado, los pequeños y medianos agricultores de todo el país mientras un sector concentrado que está viviendo una fiesta con una renta extraordinaria. Es ahí donde se debe provocar el cambio. ¿Quiénes tienen los dólares?, los grandes agroexportadores, las multinacionales a las que desobligan de liquidar la soja, provocando cada vez más déficit comercial. Les tiene que entrar que además del déficit fiscal, hay que terminar con el déficit comercial en la balanza en rojo que tiene la Argentina de los últimos años. Se estanca el empleo en la construcción El nivel de empleo en la construcción comenzó a mostrar signos de estancamiento. En mayo se contabilizaron 425.514 puestos de trabajo en el sector, lo que marca que representa una leva baja del 0,1% mensual. El informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), destacó que en comparación con mayo de 2017 se registró un incremento del 5,6% interanual, aunque con un menor ritmo de crecimiento. “No sólo resultó 2,6% inferior al alcanzado en abril sino que, además, configuró la menor tasa de variación interanual desde febrero de 2017”, remarcó el reporte de coyuntura. El dato esperanzador es que el alza acumulada en los primeros cinco meses llegó al 8,4%. A pesar de las incipientes señales de estancamiento, el Instituto recordó que el volumen de empleo sectorial “permanece como uno de los más elevados de la serie histórica”, quedando apenas un 1,7% por debajo del máximo observado en igual mes del 2008. “La baja mensual de la ocupación sectorial se tradujo en mayo en una leve contracción del 0,3% en el indicador de empleo promedio, que se ubicó en los 14,5 puestos de trabajo registrados por firma constructora. Respecto al mes de mayo de 2017, la comparación arroja un incremento del 4,9% interanual”, indicó el trabajo estadístico. El IERIC destacó que solamente hubo 12 jurisdicciones del país donde aumentó la cantidad de obreros respecto a abril. A nivel regional, las provincias que conforman la Región del Noroeste Argentino (NOA) registraron una expansión del 1,7%, al tiempo que la Región Cuyo dio cuenta de un alza del 0,9% mensual. “Como contrapartida, los municipios del Gran Buenos Aires evidenciaron una baja del empleo sectorial del 2,2% frente a abril. “Esto explica casi la mitad de la pérdida de puestos de trabajo observada en el mes de mayo”, resaltó el informe. El salario promedio percibido en mayo fue de $ 20.346, lo que marca un incremento del 5,4% mensual y del 21,7% interanual. En los cinco primeros meses del año acumula un alza del 27,9% respecto a igual período de 2017. En tanto, el 50,1% de los trabajadores registrados del sector percibieron en promedio un salario igual o superior a los $ 15.000 en lo que va del año. “Afectado por las particularidades de los acuerdos paritarios del sector, la evolución del salario real de los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción, calculado a través de la media de las remuneraciones deflactadas por el nivel general del Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano (IPCNu-INDEC) se desplomó 3,7% entre los meses de mayo de 2017 y 2018”, advirtió el Instituto. De todas maneras, en el acumulado de los primeros 5 meses del año el contraste interanual se mantiene en terreno positivo, arrojando un incremento del 1,9% En la Ruta 11 también paralizaron las obras y hay 87 despidos Los empleados chaqueños denuncian 87 despidos al paralizarse la obra en la ruta 11. Desde inicio de mes están sin tareas y la contratista le reconocerá un salario menor al que percibían. Aguardan la notificación formal de la cesantía. El desfinanciamiento y la paralización de las obras por parte de la Nación está haciendo estragos. Desde el promocionado Plan Belgrano una de las obras viales de importancia para la zona nordeste es la repavimentación de la ruta 11 en el tramo que va desde Resistencia hasta la localidad formoseña de Tatané. La obra se encuentra paralizada hace un mes, situación que llevaría a dejar cesantes a 87 trabajadores. Según relató el Diario Norte, los obreros de la contratista Supercemento señalaron que las luces de alerta se encendieron hace un par de meses cuando comenzaron a escasear insumos básicos para las tareas diarias y que desde inicio de mes se profundizó el asunto. Vacaciones adelantadas y suspensiones fueron el preludio para lo que aguardan la comunicación formal pero que ya fue transmitido por personal administrativo, el reconocimiento del salario de este mes y desde agosto la cesantía. ‘Nos dicen que no hay fondos para reactivar la obra, nadie de la cara todo es incertidumbre y lo único que queremos es volver a trabajar‘, declaran los obreros que día tras día llegan hasta el obrador pero allí se mantienen sin novedad alguna. La obra de ensanche y repavimentación se inició en abril del año pasado y su plan de ejecución estimaba 134 kilómetros de extensión y una alternativa laboral que sumado al mantenimiento podría alcanzar los cinco años, algo que pareciera lejos está de cumplirse. Según los obreros, las tareas fueron interrumpidas en Mansilla e incluso en el tramo desde La Leonesa hasta esa localidad formoseña aún restan trabajos por completar, que transcienden la paralización porque se registran baches y banquinas en mal estado,a tenerse en cuenta para evitar siniestros. Envío:ResumenLatinoamericano