La planta de General Motors cierra por treinta días
Zozobra de los trabajadores
La decisión, que afecta a unos 1.550 trabajadores directos y a otros mil indirectos, fue acordada por la empresa y Smata.
Por Claudio Socolsky
"En abril, General Motors vendió solamente 250 autos en todo el país, esto viene cada vez peor", admitieron desde Smata
Por la crisis en el sector automotriz, y para evitar despidos masivos, la planta de General Motors en Alvear permanecerá cerrada durante 30 días. La decisión, que afecta a unos 1.550 trabajadores directos y a otros mil indirectos, fue acordada por la empresa y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) tras varios días de negociaciones, y de haber superado otras instancias en la que se habían sellado suspensiones rotativas, adelanto de vacaciones y retiros voluntarios para mantener las fuentes laborales. "En abril, General Motors vendió solamente 250 autos en todo el país, esto viene cada vez peor, las concesionarias, las autopartistas que trabajan para General Motors, todos tenemos problemas", advirtió con preocupación el secretario General de Smata Rosario, Marcelo Barros. En un escenario complejo para el sector, el dirigente gremial no ahorró críticas al gobierno nacional por los anuncios para subsidiar la compra de unidades 0 kilómetro realizadas esta semana.
La planta de la multinacional estará parada desde el 15 de junio al 16 de julio. Durante ese período, los operarios percibirán el 70 por ciento de los sueldos netos, según lo acordado por el gremio y la empresa. El dirigente gremial destacó en diálogo con Rosario/12 que no hubo disidencias entre los delegados de la empresa a la hora de cerrar el acuerdo por las suspensiones. "Todos están allanados a defender las fuentes de trabajo, en esta lucha estamos todos", subrayó Barros.
En septiembre del año pasado, y atravesados por la devaluación y la caída en las ventas, la empresa y el gremio acordaron suspensiones rotativas por cinco meses en la que los operarios cobraron el 70 por ciento de los salarios. El mes pasado, el presidente de General Motors Sudamérica, Carlos Zarlenga, había alertado que las ventas de autos en el país terminarían el 2019 con las cifras de patentamientos más bajas de los últimos 13 años. El ejecutivo de la multinacional estimó que este año se patentarán menos de 450 mil unidades, un brusco descenso con respecto a las más de 800 mil que se patentaron en 2018.
"El nefasto gobierno nacional que tenemos, que sale la semana que viene con todas las automotrices, a quienes aprietan para que se saquen la foto, para anunciar que van a dar un subsidio de 40 mil pesos para que compren autos, otra mentira. Si uno va a cualquier concesionaria, como cualquier cliente normal, te bajan de 100 a 150 mil pesos para que te comprés el auto, es una falta de respeto a la gente. La General Motors vendió en abril 250 autos en todo el país, no hace falta ser un especialista para ver que la situación es muy complicada", dijo Barros, tras haber participado ayer de la reunión junto a otros dirigentes sindicales en la sede de Luz y Fuerza para avanzar en la unidad de los gremios locales.
Consultado por la continuidad de la producción en la planta de Alvear cuando finalice el mes de suspensiones de todos los trabajadores, el titular de Smata manifestó: "Lo vemos complicado, las vacaciones del año pasado se las tomaron todas, algunas empresas van a empezar de vuelta a abrir los retiros voluntarios".
El derrumbe en las ventas de automóviles obligó a cinco terminales de Argentina a suspender personal. En Córdoba, Fiat acordó la suspensión de 2 mil trabajadores. "(Cristiano) Ratazzi, que fue fiscal de Macri en las elecciones de Capital, cerró hace un mes una empresa que empleaba a 300 trabajadores que fabricaba cajas en Córdoba y la llevó a Brasil, qué puede decir un tipo así", criticó Barros.
Fuente:Rosario12
Lesa Humanidad
Reactivan causa por robo a tribunales en 1984
Por Juane Basso
Publicada en 06/06/2019
El fiscal federal Adolfo Villate reactivó la causa por el robo a los tribunales de 1984, con el cual se pretendió frenar en su momento las primeras investigaciones contra los agentes de inteligencia de la última dictadura. Hay tres represores detenidos. Se trata del expediente “Srio. Av. S/ Robo Calificado – Privación Ilegítima de La Libertad y Sustracción de Documentos (Causa Feced)”. Durante los últimos meses el caso, que estuvo frenado durante mucho tiempo, volvió a tomar curso.
Según informó este jueves la Unidad de investigación de Delitos de Lesa Humanidad, que depende de Villate, el juez federal a cargo del Juzgado N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó semanas atrás la “detención y recepción de declaración indagatoria del General Víctor Pino Cano, del Coronel Héctor Fructuoso Funes, y del Coronel Luis Américo Muñoz”, por sus diversas responsabilidades en el hecho.
“El 8 de Octubre de 1984, en un grupo de personas armadas procedió a tomar por asalto el edificio de Tribunales Provinciales de Rosario sito en calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini”, recordó el comunicado enviado a la prensa este jueves por la fiscalía. “Allí –continúa el relato–, privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial de dicho edificio, le sustrajeron sus armas reglamentarias, y procedieron también a la sustracción del interior del juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario de la causa Nro. 6/1984 y de los elementos de prueba que se encontraban en relación a ésta secuestrados, tanto en la sede de dicho jugado como en la finca de calle Dorrego 1.638 también de ésta ciudad, lugar donde se procedió a privar ilegítimamente de su libertad al personal policial de consigna y a sustraérsele su pistola reglamentaria”.
El comunicado de la fiscalía también da cuenta que días antes de aquel hecho, “a solicitud de la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en esta ciudad de Rosario en la llamada «lucha contra la subversión», producto de lo cual se había formado el sumario antedicho en el Juzgado de Instrucción interviniente”.
Ahora, en el mes de marzo de este año, según precisó la Unidad Fiscal, el juez Vera Barros ordenó a pedido Villate la detención y recepción de declaración indagatoria los tres imputados. “Dichas detenciones fueron efectivizadas, habiendo prestado declaración indagatoria Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria”, indicó el comunicado, en el que se añade que aún “resta materializar la indagatoria de Pino Cano”, por “razones de salud invocadas por su defensa técnica”.
Según la UNidad Fiscal, los detenidos “se desempeñaban a la fecha de los hechos en cuestión como Comandante del Cuerpo de Ejército II de Rosario, como Jefe de Inteligencia del Estado Mayor de dicho comando y como segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 (respectivamente)”.
“La investigación se desarrolló a instancias de la Unidad de asistencia para causas por Violaciones a los DDHH durante el período de terrorismo de Estado de Rosario, a cargo del Adolfo Villatte, quien sostiene que los hechos son integrativos del plan sistemático instaurado por la última dictadura cívico militar, y que los mismos fueron cometidos para lograr la impunidad del personal militar y de las fuerzas de seguridad y policiales implicados en las denuncias de la ex CONADEP”, detalla el texto enviado a la prensa.
Para la fiscalía los hechos “deben ser calificados como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles”. La Unidad Fiscal indicó que se realizaron procedimientos por orden judicial en la provincia de San Luis, “donde se procedió al secuestro de documentación”, que ahora se encuentra en “etapa de análisis junto con otros documentos incorporados a la causa”.
Fuente:RedaccionRosario
Rumbo a las urnas Bonfatti: “No somos delegados de ningún gobierno nacional”
El candidato a gobernador del Frente Progresista respondió las acusaciones que hizo Elisa Carrió la semana pasada. También cuestionó a su rival del PJ, Omar Perotti. Y se mostró confiado de cara a las elecciones del domingo 16: “Los santafesinos nos van a dar su apoyo”.
6 de junio de 2019
En diálogo con los medios santafesinos, el actual titular de la Cámara de Diputados y candidato a gobernador del Frente Progresista minimizó las imputaciones de Carrió: “Vamos a gobernar Santa Fe como ya la hemos gobernado. No somos delegados de ningún gobierno nacional. Vamos a defender Santa Fe con la fuerza que tenemos porque esta es una provincia que en sí misma, por su slogan, pero también por la realidad, es invencible”.
Bonfatti también cuestionó a su rival del PJ, Perotti, al contrastar las políticas públicas del socialismo con las privatizaciones de los 90: “Tenemos la obligación de seguir transformando Santa Fe, mejorando la infraestructura. ¿Dónde se han hecho hospitales y rutas como en Santa Fe? En ningún lado. Invertimos 960 millones de dólares en la EPE, una empresa que estaba desguazada para ser privatizada. Hay muchos que hablan de la cosa productiva pero nos liquidaron el banco, les bajaron el sueldo a los activos y pasivos; hay que recordar estas cosas”.
Campaña y encuestas
En otro tramo de la rueda de prensa, Bonfatti se refirió al tramo final de la campaña: “Estoy confiado porque sé que los santafesinos nos van a dar su apoyo. Yo recorro la provincia palmo a palmo y conozco la reacción de la gente. En lo individual y en lo institucional hay reconocimiento a un gobierno que ha hecho tanto para transformar la provincia, por eso estamos tranquilos”.
El titular de la Cámara de Diputados rechazó los sondeos que ubican a Perotti por encima suyo y reiteró que las encuestas del socialismo lo dan ganador el 16. En ese sentido, dijo que los sondeos encargados por el partido que él mismo preside “no se van a equivocar”. Y agregó: “Sé la seriedad con que hacemos las cosas”.
Seguridad
Además, Bonfatti respondió las críticas de sus rivales Corral y Perotti sobre la gestión del Frente Progresista en seguridad: “Fuimos los que pusimos presos a las organizaciones delictivas. ¿En qué otra provincia los gobiernos y la Justicia ponen presos a las organizaciones? ¿Dónde hay ley de confiscación de bienes que les pega a las organizaciones donde más les duele? ¿Dónde hay Policía con más recursos? ¿O queremos volver al pasado cuando se compraban ellos las balas y los uniformes, cuando las cooperadoras policiales compraban los autos? Que no vengan a engañar, a vender espejitos de colores, porque la seguridad es un tema serio y hay que dar respuestas”.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Fue acosada laboral y sexualmente y le hicieron un sumario administrativo
Se trata de una docente que denunció al director de la escuela hace tres años. Después de mucho transitar, logró que el hombre sea desplazado de su cargo y lo sumariaran. Sin embargo, hicieron lo mismo con ella y pese los reclamos aún no ha logrado que el Ministerio de Educación levante el sumario
Jun 6, 2019
Semino remarcó además que la docente tuvo que insistir con su denuncia hasta que incluso llegó un momento que desde el Ministerio de Educación la citaron para informarle su desplazamiento.
“Hay que destacar la valentía de la docente, que en ese momento se plantó frente a las autoridades del Ministerio e insistió en que ella iba a seguir trabajando en la escuela porque no había hecho nada mal y que quien debía irse era el director. Entonces, como había mucha firmeza de parte de ella, las autoridades tomaron la decisión de desplazar al director e iniciarle un sumario pero, increíblemente, también le iniciaron un sumario a ella”, detalló Semino.
Desde Amsafe señalaron que con el correr del tiempo, el Ministerio de Educación entendió que había cometido un error y se dispusieron a repararlo, se firmó un acta en la que queda asentado y se informaba que iban a implementar dispositivos para trabajar en la escuela y eso se puso en marcha pero, increíblemente, no le levantaron el sumario. “Esto quiere decir que hace dos años y medio que esta compañera docente que denunció acoso laborarl y sexual está sumariada”, remarcó Semino y apuntó que es algo “inadmisible”.
Los representantes de la Secretaría de Genero del gremio docente hicieron hincapié en que “lo que no se entiende es la decisión política de no levantar el sumario”. “Porque este es el peor escenario, tener una compañera docente víctima de acoso sexual sumariada con todo lo que eso implica desde lo objetivo y desde lo subjetivopara ella, pero con todo lo que implica también para el resto de las docentes. Porque parece que estamos diciéndoles que no se callen, las invitamos a contar, a hablar, a denunciar, pero a la vez parece que, subliminalmente, les estamos diciendo ‘tené mucho cuidado porque si lo hacés podés estar dos años y medio con un sumario encima”.
Por su parte, Sabrina Simoni, también de Amsafe, puso el acento en que se trata de una “revictimización” de la docente acosada. “Lo que estamos diciendo es que no se entiende este tratamiento, que estos temas tienen que tratarse de una manera distinta, que no podemos esperar los tiempos arbitrarios del Ministerio de Educación y que no hay ninguna manera de reparar y de proteger si no se actúa con celeridad”
Fuente:Conclusion"En los primeros cinco meses del año, uno de cada tres contratos no se pudo renovar", afirmó Nire Roldán. Afirman que el 32 por ciento de los alquileres no se pudo renovar
Jueves 06 de Junio de 2019
El desalojo de dos jubilados que luego fueron abandonados por uno de sus hijos en un bar de 27 de Febrero y Corrientes generó preocupación por la imposibilidad de tantas familias que no logran pagar el alquiler de los inmuebles donde viven.
El titular de organización de la Concejalía Popular Nire Roldán aseguró que las estadísticas en Santa Fe de los primeros días del mes revelan que "el 32 por ciento de los inquilinos no pudo renovar los contratos".
"Si un matrimonio de jubilados estaría cobrando entre 9 y 13 mil pesos, cómo hace para afrontar un contrato de alquiler cuando las cláusulas indexatorias son de un 30 o 35 por ciento de aumento", se preguntó el dirigente.
"El matrimonio de jubilados queda más temprano que tarde en la calle, es un poco lo que le pasó a esta familia que seguramente estará viviendo una tragedia", analizó para indicar que el "estado municipal tiene unos subsidios que se otorgan por unos meses, pero son un parche para un problema que es estructural".
En ese marco, Roldán explicó que en lo que va del año, uno de cada tres contratos que se tenía que renovar en los primeros meses del año, no pudo concretarse. "Es así que el 32 por ciento de los contratos no se pueden renovar, no se pueden seguir pagando las cláusulas indexatorias, por una caída en los ingresos de los trabajadores".
En ese sentido reflexionó que "la ley de alquileres haría que se ajusten los valores respecto a la actualización de los salarios", dijo para afirmar que "hoy renovar un contrato de alquiler significa 50.000 pesos".
Fuente:LaCapital
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