Ex-mineros sobrevivientes apuntan contra empresarios genocidas
La semana pasada reanudaron las audiencias del sexto juicio de lesa humanidad en Jujuy, declararon tres mineros protagonistas de la histórica gesta obrera llamada "El Aguilarazo". Develaron plan de la empresa, utilizando el aparato represivo del Estado, en sus secuestros.
Mauro Tabak
Jueves 9 de agosto
Foto de Efrén Guzmán, ex Secretario General del sindicato minero tomada por Analia Laporte
La empresa El Aguilar es una minera de extracción centralmente de plomo ubicada en la localidad de Humahuaca, muy cercana al límite con Bolivia, durante las décadas del 60 y 70 llegó a tener 10.000 habitantes que dependían económicamente de la mina y aproximadamente 700 obreros que trabajaban al interior de la misma.
Los mineros vivían hacinados en pequeñas casillas, entre 2 y 3 familias, asignadas por la empresa El Aguilar S.A.. Las condiciones de explotación e insalubridad a la que eran sometidos prendieron la mecha, primero con el levantamiento de 1964 con una huelga que duró 33 días movilizándose hasta el pueblo de Maimará, dónde las mujeres tuvieron un rol de vanguardia siendo recordadas las palabras de una de ellas en una asamblea “¡Que los hombres se queden a cuidar nuestros hijos y nosotras marcharemos a pie a buscar la solución de la huelga!”.
El otro hito que marcó a fuego la combatividad y organización de estos obreros fue "El Aguilarazo" el 6 de noviembre de 1973, en un duro conflicto de más de dos meses donde pusieron nuevamente en cuestionamiento el dominio patronal y las abultadas ganancias que la patronal de capitales norteamericanos amasaba a costa de la vida y salud de los mineros. Esta vez encontrarían al histórico dirigente minero peronista Avelino Bazán del otro lado de la trinchera cumpliendo funciones como Director Provincial de Trabajo.
La radicalización de la situación social y política que se desarrollaba en el país se expresó en esa huelga general activa exigida por las bases del Sindicato Obrera Mina el Aguilar (SOMA), utilizando sus herramienta de trabajo, las dinamitas, para hacer retroceder a la Gendarmería que se prestaba a reprimirlos, contando con un puesto de seguridad a las órdenes de la empresa.
El testimonio en la última audiencia del entonces Secretario General en 1976, Efrén Guzmán, detenido el 24 de marzo de ese año junto a unos 40 mineros, en un operativo conjunto de Gendarmería y Policía Provincial , grafica como los verdugos que lo interrogaban, Jones Tamayo Jefe de inteligencia del Ejército actualmente con prisión domiciliaria y Raúl Borges do Canto Oficial de la GNA imputado en la causa y presente en la sala, hacían referencia a que estaba siendo secuestrado y torturado por su participación en la huelga.
Efrén cuenta como ya en 1975, la empresa había "contratado" los servicios de Borges do Canto para infiltrarse en la organización sindical, ejemplificando que era el Alfredo Astiz del Aguilar, otorgando las listas negras de los mineros. Apuntó contra los directivos y personal jerárquico de la compañía, Eduardo Andrés López, Alfredo Arzuaga y Teléforo Zurita.
Borges do Canto junto a otros gendarmes lo secuestró a las 7 de la mañana el 24 de marzo usando las camionetas de la empresa para trasladarlo, siendo el mismo modus operandi que en el Ingenio Ledesma.
Fue llevado junto a otros trabajadores de la mina, entre los que se encontraban su hermana y cuñado, al escuadrón 21 de la Quiaca. Este genocida actuaba bajo órdenes directas de la empresa como también "administrativo de recursos humanos" obligando a su hermana a renunciar para que no tengan que pagarle indemnización ya que sino iba a ser nuevamente secuestrada, expulsando de sus viviendas a las familias de los trabajadores detenidos.
Junto a Mariano Rodríguez ,tesorero del SOMA y Rubén Andrés Cari, secretario adjunto del sindicato, dieron un contundente y coincidente testimonio denunciando la responsabilidad civil y del aparato represivo en sus secuestros. Continúan peleando contra la impunidad por verdad y justicia, dejando al desnudo que los empresarios utilizaron el brazo armado del Estado para arrebatarle sus conquistas.
Hoy a las 16 hs se celebrará una nueva audiencia donde Oscar Alfaro Vasco junto a Raúl Tapia, Reynaldo Aguilar y Roberto Quiroga, ex obreros del Ingenio Ledesma y El Aguilar prestarán testimonio.
Hoy a las 16 hs se celebrará una nueva audiencia donde Oscar Alfaro Vasco junto a Raúl Tapia, Reynaldo Aguilar y Roberto Quiroga, ex obreros del Ingenio Ledesma y El Aguilar prestarán testimonio.
Fuente:LaIzquierdaDiario
6 agosto, 2018
Por Gabriela Martínez y Gonzalo Bautista, para H.I.J.O.S. Jujuy. El pasado 2 de agosto, luego de la feria judicial, se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Jujuy la cuarta audiencia del sexto mega juicio por delitos lesa humanidad cometidos en la provincia.
Cinco testigos debían ser quienes brinden testimonio de lo acontecido pero debido a lo extenso de las declaraciones, solo cuatro de ellxs llegaron a declarar: María Mercedes Rivero, Efrén Guzmán, Mariano Rodríguez y Rubén Andrés Cari. No lo pudo hacer Oscar Alfaro Vasco, que será citado en la próxima audiencia del jueves 9 de agosto junto a Raúl Tapia, Reynaldo Aguilar y Roberto Quiroga. La quinta audiencia será este jueves 9 a las 16.
Cinco testigos debían ser quienes brinden testimonio de lo acontecido pero debido a lo extenso de las declaraciones, solo cuatro de ellxs llegaron a declarar: María Mercedes Rivero, Efrén Guzmán, Mariano Rodríguez y Rubén Andrés Cari. No lo pudo hacer Oscar Alfaro Vasco, que será citado en la próxima audiencia del jueves 9 de agosto junto a Raúl Tapia, Reynaldo Aguilar y Roberto Quiroga. La quinta audiencia será este jueves 9 a las 16.
“Me dejaron con una familia destrozada”
María Mercedes Rivero es esposa de Juan Ángel Robles*, con quien tuvo a sus dos hijos: Liliana y Juan Ángel. Declaró que a su esposo lo detuvo la policía de investigación vestida de civil volviendo del trabajo y que lo llevaron a la Central de Policía de San Salvador de Jujuy.
Contó que un oficial de apellido Cardozo que se transportaba en un Falcon amarillo, frecuentaba su casa para hacer requisas, incluso llegó a hacerlo una vez cuando su hija de 13 años estaba sola y se llevó documentos porque su marido era procurador. Además, aseveró que Robles no tenía participación gremial ni política.
En su declaración dejó sentado que a Robles lo dejaron en manos del ejército y que un teniente de apellido Gallo y un capitán llamado Vargas estaban a cargo de los detenidos del lugar. “Fui al ejército muchas veces para pedir autorización al señor Bulacio para poder verlo. A las 5 de la mañana ya hacía fila”. Nadie nunca le dijo el motivo por el que se llevaron detenido a su esposo, no quisieron darle información, tampoco recibirle la denuncia, solo cuando Vargas la hizo entrar por tres minutos vio a su esposo en el penal de Gorriti.
Durante los días de detención, Mercedes recibió unos “papelitos” que Robles le escribió y envió por medio del personal del penal donde le contó que lo acusaban de defraudación y lo que le hacían.
La segunda detención fue en un control policial de la localidad de El Quemado. Mercedes recordó que, en repetidas oportunidades, el oficial Camargo fue a buscar a su esposo por un trabajo particular que tenía para él en El Carmen, pero que Robles no iba y aseguró que Camargo con una señora de apellido Barilari armaron algo para cooptarlo ya que cuando fue en su camioneta la policía del lugar lo detuvo. Pasaron nueve meses desde su detención cuando se conoció la noticia en el diario diciendo que ya no estaban detenidos. A Juan Ángel Robles lo llevaron a Tribunales donde firmó su liberación ante el juez Bandi quien, en palabras de Mercedes, le dijo que se fuera si no quería que le pasara algo. Ese día estaba con él su hijo. Le dijeron que lo iban a “soltar” a la tarde, entonces su hijo Juan volvió a su casa a almorzar para luego buscarlo a las 18. A esa hora Juan fue a esperar a su padre a la salida del penal acompañado por los abogados Cosentini y Quispe y un amigo de la familia de apellido Masa. Esperaron en la entrada principal del penal y como no salió, ingresaron a preguntar. Mercedes testimonió que desde la parte posterior del penal su hijo vio cómo se llevaron a su padre y que un testigo vio que primero le pegaron. Desde ese día a Juan Ángel Robles no lo volvieron a ver más. “Me quedé sola, con mi hijo y mi hija que estaban estudiando, pagando mi casa, que la pagué como pude, pero me dejaron con una familia destrozada. Reclamé por todos lados, hasta en la Federal y nada, nada”, finalizó Rivero.
“Raúl Borges Do Canto quería asistir a las reuniones del sindicato”
Efrén Guzmán fue detenido la mañana del 24 de marzo de 1976 por gendarmes, policías de la provincia y militares, quienes dejaron a su esposa, embarazada de ocho meses, y una de sus hijas, tiradas en el piso, llevándoselo a la fuerza de su casa en Mina El Aguilar.
En su relato, Efrén Guzmán contó que en el momento de su secuestro se desempeñaba como Secretario General del Sindicato de Obreros de Mina El Aguilar (SOMA) tras suceder a Roberto Valeriano en el cargo y se enteró de que había un golpe de Estado al llegar a la comisaría de la mina, donde fue trasladado en primer término. Allí vio a Raúl Borges Do Canto, a quien reconoció ya que el gendarme trabajaba para la empresa y merodeaba la mina y sus alrededores.
Cuando llegó al Aguilar, Borges Do Canto quería asistir a las reuniones del sindicato y del club “para ayudar”. En realidad, recababa información y confeccionaba listas que después servirían para decidir quiénes iban a ser las víctimas del terrorismo de Estado que planificaban. De alguna forma Borges Do Canto tenía que justificar el privilegio de gratuidad del hospedaje, comida y calefacción que le brindaba la empresa. A Efrén Guzmán no le preguntaron el nombre ni le tomaron sus datos ni dejaron registros de su detención en ningún lugar. No les hizo falta. Ya lo conocían. Estaba marcado en la lista que Borges Do Canto ayudó a la empresa a confeccionar.
El minero fue trasladado luego en vehículos de la empresa a la comisaría de La Quiaca antes de ser alojado en el penal de Gorriti, donde vio a guardia cárceles y militares que esperaban al grupo de presxs que llegó al lugar. Tras días de tortura en el servicio penitenciario, vio al ex obispo de la provincia José Miguel Medina “invitar” a lxs secuestradxs a confesarse. Antes de ser trasladadxs a La Plata, Medina les dijo: “ustedes saben lo que hicieron. Despídanse de sus familiares porque a algunos no los van a ver más”. Luego lo llevaron a La Plata en un avión, viaje en el cual vivió la más traumática experiencia de su vida. Lo esperaban “médicos” y Efrén Guzmán creyó que asistirían sus heridas, pero en realidad eran militares disfrazados que siguieron torturándolo.
Al sindicalista le hicieron saber en cada lugar en el que estuvo que el “motivo” de su secuestro era por ser “subversivo”.
Ya cuando fue liberado, recordó que todos los mineros pudieron salir, pero el único a quien mantuvieron preso fue a Avelino Bazán.
Finalmente, Efrén Guzmán señaló como culpable de lo que le pasó a Raúl Borges Do Canto, a Arzuaga (jefe de personal de la mina en ese momento), al gerente de la empresa y Eduardo López.
“Borges Do Canto se llevó cheques y papeles del sindicato”
Mariano Rodríguez era tesorero del Sindicato de Obreros de Mina El Aguilar (SOMA) cuando fue detenido el 24 de marzo de 1976.
Fue sacado de su casa en Mina El Aguilar por Roque Inés Cari, quien a punta de pistola lo trasladó a la comisaría de la mina. Al llegar, vio que todxs lxs detenidxs pertenecían al sindicato y, aunque nadie sabía el motivo de la propia detención, los represores decían que eran “los más peligrosos”.
El sobreviviente declaró que allí reconoció a Raúl Borges Do Canto, quien lo llevó al sindicato porque quería sacar cheques y papeles y se quedó con la llave.
Junto al grupo de detenidxs del sindicato, fue trasladado primero a La Quiaca y luego alojado en el penal de Gorriti, donde recordó que el ex obispo de la provincia José Miguel Medina anotaba todo lo que los detenidxs le “confesaban”.
Al ser trasladado a La Plata en un avión, identificó a presos de Mina El Aguilar, Ledesma, Tumbaya y San Pedro.
Tras días de maltrato en cada lugar, finalmente fueron liberados la totalidad de los mineros, excepto Avelino Bazán.
De las casas donde vivían otorgadas por la empresa, a veces amontonados con gente que desconocían, recordó que fueron requisadas todos los días durante más de un mes en lo que se conoció como el “Operativo Quena”. “Se llevaban cuchillos de cocina y decían que eran armas de guerra”, indicó Rodríguez.
Esas casas, en el caso de ser ocupadas por las familias de los detenidxs, fueron desalojadas de inmediato, quedando madres e hijxs en la calle.
“Destruyeron desde vajillas hasta juguetes de los chicos”
Rubén Andrés Cari es docente, trabajó como empleado administrativo de Mina El Aguilar y se desempeñó como Secretario Adjunto del sindicato. Cuando le asignaron un cargo de maestro en Humahuaca renunció a su trabajo. Fue detenido en su último día laboral en la mina, el 24 de marzo de 1976.
A las 7 de la mañana golpearon su puerta, abrió y un policía le notificó que tenía que presentarse en el destacamento. Cuando fue al lugar indicado, gendarmería nacional lo arrestó. “Me preguntaron por la llave del sindicato”. Cari recordó que las llaves las tenía la secretaria, por lo que dijo que fueron a buscarla y entraron al sindicato. “Yo estaba encañonado y amenazado”, relató. Firmó un acta en la que figuraban las cosas encontradas allí y lo llevaron. En horas de la tarde lo trasladaron a La Quiaca donde permaneció hasta la noche y aseguró que, junto a otros detenidos, fue custodiado por gendarmería que aprovechó para “tildarlos” de guerrilleros, que integraban organizaciones comunistas y que esa era la razón por la que estaban presos.
Luego lo llevaron al penal de Gorriti donde estuvo preso en el pabellón N° 1 junto a Cabana, Cruz, Snopek y Ovando. Lo incomunicaron por 45 días, no recibió visitas y tampoco le dijeron el motivo de su detención. “Con un pañuelo logré hacer una tira y con ella subía el diario desde la celda de abajo donde estaba Snopek y un día Jones Tamayo y los hermanos Ortiz los vieron”. Rubén recibió de castigo 15 días más en aislamiento, sin posibilidad de recibir visitas. Después del castigo recibió en el penal a su esposa, quien hacía poco tiempo había conseguido trabajo de portera en Jujuy para verlo y sus hijos quedaron en Humahuaca en tutela de su suegra.
El sobreviviente contó que las tareas de requisas eran “fuertes”, recibió amenazas, le dijeron que iba a desaparecer, pero no lo golpearon. En un interrogatorio con Jones Tamayo, quien “tenía un revólver en el escritorio”, le preguntaron qué relación tuvo con Avelino Bazán, a qué organización comunista pertenecía, cosas que negó rotundamente “porque en Mina El Aguilar no había ese tipo de organizaciones”.
Cuando dieron la orden de traslado hacia Buenos Aires, “eran las 4 de la mañana y me desperté, me colgué de la reja para ver por qué había ruido y vi que eran camiones del ejército”. El personal de esa fuerza entró a golpearlos, fueron muchas agresiones físicas. “Eran del servicio de seguridad de la Nación”. Lo llevaron al aeropuerto El Cadillal con los ojos vendados y las manos esposadas en la parte posterior de su cuerpo y lo “engrillaron” en el piso. Durante todo el viaje en el avión lo golpearon, humillaron, le dijeron “expresiones indignantes que nunca había escuchado”. Al acercarse a la ciudad de La Plata, escuchó: “ustedes por guerrilleros y subversivos van a ser arrojados al río”, abrieron la compuerta del avión y todo resultó un simulacro nefasto. Cuando descendió del avión, hubo un grupo de personas esperando ubicadas a los lados de un largo pasillo dejando un espacio en el medio para que los detenidos pasaran. Cuando Cari y los demás presos pasaron los recibieron con patadas y golpes y sucedió lo mismo al llegar al penal de La Plata.
Cuando los liberaron, a todos menos a Avelino Bazán, les dijeron “no se den vuelta porque son fiambre”.
El testigo víctima declaró que la gendarmería era custodia de la Mina El Aguilar y que hacía ese trabajo porque la empresa a cambio le ofrecía vivienda, alimento, vehículos, entre otras cosas materiales.
Después del horror, Cari fue todos los días a la comisaría de Humahuaca a registrarse y comprobar que seguía en el mismo domicilio y ejerciendo actividad como docente. “Después que me detienen, vinieron con una orden de revisión de la casa, buscaban armas, escritos, libros, cualquier cosa ligados a lo subversivo. Tuvieron tanta saña que en los registros destruyeron desde vajillas hasta los juguetes de los chicos, esto duró un mes y me destruyeron todo”, finalizó.
* Juan Ángel Robles nació en San Salvador, tenía 44 años, era empleado, esposo de María Mercedes Rivero y padre de Liliana y Juan Ángel. Fue detenido por primera vez en Instalaciones de Tribunales de la provincia de Jujuy el 27 de abril de 1976. Lo llevaron al Centro Clandestino de Detención (CCD) Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia y luego fue alojado en el Servicio Penitenciario del Barrio Gorriti hasta recuperar su libertad el 24 de enero de 1977. El 11 de junio de 1977, cuando realizaba un viaje por razones de trabajo hacia Libertador General San Martín en su camioneta particular, al llegar al control policial de El Quemado, fue detenido nuevamente y llevado en patrullero hacia la Comisaría 1° de capital desde donde lo trasladaron al penal de Gorriti. El 12 de julio del ’77, el juez Roberto Bandi le comunicó que sería liberado y le recomendó que se vaya si no quería que le pasara algo. Fue trasladado nuevamente al penal de Gorriti, donde su hijo Juan Ángel junto al abogado Carlos Cosentini esperaban en la salida para recibirlo. Robles nunca salió de la cárcel y cuando preguntaron por qué no salía, dijeron que lo había hecho por la puerta de atrás. Desde el 12 de julio de 1977, Juan Ángel Robes permanece en calidad de detenido desaparecido de la dictadura.
9 agosto, 2018
En la audiencia de este jueves del sexto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy declaran dos expresos del departamento Ledesma y dos de Mina Aguilar. Son testimonios clave para confirmar la participación de empresas en el accionar represivo en la última dictadura militar.
En este juicio, denominado Megacausa pues acumula 16 expedientes, se ventilan hechos sucedidos en diversos lugares de la provincia, como Libertador Gral. San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya y Guerrero. Involucra a 113 víctimas, 38 de ellas que permanecen desaparecidas, y 23 imputados.
Los acusados integran o integraban fuerzas de seguridad como Gendarmería, Policía Federal y provincial, Ejército y Servicio Penitenciario.
En la audiencia anterior se escucharon testimonios que reconstruyeron la represión dirigida hacia trabajadores de Mina El Aguilar que pertenecían al sindicato, y relataron cómo funcionó ese vínculo entre los directivos de la empresa y las fuerzas de seguridad. “Los ex mineros han dejado claramente establecidos cuáles fueron los beneficios de los que gozaba el imputado Borges do Canto, que era el comandante, los operativos que se llevaron a cabo y cómo el trabajo de Do Canto beneficiaba a la empresa. Y eso es muy valioso”, analizó Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, en diálogo con El Submarino Radio (91.5).
“Todo esto nos lleva a entender cómo operaba la Gendarmería, con un accionar específico en la zona en que estaba asentada, a diferencia de las otras fuerzas, que actuaban de una manera más amplia”, agregó.
Por el volumen de los hechos investigados, se estima que este juicio lleve más de dos años. “Tenemos 420 testimoniales presentes, al margen de las dos audiencias que se realizan a la mañana en las que se les pasan las grabaciones de las testimoniales de otros juicios, para no revictimizar a los testigos”, explicó Arroyo.
Entre esos testimonios que quedaron registrados, están también los que brindaron víctimas o familiares que ya fallecieron. “Esto es lo que produce la demora de los juicios, es lo más triste, la pérdida de compañeros y compañeras que han esperado tantos años para contar la verdad”, señaló.
En el mismo sentido, remarcó “el punto final biológico” que les llega a los imputados por el paso del tiempo. “En este proceso vemos cómo dramatizan, por ejemplo llegan con bastón, mientras nuestros sobrevivientes, que tienen la misma edad, llegan íntegros a pesar de todos los problemas de salud que puede tener una persona de 70 años”, describió.
“Este sector estuvo agazapado durante una década y ahora tiene al Poder Judicial, que le es funcional a lo que pide -continuó Arroyo-. Por ejemplo, de los 23 imputados solo tenemos seis en cárcel común. La última domiciliaria benefició a Borges do Canto porque había tenido un problema de cadera”. Y aclaró que las domiciliarias son otorgadas por la cámara de Casación de Salta, mientras que este tribunal no ha otorgado ninguna.
Los problemas de salud que aducen los acusados hacen parar las audiencias y demorar aun más el proceso. Y a esto se suman las “chicanas” de las defensas. Como la que surgió la semana pasada, cuando uno de los abogados de los represores pidió que se quitara el banner que HIJOS ubica cada jueves en la puerta del juzgado.
“HIJOS siempre ha hecho claro su derecho a la expresión y opinión, y en el banner están los rostros y nombres de las víctimas y de los imputados. Y el abogado Vitelini, en una clara provocación y con un claro interés de disciplinamiento, pidió al tribunal que nos haga sacar el banner”, relató.
“Son tiempos duros en todos los aspectos -analizó-. La justicia ha sido el único poder que no ha sido intervenido en la dictadura porque siempre le ha sido afín. Vemos los abusos de poder y el intento de disciplinamiento constante que intenta el gobierno nacional. Vemos la alevosía tendenciosa y espantosa de lo que sucede con Milagro Sala. Es preocupante, porque son retrocesos de nuestros derechos y garantías constitucionales”.
El juicio
El Tribunal Oral Federal N°1 de Jujuy está integrado por Federico Díaz como presidente de trámite, y los vocales María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaráz. El Ministerio Público Fiscal está conformado por Carlos Amad y Julieta Souilhe (subrogante); el Ministerio Público de la Defensa está representado por Matías Gutiérrez Perea y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de María José Castillo. Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte representan a familiares y sobrevivientes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación Hijos-Jujuy, son también partes querellantes.
Son varias causas se ventilan, entre ellas la más conocidas es la conocida como “La Noche del Apagón” y la de Mina El Aguilar, en las que se juzga la responsabilidad civil en el Terrorismo de Estado en la provincia. Otras causas son las caratuladas Aragón Reynaldo y otros, Bazán Avelino y otros, Burgos Luis y otros, Soledad López y otros, Álvarez de Scurta y otros, Aredez Luis y otros, Paulino Galeán y otros.
Son juzgados 23 represores procesados que actuaron como grupos de tareas en diversos centros clandestinos de detención. Es la primera vez que se juzga a efectivos de la Gendarmería, como Jorge Borges Do Canto, quien se desempeñaba como comandante, y el alferez Carlos Pérez. Otro imputado es el excomisario de la Policía Federal Rodolfo López. Los dos militares juzgados son Mariano Braga y Juan Carlos Jones Tamayo, este último fue jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323, que estuvo prófugo durante tres años hasta que en octubre de 2014 fue detenido en Buenos Aires.
También estan sentados en el banquillo de los acusados los penitenciarios Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Herminio Zárate, Oscar Caraballo, Ceferino Narváez y Juan Carlos Salinas. Los policías locales José Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Armando Claros, Hugo Ruíz, Juan Carlos Vaca, José Américo Lescano y Juan de la Cruz Kairuz (ex futbolista de Atlanta, Newell’s, San Martín de Tucumán, y Gimnasia de Jujuy entre 1966 y 1977. Ex director técnico de Gimnasia y Tiro de Salta, de Atlético Ledesma, entre otros). Bernardo Salinas un ex policía, será el único represor que llega a acusado por los delitos contra la integridad sexual.
Los militares enjuiciados son Jones Tamayo (Ex jefe de inteligencia del área 323) y Braga, mientras el único civil es Telésforo Zurita que se desempeñaba como jefe de la Sección Tres Cruces de la Compañía Minera El Aguilar.
Fuente:ElSubmarinoJujuy
No hay comentarios:
Publicar un comentario