Porque tenemos memoria
y sabemos la verdad
luchamos por la justicia
12 de febrero de 2019
TROPEL.
El extractivismo macho: Mujeres que resisten al fracking
María Belén Álvaro / Resumen Latinoamericano / 11 de febrero de 2019
En la localidad de Allen, provincia de Río Negro, se explotan desde 2014 hidrocarburos no convencionales a gran escala, con el cuestionado método de fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking. Esta zona fue netamente frutícola hasta hace menos de una década, actualmente se explota en ella uno de los cinco yacimientos de gas más grandes del país, y produce el 20 por ciento del tight gas que extrae YPF. Existen actualmente 130 pozos en producción y se proyectan 93 más en los próximos cuatro años.
Esos territorios son desde hace más de medio siglo lugar de vida de trabajadores y trabajadoras de la fruta asentadxs en las inmediaciones de las chacras, algunxs incluso lograron la tenencia formal de la tierra. Hoy se encuentran interpeladxs por la presencia de pozos de extracción de gas muy cercanos a sus casas. Eventos como derrames de hidrocarburos, explosiones, movimientos de suelo, emisiones de gases con fuertes olores, ruidos que alteran el descanso, polvo en suspensión por el tráfico pesado, transforman la experiencia conocida del territorio.
Existe evidencia documentada de los graves impactos ocasionados por el fracking en diferentes elementos del ambiente, en la salud de las personas y en los medios de vida de las comunidades, lo que provoca fuerte oposición entre quienes habitan los territorios próximos. En las movilizaciones y resistencias al fracking, la presencia de las mujeres aporta elementos singulares que hace que privilegiar sus voces sea una de las formas más integrales de conocer sus impactos.
Los relatos de las mujeres (1) que habitan desde hace décadas estos territorios suscitan un registro diferencial de género que da cuenta de concepciones distintas al concepto moderno y androcéntrico de “naturaleza”. Muestran percepciones más ligadas a las consecuencias de los impactos ambientales en la vida cotidiana y, por ende, mayor creatividad en las resistencias. Se explicita un punto de vista que toma distancia respecto del conocimiento socialmente ‘legítimo’ sobre el extractivismo.
En esta nueva fase del capital, donde acumulación primitiva, reproducción ampliada y nuevos cercamientos representan una ecuación clave (2), desentramar las estructurales relaciones entre capitalismo y patriarcado nos abre a comprensiones fundamentales sobre los procesos en territorios ‘arrasados’. El patriarcado como estructura de dominación que construye una alteridad (mujeres y corporalidades feminizadas: niñxs, ancianxs) a la que vulnera de múltiples maneras. En la escena heterocapitalista con centralidad en los mercados, esa relación está atravesada por el objetivo de maximización de ganancias. La reproducción de la vida se encuentra invisibilizada, feminizada y privatizada en la esfera de los hogares.
El tipo de experiencia social que privilegia el extractivismo, como actividad expoliatoria, es masculina, heterosexual, blanca, de clase media, con rasgos de apropiación violenta de la “naturaleza”. El antropólogo Hernán Palermo afirma que la actividad hidrocarburífera produce una “manufactura de la masculinidad” en tanto “formas de comportarse como hombres” que tienen impactos hacia la configuración social más amplia que la propia actividad.
Abordar el extractivismo desde la epistemología feminista habilita la mirada sobre el continuum de violencias a los territorios y los cuerpos, aquello que la socióloga Mina Navarro (3) denomina ‘despojos múltiples’. Esa perspectiva amplía la lente a la expropiación de la riqueza susceptible de ser producida en los entramados comunitarios a través de otros vínculos y relaciones humanas (soberanía alimentaria, cobijo, etc.). Lo que se vulnera en definitiva es el acceso a los medios para la reproducción social, y nos parece relevante conocer cuáles son las formas que se siguen construyendo para hacerla posible, porque eso también describe la lógica extractiva. Es en este sentido, que Tzul Tzul (4), feminista guatemalteca, nos invita a preguntarnos cuáles son los procesos que implican, en territorios de despojo, hacer posible la vida. Esto es, cómo en medio de las agresiones y el despojo gestionamos el disfrute de nuestras vidas.
Un primer núcleo de sentido que aparece en las voces de las mujeres es una trastocada experiencia del espacio cercano, donde insiste la vivencia de miedo y angustia, a raíz de la presencia de ruidos relacionados con la actividad, motores encendidos las 24 horas y vibraciones permanentes.
Un segundo núcleo de sentido expresa estas transformaciones en el territorio primario: el cuerpo. Las marcas que deja la experiencia extractiva en los cuerpos “otros” son múltiples e impactan con mayor fuerza en los cuerpos feminizados (mujeres, niñxs y ancianxs). En sus relatos se vuelven sistemáticas las afectaciones a la salud por cambios en la calidad del aire y del agua. Expresan aumento en la frecuencia de consultas médicas, del tiempo dedicado a cuidar a lxs niñxs y ancianxs y la consecuente pérdida de trabajo asalariado por causa de la intensificación de los trabajos de cuidado feminizados. Son barrios donde en una parte importante de las viviendas las mujeres son sostén de hogar.
Un tercer núcleo de sentido cristalizado es la mercantilización de bienes comunes y la pérdida/vulneración de soberanía alimentaria. Hoy bienes básicos como el agua, algunos alimentos o la leña para generar calor, que históricamente estuvieron disponibles o eran intercambiados, se vuelven accesibles exclusivamente vía mercado o por ocasional asistencia estatal o empresarial, socavando la autonomía económica de esos hogares. Respecto de la soberanía alimentaria, es notable la lucha por seguir sosteniendo huertas y cría de animales, que forma parte de sus hábitos alimenticios.
De sus voces emergen politizadas las experiencias donde la resistencia consiste en hacer frente al proceso de exclusión y negación de la vida, en “poner cuerpo”. A la inscripción de una re-masculinización del ordenamiento del territorio a través de la presencia del sujeto “legítimo” encarnado en el trabajador petrolero extractivo, la sobrevivencia se juega en las estrategias que se libran en el ámbito reproductivo y desde ahí ponen en cuestión toda la matriz extractivista.
Los puntos de vista situados de estas mujeres muestran que la capacidad de daño de una actividad expoliadora como el fracking impregna todas las esferas de la vida. Nos devuelven la mirada de quienes —por haber sido históricamente responsabilizadas de la reproducción social— poseen un conocimiento vital y una memoria larga de las transformaciones a la vida que implica la matriz extractivista. Por otro lado, repone su presencia activa en las resistencias a la imposición de una nueva economía de las prácticas. La distinción entre ‘lo masculino’ predominante y dominante, y ‘lo femenino’ como forma ‘otra’ de conocimiento del mundo, emerge como distinción, como resistencia y como lucha.
(1) Galafassi, G. y Riffo. L. (2018) Del sueño de Cristóbal Colón al hoy llamado “extractivismo”. Revista Theomai N° 38 segundo semestre. Buenos Aires: Estudios críticos sobre Sociedad y Desarrollo.
(2) Palermo, Hernán. (2017), La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero, Buenos Aires, Biblos.
(3) Navarro, Mina Lorena. (2012). Las luchas socioambientales en México como una expresión del antagonismo entre lo común y el despojo múltiple. OSAL Observatorio Social de América Latina Año XIII Nº 32. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p 149-172.
(4) Tzul Tzul, Gladys. (2015) Mujeres indígenas: Historias de la reproducción de la vida en Guatemala. Una reflexión a partir de la visita de Silvia Federici. Puebla, México: Bajo el Volcán, vol. 15, núm. 22, marzo-agosto, 2015, pp. 91-99. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Fuente: Latfem
Algunos trabajos dignifican y otros matan
Mariano Pagnucco / Resumen Latinoamericano / 11 de febrero de 2019
Se produce un asesinato laboral cada 20 horas. Historias de trabajadores y trabajadoras que perdieron la vida por responsabilidad de los empleadores, ausencia del Estado y complicidad de las burocracias sindicales.
Brian trabajaba en una papelera. Sandra y Rubén trabajaban en una escuela. Martín trabajaba en el cableado eléctrico del ferrocarril. Nahuel, Cristian, Néstor, Rodrigo, Luciano, Jonatan, Carlos, Rodrigo y Salvador trabajaban en altamar. Todas personas laburantes que perdieron la vida por el simple hecho de ir a ganarse el pan de cada día. Sus nombres integran la lista de los 375 asesinatos laborales que se produjeron en la Argentina entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. La realidad que se desprende de esa cifra es invisible para la mayoría de la sociedad: en el país muere una persona cada 20 horas por condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Por eso se habla de asesinatos y no de accidentes laborales.
Para darle visibilidad a esta problemática, en diciembre pasado se presentó en Buenos Aires el primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina”, elaborado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). Allí confluyen familiares de víctimas, el Taller de Estudios Laborales (TEL), el colectivo de cine militante Silbando Bembas y diversas comisiones internas y representantes gremiales “combativos” (delegados de la Línea 60 de colectivos, trabajadores del neumático pertenecientes al SUTNA, la Junta Interna de ATE en el INTA, Municipales de Avellaneda, docentes de SUTEBA Tigre, ferroviarios y bancarios, entre otros).
Crédito Pepe Mateos
Todos juntos para echar luz sobre un drama oculto ante los ojos de la propia clase trabajadora, que desde la llegada de Cambiemos al gobierno nacional se debate entre la desocupación, la precarización, la pérdida de derechos y la desarticulación de la dirigencia sindical. Como si ese cóctel no fuera lo suficientemente dañino para millones de personas, la realidad argentina del siglo XXI dialoga tristemente con los versos del uruguayo Daniel Viglietti: “Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan”.
La pérdida como hecho político
Si hay que situar el origen de BAL con una fecha precisa, el punto de partida sería el 9 de septiembre de 2016. Ese día fallecieron tres personas en tres lugares de trabajo distintos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: David Ramallo, realizando tareas en los talleres de la Línea 60; Richard Alcaraz, trabajando en la construcción; y Diego Soraire, cumpliendo con sus actividades en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Al revisar esos casos -y todos los casos posteriores- aparecen puntos en común que impulsaron la creación de BAL y la necesidad de llevar registro de los asesinatos laborales.
En primer lugar, son todas muertes evitables provocadas por falta de medidas de seguridad por parte de las empresas o los organismos empleadores. Luego está la ausencia del Estado, tanto en el control como en la sanción a través de la Justicia. El tercer agravante es el rol de las burocracias sindicales, que actúan en complicidad con las patronales y el Estado al no levantar la voz cada vez que se pierde una vida en el trabajo.
Crédito Pepe Mateos
Frente a tanto silencio, las voluntades en torno de BAL se unieron para poner en agenda un tema urgente para la sociedad argentina. El lugar elegido para presentar el informe fue la sede del gremio docente Ademys, en un marco (militante, popular, autogestionado) con cierta similitud con el trabajo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y sus datos propios sobre la muertes provocadas por las fuerzas represivas del Estado. La secuencia que se repite en ambos casos es: ante la falta de cifras oficiales, la sociedad se organiza y las genera por su cuenta para poder actuar en consecuencia.
Lo que sería un llanto solitario ante la pérdida, pasa a convertirse en un grito colectivo que motoriza bronca y acción. El dolor familiar transformado en política, desde abajo.
Estadísticas parciales para pensar el problema
El informe fue elaborado a partir de datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y un relevamiento propio de testimonios directos y fuentes periodísticas. De las 375 muertes registradas en 12 meses (octubre 2017-septiembre 2018), el documento menciona que “la amplia mayoría de los/las trabajadores/as muertos/as eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”. Además, “se conocen casos de personas mucho más jóvenes que fueron enviadas por las jefaturas a realizar tareas muy peligrosas, sin la capacitación y los elementos necesarios”, con casos extremos en los que “su primer día de trabajo en una empresa fue el día de su muerte”.
Crédito Pepe Mateos
Tomando en cuenta las ramas de actividad, los asesinatos laborales contabilizados corresponden a: Transporte (20%), Construcción (18%), Industria (12%), Agropecuaria (11%), Comercio (11%), Administración pública (10%), Servicios financieros (5%), Servicios (5%), Pesca (3%), Electricidad (2%), Minería (2%) y Otros (1%).
Desde BAL remarcaron especialmente que la información suministrada es parcial: solo se computaron los llamados “accidentes en el trabajo” (si se contemplaran los “accidentes in itinere” -en el viaje del hogar al trabajo y del trabajo al hogar- las cifras serían más abultadas) y solo se tomó en cuenta a la población con trabajo registrado (excluyendo a, por lo menos, un tercio de la clase trabajadora que cumple tareas de modo informal). En este laberinto de grises hay que agregar que muchas empresas y organismos tercerizan sus tareas (restringiendo derechos laborales) y que “sólo el 45,2% de los trabajadores formales encuestados” por la SRT manifestaron estar cubiertos por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El informe también señala que “es llamativo que no exista prácticamente registro de las muertes por enfermedades profesionales (EP)” en el país, ya que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo las EP tienen una incidencia mucho mayor que los “accidentes” en los decesos. Puesto en perspectiva, el drama de los asesinatos laborales parece todavía mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.
Testimonios de dolor y lucha
Con el informe, Basta de Asesinatos Laborales se propuso visibilizar las cifras, pero también “humanizar las cifras”, por eso hubo una seguidilla de exposiciones de familiares de víctimas que contaron sus experiencias de dolor y lucha en primera persona.te más movilizante del acto.
Crédito Pepe Mateos
Madres, novias, esposas y hermanas (no es casualidad: todas mujeres que se ponen al frente) contaron, entre lágrimas, lo que tuvieron que pasar después de la pérdida de sus seres queridos: de un lado, indiferencia de los patrones, sueños frustrados y el temor de compañeros/as a dar testimonio y poner en riesgo su trabajo; del otro lado, solidaridad, organización colectiva y la necesidad de ponerse de pie para denunciar ante la Justicia.
Eva, mamá de David Ramallo (una de las impulsoras de BAL): “Es muy difícil para los familiares ir a un lado o a otro lado, porque no nos dan bolilla, nadie nos da bolilla. Nos dan una palmadita y nos dicen ‘venga mañana, señora, que la vamos a atender’. Como mamá, es muy difícil estar acá, es recordarlo constantemente, pero yo sí quiero que se acuerden de David Ramallo, lo que le pasó y porqué le pasó. Hubo denuncias, pero a la empresa no le importó. Lo que les importa a las empresas es llenarse los bolsillos, nosotros somos números para las empresas”.
Viviana, hermana de Martín Pino (joven jujeño que murió arrollado por el ferrocarril Mitre en mayo de 2018, mientras trabajaba como tercerizado para la empresa de seguridad Murata): “Dar la vida por un trabajo en el que no te valoran no tiene sentido. Hay que seguir hasta el final para que se haga justicia por todos. Que nadie baje los brazos. Yo siempre miraba las noticias en la tele y veía casos que quedan impunes, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí, que iba a estar en las marchas con mi familia. Uno piensa que nunca le va a tocar y cuando le toca sabe realmente lo que se siente”.
Crédito Pepe Mateos
Florencia, novia de Brian Cantero (a sus 23 años trabajaba como tercerizado en la empresa papelera Sein de Florencio Varela y murió atrapado por una máquina el 24 de octubre de 2018): “Brian trabajaba para un contratista, Ramón ‘Archi’ Fuentes, que según pude recabar información es un puntero de Mussi, el intendente de Berazategui. Este tipo terceriza chicos jóvenes y los hace trabajar por 600 pesos las doce horas. Brian venía hecho mierda de trabajar ahí. En este contexto de ajuste, ponen a trabajar a pibes como Brian por $2,50, los matan y después nadie hace nada”.
Hubo un testimonio que le puso contexto político a las cada vez más precarias condiciones laborales que empujan a los trabajadores y las trabajadoras a la muerte. Guillermina, mamá de Nahuel Navarrete Godoy (un marinero desaparecido tras el naufragio del buque pesquero Rigel en junio de 2018), contó que dialogó cara a cara con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Cuando el mandatario escuchó el reclamo para que el Estado se hiciera cargo de la búsqueda de la tripulación atrapada en el casco del buque, su respuesta a esa madre desesperada fue: “Así es la vida, señora, no hay presupuesto”.
Hoja de ruta para el futuro
Todo parece indicar que esta lucha -que en verdad es una suma de luchas desplegadas por todo el país- recién empieza. Las conclusiones del primer “Informe Anual de Asesinatos Laborales en Argentina” marcan el camino a seguir:
“Las y los laburantes somos quienes producimos riqueza, somos quienes llevamos adelante el proceso productivo y somos quienes mejor conocemos los riesgos que corremos día a día. Por eso, el horizonte es construir poder en cada lugar de trabajo, para disputar cotidianamente el control de los procesos productivos y nuestras condiciones de trabajo. A su vez, debemos coordinar la lucha específica de nuestro lugar de laburo con otros sectores de trabajadoras y trabajadores, porque sólo con la unidad podemos tener la fuerza necesaria para dar esta pelea, que de fondo tiene que ver con luchar contra un sistema de explotación que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida cotidianamente. Quienes conformamos ‘Basta de Asesinatos Laborales’ nos ponemos a disposición para seguir aportando a este proceso de organización y lucha”.
Fuente: Revista Cítrica
Créditos hipotecarios UVA: Una soga al cuello de miles de personas
Resumen Latinoamericano / 11 de febrero de 2019
A través de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), miles de argentinos pudieron acceder al sueño de una propiedad: el depósito inicial era muy inferior al de los préstamos tradicionales. Pero las cuotas y el capital se ajustan con el índice de inflación, una situación insostenible para quienes fueron “favorecidos” con ellos.
En un país donde la vivienda propia es un sueño, la aparición en 2016 de los créditos hipotecarios UVA parecía la solución para los millones que deben pagar alquileres altísimos.
Argentina es un país donde el precio de las propiedades, por lo menos en las grandes ciudades, está dolarizado, debido a la enorme desconfianza en el valor del peso, por lo que un préstamo hipotecario tradicional resulta inaccesible para la gran mayoría de la población.
Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, se crearon las UVA, comenzaron a ofrecerse estos créditos también en los bancos privados (además de los públicos) y se potenció la posibilidad de acceder a ellos sin el subsidio estatal llamado Procrear.
En este sistema, se utiliza una unidad de deuda ajustable según la inflación, y como al comienzo de su gestión Mauricio Macri prometió bajarla, muchos se entusiasmaron con los nuevos créditos.
Al ajustarse las cuotas y el capital según la inflación, el depósito inicial para la adquisición de vivienda es muy inferior al de los préstamos tradicionales. Como consecuencia, 2017 fue un año récord para este mercado y se calcula que desde su lanzamiento se habrían otorgado más de 100.000 créditos UVA, principalmente desde el Banco Nación.
Pero con la mega devaluación de 2018, en la que el peso perdió 100% de su valor, el precio de las propiedades en dólares se duplicó (en pesos) y el efecto de la inflación en el valor de la UVA disparó las cuotas y las tasas de interés. Estas, que eran de 3,5% inicialmente, hoy no bajan de los dos dígitos, por lo que en noviembre de 2018 ya se sintió el efecto: cayeron 90% interanual las escrituras por crédito hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires.
Así, el sueño se volvió pesadilla.
Cansada de pagar renta por su vivienda durante 30 años, Claudia Pilo decidió aplicar en 2017 para el plan de subsidios gubernamentales Procrear, que otorgaba una bonificación en el depósito inicial en la adquisición de un crédito hipotecario UVA.
Madre de dos hijas y único sostén familiar, Claudia se encuentra hoy teniendo que pagar casi 50% más en la cuota debido a la crisis inflacionaria, lo que, sumado a los aumentos generalizado en los servicios, el transporte y la alimentación, la obliga bajar considerablemente su calidad de vida.
“A nadie, claramente, le aumentaron el sueldo un 50% como la inflación. El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publicó en las últimas semanas el Indec [Instituto Nacional de Estadística y Censos] para noviembre de 2018 fue de 28%. Lo último que dejás de pagar es la cuota, pero se hace muy cuesta arriba. Esto en el tiempo es insostenible, porque la situación económica cambió”, dijo Claudia, miembro de Hipotecados UVA Autoconvocados, un grupo de Facebook que tiene inscritos más de 3.400 miembros.
“Creo que la palabra clave es la ‘previsibilidad’ sobre lo que vas a pagar. Eso es lo que falta en nuestros casos y la gran diferencia con un crédito tradicional. El problema empezó en agosto del 2018 después de la corrida cambiaria y la fuerte devaluación del dólar, que genera inflación y afecta directamente en la inflación”, dijo a Sputnik Guillermo Lloc, también miembro del grupo.
“Como están planteados, y si las cosas siguen así en el país, los créditos son inviables, no los va a poder pagar nadie, esa es la realidad. Lo que nosotros queremos es que se busque una solución. Se han presentado varios proyectos en el Poder Legislativo y queremos que se debatan para ver si se encuentra alguna alternativa”, dijo Guillermo, quien sacó una hipoteca junto a su pareja para tener una propiedad donde formar una familia.
Miembro de un grupo similar pero para los habitantes de la ciudad de Mar del Plata, Verónica Puca, docente de 39 años, dice hoy está usando la mitad de su sueldo para pagar la cuota de su crédito UVA. “Casi no existen morosos en estas hipotecas porque en la mayoría de los casos los bancos descuentan el monto mensual directamente de la cuenta sueldo. Es una situación muy angustiante. La gente que tiene hijos dejan de darles gustos, hay gente que ha tenido que dejar de pagar sus prepagas [servicios de medicina privada]”, dijo a Sputnik.
Debido a la brecha entre inflación y el CVS, una cláusula gatillo le abrió la posibilidad a más de 34.000 deudores a solicitar una prórroga del 25% en el plazo de la devolución del total, que sólo puede ser usada por los usuarios una vez en todo el período que dura el contrato.
Sin embargo, los involucrados insisten en que nadie quiere extenderse aún más tiempo para saldar la deuda, ya que la gran mayoría son a 20 o 30 años y porque la reducción en la cuota es de menos de 14%, un beneficio que rápidamente sería devorado por la inflación.
“Me preocupa la situación económica del país porque obviamente nos afecta a todos los hipotecados. Desde mi humilde opinión, lamentablemente este sistema fracasó porque ha afectado a un montón de familias a las que les han llegado mails ofreciéndoles la opción de extender el plazo, que es una cláusula para ser usada en situaciones muy extremas. Que a tres años de haber lanzado el sistema UVA ya lo estén usando evidencia este fracaso”, dijo Verónica.
Fuente: Sputnik
Envío:RL
"Hay sectores del Poder Judicial que están putrefactos", denunció Rossi El jefe de la bancada de Diputados del FpV calificó de "escándalo" la denuncia por extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli. El extitular de la AFI Oscar Parrilli sentenció que la Justicia "está subordinada al poder político".
Foto:Mariano Martino
El presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, sostuvo este lunes que "es un escándalo que demuestra lo putrefacto de varios sectores del Poder Judicial y todo lo que rodea a Comodoro Py" la denuncia por supuesta extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli.
Por su parte, el extitular de la AFI Oscar Parrilli señaló que “no es la primera vez que se acusa a jueces y fiscales de extorsión, y eso demuestra que no hay justicia ni estado de derecho”. Y agregó: "Ya no sorprende nada de lo que ocurre con los jueces federales, la Justicia está subordinada al poder político”.
El legislador y el exfuncionario se refirieron en esos términos a la causa que tramita el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a partir de la denuncia del empresario agropecuario Marcelo D´Alessio. El ejecutivo afirma haber recibido una extorsión por 300 mil dólares a través de un intermediario del fiscal Carlos Stornelli para aliviar su situación en la denominada causa de las fotocopias de los cuadernos.
“Mirándolo desde afuera parecía que aquellos empresarios que se arrepentían cambiaban su arrepentimiento por su libertad y aquellos que no lo hacían son los que permanecen presos”, subrayó Rossi. Y agregó: "Lo de las coimas de Stornelli es una denuncia gravísima. Denota un modus operandi por parte del fiscal que claramente no podría estar”.
Por su parte, Parrilli, quien fue víctima de escuchas y difusión de conversaciones privadas, señaló que “los servicios en Argentina, como en el resto del mundo, están privatizados, D'Alessio es un personaje funcional a la Justicia y al gobierno”. Y sentenció: “Es emblemático como salieron a coro los periodistas y comunicadores del gobierno a defender a Stornelli, quien tiene lazos con la dictadura militar”.
En ese sentido, el exsecretario general de la Presidencia pronosticó que "van a aparecer los arrepentidos de arrepentirse".
Y puntualizó: "Sin duda no es el único personaje involucrado en esta embestida a todos los que fuimos miembros de los gobiernos de Néstor y Cristina”.
Fuente:TiempoArgentino
12 de febrero de 2019 La investigación por la denuncia de extorsión suma elementos que vinculan a Stornelli con D’Alessio Audios, fotos y reuniones del fiscal y el abogado Las pruebas aportadas en la causa documentan dos reuniones en Pinamar entre Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio. Otro audio y una captura de Whatsapp revelan que supuestamente el fiscal le pidió al abogado pastillas para “plantar” en un operativo. Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
Pasados cinco días de la acusación de Etchebest, Stornelli no denunció a D’Alessio.
a investigación de la extorsión a la que fue sometido el empresario Pedro Etchebest suma más y más elementos que parecen vincular a Carlos Stornelli con el operador Marcelo D’Alessio. El fiscal aduce que conoce desde hace poco a D’Alessio y que la relación es más bien lejana. Sin embargo, se reunió tres horas con él en un balneario de Pinamar el 7 de enero pasado. El encuentro se coronó con un paseo de ambos en la camioneta del operador. Un audio de D’Alessio –al que tuvo acceso exclusivo PáginaI12– da cuenta de una segunda reunión en Pinamar, el 20 de enero, algo que seguramente debe motivar más medidas de prueba del juez que investiga la maniobra, Alejo Ramos Padilla. Y no menos curioso es otro audio y una captura de Whatsapp, enviado por D’Alessio, en el que supuestamente el fiscal le pide pastillas para “plantar” en un operativo anti-drogas. Si no existiera la relación, tampoco se entendería el gravísimo pedido del fiscal a D’Alessio para que le haga una cámara oculta a un abogado, José Manuel Ubeira, que defiende a uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos (ver aparte). Todas esas evidencias por lo menos ameritan una mirada sobre el vínculo D’Alessio-Stornelli. No menos asombroso es que transcurridos cinco días de la denuncia por el pedido de coima, Stornelli no haya presentado a su vez denuncia contra D’Alessio si, como dice, no tiene vínculos con él y el operador pidió 300 mil dólares en su nombre.
Coima. Stornelli arrancó defendiéndose de distintas maneras, pero fundamentalmente diciendo que era una “operación” política porque él está avanzando mucho en el expediente de las fotocopias. Aún así, el mismo viernes debió presentar la denuncia contra su operador porque D’Alessio admitió que le pidió dinero al empresario Etchebest con el burdo argumento de que fue “para saber de dónde saca la plata”. Es decir que alguien con quien tuvo trato reconoció que extorsionó y Stornelli no movió un dedo.
A eso hay que agregar que, también desde el viernes, están las pruebas de dos pagos de Etchebest a D’Alessio, por 9700 dólares y 5 mil dólares. El primero en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el segundo en la confitería Selquet.
Sin embargo, Stornelli ni denunció a D’Alessio ni entregó su celular para peritar.
Lejanía. Ante el escándalo, Stornelli también reaccionó contradiciéndose en forma permanente durante el viernes. Por la mañana dijo que sólo lo había visto dos veces a D’Alessio mientras que a la noche, en TN, admitió que lo conocía desde hacía tres o cuatro meses y que le trajo a un denunciante. Por supuesto, se dio cuenta de que en la denuncia había bastantes pruebas y tuvo que rectificar el rumbo de forma urgente.
Las respuestas no resisten el menor análisis. Hay decenas de intercambios de Whatsapp, audios y están las imágenes del encuentro del 7 de enero en Pinamar, incluyendo el paseo posterior en la Range Rover de D’Alessio.
Otro de los videos que constan en la causa es de D’Alessio dentro de la fiscalía de Stornelli, asistiendo a la declaración del arrepentido de Pdvsa, Gonzalo Brusa Duvat. D’Alessio no tiene la matrícula vigente, de manera que estaba allí de manera irregular: nadie puede estar durante la declaración de un testigo–arrepentido y menos todavía si ni siquiera tiene matrícula.
Ni bien concluyó la declaración, a D’Alessio le entregaron una copia que, de inmediato, le envió por Whatsapp a un periodista y también al empresario extorsionado. Era su forma de mostrar que trabajaba para Stornelli.
Pinamar II. La casi totalidad de las pruebas que se conocen fueron aportadas por Etchebest. En uno de los audios, D’Alessio habla con el empresario y le cuenta que estuvo otra vez con Stornelli en Pinamar el 20 de enero.
D’Alessio: ¿Hola?
Etchebest: Hola Marcelo!
D: Saliendo en este momento siendo las 20 y 33 minutos de un hermoso día de playa familiar.
E: ¿Recién salís?
D: Estoy saliendo de este momento de la playa
E: ¿Uhh de las 6 de la mañana que te fuiste?
D: Sí... Me presentó a unos familiares, había... se acercó otro fiscal que se llama Rivolo que es el que le está cubriendo el culo que había pasado el fin de semana ahí... bah no importa... ehh... la verdad un día de sumar de todo bien... Estaba re caliente... le bajé 10 decibeles y nada mañana te cuento personalmente olvídate...
D’Alessio le resumió a Etchebest que Stornelli estaba muy enojado porque todavía el empresario no había pagado los 300 mil 000 dólares comprometidos y que el fiscal iba a usar –supuestamente– en la compra de una casa al empresario Héctor Collela. Al no hacerse la escritura había una penalidad de 9.700. En el extenso audio, D’Alessio arregla con Etchebest que éste pague los 9700 dólares, lo que se concreta en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero. A la Justicia se le entregaron las pruebas de ese pago y el juez Ramos Padilla pidió el secuestro de las cámaras de la confitería del hotel.
Será una buena prueba ver también las cámaras del balneario CR sobre los dos encuentros entre Stornelli y D’Alessio, el primero de ellos con la presencia de Etchebest.
Extorsión. En un estudio de los antecedentes del caso, D’Alessio ya había sido acusado de extorsión por un importador, Gabriel Traficante, imputado por unos permisos de importación. La causa es de 2016 y D’Alessio supuestamente pidió dinero para ayudar a Traficante en la causa judicial y vendiendo también su influencia en el periodismo.
El expediente recayó en el juez Luis Rodríguez y el fiscal fue Eduardo Taiano. El abogado de D’Alessio en este expediente es presentado como su socio, pero Rodrigo González afirma que no es socio, sino que es su cliente. Aún así, el letrado aparece vinculado por D’Alessio en la cámara oculta a un abogado y hay dos imputados en el caso de los cuadernos que tienen un audio en que se ofrece a D’Alessio y González para arreglar su situación con el fiscal.
Habrá que ver las pruebas –principalmente un audio– de lo que constituiría otra tentativa de extorsión, con el mismo modus operandi.
Audios. En su afán por convencer a Etchebest de su poder sobre Stornelli, el operador le envió al empresario otro curioso cruce de una foto, dos audios y una captura de whatsapp.
Lo primero en la secuencia es la foto: un vaso con pastillas. Va acompañado de un texto que D’Alessio le manda a Etchebest: “Viste. Nada es lo que parece. Y viste que piden falopa para plantar. Son muy bravos estos nenes”. El significado del párrafo es que el fiscal le pidió pastillas para sembrarlas como prueba en un procedimiento anti-drogas.
Lo siguiente es un mensaje de audio de Whatsapp, supuestamente de D’Alessio a Stornelli: “Dr. Está grande para las meta-anfetaminas, extasis, dejémonos de joder. Que se yo. Yo te mando, pero me da pudor. Un abrazo Carlitos”. El audio continúa respecto de una mujer que no quiere declarar en la fiscalía, pero está dispuesta a una reunión confidencial. La respuesta, también de audio de Whatsapp, es de una voz que se parece mucho a la de Stornelli: “Ok, un abrazo”.
Esta combinación de foto y audios puede ser un armado de D’Alessio, pero no debería ser difícil de investigar: de todas maneras, el celular de recepción que aparece es el que corresponde al fiscal Stornelli.
Causa. Desde el momento del surgimiento del expediente de las fotocopias de los cuadernos fueron evidentes las manipulaciones:
Nunca aparecieron los originales de los cuadernos de Centeno. La letra y el tono de lo escrito es muy distinto hasta 2008 y después de 2008, pero la ausencia de los originales impide una pericia. El chofer Oscar Centeno admite su autoría, pero es un reconocimiento poco válido, obtenido bajo pena de ir a la cárcel.
El fiscal Stornelli recurrió a una maniobra grotesca para quedarse con el expediente sosteniendo que se correspondía con la causa de la compra del Gas Natural Licuado. En ese expediente, tuvo protagonismo D’Alessio desde el principio, diciendo que como funcionario de Enarsa conocía al detalle lo que ocurrió. La denuncia se basó en una pericia fraudulenta de un ingeniero llamado David Cohen, pero aún así les sirvió para quedarse –de manera burda– con la causa de las fotocopias.
Desde el primer día hay versiones de un tratamiento diferenciado a determinados empresarios. Según D’Alessio –está en los audios–, a algunos se les cobró para que zafen. Con ese argumento es que le pidió el dinero a Etchebest.
La inexistencia de registro en video de lo declarado por los arrepentidos hace imposible controlar sus dichos. De manera que cualquiera puede quedar ensuciado, sin que se pueda saber si es verdad o no que el arrepentido lo mencionó. Esto deja un enorme campo para las extorsiones.
Y lo real es que a Etchebest le pidieron 300 mil dólares, que pagó casi 15 mil y que documentó cada uno de los movimientos.
El supuesto operador de Stornelli pasó en horas de ser una estrella a una especie de leproso. Asistente a programas de televisión, columnista de Clarín, supuesto jefe de la DEA, proveedor de testigos y arrepentidos, ahora se convirtió en un repudiado por Patricia Bullrich y un casi desconocido de Stornelli. Claro que un desconocido al que no quiso denunciar, pese a que pidió fortunas nombrando al fiscal.
12 de febrero de 2019 D'Alessio jura que ella le paga. Ella lo niega
Bullrich salió a despegarse
Imagen: NA
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó despegarse del escándalo por la denuncia de extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli. Bullrich negó que el abogado Marcelo D´Alessio —señalado como quien pidió la coima en nombre del fiscal— trabaje en el Ministerio de Seguridad. El abogado D’Alessio había dicho que el ministerio le pagaba por defender al financista Leonardo Fariña. “Lo he visto una vez, me parece una persona que tiene algún tipo de problemas y nunca trabajó en el Ministerio de Seguridad, es total y absoluta mentira, y va a haber una querella por esa mentira”, dijo Bullrich. “No me parece una persona coherente, no sé si es experto (en narcotráfico), no lo parece –detalló–. Se presentó en el ministerio para hacer una serie de propuestas, estuvo con el subsecretario de Narcotráfico, yo lo vi un rato. No me parece una persona que pueda ser creíble”, se desligó Bullrich. Con respecto al fiscal acusado de extorsión, afirmó: “Yo trabajo con Stornelli de manera muy cercana, pero no es mi lugar defenderlo o no. Mi tarea está en otro lado”.
Fuente:Pagina12
STORNELLI, D’ALESSIO E I SOLITI IGNOTI El estilo de comedia italiana de los protagonistas no amengua la gravedad del episodio POR HORACIO VERBITSKY
La extorsión al empresario rural Pedro Etchebest intentada en nombre del fiscal Carlos Stornelli por el agente de la DEA Marcelo D’Alessio, colaborador del ministerio de Seguridad y sobrino del escribano general de la Nación, es de una gravedad superlativa. Sin embargo, sus protagonistas se comportan como personajes de una comedia italiana de Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Memo Carotenuto y/o Ugo Tognazzi. El viernes 8, como de costumbre en el diario Clarín, un anónimo vocero de la embajada de Estados Unidos negó toda relación de D’Alessio con cualquier organismo de ese país y con la propia representación diplomática. Clarín minimizó la cuestión, mencionando a este Cohete como “blog del periodista K” e Infobae llamándome “ex jefe de Inteligencia de Montoneros”. Son los dos medios que desde hace años presentan como el mayor experto en narcotráfico y terrorismo a D’Alessio, quien a su vez sostiene que el 50% de Infobaepertenece al montonero de negocios Mario Montoto.
Que el fiscal a cargo de la causa más importante de los últimos años, su colaborador personal, el operador periodístico que los asiste desde del Grupo Clarín y la propia víctima de la extorsión actúen como Los desconocidos de siempre, no atenúa la seriedad del tema. Sólo marca una impronta, que emparenta a la Argentina con la madre patria Italia, donde la consecuencia del mani pulite no fue la regeneración del sistema político, sino su ascenso hacia niveles de corrupción desconocidos hasta entonces. También remplazó a la política por el autoritarismo del empresario de fútbol y medios, Silvio Berlusconi, el modelo que inspiró la carrera del actual presidente Maurizio Macrì. Berlusconi realizó en Italia el programa de la Logia P2. El Grupo Socma, presidido entonces por Franco Macrì, encargó una investigación de mercado para determinar cómo quitarse el estigma de pertenecer a la misma organización secreta, que unía política reaccionaria y negocios turbios.
Silvio Berlusconi, el modelo.Maurizio Macri, el discípulo.
Algo similar sucedió en Brasil, donde el Lava Jato fue el prólogo para la destitución de la presidente Dilma Rousseff, quien no fue acusada de ningún delito; la detención y proscripción de Lula, por delitos que no fueron probados, y la elección como presidente de un oscuro capitán del Ejército que reivindica los peores extremos de la dictadura y que está rodeado de generales, mientras le economía queda en manos del economista de la neoliberal escuela de Chicago y banquero Paulo Guedes. También dejó fuera de carrera al principal competidor de las grandes constructoras estadounidenses, Odebrecht, en este caso socio del presidente Macrì, en cuyo socorro acudió en la causa por el vaciamiento del Correo Argentino.
Entre las numerosas revelaciones que surgen de los audios reproducidos en la medianoche del jueves en una edición extra de El Cohete a la Luna hay una que pasó desapercibida: D’Alessio afirma que el gobierno nacional intervino desde el principio en la causa de los cuadernos del chofer grafómano. En este audio, cuenta que cuando el periodista del diario La Nación Diego Cabot tuvo que devolver los cuadernos que Oscar Centeno le reclamó a su amigo Jorge Bacigalupo antes los digitalizó, bajo el control de un escribano que “designó mi tío, el escribano general de la Nación”, Para que no haya confusiones le aclara que no se trata del escribano del diario La Nación, sino de la Nación Argentina, “el escribano del presidente de la Nación”, reitera.
Tanto Stornelli como D’Alessio y Etchebest dieron sus respectivas versiones en diversas entrevistas radiales, cada uno tratando de presentar su rol bajo la mejor luz posible.
El empresario rural Etchebest, acusado por el ex presidente de la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria, Juan Manuel Campillo, de ser uno de sus recaudadores y de esconder el dinero malhabido en una guarida fiscal de Estados Unidos, negó esos cargos y confirmó que él había denunciado a Stornelli y D’Alessio por extorsión ante el juzgado federal de Dolores. Pero se negó a suministrar más detalles, alegando que el tema estaba en manos de la justicia.
D’Alessio admitió haber pedido dinero a Etchebest pero se presentó como un hombre con pasión por investigar (sic) y dijo que para descubrir la verdad sobre el origen del dinero de un sospechoso era necesario mentir. Le faltó agregar que para ocultarla ante las preguntas de un periodista también. Lo hizo a troche y moche. Por ejemplo, dijo que:
* Etchebest lo buscó a él, cuando sobran las pruebas en contrario. Por empezar, el primer WhatsApp entre ellos, el 28 de diciembre, en el que D’Alessio toma la iniciativa y le comunica que tiene la denuncia de Campillo en su contra, con lo cual comienza la extorsión.
* Pero también el diálogo grabado entre ellos, en el que Etchebest le dice que él no lo buscó, D’Alessio no lo niega y le responde que sin su intervención, directamente lo hubieran detenido:
* Negó la relación íntima que mantiene con Stornelli, a quien dijo haber visto sólo dos veces en su vida, cuando presentó la denuncia en la causa por el Gas Natural Licuado, que investigó en ENARSA (según él, infiltrado por la National Security Agency) y cuando llevó a declarar a la fiscalía al arrepentido ex gerente uruguayo de Pedevesa, Gonzalo Brusa Dovat. El periodista Gustavo Grabia le repreguntó por la foto con Stornelli en el paradero CR de Pinamar. Dijo que se habían encontrado de casualidad y que charlaron un par de minutos. También negó ser colaborador del fiscal.
Stornelli, con D’Alessio y Sáenz, en CR, de Pinamar. La casualidad permanente vuelve.
* La prueba en contrario es abundante. En un WhatsApp y en un audio, le dijo a Etchebest que había acordado con Stornelli que él se ocuparía de su caso. Aquí el texto:
* Durante días le anunció a Etchebest que se reuniría con el fiscal en Pinamar e incluso le envió copia de un WhatsApp en el que combina el encuentro con Stornelli en el balneario CR, donde Etchebest los fotografió desde una mesa vecina. Además, el empresario grabó el diálogo con D’Alessio durante el viaje a Pinamar para reunirse con Stornelli.
* Pero además le leyó fragmentos extensos de documentos secretos de la causa en su contra a partir de las declaraciones de Campillo, como órdenes de allanamiento.
* También dijo que todas sus referencias a Fariña eran mentiras para atraer a Etchebest. Sin embargo, en una de sus comunicaciones con Stornelli, el fiscal le pide: “Convencelo a Rodrigo”. Rodrigo es Rodrigo González, el socio de D’Alessio, quien le contesta al fiscal: “Yo llego el 6 (de enero) y le hago una cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero. Sino Rodri tiene que renunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia B” (el nombre de encubrimiento con que este agente de Inteligencia menciona a la ministra de Seguridad).
* En el viaje de regreso de Pinamar, le cuenta que la cámara oculta debe hacérsela al abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex director de Yacyretá Oscar Thomas, quien estaba prófugo, y del financista Federico Elaskar, quien se retractó de sus declaraciones sobre La Rosadita y contó que las había hecho bajo amenazas de muerte transmitidas por Luis Barrionuevo y Jorge Lanata. Stornelli también le dijo a Ubeira que su cliente se apurara a declarar porque quedaban pocas sortijas. Él le contestó que su cliente estaba grande para subirse a la calesita. Stornelli quería denunciar a Ubeira por tentativa de extorsión a él y a Bonadío. Rodrigo González no quiso prestarse y se lo contó al propio Ubeira, quien lo confirmó para esta nota. Ahora sumará este episodio a la denuncia que ya presentó contra el doctor Glock por prevaricato.
Aquí podés escuchar el relato de D’Alessio sobre la operación contra el abogado Ubeira, narrada durante el viaje de regreso de Pinamar, a partir del minuto 24. También detalles del encuentro de Etchebest con Stornelli en Pinamar para cerrar el trato y una referencia a la participación de Bonadío en la extorsión, que no sustenta en ningún dato más que su palabra. En todo caso, sería con la intermediación de Stornelli.
El fiscal Stornelli mostró una versión matinal, sorprendido por la publicación, que sólo atinó a desdeñar como parte de una “operación berreta” para apartarlo de la causa, y otra vespertina, ya mejor guionada. Admitió conocer a D’Alessio porque dijo que aportó información a la causa del Gas Natural Licuado adquirido a precios excesivos por ENARSA y que llevó al juzgado al último arrepentido, el gerente uruguayo de Pedevesa. Luego de lo cual dijo que no quería hablar del tema, lo cual era evidente (in re Lorenzino). Pero tampoco él explicó en carácter de qué D’Alessio intervino en esas causas, la primera de las cuales condujo a la detención de Julio De Vido y Roberto Baratta, tal como el sobrino del escribano presidencial le dijo a Etchebest en uno de los audios. Por la mañana el fiscal negó que D’Alessio hablara en su nombre. Por la noche, concedió que el denunciante Etchebest sonaba sincero y que D’Alessio pudo haber invocado su nombre. Esto refleja la abrumadora prueba acumulada que los obliga a elaborar un relato que la contemple. Stornelli guardó cauto silencio sobre la profusión de mensajes de texto intercambiados con D’Alessio, complementados por las afirmaciones del agente estadounidense en diálogos que Etchebest grabó. La captura de pantalla con la mención de Campillo, que D’Alessio le envió a Etchebest sería “un documento falso” , porque según el Stornelli vespertino Campillo nunca mencionó a Etchebest. Tal vez sí, tal vez no. Aquí el fiscal toca uno de los puntos más sensibles de la causa que investiga: junto con el doctor Glock no cumplen con la obligación legal de registrar en audio y video las declaraciones de los arrepentidos, de modo que pueden eliminar o agregar elementos a voluntad y sin control. Así, también es posible que la mención de Campillo a Etchebest haya sido un borrador, condicionado al pago del rescate solicitado al productor. El sistema de consulta de expedientes implantado por Stornelli y Glock impide verificarlo, porque los abogados sólo tienen acceso a algunas fojas, de modo que si hay algo inconveniente puede ser destruido. Los que pueden saberlo son los periodistas con acceso privilegiado, pero no lo dirán porque son parte integral de la operación.
Esto no cambia lo esencial respecto de la extorsión. En cualquier caso, Etchebest se enteró de esa supuesta mención de Campillo por D’Alessio, quien le dio numerosas pruebas de su familiaridad con el fiscal y con la causa. Stornelli también dijo que quien le presentó a D’Alessio fue el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, quien le dijo que ese hombre trabajaba para la DEA. A su vez, D’Alessio le dijo a Etchebest que Santoro trabajó para la KGB cuando existía la URSS. Tal vez en un próximo libro sobre la investigación periodística, el operador explique la utilidad para esa tarea de las relaciones promiscuas con servicios nacionales y extranjeros.
Santoro (derecha) con D’Alessio (izquierda) y esposas. Reunión cumbre.
Ensuciar
En la noche del jueves 7, la diputada cívica libertadora Elisa Carrió escribió que se preparaba una operación para ensuciar al fiscal Stornelli, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, de La Cámpora. Clarín lo amplificó con referencias a la participación del juez en Justicia Legítima y a su vínculo con la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, una técnica de estigmatización que a fuerza de repetición ad nauseam transmuta letras del alfabeto, apellidos u organizaciones perfectamente legales en abominaciones descalificatorias. No me consta si Ramos Padilla tiene o no esa adscripción política. Lo único seguro es que no intervino en la causa por esa razón, sino porque el juzgado federal de Dolores, que ocupa, es el que tiene jurisdicción sobre el Partido de la Costa, que incluye a Pinamar, que es donde Etchebest fue extorsionado por D’Alessio en nombre de Stornelli, quien le dio un significativo apretón de manos. Horas después, la edición extra del Cohete a la Luna reveló el contenido de la denuncia del productor agropecuario. Carrió se llamó a silencio.
Diputada Cívica Libertadora Elisa Carrió: siempre un dedo en alto.
Recordé entonces un fantástico episodio. Un domingo de julio de 2001 Carrió me llamó por teléfono y me dijo que debía verme con urgencia. Llegó a mi casa cerca de las once de la noche. Estaba muy excitada porque había descubierto varias cuentas en guaridas fiscales compartidas por Carlos Menem, Ramón Hernández, David Mulford y Domingo Cavallo. Los documentos probatorios que me mostró llevaban el sello de un organismo denominado MIGA y me dijo que se los había entregado el coronel de las Naciones Unidas Daniel Díaz Droulhon, con acceso a las bases de datos de inteligencia financiera de la organización mundial, que contienen información confidencial sobre cuentas secretas y sociedades de cobertura. Para acceder a las bases, este hombre viajaba a Montevideo, con pasajes y estadía pagados por Carrió. Les dije que desde la fuente hasta la documentación y la mera existencia de las cuentas compartidas con el nombre de sus titulares me parecían inverosímiles. Prometí profundizar el análisis y en agosto le entregué mis conclusiones a Carrió.
Verifiqué que MIGA es la sigla en inglés del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que facilita garantías a empresas que desean invertir en países de economías de alto riesgo o afectadas por un conflicto. Consulté con Jack Blum, el mayor experto mundial en lavado de dinero, asesor del Poder Ejecutivo y del Senado de su país, a quien había conocido en Washington durante un encuentro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Me contestó en forma categórica que son los países y no las Naciones Unidas los que tienen unidades de reunión de inteligencia financiera. La del Tesoro de los Estados Unidos es el FINCEN (la sigla en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros).
Jack Blum, el mayor experto mundial en lavado de dinero.
Una vez que le comuniqué a Carrió esas primeras averiguaciones, los informes de DD dejaron de originarse en el MIGA y empezaron a llegar con sello del FINCEN. Le advertí que ese sello estaba tomado de Internet, lo cual se verifica porque en uno de los documentos decía “Inside Fincen”, que es donde hay que cliquear para entrar en la página de ese organismo. Luego accedí al expediente de la causa 21.272/95 del juzgado de instrucción 31, secretaría 119, en el que DD fue procesado por estafa. En su declaración indagatoria confesó que la ropa para la foto de coronel la adquirió en la tienda “Rezago”, de Morón. El juez Francisco Trovato dijo que las credenciales falsas “al no corresponderse en lo más mínimo con las legítimamente expedidas por la ONU, aparecen como grosero remedo de las mismas, inhábiles per se para engañar a cualquier persona avisada”. El juez arriesga una hipótesis: además de estafar, las usaba por “motivaciones más profundas”, visibles en sus “afirmaciones mito y megalomaníacas”.
Carrió me agradeció que hubiera desenmascarado al fabulador y me olvidé del tema, hasta que leí en los diarios que se había presentado con esos documentos ante el fiscal Stornelli, quien inició una causa con ellos. Cuando le pregunté por qué lo había hecho si ya sabía que eran falsos, me respondió que como funcionaria tenía la obligación de denunciar y que las precisiones sobre los hechos correspondían a la Justicia. Recordé el episodio hace cuatro años, cuando Carrió le explicó a la fiscal Viviana Fein la conspiración entre los ayatolas iraníes, el gobierno de Venezuela, la SIDE y el general Milani para asesinar al fiscal Nisman, y al leer un desopilante reportaje de Hugo Alconada Mon, quien se limitó a hacerle preguntas y dejar que la autodenominada tribuna de la plebe se explayara en las respuestas sin interrumpirla. No volví a hablar con ella desde que entendí que no está loca, como se presenta, sino que miente y falsea los hechos en función de intereses políticos y que la verdad es lo que menos le interesa.
Chau Rodríguez
Pero no se olvidó de Stornelli. Por el contrario, sus diputados libertadores presentaron una ampliación del pedido de juicio político al juez Luis Rodríguez, una vez que la arrepentida Carolina Pochetti le dijera a Stornelli que su exposo Daniel Muñoz le pagó millones de dólares a Rodríguez para que no avanzara en una investigación sobre su patrimonio. Rodríguez es uno más de los operadores de cuarta categoría que pueblan el serpentario de Comodoro Py.
En 2012, respondió con olvidos y omisiones al cuestionamiento de Madres y Abuelas de Plaza Mayo, HIJOS, el CELS y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en una bochornosa audiencia convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado. Yo había publicado que Rodríguez entregó su colección de parafernalia nazi para que la vendiera a las casas Militaria Martínez y armería Miranda, pero la Comisión no citó a sus titulares. El candidato dijo que coleccionaba “objetos del Imperio Británico”, una forma muy británica de englobar desde teteras hasta distintivos nazis capturados por los ingleses en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. También negó haber pedido personalmente un fallo sobre un caso similar al que le tomarían en el examen del Consejo de la Magistratura. No era necesario: lo hizo por él su secretaria, tal como denunció el juez Daniel Rafecas. Con notable sentido de la oportunidad, recién una semana antes de la audiencia Rodríguez procesó por cohecho y tráfico de influencias a José Pedraza, al vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, al agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y a los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid por digitar el sorteo de modo que la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra recayera en la sala que presidía Eduardo Riggi.
En las escuchas telefónicas ordenadas a raíz del crimen aparecieron una serie de comunicaciones en las que Pedraza ofrecía sobornos para que la Casación dejara en libertad a los primeros miembros de la patota detenidos por el homicidio y no avanzara sobre él. Luego de regatear la cifra, el agente de Inteligencia encargado de contactos judiciales Juan José Riquelme le aclaró a Pedraza que los 50.000 dólares los recibiría Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había sido secretario de Riggi en la Cámara, y se encargaría de encaminar la causa el prosecretario de Casación e hijo del camarista homónimo Luis Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, que sorteaba a qué sala iba cada expediente. La causa ingresó como se había pedido “a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo”, según el mensaje de Riquelme a Stafforini. A raíz de las escuchas, la policía llegó al estudio de Aráoz de Lamadrid en cuanto Stafforini dejó allí un sobre con los dólares, que fueron incautados.
Juez Luis Osvaldo Rodríguez: parafernalia nazi y exámenes copiados.
Rodríguez no encontró pruebas para incriminar a Riggi, pese a que está probada la relación de más de una década del camarista con Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar y el vínculo de intimidad de Riggi con Riquelme, por lo que “la posibilidad de influir de los distintos actores que intervinieron en la maniobra era real y no ficticia”, según dijo la cámara de apelaciones. La fiscal de cámara subrogante Mónica Cuñarro detectó que la relación de Aráoz con Riggi es aún anterior: fue su relator hace más de veinte años en el fuero penal económico. Y más íntima: cuando Aráoz de Lamadrid fue designado juez federal subrogante, su primer acto fue nombrar como secretaria a la hija de su protector, Laura Riggi. Luego de varios años como juez subrogante volvió a la profesión y la primera factura que emitió fue como defensor de uno de los miembros de la patota ferroviaria en esta causa. También estableció que Ameghino Escobar fue designado jefe de sorteos de la Cámara por Riggi. Por la injustificada demora de Rodríguez se perdieron los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días.
El CELS, que había impugnado a Rodríguez, pidió el juicio político de Riggi, cuyo pliego ya había impugnado en 1992. En la audiencia, Rodríguez admitió ser amigo y compadre de Javier Fernández, aunque dijo que nada sabía de una red judicial paralela ni de la Secretaría de Inteligencia. Carece de importancia lo que él reconozca, pero es decisiva la existencia de esa red que el auditor Fernández montó en su propio interés, con el pretexto de favorecer al gobierno en causas difíciles. A cualquier gobierno, se entiende.
Los baños de Comodoro Py desbordan. Bienvenida la limpieza, aunque sea tan selectiva.
Francisco Javier Fernández: los que cambian son los gobiernos. El servicio es el mismo.Fuente:ElCohetealaLuna
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