El Gobierno deberá revisar todas las expulsiones inconstitucionales
La ONU reclamó la derogación del decreto de Macri contra los migrantes
El informe del organismo internacional, que es vinculante, también solicita al Estado argentino a revisar todas las medidas de expulsión que derivaron del DNU de 2017, respetando el derecho a la unidad familiar y al interés superior del niño.
Por Agustina Arredondo
El Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas reclamó al gobierno de Mauricio Macri derogar el decreto 70/2017 a través del cual se restringió el ingreso de ciudadanos extranjeros al país y se facilitó su expulsión.
A diferencia de otros Comités de la ONU que ya habían condenado el decreto (como el Comité de los Derechos del Niño o el Comité Contra la Tortura), esta resolución advierte por primera vez sobre las consecuencias que generó, las expulsiones masivas y separaciones familiares, que de acuerdo con la Defensoría General de la Nación suman al menos 125 casos, de los cuales 109 son de madres o abuelas de residentes en Argentina que tuvieron que separarse de sus familias. Esos datos fueron tomados en cuenta por el órgano de la ONU, que pidió al gobierno que tuviera especial atención en estos casos para no seguir vulnerando derechos humanos.
A partir de la presentación que realizaron organismos de derechos humanos y asociaciones protectoras de migrantes a principios de septiembre en Ginebra, el Comité denunció que el DNU ”no cumple los fundamentos básicos de la Convención” a la que está suscrita Argentina desde 2007. Por lo tanto, emitió una serie de recomendaciones urgentes, por las cuales el país deberá rendir cuentas en octubre de 2020, y otras a largo plazo que tendrá que informar dentro de cuatro años.
Raisa Ortiz Cetra, integrante del equipo de Trabajo Internacional del CELS, quien participó de la presentación del informe conjunto de más de quince organizaciones nacionales, entre ellas la Comisión Argentina para Refugiados y Migrante y el colectivo Migrar no es Delito, resaltó que el Comité “se pudo adentrar en las consecuencias de la implementación del DNU”.
“El informe es muy completo en relación a nuestras denuncias, también celebra el reingreso de Vanessa Gómez Cuevas pero solicita la revisión de los demás casos, entre ellos los de de Liz Moreta y Jhony Quiroz”, relató a Página/12 la especialista.
El documento podría ser también un aliciente para que la Corte Suprema falle contra el decreto. En marzo de 2018 la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el DNU, pero el Gobierno apeló y ahora la causa se elevó a la Corte, que todavía no se expidió sobre el tema. Mientras tanto el decreto sigue vigente.
Ortiz Cetra confía en que la resolución del Comité influya en la decisión del máximo tribunal, en tanto el documento “es muy contundente” porque especifica que el decreto “es opuesto al contenido de la Convención”. “Esperamos también que la Corte entienda el impacto del DNU no sólo a nivel normativo, que comprenda el impacto concreto que tiene y que cuanto más tarda en tomar una decisión, más se ve afectada la vida de los y las migrantes de la Argentina”, resaltó.
La condena a las expulsiones masivas
La declaración del Comité de la ONU hace especial hincapié en las expulsiones masivas de migrantes que se registraron en los últimos dos años. De acuerdo al colectivo Migrar no es Delito, 870 personas ya fueron separadas de sus familias, mientras que a otros 830 migrantes ya les comunicaron su deportación, aunque la organización espera que con esta resolución sus expulsiones “se congelen”.
Un caso paradigmático que llamó la atención de la Convención fue el de Gómez Cuevas , la migrante peruana que en febrero de este año fue expulsada del país, dejando detrás de sí a dos de sus hijos desamparados.
La resolución exhorta al Estado argentino que “la detención administrativa sólo debe utilizarse como medida de último recurso”, e insta al Gobierno a que tome en cuenta alternativas a la 'retención' que actualmente se aplica a los migrantes”.
El CELS, por su parte, espera que el Estado cumpla con las indicaciones y considera como buen augurio la decisión de la Dirección de Migraciones de permitir el regreso de Gómez Cuevas. El organismo cree que si se revirtió la decisión original, “el Estado también tiene que estar abierto a abrir otros casos, porque lo hizo cuando autorizó el regreso de Vanessa”, según evaluó Ortiz Cetra.
“El gobierno siempre supo que el DNU era un error, que era nefasto, pero por suerte la protesta social en las calles y los reclamos de los organismos de derechos humanos hicieron posible la reconsideración de un caso que tomó estado público”, celebró Alexander, referente de Migrar no es Delito, que desde la sanción del decreto organizó movilizaciones para repudiar las medidas que asociaban la inmigración con la delincuencia.
Uno de los aspectos de mayor preocupación expuesto por las organizaciones fue “la separación de familias y las expulsiones que violan el debido proceso y el derecho a la defensa, agravadas por significativas fallas en el control judicial de las decisiones de la administración”. Alexander lamentó que en Argentina, desde el 2015 al 2019, las expulsiones de migrantes “aumentaron un 200 por ciento”. “Era un país caracterizado por ser acogedor, pero desde la Ley Videla no se habían producido tantas expulsiones masivas como con en la era Macri”, manifestó el activista, en referencia a la ley vigente desde 1983 a 2003, que permitía la expulsión de una persona sin que interviniera el Poder Judicial.
Las organizaciones de derechos humanos advierten que hay una relación directa entre las medidas en contra de los derechos de los migrantes y el discurso xenófobo institucional que se instaló desde la Casa Rosada y su círculo cercano . “Para Miguel Ángel Pichetto que vuelva al país una compañera que había sido expulsada es molesto porque el Gobierno vende xenofobia, pero su problema no es con la migración en general sino con el migrante pobre porque, como bien lo dijo Macri, 'Sudamérica era una región de migrantes europeos'
Fuente:Pagina12
".Lo hizo a partir del reclamo de Eduardo Codiani, miembro del Centro de Estudios para la Integración Financiera.
La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones le ordenó al Ministerio de Hacienda entregar todos los actos administrativos, los acuerdos y las prórrogas del acuerdo que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El fallo, firmado por los jueces Sergio Gustavo Fernández, Carlos Manuel Grecco y Jorge Esteban Argento, responde a la apelación de Eduardo Codiani, miembro del Centro de Estudios para la Integración Financiera, quien había pedido acceso a esa información y había recibido datos incompletos.
Codiani recurrió a la justicia pero en primera instancia su demanda fue rechaza. El fallo de la Cámara revocó ahora esa sentencia y ordenó al Ministerio de Hacienda que entregue toda la información y documentación oficial del acuerdo en soporte papel y digital.
El pedido original de Codiani buscaba acceder al texto completo del contrato firmado con el Fondo por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenneger, así como los términos, condiciones y todo documento de ambos créditos “stand by” contraídos, uno por 50.000 millones de dólares y su extensión por 7.000 millones de dólares más. Sin embargo, recibió un informe del Ministerio que consideró insuficiente.
“Se verifica que la demandada (el Poder Ejecutivo Nacional) no cumplió íntegramente con el deber de proveer la información y que, en consecuencia, al no fundar debidamente su negativa, ni invocar que mediase en el caso alguna de las excepciones previstas en el artículo 8 de la ley 27.275, corresponde –de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General– revocar la sentencia en este punto y ordenarle que informe respecto de la existencia o inexistencia de la información en cuestión y, en su caso, que proceda a su entrega”, señalaron los jueces.
Fuente:TiempoArgentino
Pesadilla en la calle Balcarce: cuáles son las ocho causas judiciales que no dejan dormir a Macri en modo despedida
La intervención judicial de Correo Argentino y la investigación para saber si "empujó" la devalución post PASO revitalizaron el pánico a Comodoro Py del líder PRO, a 90 días de la posible desnudez de poder. Paseo del Bajo, soterramiento del Sarmiento y el business de los peajes, algunos de los expedientes que pesan. Dietrich, el "Tano", "Pepín" y el asesor amigo del Newman, otros que tiemblan.
por Marcelo Rielo
En los últimos días, dos novedades judiciales revitalizaron el temor del Presidente: por un lado, la jueza en lo comercial Marta Cirulli decidió intervenir Correo Argentino SA, la empresa residual de la Macri a la que Mauricio intentó condonarle una deuda con el Estado calculada a 2033 en $ 70 mil millones, porque sospecha que obstaculiza y proporciona información trucha sobre sus cuentas, en el marco de una investigación por presunto vaciamiento de la compañía privatizada en los años 1990; por otro, la fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar los acuerdos firmados entre el Gobierno y el FMI, para determinar si el líder PRO "empujó" intencionalmente la disparada del dólar ocurrida tras las PASO.
Las paredes de Olivos y de los dos "hogares" del mandatario en Balcarce no escuchan, pero los que transitan los tres lugares hablan: es un secreto a voces que Macri reconoce en privado que está preocupado por su futuro a partir de las denuncias que tramita la Justicia y que, después de la paliza electoral que recibió en las PASO, adquirieron nuevo impulso. Es que hay altísimas probabilidades de que el 10 de diciembre se quede desnudo de poder, y eso inevitablemente activa el modo despedida en que se lo observa al jefe de Estado en sus últimos actos públicos.
En los escritorios de la Rosada se lee un centenar de expedientes que están abiertos, pero son ocho los que provocan la mayor atención. Algunos transitan los fueros civiles y comerciales, pero los que más pánico le generan son los que podrían generarle consecuencias penales.
LAS OCHO CAUSAS QUE SON PESADILLAS
Correo Argentino: la última novedad de, tal vez, las causas por el primer escándalo de la gestión Cambiemos, es que la jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (firma residual de los Macri) en que se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información y hasta la entrega de datos falaces, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no quita a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín -que denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a $ 4500 millones, pero que calculada a 2033 alcanza los $ 70 mil millones, a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales- había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.
Mientras tanto, el Gobierno fue a la Corte Suprema Justicia para pedir más tiempo en la causa en donde se analiza la deuda entre el Estado y el Correo, controlado por el grupo Macri. La Cámara Comercial envío al máximo tribunal un planteo que hizo la Procuración Nacional del Tesoro en busca de más tiempo para resolver si acepta o rechaza una propuesta de la empresa en el marco del concurso de acreedores.
De estos hechos acerca de la deuda de la firma con el Estado, que datan de 2001, luego derivó la causa penal que tramita en Comodoro Py por el intento de condonación multimillonario, en la fueron llamados a declaración indagatoria el ministro Oscar Aguad, un funcionario y dos abogados de Correo, y en las últimas horas el juez Ariel Lijo dispuso un estudio contable para esclarecer si, efectivamente, esa quita fue o no abusiva.
La devaluación post PASO: "Si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes”, dijo Macri en una entrevista en septiembre de 2018. Algo así podría haber pasado en agosto de 2019, más precisamente el 12 de ese mes, al día siguiente de las primarias, cuando el dólar se disparó y la justicia investiga si ésa fue una decisión deliberada del Presidente y dañina para la Argentina. En ese caso, el mandatario no estaba "en control", como dijo su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, en la fatídica conferencia de prensa de ese día.
La fiscal federal Paloma Ochoa pidió investigar los acuerdos entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para averiguar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las primarias.
Según informó la agencia de noticias NA, tras el requerimiento que hizo la fiscal con varias medidas de prueba, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral deberá definir el destino de la investigación. Entre las medidas que solicitó la Fiscalía, se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del FMI y el Gobierno.
También se solicitó que la Jefatura de Gabinete entregue los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar. Otra de las medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de acuerdo a datos del BCRA, el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.
La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día siguiente de las PASO hubo "una suba indefinida del dólar", frente a la cual el BCRA se comportó de modo "anormal, extraño e inusual" por no intervenir en el mercado de cambios.
Había sido el ex titular de la entidad que regula los bancos Martín Redrado quien, en una entrevista radial, había asegurado tener "información" de que el propio gobierno de Macri habría ordenado castigar con esa devaluación a los argentinos por su voto.
El Business de los peajes: la investigación penal que también tiene a su cargo Canicoba Corral por estafas en los peajes de Autopistas del Sol, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana, es otra que preocupa al Presidente. Carlos Stornelli, sorpresivamente, tomó una determinación en las últimas semanas que impulsó el expediente por una maniobra previa al
desprendimiento del 7% de acciones que controlaba el Grupo Macri.
De acuerdo a una denuncia de diputados del FpV-PJ, Autopistas del Sol presentó un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) para exigirle al Estado nacional un resarcimiento de USD 1.100 millones por presuntos atrasos tarifarios. Cuando Macri llegó al poder, Guillermo Dietrich, desde el Ministerio de Transporte, aceptó pagarle a esa empresa del Grupo Macri USD 499 millones para resarcirla, pero con el objetivo de sacar provecho del conflicto en el CIADI para renovar el contrato de los peaje y sacar ganancias de ello.
La operación salió a la luz por una investigación del periodista Alejandro Bercovich en C5N. Del material surgido del expediente armado por la interventora de Ausol, se constataba que la demanda del CIADI era una trampa al fisco en la que la firma buscaba quedarse con la renovación de la concesión y antes cobrarse los 499 millones.
Según la causa, hay un testimonio determinante: el de la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad Nacional Julieta Ripoll, que participó de las negociaciones con Ausol y después fue despedida por el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, que responde directamente a Dietrich.
Otra denuncia sobre el business de los peajes de Macri promovida por Margarita Stolbizer, pero fue desestimada por el fiscal Guillermo Marijuán. Ese expediente tenía que ver con el incremento de las acciones cuando Macri llegó al poder, tras el caso del Ciadi y los tarifazos en el sector. En enero de 2015, cada acción valía cuatro pesos, pero, luego de la renegociación de los contratos y los aumentos del 200 y 270%, cada papel de Ausol subió a 14,50 y luego a 75,50. Cuando llegó al valor más alto, el Grupo Macri se desprendió del 7% que tenía de Ausol por USD 19,7 millones. Si la venta se hubiera realizado al precio
de enero de 2015, como expuso Página 12, no habría facturado más de tres millones de dólares.
El famoso soterramiento del Sarmiento: a pesar de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que lo reemplazará por un viaducto -¿temor o ajuste?-, la investigación por la obra de colocación bajo tierra del ferrocarril Sarmiento sigue en pie. En este caso la tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal a cargo es Franco Picardi.
El foco principal es el decreto de necesidad y urgencia que firmó Macri para reemplazar los $ 40.000 millones que originalmente iba a proporcionar el consorcio que se quedó con la obra, integrado por la cuestionada brasileña Odebrecht, la firma cercana a los Macri IECSA, la italiana Ghella S.p.A. y la española Comsa. Es que a pesar de haber asegurado y haber firmado que iban a obtener el financiamiento para el desarrollo, nunca lo hicieron y el líder PRO, en vez de anular la licitación, les concedió los fondos con un DNU que podría aparejarle de las peores complicaciones penales imaginables en materia de corrupción.
Todos los ex funcionarios de la gestión anterior están procesados a partir de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht que reconocieron haberles pagado coimas. Sin embargo, hace dos meses la AFIP pidió la indagatoria de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, porque “quedó en claro que IECSA armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas”, reveló el diario Página 12.
Hasta la obra "símbolo" del macrismo, el Paseo del Bajo, terminó en pesadilla para Macri: Dietrich no sólo está salpicado por el caso de los peajes, sino que también es investigado por favorecer a IECSA -que pasó del mandatario a su primo, y de éste a Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos de la gestión Cambiemos- para que se quedara con el desarrollo del tramo más costoso de la obra con la que el Presidente lanzó su campaña electoral para las PASO.
::::: Horacio Rodríguez Larreta y Guillermo Dietrich recorrieron las obras del Paseo del Bajo
IECSA es una empresa vial y de obras públicas que fue fundada por Franco Macri, luego fue conducida por Mauricio, pero que este último hizo transferir desde el Grupo Macri a Calcaterra cuando Cambiemos llegó a la Rosada. Los tramos del Paseo del Bajo fueron licitados en 2016 y la empresa seguía en manos de Calcaterra, que luego la habría vendido a Mindlin, empresario que ya inició su salto al nuevo tiempo, al reunirse con Alberto Fernández.
El negocio de los parques eólicos: Detrás de la estrategia para promover energías renovables de la administración PRO, podría esconderse el negocio con los parques eólicos que puso en marcha Macri en 2016 y que también provocó problemas judiciales que preocupan al hipotético mandatario saliente.
Raro entramado: esos parques quedaron originalmente en manos de la empresa española Isolux, que luego las vendió a un grupo armado por Sideco Americana, del Grupo Macri, que desarrolló con cuatro empresas un grupo a nombre de un contador que adquirió seis parques en Chubut y en la provincia de Buenos Aires.
El primer paquete de parques fue vendido por USD 25 millones al grupo controlado por Sideco, que luego los revendió al Grupo Macro, integrado por Genneia y la empresa china Goldwind, que les permitió obtener el doble de la inversión inicial.
El caso Avianca: otra negocio-operación que pone a Macri en situación de preocupación por sus derivaciones judiciales es el de la llamada por Dietrich "Revolución de los Aviones". Específicamente por la venta de Macair, la empresa de vuelos privados del Grupo Macri que fue comprada por el Grupo Avián, de capitales colombianos y brasileños, para desembarcar en el país en el paquete de las low cost.
Macair salió de las manos del Grupo Macri cuando ya se sabía que el presidente Macri pondría en marcha un cambio en el sistema de aeronavegación comercial que permitiría el desembarco de nuevas aerolíneas, las de bajo costo. Cuando fue comprada por la subsidiaria de Avianca, la empresa obtuvo la adjudicación de 36 rutas por 15 años, pero las denuncias que engrosan el expediente advierten que la nueva firma no contaba con la documentación para adjudicarse esos vuelos.
En el caso están imputados el propio Macri, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el infaltable ministro Dietrich. Están investigados por los supuestos delitos de irregularidades en la administración del espacio aéreo, tráfico de influencias, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.
El blanqueo de capitales (con privilegios para los amigos): la decisión de Macri de habilitar la "repatriación" de capitales para sus propios familiares es uno de los casos que más podría generarle nuevas complicaciones a partir de un planteo que presentó el diputado nacional Felipe Solá y que debe resolver la Corte Suprema.
El máximo tribunal -donde también ya circulan las dudas acerca de qué hara su presidente, Carlos Rosenkrantz, y cómo se moverá su antecesor, Ricardo Lorenzetti- debe definir si el legislador puede cuestionar por vía judicial el blanqueo de capitales que aprovecharon familiares del Presidente y funcionarios de su gobierno, porque lo hizo por decreto.
Si la Corte le da la razón a Solá, las intimidades del blanqueo deberían ser investigadas: desde los 622 millones de pesos que declaró Gianfranco Macri, uno de los hermanos del líder PRO, en comparación con los 126 millones que dijo tener el jefe del Estado.
La trama del blanqueo también abre puertas, como explicó Letra P, a pesquisas referidas a los Panamá Papers, como los cuatro millones de dólares que Gianfranco reconoció haber escondido en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. Los interrogantes sobre las off shore del mandatario son también interminables.
MACRI NO ES EL ÚNICO: LOS OTROS PREOCUPADOS
"Qué mal esto del peronismo, podemos ir todos presos", le comentaron a un importante dirigente porteño, según el portal LPO, dos de los principales operadores judiciales a los que Macri supo echar mano en estos tres años y medio como Presidente: Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y José Torello, que evidentemente temen a Comodoro Py como efecto del viento judicial si Alberto Fernández gana las elecciones generales.
"Pepín" fue electo en el Parlasur en 2015, cargo que usó curiosamente para desmantelar ese organismo regional en sociedad con Mariana Zuvic, incluso con una campaña para quitarles los fueros a los legisladores del parlamento del Mercosur.
Curiosamente, este 2019 encontró a "Pepín" interesado en tener fueros: quiso entrar al menos como suplente en la lista de senadores de Juntos por el Cambio en la Capital. Pero fracasó, paradójicamente.
La "mesa chica del PRO" decidió dejarlo afuera bajo el convencimiento de que era preferible no llevar en las listas a alguien con el historial "negro" de Rodríguez Simón. Esta ausencia de fueros en los próximos años es lo que motiva el miedo de "Pepín" ante un cambio de gobierno. La ausencia de fueroz, el cambio de gobierno y, por qué no, el conocimiento de sus propias acciones.
Según el mismo medio, también Torello, el jefe de asesores de Macri, tiene el mismo temor. "Importantes jueces federales están esperando el momento indicado para vengarse de Pepín y Torello. Los acusan de haber presionado demasiado a la Justicia. La jueza María Servini de Cubría tuvo un enfrentamiento personal con Torello, cuando el compañero de Macri en la secundaria corrió a su hijo Juan de la administración del Poder Judicial para poner a un joven de su confianza", cuenta la versión.
El caso de Dietrich, el ministro de Transporte, imputado hace días en la causa peajes, es similar. Es que el hombre de la "revolución de los aviones" está involucrado en muchos de los expedientes judiciales que preocupan al propio Macri.
Daniel "Tano" Angelici, por su parte, tiene dos elementos en sus manos, uno que lo tranquiliza y otro que le genera la sensación contraria: por un lado, es un secreto visible que pasó a un segundo plano en Tribunales luego de que Elisa Carrió buscara investigarlo. Ese factor más la elevada exposición que le provocó ser el presidente de un Boca poco exitoso, señalado como el "operador judicial" del jefe de Estado que lo antecedió en el Xeneize, lo corrieron un poco del juego y le dan alivio.
Sin embargo, su vínculo con dos figuras que jugaron fuerte en la persecución política que la oposición denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner no lo tienen muy tranquilo: Gustavo Arribas y Laura Alonso. El titular de la AFI, motor de las causas contra el kirchnerismo, llegó a ese cargo recomendado por el "Tano". La titular de la Oficina Anticorrupción, que convirtió el organismo en una fábrica de denuncias contra el anterior gobierno, también es del riñón de Angelici e hizo declaraciones explícitas en las que anunció que no investigaría al espacio político encabezado por Macri, el hombre del que dijo que podría "enamorarse".
Fuente:PoliticaArgentina
El país real: suspenden a mil operarios en Vaca Muerta y temen despidos
Así lo denunció el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra. El gremio buscará que el sector empresarial garantice el pago de sueldos y no aplique despidos.
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, denunció la suspensión de alrededor de 1.000 operarios en yacimientos de Vaca Muerta porque se detuvieron las perforaciones.
Pereyra dijo que las empresas San Antonio, Schlumberger, Baker Hughes y Calfrac paralizaron los equipos de perforación y que "no quedó ni un set de fractura".
Agregó que el gremio busca ahora que el sector empresarial garantice el pago de sueldos y no aplique despidos.
El gremialista señaló que "al bajar un equipo todo lo que se mueve alrededor tiene serios problemas y hay empresas que bajaron su actividad como consecuencia de la finalización de contratos".
Agregó que la decisión también es consecuencia de "las medidas del Gobierno nacional, que con el Decreto 566 congeló el precio y los inversores han bajado las inversiones", en declaraciones a AM 530.
"Estamos complicados, tenemos a 1.000 compañeros en suspensiones rotativas, para evitar los despidos", recalcó.
Pereyra afirmó que el Gobierno nacional "ha perjudicado toda la actividad" y dijo que el próximo año "no vamos a tener el crecimiento con 20 ó 25 equipos trabajando".
Fuente:Infonews
Sobreseyeron a Cristobal López y Fabián de Sousa por la venta del Grupo Indalo
Con esta decisión, las defensas de ambos podrían pedir la libertad de los empresarios
Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron sobreseídos en la causa que investiga la venta del grupo Indalo. Así lo definió la jueza federal María Eugenia Capuchetti y ahora sus abogados defensores estarían en condiciones de pedir la libertad de ambos ante El Tribunal Oral Federal Número 3.
Los empresarios y el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, son juzgados por no haber pagado al fisco ocho mil millones de pesos destinados al impuesto al combustible. A fines de 2017, el juez Julián Ercolini procesó a los implicados por defraudación al Estado y ordenó la detención de López y De Sousa.
En paralelo, el magistrado dispuso abrir una investigación para saber si hubo venta de acciones de empresas del grupo Indalo al grupo Ceibo, en tiempos de inhibición de bienes para hacerlo. En marzo del año pasado, los exjueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah recaratularon la causa por evasión y ordenaron la excarcelación, lo que fue revocado por Casación un mes más tarde.
En el expediente se analizaron dos hipótesis, según publicó Infobae. De un lado, presuntas transferencias indebidas de acciones y, por otro,los supuestos movimientos patrimoniales y económicos que habrían tenido lugar a partir del cambio de autoridades.
Mediante la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte Suprema, la justicia estableció que "no hubo transferencia accionaria" del grupo.
El mes pasado, Ricardo Gil Lavedra, quien fuera abogado de la AFIP en la causa Oil Combustibles, aseguró en El Destape Radio: “No me parece bien que Fabián De Sousa y Cristóbal López estén detenidos mientras se espera el juicio. Nunca pedimos las detenciones”. Con la decisión de Capuchetti de este viernes, podrían quedar en libertad nuevamente.
Fuente:ElDestape
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la postergación de vencimientos de la deuda de corto plazo por USD 9.300 millones golpeará el programa financiero de 2020.
El costo de la postergación de vencimientos de la deuda de corto plazo que anunció el ministro Lacunza el 28 de agosto ascenderá a casi 1.500 millones de dólares, informó este viernes la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Se trata de los intereses adicionales que deberá enfrentar el erario público por la decisión del ministro de pagarles a los tenedores institucionales solo el 15% de los vencimientos de las Letras del Tesoro (Lelink, Lecap, Lecer, Letes) en tiempo y forma, el 25% a los 3 meses y el resto a un plazo de 6 meses.
El reperfilamiento invirtió la carga de los vencimientos: hasta el anuncio de Lacunza, el 77% de los pagos debía realizarse en 2019; con el nuevo esquema, el 72% se cancelará en el 2020.
Así, la cantidad de vencimientos de la deuda de corto plazo en manos de acreedores privados se reduce de los 15.283 millones de dólares a los 5.977 millones de dólares, lo que representa un ahorro de 9.300 millones de dólares este año.
"El reperfilamiento de las letras del Tesoro permitió una reducción estimada de US$5.586 millones de vencimientos de LETES y LELINK en 2019 (US$8.751 millones vs. US$3.165 millones) y de $223.222 millones en los vencimientos de LECAP y LECER ($391.923 millones vs. $168.700 millones)", detalló el informe de la Oficina de Presupuesto que supuso para estos cálculos un dólar a $60.
En consecuencia, el año próximo la deuda de corto plazo -que bajo el esquema original era de 4.665 millones de dólares- pasará a ser de 15.443 millones de dólares, es decir el monto ahorrado en 2019 y un adicional de 1.472 millones de dólares por causa de los nuevos intereses que genera el reperfilamiento unilateral del 85% de los compromisos.
"Para estimar el impacto efectivo de las medidas sobre las necesidades de financiamiento, se consideran únicamente los títulos en manos del sector privado, asumiendo que los vencimientos intra-sector público se refinancian completamente. Bajo el supuesto de que 15% de las letras del Tesoro están en manos de inversores minoristas (es decir, que se reperfila el 85% restante), los vencimientos previstos para 2019 se reducen en US$9.306 millones. Por otro lado, como resultado de la extensión de los plazos se devengan US$1.472 millones adicionales de intereses con respecto al cronograma de pagos original", informó el Congreso.
Siguen sin cobrar los sueldos de agosto
Chubut: los docentes ingresan a la novena semana de paro
El secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) Santiago Goodman confirmó que se decidió “continuar el paro por seis días más”. La Nación envió la mitad del dinero adeudado.
Goodman confirmó que “por mandato de las asambleas escolares” se decidió “continuar de paro por seis días más, desde este lunes hasta el sábado inclusive”, con lo cual la medida de fuerza sumará nueve semanas ininterrumpidas sin dictado de clases en ese distrito.
El referente de la Atech recordó que “no ha cambiado ninguna de las condiciones que motivaron el paro que veníamos desarrollando, no se nos pagó el sueldo de agosto y por la información con la que contamos al gobierno le cuesta horrores juntar los fondos para hacer frente a la primera escala salarial”.
Chubut debía recibir de la Nación 1.237 millones de pesos a través de anticipo de coparticipación, recursos del fondo fiduciario para las provincias y adelantos de aportes para el Fondo de Incentivo Docente, pero el ministro de Economía provincial Oscar Antonena aseguró que no pudo pagar los sueldos “porque de esos fondos solo recibimos por ahora 500 millones, que no alcanzan”.
Fuente:RedaccionRosario
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hará en la última semana de septiembre un último intento por evitar esa demora, cuando se reúna con autoridades del organismo multilateral.
El FMI esperaría hasta después de las elecciones del 27 de octubre próximo para definir el desembolso de los US$ 5.400 millones previsto para mediados de este mes, lo cual aumentaría la tensión cambiaria y complicaría al Gobierno, según versiones que circularon este viernes en los mercados.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hará en la última semana de septiembre un último intento por evitar esa demora, cuando se reúna con autoridades del organismo multilateral.
En mercados del exterior y en análisis de bancos y fondos de inversión dan por hecho que los recursos acordados con el organismo multilateral no se sumarán a las reservas del Banco Central hasta que el panorama electoral se aclare.
En recientes declaraciones, el vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que ese organismo mantiene el apoyo al Gobierno de Mauricio Macri y que se están cumpliendo las exigencias contenidas en el acuerdo firmado el año pasado, pero evitó dar precisiones sobre el esperado desembolso.
El funcionario confirmó que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington a fin de mes para continuar el diálogo con directivos del organismo.
Sin embargo, los funcionarios que siguen el caso argentino habrían aconsejado no enviar los fondos del nuevo desembolso, una decisión que complicaría aun más al Gobierno que necesita los recursos para engrosar las reservas del Central y evitar una mayor sangría.
Para frenar esa caída, el Ejecutivo decidió imponer un cepo cambiario que si bien no afecta la compra de sumas pequeñas, sí está complicando a las empresas que tienen que girar dividendos o dólares al exterior, incluso en casos en que cuentan con los billetes para remitirlos.
El influyente diario británico, Financial Times, advirtió que el Fondo tendría decidido esperar hasta después de las elecciones para resolver qué hacer con el desembolso.
«La agitación del mercado ha complicado las evaluaciones del cumplimiento de los objetivos del programa después de que la derrota del presidente Mauricio Macri en las primarias el mes pasado desencadenara una venta masiva de los activos», aseguró en un editorial el periódico.
Desde el Fondo sólo se conocieron las definiciones formales del vocero, quien sin embargo también reconoció que la Argentina enfrenta «complejas condiciones de mercado e incertidumbre política», lo cual hace que «la situación sea aún más difícil».
Nuestro compromiso sigue siendo fuerte con la Argentina», sostuvo el funcionario.
Respecto del futuro gobierno y sobre el diálogo con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, Rice sostuvo que «en términos de discusiones futuras, necesitamos tener las reuniones a fines de septiembre primero y luego lo retomaremos desde allí».
«Seguimos intentando ayudar. Seguimos totalmente comprometidos, ese es el papel del Fondo», afirmó.
Fuente:Conclusion 
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