Lunes caliente: los bancos atenderán hasta las 17 y se espera la vuelta del «dólar blue»
Pronostican que la semana comenzará con una gran cantidad de clientes retirando sus depósitos en dólares. El gobierno garantiza que no habrá restricciones en la devolución de los billetes.
El cepo cambiario y las restricciones de girar divisas al exterior, tanto para personas físicas como para empresas, entre otras medidas decretadas por el gobierno de Mauricio Macri, terminaron de encender las alarmas. Por eso, los especialistas esperan un lunes tenso, con mucha afluencia de ahorristas que irán a retirar sus depósitos en dólares a los bancos.
Ante este panorama, el BCRA estableció que las instituciones bancarias extiendan su horario de atención al público hasta las 17 horas y, en paralelo, garantizó que estarán disponibles todos los dólares que se requieran.
El otro gran interrogante de los especialistas del sistema financiero es la aparición del llamado “dólar blue”. Si bien lo dan por seguro, la pregunta que nadie se atreve a responder es a qué valor se fijará. Hay especulaciones de todo tipo y en el mercado se afirma que su valor dependerá de la demanda del sector privado, que se prevé alta “por la desconfianza total en la política económica del gobierno y por la certeza de su absoluta debilidad política”.
Los exportadores deberán liquidar sus divisas en un máximo de 5 días hábiles
El Central estableció que las empresas exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior. La medida, que regirá hasta el 31 de diciembre, se adopta en medio de una grave crisis financiera que sufre el país.
El BCRA estableció que las exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país.
El Banco Central estableció que las empresas exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior.
Estas medidas buscan «fortalecer el normal funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real», agregó el DNU.
La medida, que regirá hasta el 31 de diciembre, se adopta en medio de una grave crisis financiera que sufre el país con una profunda caída del peso y salida de depósitos desde los bancos, junto a una notoria retracción en las reservas internacionales, todo dentro del marco de las dudas políticas que dispararon las recientes elecciones primarias.
En lo que respecta a las personas jurídicas, se estableció que los exportadores deberán vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. En el caso de los commodities será de 15 días corridos.
También, para este grupo, no habrá restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento. Pasado ese monto, se deberá pedir una autorización al BCRA que tendrá un área dedicada a este tipo de operación. Las medidas apuntas a que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.
Puntos salientes de la medida para las Personas Jurídicas:
- Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities)
- No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento.
- Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.
Cabe recordar que a comienzos de noviembre del 2017, y luego de medio siglo de vigencia del sistema, el Gobierno había eliminado la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones de bienes, servicios y materias primas.
Así lo había dispuesto mediante el decreto 893/2017, que llevaba las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
Macri se resiste a declarar la emergencia alimentaria y se aferra al Fondo Monetario
El gobierno ata su destino a lograr la estabilización del dólar. La desazón en la mayoría de los funcionarios. El proyecto de reperfilamiento en medio de la campaña electoral.
Así como se resiste a aplicar el cepo cambiario, el presidente Mauricio Macri también se niega a enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar la emergencia alimentaria o aplicarla por un decreto. Lo considera más gasto en un momento de extrema fragilidad, mientras sus voceros asumen que el gobierno tendrá las manos atadas hasta que logre estabilizar la paridad del dólar, que este viernes tocó un nuevo techo de 62 pesos. Para frenarlo las posiciones están divididas dentro del Ejecutivo. Algunos funcionarios anticipan una intervención mucho más agresiva del Banco Central a partir de este lunes; otros la critican y descartan, mientras aseguran que la divisa estadounidense no superará la cifra que ya conquistó. Entre los impulsores del shock y los encargados de minimizarlo no aparece ningún plan alternativo si el dólar sigue subiendo durante la primera semana de septiembre.
La única esperanza está concentrada en la respuesta del Fondo Monetario Internacional sobre el desembolso de 5400 millones previstos para este mes por el acuerdo stand by firmado por la Argentina, que hasta ahora no fue confirmado por la entidad monetaria.
Ante las consultas de este diario, en el Banco Central no quisieron hacer comentarios sobre un posible «shock» para controlar la corrida del dólar. «Nosotros nunca hacemos público ni adelantamos lo que haremos», contestó un vocero de la entidad sobre esa posibilidad, que circuló por diversos medios.
En la Rosada aseguran que parte de la apuesta estará concentrada esta semana para definir la utilidad de los antídotos que juegue el Central para saber si puede controlar el dólar. Una especie de «todo o nada» que confirma, para sorpresa de sus funcionarios, que la administración de Macri avizora un techo para su futuro inmediato en caso de que el billete verde siga subiendo y mantenga el ritmo de la corrida. La jugada es parte de las discusiones dentro del Ejecutivo sobre la aplicación del cepo y de la multiplicación de paliativos para evitar que la crisis ahogue la campaña.
Las tensiones incluyen la creciente desazón de las segundas líneas con ministros que han vuelto a preservarse en el silencio para ahorrar desgaste. Romperlo sería desnudar la fragilidad política del presidente en el arranque de un mes cargado de asignaturas pendientes para su futuro: el 7 arranca la campaña electoral, el 15 el Indec publicará la inflación de agosto y aportará el primer dato oficial sobre el impacto de la corrida del dólar después de las PASO. Luego vendrá el comienzo de la batalla electoral televisiva y finalmente, el 29, Mendoza tendrá elecciones para gobernador. Entre esos hitos Macri aguarda incluir la fecha del desembolso del FMI, luego de la visita que realizó la semana pasada la misión de auditores sobre el escenario post PASO. La decisión del directorio, que este viernes se reunió en Washington con los enviados, dependerá en gran parte de la posición de Estados Unidos.
El gobierno aguarda una señal de respaldo de la Casa Blanca para reducir la fragilidad. En ese contexto este sábado circuló la versión de una comunicación telefónica entre el presidente Macri y su par norteamericano, Donald Trump, pero la Oficina Oval nunca confirmó el llamado de diez minutos. Si sucedió y no fue oficializado por el aparato diplomático estadounidense se trata de una comunicación informal, realizada pocas horas antes de una semana decisiva para el futuro del gobierno. Incluirá la visita al país de Ivanka Trump, junto con el subsecretario de Estado John Sullivan.
La hija de Trump y el vicecanciller norteamericano visitarán Colombia, Paraguay y Argentina, pero la escala criolla no será en Buenos Aires y se mantiene en reserva. «Podría ser en una provincia del noroeste argentino», explicó a Tiempo una fuente de Balcarce 50, ante la «gran posibilidad» de que la locación elegida sea Jujuy, con el radical Gerardo Morales como anfitrión. En la capital jujeña una alta fuente oficial confirmó a este diario los preparativos para la recepción.
El territorio elegido por el gobierno para cruzar la gestión de la crisis con la campaña será el Congreso. Este lunes entrará al Senado el proyecto de ley que diseñó Lacunza para renegociar la deuda del período 2020/2023, aunque el Ejecutivo cuenta con las previsiones de la Ley de Administración Financiera para redefinir plazos sin pasar por el Parlamento. La movida es una decisión política para llevar el debate electoral a ese recinto e interpelar al peronismo. Si las bancadas opositoras no avalan la renegociación, el Ejecutivo volverá a victimizarse y responsabilizarlos de la crisis. Esa ofensiva también desata internas en Balcarce 50, especialmente por las críticas de Lacunza al estilo de confrontación que reclama y aplica Carrió, como jefa de la Coalición Cívica. Lo mismo sucede entre los negociadores del gobierno con las provincias.
Conducidos por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, buscaron contener a los caciques provinciales cuando se enteraron por la televisión de la eliminación de IVA a la canasta básica, de la disminución del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias y del congelamiento al precio de los combustibles.
Los tres paliativos que anunció Macri luego de la devaluación del 12 de agosto son financiados por las provincias porque los tres impuestos modificados son coparticipables. El plan de reducción de daños que impulsó Interior se rompió desde el mismo gobierno este martes, cuando el senador Luis Naidenoff calificó de extorsionadores a los gobernadores que recurrieron a la Corte Suprema para reclamar la compensación de los 60 mil millones de pesos que dejarían de recibir en la coparticipación.
Desde esta semana esa controversia no será ajena al debate del Senado sobre la ley para «reperfilar» los vencimientos de deuda que deba afrontar el próximo presidente. La acusación contra los gobernadores echó sal en las heridas fiscales de un pelotón de mandatarios que incluye al salteño Juan Manuel Urtubey, vice de Roberto Lavagna en Consenso Federal, y hasta entonces un interlocutor privilegiado para el gobierno. Urtubey resistió por primera vez los llamados de la Rosada, pero la lista de 19 mandatarios que amenazaron con recurrir a la Corte por el IVA se redujo a sólo 14 firmantes. El martes comenzarán a ser recibidos para abrir una negociación que evite que el conflicto escale en la Tribunal Supremo, que ya tiene un puñado de demandas presentadas y podría poner a la Nación contra las cuerdas en un momento crítico. «
Reacción del FMI tras el cepo: ni palabra sobre los 5400 millones de dólares prometidos para septiembre
Un portavoz del Fondo hizo público que la entidad financiera está «analizando los detalles de las medidas». Los especialistas interpretan que el desembolso previsto para los próximos días es cada vez menos probable que se concrete.
Escueta, protocolar y políticamente ambigua. Así fue la primera reacción público del Fondo Monetario Internacional tras las medidas anunciadas por el gobierno y por el Banco Central de la República Argentina.
A diferencia de otros momentos, el FMI no emitió un comunicado oficial sino que habló a través de uno de sus voceros. Las palabras no ocupan más que un párrafo:
“Hoy las autoridades argentinas han anunciado medidas de gestión de flujos de capitales con el objetivo de proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. El personal del FMI está analizando los detalles de las medidas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el período hacia adelante y el Fondo seguirá al lado de la Argentina durante estos tiempos desafiantes”.
La entidad financiera no adelanta absolutamente nada sobre el desembolso de más de 5 mil millones de dólares que el gobierno de Macri debería recibir a mediados de septiembre, lo que es leído por los especialistas como que la posibilidad de que ese desembolso se haga efectivo es cada vez menor.
La otra interpretación importante para los conocedores de las formas de comunicar que tiene habitualmente el FMI es que no menciona ningún apoyo directo a la actual gestión de Cambiemos, como si lo hizo hasta antes de las PASO del 11 de agoso, sino que se limita a decir que “seguirá al lado de la Argentina”.
La Bancaria advierte: «Rompieron todo y quieren destruir la Nación antes de irse»
Durísimo comunicado del gremio bancario ante la grave situación financiera y las desacertadas medidas adoptadas por el gobierno
El secretariado nacional de la Asociación Bancaria emitió hoy un durísimo comunicado ante la gravísima situación económica y financiera del país y formula una serie de reclamos al gobierno para frenar el desarrollo del descalabro terminal.
«El Gobierno del Presidente Macri dañó a la mayoría de la población, en especial a los sectores sociales más desprotegidos, pulverizó el empleo y el poder adquisitivo del salario, asfixió a la industria nacional, en particular a las Pymes, endeudó a nuestro país en una estrategia demencial, donde no hay error sino perversión en función de los negocios propios y de minoritarios pero poderosos sectores corporativos» señala el documento.
Recuerda el documento que tras las elecciones de 2017, cuando logró un respaldo importante, «Macri redobló las medidas de ajuste sobre el mercado interno y la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, entró en virtual default ya en el primer trimestre de 2018, instancia que superó acudiendo al Fondo Monetario Internacional, garante -como siempre ha sido- de las grandes corporaciones financieras transnacionales, que respaldó, incluso en contra de lo dispuesto en sus estatutos, la secuencia endeudamiento/fuga de capitales. Desde entonces el Fondo co-administra la economía de nuestro país».
«A pesar de los resultados en extremo negativos y el rechazo mayoritario a esas políticas expresadas el 11 de agosto, el Gobierno viene profundizando su estrategia destructiva, lo que involucra las últimas decisiones del nuevo Ministro de Hacienda que potenciaron la corrida cambiaria» continúa el comunicado de La Bancaria.
El gremio bancario advierte que las medidas que adopte el Banco Centralk para contener la corrida «serán una decisión que traerá más problemas que soluciones. Así, en lugar de detener la corrida cambiaria la terminarán alentando desde la misma autoridad monetaria, rematando las escasas divisas de libre disponibilidad en poder hoy de un BCRA peligrosamente despatrimonializado, al igual que el conjunto de la Banca Pública».
«Por ello exigimos al Gobierno y al Banco Central que cesen en sus políticas irracionales, adoptando con urgencia un programa económico y financiero de emergencia, que permita:
● Reactivar la economía y consolidar reservas en moneda extranjera que son imprescindibles para asegurar los insumos importados vitales para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y energía; ese plan debe incluir, con la correspondiente regulación: a) la inmediata liquidación, con un plazo no mayor a treinta días, en el mercado financiero local, de las divisas que resulten de todas las exportaciones de productos nacionales; b) controles suficientes a los movimientos de capital.
● Preservar el sistema financiero para garantizar los ahorros genuinos de los argentinos y los sectores productivos, y recuperar su rol de intermediación financiera en la economía real.
● Retrotraer el denominado “reperfilamiento de deuda” del Tesoro Nacional en moneda nacional anunciado por el Ministro de Haciendaque se encuentre en posesión de empresas productivas con el exclusivo fin de constituir capital de trabajo para su normal funcionamiento, evitando un colapso que tendría graves consecuencias en el empleo, nivel de actividad, alza de precios, e incremento de la pobreza.
«Una vez más señalamos, por último, que el Congreso de la Nación, a través del Senado debe ejercer con plenitud su jurisdicción constitucional sobre el Banco Central de la República Argentina, que no puede estar presidido por quien carece el acuerdo previsto por la ley y contraviene las disposiciones de su Carta Orgánica».
ROMPIERON TODO, QUIEREN DESTRUIR LA NACIÓN ANTES DE IRSE.
Buenos Aires, setiembre 1° de 2019
ROMPIERON TODO, QUIEREN DESTRUIR LA NACIÓN ANTES DE IRSE.
Buenos Aires, setiembre 1° de 2019
«El Gobierno está como la gata Flora»
El secretario general de la CGT Héctor Daer definió al Gobierno como «la gata Flora» por lanzar críticas contra el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y al mismo tiempo reclamarle «prudencia» ante el contexto económico.
Héctor Daer, que integra la conducción de la central gremial junto a Carlos Acuña, defendió al postulante opositor que se impuso en las elecciones primarias sobre el presidente Mauricio Macri y apuntó contra las críticas y reclamos que le hacen los dirigentes del oficialismo.
Para el sindicalista, «el Gobierno está como la gata Flora» porque «por un lado comete las imprudencias de decir que lo que viene es el caos, cuando lo que viene es otra mirada de sociedad, otro modelo económico, pero no es el caos bajo ningún punto de vista; y por el otro, el candidato a vicepresidente, (Miguel) Pichetto, lo criticó a Alberto Fernández diciendo que sobreactuaba la prudencia».
«Cuando decimos las cosas como son, uno es imprudente; cuando se tiene prudencia y tiene una mirada desde todo punto de vista de defensa institucional te dicen que sobreactuás con la prudencia», agregó el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Buenos Aires en diálogo con Radio Continental.
En ese sentido, Daer remarcó que «el Presidente tiene que gobernar y ser la persona que encuentre los instrumentos que le da el Estado para resolver esta situación».
«Nosotros tenemos que dar todas las garantías institucionales para que el proceso democrático del 27 de octubre sea con absoluta tranquilidad y ojalá que este Gobierno llegue al 10 de diciembre, como queremos todos los argentinos»,añadió el referente sindical.
De esta manera, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) se refirió al trato del Gobierno hacia el postulante opositor, quien tienen altas chances de llegar a la Casa Rosada en base a los resultados de la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Biodiesel: empresas bonaerenses del sector se paralizan y suspenden 300 trabajadores
Los efectos de la devaluación, el aumento del precio de los commodities y el congelamiento del combustible pone en crisis a las empresas PyMEs productoras de biodiesel en el territorio bonaerense y la industria está paralizada.
Por ese motivo, 300 trabajadores de plantas productoras de biodiesel de las ciudades bonaerenses de Bahía Blanca, Junín y Ramallo recibieron telegramas que los notifican de la suspensión de las actividades hasta el 31 de octubre.
Y aunque parecía uno de los sectores exentos por las políticas del gobierno de Macri, “las fórmulas que contemplan el valor del biodiesel que debían pagar las petroleras no se actualizan a la forma en la que las empresas pretenden y repercuten en los trabajadores”, aseguró el secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, Gabriel Matarazzo, al anunciar las suspensiones.
La medida afecta a más de 60 trabajadores de Bahía Blanca y el resto de los suspendidos son empleados de plantas de Ramallo y Junín, en la zona norte y central de la provincia, respectivamente. Según miembros del sindicato, las empresas aducen “una cuestión de costos” y “no una actualización de valores”.
La incongruencia parece estar dada en que se congelan precios pero no pisan el valor de la materia prima que son commodities, que son en dólares, con lo cual, al estar el precio final congelado, se corta la cadena productiva.
Matarazzo indicó que el sindicato denunció esta situación al Ministerio de Producción y Trabajo, por lo que prevé que la semana próxima habrá una audiencia “en la que tendrá que ser convocada la secretaría de Energía”.
Como en 2001, miles de jóvenes ya abandonaron el país por la crisis
Ante la crisis económica que atraviesa el país, con pocas perspectivas a futuro y con trabajo precario, 14 mil jóvenes en este año decidieron buscar mejores oportunidades en otro países. Así lo revela la ONG Defendamos Buenos Aires, que asevera que la cifra es la más alta desde 2001.
En un pormenorizado análisis, se advierte que mensualmente 1800 personas entre 18 y 35 años mudan sus sueños a otros territorios, lejos de la Argentina. El director de la entidad, Javier Miglino, comentó que «la crisis económica, con un dólar que pasó de 20 a 60 pesos en poco más de un año y una recesión que -se vislumbra- será larga, obliga a muchos jóvenes universitarios y con formación a buscar nuevos horizontes».
Además de las escasas oportunidades que se presentan, los jóvenes chocan con salarios muy por debajo de la canasta básica que establece el INDEC. «No hay empleos para iniciarse laboralmente, el comercio está arrasado y la industria ha congelado las vacantes, lo que se traduce lisa y llanamente en una búsqueda de trabajo y nuevas expectativas en Europa y los Estados Unidos de América», apuntó Miglino.
En esa línea se expresó Alejandro Servide, director recursos humanos y miembro de Randstad, una reconocida empresa de recursos humanos: “Por las crisis y la devaluación económica, cada vez más los jóvenes profesionales piensan en un futuro en Europa”, dijo.
“Cuando suceden crisis tan profundas en la Argentina la gente busca otras opciones y, como sucedió el año 2001-2002 en la cual casi 800.000 argentinos se fueron al exterior, hoy estamos viviendo quizás una de las fases iniciales de este impacto”, aseveró Ariel González, secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Argentina.
Los que emigran en busca de una mejor chance para su vida saben que en otros países deben comenzar de cero, «con la obligación exclusiva y excluyente a cargo de los interesados de aceptar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de alojamiento y cualquier tipo de riesgo laboral y social en pos, primero de establecerse y luego de devolver todas las sumas recibidas para el viaje», estableció Miglino. En esta situación, «en general colaboran padres, abuelos, amigos e incluso loa compañeros de trabajo y allegados, porque no solo no es fácil ir a vivir a Europa o Estados Unidos, sino que es terriblemente caro».
Por primera vez en 20 años, Bagley paraliza la producción
Debido a la caída de ventas y aumento de costos fijos, la planta de producción de Bagley en Salto, y por primera vez en 20 años, paraliza su producción, licenciando a 1300 operarios. La delegada sindical de la firma, Silvina Scacheri, aseguró que la decisión de la empresa es consecuencia de la crisis económica.
“Se veía venir por la crisis que venía enfrentado ARCOR, pero no creíamos que le iba a pegar a la parte de galletas, porque la que se produce en Salto es una galleta vendible”, señaló, al tiempo que relató que los productos que se realizan en la planta son de consumo «familiar y diario» y hoy, ante el ajuste de gastos en el marco de una severa crisis económica, se dejan de comprar.
“No había pasado nunca en sus más de 20 años de existencia que se paralizara la planta. Pero ahora, con la suba del dólar y la harina se complicó”, advirtió Scacheri. Por otro lado, vale destacar que con más de 86 mil metros cuadrados, la planta de Salto es una de las fábricas de galletitas más grandes de América Latina.
La representante gremial también sostuvo que “nos dicen que parando esta semana, llegamos bien con el stock hasta fin de año. Ya veníamos teniendo distintas líneas paradas pero nunca había ocurrido que la planta entera sea paralizada».
En tanto, el Sindicato de Alimentación se mostró en contra de la decisión de la firma y podría lanzar medidas de fuerza si Bagley no cuida las fuentes laborales en momentos críticos en el plano laboral.
Tres empanadas: limosna de hasta $900 a los jubilados solo por dos meses
Además, es nada más que para los que tienen 30 o más años de aportes.
Tres empanadas: limosna de hasta $900 a los jubilados solo por dos meses
Mientras la inflación y la devaluación se comen los salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, el gobierno nacional decidió un aumento unilateral del 35 por ciento para el salario mínimo y ello rebotará en aproximadamente un millón 300 mil jubilados que cobrarán, solo por dos meses,hasta 900 pesos de plus en sus haberes.
La medida beneficia solo a quienes tengan 30 o más años de aportes y es consecuencia de que la ley sancionada a fines de 2017 fijó un piso del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil.
En octubre, según lo anunciado, el salario básico será de 16.875 pesos, por lo que la jubilación ascenderá a 13.837 pesos.
De esta manera, en octubre y noviembre habrá dos haberes mínimos: de $ 12.937 -para los que se jubilaron con moratoria- y de $ 13.837.50 para los que se jubilaron con al menos 30 años de aportes.
“Los bancos se han llevado mucha rentabilidad de las PyMEs”
El dueño de El Noble, Mariano Castagnaro, apuntó a “la tasa de interés, los impuestos altos y la problemática laboral” como los mayores obstáculos de los empresarios y denunció que “los bancos se han llevado mucha rentabilidad de las PyMEs”. También atribuyó la aplastante victoria de Alberto Fernández a que “hubo mucha soberbia” por parte del Gobierno.
También sostuvo que “de esta crisis se sale con acuerdos políticos” pero advirtió a Radio Estación Sur “en Argentina uno ve mucho egoísmo”.
“Yo en marzo les dije a los funcionarios: ‘Muchachos aflojen con la tasa de interés y con la presión tributaria que se los va a llevar puestos’ y pasó eso. Hubo un ‘efecto heladera’. Yo tengo 250 obreros que trabajaban conmigo, conozco a sus familias, su devenir, es gente que gana más o menos bien, pero hablo con ellos a diario y el tema tasa de interés pega en el tejido social porque hubo algunas PyMEs que cerraron por la presión impositiva y eso generó desempleo”, expuso.
“Hoy es desmesurada la presión fiscal”, se quejó y agregó: “Para ARBA, AFIP y las direcciones de rentas de los municipios pareciera que fuéramos enemigos”.
“Yo estoy a favor de los créditos subsidiados para la producción que se otorgaron en la época de Cristina, porque no salían del bolsillo del público, sino que obligaban a los bancos a que una parte de sus préstamos se los prestara a PyMEs a tasas subsidiadas. Yo creo que esa fue una medida adecuada”, reconoció.
En su casa de empanadas, reconoció, “hay menos consumo, aunque el sector de alimentos es el menos afectado porque la gente no deja de comer. Deja de comprarse una campera, un auto, un bien suntuoso, pero no deja de comer. Pero sí, hay menos consumo. Se ha visto afectado por el sinceramiento de tarifas”.
El salario mínimo no recuperará lo perdido y seguirá retrocediendo
Los funcionarios determinaron un incremento del 35% en tres cuotas consecutivas de 13, 12 y 10%, para que alcance los $ 16.875 en octubre de este año.
Nuevamente el Ministerio de Producción y Trabajo decidió resolver a través de un laudo la pauta en la que se actualizará el Salario Mínimo Vital y Móvil durante el próximo año. Según informaron desde la cartera laboral luego de la reunión del Consejo del Salario realizada el viernes, «ante la falta de acuerdo» entre los sindicalistas y los empresarios, los funcionarios determinaron un incremento del 35% en tres cuotas consecutivas de 13, 12 y 10% para que alcance los $ 16.875 en octubre de este año.
El haber mínimo perdió durante el período anterior un 19,7% de poder adquisitivo ya que se incrementó un 25% contra una inflación del 55,8% entre junio 2018-2019.
La inflación registrada en julio fue del 2,2% y, como resultado de la fuerte devaluación posterior a las PASO, se espera una suba de precios de al menos entre el 4 y 5% promedio mensual en los próximos meses. De este modo la suba pautada hasta octubre apenas retrotraería parcialmente lo resignado en el último año, consolidando a ese momento una pérdida del 8,4% desde junio de 2018 y dejando el haber mínimo congelado hasta al menos junio de 2020.
La última estimación de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, previa a la devaluación post PASO, proyectó una inflación para los siguientes 12 meses del 30 por ciento. Ante ese dato, la pérdida del poder adquisitivo del SMVM en dos años alcanzaría un 17 por ciento. Sin embargo, si se tomara una proyección más realista (aunque cauta) de una suba de precios del 40%, la pérdida del poder adquisitivo en ese período llegaría a un 22 por ciento.
En tanto, si se mantiene la tendencia de los próximos meses y la inflación llega al 60%, el haber mínimo (y los beneficios del que dependen) perderán el equivalente al 32% del poder de compra. «
Denuncian acoso laboral y maltratos en una cadena de maxikioscos
El estudio legal Abogades en Cooperativa aseguró que los empleados de Open 25 sufren agravios y precarización, que incluyen el no pago de la indemnización por despido.
Por Jonathan Raed
«La autoproclamada cadena de drugstores (maxikioscos) más importante del país vuelve a despedir inventando causas truchas justo cuando deben pagar salarios. De esa forma se quedan con el sueldo y especulan con la desesperación de los laburantes». Este es el primer párrafo del posteo en la red social Facebook del estudio Abogades en Cooperativa que desató la ira de los dueños de los kioscos Open 25 Hs.
«De seguir publicando dichas imágenes como cualquier otra y/o comentario o sugerencia, en la que surja el buen nombre de mi mandante me veré obligado a iniciar las acciones penales y civiles que me asisten», es una de las advertencias que notificó 25 Horas SA, vía carta documento firmada por su apoderado legal, Rubén Ferreyra.
Abogades en Cooperativa le describió a Tiempo su versión: una persona tiene un vínculo laboral legal por cuatro horas de trabajo diarias, pero trabaja 12 horas, seis jornadas por semana, a cambio de unos 23 mil pesos; cobra una parte en blanco y otra en negro. Luego, a partir de «provocaciones y maltratos», se generaría un despido sin indemnización.
Los hermanos Juan Manuel y Jorge Damiani son los dueños de Open 25 Hs. En un contexto de cierre masivo de kioscos, Open 25 se expande. «Somos #Open25hs; la cadena de #drugstores más importante del país! Con más de 200 sucursales, estamos siempre», dice su bio de Instagram.
Alejo Caivano, socio fundador de Abogades en Cooperativa, explicó a Tiempo: «Open 25 hace captación masiva de empleados porque todo el tiempo renuevan el personal debido a las condiciones esclavizantes. Tiene un departamento de recursos humanos con una lógica nefasta: el día que deben pagar el aguinaldo, los supervisores adquieren una política de maltrato muy dura y así buscan una reacción para despedir sin pagar ni salario ni aguinaldo. Es toda una ingeniería armada para, principalmente, evadir al fisco y a los derechos de los trabajadores».
Pablo Bentivegne, socio de la cooperativa de abogados, dijo: «Tenemos un conocimiento limitado sobre quiénes son. Suponemos que hay mucho más que no estamos viendo. Los movimientos bancarios no se relacionan con la magnitud de la empresa. Todos los empleados están a nombre de sociedades con otro nombre o personas físicas que muchas veces son los mismos que figuran en esas empresas satélites. Ellos plantean de manera muy precaria que son franquicias que alquilan la marca. A los efectos de los empleados, plantean que no son de Open, por lo cual se desligan de los reclamos y los descentralizan».
Bentivegne agregó: «Es el mismo modus operandi que usa un call center muy grande, que entendemos es parte del mismo grupo económico. Es el mismo sistema de recursos humanos y son los mismos abogados. Entre Open 25 y el call center, tenemos más de 150 causas iniciadas».
Caivano contó qué sucedió luego de la publicación en Facebook. «De manera muy cordial, un abogado de la empresa nos dice que si no la bajábamos, nos iban a denunciar. En total, nos avisaron dos veces en persona, dos veces por teléfono y luego llegó la carta documento, que nos imputan figuras del Código Penal y Civil. También estamos al tanto de que averiguaron en el Colegio de Abogados para sacarnos la matrícula. Si piensan que por denunciarnos y amenazarnos vamos a bajar la denuncia, están equivocados».
«Tienen una red de encubrimiento muy grande y evidente, pero su poder económico es tan grande que no pasa nada. No han tenido problemas con AFIP», afirmó.
Abogades en Cooperativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, cuyo presidente Matías Cremonte apuntó: «El estudio lleva adelante causas en defensa de los trabajadores, que en su enorme mayoría trabajan en condiciones precarias e inseguras para Open 25 Hs», por lo cual «las amenazas dirigidas a quienes defienden derechos humanos fundamentales son inadmisibles y deben cesar».
Tiempo se comunicó con la empresa y con su apoderado, quienes quedaron en responder. Al cierre de esta edición, no llegó esa respuesta. «
No se educa ni se come: quejas por las viandas para los alumnos porteños
Los docentes denuncian que en una situación económica apremiante para las familias, cada vez son más exiguas y de menor calidad. «Con hambre no se puede estudiar».
Por Gustavo Sarmiento
Mientras el Gobierno de la Ciudad gastará 16 millones de pesos en máquinas expendedoras de bebidas calientes para el Ministerio de Educación, las viandas para los chicos llegan cada vez más exiguas. “Miren las ‘viandas’ que entrega hoy Larreta en el Distrito Escolar 11 (Bajo Flores) luego de empujar a más de la mitad de los niñxs a vivir en situación de pobreza. Gastan en pauta publicitaria lo que deberían invertir en salud y educación. Y la fruta? #LarretaEsMacri”, tuiteó el secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado (UTE–CTERA), Eduardo López. En las imágenes se ven los sándwiches de pan de salvado enviados por la concesionaria «Alimentos Integrados SA» del tamaño de una lapicera, con sólo dos finas fetas de queso. Y una pequeña barra de cereal de postre.
«De un tiempo a esta parte fue disminuyendo notoriamente la calidad de las viandas. El año pasado eran dos sándwiches de jamón y queso y otro de medallones de pollo o pescado, una fruta y una barrita de cereal. Ahora es sólo un sándwich de queso y una barrita. Con hambre no se puede estudiar», reclama Amancay Benetti, docente en la escuela de jornada completa N° 4 «Benjamín Zorrilla» del Distrito Escolar 11, en San Pedrito 1415, pleno Bajo Flores, una de las que recibió las viandas de las fotos.
«Trabajamos con una población de zonas vulnerables, como son los chicos de edificios Castex y Fonavi, alumnos de la 1-11-14, Soldati, Ramón Carrillo. Para muchos de los chicos, la de la escuela es la única comida del día, sobre todo en los tiempos que corren». Ya en octubre de 2018 la comunidad de la escuela «Benjamín Zorrilla» había alertado al Ministerio de Educación por la quita de 30 raciones diarias, y la ausencia de pan que no fue reemplazada por ningún otro alimento.
El actual pliego de licitación sobre los alimentos escolares cubre los años 2018-2020. Lo destinado parece grande: 2.099 millones de pesos. Sin embargo, son apenas 69,19 pesos por chico, una cifra menor a los 72,80 por vianda que estipularon los pliegos originales, y con una inflación de casi el 60% anual. A diferencia de redeterminaciones de precios que hubo para concesionarios de veredas o transporte, en estos meses los números de las viandas escolares no se actualizaron. Otro factor clave es que la cartera educativa decide la cantidad de envíos tomando una «asistencia media» de alumnos de cada colegio, decidida en un día al azar en la que van representantes del concesionario. Si ocurre en una jornada de asistencia baja, las raciones no alcanzarán un día donde vayan todos los alumnos.
Hace una semana, treinta chicos fueron intoxicados tras almorzar pizza en mal estado en la escuela pública Francisco de Vitoria de Villa Crespo, provistas por la Ciudad. Los niños fueron trasladados en observación a los hospitales Durand y Fernández. Los mismos que habían denunciado días atrás la presencia de bichos en pasteles de papa. Varios que asisten a doble jornada resolvieron no comer más en la escuela.
«Muchas veces las frutas vienen podridas, machucadas. Acá en esta escuela las raciones son muy escasas, más teniendo en cuenta que la noche anterior quizás los chicos no cenaron. La semana pasada, por ejemplo, no alcanzaron las viandas para los maestros de turno», remarca Benetti.
Otro factor que se sumó a la crisis alimenticia en las escuelas porteñas fue la modificación en la modalidad para tramitar las becas: con nuevas trabas burocráticas a los padres –ahora deben completar formularios online de diez pasos y declaraciones juradas–, este año el gobierno entrega un 8% menos de raciones respecto al 2018, a pesar de que la demanda aumentó considerablemente.
cuestión de prioridades
En los últimos diez años el presupuesto en Educación del Gobierno porteño pasó del 27 al 17% del total. De esta manera se convirtió –en términos porcentuales– en el más bajo de todo el país. Sin embargo, la gestión Larreta destina grandes sumas a otros temas. En un contexto de ajustes y recesión sorprendió la publicación de la disposición N° 834/DGCYC/19 a principios de semana en el Boletín Oficial de la Ciudad, para contratar en la sede de la cartera educativa porteña “expendedoras de bebidas calientes en comodato”. Serán
$ 16.080.000 por 24 meses.
El default pone en peligro el sistema previsional
Casi el 20% del fondo de los jubilados quedaron atrapados en el “corralito de las Letras” que decidió el Gobierno. Al lunes eran $ 315.000 millones.
La ANSES participó en todas las licitaciones de estos bonos para cubrir las necesidades de dólares y pesos del Ejecutivo, principalmente en las de las últimas semanas. Más aún, el miércoles en el que se declaró el “reperfilamiento” y los títulos cotizaban a precio de default, el FGS había ofertado para U$S 693 millones de Letes y $ 20.000 millones de Lecap adicionales, revelaron fuentes del Gobierno a El Destape. La subasta, sin embargo, fue declararada desierta por la carencia de interés adicional.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, precisó esa misma tarde que aplazaba los vencimientos de las Letras en manos de inversores institucionales. Si bien omitió aclararlo, el mayor acreedor de este segmento es el FGS, que de acuerdo a un análisis provisorio, cuenta con $ 315.000 millones a los precios de mercado del 26 de agosto, según la información a la que pudo acceder este medio.
Al excluir a los individuos, la medida perjudicó directamente a este actor silencioso. Por el aplazamiento de los vencimientos aún se desconoce cuál será la nueva cotización de estos papeles en la plaza secundaria, con lo que es imposible determinar la pérdida que le generó al FGS.
Según pudo reconstruir El Destape, el fondo del organismo previsional que dirige Emilio Basavilbasocontaba con Letes por un valor nominal de U$S 3.860 millones en su capital, que consiguió en mercados primario y secundario. Además, Lelink por U$S 604 millones, Lecer por $ 41.850 millones y Lecap por $ 43.800 millones.
Oficialmente, desde Anses respondieron a este portal que “el FGS no va a tener problema porque tiene cubierto los compromisos de reparación histórica”. “Si bien es cierto que tiene muchas letras, no tiene la necesidad de desarmar posiciones a diferencia de otros actores como bancos o compañías de seguros”, añadieron. A su vez, no confirmaron a este medio cuál es la suma afectada por la decisión del Ejecutivo.
Así las cosas, el problema radicará en el desplome de la cotización de la cartera y la caída de su rendimiento, que ya estuvo vapuleada por las continuas devaluaciones contra las que no había tomado precauciones.
Operaciones cuestionadas
Desde que asumió, el Gobierno utilizó el FGS de forma polémica. Sin ir más lejos, dos antiguas denuncias de quien fuera el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), el fiscal Gabriel De Vedia (corrido de la unidad por el macrismo), hoy vuelven a avanzar en sede judicial. El reimpuslo se dio luego de que la Auditoría General de la Nación cuestionara distintas inversiones en su reciente análisis del FGS. Se trata de dos causas distintas que involucran a los (ahora ex) directivos del fondo Luis María Blaquier y Luis Caputo.
Por ejemplo, respecto al exministro de Finanzas, el fiscal de la seguridad social advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operación implicó el pago de comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.
Según la investigación, se comprobó que, en virtud de decisiones del funcionario, durante 2016 se invirtieron más de $ 500 millones en un Fondo Común de Inversión (FCI), cuya administración estaría vinculada en el ámbito privado al propio Caputo. Esta acusación había sido desestimada por el fiscal Eduardo Taiano pero luego del duro informe de la AGN el juez federal Luis Rodríguez analiza reabrirla. Le envió el documento a Taiano para que revea su posición y también dio intervención al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, que es una especie de fiscal anticorrupción.
También intentaron recurrir al FGS cuando el Ejecutivo firmó el memorando con Qatar, en el que pretendían girar U$S 300 millones de ANSES a una guarida fiscal. El acuerdo fue intermediado por el tenista Gastón Gaudio, quien recibió información confidencial y se lo remitió a un amigo financista, que tenía interés en participar del negocio. Gracias a que fue revelado por El Destape en 2016, el juez Daniel Rafecas y la fiscal Paloma Ochoa frenaron la implementación del tratado, que violaba un sinnúmero de leyes y normas previsionales.
El macrismo recurrió al dinero de los jubilados para realizar todo tipo de operaciones, algunas muy peligrosas. Fue una fuente de financiación constante con el objetivo de facilitar dólares para la fuga y debilitar a la herramienta que impide la aplicación de una reforma previsional para instalar un régimen mixto, con capitalización individual, como pretende Cambiemos desde que llegó a la Casa Rosada. Ahora, con el “reperfilamiento”, el Gobierno no hace más que volver a golpear el sistema.
Un cientificidio que pone en riesgo el futuro
Desde esta semana, Tiempo examina el retroceso sufrido en cada área durante la gestión Cambiemos. Ciencia y Tecnología, sector clave para el desarrollo, fue una de sus principales víctimas.
- AJUSTE PRESUPUESTARIO Y MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
El brutal proceso de desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología operado en los cuatro años de la gestión Cambiemos se verifica, sobre todo, en tres variables incontrastables: la profunda sangría presupuestaria que redujo al mínimo los fondos para la investigación científica, un fuerte recorte de los ingresos a la Carrera de Investigador del Conicet, y el ajuste salarial que dejó los sueldos del sector, particularmente los estipendios de las becarios, por debajo de la línea de pobreza.
Entre 2015 y 2018, el presupuesto destinado por el Estado a la función Ciencia y Tecnología se redujo del 0,35% al 0,26% del Producto Bruto Interno. Para este año, la proyección fijada lo había dejado en un menguante del 0,23%, con un importante nivel de subejecución.
La partida de 2019 es de 48.124 millones de pesos. El mecanismo comparativo utilizado para medir cuán por debajo está ese monto respecto de lo presupuestado y devengado en 2015, es el Índice de Precios Implícitos (lo que hace el Ministerio de Hacienda, partiendo de un cálculo muy conservador que a finales de julio proyectaba apenas un 48% de inflación para este año, índice que tras las últimas corridas cambiarias será superado largamente). Ese cálculo fija que la inversión en Ciencia y Tecnología en 2015 equivalió a 77.573 millones de pesos de 2019. Lo que supone una merma presupuestaria del 38% y un recorte total de casi 30 mil millones de pesos a valores actuales. Ese es el monto que verdaderamente equipararía la inversión en ciencia con los niveles de cuatro años atrás y que da cuenta de la enorme transferencia de recursos que se operó en el presupuesto nacional, también desde la función de Ciencia y Tecnología hacia, básicamente, el pago de intereses de deuda.
El análisis del ajuste por organismo indica profundas caídas presupuestarias en todos ellos. La erogación más grande del sector es la del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que en 2019 dispuso de un presupuesto de 16.966 millones de pesos. En 2015, calculados según IPI, había recibido el equivalente a 23.472 millones constantes a precios de 2019. Es decir, que la partida total del Conicet se redujo en cuatro años en 6500 millones, un 36% menos que al comienzo del gobierno de Mauricio Macri.
En mayo de 2017, cuando el progresivo desfinanciamiento de la ciencia ya era un hecho, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para garantizar el aumento sostenido de la inversión destinada a Ciencia y Tecnología, que permitiera situarlo para 2030 en el 3% del PBI. La llamada “ley Perotti” (por el senador Omar Perotti, hoy gobernador electo de Santa Fe, autor de la iniciativa) obtuvo media sanción del Senado pero desde agosto de ese año está cajoneada en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por el oficialismo.
Pero la variable que explica aún mejor la virtual parálisis de los institutos del Conicet es el porcentual de la inversión dedicada estrictamente a la investigación. Descontados los fondos asignados a sueldos y becas, los llamados “gastos de funcionamiento” sufrieron un recorte del 56,5%, y si en 2015 suponían la décima parte del presupuesto total del Consejo, hoy no llegan al 4 por ciento.
- EL RECORTE EN LA CARRERA DE INVESTIGADOR DEL CONICET
El número de jóvenes doctores ingresantes a la Carrera de Investigador del Conicet había tenido en el período 2003-2015 un crecimiento vertiginoso, pasando de 327 en 2005 a 596 en 2010 y hasta 943 en 2015, con un pico de ingresos de 957 nuevos investigadores en 2014. El Plan Argentina Innovadora 2020 –anunciado por Lino Barañao, el ministro que siguió en funciones tras el cambio de gestión y fue luego degradado a secretario– planteaba engrosar esa cifra en un 10% anual hasta llegar el año que viene a 1514 ingresos. Los cuatro años del macrismo han desbarrancado esa curva ascendente.
En diciembre de 2016, los resultados de la convocatoria de ese año arrojaron el ingreso de sólo 502 nuevos investigadores. Otro medio millar de jóvenes con doctorados y posdoctorados, que se habían postulado y habían sido recomendados para el ingreso, quedaron afuera, lo que derivó en una toma del organismo, en la calle Godoy Cruz, que duró cinco días, y que se saldó con un pálido ofrecimiento del gobierno: la reubicación de muchos de ellos en universidades nacionales y empresas públicas o con participación estatal, y el otorgamiento o la prórroga de becas a los postulantes excluidos. A pesar de las protestas, las convocatorias siguientes terminaron convalidando el recorte. En 2017 hubo 600 ingresos, y desde el período 2018 quedaron congelados en 450.
- TRAS LA REPATRIACIÓN, UNA NUEVA FUGA DE CEREBROS
Institucionalizado en 2008, el Programa Raíces (sigla de la Red de Argentinos Investigadores y Científico en el Exterior) había conseguido hacia el año 2013 la repatriación de mil científicos, revirtiendo el tradicional flujo hacia el extranjero que desde fines de la década del ’60 había constituido la llamada “fuga de cerebros”. El programa fue vaciado por el macrismo y, si bien no hay datos certeros, es un hecho que la diáspora de recursos científicos formados en el país se reactivó.
Desde la Red Federal de Afectados (los científicos postergados en las convocatorias del Conicet) señalan en más de dos mil el número de jóvenes investigadores que estarían siendo empujados a emigrar. Más precisamente, 2145. En efecto, en abril de este año se publicó la lista de los 450 ingresantes a la Carrera, y se reveló que el total de postulantes fue de 2595. O sea, apenas el 17% podrá continuar sus proyectos de investigación en el Conicet, y el resto, cinco de cada seis, deben buscar otros horizontes.
En virtud de la particular mirada del gobierno respecto de la utilidad de la investigación científica, el área de Ciencias Sociales y Humanidades fue la castigada con más rechazos: ingresó apenas el 6,8% de 556 postulantes. A Ciencias Exactas y Naturales le fue un poquito mejor en el promedio, con la aprobación de una cuarta parte de los proyectos: de 255 postulaciones, hubo 64 ingresos a la Carrera de Investigador: 22 de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera (sobre 88 postulantes), 15 de Física y 15 de Química (sobre un total de 119 presentaciones en las dos disciplinas), 7 de Matemáticas (de 30) y apenas 5 de Astronomía (sobre 18 postulaciones).
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, en 2015, el sistema universitario argentino había superado los 2400 doctorados al año, disponibles para un sistema científico que ahora le cierra las puertas.
Un estudio realizado por un grupo de becarias (Aizcorbe, Almejún, Gori y otras) ilustra, además, la desigualdad de género que subyace en los rechazos de la última convocatoria: ingresó sólo una de cada siete mujeres postulantes (189 de 1298) y uno de cada cinco hombres (154 de 842). El 75% de las denegadas –doctoradas con 12 años de formación– está en el rango etario de 33 y 41 (según una estadística del Indec, las mujeres con estudios universitarios completos retrasan hasta seis años el inicio de la maternidad).
- SALARIOS EN BAJA Y ESTIPENDIOS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA
El deterioro de la ciencia ha ido de la mano del menguante poder adquisitivo de los sueldos del sector. Un reciente informe de CIFRA (el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, dependiente de la CTA) grafica el derrumbe del salario real de los investigadores y becarios del Conicet. Desde diciembre de 2015, la pérdida de su poder adquisitivo fue, en promedio, del 37,8%, mayor que el 34,6% que perdieron, en general, los salarios de la administración pública. De acuerdo al estudio, el poder de compra de una beca doctoral se ubica en 2019 apenas 10% por encima de una de 2002. Y el salario de un investigador principal le rinde menos que en 2006, un retroceso de 13 años.
El informe de CIFRA va un paso más allá y calcula los ingresos brutos totales que dejaron de percibir los científicos, por el deterioro de sus salarios, desde 2015 (calculados, con inflación, en pesos de mayo de 2019): un becario doctoral perdió por el camino, en los cuatro años de la gestión Cambiemos, 121.851 pesos; y un investigador principal, 463.014 pesos.
La frutilla del postre hubiera sido que los becarios, con estipendios bajo la línea de pobreza, no cobraran el bono de 5000 pesos otorgados la semana pasada a los trabajadores estatales nacionales. Tras una primera negativa del gobierno, se resolvió que perciban el adicional.
- NO QUIEREN SER MILLONARIOS, SÓLO QUIEREN INVESTIGAR
La presencia de la bióloga Marina Simian concursando en el programa de tevé ¿Quién quiere ser millonario? generó opiniones encontradas al interior de la comunidad científica, pero sin dudas visibilizó para el gran público la menguante capacidad económica de los científicos para hacer ciencia básica sin los recursos que antes proveía el Estado. El tono “emprendedorista” y de salvación individual del caso Simian pareció querer instalar la idea de que conseguir fondos para financiar proyectos es un problema personal de cada investigador y no, precisamente, una política de Estado. La propia bióloga se reunió casi de inmediato con el presidente Macri, que “entendió” y prometió resolver su reclamo, dijo, e incluso tiempo después firmó una carta de respaldo a su reelección. En todo caso, la cuestión de los insumos entró en la discusión.
La habitual burocracia en el otorgamiento y desembolso de subsidios para PIPs, PIOs y PUEs (proyectos de investigación plurianaules, orientada y de unidades ejecutoras), para la compra de insumos y equipamiento para investigar, se ralentizó como nunca durante la gestión Cambiemos, y tras meses o años de espera entre la gestión de los fondos y su disponibilidad, las cíclicas devaluaciones pulverizaron el poder de compra de esos subsidios. Que además se redujeron notablemente. Los aportes del Tesoro a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica se redujeron un 62,4% en cuatro años, y el financiamiento externo, vía organismos multilaterales de crédito como el BID, cayó un 27,5 por ciento.
- UNA CRISIS QUE TAMBIÉN FUE INSTITUCIONAL
La debacle de la ciencia argentina es tal que ha generado reacciones inéditas para el sector. El clisé del investigador encerrado en su laboratorio, ajeno a los debates de la cosa pública, dejó pasó a una actividad militante, y junto a las manifestaciones de los jóvenes becarios precarizados se fue gestando un importante movimiento, impulsado por algunas figuras centrales de la ciencia local, que terminó de cuajar definitivamente en abril de este año en un plenario de directoras y directores de institutos del Conicet, reunidos en Córdoba, donde redactaron un Manifiesto exigiendo un urgente plan de salvataje para el organismo, suscrito por el 90% de los responsables de las unidades ejecutoras. Hubo luego dos Cabildos Abiertos en Defensa de la Ciencia y la Tecnología, que instalaron la cuestión en el centro del debate electoral.
En ese contexto se produjo, a fines de mayo, la largamente postergada normalización política del directorio del Conicet, con los nombramientos de los doctores Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny como miembros. Casi un año antes habían sido electos por sus colegas, en representación de las grandes áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Sociales y Humanidades, respectivamente, votados masivamente a partir de una plataforma electoral que busca explícitamente revertir el proceso de vaciamiento del organismo. Durante meses pareció que la demora en el trámite, una prerrogativa del Poder Ejecutivo, iba a repetir la escandalosa afrenta que desde el gobierno se hizo al doctor Roberto Salvarezza, hoy diputado, presidente del Conicet hasta 2015, electo por sus pares para el directorio en 2016 y cuya designación Presidencia de la Nación se negó a oficializar.
- EL INTI, CASO TESTIGO: DESPIDOS MASIVOS Y MILITARIZACIÓN
El modo más violento del vaciamiento en el sector científico se dio en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En enero de 2018, el despido masivo de 258 profesionales, técnicos y auxiliares del organismo fue una de las manifestaciones más acabadas del proyecto desindustrializador del macrismo. En respuesta a los 47 días de paro y el acampe que siguieron, el gobierno militarizó el predio de General Paz y Constituyentes, además de avanzar en una reestructuración de los centros de investigación y desarrollo con vías a privatizar sus servicios, y crear dentro del organigrama del INTI, a contramano del discurso de austeridad, unas 40 gerencias y subgerencias. En cuatro años, el presupuesto del INTI se redujo un 47,8 por ciento.
- LA RENUNCIA A LA SOBERANÍA SATELITAL
La soberanía satelital, premisa clave del desarrollo tecnológico del gobierno anterior, quedó definitivamente archivada. El presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales cayó entre 2015 y 2019 un 71,2%, sobre todo como resultado de la suspensión de los proyectos de los vehículos de lanzamiento Tronador y los satélites de la serie SARE.
La construcción del Arsat-3, nave insignia del desarrollo aeroespacial argentino, fue virtualmente paralizada. Y la modificación por decreto de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (sancionada en 2015), abrió el negocio a los prestadores privados. Durante la gestión Cambiemos se autorizó la operatoria de más de 25 satélites extranjeros, para cubrir servicios que iba a ofrecer Arsat y para no perder los derechos sobre la posición orbital 81 grados Oeste.
En julio de 2018, Mauricio Macri anunció la cancelación de contratos con la empresa estatal rionegrina INVAP (que construyó los Arsat-1 y 2, lanzados exitosamente en 2014 y 2015), porque “eran de la época de la magia y la plata no está”. Otro proyecto vinculado a INVAP cercenado de cuajo fue la Televisión Digital Abierta (TDA), que iba a democratizar el acceso a la televisión de calidad pero entraba en colisión con los intereses del macrismo y sus socios en materia de telecomunicaciones. Desde entonces, todo un entramado de pymes tecnológicas que giraban alrededor de estos proyectos entró en una espiral de despidos y cierres.
- EL DESMANTELAMIENTO DEL PLAN NUCLEAR ARGENTINO
Otro organismo clave para el desarrollo autónomo, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), perdió un 33,1% de su presupuesto. Salvo los proyectos RA-10 (un reactor multipropósito para el diagnóstico de enfermedades) y CAREM (una central nuclear de baja potencia), ambos iniciados durante la gestión anterior, el resto del Plan Nuclear Argentino fue desactivado. La producción de la Planta Industrial de Agua Pesada, en Neuquén, está paralizada desde 2017 y ya perdió un tercio de su personal. La central de Embalse fue reconectada tras tres años de trabajo, para prolongar su vida útil. Pero la suerte del proyecto Atucha III, que formaba parte de un acuerdo con la República Popular China para construir dos plantas, firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue siendo una incógnita. Macri se sometió inicialmente a las presiones de Washington para desconocer el acuerdo con el gobierno chino, pero luego intentó resucitarlo, aunque las negociaciones sobre el financiamiento de lo que iba a ser la cuarta central de potencia del país naufragaron en medio de la presente crisis cambiaria.
- EL SECRETARIO BARAÑAO Y LA DEGRADACIÓN DEL MINISTERIO
Un último pero sugestivo ítem de la debacle en el área fue, sin duda, en septiembre de 2018, la degradación a Secretaría del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que había creado Cristina Kirchner en 2007. Increíblemente, sigue al frente un actor fundamental de este drama, Lino Barañao, que ya a mediados de año, cercado por el aluvión de críticas de sus colegas, avisó que renunciaría cualquiera fuera el resultado de las elecciones. En un reciente reportaje, Barañao admitió: “El presupuesto para la ciencia es como el oxígeno para el cerebro. Uno puede aguantar dos o tres minutos y no pasa nada, pero con diez minutos, el daño es irreversible”. «
La utilización del Código Contravencional para «desmoralizar a los vendedores»
La Policía pateó y confiscó la mercadería de un vendedor de sandwichs
Casos similares de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional fueron denunciados por los vendedores y la Defensoría General de la Ciudad. El Código se endureció en diciembre pasado para habilitar detenciones bajo la carátula de «resistencia a la autoridad». «El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», advirtieron desde Vendedores Libres.
El accionar violento de la Policía de la Ciudad contra los vendedores ambulantes quedó registrado nuevamente a través de filmaciones de vecinos que denunciaron en las redes sociales cómo atacaron a un joven que vendía sanguches de salame. «¡Filmame! ¡Filmame!», se envalentonó el oficial de la fuerza porteña ante el reclamo de los vecinos. «¿Cuántas veces te digo todos los días, ‘andate porque te van a secuestrar la mercadería’?», continuaba advirtiéndole el policía al joven tras patearle la mesa en la que estaba su mercadería, un acto irregular que podría traducirse en una causa por abuso de autoridad y daños agravados impulsada por la Defensoría General de la Ciudad.
«¡No puede hacer eso!», grita una vecina en el intento de defender al vendedor ambulante de la acción policial. «Ah, ¿no puedo hacer esto? Tres veces le dije», le contesta el policía, indentificado por los denunciantes como el oficial mayor, Andrián Vinent.
La figura de «uso indebido del espacio público» del Código Contravencional porteño es la que le permite a la Policía de la Ciudad avanzar sobre los vendedores ambulantes, aunque el mismo código hace una diferenciación respecto de las actividades de «mera subsistencia». «¿Qué querés que vaya a chorear? Estoy laburando, no estoy haciendo nada. Estoy buscano el peso», intentaba convencer el joven vendedor ambulante al oficial que terminó tirándole al piso toda su mercadería.
«Este es la patética demostración del fracaso de la política del (vicejefe de gobierno porteñom Diego) Santilli que pretende solucionar un problema social con el Código Contravencional. Cada puesto callejero que se levanta es reemplazado por otro, porque las personas están realizando un trabajo de subsistencia», lamentó el defensor adjunto y titular del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General porteña, Luis Duacastella.
Por las malas
La Defensoría General se puso en contacto, a través de redes con organismo sociales, con el joven que sufrió el avance por parte de la Policía de la Ciudad para representarlo y analiza la radicación de una denuncia por abuso de autoridad y daños agravados.
Lejos de patear la mesa y dejar la mercadería desparramada en el suelo, el oficial porteño debería haber labrado un acta, registrar la mercadería en infracción y ordenar su secuestro. En ese caso, la Denfesoría hubiese intervenido desde el primer momento. «Los policías, cansados de labrar actas, se desmadran. La política del gobierno los lleva a utilizar la fuerza», apuntó Duacastella.
La Defensoría General tiene estudiado los casos de simples contravenciones que se traducen en violencia institucional. De acuerdo al informe 2018 de la Defensoría , sobre 623 casos de violencia estatal registrados, 95 fueron denunciados por personas a las que se les imputaron contravenciones.
Esa política de persecusión del gobierno porteño fue ratificada en diciembre pasado, cuando con mayoría oficialista, la Legislatura endureció el Código Contravencionalhabilitando a la policía a detener a quienes estén en falta.
«Las situaciones sociales se resuelven con políticas sociales. A las personas que se las rebuscan y tratan de ganarse la vida, no se las puede perseguir como si fueran delincuentes», setenció la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, Victoria Montenegro, quien votó en contra de las modificaciones al igual que el resto de los legisladores del peronismo y la izquierda.
Según la agrupación sindical de Vendedores Libres solo en el 2018, previo a la modificación del código, en el barrio de Flores hubo más de 1000 detenidos, bajo otra figura tan habitual como genérica «resistencia a la autoridad». «Como no pueden erradicar la venta por la resistencia de los vendedores, en un país que no ofrece oportunidades, lo que hacen es quitarte lo que tenés para vender», sintetizó Omar Guaraz, referente de la agrupación de vendedores nucleada en la CTA.
El informe 2018 de la Defensoría General aporta otro dato relevante que confirma la selectividad en la política de seguridad. Sobre las contravenciones aplicadas a cada detenido, en el 77,9 por ciento de los casos la contravención imputada fue “Uso del Espacio Público” y, entre ellos, la mayor cantidad de casos refiere al artículo que tipifica las actividades lucrativas sin autorización en la vía pública.
«Ese muchacho que vende sandwichs debería estar hoy en una fábrica iniciando su vida laboral y un proyecto de vida. Pero no hay lugar para jóvenes como él y salen y crean su propio laburo: se hacen vendedores», graficó Guaraz.
Una política extendida
La política de control del espacio público aplicada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no es nueva; la persecusción sobre la colectividad senegalesa o sobre los vendedores ambulantes en Once y Flores suman decenas de casos en los últimos años. Precisamente, este último caso registrado ocurrió el miércoles pasado en Flores en la avenida Nazca, entre Bacacay y Bogotá.
«Este operativo indigna, pero la norma general son operativos muchísimos más violentos donde por lo general, los vendedores son detenidos, heridos y, a veces de gravedad», apuntó Guaraz a PáginaI12 y denunció nuevas acciones contra vendedores senegaleses en Once esta semana.
El informe 2018 de la Defensoría también advirtió sobre la población que está siendo víctima de la política de persecución en el espacio público, en coincidencia con los nuevos casos denunciados. El 76 por ciento de las víctimas de violencia fueron ciudadanos argentinos, un 14 por ciento fueron personas de origen africano, entre los que los senegaleses representaron el 57,5 por ciento. El 10 por ciento de las víctimas de violencia institucional restantes fueron de países latinoamericanos.
«Este Gobierno tiene un problema en la concepción del paradigma de la seguridad. Los porteños no nos sentimos más seguros porque la policía patee a la gente que se busca el mango todos los días», criticó Montenegro.
La informalidad y la edad de las personas que denunciaron ser víctimas de la violencia de la Policía de la Ciudad también es significativa: el 89,8 por ciento tenían un trabajo informal, entre ellos, un 24 por ciento son vendedores ambulantes; y en su mayoría fueron varones con un promedio de edad de 30 años.
«Cada vez tenemos más manteros en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, como el fenómeno de las ferias americanas a cielo abierto, gente que no tiene un mango siquiera para reevender y trueca cosas usadas», puso en contexto Guaraz. «La política de expulsiones de los manteros comenzó en 2011 con Mauricio Macri como jefe de gobierno y hasta el día de hoy no hubo voluntad de solucionarlo. El único camino es utilizar el Estado para exterminar a los vendedores en la calle», sintetizó el vendedor ambulante.
«Puro vandalismo estatal»
Tanto desde la Defensoría como desde Vendedores Libres coincidiero en marcar que está en aumento el registro de casos en los que la mercadería que es secuestrada por la Policía de la Ciudad no queda documentada y nunca vuelve a ser recuperada por los vendedores. Desde la Defensoría apuntan la debilidad que tienen los vendedores callejeros para demostrar los tipos y cantidades de los materiales que se les secuestra.
«No pudieron doblegar a los vendedores metiéndolos presos, entonces, lo que se está dando ahora es un robo descarado de la mercadería. Ya Espacio Público y la Policía saben quiénes son los vendedores, entonces, se acercan y le sacan la mercadería. Otras técnicas son intervenciones con operativos de motos o policías de civil. Es puro vandalismo estatal que tiene como objetivo desmoralizar a los vendedores», denunció Guaraz.
Comunicado de la Mesa de Directorxs de Cine
Debilitamiento e indefensión
El comunicado de los cineastas denuncia manipulación de datos por parte del Incaa, subejecución presupuestaria y suspensión de créditos.
Por Horacio Bernades
«El Incaa tiene una mala información o está manipulando las estadísticas propias”, dicen los cineastas.
“Las asociaciones participantes en la Mesa de Directorxs de Cine informamos con mucha preocupación un gran debilitamiento y estancamiento del fomento a la producción del cine nacional, única función esencial del Incaa”, empieza diciendo el comunicado en el que la Mesa de Directorxs de Cine advierte sobre el estado de indefensión de la industria cinematográfica argentina, ante la desprotección a la que la someten las políticas de la gestión que rige actualmente ese organismo oficial. La Mesa de Directorxs de Cine está integrada por siete asociaciones de realizadores. Entre ellas el PCI, que agrupa a los representantes del llamado Nuevo Cine Argentino y sus sucesores, DOCA (la principal asociación de documentalistas) y el Colectivo de Cineastas, una de las agrupaciones más dinámicas del medio cinematográfico (ver nota aparte). Las siete entidades convocan a una movilización y conferencia de prensa a realizarse el miércoles 4 de setiembre a las 19 en la puerta del cine Gaumont.
El comunicado de la Mesa denuncia manipulación de datos por parte de las autoridades del Incaa, subejecución presupuestaria, suspensión de créditos (palanca excluyente para que una producción cinematográfica se pueda llevar a cabo), reducción de convocatorias para nuevas producciones, incumplimiento del pago de cuotas, desinformación sobre los gastos y limitación o anulación de las funciones de los dos organismos de contralor previstos por la Ley de Cine: el Consejo Asesor y la Asamblea Federal. “El Incaa ha publicado una serie de cifras donde detalla cantidad de películas subsidiadas, films en rodaje y dinero ‘ahorrado’», dice el comunicado.Y sigue: “[Estamos] sorprendidos ante estos números presentados, que solo podemos atribuir a que el Incaa tiene una mala información o está manipulando las estadísticas propias”.
“Lo que dicen la ley y su reglamentación es que se debe aplicar el 50% de la recaudación a subsidios a películas nacionales”, continúa. “O sea, solo al primero de los conceptos de lo que ese informe realizado por el Incaa llama ‘Fomento Cine Directo’. El concepto ‘Fomento Cine Directo’ no existe en la ley. Es una creación artificial. Los anticipos de subsidios, los premios, las coproducciones no forman parte de ese 50% que dice la ley, sino que corresponden a la otra mitad del presupuesto.”
Luego de eso el comunicado de la Mesa de Directorxs de Cine detalla la subejecución presupuestaria durante los dos ejercicios correspondientes a la presente gestión (2017 y 2018), la suspensión de créditos, el estado de inestabilidad legislativa que ocasiona la modificación de reglamentaciones prescriptas por la Ley de Cine, la falta de convocatoria al Consejo Asesor y la Asamblea Federal (lo cual acarrea falta de control externo sobre la gestión), el rechazo del balance 2018 por parte de la Asamblea Federal, el presupuesto 2019 que no pasó por el Consejo Asesor (tal como indica la ley) y el no cumplimiento del pago de cuotas a los ganadores de dos concursos convocados por el propio Incaa.
En consecuencia, la Mesa de Directorxs reclama la publicación detallada de los gastos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, el nombramiento urgente y puesta en funcionamiento del Consejo Asesor), convocatoria urgente a la Asamblea Federal, liquidación de todos los pagos pendientes a la producción, interrupción de cualquier gasto extraordinario, y convoca a la comunidad cinematográfica a diseñar un Plan de Fomento “basado en la pluralidad y equidad de género, con eje en los eslabones más débiles de nuestro castigado cine”.
La violencia obstétrica al amparo de la justicia
Por La Rastrojera.
En el día de ayer en la ciudad de Puerto Rico, Misiones, hubo una marcha desde la municipalidad hasta la fiscalía número 1, exigiendo celeridad en las múltiples causas de violencia obstétrica que se registran en los en los hospitales de Jardín América y Puerto Rico. Tuvimos oportunidad de hablar con Felipe Monzón, padre de una de las víctimas y denunciante de uno de los cuatro casos presentes en la movilización.
En la concentración del viernes frente a la Municpalidad de Puerto Rico, alrededor de cincuenta personas exigieron al Estado celeridad en las causas que acusan a muchos profesionales de la salud por violencia obstétrica y mala práxis. En la fiscalía nº1 de la región que encabeza los números de violencia obstétrica a nivel nacional, nadie salió a dar la cara. Según testimonios, solamente una secretaria gritó desde la puerta que no había nadie.. que estaban todos de «licencia».
Tuvimos oportunidad de hablar con Felipe Monzón, papá de Alicia Monzón, víctima de violencia obstétrica y mala praxis en el año 2013. «Me siento con mucha impotencia porque la justicia no actúa como corresponde hace siete años. Uno no sabe cómo tomar las cosas. Alicia tuvo un embarazo controlado, todo parecía ir bien. Y cuándo fue a dar a luz pasó lo peor porque lo mataron al chico por mala praxis y los médicos que están involucrados salen sobreseídos y sin causas», nos contaba Felipe.
«Hoy nos manifestamos acá en la municipalidad de Puerto Rico hasta el juzgado y estuvimos pidiendo justicia por que sigue pasando el tiempo y no cambia nada. Los médicos siguen ejerciendo su profesión totalmente impunes y siguen pasando casos similares al de Alicia en los hospitales que nosotros conocemos. Romina Villamayor, es otro ejemplo, ella pasó por un caso similar al de mi hija hace 9 años.»
Alicia Monzón nos contó que en el momento en que ella despierta después de la anestesia y se entera de que su hijo había muerto, es gracias a Felipe, su padre, que la trasladan porque si no, se moría ella también.
«Esa era la idea de los médicos», confirmó Felipe, «que ella no pudiese contar lo que había pasado. En ese momento saqué a mi hija y la llevé a Posadas. Cuando hice la denuncia a la policía me quisieron meter preso y entonces fui a los medios de comunicación y empecé a difundir su caso y denunciarlo públicamente. La desesperación y la impotencia me llevó a hacer todo esto.»
«Hoy la causa deja mucho que desear porque el juez Luge y el secretario Benítez del juzgado de Puerto Rico nos dicen que estamos sin fiscal, y pedimos que la fiscal salga de dar la cara porque ella vive de licencia y nunca está.»
«Hoy no había fiscales, no había jueces, no había medios de comunicación y la gente de Puerto Rico mira para el costado. Da mucha bronca porque la gente piensa que uno sale a la calle porque es mala persona y no es así, necesitamos apoyo porque son momentos muy difíciles.»
Envio:RL
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