La oposición le impuso al macrismo el repudio al derrocamiento de Evo Morales
El Senado rechazó el golpe contra Evo
El texto aprobado no sólo repudia el golpe en Bolivia sino que insta al Poder Ejecutivo a conceder asilo a todos los que lo soliciten. Los oficialistas presentaron un texto más lavado y finalmente se abstuvieron. Los opositores criticaron a Macri y Faurie.
Por Werner Pertot
El Senado aprobó una declaración de repudio al golpe de Estado en Bolivia.
Imagen: Prensa Senado
Imagen: Prensa Senado
El Senado fue otro territorio de la discusión entre el oficialismo y la oposición sobre Bolivia. La mayoría opositora aprobó una declaración que repudió el golpe de Estado e instó al Ejecutivo a conceder asilo a todos los que lo soliciten. El interbloque de Cambiemos planteó su propio proyecto, más lavado, que planteaba repudiar los “ataques al sistema democrático de Bolivia”, y finalmente se abstuvo. En los discursos, los senadores oficialistas se concentraron en cuestionar a Evo Morales, aunque no hubo demasiados cruces. Además, el oficialismo sumó el rechazo a los ataques a la embajada argentina en Chile y criticó a Venezuela, para no perder la costumbre. Los opositores cuestionaron al presidente Mauricio Macri y al canciller Jorge Faurie por su posición “genuflexa”.
El debate en el Senado comenzó con 37 senadores, el quórum justo, incluidos cinco de Cambiemos. De entrada, el senador radical Julio Cobos planteó incorporar un proyecto de Cambiemos que no hablaba de golpe de Estado y pidió sumar el caso de Chile. Luego de una discusión, se pusieron de acuerdo en tratar los dos proyectos en conjunto.
Con la whipala sobre su banca, la senadora Magdalena Odarda propuso sumar el bloqueo a Cuba y tuvo la primera discusión con la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Golpe o Golpe
A Caserio le tocó arrancar una sesión sin muchos cruces. “Consideramos que es necesario hacer un repudio al golpe de Estado en Bolivia, con una renuncia del presidente Morales que fue coercionada. La actitud de los militares bolivianos fue de sedición. Más allá de las posiciones del Ejecutivo, la ex canciller Susana Malcorra ha dicho que esto no es para debatir, que esto fue un golpe de Estado. Esto provoca una inestabilidad regional por la que todos estamos preocupados”, advirtió el presidente del bloque del PJ, Carlos Caserio. “Nosotros no podemos negarle asilo político a nadie. En la década del setenta, que todos vivimos, muchos países del mundo abrieron sus puertas cuando muchos dirigentes nuestros estaban perseguidos”, remarcó el jefe del bloque del PJ.
El senador Maurice Closs (Misiones) cuestionó al canciller Jorge Faurie no sólo por Bolivia: “Hace rato que veo con asombro las actitudes de nuestro canciller. Bolsonaro agredió al presidente electo. Y la Argentina no dijo nada”. No fue el único. “Debe mediar una condena absoluta y sin condiciones a cualquier golpe de Estado. Me avergüenza profundamente lo que manifestó la Cancillería”, se sumó María de los Angeles Sacnun. “El Gobierno de Macri ha traicionado más de cien años de políticas por América Latina unida”, consideró el senador Pino Solanas.
Cobos contra Morales
Desde el oficialismo, esquivaron de distintas maneras la condena directa al golpe e intentaron volver la culpa sobre Morales. Cobos cuestionó los 13 años de gobierno del presidente boliviano “sin que esto sea una justificación para quebrar el orden institucional”. La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado sostuvo que “son siempre repudiables los golpes de Estado, pero también son siempre repudiables los fraudes”. “Hay cinco países que dicen que hubo golpe de Estado. El resto dicen que no lo hubo. Más allá de señalarnos con el dedo, nos pongamos del lado de ese pueblo que sufre”, planteó. En tanto, Silvia Elías de Pérez cuestionó a Morales: “Cuando un gobernante pretende quedarse eternamente en el poder, debilita a la democracia”. “En Bolivia ha habido un quiebre institucional, o más de uno. La violación a la Constitución no la condenamos. Que el Tribunal Supremo diga que la reelección por un mandato viola los derechos humanos de un ser humano no lo condenamos”, enumeró Esteban Bullrich y llegó a mencionar a Venezuela, el caballito de batalla de Cambiemos.
“Evo Morales hizo uso abusivo del poder. Nos cansamos de pedir que nos solidaricemos con los hermanos venezolanos”, se sumó la radical Silvia Giacoppo. “Es un golpe, es un golpe democrático. Ahora bien, tampoco esto es un obstáculo para que reflexionemos sobre los gobernantes que se creen insustituibles. Rechazamos el proceso fraudulento”, aportó Luis Naidenoff. “Evo Morales hizo fraude y es imperdonable. Lo dijo la auditoría oficial de Bolivia”, lanzó Angel Rozas, aunque el informe preliminar de la OEA no afirma eso.
Entre la traición y la estupidez
“El hablar de fraude es una forma de justificar el golpe de Estado. Si nuestro presidente y nuestro canciller hubieran sido claros, el Estado argentino hubiera estado representado”, advirtió el senador Alfredo Luenzo. “¿Se cita como autoridad a Luis Almagro? ¿Estamos hablando en serio? No hay un solo informe de la OEA que pruebe fraude. ¿Alguien cree que no hay petróleo y litio detrás de esta discusión? Entiendo el esfuerzo de los legisladores del oficialismo en intentar defender esa política errática”, advirtió Marcelo Fuentes. “No voy a hablar de la democracia, voy a hablar de la estupidez”, remarcó. “La mayor forma de la estupidez es no tener conciencia del interés propio. Pasamos por un ciclo de política exterior caracterizada por la tilingería. No espero más nada de este Gobierno ni de un canciller que no tiene ni la vergüenza de disimular”, calificó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, quien sugirió pensar en “qué significa geopolíticamente Bolivia para la Argentina”. Fuentes consideró que “si reconocen una presidencia ilegítima, van a encender más la mecha”.
Sobre el final, Rozas insistió en armar un texto de consenso. “Siempre tenemos esa voluntad, pero me parece que después de haber enunciado cosas distintas, es difícil”, le respondió Caserio. Rozas anunció que iban a abstener. Luego de que fue aprobado el proyecto opositor (29 a favor, 6 en contra y 6 abstenciones), se aprobó la declaración por Chile.
El presidente electo almorzó con los embajadores de la UE
Alberto Fernández pidió apoyo y comprensión a Europa
Habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea y del cepo cambiario. "Soy europeísta", se definió. Prepara una gira por el Viejo Continente antes de su asunción.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández junto con la embajadora de la UE, Aude Maio-Coliche, y el resto de los embajadores europeos.
Alberto Fernández pidió apoyo y comprensión a los embajadores de la Unión Europea con los que hoy compartió un almuerzo. Apoyo en las negociaciones que deberá encarar con el Fondo Monetario Internacional y en la continuidad de las inversiones, que la futura economía necesitará como el agua. Comprensión en la continuidad de medidas como el cepo cambiario, que necesitariamente deberá continuar debido a la falta de dólares. El presidente electo comentó a los 22 representantes europeos que no terminó de revisar el acuerdo Mercosur-UE, pero que en su ánimo está avanzar en una negociación que sea beneficioso para las dos partes. "Soy europeísta", les aseguró Fernández, que viajará al Viejo Continente antes de asumir en una gira que abarcaría, en principio, Francia, Italia y Alemania.
Lo de europeísta lo explicó, entre otras cosas, por su admiración por el modelo que existe en los países del norte europeo. En ese sentido, se mostró interesado por el Consejo Económico y Social que existe en Holanda, tal vez el mejor modelo de lo que quiere poner en marcha en el país a partir del 10 de diciembre. En su momento, Mauricio Macri también dijo observar ese ejemplo, pero no hizo nada al respecto.
Respecto al acuerdo de libre comercio, el punto crucial hoy en el vínculo de los dos bloques, Alberto Fernández recordó haber participado de las conversaciones que le dieron inicio, allá por 2006. Lo corroboró allí mismo el embajador de España, Francisco Sandomingo Núñez. "No conozco la letra del acuerdo, pero les digo voy a hacer todo lo posible porque salga", les prometió Fernández, quien llegó acompañado al hotel de la Recoleta donde se hizo el almuerzo junto a un grupo importante de colaboradores: Santiago Cafiero, Felipe Solá, Cecilia Todesca, Gustavo Beliz, Miguel Cuberos y Juan Pablo Biondi. Solá se fue un rato antes de que terminara como debía hablar en la sesión de Diputados por el golpe en Bolivia. Del otro lado, encabezados por el embajadora de la UE, la francesa Aude Maio-Coliche, embajadores y representantes de los 22 países europeos con sede en Argentina.
En el rubro inversiones, Alberto Fernández planteó Vaca Muerta, minería y litio, como los rubros donde se podían alcanzar buenos acuerdos. El embajador de Italia detalló el emprendimiento que la firma italiana Seri en sociedad con Jujuy inició para fabricar baterías de litio. En general, las preocupaciones de las embajadores fueron por el lado de la "seguridad jurídica", la continuidad de la normativa. Consultaron por el cepo, que Fernández evaluó que obviamente deberá seguir por un tiempo dada la dramática escasez de dólares que le dejarán en el Banco Central.
El presidente electo también detalló las conversaciones que había mantenido en los últimos días con los presidentes Donald Trump, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez. Respecto a la región, definió también en ese ámbito como un golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia e hizo un repaso de las turbulencias en la región. En el entorno de Alberto Fernández creían que la situación crítica del vecindario le puede jugar a favor de la nueva gestión. "Están preocupados viendo lo que ocurre en Ecuador, Chile, Bolivia. Quieren que acá se mantenga todo más estable, así que seguro van a hacer lo posible por ayudar", imaginaban.
Fernández podrá comprobarlo pronto de primera mano: organiza para antes de asumir una gira europea que incluiría reuniones con Macron, con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, y probablemente también con la alemana Angela Merkel.
El rechazo en Tribunales obliga al Presidente a frenar el traspaso
Qué esconde Macri con el tema de los testigos protegidos
En Comodoro Py se oponen en forma casi unánime a la medida que impulsa la Casa Rosada. Advierten que el macrismo busca ocultar la manipulación de los arrepentidos que declararon en las causas contra los funcionarios kirchneristas. Jueces de instrucción, camaristas y fiscales se manifestaron en contra del traslado del sistema.
Por Sofía Caram
La noticia del decreto, que según pudo saber PáginaI12 quedó eventualmente para otro día, puso en alerta a varios sectores de la Justicia. También generó la reacción del propio Alberto Fernández , quien salió a desmentir que la decisión haya sido consensuada con él, como habían señalado algunos medios.
En el edificio de Retiro, el rechazo a la medida es prácticamente unánime, así como también la lectura de las motivaciones políticas detrás de la decisión y de los impedimentos técnicos y legales para implementar el cambio. En ese marco, Macri habría decidido postergar el traspaso por decreto del Programa de Protección de Testigos e Imputados de la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal a la Cámara Federal de Casación para habilitar algunas rondas de consultas.
En declaraciones a este diario, el presidente del máximo tribunal penal del país, Carlos Mahiques, reveló que le pidió telefónicamente al ministro de Justicia, Germán Garavano, que retrase la firma del decreto y habilite un espacio de discusión sobre los alcances de la posible medida. “Le pedí un compás de espera y que antes de avanzar con el decreto haya una reunión con la Corte Suprema”, informó el magistrado, quien se mostró optimista respecto del impasse solicitado.
El punto central de la polémica es que en los Tribunales Federales y en el equipo del próximo presidente ven al posible traspaso como una jugada netamente política. “Es una canallada”, disparó una alta fuente en las oficinas de Fernández. Desde ese mismo espacio, además, evaluaron que “decreto mata decreto”, es decir, que si fuera necesario, con una sola firma del mandatario electo podría darse por tierra con el traslado del Programa. Ante una información publicada en Clarín, Fernández había salido a desmentir su supuesto aval: “Nunca fuimos consultados por semejante tema, por lo tanto muy lejos estamos de avalarlo”.
El objetivo del decreto -ahora en espera- es sacarle a la próxima gestión el programa que protege, entre otros, a los testigos que declararon en las causas contra ex funcionarios kirchneristas. “Lo que siempre se sospechó es que el Gobierno tuvo que ver con las negociaciones con los arrepentidos, lo que está totalmente prohibido por la ley. Eso sólo pueden hacerlo los fiscales. Por lo tanto, si el Ejecutivo sólo tiene que garantizar el resguardo, no se explica el traspaso”, dijo uno de los jueces con asiento en el edificio de Retiro.
En la misma línea opinó un fiscal de amplio recorrido en la Justicia Federal: “Una cosa es un testigo protegido y otra un arrepentido. Un testigo de un crimen es una cosa. Hay que cuidarlo para que, por ejemplo, no lo maten en la cárcel por haber colaborado con una investigación. Pero el tema de los arrepentidos que involucraron a ex funcionarios del gobierno anterior es algo diferente. Ahí hubo una zona gris o sinuosa con la inducción para que declarasen. La protección del Gobierno a esos imputados colaboradores fue política, no fue porque corrieran riesgo de vida”.
La lectura prácticamente homogénea es que el macrismo teme que las nuevas autoridades comprueben algunas de las tantas irregularidades que se cometieron con los colaboradores, empezando por el interés y la injerencia directa del propio Ejecutivo en conseguir e impulsar declaraciones para acusar a ex funcionarios en hechos de corrupción. El ejemplo más claro que todos se encargaron de recordar es el de Leonardo Fariña, quien fue coacheado para que involucrara a Cristina Kirchner en delitos de corrupción en el manejo de la obra pública. “En realidad este decreto es una forma de proteger a los protegidos”, evaluaron en el quinto piso de Comodoro Py. En otro de los despachos que albergan a jueces de instrucción agregaron: “Flaco favor les hacen a los arrepentidos que, en general, no son ni más ni menos que instrumentos que utilizaron para hacer política”.
Uno de los doce jueces federales advirtió sobre los lazos de la actual gestión con el presidente de la Cámara de Casación, lo que explicaría la decisión de pasar a esa dependencia el resguardo de los hombres y mujeres que terminaron siendo funcionales al discurso de la lucha anticorrupción del gobierno de Macri: “Hay una enorme sintonía del Poder Ejecutivo con Casación, sobre todo con Mahiques, quien viene de ser ministro de Justicia de María Eugenia Vidal”, dijo.
Ante la consulta de PáginaI12, Mahiques rechazó el señalamiento e incluso buscó marcar sus diferencias con el proyecto de traspaso, sobre todo por las dificultades técnicas y de recursos que implicaría hacerse cargo de esa tarea. El programa -con asistencia de las Fuerzas de Seguridad que están a cargo del Poder Ejecutivo- debe garantizar, entre otras cosas, la integridad física de los testigos o imputados colaboradores y del cambio de identidad y vivienda.
Justamente, además del carril político por el que se desliza la discusión hay un aspecto técnico y legal que podría complicar el traspaso del Programa. Hay divergencias sobre si le corresponde o no al Poder Judicial llevarlo adelante. “Técnicamente le puede corresponder a cualquiera que tenga capacidad operativa de hacerlo. Podría ser el Poder Judicial o el Ministerio Público”, opinó el fiscal Jorge Di Lello. “El punto es el sentido que se le dio a la protección de los testigos. Originalmente se pensó para delitos complejos y crímenes, pero se usó para que la mayoría de los testigos fueran de cargo contra funcionarios del gobierno anterior”, agregó.
En contraposición otro de los jueces de instrucción consultados consideró que la medida “está mal, porque el Poder Judicial solo tiene que juzgar y desnaturalizaría la tarea de juzgar de manera imparcial”. Sin embargo, coincidió en que “sería razonable que el Ministerio Público tenga a su cargo una oficina de protección a testigos”.
Hay un señalamiento en el edificio de Tribunales que es el mismo, sin importar el piso o el pasillo que se recorra: lo que creen los funcionarios salientes es que el nuevo gobierno no puede proteger a los elementos de cargo que operaron contra el kirchnerismo. “El problema es que esta reforma está motivada por cinco testigos emblemáticos de causas políticas, pero hay más de 200 en total. Y hay una idea de que esos cinco no deberían ser protegidos por el próximo gobierno”, explicó otro integrante de Casación.
Lo cierto es que el borrador que llegó a manos del presidente de la Cámara de Casación fue puesto a consideración de manera informal con el resto de los integrantes de ese tribunal y “la reacción fue muy negativa”, reveló otro camarista. Sobre todo porque creen que “técnicamente son atribuciones del Ejecutivo que tienen que ver con la seguridad”. Otro de los jueces opinó sin rodeos ante la consulta de esta cronista: la medida “es improcedente, inoportuna y hasta incompatible”.
En caso de que efectivamente el decreto avance, Mahiques convocará a un acuerdo extraordinario para discutirlo con sus pares. “Es una reforma muy compleja. Necesitamos, en el mejor de los casos, tiempo para implementarla. Y eso el borrador no lo contempla. Además, no creo que sea ni el momento político ni la oportunidad para este cambio”, advirtieron desde Casación.
Fuente:Pagina12
Las cosas del Poder Fuente:Pagina12
Fernández ante los movimientos sociales: "Lo que viene es el gobierno de ustedes"
El mandatario electo mantuvo un encuentro con referentes de las organizaciones sociales y el titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. La agenda urgente, los gestos políticos y la trama para integrarse a la futura gestión del Frente de Todos.
Por Viviana Mariño - @vmarinio
13 de Noviembre de 2019
“Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina; vamos a resolver las cosas juntos”. La promesa de Alberto Fernández resonó en el amplio salón de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina en el barrio de Retiro. Allí, el presidente electo dialogó este miércoles con referentes de los movimientos sociales a quienes refrendó como una pieza clave de su futura gestión.
La elección del lugar del encuentro no fue casual: los movimientos sociales mantienen reuniones periódicas en el viejo edificio de la calle Suipacha donde el obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, suele oficiar de anfitrión. El religioso abrió las puertas al mandatario electo quien llegó acompañado por Daniel Arroyo –candidato firme a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social- y Gustavo Béliz.
Desde que Fernández anunció el plan “Argentina contra el Hambre” como el anticipo de una de las primeras políticas públicas de su gobierno, los equipos técnicos del Frente de Todos afianzaron el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales. El encuentro de ayer ratificó esa dirección tanto como la posible integración de algunos de sus líderes y referentes a la próxima gestión en las áreas de desarrollo social, vivienda o economía popular.
El contexto regional -con eje en la aguda crisis de Chile y el golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Evo Morales- fue el primer tema de la agenda. “Hubo una evaluación general sobre el impacto de los programas neoliberales en la región y, en el caso argentino, se destacó el rol de los movimientos sociales para contener las demandas económico-sociales que profundizó la gestión de Mauricio Macri”, coincidieron tres de los participantes del encuentro.
“No soy jefe, ni general; no quiero soldados. Estoy dispuesto a discutir con los que tienen ideas distintas”, señaló Fernández ante los dirigentes.
El mandatario electo confirmó también la decisión de afianzar la economía popular. “Llegó para quedarse; la gente necesita un horizonte de progreso”, afirmó.
Del encuentro participaron Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Esteban Castro y Gildo Onorato (CTEP); Juan Carlos Alderete, Fredy Mariño y Luciano Álvarez (Corriente Clasista y Combativa); y Daniel Menéndez, Néstor Moccia y José Oscari (Barrios de Pie).
También formaron parte de la mesa Dina Sánchez (Frente Darío Santillán); Juan Grabois (Movimiento Trabajadores Excluidos); Rafael Klejser (Movimiento Popular La Dignidad); y Natalia Zaracho (Movimiento de Trabajadores Excluidos).
“Compartimos la mirada sobre la situación social y también la agenda futura para enfrentar el hambre con el desarrollo de la economía popular”, explicó Menéndez a Tiempo. Y agregó: “Esta reunión significa un espaldarazo para la organización y el futuro de los movimientos sociales”.
El relanzamiento del Consejo de la Economía Popular forma parte de la agenda urgente del futuro gobierno e integra el paquete de medidas que Fernández estudia para el día después de su asunción formal el 10 de diciembre próximo.
“Esta reunión profundiza la idea del diálogo social. Pudimos plantear nuestra agenda y subrayar que nuestro objetivo es salir del paradigma de los planes sociales”, subrayó Onorato en diálogo con este diario. Y puntualizó: “Queremos reconocimiento al trabajo de la economía popular”.
En ese punto, los referentes convocados en la Conferencia Episcopal invitaron formalmente a Fernández a participar del plenario que, el próximo 7 de diciembre, sellará la unificación jurídica de la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y el Frente Darío Santillán con el objetivo de avanzar hacia la organización sindical del sector.
Fuente:TiempoArgentino
La ONU denunció que la gestión Macri duplicó la cantidad de personas con hambre en la Argentina
Mientras que se conoce que Alberto armará un equipo para combatir la problemática, las Naciones Unidas concluyó que la administración Cambiemos heredó 2,5 millones de personas con inseguridad alimentaria grave y que llevó ese número a cinco millones y sin contar 2019, año en que hasta agosto el salario perdió 10 puntos de poder adquisitivo.
Se trata de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según la sigla en inglés) que publicó BAE. De allí surge que entre 2013 y 2015, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, las personas que sufrieron inseguridad alimentaria grave fueron 2.500.000, según el promedio trienial, mientras que Macri llevó ese número a exactamente el doble, 5.000.000 de personas, entre 2016 y 2018.
Por si ese número no fuera lo suficientemente grave, para conocer el daño del macrismo habrá que esperar, ya que la estadística que toma la FAO no incluye lo ocurrido en 2019, cuando los salarios no registrados tuvieron, hasta agosto, el último dato disponible, una caída real de 10,6% respecto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Eso según los datos oficiales del INDEC.
Los salarios en general, por su parte, tuvieron una baja real de 2,6%. Con la pobreza trepando 8,1 puntos hasta 35,4% en el primer semestre, y la indigencia creciendo 2,8 puntos hasta 7,7%, los números tuvieron que haber empeorado aun más.
Fuente: BAE
La inseguridad alimentaria grave, según el mismo organismo internacional, es la situación que se produce "cuando el miembro o miembros del hogar se hayan quedado sin alimentos, hayan experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, hayan pasado varios días sin comer".
Por otro lado, el ente dedicado al estudio de la pobreza y el hambre difundió la medición de inseguridad alimentaria grave o moderada, que al anterior número le suma las personas con dificultades para acceder a una alimentación de calidad.
"Se habla de inseguridad alimentaria moderada cuando los miembros de una familia se ven obligados a modificar la cantidad o calidad de los alimentos como consecuencia de las incertidumbres asociadas a su capacidad de acceder a alimentos", se explica.
En ese caso, el informe mostró que entre 2016 y 2018 se sumaron 5.900.000 personas a la lista de gente que tuvo inseguridad alimentaria grave o moderada. Eran 8.300.000 en 2014-2016 y pasaron a ser 14.200.000 en 2016-2018.
La causa principal del incremento de la inflación sin acompañamiento de los salarios, en 2018, fue la devaluación. En lo que va del 2019, el dólar volvió a trepar otro 60% y el IPC cerrará en 56,5%, según el último REM. Con todo, durante el período la inflación acumuló 308,5% para el decil de menores ingresos, según los datos publicados ayer por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). El salario trepó apenas 205% en promedio. Eso implicaría una baja de 25,5% real para ese decil. Para el promedio de los trabajadores la baja del salario real fue de 18,5% durante la gestión Cambiemos. Fuente:PoliticaArgentina
Respira Stornelli: se suspendió su citación a declaración indagatoria
Martes 12 de Noviembre
El fiscal tenía que declarar por primera vez en la causa por presunto espionaje y extorsión que lo tiene como imputado.
El abogado Roberto Ribas renunció este martes a la defensa del fiscal federal Carlos Stornelli y con su abrupta salida se originó una suspensión de la declaración indagatoria a la que el funcionario en rebeldía debía asistir este miércoles. La nueva fecha se pautó para el 29 de noviembre.
El integrante del Ministerio Público Fiscal iba a ir a declarar en el Juzgado de Dolores en la causa por presunto espionaje y extorsión que lo tiene como imputado, luego de siete citaciones a las que no concurrió.
El fiscal Stornelli tiene nuevo abogado: el doctor Juan Martín Cerolini, quien ya venía interviniendo en la causa como defensor de otro imputado, el empresario y letrado Carlos Liñani. Ribas renunció diferencias con el fiscal sobre la presentación finalmente a indagatoria ante Ramos Padilla.
Stornelli decidió presentarse ante el magistrado federal luego de no haber asistido a siete llamados a indagatoria y de ser declarado en rebeldía: incluso hay un proceso de juicio político en la Procuración General de la Nación que podría derivar en su destitución.
El pasado miércoles Stornelli le había comunicado su decisión de declarar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, al considerar que era pertinente hacerlo luego de la elevación a juicio de la causa de los cuadernos por supuestas coimas en la obra pública.
La excusa del fiscal para no presentarse ante el juez de Dolores era que esa investigación de presunto espionaje y extorsión tenía como único fin afectar el expediente iniciado a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Stornelli está acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal junto al operador judicial Marcelo D´Alessio, procesado y detenido por ese caso, que tuvo inicio en la denuncia del empresario Pedro Etchebest, a quien le exigió 300 mil dólares a cambio de no "escracharlo" ni en los medios ni ante la Justicia.
En tanto, el juez Ramos Padilla se apresta en los próximos días a elevar la causa a juicio oral y público de aquellas personas que están procesadas y tienen la acusación confirmada por parte de la Cámara Federal de Mar de Plata, lo que deja afuera por el momento al fiscal Stornelli.
Fuente:Infonews
La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal le dio luz verde a finalizar con esta metodología judicial en todo el país.
Por Jonathan Heguier
Se termina la "doctrina Irurzun" por la cual decenas de empresarios y ex funcionarios kirchneristas terminaron en la cárcel con prisiones preventivas. La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dio luz verde para su aplicación en todo el país.
A fines de 2017, el juez de la Sala II de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun dejó marcada una doctrina a través de fallos sobre las prisiones preventivas que concluyeron con Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros, en la cárcel. Con la excusa subjetiva de las supuestas "relaciones de poder que aún conserva" cada uno de los procesados se los encarceló preventivamente antes del juicio y, obviamente, sin condena.
"Concluí que el examen debe, por ende, ser abordado con una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes procesales abiertos con similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que -tienen o mantienen- la capacidad de influenciar en el resultado de las investigaciones, sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que es requerida a los diversos organismos públicos, entre otras tantas posibilidades”, afirmó Irurzun en el fallo que envió a la cárcel al ex ministro de Planificación.
Agregaba el magistrado en esa misma resolución firmada por Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia que "la libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances".
Pero ese nivel subjetivo de meter preso a un procesado preventivamente empieza a terminar. Hoy la Bicameral del Código Procesal Penal sesionó y emitió una resolución para implementar en todo el país las nuevas regulaciones para las prisiones preventivas.
El Código Procesal Penal Federal fue aprobado a fines de 2018 y comenzó a implementarse lenta y gradualmente a principios de este año. En algunas provincias, como Salta y Jujuy, se está llevando a cabo la implementación por partes. Esta resolución respecto de las preventivas es para toda la Argentina.
Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape que la resolución de hoy "es una implementación que no tiene que pasar por las Cámaras. Es facultad de la comisión bicameral". Se pondrá en vigencia tres días hábiles después de que se publique en el Boletín Oficial, hecho que podría suceder la semana que viene.
¿Qué dice el nuevo Código Procesal Penal Federal sobre las prisiones preventivas? La clave está en los artículos 221 y 222, que poseen consideraciones en base a cuestiones concretas. "Así se termina con las presunciones o decisiones antojadizas de un juez para meter preso a alguien preventivamente", afirmó un abogado penalista consultado por El Destape. "Lo que cambia es que ahora hay que demostrar que el riesgo de fuga o entorpecimiento es concreto", contó en off a este portal este mismo penalista sobre el fin de la doctrina Irurzun.
El artículo 221 se refiere al peligro de fuga. "Para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
A. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
B. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos;
C. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.
Y el artículo 222 es sobre el peligro de entorpecimiento. "Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:
A. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;
B. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
C. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;
D. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
E. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.
LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
Un albertista presidirá el bloque del Frente de Todos en la Legislatura
La Cámpora y el PJ porteño conformarán un bloque único a cargo de Claudio Ferreño.
El peronismo porteño y La Cámpora conformarán un bloque único en la Legislatura y el albertista Claudio Ferreño será su presidente. En total sumarán 17 legisladores a partir del 10 de diciembre próximo.
"Vamos a ser más duros que Solano", comentaron en el Frente a LPO sobre la posición que tendrán en el bloque respecto del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La referencia es para el legislador del PO que hasta ahora rechazó casi todos los proyectos que vienen del Ejecutivo.
Muchos creían que con el triunfo de Alberto Fernández Ferreño pasaría a formar parte del gabinete nacional por su cercanía con el Presidente. "Que se quede o se vaya va a marcar la importancia que tenga el distrito para Alberto", explicó un dirigente del PJ porteño.
Al parecer el Presidente estará más atento a lo que ocurra en el distrito que lo vio nacer y en principio se negará a los acuerdos con el macrismo que fueron moneda corriente desde 2007.
La apuesta por un bloque único puede resultar riesgosa: en 2016 el kirchnerismo y el PJ capitalino intentaron sostenerse bajo una misma bandera y la experiencia duró muy pocos meses. "Está bien que sea alguien de Alberto el que lidere el bloque. Hubiera sido complicado que fuera de La Cámpora o del PJ", comentaron
Tal vez eso explique la urgencia de Rodríguez Larreta para modificar la ley de Compras y Contrataciones: desde diciembre contará con un bloque que, con aliados y satélites, puede llegar a 39 votos, uno menos que los requeridos para aprobar, por ejemplo, ventas de tierras públicas.
Fuente:LPO
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