Resumen Latinoamericano/ 23 de agosto 2019
Así como pasó en Salud, Educación y Cultura, el ajuste llegó al Senasa, organismo encargado de controlar los productos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos. ¿Qué puede pasar si el Estado no fiscaliza?: “Es factible que aparezcan más enfermedades”.
Claro es que ni el propio Presidente, ni ninguno de sus funcionarios, lo admitirán jamás, y mitigarán dudas con argumentos poco sostenibles. Y del otro lado, está el acto de fe; es decir, aquellos que opten por creer, y quienes no lo hagan. Pero si de certezas se trata, estas brillan por su ausencia.
Así como los ajustes que se dieron en diferentes áreas, como las de Salud, Educación, y Cultura, el macrismo también destazó el sensible sector del Senasa.
Se trata del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, un organismo sanitario del Estado encargado sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país.
Toda esta biblioteca se cae en pedazos ante los ajustes y despidos que se multiplican, y se convierten en un claro mensaje que podría decodificarse como un ‘desprecio al consumo interno y a la salud pública’.
Sin los controles del Senasa, es factible que aparezcan enfermedades curables, otras erradicadas, “y en zonas que -sobre todo- pueden hacer un desastre”.
Carina Maloberti, delegada de ATE Senasa, señala que “ajustar y despedir, y que no haya controles sanitarios sobre lo que comemos, es una combinación que es vulnerable a cualquier zoonosis o epidemia que quiera expandirse. Nosotros somos una pieza clave, no sólo en la salud pública del comercio exterior, sino también en la defensa alimentaria local”.
“Las hipótesis sobre que se pueda tener ‘por accidente’ una epidemia, existen y se agravan. Pero también debe considerarse algo intencional, como contaminar agua o cultivos. Esto se ha hecho más de una vez en el mundo. Si este tipo de cosas ocurren, el país queda indefenso”, advierte.
“Las hipótesis sobre que se pueda tener ‘por accidente’ una epidemia, existen y se agravan”
“También vulnera lo económico porque en cualquier momento, cualquier país, cualquier mercado abierto, se te cierra, como ha ocurrido con la fiebre aftosa. Y se te derrumba la economía. También está el tema de la defensa territorial con respecto a la intencionalidad de contaminación o ingreso de enfermedades en los cultivos o en animales. Son puntos claves en los que quedás expuesto directamente”, explica la especialista.
Cabe destacar que el Senasa no solamente controla las barreras zoofitosanitarias en las fronteras con otros países, sino también las internas. “Hay distintos estatus. Por ejemplo, en la Patagonia no podés entrar con carne con hueso, ni con manzanas, porque lo que está del otro lado es libre hasta de pesticidas, o de vacunas. Todo eso también tiene que ver con la territorialidad y el federalismo que tiene el Senasa, junto al INTA”.
“De 14 centros regionales pasaron a 9. Hay centros regionales que agrupan varias provincias, y a su vez a cientos de oficinas locales en pueblos chiquitos y distintos lugares. Todo eso lo fueron cerrando. Van recortando y despoblando la presencia del Estado con respecto al tema de la salud y sanidad, la defensa y la soberanía alimentaria”, señaló.
MÁS DESPIDOS. AHORA EN JUJUY
Los primeros despidos ocurrieron en Litoral. Después, en la Patagonia. El plan fue el retiro del Estado Nacional, darle más pseudo poder a las autonomías provinciales, con lo cual el poder político del Senasa se redujo a la mínima expresión, y las empresas transnacionales adquirieron más posibilidades de negociar con mayor facilidad sobre las tierras. Sin Estado no existe salud, educación y producción. Sólo empresas salvaguardadas por una salvaje militarización policial. “Es una ocupación: tierras, agua, aire, ocupaciones empresariales al servicio de naciones externas, fragmentando comunidades locales”.
Luis Lazarte, delegado de ATE Senasa en Jujuy, más precisamente en la zona de Paso de Jama, ubicado a 350 kilómetros de la capital San Salvador, denunció que fueron despedidos dos trabajadores que tenían cargos en el ente de regulación de alimentos.
“Venían desempeñando sus funciones desde hace 9 y 20 años respectivamente. Estamos en estado de alerta y movilización. Vamos a solicitar la reincorporación inmediata. Y de no ser así, vamos a tomar alguna medida de fuerza”, señaló Lazarte.
Agregó que, en concordia con la natural deshumanización del gobierno de Cambiemos, “a los compañeros se les aviso telefónicamente. Ni siquiera esperaron a que llegue algún telegrama o notificación”.
Lazarte detalló que estos despidos se enmarcan en “el desguace que se viene implementando en toda la gestión macrista. Están desguazando el Senasa en particular y el Estado en general. Por lo tanto, hay muchísimos compañeros que se ven afectados con estos achiques. Lo único que argumentan es que son razones operativas, pero a nosotros nos está faltando personal en todos los puestos fronterizos, en todas las barreras”.
Uno de los trabajadores echados es Raúl Sokolowski, quien contó: “Trabajo hace 9 años en Paso de Jama. Si hubo alguna causa o motivo para mi despido, nunca lo supe, nunca me informaron absolutamente nada”.
Lazarte explica la gravedad del saqueo estatal al Senasa. “Quedarnos sin controles tiene una afectación sobre la salud pública en toda la Argentina, porque nosotros controlamos, custodiamos y certificamos todos los alimentos que llegan a cada uno de los argentinos. Esto implica un peligro y un riesgo muy importante para todo el país”.
Detalla además que “controlamos los alimentos que se importan y se exportan, certificamos la calidad de los mismos, y también que estén libres de agrotóxicos, de enfermedades, bacterias, plagas. El impacto sobre la población es enorme”.
El Senasa es el único organismo estatal con aval internacional que puede garantizar la calidad de los alimentos, resguardando la salud de la población y la calidad de las exportaciones e importaciones.
“Sin Senasa no hay alimentos seguros, no hay prevención de enfermedades, y lo que sí hay es peligro de epidemias. El control sanitario de los alimentos es una función que el Estado Nacional no puede delegar. Consideramos que las severas medidas de ajuste, la reducción de presupuesto, y la tercerización de funciones a privados, generan un verdadero peligro para todo el pueblo argentino”, señalaron los trabajadores.
“Sin Senasa no hay alimentos seguros, no hay prevención de enfermedades”.
Agregaron que “los trabajadores del Senasa estamos en contra del vaciamiento del organismo y defendemos nuestra fuente de trabajo. Estamos en contra de delegar funciones porque eso provoca un riesgo para la salud pública de toda la población y daña el estatus sanitario exigido por los países importadores de nuestros productos”.
Cabe destacar que el Senasa se ocupa -por ejemplo- de cuidar el advenimiento de la Aftosa, del picudo algodonero, de las langostas, de la verificación sobre el uso de agrotóxicos, de la lobesia y del HLB, entre otros. También certifica todo lo que tiene que ver con el mercado interno y que le llega a la mesa de cada uno de los argentinos.
“Lo más gráfico es tomar una lata de conservas, o leche, o algún otro alimento, y solamente es darlo vuelta, y va a tener una etiqueta del Senasa, si es que ese alimento ha sido certificado correctamente. Tendrá el logo, una etiqueta, y un número del Senasa; y eso significa que pasó por el control necesario”.
LA IMPORTANCIA DE SOBREVIVIR PARA CONTARLO
¿Qué es lo que no se controla a partir de los despidos?
-Por ejemplo, -señala Carina- en el Puerto de Buenos Aires han sacado controles a pedido de las empresas, y están controlándose ellos mismos. Todo lo que tiene que ver con la exportación de granos y el resto del control portuario arriba de los buques no se está haciendo. Ni lo que ingresa, ni lo que sale. Es para evitar barreras arancelarias y controles de mercancías. Se controla el papelerío, pero no arriba del buque. El Senasa es policía sanitaria y agente preventor. Una tiene la facultad de actuar rápidamente si presencia alguna irregularidad. Pero nos corrieron de ahí. Ocurre algo similar con el tema de los cítricos en todo el litoral. Hay acuerdos con grandes empresas de Tucumán. Entonces cierran todos los cítricos en el litoral. Estos son los negocios ‘entre amigos’ que tiene el Gobierno. Al no controlar, no ayudás a las producciones cítricas del litoral argentino, y las haces quebrar. Sin control de plagas, el litoral no tiene capacidad de competir con algunas empresas amigas del gobierno.
Matías Levin, ex miembro del Senasa, ejemplifica la problemática: “Te puedo dar el ejemplo del limón. Si en Entre Ríos, que tiene naranjas y limones, le sacás los controles del Senasa, el país que te compraba deja de hacerlo, porque hay tratados internacionales al respecto. Entonces aparecen los empresarios en Tucumán, se monopoliza la producción y ponen aeropuertos para sacar los limones directamente hacia Estados Unidos. Con ese accionar del gobierno fundieron Entre Ríos. Eso está ocurriendo ahora. Los campos inundados. La gente cosecha para vender en la ruta, porque los empresarios ya se retiraron. El que pudo se va para Tucumán. El que no, no sé. Hará otra cosa”.
Carina señala también que el productor más chico no puede competir porque no tiene la asistencia debida. “Entonces no puede competir en el mercado interno, y sobre todo en el externo. Hay varias enfermedades transmitidas por roedores, que se trasmiten a las familias productoras, además del riesgo en la producción -por ejemplo- del pollo. De igual manera ocurre en el porcino. Al no tener el control de condiciones sanitarias, no sólo no se puede producir, sino que también afecta a la salud y pone en riesgo de muerte a toda la localidad. Cuando vos dejás todo al ‘libre mercado’ y el ‘gane quien gane’ estamos expuestos a este tipo de cosas”.
Actualmente existen índices elevados de gripe A, gripe porcina, entre otras. ¿Esto tiene que ver con el colapso del Senasa?
-Sí. Tiene que ver con el comercio tan grande que hay entre Brasil y Argentina, y el tema de los porcinos. Estamos hablando de toda esa frontera en la que denunciamos que el gobierno quitó los controles. Brasil fue el primero que puso el grito en el cielo cuando empezaron a levantar los controles y se redujo la verificación sanitaria que hacía el Senasa. Primero, porque le generaba riesgo sanitario a ellos, pero además por el tema de la comercialización -sobre todo en porcinos- que es un caso muy riesgoso.
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El gobierno conducido por Mauricio Macri no tuvo mejor idea -apenas asumido- que llevar a cabo una legislación que afectaba directamente al Senasa, y que rezaba que los entes -estatales y empresariales- interesados se autocontrolen. “Eso fue lo primero que hizo Macri cuando asumió. Un desastre. Toda la lucha de los pueblos contra las fumigaciones, contra los agrotóxicos, todo eso lo certifica la Secretaría de Agroindustria con el Ministerio. Es decir, les importa muy poco las muertes, las malformaciones. Nosotras hemos ido con compañeras profesionales del Garrahan a certificar el tema de las malformaciones en las áreas de fumigación, y cuando al libre mercado le soltás la mano y lo dejás hacer cualquier cosa, pasan por arriba de nuestra gente sin importarles nada”, señala Carina.
Matías explica que “es como una doctrina Chocobar pero sanitaria”. Ahí tenés un paralelismo. El Senasa también cumple un rol social dentro de la agricultura familiar, que es una de las áreas más golpeadas. Significa estar en contacto con el pequeño productor, que es quién está todo el día laburando. Hablarle e informarle sobre agrotóxicos es fundamental, porque mucha de la contaminación que vive el pequeño productor es porque -quizás- uno compra un litro de agrotóxico y después se lo reparten en botellitas, y nadie tiene la medida, y le ponen a ojo, y ponen cualquier medida, a cualquier cultivo. Ante todo eso, el Senasa intercedía, y lo evitaba.
En este sentido, Carina sostiene que lo del Gobierno es un modus operandi, y que se trata de un mito el concepto mentado de que se trata de “improvisados” y que “no saben lo que están haciendo” o “no conocen el Estado y las políticas públicas”.
“No les interesa”, asegura Carina. “Ellos tienen muy en claro lo que quieren. Cuando despidieron, no despidieron porque sí y en cualquier lado, ni a mansalva. Ellos hicieron todo un relevamiento al que le llamaban ‘dotaciones óptimas’, y no te explicaron nunca el proyecto de país que quieren. El hecho de que ‘si no funciona, reconviértanse’ es parte de todo esto. Y ellos no terminan de imponer su sistema porque no pueden doblegar completamente la resistencia de los trabajadores y trabajadoras”.
“Estamos resistiendo el avance sobre los puestos de trabajo, el deterioro salarial, la precarización. El desmembramiento del trabajo colectivo, la autogestión de control sanitario por parte de los productores. La merma de la calidad del trabajo. Hoy los privados se ‘autocontrolan’, como Cargill y Monsanto. El Senasa pasó a ser una escribanía de ellos”, denuncia Carina.
“Nosotros estamos en el corazón de la bestia. Nuestro ‘patrón’ son esos poderes. Ellos lo ven como una gran empresa en favor de sus propios negocios. El saqueo es brutal, tremendo. Así y todo, queremos seguir dándoles pelea”, concluye.
Fotos: Juan Pablo Barrientos
Revista Cítrica
Fuga de capitales. Los ahorristas retiraron $ 70.000 millones de los bancos en la semana post PASO
Por Ezequiel Orlando / Resumen Latinoamericano/ 23 de agosto 2019
Después de la paliza electoral que sufrió el Gobierno, los privados extrajeron parte de sus depósitos del sistema financiero.
Tras las PASO, los ahorristas retiraron $ 70.000 millones de los bancos en tan solo cinco días. Esto fue adicional a la salida de depósitos en moneda extranjera por casi U$S 2.000 millones que practicaron en las mismas jornadas, mientras el tipo de cambio se disparó hasta los $ 57, con picos que tocaron los $ 65.
La semana post PASO vivió una situación cambiaria más que delicada, con una aceleración de la fuga de capitales. Esto empujó a una mega devaluación en cuestión de horas, que se estabilizó recién después de que el candidato Alberto Fernández aclaró que $ 60 era una cotización “razonable” para la divisa estadounidense y que el Banco Central obligara a las entidades a desprenderse de activos dolarizados.
El sector privado extrajo $ 69.168 millones netos entre el viernes 9 de agosto y el 16, de acuerdo a las cifras que maneja el BCRA que preside Guido Sandleris. De esta manera, los depósitos se redujeron 3% a $ 2.355.340 millones.
Las más golpeadas fueron las tenencias en las cajas de ahorro, que descendieron $ 64.555 millones. Los individuos y compañías retiraron también $ 15.212 millones de plazos fijos no ajustables por la inflación y $ 999 millones indexados por UVA o CER. En contraste, los activos en cuentas corrientes se incrementaron $ 18.004 millones, lo que muestra necesidad de liquidez. Sin embargo, esta alza no compensó todas las reducciones que sufrieron los bancos comerciales.
Se registró un descenso constante en la totalidad de las cuentas bancarias, pero el grueso salió el lunes, con un movimiento de $ 32.165 millones. Ese mismo día, el tipo de cambio escaló 23%.
Envio:RL
A la par de esto, los privados extrajeron U$S 1.944 millones en los idénticos cinco días. Los dólares en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos disminuyeron desde los U$S 32.501 millones a los U$S 30.557 millones. En las mismas ruedas, las reservas internacionales del Banco Central bajaron U$S 3.905 millones a U$S 66.309 millones.
En el gobierno de Macri bajó del 43,5 por ciento al 37,4
Casi tres millones menos en la clase media
Un estudio señala que apenas 200.000 personas vieron un aumento de sus ingresos, mientras que el resto cayó a la pobreza o la indigencia.
Imagen: EFE
“La Argentina de la amplia clase media que persiste en el imaginario social forma parte del pasado, un pasado muy remoto”. La conclusión surge de un estudio sobre la estratificación de la sociedad argentina y los cambios registrados a partir de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, que explican en gran medida la derrota de la alianza Cambiemos en las PASO: entre el primer trimestre de 2015 y el de 2019, los sectores medios pasaron de representar el 43,5 por ciento de la población a significar el 37,4 por ciento. Traducido a personas de carne y hueso: 2,7 millones dejaron de pertenecer a ese estrato para caer en la pobreza.
El estudio se titula “Argentina después de Macri. Aproximación a la Estructura Social de la Argentina actual” y fue elaborado por Ana Rameri y Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular. Utiliza la estratificación de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que divide a la población en seis grupos en base al ingreso de los hogares: 1. Estrato indigente: ingreso menor a la canasta básica de alimentos (CBA) de 11.111 pesos; 2. Pobre no indigente: cubre la CBA pero no la Canasta Básica Total (CBA) de 27.588 pesos; 3. No pobre vulnerable: cubre la CBA pero no la Canasta Total (CT) socialmente aceptable de 32.425 para familia tipo propietaria y de 43.676 para inquilina; 4. Medio frágil: supera la CT en un 25 por ciento: 40.532 y 54.596 pesos respectivamente; 5. Medio: no logra cuadruplicar el valor de una CT: 129.703 para una familia tipo propietaria y 174.707 si es inquilina; y 6. Estrato acomodado: supera esos ingresos.
“La observación de esta estratificación en base a la información que el INDEC provee para el primer trimestre del 2019 indica que, más allá de rasgos culturales construidos a lo largo de la historia, desde la perspectiva de los ingresos la Argentina clase-mediera no domina ya el paisaje social de nuestro país”, señala Lozano.
Esa conclusión surge al visibilizar que el 57,4 por ciento de la población se distribuye entre los cuatro estratos inferiores, por ende se encuentra “en situación de vulnerabilidad social, que va desde la fragilidad de ingresos hasta la indigencia”. “Se trata de 25,7 millones de personas que viven en hogares con consumos por debajo de lo socialmente aceptable. De ese total el 60 por ciento son pobres (15,3 millones) y el 40 restante transita entre la vulnerabilidad y la fragilidad de ingresos”, precisa.
Al incorporar la comparación con la estratificación que existía en el primer trimestre de 2015 surgen resultados contundentes que sirven para explicar la derrota de la alianza Cambiemos el 11 de agosto: no sólo el aumento de la indigencia (más de 600.000 personas) y de la pobreza (más de 2,3 millones) sino también el aporte significativo que a dichos incrementos hace el derrumbe de los estratos medios de la población.
Durante la gestión de Macri al frente del Ejecutivo los sectores medios pasaron del 43,5 al 37,4 por ciento de la población. De esas 2,7 millones de personas, el 71,6 por ciento (más de 1,9 millones) pasó al estrato de pobres no indigentes, el 17,8 (más de 490.000) a la indigencia, el 3,7 (más de 86.000) se sumó a la población vulnerable y el 0,2 (5.600 personas) a la población con fragilidad de ingresos. Solo el 7,4 por ciento (unas 200.000 personas) pasaron a ser parte de los sectores acomodados.
De los seis estratos, el de mayor crecimiento es el segundo (pobres no indigentes), que en cuatro años sumó a 2,38 millones de personas y pasó del 22 al 27 por ciento del total, en tanto el de indigentes incorporó a 600 personas: pasó del 6 al 7,1 por ciento
“En definitiva, volvemos a estar en presencia de un nuevo proceso de empobrecimiento de la clase media, como sucedió durante los aciagos decenios de los `80 y los ´90. Se relanza así otro ciclo de generación de ‘nuevo pobres’ no sólo por efecto de una reproducción intergeneracional como fenómeno estructural, sino también como resultado de la implementación de regímenes económicos que promueven el empobrecimiento general y la polarización social”, destacan los autores.
“En concreto, luego de la recuperación que este segmento experimentó durante el período de recuperación económica desde el 2003 (aunque signado por un fuerte proceso de fragmentación del mismo y con posteriores limitaciones para la movilidad social), un nuevo modelo económico de agudización de las condiciones de apertura comercial y financiera, desregulación y desindustrialización irrumpe para achatar otra vez la pirámide de estratificación social”, concluye.
Cinco millones de personas en riesgo
Sin armas para la fiebre hemorrágica
La Fundación Soberanía Sanitaria alerta sobre la acuciante situación del Instituto Maiztegui, que ya no produce la vacuna.
No hay finaciamiento para el único instituto que la produce.
La Fundación Soberanía Sanitaria alertó que hay cinco millones de personas en riesgo a causa de la falta de vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina (FHA) por el desfinanciamiento estatal al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Julio Maiztegui (Inevh), el único que la produce. Según detalla un informe de la ONG, por el ajuste, el establecimiento que tiene una capacidad instalada para producir 400 mil dosis anuales, sólo fabricó 80 mil en 2018, y este año, dejó de producir. El médico sanitarista y presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak, señaló a Página/12 que "es una vacuna que no se produce en ningún otro lugar del mundo". Advirtió que "quedan en stock 200 mil dosis", y evaluó que "si no se revierte esta situación, en el mediano plazo se va a transformar en un problema gavísimo".
El Maiztegui forma parte de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos G. Malbrán que depende de la Secretaría de Gobierno de Salud. De acuerdo al informe, desde el Instituto denuncian que por los sucesivos ajustes "desde 2017 no cuentan con la capacidad instalada adecuada para continuar con esa producción, debido a la necesidad de reparación y renovación de equipos claves para este proceso".
Además, señalan que "la demora en el trámite de los expedientes por los cuales se pretendía la adquisición de bienes y servicios hizo que el porcentaje de ejecución del ya magro presupuesto, alcance tan solo el 68% en dicho ejercicio".
En un contexto donde todas las metas del Inevh para 2019 se redujeron --un 80% menos de capacitaciones, un 6% menos de diagnósticos, un 34% menos en producción de biológicos para uso humano entre las que se encuentran las vacunas-- se registró un 40% menos de producción de inmunoterápicos para el tratamiento de la fiebre hemorrágica.
Sin embargo, lo que terminó de encender todas las alarmas es que la planta se encuentra fuera de servicio. "Hubo cuarenta años de trabajo para desarrollar la vacuna que tiene una eficacia del 95 por ciento y que se produce sólo en el país, desde 2003, y que se incorporó al Calendario en 2007", contó Kreplak. El sanitarista remarcó que la situación es preocupante porque "si bien hay menos casos desde que existe la vacuna, los que hay son más mortales. Mientras en la década del 90 la mortalidad rondaba el 5 o 6 %, ahora se elevó al 30, y si dejamos de vacunar puede ser una catástrofe en la zonas endémicas".
La vacuna Candid #1 está indicada para todas las personas mayores de 15 años que habitan en las zonas endémicas rurales de la provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, donde está presente esta enfermedad viral aguda grave.
Conocida como "mal de los rastrojos", la enfermedad es causada por el virus Junín, que suele estar presente en algunas especies de roedores silvestres que transmiten el virus a través de la saliva, orina y materia fecal que contaminan el ambiente. La inhalación de partículas del virus o el contacto son los causantes de la infección en humanos.
La enfermedad tiene un comportamiento estacional, con mayor incidencia de marzo a octubre. Tiene un tiempo de incubación de 1 a 2 semanas,y puede causar enfermedad grave, con mortalidad elevada.
El informe detalla que la vacuna fue desarrollada en 1984, en el marco de un acuerdo binacional con los Estados Unidos, donde se produjeron los primeros lotes. Luego de las pruebas y demostrada la eficacia y seguridad de la vacuna, en 1992, el The Salk Institute (Pennsylvania-USA) comenzó la transferencia de tecnología al Instituto Maiztegui para la producción local. Once años después, el organismo ubicado en la ciudad de Pergamino fue habilitado como planta elaboradora. Y dos años más tarde, en 2003, se produjeron las primeras partidas nacionales.
Kreplak advirtió que "se redujo la prevalencia con la vacuna, que se aplica una sola vez en la vida. Y aunque no desaparece el virus con la vacunación, porque está alojado en los roedores, sí desaparece la posibilidad de un brote epidémico. Con esta política, probablemente el año que viene se agoten las vacunas y estemos frente a un riesgo de brote".
Fuente:Pagina12
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