Ago 1,2018
El Concejo Deliberante de Pergamino aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que crea el Espacio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos Comisaría Primera de Pergamino.
Según se informó desde la CPM, desde el primer momento, esta iniciativa contó con el apoyo de los familiares de la Masacre de Pergamino, organismos de derechos humanos de la región y organizaciones sociales. También fue apoyado por el Ejecutivo municipal, legisladores provinciales de la sección electoral y todos los bloques políticos del HCD.
El edificio de calle Dorrego 636 ya se encuentra desafectado y casi la totalidad de la planta baja, por medio de esta ordenanza, fue cedido en comodato por 20 años a la CPM. La gestión del sitio estará a cargo de un consejo con representantes de la CPM, del Municipio y el HCD, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, organismos de derechos humanos de la ciudad, familiares de las víctimas de la masacre de Pergamino y de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
La creación del sitio, según se precisó desde la CPM “es un camino para la consolidación de una memoria democrática y es un acto de reparación para las víctimas y los familiares que buscan justicia. La sociedad de Pergamino sufrió en carne propia el accionar represivo: 23 personas de la localidad fueron detenidos ilegalmente, entre ellos dos niños que fueron recuperados por sus familiares, 4 víctimas continúan desaparecidas y otras cuatro personas fueron halladas en enterramientos ilegales”.
A partir de los testimonios de los sobrevivientes, durante el juicio de lesa humanidad Saint Amant II, se pudo comprobar que la Comisaría 1ªfuncionó como centro clandestino de detención bajo el mando del área militar 132. En 2014, la dependencia policial fue señalizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de la Red federal de sitios de memoria.
El 2 de marzo de 2017, Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alán Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Claros, Juan José Cabrera y Fernando Latorre estaban detenidos bajo custodia del Estado cuando se desató un incendio en uno de los calabozos. Los agentes policiales no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Los siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la masacre más grave perpetrada en una dependencia policial durante la democracia.
La aprobación de la ordenanza en un hecho histórico en materia de políticas de memoria y derechos humanos ya que rompe con ese binarismo que se ha construido entre los derechos humanos de presente y los del pasado. Este espacio da cuenta de las continuidades existentes entre la dictadura y la democracia a pesar de que estén mediadas por fuertes transformaciones. Al mismo tiempo constituye un acto reparatorio para las víctimas y un lugar desde disputar los sentidos sobre la democracia y sus alcances.
Fuente:AniNoticias
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