Un aproximado de 130 mil rosarinos se encuentran viviendo de manera precarizada, según los datos del Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) presentados este miércoles. En efecto, el 86% de los ciudadanos que integran uno de los 112 barrios populares de Rosario se encuentran en el marco de la economía informal o popular, se inventaron el trabajo o tienen empleo en negro.
Estos datos fueron presentados en el marco de la charla “Deuda social: ¿qué es, quiénes la sufren y cómo se paga?”, en base al censo Renabap realizado en conjunto por el Estado y las organizaciones sociales, que consideran el primer paso para la urbanización de barrios, villas y asentamientos, porque permite conocer exactamente el número de personas que viven en cada territorio, así como las características de infraestructura y composición socioeconómica de la población.
En diálogo con Conclusión, Ignacio Rico, dirigente juvenil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), destacó que “en Rosario se destaca que tenemos 112 barrios populares y en la provincia de Santa Fe 340”, y que dentro de esos 112 “tenemos aproximadamente 130 mil rosarinos y rosarinas que viven de alguna manera con la vida precarizada, lo que se suma a un trabajo precarizado porque solamente el 14% de los que habitan allí tienen empleo formal, el trabajo en blanco”.
“Es decir, que el 86% restante, 86 de cada 100 rosarinos que habitan estos barrios se inventaron el trabajo, están en el marco de la economía informal, de la economía popular, o trabajan en negro. Es decir, que son los que peores ingresos tienen y son los que en peores situaciones de infraestructura viven todos los días”, expuso Rico, quien agregó que con estos datos lo que buscan es “plantear, exigir, y mostrar a la sociedad es que sin la intervención del Estado, sin la ayuda, sin la coordinación entre municipio, provincia y nación, va a ser muy difícil que a quienes peor la están sufriendo, donde la Argentina sangra todos los días, podamos resolverle la situación para que puedan acceder a derechos tan básicos que algunos rosarinos y rosarinas tienen ya incorporados en el sentido común, como es la conexión a la red de alumbrado público, el agua potable, las cloacas, la pavimentación o el acceso de una ambulancia o camión de recolección de residuos”.
A su vez, para el referente lo que de alguna manera también confirma el relevamiento es “la gran grieta social que existe y que tanto desde los sectores gremiales, como la CTEP, como el Movimiento Evita y los sectores políticos, pretenden resolver”.
En relación a una respuesta oficial por parte de los gobiernos en relación a estos números, Rico aseguró que por parte del Estado nacional “no hay” y que del lado del Estado provincial y municipal creen “que hay un abandono de décadas en la provincia y en Rosario”, pero ven con “buenos ojos algunos programas como el Plan Abre, que de alguna manera empiezan a tomar cartas en el asunto y a dotar de infraestructura algunos de los barrios más vulnerables y golpeados de Rosario”. Sin embargo, aseguró que “son respuestas parciales” y lo que se necesitan son “soluciones estructurales”.
De la actividad participaron la diputada nacional Lucila De Ponti, la vice decana de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, Ana Valderrama, los concejales Eduardo Toniolli y Roberto Sukerman, y el dirigente juvenil de la CTEP Ignacio Rico.
Fuente:Conclusion