La Resolución 956/2018 firmada el 27 de noviembre por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich vulnera e involucra gravemente la seguridad física de todos los ciudadanos.
El nuevo protocolo autoriza el uso de armas de fuego frente a cualquier “peligro inminente” de muerte o peligro grave, se podría disparar sin la necesidad de dar la voz de alto, ante una presunta sospecha, o ante una aparente fuga de quien representara un peligro amenazador.
La Resolución emitida dentro del marco del G20 desnuda la intención de establecer dicho método como política de estado.
Este nuevo Protocolo se da en un contexto de suma conflictividad social, donde la política de ajuste, el schok de precios, el aumento de tarifas y la caída de salarios, no da escapatoria a los trabajadores y menos a los sectores más vulnerables, en el que además no solo aumenta el carácter represivo interno, sino que se crean fantasmas y amenazas, para justificar el despliegue de fuerzas de seguridad y militarizar territorios.
La exacerbación del modelo represivo implica accionar fuera del marco del código penal. Dando lugar a irregularidades que habilitarían el uso de armas de fuego en situaciones que por demás no están amparadas dentro de dicho marco. Teniendo en cuenta que se trata de funcionarios que se encuentran autorizados para portar armas de fuego y dada su “profesionalidad” debe exigírseles más precaución en la necesidad de la defensa, ya que se supone que disponen de los conocimientos, y medios técnicos para hacer una aplicación menos violenta de estos recursos.
El Gobierno desarrolla este experimental en el horizonte de las elecciones del 2019, donde trata de apoderase del Bolsonarismo Argentino o sea un sector minoritario pero importante que sustenta fuertes ideas fascistas, pero con la debilidad que tiene el hecho de que la preocupación por parte de la ciudadanía sobre el tema de la seguridad, es un tema menor frente al tema económico y social, que más preocupación alcanza.
La aplicación a rajatabla del Fondo Monetario Internacional que aún no se ha puesto en práctica, implica una represión inevitable de las crecientes protestas y medidas de intimidación y disciplinamiento, como la posibilidad de ser asesinado por las fuerzas represivas sin que tengan que dar cuenta de tal accionar.
Coherente con su trayectoria la administración Macri agrega una vuelta más de tuerca a su cada vez más indistinguible accionar respecto a un camino de corte claramente fascista.
*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades.
Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”.
Dos provincias rechazan reglamento que alienta el gatillo fácil de las policías
Resumen Latinoamericano / 7 de diciembre de 2018 / Sputnik
La provincia de Tierra del Fuego (sur) se sumó a la de Buenos Aires (este) en manifestar su rechazo a incorporar el nuevo reglamento del Gobierno central que autoriza a las fuerzas de seguridad a disparar a un sospechoso que se dé a la fuga, sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa.
“No hay episodios que ameriten este tipo de reacciones”, informó el secretario de Seguridad de Tierra del Fuego, Javier Eposto, en declaraciones a la prensa.
El funcionario advirtió que había que “tener cuidado” con los decretos que están “siempre por debajo del Código Penal y de la Constitución”.
Añadió que las fuerzas de seguridad provinciales están “formadas para reaccionar adecuadamente”.
Lo mismo decidió la provincia de Buenos Aires, la más importante del país por residir allí casi el 40% de la población, pese a que en ella gobierna María Eugenia Vidal, aliada del presidente Mauricio Macri.
En esta jurisdicción existe una ley vigente desde 2006 que delimita cómo debe actuar la policía y que sería muy similar al reglamento del Gobierno.
En la ciudad de Buenos Aires no podrá aplicarse de momento la nueva normativa porque un juez de la capital, Roberto Gallardo, hizo lugar a un recurso de amparo y decretó que el reglamento es inconstitucional.
Sí se adhirieron al protocolo, en cambio, las provincias de Mendoza (oeste), Salta (norte) y Chubut (sur).
En paralelo, diversas organizaciones civiles y de derechos humanos han mostrado esta semana su rechazo a la resolución del Gobierno argentino que flexibiliza los motivos por los que un policía puede disparar con armas de fuego.
La reglamentación habilita a que los agentes usen las armas letales para detener a un sospechoso en fuga, es decir, “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos (…) para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
También se considera aceptable disparar por la presunción de que el sospechoso esté armado, “aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal”.
El exjuez Carlos Rozanski presentó el martes ante la justicia federal una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que la acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y pide que se suspenda el reglamento.
Seis diputados de la oposición interpusieron, además, una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del reglamento en todo el territorio.
Envío:ResumenLatinoamericano
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