19 de noviembre de 2018

TROPEL.

La Armada Real Británica y la Armada chilena habría hundido al submarino ARA San Juan
Resumen Latinoamericano, 18 noviembre 2018
Los familiares de los tripulantes del submarino San Juan informaron que recibieron informes de que estaban siendo perseguidos por un helicóptero de la Marina Real Británica y un buque de guerra de la Armada de Chile,
INSTITUTO DE ESTRATEGIA: LA ARMADA REAL BRITÁNICA Y LA ARMADA CHILENA HUNDIERON EL ARA SAN JUAN
http://www.institutodeestrategia.com/articulo/americas/armada-real-britanica-chile-hundieron-submarino-ara-san-juan/20180216162409010688.html?fbclid=IwAR1RTdS6AN0ScMWrkEDsKn63-XZ1S46I_i85f93JNVyOkisKVfxePpzifNA
REINO-UNIDO ARGENTINA AMÉRICAS GEOPOLÍTICA CHILE
Un nuevo informe del Consejo de Seguridad ruso que circula en el Kremlin dice que el presidente Donald Trump hizo una solicitud para una conversación urgente (14 de diciembre) con el presidente Putin , durante la cual se horrorizó después de que Putin informara que la Armada Real Británica y la Armada de Chile estaban realizando maniobras en el Atlántico Sur cerca de Islas Malvinas y que, de hecho, fueron ellos quienes hundieron al ARA San Juan, el submarino argentino.
Días antes, Alexei Zhitnyuk fue detenido y arrestado por el FSB por traición el 30 de noviembre después de que trató de obtener acceso a documentos navales secretos rusos y archivos relacionados con el buque de guerra especial de 5320 toneladas Yantar de la Flota del Norte. En cuanto a por qué la CIA quería recibir información sobre el buque militar de propósito especial Yantar, explicado en este informe, esto se debe al hecho de que está equipado con un vehículo sumergible DSV (Proyecto 1681x ) de la clase Consul y el 22 de noviembre fue enviado a la búsqueda del submarino de la Armada Argentina San Juan ( S-42 ), que desapareció el 15 de noviembre con 44 miembros de la tripulación a bordo en las aguas del Atlántico Sur, cerca de las islas Malvinas, y cuyo último “evento”, era “anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión“.
Los familiares de los tripulantes del submarino San Juan informaron que recibieron informes de que estaban siendo perseguidos por un helicóptero de la Marina Real Británica y un buque de guerra de la Armada de Chile, continúa el informe. El MI pudo confirmar que la Royal Navy británica y la Armada de Chile habían llevado a cabo maniobras antisubmarinas en las aguas alrededor de las Islas Falkland.
El barco Yantar descubrió que el submarino hundido de San Juan fue dañado de acuerdo con el tipo de daño de las armas utilizadas por el avión antisubmarino de la fuerza naval chilena C-295 . Luego de que el Ministerio de Defensa de Rusia informó al Ministerio de Defensa Nacional de Chile sobre los hallazgos basados ​​en la información recibida por Yantar sobre la causa del hundimiento del San Juan, el informe señala que la flota chilena comenzó su propia investigación y esto llevó al hecho de que el 13 de diciembre fueron pasados a retiro cinco altos almirantes. Estos son sus nombres: el vicealmirante Kurt Hartung, el contraalmirante Jorge Rodríguez, el contraalmirante David Hardy, el contraalmirante Hernán Miller y el contraalmirante L. Mario Montejo. El mayor temor expresado por el presidente Trump al presidente Putin en relación con el hundimiento del San Juan es que se dice en este informe que la CIA colaboró ​​secretamente con la flota chilena y les proporcionó el AQS-24B Minehunting System, un sistema experimental que, durante las pruebas, identificó erróneamente al submarino argentino como “el objetivo electrónico”.
http://www.institutodeestrategia.com/articulo/americas/armada-real-britanica-chile-hundieron-submarino-ara-san-juan/20180216162409010688.html?fbclid=IwAR1RTdS6AN0ScMWrkEDsKn63-XZ1S46I_i85f93JNVyOkisKVfxePpzifNA
Envío:ResumenLatinoamericano


18 de noviembre de 2018 
La carta de los organismos de DDHH para los familiares del ARA San Juan
"Reclamamos Verdad y Justicia"
Imagen: Bernardino Avila
Los organismos de derechos humanos se solidarizaron con los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, hallado ayer por la madrugada a 907 metros de profundidad, y reclamaron “Verdad y Justicia” para ellos, ante la falta de acompañamiento del gobierno de Mauricio Macri. 
“Tanto el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, como el ministro de Defensa, Oscar Aguad, han demostrado reiteradamente un destrato hacia las familias y la falta de políticas de Estado urgentes y contundentes”, resaltaron a través de un comunicado un grupo de organizaciones que incluye a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros. 
Los familiares de los tripulantes llegaron a encadenarse a la Casa Rosada por más de 50 días para que se concretara la licitación prometida con la empresa encargada de buscar al ARA San Juan. Fueron ellos quienes movilizaron la búsqueda ante la falta de acción del Estado. 
Ayer por la madrugada, cuando la compañía estadounidense Ocean Infinity estaba por abandonar el país rumbo a Australia, la Armada Argentina confirmó que el ruido detectado por el buque correspondía al submarino desaparecido. El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata. El último contacto fue a la altura de la costa de Chubut. Muy cerca de esa zona se dio con el paradero del sumergible.
En el texto, los organismos destacan que el submarino fue encontrado “gracias a la lucha y perseverancia de las familias”, al resaltar que ellos lograron hacerse oír “frente a un Gobierno que nuevamente demostró desidia y falta de compromiso con los reclamos de las víctimas.” “Por eso, reclamamos Verdad y Justicia”, enfatizaron. 
Con las certezas de la ubicación del submarino, la lucha de los familiares pasa ahora por lograr que el gobierno encuentre los recursos necesarios para extraer al ARA del lecho submarino. La jueza que lleva adelante la investigación, Marta Yáñez, dio indicios de que podría reclamar el operativo para esclarecer qué pasó y por qué el ARA termino en el lecho marino. 
Fuente:Pagina12  


18 de noviembre de 2018
Una agenda para darse corte
Una novedad saludable, la agenda de la Corte. Lo que falta: miles de causas arrumbadas. La lentitud como regla. El 2x1 a los represores, un fallo horrible y una inolvidable respuesta social. Una nueva mayoría. Actualización confiscatoria de las jubilaciones en la mira. Falsos argumentos sobre el costo fiscal. Y algo más.
Por Mario Wainfeld
La Corte Suprema de Justicia (CS) divulgó en su órgano de difusión la agenda de sentencias que dictará en noviembre y diciembre. Saludable la novedad que abre una hendija de luzen el más oscuro y hermético de los poderes del Estado.
En los quinchos judiciales se cruzan dos versiones sobre la génesis de la agenda. Un sector la atribuye a presiones o influencia fuerte de los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti forzando la voluntad del presidente del tribunal, Carlos Federico Rosenkrantz. Otra le otorga la patente a éste, ganoso de innovar y diferenciarse del manejo personalista de su predecesor Lorenzetti. 
El listado de la agenda omite o esconde la cantidad de fallos que el tribunal adeuda. Los casos resonantes o losignotos aunque cruciales para la vida de gente común que se apolillan (puede ir con “y” griega también) en los estantes durante años.
¿En qué tiempo debe dictar una sentencia la Corte? No se me apure para responder, esta trivia dista de ser obvia. La respuesta: ninguna norma establece plazos para que los cortesanos se pronuncien. Si los hubiera, no existiría autoridad apta para sancionar al Tribunal en caso de incumplimiento: es cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos. Pero la obligación demarcaría un término de referencia para calibrar el desempeño de los magistrados. Hasta podría servir como insumo para juicios políticos.
No hay términos perentorios para los cortesanos. Reescribamos apenas el proverbio jurídico: la Corte lenta no es justicia o no la imparte.
Un caso chocante se conoció en estos días. Versa sobre un ciudadano desconocido, de aquellos que “no le importan” a un sector grueso de la opinión pública. Jorge González Nieva está preso acusado de un homicidio, sin sentencia firme desde hace doce años. La rémora compromete a la totalidad de las instancias judiciales, la Corte armoniza con los tribunales inferiores: hace tres años que no resuelve. 
Amnistía Internacional remitió una carta pública al máximo tribunal, titulada “Preso en el olvido: lleva detenido en prisión preventiva doce años”. El abuso de la prisión preventiva llevado al extremo; un ejemplo de falta de consideración a los ciudadanos y de desidia.
La Corte entiende en muchos más juicios que los razonables. Su competencia se amplió durante décadas, las cifras espantan y atiborran. Los cortesanos aducen la sobrecarga para explicar la lentitud. Soslayando el influjode los 45 días de licencia por acumulación de ferias, a la que se suman viajes para seminarios, cursos, recepción de doctorados honoris causa, saraos y otros cónclaves autóctonos o internacionales. 
La responsabilidad institucional persiste. Aminorarla requeriría remedios legales o jurisprudenciales, reformas a fondo. Hablamos del más conservador de los poderes del Estado así que adivine cuánto se trabaja en ese rumbo… Pregunta facilonga.
Dos expedientes sobresalen en la interesante agenda. Vamos a por ellos.

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El 2x1, el 3 a 2, ¿el 4 a 1? La sentencia dictada respecto del represor Luis Muiña, en el expediente “Bignone” escribió dos páginas contrapuestas. Una de las más oscuras en el historial de la Corte y una excelsa de la sociedad civil argentina en su lucha por los Derechos Humanos. 
El fallo propiciaba una piñata de impunidad para represores. Solo podía frenarla la movilización inmediata, formidable, transversal, masiva, única en la Argentina y acaso en el mundo. La respuesta empujó al sistema político a corregir la injusticia consagrada por la Corte, mediante una ley aclaratoria votada a velocidad de rayo, casi unánimemente en las dos Cámaras del Congreso.
Rosenkrantz desembarcó en el tribunal dispuesto a que ese fallo, (referido a un represor que estaba libre) fuera el primer mojón de su camino. Correspondía así al presidente Mauricio Macri que lo designó y al establishment que lo banca, empezando por el Multimedios Clarín al que lo ata(ba)n lazos profesionales y académicos. Ni el caso era urgente ni a nadie le importaba salvo a la derecha argentina. Activaba un vuelco copernicano de la jurisprudencia merced a una suerte de golpe de mano judicial.
Confluyeron para hacer mayoría Highton de Nolasco y Rosatti. Los tres le debían su sillón a Macri. Dos por haber sido nombrados. Highton porque el Ejecutivo le dio una manito para que prorrogara su labor en la Corte pese a haber superado la edad legal. Interpuso una medida cautelar ante un juzgado amistoso, obtuvo resolución favorable. Los abogados del Estado (obviamente por orden del Ejecutivo) no apelaron, incumpliendo su deber y los protocolos. La cautelar quedó firme. Highton quedó en deuda.
El apodado “dos por uno” fue concebido como un mecanismo para aminorar los abusos de prisión sin condena. Retocaba el cálculo de la pena al dictarse sentencia. Cada año de cárcel previa debía computarse doble y reducirse de la sanción a cumplir. Un dispositivo bien intencionado y mal implementado para atender a casos como el del mencionado Jorge González Nieva. Desacreditado, se lo derogó.
El engendro urdido por Rosenkrantz fue proyectar la protección del 2x1 a Muiña, considerando que había sido “la ley penal más benigna”, que debe aplicarse en causas penales. Se designa “contabilidad creativa” a los embustes con maquillaje legal que arman las empresas para evadir impuestos u obligaciones. La “juridicidad creativa” de la Corte proyectó para atrás el 2x1 olvidando datos centrales.
  1. Durante la vigencia de esa ley (entre 1994 y 2001) Muiña no estaba preso. No sufrió el daño que compensaba la norma.
  2. (Que podría ser 1) Más aún: era imposible que Muiña estuviera preso pues lo protegían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Vivía libre como un pájaro, a cubierto de persecuciones judiciales.
  3. El Congreso y los Tribunales declararon años después la nulidad e inconstitucionalidad de esas leyes. El rotundo cambio no trasladó al pasado a Muiña ni lo encarceló retroactivamente.
La mayoría del Tribunal ninguneó la gravedad de las circunstancias previas. “Contexto de impunidad” lo designó el jurista Damián Zayat. Se pronunció sin considerar la trayectoria histórica de las normas ni la vital de Muiña u otros represores ilustres que la pasaron tranquis entre el 94 y el 2001. Pruebas al canto. El gobernador Antonio Domingo Bussi, el intendente Luis Abelardo Patti podían ejercer cargos públicos. Figuras patibularias como “el turco” Simón, Ramón Camps o Miguel Etchecolatz se pavoneaban en los medios, contando sus crímenes, suponiéndose a cubierto de por vida.
Con o sin buena fe, la cultura jurídica propende al sofisma, a la elaboración rebuscada, a aquello que desde el fondo de la historia se designa “bizantinismo”. Comprensible solo entre elegidos, contradictoria con la equidad y el sentido común.
La mayoría se impuso, todo modo. Ahorramos acá detalles técnicos que tal vez afloren cuando se revise la aciaga jurisprudencia. Importa decir que Rosatti explicó que la letra de la ley lo forzaba a expedirse como lo hacía y que era imprescindible una ley interpretativa que excluyera la aplicación del 2 x 1 a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Cuando la reacción popular llevó al dictado de esa norma, Rosatti explicó que podía cambiar de criterio.
Tras ese vuelco en la votación Lorenzetti, presidente del tribunal, trató de apurar un fallo que rectificara el precedente. Antes de fin del año pasado, cuatro supremes (todes excepto Rosenkrantz) se disponían a conformar nueva mayoría. Horas antes del Acuerdo prepactado al efecto, de modo sorpresivo, Highton “retiró” su voto. Según dos de sus pares cedió a la influencia de Rosenkrantz quien la conduce en términos políticos, a quien rinde pleitesía como otrora hiciera Fayt respecto de Lorenzetti. Las simetrías fácticas entre ambas situaciones son notorias. Si hay otras, quedan a criterio de quien lee, especialistas en psicología en particular. 
Highton parece una sombra de la destacada jueza que fue, lo que aja una trayectoria larga y meritoria. El problema –que también acecha a políticos, futbolistas o DT en actividad– es que en las valoraciones sobre su desempeño gravitan mucho más el presente o el pasado cercano que los tiempos remotos.
Para el 4 de diciembre se descuenta la adopción de un nuevo criterio, con la anterior minoría ratificando sus votos yRosatti sumándose. Rosenkrantz se empacará, fiel a su ideología y sus banderas. El enigma, hoy en día, finca en la única mujer de la Corte macrista. Su postura no influiría en el sentido del fallo, apenas en el score.
Habrá que ver.
Entre paréntesis (que se sentencie este caso, contra la oposición constante de Rosenkrantz sugiere que la agenda le fue impuesta). Cerramos paréntesis.

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Un índice en la agenda: La Casa Rosada puso pies en polvorosa en el caso Muiña y se dedica a entorpecer por otros medios la defensa de los Derechos Humanos. En cambio, el agendado juicio promovido por el jubilado Lucio Blanco la preocupa sobremanera. 
El actor cuestionó judicialmente la actualización de sus haberes dispuesta por la legislación macrista. Cuenta con un fallo favorable de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social. Esta justipreció que –si se aplicaran los índices que regían en 2015– Blanco percibiría un haber mensual 31 por ciento mayor a la que le paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). 
La sustracción deriva de la aplicacióndel índice RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los TrabajadoresEstables) engendro creado por la ley de Reparación Histórica. Lo elaboraba el extinto Ministerio de Trabajo cuya hija huérfana, la Secretaría homónima, agoniza en estas horas.
El derecho a los beneficios de la Seguridad Social es integral e irrenunciable según el artículo 14 bis de la Constitución. El haber jubilatorio tiene carácter alimentario, cubre necesidades básicas. Una pérdida tremenda, confiscatoria del patrimonio de Blanco, viola derechos ciudadanos primordiales. La injusticia, es evidente, la sentencia de Cámara debe ser confirmada. Versiones consistentes que llegan de la Corte informan se expedirán ese sentido Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Rosenkrantz, todo lo indica, acompañaría los deseos y los designios políticos del Ejecutivo.
Tal vez aduzca que acceder a la demanda habilitaría una catarata de pleitos similares, hasta desfondar las arcas del Estado. Tal es la línea argumental del oficialismo, vinculada a lo que en dialecto jurídico suele llamarse “consecuencialismo”: aparte de atender al litigio concreto, los juzgadores tienen que hacerse cargo de sus proyecciones sociales o económicas. 
Juristas y abogados debaten desde siempre los alcances del consecuencialismo. Este cronista cree que los jueces deben ponderarlo, con mucha cautela. Desde ya que las sentencias, en el derecho argentino, no reforman las leyes (el presupuesto, por ejemplo). 
En este caso, si se dejara de pagar lo justo pensando en equilibrios fiscales se incurriría en una falacia y un atropello a derechos ciudadanos. Basta repasar el presupuesto 2019. El oficialismo ha asignado fortunas (como en este año) para pagar servicios de la deuda externa y subsidiar a prestadoras de servicios públicos. Esa plata “se resta” a otros rubros, por ejemplo la Seguridad Social. La opción la realizó el oficialismo quien amaña coeficientes confiscatorios para disminuir el “gasto social” y el “costo” de las jubilaciones. El Fondo Monetario Internacional lo exige públicamente… el Gobierno se arrodilla y cumple.
Así las cosas, plata hay. Macri escoge prioridades. La asigna según un sistema de preferencias que tiene nivel inferior a la Constitución.
El deber de la Corte es ponerle coto ante un reclamo lógico y acuciante de un damnificado. Se dilucidará en diciembre. La Casa Rosada mueve cielo y tierra para torcer algún brazo.

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Lo esencial no es visible: Las tratativas entre la Casa Rosada y Rosenkrantz son constantes. Tienen mecanismos cotidianos, conversaciones extensas “por línea privada”, operadores que se mueven todos los días. No hablamos del publicitado almuerzo con el presidente. “La foto” del ágape es un gesto de las cabezas de los poderes para ostentar su alianza, no para tramitarla. Una sobreactuación que funciona como mensaje a otros jueces, diversos protagonistas, ciertos litigantes.
La interna por el poder dentro de la Corte sigue al rojo vivo. Los importantes fallos en puerta (hay otros) ayudarán a comprobar cuánto y cómo influyen en la jurisprudencia. Hacer especulaciones a pocos días pecaría de prematuro y timbero.
En este aciago año que se va, el Poder Judicial le ha dado más satisfacciones a Macri que el resto de sus acciones políticas. 
Ningún partido termina antes de la pitada final, ninguna elección antes de contar el último sobre, ninguna sentencia colegiada hasta estar suscripta. Esto subrayado, la impresión prevaleciente es que los dos fallos que hemos reseñado causarán sendos reveses a pilares del modelo macrista que arrasa derechos y acrecienta la desigualdad. 
Fuente:Pagina12

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