Argentina de siempre… ¿de
esta inseguridad quién habla?
por Abel Bohoslavsky
El 2 de agosto una explosión en la Escuela N° 49 del barrio San Carlos
de la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, ocasionó la muerte de la
vicedirectora (en funciones de directora) Sandra Calamano (48 años) y del
auxiliar docente Rubén Rodríguez (45). Ambos estaban en preparativos para la
apertura de la escuela donde minutos después tenían que llegar 400 escolares a
tomar su desayuno e iniciar la actividad. La conmoción es muy grande por esas
dos muertes. Y no se atenúa pensando que si hubiese ocurrido minutos más tarde
el episodio hubiese tenido magnitudes dantescas. Sandra y Rubén murieron cuando
estaban trabajando.
¿Fue un accidente de trabajo? Sí, de acuerdo a la actual definición un
accidente de trabajo, «es un hecho súbito y violento ocurrido en el lugar donde
el trabajador realiza su tarea y por causa de la misma (…)». Si se toma el
concepto literal solo de accidente como «suceso imprevisto que altera la marcha
normal o prevista de las cosas (…)», este y muchos otros accidentes de trabajo
no son hechos imprevistos. Al contrario, son previsibles. Las/os compañeras/os
de trabajo de Sandra y Rubén informaron que se habían realizado ya 8 denuncias
ante las autoridades de Educación sobre pérdidas de gas en la escuela. El día
antes, la vicedirectora estuvo esperando y atendió después del horario escolar
a un gasista que vino a tratar de arreglar esa pérdida. Es decir, el personal
siempre se preocupó por esas graves deficiencias en las condiciones de trabajo
y estudio. Pero el problema nunca se solucionó.
Madres y padres de escolares, y compañeras/os de trabajo, nos contaron
cómo eran y qué hacían desde siempre Sandra y Rubén. Hay una filmación de
Sandra hablando en una manifestación de niñas/os músicos reclamando ante el
Ministerio de Educación de la Nación. Rubén era un activista sindical de la
Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores
Argentinos. Además de enseñar, ayudar a niñas y niños y arreglar la escuela,
preparaban el desayuno. Murieron trabajando.
Inmediatamente después de la explosión, intervino una fiscalía de turno
para realizar una Investigación Penal Preparatoria. Y el gasista fue llamado a
declarar. Pero lo que se debe investigar no es un delito común. Tampoco fue un
hecho imprevisto, porque las víctimas y otros integrantes del personal ya lo
habían advertido y denunciado. Hay una autoridad local (Consejo Escolar) y una
autoridad provincial (secretaría de Educación). Docentes y auxiliares son
empleados estatales. El Estado provincial, como todo empleador, tiene el «deber
de seguridad», responsabilidad legal que, resulta evidente que no cumplió. El
mantenimiento de una escuela es tan imprescindible como el de un hospital o
cualquier instalación fabril o de servicios. En un accidente de trabajo debe
investigarse la red del árbol de causas para encontrar la causa del infortunio
laboral. Hay una cadena de responsabilidades en el origen de semejante
acontecimiento mortal. Estos homicidios no son crímenes comunes. No son
episodios de la llamada inseguridad frente a la actividad delictiva. Son
crímenes sociales.
Según la estadística de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en
2016 ocurrieron 608.422 accidentes de trabajo, 709 de los cuales fueron
mortales. Si se saca un promedio, muere 1,9 personas por día. Dos muertes cada
24 horas, 1 cada 12 horas. Pero, atención: estas cifras se refieren a 9.634.007
trabajadoras/es registradas en 2016. Si se toma en cuenta que un 35% (¿o más?)
de la fuerza laboral está precarizada (mal llamada “en negro”), es
perfectamente razonable estimar que entre unos 4 millones de no registrados
ocurra –en promedio– por lo menos otra muerte más cada día. Tres víctimas
fatales trabajando, 365 días al año. ¡Una muerte cada 8 horas! De esta
inseguridad ¿quién habla?
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