Reclaman que una mujer ocupe la banca vacante en la Cámara de Diputados provincial
La única forma de garantizar el cupo
Desde Mujeres por la Paridad plantean que debe ser Susana Bertone, del sector MAR de la UCR, quien reemplace a la diputada Claudia Moyano, fallecida en enero. "Es imprescindible garantizar los espacios logrados", dicen.
Por Lorena Panzerini
La ley de Paridad fue aprobada dos veces por Diputados y perdió estado legislativo.
Imagen: Eduardo Seval
Imagen: Eduardo Seval
"Es imprescindible garantizar los espacios logrados: que a las mujeres electas las reemplacen las mujeres de las listas, independientemente de las vicisitudes políticas circunstanciales". Así se expresaron integrantes de la Mesa de Mujeres por la Paridad, frente a la discusión que se dará este jueves en la Legislatura provincial sobre el reemplazo de la diputada fallecida en enero pasado, Claudia Moyano. Es que quien sigue en la lista del Frente Progresista es un varón, Fabián Bastía, del directorio de la Empresa Provincial de la Energía; pero la primera mujer -para garantizar la paridad legislativa- es Susana Bertone, del sector del radicalismo MAR, liderado por Julián Galdeano. Ella es quien -aseguran- "por ley" debe ocupar la banca. La semana pasada, la propia Bertone -de la localidad de Sa Pereira- se lo pidió por nota al presidente de la Cámara baja, Antonio Bonfatti, en defensa del cupo y los derechos de las mujeres. El Foro de Mujeres Radicales apoyó el planteo. También lo hizo el bloque Igualdad y Participación, de Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger.
La Mesa de Mujeres por la Paridad, junto a otras agrupaciones y legisladoras por la paridad de género, no tuvieron descanso en enero ante la cuestión que deberá resolverse esta semana. Las primeras emitieron un comunicado en el que reivindican la paridad y apuntan a que una mujer debe ser quien reemplace a otra: "Este es un reclamo colectivo, transversal, multipartidario y urgente", aseguraron. "Las instituciones de la democracia tienen que estar igualitariamente representadas por mujeres y varones que activamente elegimos la política y los sindicatos para cambiar realidades y la vida a las personas".
En ese sentido, las referentes, pertenecientes a distintos espacios partidarios, gremiales e institucionales reafirmaron el "compromiso con los derechos de las mujeres y con la igualdad en el acceso a los cargos". Por eso, solicitaron expresamente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que incorpore a Bertone a su cuerpo como reemplazo de la diputada Moyano, también de MAR.
"Es un reclamo colectivo, transversal, multipartidario y urgente. En democracia debe haber representación igualitaria."
Para las Mujeres por la Paridad, la participación igualitaria "fortalece y amplía derechos, representación y democracia", aseguraron. Claudia Catalín, de la Mesa y miembro honoraria del Foro Federal de Organismos Electorales indicó que en "el caso puntual, al ser de la lista del Frente Progresista, donde hay diferentes partidos, se estaría hablando de dos radicales, una reemplazada por otra". Y destacó "la importancia de las leyes electorales como regla de juego, porque en tanto no se mejoren, hay dudas sobre la aplicación y queda un margen de discrecionalidad".
Por su parte, la diputada Augsburger señaló que Bertone debe ocupar la banca "independientemente de la especulación política"; dijo en relación al sector de MAR -dentro de la UCR- que "hoy está casi alineado con Cambiemos". Y aseguró: "Está clara la postura: mujer reemplaza mujer".
La discusión comenzó tras el fallecimiento de la diputada provincial del Frente Progresista, Cívico y Social, el 23 de enero, y gira en torno a si debería asumir el primer suplente en orden de prelación en la lista; o la primera mujer en el orden de suplencias.
Las integrantes de la Mesa recordaron que "la ley de Cupo Femenino Provincial (Nº 10.802) sólo garantiza el cumplimiento del cupo desde la confección hasta la oficialización de las listas por parte del Tribunal Electoral Provincial, limitando temporalmente el acceso de las mujeres a los cargos políticos. En la práctica, plantea una laguna jurídica que permitiría que su fin principal (que las mujeres accedan a cargos políticos en igualdad real de oportunidades) no se cumpla, siendo así una abstracción y no una acción positiva. La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y régimen electoral", aseguraron.
Por ello, consideran que "esta laguna legal en el ordenamiento provincial debe ser resuelta por quienes tienen responsabilidades institucionales y ajustar a derecho la situación". Y lamentaron: "Si reina la incertidumbre la sustentabilidad del sistema democrático se encontrará gravemente comprometida".
Las mujeres recordaron que la Cámara baja provincial sancionó dos veces los proyectos de Paridad de Género, con una clara intencionalidad de suplir lagunas legales que violentan a las mujeres y ampliar en derechos políticos". Y agregaron que "hasta la aprobación de la ley 24.012 de cupo femenino en 1991, las mujeres fuimos incluidas en el sistema político fundamentalmente como representadas pero difícilmente como representantes. El desequilibrio existente en los ámbitos de decisión entre los varones y mujeres que se dedican a la política es evidente, no solamente en la confección de las listas sino también en la participación de las mujeres en los órganos de la democracia".
Al mismo tiempo, valoraron el accionar de las mujeres en cargos legislativos, que permitieron normativas antes impensadas. "La incorporación de legisladoras a la Cámara de Diputados de la Nación y a las Cámaras Provinciales permitió visibilizar cuestiones ocultas de larga data, ya que fueron motivo de debate público temas como: la violencia familiar y la violencia hacia la mujer; programas de procreación responsable, desde una concepción integral de la salud; la modificación de antiguas tipologías discriminatorias de las mujeres del Código Penal, con la incorporación de los delitos contra la integridad de las personas y definiciones precisas de los vejámenes y agresiones sexuales y de la violación; el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo; las llamadas leyes Micaela; la ley Brisa", enumeraron.
Fuente:Rosario12
Se disparó la pulseada salarial en Santa Fe
Con el dedo en el gatillo
Por Guillermo Griecco
Publicada en 10/02/2019
La provincia y gremios estatales y docentes abrieron la negociación paritaria 2019. Lifschitz quiere desinflar el porcentaje de suba inicial y asignar aumentos al compás de la inflación. “Con la cláusula de actualización sola, no alcanza”, avisan desde el sector sindical.
En un contexto de recesión económica e incesante caída del poder adquisitivo de los ingresos frente a la trepada de precios de alimentos y servicios, el gobierno de Santa Fe y los trabajadores estatales y de la educación dieron por iniciada en la ciudad capital la pulseada paritaria para fijar la pauta salarial de 2019, por el momento, sin hablar de números concretos ni porcentajes de suba, pero con un eje claro de debate: la cláusula gatillo.
Por el lado de la administración Lifschitz se escudaron en la contracción de la actividad y en los recortes de fondos nacionales que sufre la provincia. La estrategia del Poder Ejecutivo santafesino parece ser utilizar la denominada cláusula gatillo –un ajuste automático de haberes que se dispara por calentamiento inflacionario– como principal espada en la mesa de negociación, tratando de bajar el porcentaje inicial de suba y dar los aumentos al ritmo de la evolución de los precios. En tanto, representantes gremiales de empleados públicos y docentes descreen de proyecciones inflacionarias del gobierno nacional y aspiran a robustecer de movida un porcentaje de incremento como escudo de su política salarial. “Con la cláusula gatillo sola, no alcanza”, avisó un dirigente sindical de Amsafé ante la consulta de este semanario.
A un mes del comienzo de clases, la pelea salarial en la provincia se pronostica reñida. El año pasado, tras seis jornadas de paro, la Casa Gris y los trabajadores públicos acordaron un aumento salarial del 18 por ciento en dos tramos, con cláusula gatillo incluida en caso de que la inflación superara el incremento pactado. Y así fue. Ante la aceleración inflacionaria de 2018, de acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) el nivel se acercó al 46 por ciento, los agentes de la administración central pudieron acompañar la remarcación de precios y recomponer haberes que habían quedado lejísimo de la fuerte suba del costo de vida, gracias a la actualización automática surgida del gatillo salarial.
Esta vez, tanto desde UPCN y ATE como desde Amsafé y Sadop, además de sostener la cláusula gatillo en la negociación, buscan garantizar un porcentaje inicial de aumento de salarios más acorde a estimaciones inflacionarias de privados para el año en curso. Diferentes proyecciones dejaron atrás el 23 por ciento que pretende instalar el gobierno nacional, para ubicar el índice de precios al consumidor de 2019 entre 30 y 35 por ciento, recalculado al calor de los tarifazos en servicios públicos, suba de combustibles y los incrementos de verano en productos de la canasta básica, pese al frenazo que experimenta el consumo popular.
“La cláusula gatillo sola, no alcanza. Además, hay que mejorar su formulación e implementación. Sospechamos que la activa participación de (el ministro de Economía provincial, Gonzalo) Saglione en la reunión paritaria es para plantarse con la cláusula gatillo como única propuesta salarial”, le dijo a este semanario un dirigente de Amsafé, el gremio de los docentes públicos. En la misma sintonía, Jorge Molina, secretario general de UPCN, señaló: “Necesitamos un porcentaje de arranque porque la cláusula gatillo o automática es para preservar el acuerdo salarial. Es un elemento complementario”.
Tras el primer encuentro paritario, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, sostuvo que era “razonable” el pedido de aplicación de cláusula gatillo como “punto de inicio de la discusión salarial”, anticipó un debate “complicado por la situación económica”, y remarcó que “es necesario discutir cuál es el porcentaje de aumento inicial”. Desde ATE Rosario, regional enfrentada a la conducción provincial, señalaron que “no hay que priorizar la cláusula gatillo sino salarios dignos que garanticen la canasta básica de los hogares”.
Con una inflación galopante, que a nivel nacional promedió el 50 por ciento, el índice más alto desde 1991, empujada por una devaluación del ciento por ciento del peso, 2018 fue un año de marcada pérdida de poder de compra para los bolsillos de asalariados, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Cabe recordar que la regional Santa Fe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) midió en 2018 una inflación anual en el supermercado por encima del 60 por ciento.
Casi todos los gremios, salvo contadas excepciones, como aceiteros o bancarios, perdieron en 2018 en la carrera contra la inflación, ya que los aumentos conseguidos en paritarias quedaron en muchos casos unos veinte puntos porcentuales abajo del IPC. En otros casos, trabajadores del ámbito público y privado consiguieron empatarle a los aumentos de precios gracias a cláusulas gatillo y reaperturas de paritaria.
En este comienzo de año, las perspectivas no mejoran, ya que mientras siguen subiendo los precios de alimentos y bebidas, artículos de limpieza, transporte, medicina prepaga, tarifas de luz, gas y agua y combustibles, el gobierno de Cambiemos quiere techar los aumentos salariales en 23 por ciento, al mismo tiempo que atropella con intentonas de reforma laboral y se levanta una nueva ola de despidos en todo el país. En rigor, algunos gremios privados fueron acordando incrementos salariales en torno a la cifra de referencia que promueve el macrismo. En tanto, en Catamarca, por citar un ejemplo, el gobierno provincial ofreció un 23 por ciento de suba salarial, considerada “insuficiente” por los trabajadores públicos.
“Vamos a la negociación paritaria teniendo presente la imperiosa necesidad de sostener el poder adquisitivo del salario, que tenga en cuenta la escalada inflacionaria, que a mediados de 2018 activó la cláusula de actualización salarial, como también discutir aspectos que posibiliten mejorar las condiciones para enseñar y aprender en la escuela pública”, señalaron desde Amsafé.
En un comunicado posterior al primer contacto paritario con el gobierno provincial, desde el gremio que representa a los maestros que se desempeñan en escuelas públicas reclamaron “paritarias libres, sin techo y que permanezcan abiertas ante la incertidumbre del panorama económico y el aumento de la canasta familiar”. Las demandas también incluyeron “fondos para infraestructura, creación de cargos y horas, aumento de presupuesto educativo, concursos y estabilidad laboral para todos los docentes”.
Desde Sadop, gremio de los docentes de escuelas privadas, pidieron la implementación de la cláusula gatillo “dada la inestabilidad económica producida por la aplicación de políticas públicas de ajuste”, al tiempo que manifestaron la “necesidad de acordar una suba salarial que permita a las y los docentes recuperar el valor adquisitivo a fin de hacer frente a las fuertes subas en los costos de tarifas de servicios públicos y de la canasta básica de alimentos”. Además, reclamaron por la “implementación de concursos y escalafones en todas las escuelas privadas”.
Además de pedir que “la política salarial se fundamente en un porcentaje de aumento, más allá de la cláusula gatillo”, desde UPCN plantearon la “necesidad de regularizar la situación de contratados, con estabilidad y derechos como un trabajador de planta permanente; también que funcionen y aumenten los comités de salud e higiene laboral, y que se aplique la ley nacional contra la violencia de género”.
Por su lado, Hoffman, de ATE provincial, recordó: “En febrero cobraremos los sueldos de enero con el 45,5 por ciento de aumento que corresponde a la inflación del mes de noviembre de 2018”, y agregó: “En 2015, el costo de las tarifas era el 6 por ciento del salario, mientras que hoy representa el 21 y esto se siente en la calidad de vida. Es un problema del modelo económico, del gobierno nacional que le quita el poder adquisitivo a los trabajadores para dárselo a un puñado de empresas; situación que escapa a la discusión del ámbito paritario”.
En un parte de prensa, desde la regional Rosario de ATE, señalaron: “Trabajadores y trabajadoras del Estado vivimos una situación desesperante. Tenemos salarios depreciados y devaluados y la paritaria no está respondiendo a nuestras necesidades y las de nuestras familias. Así, la gran mayoría de los estatales no supera la línea de pobreza: a pesar de los aumentos recibidos por cláusula gatillo, ese sector apenas roza un ingreso de 20.000 pesos mensuales en promedio”.
La discusión salarial en Santa Fe está sobre la mesa paritaria y en los próximos días funcionarios y gremialistas volverán a verse las caras. “La inestabilidad económica de la Argentina hace que tengamos que replantearnos de qué manera establecer la actualización de los salarios”, dijo el ministro de Gobierno Pablo Farías. El gobierno del Frente Progresista abrió el paraguas y recordó que este año Santa Fe no tendrá 2.500 millones de pesos del Fondo Sojero y que además deberá erogar 1.500 millones de pesos de subsidios al transporte y otros 1.500 millones de subsidios a tarifas sociales de energía, que el gobierno nacional no paga más. Lo que viene es el tradicional tire y afloje de una negociación salarial, con el dedo puesto en la cláusula gatillo.
Fuente:RedaccionRosario
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