Encabezarán las subsecretarías de la cartera que conduce Horacio Pietragalla
Tres mujeres jóvenes en Derechos Humanos
Andrea Pochak, Mariana Tello Weiss y Natalia Barreiro estarán a cargo de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, la presidenta del Archivo Nacional de la Memoria y la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, respectivamente.
Andrea Pochak, abogada especialista en Derechos Humanos, estará al frente de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Pochak, además de haber sido directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal e integrante del gabinete de la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, trabajó durante dos años como directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Mariana Eva Tello Weiss, doctora en Antropología e investigadora del Conicet, fue designada para cubrir el cargo de Presidenta del Archivo Nacional de la Memoria, organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría. Con una extensa militancia en Hijos Córdoba, Mariana Tello es hija de dos militantes montoneros que fueron asesinados durante la última dictadura cívico militar, además de que estuvo secuestrada durante dos meses luego de su muerte. Especialista en antropología de la violencia, Tello trabajó también como investigadora en el Espacio para la Memoria del ex centro clandestino de detención "La Perla", en Córdoba.
Por último, Natalia Barreiro, que se define a sí misma como "peronista y abogada", será la responsable de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. Directora de Derechos Humanos del Municipio de Almirante Brown y candidata a Diputada Nacional en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Barreiro encabezará la subsecretaría encargada de promover y difundir las políticas de Derechos Humanos de la Nación.
Fuente:Pagina12
Emergencia económica: las 13 claves que tenés que saber sobre la Ley de Solidaridad
Resumen Latinoamericano* / 29 de Diciembre 2019 .-
Bienes personales, dólar y gastos en el exterior. Los datos que explican la norma que estructura el inicio de la gestión Fernández-Fernández.
El gobierno nacional reglamentó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y con su publicación en el Boletín Oficial se terminaron las dudas sobre los alcances de la emergencia económica que el Congreso aprobó días atrás.
Se trata de un paquete de medidas que alcanzan a distintas actividades, ganancias y riquezas con la intención de redistribuir de una forma más equitativa.
Las 13 claves de la Ley de Solidaridad
* Dólar turista: el anunciado impuesto de 30% se aplica a los gastos que se realicen con tarjeta en el exterior. También a la compra de moneda extranjera para atesoramiento o gasto fuera del país.
* Si bien la medida abarca la compra de pasajes aéreos al exterior, quedaron exceptuados los pasajes a través de medios terrestres a países limítrofes (la excepción no beneficia a los pasajes comprados en servicios como Buquebús).
* Los gastos por prestaciones de salud tampoco pagarán recargo alguno. Los medicamentos tampoco.
* La compra de libros y las plataformas educativas no están alcanzadas por el 30 por ciento.
* Asimismo, los gastos asociados a proyectos de investigación desarrollados por investigadores en el ámbito del Estado, universidades e instituciones que integran el sistema universitario Argentino tampoco tendrán recargos.
* En tanto, Netflix, Spotify y otros servicios web como Airbnb, Youtube, etcétera, pagarán 8% de recargo en lugar del 30% previsto inicialmente.
* Este recorte abarca también a servidores web y todo tipo de servicio a través de internet.
* De lo recaudado por el «dólar turista» se destinará el 70% a los fondos de la ANSES y el INSSJP.
* Bienes en el exterior: se establece una alícuota diferencial de hasta el 2,25% para los bienes asentados fuera de la Argentina.
* En caso de que los bienes de argentinos en el exterior fueran repatriados, se otorgan beneficios impositivos a través de alícuotas diferenciales.
* El paquete de medidas económico-financieras de la ley hace prever a la Casa Rosada que en 2020 habrá una recaudación extra por unos 8.000 millones de dólares. La abultada cifra equivale al 2,14% del PBI según estimó la consultora CEPA.
* Solo en derechos de exportación el plus sería de más de u$s 2.000 millones. En tanto, por Bienes Personales se sumarían unos 1.100 millones y por el recargo del 30% al dólar serían casi 3.000 millones extras.
* Asimismo, por las subas en las contribuciones patronales se agregarían 1.800 millones de dólares en la recaudación.
*Fuente: Tiempo Argentino
Envio:RL
30 de diciembre de 2019
En la provincia de Buenos Aires se abren 22 causas por día a consumidores
Cannabis: una guerra que solo apunta a los consumidores
En el marco del debate que se abre sobre la despenalización y regulación, un informe muestra cómo la gestión del macrismo centró su política en perseguir a usuarios jóvenes.
Por Carlos Rodríguez
Imagen: Enrique García Medina
Los nuevos ministros de Seguridad nacional y bonaerense impulsan para el 2020 un “debate serio” sobre la despenalización del cannabis para empezar a revertir el paradigma de la “lucha contra el narcotráfico”. Esa metodología, ensalzada por la ex ministra del área Patricia Bullrich, es la que hizo que en los años recientes “se abrieran 22 causas por día vinculadas a la tenencia de drogas para consumo personal”, según un estudio realizado en la provincia de Buenos Aires. Como resultado de esa política punitiva, en 2018 se incrementaron en un 23 por ciento los procesos por consumo, respecto de 2017.
Según un estudio realizado en 2019 por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Página/12, “una de cada cuatro causas iniciadas son por consumo” de drogas. El informe agrega que “en los últimos cinco años, se registró un aumento del 110 por ciento en el número de las instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la Ley de Estupefacientes”. Una de cada cuatro de las 38.516 causas abiertas entre 2014 y 2018 tienen que ver con tenencia para consumo personal.
Necochea es el departamento judicial donde este tipo de causas penales representan mayor porcentaje, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquén y Azul.
El informe, dado a conocer por el defensor del pueblo adjunto, Walter Martello, señala que ante la situación descripta es necesario “prestar especial atención al habeas corpus presentado por el juez Mario Juliano que detectó, hasta agosto de 2019, 600 requisas policiales realizadas a jóvenes de Necochea, Lobería y San Cayetano”. El 85 por ciento de esos procedimientos “habría correspondido a tenencia para consumo personal”.
El juez estimó que “la apertura de cada una de estas causas implica una inversión de no menos 10.000 pesos”, con el agravante de que “terminan en el archivo”.
Esta actividad policial y judicial fue alentada por el ex presidente Mauricio Macri, por la gobernador María Eugenia Vidal y por la ministra Bullrich. La actividad punitiva contra los consumidores se mantuvo constante, a pesar de que el 25 de agosto de 2019 se cumplieron diez años del fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia, en el Caso Arriola, declaró inconstitucional la aplicación del segundo párrafo del artículo 14 de la ley de drogas, que estable sanciones económicas y penas de un mes a dos años de prisión a los consumidores que tienen en su poder drogas para consumo personal.
La Corte, con su fallo, llamó a terminar con el viejo paradigma que dice que para combatir el narcotráfico hay que perseguir penalmente a los consumidores. Eso es lo que están convocando a discutir, con expertos y organizaciones sociales, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni. En principio, la idea es dar el primer paso con la legalización del consumo de cannabis, mediante una reglamentación “a la argentina”, tomando ejemplos de diferentes países, pero ajustándolos a las características propias.
La defensoría bonaerense expresó su apoyo al diseño “de un nuevo marco normativo y de renovadas políticas públicas que apunten a combatir el narcotráfico y prevenir las adicciones”, además del establecimiento de medidas tendientes a cuidar la salud de los consumidores de todo tipo de drogas.
En el informe se afirma que, además del incremento de las causas por consumo, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por delitos relacionados al narcotráfico, “la cantidad de presos procesados sin condena duplican a los que tienen sentencia: 3300 contra 1500”.
A este panorama se le sumó, en cuatro años de gobierno macrista, “un récord de deportaciones que, por general, involucran a personas de escasos recursos, que integran los eslabones más débiles del sistema de comercialización ilegal de estupefacientes”.
Se menciona también “el hostigamiento permanente y sistemático de integrantes de fuerzas de seguridad a consumidores de estupefacientes”, hechos que son “una realidad concreta, que se registra a lo largo y ancho del país”, no solo de la provincia de Buenos Aires. Se puntualiza que eso también viene siendo denunciado por el juez Juliano, a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Necochea y actual presidente la Asociación de Pensamiento Penal. El magistrado, entre otras acciones, presentó un habeas corpus para que la población juvenil no sea acosada por la Policía por tenencia simple de marihuana.
Juliano expresó que “hay tres conclusiones que se pueden elaborar a partir de un muestreo de esos procedimientos por tenencia para consumo personal:
1) que la casi totalidad de los procedimientos se encuentran relacionados con la marihuana;
2) que las personas interceptadas, en su inmensa mayoría, son menores de 25 años;
y 3) que el promedio de sustancias secuestradas (marihuana) oscila en los 4 gramos.
Juliano dijo que “una mera estimación de los recursos materiales públicos utilizados para llevar a cabo estos procedimientos (sueldos policiales, judiciales, papelería, combustible, reactivos) arroja un costo aproximado de 10.000 pesos por procedimiento”.
En el informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense se recuerda que en el caso Arriola la Corte dijo que “no hay dudas de que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización”.
Muertes por no prevenir
En el mismo informe, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires afirmó que “ante un sistema de prevención desmantelado” por falta de presupuesto, mientras se malgastan recursos en abrir expedientes contra consumidores, “el uso de estupefacientes se cobra una vida cada 36 horas en Argentina”, por sobredosis.
Se indica que “los últimos indicadores oficiales muestran que, en solo dos años, se duplicaron los casos de muerte por sobredosis”. Esto se debe a la “falta de políticas preventivas, en un contexto de presupuestos insuficientes. Se aplican más recursos a iniciar procesos penales a consumidores de drogas que a los programas nacionales de prevención y asistencia a las adicciones”.
Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto de la provincia, reiteró el pedido para que se declare la emergencia en materia de adicciones y alertó sobre las consecuencias de la creciente judicialización de consumidores. En ese sentido, explicó que el último informe de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (ex Sedronar), publicado en 2019 con datos de 2017, muestra que dos de cada diez muertes de personas de entre 15 a 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes.
Del total de estas muertes la mayoría corresponde a varones, significando el 69,4% y una tasa bruta de 77 cada 100.000 habitantes, frente al 30,6% de defunciones femeninas y su correspondiente tasa bruta de 33,3 casos cada 100.000 habitantes.
“Uno de los datos más alarmantes, que no debe pasar desapercibido, es el incremento exponencial de los decesos por sobredosis: el último indicador oficial evidencia que se registraron 100 casos en un año, prácticamente el doble que en 2015”, agregó Martello, que tiene a su cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría.
Martello es autor del libro “Salió Mal”, que a través de 250 páginas plantea por medio de historias críticas y relatos en primera persona, la necesidad de un cambio de paradigma en lo que se refiere a las políticas de drogas que se vienen instrumentando desde hace décadas en la Argentina.
“El Estado está dilapidando cada vez más recursos en someter a consumidores y adictos a burocráticos procesos penales, que por lo general terminan archivados, mientras se registran muy pocos avances en el combate del financiamiento y del lavado de dinero de las grandes estructuras narcocriminales”, sostuvo Martello.
El presidente Alberto Fernández estárá en el acto junto al ministro de Educación
Nicolás Trotta presentará el Plan Nacional de Lectura
Fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984 y completamente desmantelado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. El fin del plan es promover la lectura y llegar a 10 millones de niños, niñas y adolescentes.
El momento en el que Fernández le toma juramento a Trotta como ministro.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Este lunes a la mañana en el museo Casa Rosada, Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, junto al presidente Alberto Fernández, acompañados por escritores, editores y trabajadores de los sindicatos vinculados al sector gráfico, volverán a lanzar el Plan Nacional de Lectura que fue creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín en 1984 y completamente desmantelado por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. El plan se propondrá llegar a 10 millones de niños, niñas y adolescentes, y también a sus familias. Las escritoras Laura Devetach y Claudia Piñeiro van a leer fragmentos de cuentos.
Además de promover la lectura, el programa que fue continuado por la gestión de los Ministros de Educación Daniel Filmus, Alberto Sileoni y Juan Carlos Tedesco, había logrado llegar a 2.254.721 personas; distribuyó gratuitamente 40.000.000 de ejemplares de cuentos y poemas y más de 15.000.000 de libros en escuelas y espacios no convencionales de todo el país. En octubre último, el macrismo había desechado un centenar de libros que provenían de dicho plan en contenedores de basura ubicados detrás del Palacio Pizzurno. Hoy, la dirección del Plan Nacional de Lectura estará a cargo -tal como lo había anunciado Trotta en el Congreso Pedagógico de Chaco- de Natalia Porta López, una escritora que cuenta con una larga trayectoria de trabajo en la Fundación Mempo Giardinelli.
En diálogo con Página/12, el Ministro de Educación de la Nación, expresó que “este lunes presentaremos el Plan Nacional de Lectura y alfabetizaciones que se vincula a lo que nosotros consideramos que es una política central en términos educativos para los tiempos que vienen”, a su vez, Trotta indicó que el plan permitirá que “todas las familias argentinas se puedan apropiar del derecho a la lectura como una herramienta que tendrá impacto, no solo en los procesos de aprendizaje en la escuela, sino también como una herramienta transformadora que logrará que los padres y los hijos puedan encontrar un lugar de lectura en común”.
Trotta explicó que “luego de la urgencia que existe por terminar con el hambre en Argentina, la segunda prioridad del gobierno es el despliegue de las políticas educativas como principal herramienta de ruptura de la desigualdad social que existe en nuestro país”. En esa línea, el titular de la cartera destacó que “creemos que la institución social más importante para terminar con la desigualdad es la escuela pública”.
A su vez, Trotta también subrayó la importancia de tener en cuenta en el sector educativo, la implementación de las nuevas tecnologías. “En este nuevo momento del desarrollo tecnológico, la alfabetización no tiene que ver sólo con la lectura tradicional, que por supuesto es muy importante, sino también creemos que hay que fomentar la lectura en las multiplataformas”, dijo el Ministro. “Hay que generar distintas instancias de lectura en las distintas plataformas y lograr incentivarlas a partir de diferentes campañas que, tal cómo presentaremos mañana, serán parte de una política coordinada con todas las provincias del país”, agregó el funcionario.
Otro aspecto a destacar del lanzamiento del plan es que existirá un Consejo Asesor de Lectura compuesto por especialistas que aportarán sus conocimientos para definir las colecciones a distribuir bajo el sello del plan. Este consejo estará compuesto por rectores, por las distintas asociaciones de escritores, editoriales, universidades, referentes de la literatura y representantes de la comunidad educativa de las 24 jurisdicciones provinciales, para de ese modo “conformar una mesa plural que será la encargada de construir los acuerdos representativos en torno a las colecciones, los textos y las obras que formen el acervo del Plan”, explicaron desde el Ministerio a través de un documento. Además, según detalló Trotta, “el plan plantea que todos los libros que se adquieran deberán ser diseñados, editados e impresos por trabajo argentino”.
El Ministro también adelantó que en las próximas semanas presentarán un programa similar a lo que fue el Programa Conectar Igualdad -encargado de distribuir netbooks a todos los estudiantes de la escuela pública-, pero que en esta ocasión tendrá otro nombre y que “tendrá el desafío de fomentar el acceso tecnológico de nuestros niños, niñas y adolescentes”. Según las palabras del Ministro, dicho programa “incluirá un plan de conectividad de todos los establecimientos educativos de todas las provincias argentinas” ya que según él “creemos que el derecho a la lectura es un derecho básico que tiene que ser promovido y garantizado por el Estado y que tanto la distribución de libros, cómo era la distribución de computadoras, deben dialogar entre sí ya que no son tecnologías contradictorias”.
Informe: Melisa Molina
El encuentro en Posadas entre la madre de la Plaza y la joven presa 13 años siendo inocente
Norita Cortiñas confundida en un abrazo con Cristina Vázquez
Por Alicia Rivas Mesa
El abrazo entre las dos mujeres. “Me conmovió la mirada tan serena”, dijo Norita.
Imagen: Marcos Otaño
Imagen: Marcos Otaño
Nora Cortiñas llegó a Posadas para abrazar a Cristina Vázquez y compartir con ella y su familia estas primeras horas en libertad. La corte Suprema de Justicia absolvió a Cristina Vázquez y junto a ella a Lucia Cecilia Rojas, dos mujeres condenas a prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Cristina estuvo detenida casi 13 años, Cecilia superó los 14 años en prisión.
Nora Cortiñas atravesó las puertas del aeropuerto de Posadas para ir a encontrarse con Cristina Vázquez, la joven a la que conoció el pasado 4 de noviembre en el penal de Mujeres de Villa Lanús. Norita quería ese abrazo, lo necesitaba. Se había quedado con la sensación de que no se había hecho lo suficiente por Cristina, que su caso era una tremenda injusticia y que no podía simplemente quedarse en la impunidad y el silencio.
“Me conmovió la mirada tan tranquila, tan serena, sin rencor”, dijo Nora después de ese primer encuentro. Volvió a Buenos Aires pero antes comprometió a las organizaciones sociales y centrales sindicales, que la escucharon en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, a que se sumaran al reclamo. “Es una mujer que espera justicia y debemos ayudarla a buscar los caminos. Hay que hacer ruido. No nos acostumbremos al silencio porque cuando existe un ocultamiento, una injusticia y arbitrariedad contra cualquier ser humano, tenemos que defenderlo”. “Esto no es posible, no puede pasar, Cristina es inocente”, dijo.
La historia de Cristina le había llegado a través de las documentalistas Magda Hernández Morales y Gabriela Cueto, quienes produjeron Fragmentos de una amiga desconocida, la película que sirvió para denunciar el montaje de esta causa judicial que no tuvo reparos en construir la culpabilidad de los tres imputados- Cristina Vázquez, Cecilia Rojas y Omar Jara- en base a prejuicios, estereotipos, testimonios falsos, valoraciones incongruentes de las pruebas.
Norita Cortiñas sumó esta causa a las tantas que milita a diario. Tenía previsto volver a Posadas para marchar pidiendo su liberación a mediados de diciembre pero la coyuntura en Latinoamérica fue modificando su agenda, primero su visita a Chile para exigir el cese de la represión de Piñeyra y después el viaje a Haití para sumarse al reclamo de ese pueblo “sufriente” como lo dice ella.
La decisión de la Corte Suprema de absolver a Cristina y a Lucia, la conmovió. Si bien esperaba esta intervención ya estaba preparándose para sumarse o encabezar acciones el año próximo. “Si no sale estábamos pensando con Ana María Careaga escribirle una carta al papa Francisco”, dijo.
“Fue magia colectiva”
Desde el aeropuerto hasta la casa de Cristina, Norita fue recordando ese primer encuentro, la angustia con la que se fue dejándola en el penal. Es tan injusto esto, “los jueces de la Corte solo tenían que abrir y leer el expediente para darse cuenta” remarcó.
Y es justamente lo que pasó, abrieron el recurso que por segunda vez llegó a la Corte y resolvieron la absolución. En la acordada del día 26 de diciembre, por unanimidad, el máximo órgano judicial del país resolvió absolver a Cristina Liliana Vázquez y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de Ersélide Leila Dávalos.
“Para los que no creen en que hubo magia, fue magia, magia colectiva” dijo Norita cuando por fin se encontró con Cristina, en el patio de su casa, esa a la que la joven volvió 11 años después, siendo ya definitivamente libre. Lo aclara la propia Corte al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, por las dudas. “la Corte Suprema es el Tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar”. Es decir la resolución de la Corte es el final del infierno de Cristina y también el de Lucia.
“Ay Cristina, Cristina, Cristina. Esto es magia, esto es magia, esto es magia. Quien diga lo que no existe lo mágico, no sabe estas cosas. Mi vida, que suerte, mi amor”, repite Nora y se quedan ambas, un rato largo, fundidas en ese abrazo sin tiempos. Eran solo ellas en ese patio, despegadas de todo, susurrándose que lo habían logrado. Cristina está libre, y lo está porque es inocente.
“Acá no hay un perdón para salir en libertad, acá hubo un error gravísimo que fue la condena, no es fácil decir esto ya pasó. Esto deja una huella muy fuerte y hay que repararlo. Los años que le quitaron para disfrutar la vida hay que hacérselo pagar al Estado, pero todo a su debido tiempo, con calma”, decía Nora mientras la ronda de mates se iba abriendo, además de la mamá, el papá, la hermana y un tío de Cristina, se fueron sumando periodistas, fotógrafos, referentes sociales.
La magia colectiva de la que habla Norita es el trabajo enredado de varias organizaciones sociales que decidieron intervenir para revertir la injusta condena a cadena perpetua. La Asociación Pensamiento Penal, Proyecto Inocencia, el CELS, y el acompañamiento incondicional de sus amigas Magda Hernández Morales y Gabriela Couto. Sumado además el movimiento de mujeres que fue de a poco incorporando en sus reclamos la libertad de Cristina. Este apoyo se vio claramente en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres realizado en La Plata.
“Salimos de la pesadilla”
Cristina Vázquez recuperó la libertad el viernes 27 de diciembre poco antes de las 12 del mediodía. Llevaba más de 11 años presa. “En total son más de 12 años, primero estuvo un mes detenida, después me soltaron, volvieron a detenerme y estuve 7 meses y después la última vez ya estos 11 años”, hizo cuentas y se emocionó al pensar lo que vendría.
“Salimos de la pesadilla”, le dijo Nora mientras tomaba un mate, “esto empieza recién. Hay que convencerse que otro mundo es posible, otra justicia la vamos hacer posible, vamos hacer que cambiemos un poco el tiempo de la injusticia para pasarla al tiempo de la justicia”.
“Se terminó el infierno”, le contestó Cristina mientras la emoción se sentía en sus voces, en los ojos de ambas que fueron nublándose esta vez con lágrimas de alegría, de felicidad.
Norita estuvo un rato largo sentada en el patio con la familia, con los padres, la hermana, su sobrina y unos tíos. “Estoy feliz” repetía Cristina, mientras agradecía la presencia de todos y después se quedaba en silencio, sonriendo, solo sonriendo.
Después del abrazo con Cristina, los mates y las fotos con los familiares Norita Cortiñas quiso reunirse con las organizaciones sociales que vienen trabajando una agenda anti represiva en Misiones. “Algo tenemos que hacer” dijo.
Se armó una convocatoria de urgencia que se reunió en la sede de la CTA Autónoma de Misiones, en torno a Norita y al fallo de absolución de Cristina un grupo importante de estas organizaciones para discutir qué hacer a partir de ahora.
La condena arbitraria e ilegal de Cristina y Lucia no es un caso aislado. En la provincia hay varios precedentes sobre el accionar irregular del poder judicial encarcelando inocentes. Librada Figueredo, María Ovando, Victoria Aguirre, Miriam Bogado son solo algunos ejemplos.
“Este fallo volverá a dar impulso a los espacios antirepresivos donde venimos denunciando estas arbitrariedades y también trae algo de esperanza a los familiares de cientos de detenidos que están esperando que sus causas sean revisadas” pudo escucharse en esa reunión.
Norita estuvo casi las 3 horas que duró el encuentro, en medio de un calor sofocante, escuchando y aportando. De allí volvió a la casa de Cristina para compartir el almuerzo, la sobremesa, los abrazos y la despedida.
“Esto recién empieza. Hay que seguir, seguir” dijo.
Hablan tres de los abogados querellantes
Un balance a 15 años de Cromañón
José Iglesias, Fernando Soto y Marcelo Parrilli, denuncian "chicanas" del actual Gobierno de la Ciudad en la continuación de las causas civiles.
Por Carlos Rodríguez
Fernando Soto, que representó a más de 350 víctimas entre familiares de fallecidos y sobrevivientes, consideró que la causa fue “emblemática porque se llegó por primera vez a lograr condenas para funcionarios, como fue el caso, entre otros, de (Fabiana) Fiszbin”, quien era al momento del hecho subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño. Agregó que “fue emblemático, en lo jurídico, a partir también de los planteos de la defensa de Callejeros porque se implementó el doble conforme, que establece que tiene que haber un segundo control, que ahora la Corte dijo que debe pasar por un segundo Tribunal”.
Sobre el monto de las penas, recordó que “la mayoría de los padres reclamaban condenas más altas, pero de todas maneras fueron importantes y se han cumplido en todos los casos, por lo menos parcialmente”, porque algunos lograron la libertad condicional”. Soto mencionó como ejemplos negativos el caso de Marcela Iglesias, la nena de 6 años que murió al caer sobre ella una estatua del Paseo de la Infanta, en 1996, y el incendio en el boliche Kheyvis, en diciembre de 1993, donde fallecieron 17 estudiantes. Las dos causas prescribieron sin condenas.
“Por eso considero que nuestro trabajo no fue en vano, porque hemos logrado condenas penales que terminaron con medidas de reclusión”, resaltó Soto.
Sobre la situación actual de los sobrevivientes, precisó que “muchos han quedado con secuelas hasta el día de hoy. Aunque son los menos, algunos tienen secuelas físicas, muchos estuvieron internados con serios problemas respiratorios, en terapia intensiva, y otros con estrés postraumático y siguen hoy con cierta discapacidad laboral”. Respecto de las causas civiles contra el Estado porteño, informó que son “muy pocas” las que tuvieron un resultado favorable “con montos de resarcimiento que son una vergüenza, por 300 mil pesos y además, la mayoría de los juicios no tienen sentencia todavía”. Agregó que “no se aplica la indexación (por inflación real) sino una tasa fijada por el Banco Nación, que no responde a la realidad”.
El querellante Marcelo Parrilli se centró en el análisis de “lo que fueron las responsabilidades penales de los funcionarios políticos y creo que eso fue lo que quedó pendiente, porque las penas fueron leves y no avanzaron en la escala de responsabilidades”. Desde su punto de vista “esa fue la gran falencia que tuvieron los juicios, que se centraron en las responsabilidades directas, pero no se hizo nada para subir en la escala de las responsabilidades de los funcionarios” de mayor jerarquía.
“Cromañón se produjo porque en la Ciudad de Buenos Aires estaba el campo propicio porque el gobierno había resignado el poder de policía y no había control” sobre el funcionamiento de los locales donde se realizaban eventos multitudinarios sin las condiciones necesarias de seguridad. “Lo que pasaba era que no había control, porque todo se terminó con lo que (Aníbal) Ibarra llamó en su momento el ‘focazo’ de la corrupción de los inspectores (de la antigua comuna porteña). A ese sistema se lo liquidó, pero en su lugar se puso otro que en el que prácticamente se dependía de las denuncias particulares para recién entonces poner en funcionamiento los mecanismos de fiscalización y control”. Estimó que “al perderse la posibilidad de actuar de oficio el control se transformó de malo en nulo. Por eso, lo que ocurrió en Cromañón podría haber ocurrido en otros lugares, y de hecho siguió ocurriendo durante el gobierno (en la Ciudad de Buenos Aires) de Mauricio Macri, pero lamentablemente a veces las cosas se miden por la cantidad de víctimas fatales y los casos pasaron desapercibidos”. Señaló que este tipo de problemas con los controles “son difíciles porque hay ciertos niveles de connivencia, de corrupción, y el sistema de control es una vía abierta a la recaudación ilegal”, como quedó demostrado en el proceso por Cromañón.
José Iglesias, además de querellante, es padre de Pedro Iglesias, una de los fallecidos en el incendio de Cromañón. “Creo que el resultado de los juicios fue tibio. Muchas cosas quedaron afuera, pero el resultado fue mucho mejor que lo que ocurrió en otros casos similares”. Aclaró que el resultado “todavía no es completo, porque tenemos el caso de (Roberto) Calderini”, ex inspector del gobierno de la Ciudad “cuya condena está en etapa de revisión, en la Cámara Nacional de Casación”, cuando el juicio se hizo en 2016. “Ha pasado mucho tiempo y todavía no tenemos una sentencia firme”, cuestionó. “Es escandaloso que todavía estemos esperando, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona muy vinculada al tema de la habilitación” del boliche Cromañón.
Iglesias insistió que siente “el gusto al que podemos acceder en Argentina con la justicia, aunque es cierto que tuvimos más que el resto”.
Más allá de su postura frente a los juicios penales, recalcó que “lo más grave son los juicios civiles, que son el primer lugar de la justicia donde se analizan los costos sufridos por cada una de las víctimas, porque allí se analiza qué le pasó a cada uno en forma personal y hasta hoy los resultados de esos juicios son una verdadera vergüenza”.
“Pasaron quince años y van a pasar muchos más, porque el gobierno de la Ciudad los sigue chicaneando de una manera vergonzosa”. Iglesias puntualizó que “esas chicanas se producen en juicios donde el margen para la duda es inexistente porque hasta el jefe de Gobierno de entonces (Aníbal Ibarra) fue destituido por ese motivo, hay condenas en los juicios penales, de manera que no hay vacíos como para que hagan chicanas, pero de todos modos, hasta intentan llevarlos a la Corte Suprema” de Justicia.
Estimó que en los juicios civiles “las sentencias firmes, terminadas, debe haber dos”, cuando el total de las causas “llegan a unas dos mil”. Denunció que “los argumentos son una vergüenza, por parte del gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta”.
El padre de Pedro Iglesias recordó que fue abogado de los familiares de la tragedia de Kheyvis “donde la primera sentencia en los juicios por daño tardó 19 años y en ese momento yo dije ‘espero que no nos pase lo mismo a nosotros, tener que esperar 19 años’, pero ya llevamos 15 y no me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a los 19 por lo menos”.
Fuente:Pagina12
Las cosas del Poder
La CGT le reclamó a Juntos por el Cambio que no obstaculice la reforma impositiva de Kicillof
La central obrera lanzó un llamado para que macristas, radicales y lilitos no frenen la norma que el flamante gobernador envió al Senado y quedó trabada. “La mezquindad política resulta intolerable”, advirtieron los miembros del Consejo Directivo.
29 de Diciembre de 2019
La Confederación General del Trabajo (CGT) cuestionó “a las fuerzas opositoras de la provincia de Buenos Aires” por “rehusar el debate” que promovió el gobernador Axel Kicilllof en la Legislatura para sancionar la ley impositiva que envió y quedó trabada en el Senado luego de una negociación que fracasó este viernes por la tarde. Según el comunicado difundido este sábado, la central obrera les “reclama” a los diputados y senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio “que asuman las responsabilidades que por mandato popular les corresponden”.
El texto, que lleva la firma de los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, invita a “todos los actores políticos de las distintas fuerzas con representación parlamentaria a dotar al gobierno electo de las herramientas necesarias para tomar el rumbo de la reparación social que los bonaerenses han reclamado democráticamente en las urnas”. Para la central obrera, la decisión de “mitigar las desigualdades” mediante una reforma impositiva en la provincia, “implica exigir mayores esfuerzos a los sectores que más tienen”.
“La mezquindad política resulta intolerable en momentos en los que todos los sectores aceptamos a la solidaridad como el valor fundamental para gobernar la crisis”, advierte el comunicado, que cuestiona a los legisladores opositores por “desoír la voluntad de las mayorías que, con especial énfasis, se han expresado en favor de modificar las prioridades con las que se gobernaba”. Hacerlo “implica una irresponsabilidad política difícil de comprender en los tiempos que corren”.
Los miembros del Consejo Directivo cegetista que firman el comunicado, aclararon que hacen “este llamamiento en línea con el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad que firmaron este viernes, junto a entidades empresarias y organizaciones sociales”.
El pronunciamiento es posterior al llamado que hizo la Corriente Federal de Trabajadores, que encabeza el bancario Sergio Palazzo, donde consideró “inaceptable la ausencia de los legisladores de Juntos por el Cambio que impidieron el quórum necesario para que la Legislatura bonaerense tratara una ley impositiva justa y razonable para que la Provincia disponga de los fondos necesarios para su normal funcionamiento y para que la nueva administración comenzara la gestión para la que fue elegida por la mayoría de los ciudadanos”.
Fuente:TiempoArgentino
Economía
Los salarios le ganarían a la inflación a fines del 2020
El informe de la consultora Ecolatina asegura que el sector agropecuario es el único que ganó durante el 2019. Calificaron el año que viene como "complejo" y destacaron que si "se aleja el fantasma del default" en el segundo semestre el PBI podría "terminar con valores positivos".
"Aún con un set de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos, el salario promedio no logrará ganarle a la inflación sino hasta fines de 2020", aseguraron.
Por otra parte, el informe indicó que "con los actuales controles cambiarios, será posible una política monetaria un poco más expansiva, pero no lo suficiente para impulsar la economía en el corto plazo".
"De esta forma, el PBI promediará en 2020 su tercer año consecutivo de caída, aunque si se aleja el fantasma del default, podría empezar a recuperarse en el segundo semestre y concluir el año con valores positivos", proyectaron.
Además, en 2020, se espera "menor cosecha, pero por encima del promedio de la década" y "se espera que la producción de carne continúe creciendo de la mano de mayores exportaciones".
Fuente:PoliticaArgentina
Vuelve la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito
Lunes 30 de Diciembre | 06:24 También se estudia rebajar en varios puntos la tasa de interés para el programa Ahora 12. Novedades sobre Precios Cuidados.
El gobierno nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) restituirá la devolución del IVA para compras de alimentos con tarjeta de débito. La medida, que busca compensar la finalización del sistema "IVA 0%" para alimentos de primera necesidad, beneficiará a quienes cobran jubilaciones mínimas y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo.
La devolución tendrá un tope mensual de 700 pesos y se pondría en práctica en enero en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo se trabaja también en la reactivación del programa Ahora 12, al que se busca bajarle la tasa de interés a un dígito frente al 18% que se cobra actualmente, tal como señaló el portal BAE negocios.
Los planes Ahora 3 y Ahora 6, por su parte, continuarán siendo sin interés.
Precios Cuidados
En tanto, el plan Precios Cuidados, creado durante la gestión de Cristina Kirchner, sería renovado el próximo 7 de enero y muchos de los productos incluídos no tendrían modificaciones en sus valores de venta al público.
Fuente:Infonews
El incremento iba a ser aplicado desde el lunes, pero fue cancelado.
YPF suspendió el aumento del 5% a los combustibles que debía entrar en vigencia el lunes por orden del presidente Alberto Fernández.
Sin el aumento, el litro de la nafta premium se mantendrá en $61,64, mientras que la Súper seguirá en $ 53,34. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel sostendrá su valor en $58,84 y la Diesel 500 en $49,94.
La compañía había dispuesto un incremento del 5% que representaría un aporte de 0,2 punto porcentual en la inflación de enero, de acuerdo con la ponderación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La medida no sólo evita un incremento en la petrolera nacional, sino que también limita el accionar de las compañías privadas que operan en el país, ya que suele ser YPF la que moviliza la vara del resto del mercado.
Aunque por el momento es sólo un acuerdo, parece seguir la misma línea de los congelamientos establecidos en otros sectores, como electricidad y transporte.
La revelación de Roberto Navarro: quiénes quieren voltear a Axel Kicillof
El director de El Destape hizo un análisis de la situación que se está viviendo en la Provincia de Buenos Aires tras el boicot a la Ley Impositiva.
La discusión por la Ley Impositiva 2020 en la Provincia de Buenos Aires ya tomó ribetes escandalosos. Al gobierno que encabeza Axel Kicillof le boicotearon el viernes último la sesión y este sábado Roberto Navarro develó los apellidos importantes que están detrás de toda esta movida.
En su ya tradicional editorial de los fines de semana, el directo de El Destape explicó de manera pormenorizada cómo fue el proceso y quiénes están detrás del boicot al proyecto de ley enviado por Kicillof.
"Bullrich. Bunge y Borg. Pueyrredon. Fortabat. Anchorena. Larreta. Pereyra Iraola. Gómez Alzaga. Werthein. Son algunos de los apellidos de los 200 terratenientes que deberían pagar un aumento del 75% en su impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y que usaron todo su poder para evitarlo. Los periodistas que están contra del proyecto los defienden a ellos. Kicillof, que encontró una provincia fundida y tiene que actualizar el gravamen para pagarle a los maestros, policías, médicos y otros gastos, decidió que son los más ricos quienes tienen que hacerse cargo y no los más humildes", escribió Navarro en su columna.
Al mismo tiempo, el periodista explicó que "la primera medida que tomó Axel Kicillof, anunciada en el discurso de asunción, fue anular el tarifazo de electricidad que había decretado María Eugenia Vidal. La suba hubiera significado un incremento mensual mínimo de 350 pesos. Con el proyecto presentado, dos de cada tres bonaerenses iban a pagar como máximo 120 pesos más por mes. Es decir, con los 350 pesos que Kicillof les ahorró de luz todavía les quedaban 230 en el bolsillo. Claramente, el gobernador le está quitando a los ricos para darle al resto. Les quitó a energéticas y grandes terratenientes y les puso en el bolsillo a trabajadores pobres y clase media".
En este sentido, lo que Navarro dejó explicado es que "Kicillof tenía que elegir entre los terratenientes y los trabajadores y se quedó con los trabajadores". Imposible ser más claro.
Fuente:ElDestape
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