17 de marzo de 2019

TROPEL.

Mientras el juez Ramos Padilla estaba en el Congreso, la Embajada de EE.UU. reunió a implicados en la investigación

La sede diplomática reunió a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Ejecutivo mientras Ramos Padilla revelaba una trama de espionaje ilegal y extorsión.

Por Ari Lijalad, El destape, 14 de marzo 2019

 Macri quiere echar al juez Ramos Padilla por investigar a la mafia gubernamental
Por Sebastián Abrevaya, 16 marzo 2019
Cada vez más comprometido por la investigación de la red de espionaje y extorsión política, mediática y judicial, el Gobierno decidió cortar de raíz el proceso que involucra a muchos de sus principales operadores: pidió al Consejo de la Magistratura el juicio político contra el juez P/2/3
El Poder Ejecutivo presentaría la denuncia en el Consejo de la Magistratura este lunes. 
Imagen: Joaquín Salguero
El gobierno decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D’Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como Carlos Stornelli, periodistas y dirigentes políticos. Al finalizar la tarde, el Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. Según difundió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, el gobierno de Mauricio Macri fundó la solicitud en la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. El hecho principal que se le recrimina es la exposición del magistrado en el Congreso, el 13 de marzo. La decisión provocó un fuerte rechazo dirigentes políticos y abogados especialistas en derecho penal, que la caracterizaron como un “suicidio institucional”, un  acto de “autoencubrimiento” y un intento de “obstaculizar la investigación”. Fuentes del oficialismo en el Consejo adelantaron a PáginaI12 que el pedido de juicio político podría presentarse este mismo lunes.
La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D’Alessio, quien se negó a declarar. También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D’Alessio para realizar tareas de espionaje. En los allanamientos y la investigación sobre D’Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto. El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D’Alessio le cuenta a Stornelli que “estaba con el amigo MM”. También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional.
En la nota dirigida por la cartera que conduce Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, el Ejecutivo sostiene que el juez actúa con “intencionalidad”, “afirmando como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”. Le pide entonces al Consejo que determine si el juez incurrió en “incumplimiento de sus funciones”, y argumentó que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. “No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal”, manifestó la nota.
Asimismo, se señaló que “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal”. Y concluye que, “con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto.
Por otra parte, se remarcó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. “El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, finaliza la nota.
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el abogado Andrés Gil Domínguez. “Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas del kirchnerisno y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así”, señaló Gil Domínguez.
Para Maximiliano Rusconi la decisión de Cambiemos “es un tremendo y global acto de autoencubrimiento”. “La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿o esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno”, completó el abogado.
En una línea similar, Elizabeth Gómez Alcorta advirtió sobre la voluntad del Gobierno de “obstaculizar una investigación” y la actitud de “defensa de los que intervienen en esta organización paraestatal” que está siendo investigada. En cuanto a la actitud del juez en el Congreso, Gómez Alcorta remarcó que “todo lo que fue manifestado por Ramos Padilla formaba parte de lo que ya estaba en las resoluciones que ya había dictado, en los distintos procesamientos, como en el pedido del llamado a indagatoria, resoluciones que se hicieron publicas, porque una vez que las partes toman conocimiento, las teníamos todos”. “No adelantó en ningún momento opinión”, ratificó. En último punto, la abogada consideró que hay “una doble vara”, ya que no hay pedidos de juicio político a Stornelli, “quien está absolutamente acreditado a esta altura su actuación irregular”.
“Pero además también una cantidad de funcionarios, la mayoría fiscales que se pasean en programas televisivos que son asiduos asistentes a TN y que en ese sentido nadie objeta que puedan dar a conocer o que puedan hablar sobre las investigaciones que tienen en curso. Si uno pone en tela de juicio todo esto justo, creo que lo que queda claro es que lo no quieren que el juez Ramos Padilla siga investigando o que se conozca, o que todos podamos conocer que es lo que está pasando, que es lo que hay en esa causa”, agregó Gómez Alcorta.
El trámite en el Consejo
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que deberá analizar la denuncia contra el juez está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. También la integran la diputada massista Graciela Camaño, el macrista Pablo Tonelli, la senadora radical Inés Brizuela y Doria, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea. De esos 9 miembros, se necesitan 6 para emitir dictamen a favor de la destitución, que luego debe ser evaluada por el pleno del Consejo. Si bien 3 responden obedientemente al Ejecutivo (Mahiques, Tonelli y Brizuela), fuentes del Consejo sostenían anoche que es poco probable que los jueces Lugones y Culotta, pese a que son cercanos al oficialismo, decidan avanzar contra un par. “Tiene que ser una acusación muy, muy fuerte”, revelaban anoche. Tampoco será fácil que Molea, cercano al peronismo, acompañe la embestida. Habrá que ver qué actitud adopta Más Vélez, de cuna radical, pero cuyo voto no alcanzaría para lograr avanzar con la destitución.
De todas maneras, Ramos Padilla tiene que ir al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, ya que está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave. Es el que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si bien podría quedar primero en la terna que el consejo eleve al Ejecutivo, está más que claro que Macri no seleccionará el pliego de un juez al que pretende destituir
Correpi presentó informe de la situación represiva
Resumen Latinoamericano, 15 de marzo 2019.
En Plaza de Mayo, este viernes, la Correpi presentó el informe de la situación represiva en Argentina ( adjunto al final).
El informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denunció el aumento de los casos de gatillo fácil durante la gestión de Mauricio Macri.
“Desde que gobierna Macri, hay un muerto cada 21 horas” como consecuencia de la represión estatal, notificó el informe.  “El gobierno de Macri tiene más muertos que días de gestión”, remarcó la Coordinadora.
En el acto participaron Sergio Maldonado y Nora Cortiñas, entre otros familiares de víctimas de la represión y referentes de derechos humanos.
“Necesitamos más Darío Santillán y Santiago Maldonado… y menos Chocobar y Patricia Bullrich”, afirmó Sergio, hermano de Santiago Maldonado.

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INFORME

Tres años de gobierno de Cambiemos: El gobierno más represor desde 1983
A tres años cumplidos de gestión de Cambiemos, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios. A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo.
Señalábamos que, frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente.
Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas. Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia.
En el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra 5.462 que teníamos registrados hace un año.
Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019.
Esa impresionante cifra, que representa el 20% del total desde diciembre de 1983 en poco más de tres años, se desglosa de la siguiente manera:


Es necesario aclarar que el perfeccionamiento de las herramientas de búsqueda y el acceso a nuevos recursos y bases de datos nos ha permitido ubicar casos que debieron estar incluidos hace años, como uno de 1985, 20 de 1989 y 8 entre 2000 y 2010.
También hemos logrado identificar una gran cantidad de casos de personas muertas en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires entre 2012 y 2015, lo que incrementó entre 100 y 150 los datos de esos años.
Esto confirma la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, y nos da también la certeza de que, a los casos actualmente registrados de 2018, tendremos que sumar más de un centenar que recién conoceremos cuando se publiquen, en el curso de 2019, los informes oficiales de muertes en cárceles y comisarías a nivel federal (Procuración Penitenciaria de la Nación) y provinciales (Comisión por la Memoria).


G R Á F I C O N ° 1: Casos por año 1983/2018
La tabla y gráfico muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989, 2000/2001, 2010, 2013). Se evidencia un gran incremento a partir de fin de 2015, sostenido en 2017 y 2018, a pesar de los datos que nos faltan aún de ese último año.


G R Á F I C O N ° 2: Casos acumulados por Archivo
Este gráfico y la tabla muestran la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo tercera, en 2018.


G R Á F I C O N ° 3: Casos por Gobierno
Esta tabla y este gráfico muestran el total de casos de cada gobierno, y el porcentaje sobre el total de casos registrados:


En sus tres primeros años de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados es responsable del 20% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983.


G R Á F I C O N ° 4: Muertes por día
Más impactante aún es el resultado si obtenemos el promedio diario, en función del tiempo de gobierno, que supera más de un muerto por día:


G R Á F I C O N ° 5: Casos por fuerza
Desde el 1º de enero de 2017 comenzó a operar en CABA la Policía de la Ciudad, fruto de la fusión de la Policía Metropolitana, creada por el mismo Mauricio Macri en 2008 durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño, con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Así, quedó constituida una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo. Y todo esto sin retirar, sino incrementar, la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios, más los efectivos de la Policía Federal “residual”, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los vigiladores privados, muchos también policías o de otras fuerzas.
Ya el año pasado veíamos cómo este cambio se reflejaba en el Archivo. Opacando los 22 casos de la Policía Metropolitana entre 2011 y 2017, ya registramos 43 de la Policía de la Ciudad desde enero de 2017. Asimismo, disminuyó la incidencia de la Policía Federal, porque la fuerza quedó reducida a unas pocas dependencias en la Ciudad de Buenos Aires y las delegaciones en las provincias.
Por ejemplo, en 2016, antes del traspaso de la mayor parte de la PFA a la PC, la fuerza federal registró un total de 25 casos, contra 19 de 2018. Pero lejos de tratarse de un descenso de su poder letal, como en 2018 hay 21 casos de responsabilidad de la Policía de la Ciudad, y dos tercios de sus miembros eran hasta el año anterior federales, la cuenta real asciende a 40.
En sus dos años de existencia, además, la Policía de la Ciudad logró el récord de duplicar la cantidad de casos registrados por la Metropolitana en cuatro veces más tiempo (PC, 43 casos en 26 meses, PM, 22 en 8 años).
La Policía de la Ciudad mató 43 personas en 26 meses. Más de dos personas por mes. Otro gran éxito de Cambiemos.


G R Á F I C O N ° 6: Porcentaje por fuerza
En este gráfico se advierte que la mayoría de las muertes (49%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, y que le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país (36%). Si se vincula este cuadro con el de las distintas modalidades, se advierte la gran incidencia de muertes en cárceles y comisarías con exclusión de niñxs y adolescentes (el personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial). Indudablemente la decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar al máximo la intercepción de personas para identificar y requisar, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil “resistencia a la autoridad”, ha incrementado la circulación de personas en comisarías, y por eso la cantidad total de muertes con intervención de las policías en general resulta bastante superior a los casos estrictamente de gatillo fácil en la vía pública, que aumentaron también, pero en menor proporción.
Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los 90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada también su participación, después del protagonismo excluyente que tuvieron, en 2017, en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”, y, como ya se señalara, el personal de lugares de detención de niñxs y adolescentes.


G R Á F I C O N ° 7: Modalidades represivas


En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (46,8%) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3%).
Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio.
Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos tres años se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, como se verá más adelante, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. Excluyendo los casos de contacto directo con la familia o amigos, son los medios de comunicación popular y las redes sociales los que nos permiten enterarnos la mayoría de las veces. A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por los medios hegemónicos. El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos distintivos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de estado, que se complementa con medidas normativas, como la Resolución 956/18 y el Programa Restituir.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. En 2018, resulta inevitable destacar el caso de la comisaría de Transradio, Esteban Echeverría, que estaba inhabilitada para tener personas detenidas por la falta de condiciones mínimas para el alojamiento. De 27 personas hacinadas en un calabozo con capacidad para mucho menos que la mitad, 10 murieron como consecuencia de un incendio. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, etc.).
En los pocos casos en los que podemos acceder a datos oficiales, como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las cárceles federales, o los de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, constatamos que también en este “rubro” el gobierno de Cambiemos muestra su eficacia represiva, con un promedio cercano a las 150 muertes al año solo en unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 13.529, mientras que las unidades bonaerenses, con capacidad para 29.000 personas, hay 38.000, sin contar las más de 4.000 amontonadas en comisarías de la provincia, con espacio para menos de 1.000 y sólo por períodos breves.
La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
Las casi 200 desapariciones registradas no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como con muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Así, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los casos en que la víctima fue fusilada y luego desaparecida están bajo la modalidad gatillo fácil, y Santiago Maldonado, se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 91 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente, y sumó, en 2018, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.
G R Á F I C O N ° 8: Mayor/menor de 25 años
El 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. Dado que hay un 14,3% del total sin datos suficientes, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años.
El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social.


Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 42,1% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y llega a casi el 70% si se suman los menores de 15 y los de 25 a 35 años.
En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas ocupan el 6,2% y el 5,2%.
G R Á F I C O N ° 9: Edades


Es necesario destacar que el 20,5% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos, por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que la mayoría de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.
La misma dificultad aparece con la causa y circunstancias de la muerte, a veces oficialmente listada como “accidente en el marco de una medida de fuerza”, que traducido del eufemismo oficial al castellano puede significar, por ejemplo, que murió asfixiado/a porque no le abrieron la reja durante una protesta o reclamo con quema de colchones, como en la comisaría de Pergamino o la de Transradio.
No tenemos dudas de que las muertes en cárceles es uno de los segmentos más sub-registrados en este Archivo, ya que no contamos con fuentes oficiales del resto del país.
G R Á F I C O N ° 1 0: Casos por provincias
De Ushuaia a La Quiaca
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 51,49% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.


Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.550 casos de una con los 277 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.
G R Á F I C O N ° 1 1: Índice por provincias
Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:


Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable, como es el caso de San Juan, donde no contamos con ninguna fuente excepto medios de comunicación.
La provincia de Buenos Aires continúa primera, con muy poca diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón también muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba.
Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación.


G R Á F I C O N ° 1 2: Femicidios de uniforme
Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.
Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.
Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 349 casos sobre un total de 596 de víctimas mujeres, travestis y mujeres trans, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme (299 de 312), mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:


También registramos 38 femicidios relacionados, entendiendo por tales los casos en los que, además, o en lugar de la mujer, el violento mata a otros familiares (hijos e hijas, madres, padres, hermanos), nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.
En algunos casos, que han crecido en estos últimos dos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.
El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Pero en 2019 ese 20% creció a casi el 30%, ya que de los primeros 15 femicidios del mes de enero, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.
G R Á F I C O N ° 1 3: Muertxs por luchar
Las muertes en la represión a la protesta
Desde 1983, se registran 91 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 42 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. En el interregno de Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde fueron 5 las muertes en esta modalidad (Darío y Maxi bajo la gestión de Duhalde). Menem y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, ya superados Mauricio Macri, que, en 2018, sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.


NombreFechaLugarGestión responsable
MAZZI, Juana Amelia29/05/1989Santa FeAlfonsín
LAROSA, José29/05/1989Santa FeAlfonsín
N.N. Masculino29/05/1989Santa FeAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Santa FeAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Santa FeAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Santa FeAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989TucumánAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989TucumánAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989TucumánAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989TucumánAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
N.N. Masculino30/05/1989Buenos AiresAlfonsín
CHOQUE, Víctor12/04/1995Tierra Del FuegoMenem
RODRÍGUEZ, Teresa12/04/1997NeuquénMenem
OJEDA, Mauro César17/12/1999CorrientesDe la Rúa
ESCOBAR, Francisco17/12/1999CorrientesDe la Rúa
VERÓN, Aníbal10/11/2000SaltaDe la Rúa
MOLINA, Ramón23/11/2000ChacoDe la Rúa
CARRANZA, Félix Fernando26/12/2000CórdobaDe la Rúa
BARRIOS, José Oscar16/06/2001SaltaDe la Rúa
SANTILLÁN, Carlos16/06/2001SaltaDe la Rúa
RAMÍREZ, Damián Vicente19/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
PEREYRA, Rubén19/12/2001Santa FeDe la Rúa
PEDERNERA, Sergio19/12/2001CórdobaDe la Rúa
PACINI, Miguel19/12/2001Santa FeDe la Rúa
DELGADO, Juan19/12/2001Santa FeDe la Rúa
GRAMAJO, Roberto Agustín19/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
GARCÍA, Yanina19/12/2001Santa FeDe la Rúa
LEPRATTI, Claudio “Pocho”19/12/2001Santa FeDe la Rúa
SPINELLI, Carlos Manuel19/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
SALAS, Ariel Maximiliano19/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
ACOSTA, Graciela19/12/2001Santa FeDe la Rúa
VILLALBA, Ricardo19/12/2001Santa FeDe la Rúa
LAMAGNA, Diego20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
ALMIRÓN, Carlos “Petete”20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
PANIAGUA, Rosa Eloísa20/12/2001Entre RíosDe la Rúa
ÁLVAREZ Villalba, Ricardo20/12/2001Santa FeDe la Rúa
ARAPI, Ramón Alberto20/12/2001CorrientesDe la Rúa
AREDES, Rubén20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
MORENO, David Ernesto20/12/2001CórdobaDe la Rúa
AVACA, Elvira20/12/2001Rio NegroDe la Rúa
MÁRQUEZ, Alberto20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
LEGEMBRE, Cristian E.20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
BENEDETTO, Gustavo Ariel20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
ITURAIN, Romina20/12/2001Entre RíosDe la Rúa
GUÍAS, Pablo Marcelo20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
FLORES, Julio Hernán20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
FERNÁNDEZ, Luis Alberto20/12/2001TucumánDe la Rúa
ÁVILA, Diego20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
ENRIQUEZ, Víctor Ariel20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
RÍOS, Sandra20/12/2001Santa FeDe la Rúa
VEGA, José20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
RODRÍGUEZ, José Daniel20/12/2001Entre RíosDe la Rúa
ROSALES, Mariela20/12/2001Buenos AiresDe la Rúa
TORRES, Juan Alberto20/12/2001CorrientesDe la Rúa
RIVA, Gastón Marcelo20/12/2001Ciudad De Buenos AiresDe la Rúa
CAMPOS, Walter21/12/2001Santa FePuerta/R. Saá/Duhalde
SANTILLÁN, Darío26/06/2002Buenos AiresPuerta/R. Saá/Duhalde
KOSTEKI, Maximiliano26/06/2002Buenos AiresPuerta/R. Saá/Duhalde
CÁRDENAS, Jorge02/08/2002Ciudad De Buenos AiresPuerta/R. Saá/Duhalde
FERREIRA, Sergio Miguel*26/12/2002CórdobaPuerta/R. Saá/Duhalde
CUÉLLAR, Luis Marcelo10/10/2003JujuyN. Kirchner
FUENTEALBA, Carlos04/04/2007NeuquénN. Kirchner
ERAZO, Juan Carlos05/04/2008MendozaC. F. de Kirchner
VARGAS, Facundo16/01/2010Buenos AiresC. F. de Kirchner
CÁRDENAS, Sergio*17/06/2010Rio NegroC. F. de Kirchner
CARRASCO, Nicolás17/06/2010Rio NegroC. F. de Kirchner
FERREYRA, Mariano20/10/2010Ciudad De Buenos AiresC. F. de Kirchner
LÓPEZ, Roberto23/11/2010FormosaC. F. de Kirchner
LÓPEZ, Mario25/11/2010FormosaC. F. de Kirchner
SALGUEIRO, Bernardo07/12/2010Ciudad De Buenos AiresC. F. de Kirchner
CHURAPUÑA, Rosemary07/12/2010Ciudad De Buenos AiresC. F. de Kirchner
CANAVIRI Álvarez, Emilio09/12/2010Ciudad De Buenos AiresC. F. de Kirchner
VELÁZQUEZ, Juan José28/07/2011JujuyC. F. de Kirchner
MÉNDEZ, Esteban28/07/2011JujuyC. F. de Kirchner
FARFÁN, Ariel28/07/2011JujuyC. F. de Kirchner
REYES, Félix28/07/2011JujuyC. F. de Kirchner
SOLANO, Daniel Francisco05/11/2011Rio NegroC. F. de Kirchner
FERREYRA, Cristian16/11/2011Santiago Del EsteroC. F. de Kirchner
GALVÁN, Miguel10/10/2012Santiago Del EsteroC. F. de Kirchner
TERCERO, Gerardo Gabriel18/05/2013SaltaC. F. de Kirchner
DÍAZ, Florentín22/05/2013ChacoC. F. de Kirchner
VERÓN, Ángel18/10/2015ChacoC. F. de Kirchner
LÓPEZ, Roberto01/08/2017ChubutMacri
MALDONADO, Santiago25/11/2017Rio NegroMacri
NAHUEL, Rafael03/09/2018ChacoMacri
RAMÍREZ, Ismael22/11/2018Buenos AiresMacri
* Cárdenas y Ferreira fueron baleados, respectivamente, el 19 y 20 de diciembre, pero fallecieron un año después por las secuelas de las heridas.
Nación Mapuche /Otro montaje de la ministra Patricia Bullrich que se cae: Liberaron a Fausto Jones Huala / No tenía armas
El hermano del lonko Facundo Jones Huala es uno de los dos testigos principales del asesinato de Rafael Nahuel. En el juicio abreviado al que fue sometido tras presentarse ante la Justicia se comprobó que se defendió con piedras frente a los prefectos del grupo Albatros que asesinaron al joven mapuche.
Por Santiago Rey, 16 marzo 2019
Fausto Jones Huala, testigo central del asesinato estatal de Rafael Nahuel, ya está libre. Se había presentado el jueves pasado ante las autoridades judiciales, y en un juicio abreviado realizado el viernes fue sobreseído por el delito de “usurpación”, mientras que se le estableció una pena de seis meses en suspenso por el delito del “atentado a la autoridad”. Un dato central surge de este último hecho: en el acuerdo de partes homologado por la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, quedó establecido que Jones Huala no utilizó armas de fuego contra los integrantes del grupo Albatros, lo cual desbarata el relato del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la existencia de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche y los miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Jones Huala reconoció haberse enfrentado con piedras a los uniformados, y de allí surge la pena en suspenso por el “atentado a la autoridad”.
El cambio de situación procesal del joven mapuche -que junto con Lautaro González Curruhuinca bajaron el cuerpo sin vida de Rafael hasta la ruta-, lo habilitaría para declarar como testigo en el expediente que investiga el asesinato de Nahuel.
Se trata de un dato fundamental ya que Jones Huala estaba al lado de la víctima, intentando evitar ser alcanzado por alguna de las entre 114 y 129 balas 9 milímetros que dispararon los cinco Albatros que el 25 de noviembre de 2017 ingresaron unos mil metros territorio adentro de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.
En el juicio abreviado se dio por sentado que Jones Huala no portaba -y por tanto no disparó- armas de fuego, lo cual hace tambalear la teoría de la ministra Patricia Bullrich sobre una emboscada mapuche. El relato del enfrentamiento fue edificado por el Ministerio de Seguridad a partir de un audio de WhatsApp del Oficial Principal Pablo Rubén Berra, jefe del operativo de los Albatros que concluyó con el asesinato de Rafael Nahuel.
Ese audio fue enviado por Berra minutos antes que se le secuestre el teléfono celular. Un día después, el 26 de noviembre, la ministra Patricia Bullrich dio por cierta la versión y repitió la teoría del enfrentamiento, a pesar de la ausencia de pruebas que la sustenten.
Jones Huala había sido procesado a principios de enero por el juez federal Leónidas Moldes, quien además le dictó la prisión preventiva. Desde mayo de 2018 se encontraba “prófugo” para la Justicia que había revocado su excarcelación. Pero este jueves se presentó, y luego de un juicio abreviado -que se concretó en apenas 24 horas y con la representación legal del abogado Matías Schraer- recuperó su libertad.
En horas de la noche del viernes emitió un comunicado, en el que detalló que fue “sobreseído del cargo por usurpación y de la absurda posibilidad de que me juzguen por atentado contra el orden constitucional. Esto fue descartado por la Justicia”.
El joven mapuche -hermano del lonko de la pu lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala- explicó: “Lo único que he reconocido y aceptado es que me defendí con lo que tenía a mano del feroz e injustificado ataque del grupo de elite albatros que mataron a Rafael Nahuel.” Y aportó un dato fundamental: “También quedó descartada la teoría de que hubiera utilizado armas de fuego, quedando claro que se trató de un invento para justificar un inexistente enfrentamiento armado.”
Otra importante novedad se dio en las últimas horas en relación al expediente por el asesinato de Rafael Nahuel. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche fue admitida como querellante en la causa, lo cual implica un primer reconocimiento de que ese crimen puede enmarcarse como una violación a los derechos humanos.
En la resolución que aceptó la participación de la APDH, la Cámara de Apelaciones de General Roca explicó que la muerte de Nahuel “se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.
Envío:RL
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