marzo 5, 2019
El Juicio Monte Pelloni 2, tuvo una nueva audiencia este viernes en la ciudad de Mar del Plata. La fiscalía continuó con sus alegatos y se refirió a ocho casos que involucran secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos durante la última dictadura militar en Olavarría. El juicio retoma el próximo jueves 14.
Por Leandro Lora
La etapa de alegatos es quizás la instancia más completa que presenta un juicio, dado que es la exposición final que realizan las partes involucradas, a partir de todas las pruebas recabadas a lo largo del proceso judicial. Durante este tiempo, se intenta demostrar o desestimar los hechos denunciados, para finalmente exigir las condenas o absoluciones que se consideren correspondientes. En el Juicio Monte Pelloni 2, es el Ministerio Público Fiscal quien tiene la principal obligación de demostrar los hechos que se denuncian y esto implica, sin duda, un trabajo extremandamente detallado y puntilloso. Todo lo que ha ocurrido en estas dos jornadas, viene siendo expresión de esa ardua tarea, y se ha convertido en una clase de historia minuciosa, sobre los años de la última dictadura militar en Olavarría. Con cada exposición que realiza la fiscalía, se genera una suerte de impotencia por no poder contar con tan histórico acontecimiento en nuestra localidad. Y es que lo que allí se habla de Olavarría, de nuestra historia más profunda y triste, pero a la vez tan reveladora que se hace imperiosa la necesidad de que los y las miles de olavarrienses la conozcan.
Bajo la presidencia del Dr. Luis Imas, el Tribunal dio inicio a la audiencia del día a las 9 en punto de la mañana. Se encontraban presentes la Dra. Maria Angeles Ramos y el Dr. Juan Manuel Portela en representación del Ministerio Público Fiscal; el Dr. Manuel Marañón en representación de la Secretaría de DDHH de la Pcia. de Bs As. Y la Dra. Mariana Catanzaro junto al Dr. Guillermo Torremare en representación de la APDH. Por su parte, la defensa estuvo representada con la presencia de 6 abogados, 3 por la defensa oficial y 3 por las defensas particulares. Entre el público se encontraban representantes de la Comisión por la Memoria de Olavarría y varios ciudadanos de Mar del Plata que vienen acompañando asiduamente este juicio.
El Dr. Juan Manuel Portela fue quien se encargó de exponer 8 casos durante las casi 5 horas que duró la audiencia del día. Es importante destacar que en esta primera parte, la fiscalía primero va a demostrar los hechos denunciados, para luego de ello, demostrar las responsabilidades particulares de cada uno de los 23 imputados.
Hermida, Vargas y Lafitte
Alberto Vicente Hermida, Manuel Daniel Vargas y Nestor Horacio Lafitte, fueron secuestrados en mayo de 1977 en la ciudad de Olavarría. El primero sufrió la detención en su domicilio, el segundo en un hotel en el que se alojaba, y el tercero al presentarse voluntariamente en el regimiento, dado que venían amenazando a su familia. Los tres estuvieron secuestrados en los calabozos del regimiento y en el Centro Clandestino “La Huerta” en la ciudad de Tandil. Todos ellos sufrieron torturas y vejaciones que incluyeron picana eléctrica, la práctica conocida como submarino, entre otras. Como en casi todas las exposiciones, el Dr. Portela demostró los hechos a través del cruce de los testimonios, las inspecciones oculares, y la exposición de los legajos de inteligencia de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Bs As). Durante más de una hora, el fiscal presentó las pruebas que demuestran el trabajo conjunto entre las FFAA, la policía bonaerense y el Servicio Penitenciario, exponiendo, entre otros, al por entonces jefe de la Unidad N°7 de Azul, Enrique Vázquez.
Durante este caso, Portela mencionó la existencia de la “comisión asesora sobre antecedentes ideológicos” que habría estado integrada por varias fuerzas de seguridad y determinaba las ideologías de quienes estaban siendo investigados. En el caso de Vargas había resuelto, para su liberación, que este no era marxista.
“Una crueldad macabra y tortuosa”
Los hechos que refieren a Francisco Nicolás Gutiérrez, fue el segundo caso que expuso la fiscalía. Allí se demostró que la prueba recabada daba cuenta del secuestro y tortura que sufrió el padre de Amelia y Araceli Gutierrez. Francisco era policía y fue secuestrado en Tandil, la noche del 13 de septiembre de 1977 y liberado en febrero de 1978. El objetivo que se perseguía, era que Gutierrez identificara donde vivía su hija Amelia y su yerno, pero al no conseguir la información necesaria, terminaron secuestrando a sus dos hijas con sus respectivas parejas. La familia Gutierrez estuvo secuestrada en la Brigada de investigaciones de Las Flores y en el Centro Clandestino Monte Pelloni, y el sometimiento a las diferentes torturas incluyo que fuera obligado a elegir entre la vida de una de sus dos hijas “una crueldad macabra y tortuosa para él” señaló Portela.
El fiscal dio cuenta de que la no intervención de la policía ante el secuestro de Francisco Nicolás Gutierrez implicó una zona liberada, y esto fue fundamentado por declaraciones que expusieron los roles que cumplieron el, por entonces Oficial de Operaciones (S2) del Batallón Logístico 1 de Tandil, Roque Italo Pappalardo; el ex Oficial de inteligencia Teniente Coronel Cordero y el ex Comisario Nestor Omar Vapore. Este último había dicho que “era deber de todo funcionario, unirse a esta cruel lucha que todos teníamos que soportar” señaló Portela.
“Una parodia”
El tercer caso, fue el referido a Amelia Isabel Gutiérrez y Juan Carlos Ledesma. Ambos fueron secuestrados de su vivienda en Olavarría el 14 de septiembre de 1977 y aún hoy permanecen desaparecidos. En esta exposición, que duró cerca de media hora, Portela se refirió a las actuaciones policiales como “una parodia”, ya que al denunciar en la Comisaría 1° de Olavarría estas desapariciones, dicha dependencia, solicitaba asistencia a la Brigada de Investigaciones de Las Flores, desde donde remitían desconocimiento de la situación y del paradero de las personas. La “parodia” se fundamenta en que la fiscalía probó que los secuestros se habían producido con participación de la policía de Olavarría, y que las personas estaban secuestradas justamente en la Brigada de Investigaciones de Las Flores. “Los que participaron del secuestro, le pedían información a los que tenían a los secuestrados” remarcó el fiscal. Esto, además de demostrar la mentira y la complicidad policial, demuestra el carácter clandestino de estos procedimientos, dado que las personas desaparecidas no figuraban en los registros de ingresos y egresos de detenidos. Es evidente que esta investigación era una parodia. Es el sexto caso que mencionamos y ya vimos varias de estas parodias” insistió Portela. Lo cierto es que el caso de averiguación que simulaba la policía bonaerense, claramente se archivó.
Entre las pruebas que presentó la fiscalía para dar cuenta de esta complicidad policial, está el testimonio del Coronel retirado Cordera, quien había manifestado que, en septiembre, habían participado del secuestro de alguien a quien le decían “el negro”. Así le decían a Juan Carlos Ledesma.
La articulación de todas las áreas
El cuarto caso que expuso la fiscalía fue el de Graciela Noemí Follini y Ruben Argentino Villeres, secuestrados de su domicilio en la madrugada del 16 de septiembre de 1977. Fueron llevados al regimiento, luego a la Brigada de Investigaciones de Las Flores, y finalmente a la Brigada de Investigaciones de La Plata, último destino conocido. Ambos permanecen desaparecidos. En este caso, Portela explicó la articulación existente entre las distintas áreas en las que la Fuerzas Armadas organizaron la región.
La denominada Sub Zona 12 involucraba a varias ciudades de la región centro bonaerense, entre ellas, Las Flores, Tandil, Azul y Olavarría. Era en Tandil donde se instaló el comando central de esta Sub Zona, y cada jurisdicción tenía una jefatura de área, responsable de las operaciones en su territorio. Olavarria era el área 124 y estaba a cargo del por entonces Teniente Coronel Ignacio Anibal Verdura. En el mismo sentido, Las Flores era controlada por el Área 123 y Tandil por el Área 121. Esto explica cómo es que el trabajo de inteligencia, secuestro, tortura y desaparición, era articulado entre las diferentes áreas involucradas, y participaban las diferentes fuerzas de seguridad, subordinadas al control de las Fuerzas Armadas.
“A disposición del área 124”
El quinto caso que presentó la fiscalía fue el de Lidia Araceli Gutiérrez y Néstor Horacio Elizari. Ambos fueron secuestrados de su domicilio durante la madrugada del 16 de septiembre de 1977 y consiguieron la libertad entre julio y septiembre de 1980, por decretos del Poder Ejecutivo Nacional. En esta exposición, que duró cerca de media hora, Portela probó los hechos denunciados a través de testimonios, prueba documental escrita y las inspecciones oculares, y pidió profundizar la investigación sobre algunos hechos particulares asociados al tratamiento que sufrió Araceli Gutiérrez durante su cautiverio.
Al momento de ir presentando las pruebas que dan cuenta de los hechos denunciados, también se fue fortaleciendo, no solo la intervención concreta de otras fuerzas de seguridad como el Servicio Penitenciario Bonaerense, sino también la subordinación de estos a las Fuerzas Armadas. Ello se desprende de la denominación que el SPB utilizaba para referirse a los detenidos como “detenido especial y detenido subversivo” o la referencia que hacía la Unidad 7 de Azul, al reconocer en documentos oficiales, que estaban “a disposición de la Sub Zona 12 o del área 124”. Esto involucra a quien fuera el jefe de la U7 por entonces, Enrique Vázquez.
“Todo fraguado, todo mentira”
Alrededor de las 12:20hs la fiscalía procedió a exponer las pruebas vinculadas al caso de Jorge Oscar Fernández, secuestrado de su vivienda en Olavarría el 16 de septiembre de 1977 y asesinado a fines de ese mismo año.
Durante la exposición de este caso, Portela destacó varios aspectos que prueban, no solo la complicidad policial con las Fuerzas Armadas, sino también la subordinación del Poder Judicial y la mentira organizada para intentar tapar el asesinato.Jorge Oscar Fernandez fue secuestrado, torturado y asesinado, habiendo pasado por la Brigada de Investigaciones de Las Flores, por el Centro Clandestino Monte Pelloni y por el Centro Clandestino “La Huerta” en Tandil. Su muerte figura con fecha 25 de septiembre de 1977, producto de hemorragia por herida de bala en un enfrentamiento. Esta no solo fue la información que se publicó en los medios de comunicación, sino que además fue certificada por José Antonio López Villamide, médico del ejército por ese entonces. Sin embargo, el cuerpo fue devuelto a su familia en condiciones de extrema violencia y crueldad, el día 30 de noviembre de 1977. Más de dos meses después. “Todo fraguado, todo mentira” resaltó Portela durante la exposición. La fiscalía descree de la fecha de muerte, pero sobre todo desmiente las condiciones y para ello no solo citó la autopsia que sus familiares realizaron con posterioridad, en la que se encontraron dos heridas de bala, una en el corazón y otra en la cabeza, sino que se recordó el testimonio que expuso en su momento Mario Méndez (ver último caso referido en esta nota) quien, estando secuestrado en Monte Pelloni, escucho decir a los soldados que “al flaco (en referencia a Maccarini, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense) está bien porque es un traidor, pero lo del otro pibe es un asesinato”. “Hasta los propios guardias lo reconocían como un asesinato” señaló Portela.
La exposición de la fiscalía repasó también que, cuando la justicia buscó intervenir en este caso, el jefe de la Sub Zona 12, por entonces General Alfredo Oscar Saint-Jean, le pidió al juez que se inhiba de investigar. El juez accedió y Saint- Jean sumó esta causa al expediente que estaba investigando a la víctima como subversivo.
Finalmente, Portela recordó que Jorge Oscar Fernandez era militante y además el referente local de la Juventud Peronista, dato que no sólo demostró a partir de los testimonios de sus compañeros, sino también a partir de la exposición de lo que la ex DIPBA, venía investigando.
“Creí que estaba muerto, porque uno no sabe lo que es la muerte”
El anteúltimo caso que presentó la fiscalía fue el de Osvaldo Roberto Fernández (Cacho), secuestrado en la vivienda de la abuela de su novia, durante la madrugada del 16 de septiembre de 1977. Cacho, hermano de Jorge Oscar Fernández, fue liberado el 24 de diciembre de 1982 y fue uno de los que insistió con la averiguación de lo que había sucedido con el asesinato de su hermano.
Durante este caso, se hizo hincapié en destacar el carácter clandestino de las detenciones y en los intentos por blanquear los secuestros, a partir de los Consejos de Guerra, que simulaban juicios condenatorios a civiles, bajo órbita militar. “Las condenas se fundaron en confesiones hechas a punta de pistola” señaló Portela, recuperando los testimonios que las víctimas brindaron, al contar cómo eran obligados y amenazados, para firmar declaraciones que ellos no habían realizado.
Durante casi media hora, la fiscalía demostró los hechos denunciados, detallando las torturas y simulacros de fusilamiento que sufrió Fernández, donde este llegó a expresar “creí que estaba muerto, porque uno no sabe lo que es la muerte”. También señaló la terminología que utilizaba la ex DIPBA para referirse a Fernández “Secuestrado montoneros”, o la existencia de una “División detenidos especiales” en el Juzgado Federal de Azul, o la existencia de comunicados entre el SPB y el Consejo de Guerra.
“No tengo ganas de defenderte, si fuera por mí te daría la pena de muerte”
Cerca de las 14:15hs, el fiscal Portela expuso el último de los casos de la jornada, referido a Mario Elpidio Méndez, secuestrado de su domicilio el 16 de septiembre de 1977 alrededor de las 4AM y liberado en plena democracia, el 8 de febrero de 1984.
Durante este caso, Portela continuó demostrando la complicidad policial y del Servicio Penitenciario Bonaerense en conjunto con las Fuerzas Armadas. Allí señaló que la ex DIPBA ya registraba a Méndez desde 1972 y para dar cuenta de los hechos, recurrió a los testimonios de sus compañeros que lo identificaron en los Centros Clandestinos de Detención, y a los testimonios brindados por su esposa Graciela Llorente, y de vecinos que habían señalado movimientos en los alrededores, la madrugada de su secuestro. Incluso el vecino contiguo a la casa de Méndez, testimonió en la comisaría de Olavarría y dijo que, al ingresar por su patio, las Fuerzas de seguridad le habían robado algunos elementos de su propiedad.
Todas las personas secuestradas estuvieron encapuchadas y atadas en cautiverio, pero Méndez tuvo oportunidad de correrse la capucha en cierta oportunidad, lo que le permitió ver en Monte Pelloni, un fiat 125 o 128 amarillo, un unimog, una ambulancia y varios soldados custodiando a jóvenes.
El fiscal contó también las gestiones que Graciela Llorente (Cheli) realizó para poder dar con el paradero de su marido, y para conseguir su liberación. También, en su momento, había contado que Méndez le refirió que, durante su Consejo de Guerra, el militar que le habían asignado como defensor le dijo “No tengo ganas de defenderte, si fuera por mí te doy la pena de muerte”.
La fiscalía viene señalando que las intervenciones judiciales, a partir de los “blanqueos” que sufrieron los secuestrados, al ingresar a las diferentes Unidades Penitenciarias, nunca se preguntaron qué fue lo que les pasó desde el momento de sus detenciones hasta su primer ingreso a un Servicio Penitenciario. En el caso de Méndez, Portela dijo que “ni los jueces, ni los auditores se preguntaron qué pasó desde la detención, hasta su ingreso en la U7 (Ingresó, luego del consejo de Guerra, en enero de 1978)”.
A Graciela Llorente el juez le rechazó la excarcelación y el habeas corpus presentado en plena democracia, hasta que finalmente, el 8 de febrero de 1984, sobreseyeron a Méndez.
Señores jueces…
La audiencia por el juicio Monte Pelloni 2 va a continuar el jueves 14 de marzo a las 11hs, en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Allí seguirá exponiendo el Ministerio Público Fiscal sus alegatos, en lo que se esperan aproximadamente 30 horas más de argumentación. Es un juicio extenso, tal vez más de lo que se esperaba en un principio, allá por agosto del 2017 cuando comenzó. Sin embargo, se encuentra en su etapa final y definitiva. Es una oportunidad única e histórica para presenciar, con lujo de detalles, una investigación que atraviesa lo más profundo de la historia olavarriense, y recorre más de 40 años de lucha y memoria. Cada argumento está basado en decenas de documentos y testimonios que han ido presentándose, no sólo en este juicio, sino en infinitas instancias anteriores. Desde los archivos de inteligencia de 1972, pasando por las denuncias fallidas en las comisarías locales, o el Juicio a las juntas de 1985, los Juicios por la Verdad del 2006 o el Juicio Monte Pelloni 1 que se realizó en Olavarría en el 2014.
El juicio Monte Pelloni 2 es historia pura, de extremo interés para los y las olavarrienses que tal vez aún no se han enterado siquiera, lo que está aconteciendo a más de 300 kilómetros de distancia. Vaya a saber las razones que existen para que esto no sea de interés municipal, tal vez un descuido, o parte de un desinterés contra el que también se lucha día a día. Lo cierto es que ahí está, transcurriendo sin cesar, con algunas dilaciones, pero está. Latiendo en recuerdos tortuosos que describen a la perfección la tragedia argentina de quienes intentaron (e intentan) por la fuerza, imponer modelos económicos de exclusión y pobreza. Olavarría es un claro ejemplo de lo ocurrido a nivel nacional, por su perfil productivo y su capacidad de contar con una masa trabajadora organizada que defienda sus derechos. Esta es una nueva oportunidad, un nuevo capítulo para que al menos, en el plano de la justicia institucional, ocurra lo que el Dr. Juan Manuel Portela señaló sobre el final del alegato de Mario Méndez: “Ni él, ni su esposa podrán presenciar el momento en el que ustedes, señores jueces, condenen a las personas que hicieron esto”. AC-FACSO
Fuente:EnLineaNoticias
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