Jubilan a altos jefes e intervienen la policía de San Lorenzo
Una advertencia a la tropa y a la política
El primer paso de Perotti y Saín por cambiar la policía, empezando por la unidad regional del territorio del senador Traferri
Perotti, Saín y Sarnaglia. "Policía que jode, al calabozo", dijo el ministro.
Imagen: Eduardo Seval
Imagen: Eduardo Seval
El gobierno jubiló a 31 altos comisarios de la Policía de Santa Fe, como primer intento por renovar la fuerza, e intervino la Unidad Regional XVII, del departamento San Lorenzo, ante la situación de algunas autoridades investigadas por probables vínculos con el narcotráfico. Fueron dos medidas que el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, resolvió como gesto político hacia fuera y hacia dentro de la institución en la que revistan 18000 hombres y mujeres, y que atraviesa una crisis de confianza superlativa en su relación con la prosperidad del delito en la provincia. Un remate a la estocada del gobernador Omar Perotti en su discurso de asunción hacia sus antecesores socialistas y también hacia la interna del peronismo: "Se acabó el pacto de gobernabilidad con el delito", había dicho. En esa interna talla el senador Armando Traferri, precisamente jefe político del departamento cuya policía acaba de ser intervenida por tres meses y sus jefes, pasados a retiro con graves sospechas encima.
Igual que en su primera reunión de gabinete, ayer Perotti obligó a todos –policías y funcionarios– a descartar sus teléfonos móviles al entrar al Salón Blanco donde asumieron como jefe y subjefe de la Policía de Santa Fe el comisario retirado Víctor Sarnaglia –creador de la Tropa de Operaciones Especiales en 1997– y Martín Musuruana, respectivamente. Cerraron la puerta a la prensa y el acto continuó con la designación de Maximiliano Bertolotti a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (lo que hasta ahora se llamaba Policía de Investigaciones, PDI y que fue desarticulada), y de Mariana Olivieri como titular de la Agencia de Control Policial (hasta ahora esto era la Dirección de Asuntos Internos).
"Policía que resiste va preso, y el que jode va al calabozo", fue la advertencia que lanzó Saín al salir del acto y ratificar en rueda de prensa el contenido de su primer decreto: el pase a retiro de 31 comisarios que cumplieron los 30 años de servicio reglamentarios y –se explicó– atrasaban la cadena de ascensos en la cúpula de la fuerza.
"El primer gran desafío es volver a construir la confianza de la gente en la policía, que de alguna manera sentimos que está quebrada", asumió el ministro.
"Hemos elegido una cúpula completamente nueva. No compartimos cómo se ha conducido la institución policial en los últimos años; hoy pasamos a retiro a una treintena de altos oficiales y a otros sin funciones, a la espera de destino. Los últimos dirigentes policiales ya no están más en la institución policial", dijo Saín. En la lista de los retirados hubo algunos nombres que representan la intención de la gestión Perotti por desterrar a quienes condujeron la Policía en los últimos años de gobierno del Frente Progresista.
Así dejó la Policía el jefe de la URII (Rosario), Marcelo Gómez, quien había pedido el retiro a poco de asumir Saín. El ministro lo había retado por Whatsapp cuando supo que había retirado la custodia del Centro de Justicia Penal, edificio atacado a balazos más de una vez. "Voy a ir y la cosa se pondrá picante", le había espetado el nuevo titular de Seguridad.
Otros que también pasaron a retiro por no contar con la confianza de las nuevas autoridades fueron el primer jefe de la PDI, Daniel Corbellini, y el actual, Marcelo Albornoz, y otros jefes de unidades regionales como Carlos Blase (San Jerónimo), Fabián Forni (Castellanos) y Juan José Vouilloz (Las Colonias).
En Rosario asumieron como jefe y subjefa Claudio Romano –viene de desempeñarse en la policía de Cañada de Gómez– y Danilo Villán. Reemplazan a Gómez y Carina Degra, que pasa a cargo del Departamento de Operaciones provincial, junto con el ex jefe de las TOE, Adrián Forni.
La resolución de mayor impacto fue la intervención de la UR XVII, con base en San Lorenzo. Saín lo decidió a pedido del nuevo jefe provincial, Víctor Sarnaglia. Su jefatura –Gonzalo Paz y Gustavo Rapuzzi– pasaron a retiro. Este último padece una enfermedad grave, y el primero quedó en el ojo de la tormenta por presuntos vínculos con Esteban Lindor Alvarado, detenido por homicidio y asociación ilícita, e investigado por liderar una red de narcotráfico. Paz había pedido el pase a retiro cuando vio el curso de la investigación contra Alvarado y el cambio de escenario político en la región.
En los argumentos de la resolución ministerial que dispuso la intervención se considera que la policía sanlorencina presta "un servicio deficiente", que los delitos aumentaron, pero por sobre todo, lo más estridente fueron las detenciones de dos oficiales de autoridad y llegada directa a Paz: el ex jefe de Drogas Peligrosas Gustavo Spoletti y Cristian Di Franco. Estos dos hasta ahora están involucrados en la investigación contra Alvarado, pero Paz también ha sido mencionado.
Otros detonantes fueron las coimas que un ex jefe de la Alcaidía le cobraba a los presos, en conocimiento de Paz y Rapuzzi, y el reciente atentado sufrido por el fiscal Aquiles Balbis, a cargo de investigar aquel hecho de corrupción.
Por recomendación de Sarnaglia, Saín designó como interventores al director de Policía retirado Carlos Lemos (ex TOE, como el jefe) y Claudio López.
19 de diciembre de 2019
En enero reabre la fábrica de cosechadoras de Firmat
Vassalli vuelve a producir
Los operarios votaron el acuerdo entre los inversores, Mariana Vassalli, poseedora del 62 por ciento de las acciones, y el gremio metalúrgico.
Por Claudio Socolsky
Los operarios trabajarán cuatro horas pero cobrando por seis.
Imagen: Gentileza Patricio Murphy
Imagen: Gentileza Patricio Murphy
Si la Justicia y el ministerio de Trabajo homologan en 48 horas el acuerdo alcanzado el martes pasado entre un grupo inversor y la accionista mayoritaria, los 300 trabajadores de Vassalli, la tradicional fábrica de cosechadoras de Firmat, retomarán en enero la producción. En una asamblea realizada ayer por la mañana, los operarios votaron por unanimidad avalar los alcances del acuerdo entre los inversores, Mariana Vassalli, poseedora del 62 por ciento de las acciones, y el gremio metalúrgico que, entre otros puntos, contempla en una primera instancia una jornada laboral de cuatro horas, pero cobrando seis, y el cobro de la mitad de la deuda post conscursal, de 100 mil pesos promedio por trabajador, en 10 cuotas. "Ante la situación que estábamos viviendo, el acuerdo es bueno y nos da esperanzas para seguir adelante y que la fábrica se ponga en marcha", apuntó Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat.
Después de dos años y medio de idas y vueltas sobre el futuro de la empresa, los 300 trabajadores de Vassalli están más cerca de retomar la ansiada producción. En agosto del año pasado, en un contexto de crisis y desgastados por una mala gestión que no consiguió poner en marcha a la tradicional fábrica de cosechadoras, tres de los cuatro concesionarios que habían recibido las acciones que pertenecían a la nieta del fundador se las restituyeron para que pudiera avanzar en la búsqueda de nuevos inversores, mientras los operarios y el gremio se hacían cargo de la conducción de la empresa.
Algunas propuestas que acercaron, entre otras de la de un grupo inversor ruso, no llegaron a buen puerto. A mediados de octubre, y de la mano de un grupo inversor que los representa, se presentaron nuevos inversores. Los interesados conformaron un Fondo Común de Inversión y constituyeron un fideicomiso para poder tomar posesión de la planta -- y también levantar el concurso-- por medio de un contrato de prestación de servicios de producción.
"El acuerdo establece una garantía, de mínima, que los trabajadores durante un año van a trabajar cuatro horas pero van a cobrar seis, pudiendo ampliarse la cantidad de horas. Además, se comprometen a regularizar el pago de obra social y a pagar en un 50 por ciento la deuda post concursal con los trabajadores en 10 meses", precisó el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, luego de la asamblea realizada ayer en la planta. "Después de tanto tiempo de angustia, es importante para ellos saber que esto se pone nuevamente en marcha, que van a tener un horario de trabajo establecido, y que van a cobrar a fin de mes", agregó.
Luego de varias jornadas intensas, Cerra dijo que la negociación se dividió en dos etapas, una política y otra jurídica: "La primera fue la más difícil porque había que consensuar entre los trabajadores, la tenedora de las acciones, las concesionarias, y por otro lado la situación del concurso. Lo último que quedaba, y para nosotros lo más importante, que era la situación de los trabajadores, acaba de ser consensuado por votación unánime de la asamblea. Ahora queda la aprobación de la justicia y la homologación en el Ministerio de Trabajo".
En ese sentido, el letrado aclaró que "si para este viernes al mediodía no está resuelta la situación de la justicia, no se va a poder abrir la fábrica en enero como está planteado, y entonces los inversores dijeron que volverían a juntarse en febrero. Ahora que se dio el visto buenos, estamos todos esperando que salga rápido".
Para el titular de la UOM Firmat, después de tantos meses de incertidumbre, los trabajadores se están preparando para arrancar una nueva etapa. "Nosotros siempre tuvimos como objetivo mantener la fábrica abierta para no perder las fuentes de trabajo. Hay que entender que es uno de los pulmones de la economía de la ciudad, dependemos de Vassalli. Son más de 12 millones de pesos todos los meses en salarios que faltaban en Firmat, tambalean las arcas municipales, el comercio, todo", describió.
Suspendió 300 designaciones firmadas por Lifschitz
Perotti puso la lupa en ascensos
El gobernador dispuso un mecanismo de revisión para establecer si los actos administrativos se ajustan a la legalidad.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Rosario/12 ya informó que Miguel Lifschitz está bajo la lupa de Omar Perotti. Ayer, el gobernador suspendió las designaciones, contratos y ascensos de unos 300 empleados públicos que su antecesor decretó en los últimos seis meses de gestión, desde el 10 de junio hasta el traspaso del poder, el 11 de diciembre. Perotti consideró que Lifschitz no cumplió la ley de Responsabilidad Fiscal y específicamente la norma de fin de mandato que le impedía aumentar el gasto corriente en sus últimos 180 días en la Casa Gris y asumir erogaciones que comprometieran el presupuesto del sucesor. Por lo tanto, suspendió todos los nombramientos y acomodos políticos y los mandó a un limbo: una comisión del gabinete que revisará los 300 casos, uno por uno, integrada por funcionarios de la Fiscalía de Estado y de los Ministerios de Economía, Trabajo y Gestión Pública. “Es lo que manda la ley, Perotti está obligado a cumplirla y es lo que hizo”, explicó el vocero del gobierno Leonardo Ricciardino.
La norma de fin de mandato es el artículo 15 bis de la ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal que impide al Presidente de la República y a los gobernadores aumentar el gasto corriente en los últimos 180 días de gestión para no impactar en el presupuesto de sus reemplazantes. En su último semestre, Lifschitz firmó 166 decretos que designan, contratan o ascienden a unos 300 empleados públicos. “Entonces, ¿qué hizo Perotti?”, se preguntó Ricciardino. “Lo que le manda la ley: suspendió esos contratos y dispuso un mecanismo de revisión” para establecer si los “actos administrativos” se ajustan a la legalidad. “Es lo mismo que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con las designaciones de último momento de Mauricio Macri”, aclaró.
“Acá no hay ningún debate político acerca de si corresponde hacerlo o no. Es la ley de Responsabilidad Fiscal la que obliga a hacer estas revisiones” porque Lifschitz la pasó por alto. “Entonces, cada uno de los designados o contratados podrá hacer su descargo (ante la comisión del gabinete) y allí se evaluará cada caso entre el fiscal de Estado y los funcionarios de Economía, Trabajo y Gestión Pública y seguirá el “procedimiento administrativo”, precisó el vocero.
“Es importante destacar que esto no tiene nada que ver con los contratados viejos que reclaman el pase a planta permanente desde hace tiempo. Esa es otra situación que el Estado deberá atender en su momento”, aclaró.
-Qué son: ¿designados, contratados, ascendidos? –se le preguntó.
-Hay de todo: designados, funcionarios políticos que lograron un ascenso en planta permanente. Hay que revisar, caso por caso, pero siempre en el marco de la ley de Responsabilidad Fiscal. Lifschitz firmó 166 decretos que involucran a 300 personas aproximadamente -insistió.
El decreto 089 del Poder Ejecutivo que ordena revisar las designaciones es una denuncia a Lifschitz. La Legislatura aprobó la reforma a la ley de Ministerios que solicitó Perotti el 21 de noviembre y en los 20 días que faltaban para que asumiera el electo, Lifschitz firmó 70 decretos que asignaron “funciones” a 127 empleados, a pesar de que ya se habían creado nuevos ministerios, fusionado otros y suprimido dos carteras y una Secretaría de Estado. “Eso empeora la situación (de los beneficiarios) porque siguieron las designaciones después de saber que ya no habría 14 ministerios, que eran dos menos. Con lo cual, muchos de esos nombramientos quedan en falsa escuadra porque hay designados en áreas que ya no existen. Hasta ese punto llegó”, la gestión de Lifschitz. “Por eso, el gobierno de Perotti está obligado a revisar esas designaciones, porque lo manda la ley”, puntualizó el vocero.
Ricciardino recordó que en la primera reunión de la transición, el 3 de julio, el actual ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, les advirtió a los ex ministros de Gobierno Pablo Farías y de Economía, Gonzalo Saglione, sobre la ley de Responsabilidad Fiscal y la norma de fin de mandato que le impedía a Lifschitz aumentar el gasto corriente. “Se lo dijo por escrito, les pedimos por favor que no realizaran estos actos administrativos y los realizaron igual”, cerró Ricciardino.
Fuente:Rosario12
“La situación es muy angustiante” Un club de barrio Rucci, en peligro de desalojo
La Agrupación Deportiva Infantil Amistad y Progreso recibió un fallo judicial que los obliga a desalojar el predio donde más de 150 pibes y pibas realizan sus actividades. Este sábado, en la entrega de trofeos, aprovecharán para hacer público su reclamo. “Acá vienen chicos también de barrios aledaños, y le brindamos el espacio a colegios de la zona para que hagan sus actividades”, contó Marcelo Valiente, tesorero del club.
Este barrio de la zona norte de la ciudad está partido al medio por la Avenida Circunvalación. Por eso, Valiente le aclara a Redacción Rosario que el club está del lado oeste, en Irma Peyrano y Palestina. Ahora esos terrenos corren peligro de desalojo, que podría dejar a un centenar de chicos sin su lugar de recreación.
Marcelo contó en diálogo con este medio que esta institución barrial fundada hace 40 años, casi a la par del barrio, está “impulsada por los padres, todo a pulmón”, y que los terrenos en cuestión “estaban llenos de escombros, malezas, y limpiaron con el esfuerzo de muchos años. Así, primero se hizo la cancha y después el resto de las instalaciones”.
“En diciembre de 2018, los que dicen ser los dueños del club nos iniciaron un juicio de desalojo, que tuvo sentencia el lunes, de una jueza que falló a favor de ellos”, lamentó el dirigente, y explicó la situación: “Ellos compran una escritura en 2014. Nosotros estamos ahí desde que arrancó el barrio. En el juicio aportamos documentos con un video de cuando vino un padre a bendecir. Fotos de ese día, y eso que en el 80 era complejo que alguien tenga una cámara para filmar. Se aportó testimonios también, pero la jueza parece no haber tenido en cuenta eso”.
Tras adelantar que la abogada defensora del club apelará el fallo, los dirigentes buscarán llevar el problema al Palacio Vasallo. “Nos nos hemos reunido con concejales, la idea es que el Concejo tome cartas en el asunto. Y también queremos contactarnos con las nuevas autoridades de la secretaría de Deportes, y con el propio intendente Pablo Javkin”.
La importancia de esos terrenos va más allá del club. Porque allí no sólo más de 150 chicos juegan al baby y otros 60 van a la escuelita de fútbol, sino que el lugar también es usado por establecimientos educativos de la zona. “Acá le brindamos el espacio a colegios para que vengan a hacer actividades físicas, eventos como el Día del Niño, Día de la Primavera, fiestas de fin de año. Y nucleamos no sólo a chicos del barrio sino tambień de barrios aledaños, como Nuevo Alberdi, Parque Field, Fonavi, Cristalería. Hace unos años se creó el barrio Olímpico y también vienen chicos de ahí. Por eso decimos que la situación es muy angustiante”.
#NiUnClubMenos
Lo que en principio sólo iba a ser una jornada de celebración, también se convirtió en una de reclamo. Es que este sábado, desde las 21, se realizará la entrega de trofeos para los chicos que participaron representando al club en la liga. Pero la movida además contará con la visibilización de la problemática, que amenaza con dejarlos sin lugar para las actividades deportivas.
“Este será el último evento importante del año, con la entrega de premios. Y aprovechando esto organizamos esta movida, con el objetivo de hacer pública la situación, para ver si entre todos podemos lograr que se revea la resolución de la jueza”, remarcó Valiente.
Fuente:RedaccionRosario
Javkin espera que Perotti aporte 3600 millones a los hospitales municipales
La sintonía entre el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti terminó por confirmar la enorme masa de recursos provinciales en salud que en algún momento de la transición se había puesto en dudas.
En la presentación del Presupuesto 2020, el secretario de Hacienda, Diego Gómez, incluyó en la Programación de gastos y recursos la Venta de Bienes y Servicios, que se trata de las partidas provinciales para el sistema de salud. Son unos $3.605 millones, el 10,3% del total de recursos para el 2020.
Los recursos en salud se validan mediante decreto del gobernador desde la administración de Hermes Binner, cuando se derogó la discrecional “ley Pascutto", largamente cuestionada por el socialismo por dejar afuera del reparto de fondos a los hospitales municipales de Rosario.
El buen vínculo que vienen demostrando los mandatarios terminó de materializarse en la continuidad de los recursos. El protocolo político de la semana con las asunciones de ambos fue aprovechado para avanzar a paso firme y con definiciones.
Fuente:RosarioPlus
Fuente:RosarioPlus
El ministro de Salud de de Santa Fe, Carlos Parola, confirmó a El Ciudadano que la droga para el aborto legal seguirá haciéndose en el LIF y que buscan ser proveedores de Nación y provincias, pero para eso aún falta un permiso. Ginés González había anunciado que iba a promover la producción pública
18 de diciembre de 2019 -
Arlen Buchara
¿Van a continuar con la fabricación de misoprostol del LIF y con los permisos para que pueda ser distribuido a nivel nacional?
La respuesta categórica es sí. Todavía tenemos que cumplimentar algunos aspectos legales para que nos autoricen a llevar el producto fuera de la provincia de Santa Fe. Queremos ser proveedores a nivel nacional, no sólo de esta droga sino de otros medicamentos. Este producto particular todavía no está autorizado a salir fuera de la provincia, pero el trámite está iniciado y vamos a buscar agilizarlo. Doy por descontado que lo vamos a lograr.
¿Van a pedir a Nación que dé prioridad al misoprostol santafesino para abastecer a la salud pública nacional?
Vamos a pedir que nos compren todos los productos que puedan y fabricamos, incluido el misoprostol. Es parte del sustento y la fortaleza que le queremos dar a nuestro laboratorio de fármacos –la planta del LIF produce más de 40 medicamentos genéricos–.
La semana pasada anunció que la provincia adherirá al protocolo del ILE ¿Cuál es la situación en la provincia en relación a la aplicación?
Sí, vamos a adherir y el desafío es que llegue a toda la provincia por igual. En Santa Fe tenemos algunas ciudades como Rosario y un poco en Santa Fe y Rafaela en las que se logra garantizar, pero hay otros puntos de la provincia donde los objetores de conciencia han sido mayoría y donde hay dificultades para la aplicación. Vamos a trabajar para encontrar la forma de dar los mismos derechos en todo el territorio. Es amplia la zona que no tenemos cubierta todavía y ahí es donde tenemos que trabajar con más fuerza.
¿Cómo piensan trabajar en relación a la objeción de conciencia?
Respetando a quienes la tienen pero también rescatando a aquellos profesionales que no teniéndola se ven frenados en dar derechos por aquellos que son objetores. El desafío es ese. Creemos que hay profesionales que no teniendo una opinión tan firme han adherido a la objeción y que se puede volcar a dar las garantías del acceso a la ILE.
Continuidad
El misoprostol del LIF había sido una política anunciada por la gestión socialista y con el cambio de gobierno había dudas sobre la continuidad, que Parola buscó despejar.
La del LIF es la primera producción pública del país y es de distribución gratuita, no para venta en farmacias. Abarca los formatos oral y vaginal. Fabricar los primeros 2 lotes tuvo un costo de 73 pesos por comprimido, un 80 por ciento menos del valor de los productos comerciales de laboratorios privados.
En septiembre llegó por primera vez a centros de salud y hospitales de la provincia. Por ahora está disponible sólo en Santa Fe, pero podrá llegar a otras provincias si obtiene una autorización de la Anmat o si el Ministerio de Salud nacional aprueba la venta de Santa Fe a Nación u otras provincias. Desde el anuncio de la fabricación, diferentes gobiernos provinciales se mostraron interesados en comprarle a Santa Fe. Hasta ahora, el resto de las provincias que garantiza ILE debe comprarlo a los laboratorios privados.
El laboratorio santafesino ya tiene producido un stock de 170.000 comprimidos, que supera 7 u 8 veces lo que consume anualmente la provincia.
Acceso en farmacias
En el país hay dos productos de venta comercial, que son los mismos que los Estados compran para distribuir en la salud pública. Son fabricados por los laboratorios privados Beta y Domínguez.
Beta hace el Oxaprost combinado con diclofenac y no está indicado para interrumpir el embarazo sino para problemas gástricos. La caja llega a valer 7.800 pesos y hasta 2018 era la única droga disponible. A mediados de ese año Domínguez fue autorizado a hacer la droga y por primera vez la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) reconoció el uso ginecológico. A diferencia del Oxaprost, el que hacen en Domínguez, llamado Misop, es misoprostol puro y vale 5.200 pesos.
Para acceder es necesaria una doble receta archivada, tanto en la salud pública como privada.
Acceso a la ILE
En Argentina el aborto no es completamente ilegal. Desde 1921 está despenalizado por causales de violación y riesgo de salud. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La última actualización fue la resolución número uno de la gestión de Ginés González García, después de la polémica que se generó en las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri, que lo dio de baja a 24horas de actualizarlo.
El protocolo ILE obliga a los Estados municipal, provincial y nacional a garantizar el acceso a los abortos que son legales con los mejores métodos. El misoporstol aparece entre ellos. Aun así en gran parte de las provincias no hay acceso en la salud pública y las personas gestantes deben comprarlo en las farmacias. En Mendoza ni siquiera está garantizado ese derecho: la venta en farmacias está prohibida.
Santa Fe es una de las provincias que en los últimos años garantizó el protocolo de ILE con provisión de misoprostol. Lo receta desde 2013 y lo distribuye de manera gratuita en hospitales y centros de salud. Rosario empezó a hacerlo un año antes. Las causales de aborto no punible se venían aplicando con un criterio de ampliación de derechos, entendiendo a la salud como física, psíquica, emocional y social, tal como sostienen en la OMS. En sus primeros días de gestión, Parola dijo que continuará con la aplicación.
En la salud pública incorporar el misoporstol significó un descenso de 98 por ciento de las internaciones por complicaciones ligadas a abortos. Hasta 2012 las mujeres llegaban los hospitales con abortos incompletos y tenían un 80 por ciento de posibilidades de morir. Desde que recetan misoprostol en Rosario no hubo más muertes por abortos clandestinos. El medicamento bajó los riesgos, los costos de internación y llevó a la mortalidad cero.
¿Qué es el misoprostol?
El misoprostol es una es prostaglandina que no se acumula en el cuerpo ni afecta la fertilidad. La OMS lo declaró un medicamento esencial para hacer un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Tomar 12 pastillas en tres dosis genera contracciones en el útero provocando una interrupción de la gestación. La efectividad es del 90 por ciento. En gran parte de los países donde el aborto es legal es usado pero combinado con otra droga: la mifepristona. Juntos alcanzan un 99 por ciento de efectividad.
Entre los métodos para abortar, el misoprostol es considerado uno de los más seguros porque permite hacer la práctica de manera ambulatoria. Significa que no es necesaria la internación y que la persona gestante puede elegir el momento y el lugar sin pasar por un quirófano como pasa con el raspaje, un método que requiere anestesia total y que la OMS recomienda no usar desde 2002, aunque en Argentina muchos médicos y médicas aún lo usan. El otro método seguro es la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), que tampoco necesita internación y se hace con anestesia local.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Piden que tome impulso la producción pública de aceite de cannabis
Actualmente el Iapos cubre el tratamiento de 52 personas. Los fármacos se importan desde Estados Unidos y Canadá.
Por Carina Bazzoni cbazzoni@lacapital.com.a
Jueves 19 de Diciembre de 2019
Organizaciones que participan de la Red Cannábica Santafesina podrán en marcha una serie de acciones para que el gobierno provincial impulse los proyectos de producción pública de medicamentos en base a cannabis, una alternativa terapéutica cada vez más extendida para abordar distintas patologías. Actualmente, la obra social Iapos cubre el tratamiento de 52 afiliados que reciben gratis el fármaco importado de Estados Unidos y Canadá. Según advierten los integrantes de la red, la elaboración estatal de derivados del cannabis no sólo permitirá el acceso a productos de calidad comprobada, sino que también reducirá los costos de las terapias.
Con esos argumentos, integrantes de la asociación civil Miradas podrán en marcha hoy una colecta de firmas en la esquina de Paraguay y Córdoba para pedir al gobernador Omar Perotti "que se continúe y profundice la decisión política del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de investigar y producir medicamentos con base cannábica".
La misma iniciativa se desarrollará durante el mes próximo en la capital provincial.
"El cannabis medicinal es hoy alternativa complementaria de varias terapias que abordan distintas patologías. Sin embargo, la mayoría de los aceites circula en forma clandestina y se consume sin conocer siquiera cuál es su composición. Por eso creemos que el tema debe estar en manos científicas y en esto, los laboratorios estatales y particularmente el LIF deben jugar un rol central", apuntó el referente de Miradas, Fabián Peralta.
Las organizaciones que integran la red cannábica, formada en año pasado entre entidades de toda la provincia, promueven el autocultivo como modelo de acceso "seguro y gratuito" al cannabis. No obstante, "es importante que aquellas personas que no puedan o no deseen cultivar puedan recurrir a la producción pública, donde actualmente existe el conocimiento y la tecnología para elaborar derivados del cannabis", sostuvo Ignacio Canabal, fundador de la Asociación de Usuarios para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (Aupac).
En marzo de 2017, el Congreso nacional aprobó la ley que posibilita la investigación científica, la formación de profesionales de la salud y la producción estatal de medicamentos realizados en base a derivados del cannabis para el tratamiento de la epilepsia refractaria.
Unos meses antes, en noviembre, la provincia había sancionado su propia norma que incorpora los medicamentos a base de cannabis en el formulario terapéutico provincial para el tratamiento de patologías como epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor o estrés postraumático.
Desde entonces, la obra social de los empleados públicos santafesinos (Iapos) financia tratamientos en base a aceite de cannabis, principalmente en el tratamiento de la epilepsias refractarias. Actualmente, son 52 los afiliados que acceden a esa cobertura.
De acuerdo a datos del Iapos, la mayoría de los pacientes recibe el producto comercializado bajo el nombre de aceite de Charlotte que se importa de Estados Unidos. El frasco de 100 mililitros tiene un costo de 275 dólares, más gastos de importación y envíos.
Sólo dos afiliados acceden al aceite elaborado por la empresa canadiense Tilray. En este caso, los frascos de 25 mililitros tienen un costo de 30.500 pesos.
Un proyecto con historia
Los proyectos para la producción pública de medicamentos en base a cannabis van camino a cumplir tres años. A mediados de 2016, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) comenzó a vincularse con la Facultad de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En ese marco, junto al Conicet se desarrollaron métodos analíticos para preparados medicinales a base de cannabis. Con la facultad colaboró con el Servicio de Cromatografía Gaseosa, con el que se realizaron ensayos para evaluar la performance de la metodología de análisis y se pudieron determinar perfiles de cannabinoides en extractos provenientes de plantas y de aceites.
Con esos conocimientos, se proyectó la instalación de una planta piloto de investigación y, a posteriori, una de producción de derivados de cannabis, que permitiría una producción de 2.000 frascos de 50 mililitros para pacientes de la provincia de Santa Fe, incorporados en un estudio clínico. En una segunda etapa comenzaría la producción a escala industrial, para elaboración, fraccionamiento y envasado, en las dependencias del LIF.
Pero la obtención de materia prima para la elaboración del aceite frenó la propuesta. Se gestionó la donación de flores desde Uruguay, pero Nación nunca autorizó la importación. La segunda posibilidad, era comprar aceite de cannabis a granel y luego fraccionarlo en el laboratorio público, pero eso también quedó en stand by por el cambio de gestión.
Hasta ahora sólo la provincia de Jujuy obtuvo los permisos necesarios para la producción de cannabis medicinal, a través de una sociedad del Estado asociada a la firma Green Leaf Farms International, radicada en Estados Unidos, que se dedica a esta industria desde hace 8 años.
Fuente:LaCapital
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