31 de diciembre de 2019

TROPEL 2 del 31.12.2019.

Rechazan la excarcelación para Luis D’Elía por la toma de una comisaría
Resumen Latinoamericano*, 30 de diciembre de 2019.

El referente de la organización Miles la había solicitado. Está condenado a 3 años y 9 meses de prisión por el hecho ocurrido en 2004.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la excarcelación pedida por el referente del partido MILES, Luis D’Elía, quien está condenado en la causa por la toma de la comisaría de La Boca.
Los jueces de la Sala III de Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, rechazaron un pedido del militante social contra el fallo del Tribunal que había denegado la excarcelación al argumentar que D’Elía tiene una condena que quedó firme con el rechazo del recurso extraordinario.





D’Elía fue condenado por la toma de la comisaría del barrio de La Boca, un hecho ocurrido en 2004, pero la sentencia a 3 años y 9 meses de prisión, para la defensa no se encuentra firme aún porque no hay un fallo definitivo de la Corte.
El abogado Adrián Albor solicitó la excarcelación al argumentar que no existe riesgo de fuga ya que D’Elía se presentó en Tribunales cuando conoció en su momento la orden de detención. Tampoco se da en el caso peligro de entorpecimiento de la investigación, sostuvo.
En tanto, el letrado había solicitado en subsidio el pedido de prisión domiciliaria al argumentar que D´Elía padece problemas de salud como “isquemia perinecrosis” lo que al no puede tratarse correctamente en el centro de detención. Esto aún debe ser resuelto por el Tribunal Oral 6.
*Minutouno

Récord de femicidios: una mujer murió cada 24 horas en diciembre / 327 asesinadas en 2019
Rssumen Latinoamericano*, 30 diciembre 2019.-
Hubo un femicidio cada 24 horas, en todo diciembre de 2019, en Argentina. Así lo informó el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven. Fue el mes que más muertes hubo, en el año.
En los primeros 28 días del último mes, hubo 30 mujeres asesinadas, a manos de la violencia de género.
En total, durante los doce meses del 2019, en el país se perpetuaron 327 femicidios.




En Argentina, una mujer argentina muere cada 24 horas, a manos de la violencia machista.
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En noviembre, el Observatorio había publicado sus estadísticas de los asesinatos a mujeres, en los últimos 11 meses. El 63% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Alrededor de 267 niños se convirtieron en huérfanos.
En 2019, la lucha feminista argentina cumplió 5 años en las calles y en la cultura nacional. Sin embargo, la mayor batalla no se logró: la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Con la asunción del presidente Alberto Fernández, se espera que, en el 2020, se logre la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado del proyecto de ley, ya que así lo informó el actual mandatario y el ministro de salud, Ginés González García.
Por su parte, a los pocos días de asumir en aquella cartera, el político decidió aprobar el Protocolo de Aborto No Punible, que había denegado el expresidente Mauricio Macri.
Se trata de un documento, en el que reglamenta ciertos puntos a seguir, a la hora de garantizar el derecho de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), muchas veces negada, aunque actualmente está reglamentada, en la Constitución nacional.
*Fuente: Mundotkm


ESA CHICA. 
La revolución de la antropóloga en el ministerio de seguridad
Por Alejandra Dandan */ Resumen Latinoamericano/ 30 de diciembre 2019 .–
Sabina Frederic lleva diecinueve días en ministerio de Seguridad. Duerme poco. En estos días tocó tres puntos simbólicos. Derogó cinco protocolos de Patricia Bullrich en materia de seguridad dictados bajo la lógica de la restricción de derechos. Inició un debate por la despenalización de la marihuana para consumo personal con el doble objetivo de revertir las políticas de persecución penal a la pobreza. Y plantó la decisión política del nuevo gobierno de revisar el peritaje de Gendarmería en la muerte de Alberto Nisman. Nada de eso fue por azar. Es una agenda coordinada con Alberto Fernández.
Frederic es antropóloga. Fue directora de la carrera de formación militar de las Fuerzas Armadas en el ministerio de Defensa durante la gestión de Nilda Garré. Luego trabajó en el ministerio de Seguridad. Y no abandonó el trabajo de campo con las fuerzas de seguridad. Tuvo a Patricia Bullrich como alumna en la UNSAM. Y mantuvo contacto con ella cuando buscó modificar el programa de formación para las Fuerzas Armadas. Por entonces, Bullrich lideraba los reclamos de un grupo de estudiantes de liceos militares. Se cruzaron. Y discutieron. Frederic suele reconocer lucidez en su antecesora y buena muñeca política. Eso no es un piropo sino un intento de mirar la racionalidad de la gestión de Cambiemos en el área de Seguridad. Ella sostiene que el ministerio sobreactuó la política de seguridad con apariciones constantes, resoluciones y protocolos, una gran voz, que no permitía mirar si las políticas eran efectivas. Esa sobreactuación colonizó áreas del Estado generando permanentes zonas de excepción. Los Protocolos son un ejemplos. Sostiene que fueron impulsados con una lógica: extinguir o relegar la actuación de la justicia.
Esta semana tuvo encuentros conocidos. Se reunió con los organismos de derechos humanos, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, la Liga por los Derechos del Hombre y el Cels, que celebraron haber sido recibidos en el edificio de Gelly y Obes después de cuatro años. También se reunió con la Correpi. Y los integrantes de La Garganta Poderosa. La ministra piensa ese tipo de articulaciones como parte de una gestión que deberá mirar el contexto de emergencia social con una clave que permita acudir a mecanismos políticos para desactivar y resolver la conflictividad social. La gente quiere siempre lo mismo, dice: vivir con dignidad.

La herencia

Frederic recorrió tres de los cinco edificios del ministerio. Encontró trabajadores que habían sido dejados sin funciones. Tuvo reuniones con los jefes de las fuerzas de seguridad. Anunció recambio de las cúpulas. Y tiene los nombres de los posibles reemplazantes. No hay ahí teorías conspirativas. Frederic conoce a los jefes actuales porque hicieron carrera cuando ella formaba parte del ministerio. Sólo entiende que el recambio es saludable.
En el ministerio encontró datos de color como dos bicicletas, buenas y caras. La ex ministra vive en Palermo. Y aparentemente las usaba para moverse. Frederic vive en la provincia de Buenos Aires. No usa bicicletas para el traslado pero llevó una a su casa. En este tiempo recibió dos mensajes de la embajada de Estados Unidos. Uno antes de asumir. Y otro cuando le hackearon la cuenta de twitter. Los dos mensajes de un integrante de una de las agencias de la Embajada. Sólo dijo que se ponía a disposición. Ella no contestó. Y no volvieron a mandarle mensajes. No recibió señales de Mario Montoto, pero el vendedor de parafernalia de seguridad es un hombre que está siempre. De momento, no tiene motivos para entrar al ministerio. Frente al escritorio de Frederic, Bullrich dejó una pared cubierta de pantallas. Las pantallas trasmiten imágenes en tiempo real de las zonas calientes de la Ciudad de Buenos Aires, allí donde suelen convocarse las manifestaciones. Unas apuntan con las cámaras al centro y hay una colocada en el puente Pueyrredón. Aunque no abundan los detalles, desde el ministerio miran esos plasmas para explicar que en el terreno de las tecnologías de Montoto el edificio esta superequipado.

Los topos

Entre los datos que no son de color, las nuevas autoridades encontraron papeles variados. Dos expedientes con gastos de 2 y 3 millones de pesos para viajes que la nueva ministra no firmó. Primero porque el Tesoro Nacional ordenó parar los pagos y segundo porque no se entiende el motivo de ese gasto. También comenzaron a trabajar en la reorganización del ministerio. Ahí encontraron datos llamativos.  Jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti pasó a coordinar la Cooperación con el Poder Judicial tras el caso de Santiago Maldonado. Es una de las áreas que muestra la expansión del ministerio sobre otras jurisdicciones y probablemente perecerá en el corto plazo, las razones son dos: racionamiento y política criminal.
También encontraron una sorpresa en la Dirección de Inteligencia Criminal. El área no es nueva.  La gestión de Cambiemos la degradó de secretaría a Dirección Nacional. Allí existe un tope de 165 contratos con designaciones secretas regidas por la Ley de Inteligencia. Cuatro meses antes de la salida, Bullrich llenó al tope la estructura con nombramientos de entre 30 a 40 personas. Entre los contratos no hay técnicos sino personas del espacio político de la ex ministra y sus dos secretarios, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman. Militantes de su partido. O el chofer de la ex ministra, dueño de un bar en Mar del Plata que lleva el nombre de La Piba.


El bar del espía y chofer de La Piba.

Hoy esos nombramientos son un problema: muchos cumplen funciones en otros sectores, como Comunicaciones o Jefatura de Gabinete. Esa irradiación hace porosa todas las áreas del ministerio con oídos que reportan a otro lado.

Adiós a Chocobar

Hasta ahora el ministerio derogó cinco Protocolos vía Resolución 1231/2019.
  • Uso de Armas de Fuego, del 27 de noviembre de 2018, conocido como doctrina Chocobar que permitió a las Fuerzas de Seguridad disparar sin dar la voz de alto ni considerar los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad del uso de armas de fuego. Ese protocolo, según la ministra, fue una falsa medida de protección a las fuerzas de seguridad, demagógica y sin consecuencias reales, que fragilizaba a las fuerzas y no las protegía del escrutinio judicial.
  • Uso de las Taser, del 2 de mayo de 2019, que permitió el empleo de armas electrónicas no letales que sin embargo se consideran letales. Ahora serán usadas sólo por miembros de las fuerzas especiales para casos de extrema gravedad.
  • Servicio Cívico Voluntario en Valores, del 15 de julio de 2019, una capacitación que pasará a la órbita del ministerio de Educación y Desarrollo Social.
  • Ofensores en Trenes, del 18 de octubre de 2019, que permitió a las fuerzas de seguridad exigir el documento de identidad a personas y detenerlas si no lo poseían.
  • Centro de Formación de Gendarmes, del 18 de octubre de 2019, que estableció la creación de un centro de formación para la GNA en el Complejo Turístico de Chapadmalal.
También estudia eliminar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones, conocido como el Protocolo Anti-Piquetes de febrero de 2016. Ese protocolo que representaba un riesgo para quienes se movilizaban en contextos de protesta social fue implementado en abril de 2017 aunque algunas fuerzas se basaron en uno previo, de 2011. Otra resolución en estudio es el Programa Restituir, de enero de 2019. En línea con la doctrina Chocobar, el Programa abrió la posibilidad de reincorporar a las fuerzas a agentes procesados por homicidio que fueron sobreseídos por la justicia. Los organismos de derechos humanos pidieron a la ministra esa derogación. El ministerio lo tiene en estudio, evalúa eliminarlo pero quiere analizar caso a caso.

Desporteñización de la política

En el corto plazo la agenda incluye una reestructuración de prioridades en políticas de persecución criminal con las provincias. Frederic se reunió con representantes de nueve provincias y organiza el Primer Consejo Federal de Seguridad Interior para febrero. Con la idea de salir de la lógica porteñocéntrica, busca diagnósticos de las provincias y escucha a las fuerzas para trabajar en ese mapa. Escuchó pedidos urgentes. Santa Fe tiene 3000 policías federales que quiere retener. Jujuy quiere scanners para las fronteras. Impulsa con Rio Negro una articulación con las universidades para promover un diagnóstico sobre las problemáticas con las comunidades mapuche. Y recibió un pedido de Tucumán muy preocupada por el incremento de la tasa de homicidio. Hubo 138 muertes por homicidio en 2019, en el que confluyen casos de robo y enfrentamiento entre bandas territoriales con una lógica que parece acercar los problemas del narcotráfico de Rosario.

El porro

En paralelo, Frederic puso en debate la despenalización de la marihuana. “Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate”, dijo. Anunció que convocará en enero a organizaciones para “pensar un modelo argentino” para la legalización. Y estos días se la escuchó decir que el costo para el Estado de la persecución por marihuana es altísimo y el daño que causa es menor que el alcohol. Detrás de esas palabras, el ministerio analiza el mapa de decomisos y detenciones de los últimos años: en especial el período 2016-2018 con indicadores que muestran una desproporción en el número de decomiso de marihuana frente a la cocaína, operativos con la escenografía de la guerra contra las drogas y detenidos entre los sectores empobrecidos. Allí se abre un debate que atenderá el papel del contrabando en economías empobrecidas.

Para arriba

Sobre el caso Maldonado, sostuvo que busca revisar las responsabilidades estructurales del ministerio y no sólo el rol del único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú. “Sí, creo que el operativo fue pésimamente realizado –dijo esta semana–, tuvo decisiones desacertadas y fuera de los protocolos, y hubo responsabilidades”. En ese marco, afirmó que, tras la revisión de los casos, su cartera dará “toda la información a la Justicia para esclarecer el hecho”. Todas las decisiones estuvieron mal y los oficiales lo saben, dijo.

Es posible

Finalmente, con el correr de la semana habló sobre una decisión del gobierno de discutir el caso Nisman.
«Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia», dijo.»Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento». Y aclaró que «Es muy importante señalar que nuestra revisión será solo procedimental y administrativa de cotejo con los protocolos que dispone la Gendarmería para esa tarea técnica».
Frederic dijo lo que dijo. Y sabía lo que iba a venir. Por eso también dijo que no era un tema para el presente sino a mediano plazo. Sólo eso, sin embargo, desató la furia de Waldo Wolff, diputado macrista y ex vicepresidente de la DAIA. «A esta chica hay que explicarle cómo funciona una república, será muy buena antropóloga pero no sabe lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y un Poder Legislativo», dijo. Pocos minutos después del anunció, Clarín salió a buscar la réplica en la posición del juzgado de Julián Ercolini. Y anticipó que esa revisión era imposible. Sin embargo están nerviosos, porque eso no es así.
El peritaje de Gendarmería sostuvo que Nisman no se suicidó sino que lo mataron. Como se sabe, contradijo el informe del Cuerpo Médico Forense y el primer diagnóstico de la fiscal Viviana Fein. Según la versión de Clarín la revisión no puede hacerse porque el peritaje de la Gendarmería tuvo control de peritos de parte, no fue objetado por las querellas, entre las que menciona la de Diego Lagomarsino, imputado como colaborador. También sostiene que los resultados no pueden revisarse porque están confirmados por Ercolini y la Cámara Federal. Maximiliano Rusconi pertenece al estudio que defiende Lagomarsino. Y dice lo contrario. Mañana lunes, él mismo irá a Retiro. «Para darle apoyo a esta decisión –explica–, el lunes vamos a presentar un escrito y pedir declaraciones testimoniales tanto de los peritos de Gendarmería como del Cuerpo Médico Forense que está muy enojado. Nosotros creemos que cuando declaren habrá contradicciones. Ya habíamos pedido esta prueba, pero hasta ahora nunca nos permitieron hacerla. Eso es una cosa muy rara, muy oscurantista. La presentación va a generar en sí misma una instancia de revisión, y eso va a quedar muy claro incluso para un juez tan temeroso, cobarde y obediente, como Ercolini».
Tomando las palabras de Wolff hay que decir que esa chica sí sabe lo que puede pasar. Ahora tendrá que estar atenta a los llamados. Tal vez vuelva a recibir un mensaje.
*Fuente : Cohete a la Luna

Mendoza: El latido del pueblo por el agua

Por Eduardo Latino, desde Mendoza, Resumen Latinoamericano, 30 diciembre 2019
El gobernador Rodolfo Suárez, anunció en conferencia de prensa que derogará la Ley 9209, la cual habilita la megaminería en Mendoza. El pueblo movilizado espera con desconfianza las primeras horas de la mañana del lunes para corroborar el anuncio del gobernador. Un recorrido por los intensos 15 días de una “inmensa mayoría” movilizada y que siguió este domingo con un banderazo histórico que ha unido el Valle de Uco y Mendoza.
Por Eduardo Latino
La madrugada del jueves anidaba los tambores que aún sonaban en la plaza Independencia, corazón de la capital mendocina. Un círculo interminable de personas que hicieron de la sonrisa y el baile la forma de habitar una noche que quedará viva en la retina del pueblo. La convocatoria surgió un día antes, 400 tambores, todos juntos. Un llamado que podía ser al Rey Momo y su carnaval. Algo de eso hay. Se trata del agua, de las tierras áridas de Mendoza y la consciencia que crece en una provincia donde hay historia respecto a la protección del agua. Un jueves que arrancó con una fría conferencia de prensa del gobernador y terminó con fiestas populares en la ciudad capital, Alvear, Malargüe, San Carlos y Uspallata. El latido de la tierra, el latido del pueblo, fue decisivo para que el gobernador Rodolfo Suárez tuviera que retroceder tras sus propios pasos y el viernes cerca de las 21 horas, anunciar el envío de un proyecto de derogación de la ley9209, que tan solo una semana antes, salía, en tratamiento express, aprobada por ambas cámaras legislativas. Este domingo las banderas se unieron de pueblo a pueblo en el Valle de Uco para trazar la nueva ruta de la dignidad.
Víctor Jara nos recuerda: “la luna es una explosión/que funde todo el clamor/el derecho de vivir en paz”. El latir del pueblo chileno resuena en las venas de la Cordillera de Los Andes en un solo canto, en una sola voz. Es que la búsqueda de vivir en paz está en la memoria de un inconsciente colectivo que emerge como agua de la vertiente, como señal de un presente que dice que “no hay licencia social para la megaminería”, que Mendoza es pueblo que abraza la tierra. Una semana que tuvo todo, desde el acuerdo de sectores dominantes del Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) casi en bloque, junto a gran parte del Partido Demócrata (PD) para modificar la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación en la minería y que se constituyó en el mayor obstáculo para las multinacionales que han intentado avanzar en estas tierras desde hace más de una década.
Nuestra América despierta, es domingo y las banderas se desplegaron en cada punto de la provincia en un solo canto. Todas las voces todas enseñó el gran Armando Tejada Gómez. Todas esas voces no callan y hasta meditan por la tierra alrededor del lago del parque San Martín. Así se multiplican charlas, abrazos, sonrisas, que son el encuadre perfecto de una foto que trasciende banderas, nombres y sentidos. Una semana que amontonó corazones que han mostrado que el latir del Valle de Huentota sigue vivo y rebelde en tierras donde los cerros Aconcagua y Barauca siguen vigilantes. 
De la sanción al principio del ocaso
Una semana. Tan solo siete días fueron suficiente para que quedase marcado a fuego que en Mendoza la megaminería es inviable porque no tiene consenso social. Una semana marcada por acuerdos a escondidas y el pueblo mendocino que reaccionó en cada rincón para dejar en claro que “el agua de Mendoza no se negocia”.
El viernes 20 de diciembre último, hubo sesión especial en ambas cámaras del Poder Legislativo para tratar un solo proyecto: el de modificación de la Ley 7722, la llamada ley “guardiana del agua” por las asambleas socio-ambientales, y que ya tenía su suerte echada. En un rápido tratamiento, en horas de la tarde, se sancionó la nueva ley que modificó varios artículos, en particular el primero, que era el que prohibía el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, entre otros.
Un acuerdo del PJ, con Guillermo Carmona, Anabel Fernández Sagasti, Omar Félix y Alejandro Bermejo a la cabeza; junto a la UCR, con el propio gobernador al frente, acordaron la reforma de la ley y el avance de los emprendimientos megamineros en la cordillera. Dos nombres claves: Rodolfo Gabrielli, ex-gobernador y la pieza fundamental en el armado de la unidad del justicialismo; el otro el diputado del PD, Guillermo Mosso. Este último, fue la figura central y voz dentro del recinto de la Legislatura de las empresas mineras y un nombre conocido para el propio Gabrielli, ya que había sido funcionario durante su gestión al frente del ejecutivo provincial. Incluso, paralelamente al debate de la reforma de la 7722, Alberto Fernández mantuvo una reunión con gobernadores radicales, donde quedó cerrado el acuerdo respecto a la modificación de la ley guardiana del agua. La mira del presidente estaba fija en las modificaciones de las leyes de Mendoza y Chubut. El resultado: un Pj dividido y costos políticos elevados para varios sectores. El único que salió a despegarse inicialmente fue Guillermo Carmona, presidente del PJ local, para que luego, solo a partir de un comunicado de prensa en los últimos días, cambiaran de postura orgánicamente desde el partido y pidieran en bloque dar marcha atrás y avanzar en la derogación.
El gobernador Suárez, había enviado el 10 de diciembre el proyecto de ley de reforma al Senado, el cual había sido redactado por la cartera de ambiente de la provincia en la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador. El nombre que se repite es el de Humberto Mingorance, quien fuera el Secretario de Ambiente en la gobernación anterior y que conservó su puesto. El otro funcionario que fue fusible en este acuerdo es Emilio Guiñazú Fader, que es otro de los funcionarios que mantuvo su cargo con Suárez y que es quien lidera la Subsecretaria de Energía y Minería.
Guiñazú fue el encargado, durante el gobierno de Cornejo, de llevar adelante la Mesa de Diálogo Minero, la cual el propio Eduardo Sosa, quien fuese por esos tiempos Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente, señaló: “La Mesa de Diálogo Minero fracasó. Por un lado, es un documento que reflejó solo una parte de la sociedad y no tuvo en cuenta al resto, por eso ahora se llama a una nueva mesa de diálogo. Incluso hasta desconociendo el propio gobernador lo que se hizo durante el gobierno anterior. Por otro lado, es una reinvención de una gran estafa porque el informe final, que está publicado y que está en la web como resultado de las coversaciones, dice bien claro que se va a hacer minería respetando la 7722”. Tanto Mingorance como Guiñazú son los alfiles y voceros del gobierno provincial en materia de minería y fracking desde la gestión de Cornejo; además de ser de los pocos funcionarios de primera línea que han conservado sus cargos y han mantenido la agenda política trazadas desde la gestión pasada.
El sábado, posterior a la sanción, Autoconvocados de San Carlos llamó a una gran marcha que partió de Eugenio Bustos, uno de los puntos históricos de la lucha contra la megaminería sobre la vertebral Ruta Nacional 40. El nombre de la convocatoria: “La Marcha más grande de la historia de Mendoza”, como un guiño a las convocatorias de rebeldía en las concentraciones en la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile. Partieron a pie y en distintas movilidades desde la terminal de esa localidad del Valle de Uco, hasta las puertas de la casa de Gobierno en la Ciudad de Mendoza. Las vallas y los efectivos policiales apostados en el perímetro de la histórica casa donde habita el sillón de San Martín, fue un parámetro que mostraba que el ejecutivo provincial no tenía en sus planes moverse ni un centímetro de la decisión de promulgar y reglamentar la nueva ley. Cerca del mediodía la represión de parte de Infantería de la Policía de Mendoza avanzó sobre decenas de miles de personas movilizadas en ese lugar y la represión continuó, nuevamente, en horas de la siesta en el nudo vial, lugar donde se habían realizado las concentraciones en los últimos tiempos, en lo vinculado a temas ambientales, en el Gran Mendoza.
Desde Organismos de Derechos Humanos salieron a denunciar el operativo policial y la represión que comandó el propio Ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino. El Centro Legales y Sociales (CELS) salió a cruzar al gobierno provincial vía Twitter, al denunciar que “Las balas de goma pueden causar lesiones muy graves. Su uso no está permitido para dispersar manifestaciones”. Las movilizaciones, pese a las represiones, se mantuvieron durante toda la tarde y culminó con una nueva multitudinaria marcha hasta cerca de la una de la madrugada, por las distintas calles del microcentro y que se desconcentró pacíficamente en la Legislatura. Mientras tanto, en Uspallata y Alvear se mantenían cortes totales de ruta y por la noche las manifestaciones se multiplicaban en departamentos como Tunuyán, Tupungato, San Martín, Lavalle, La Paz, San Carlos y San Rafael.
El viento habla en navidad
El martes 24 de diciembre, amaneció con la promulgación, desde la gobernación, de la nueva ley que lleva por número 9209 y que adoptó en la calle el nombre de “la ley minera”. La estampa legal en la publicación del Boletín Oficial mostró el rumbo invariable del gobierno. Ni siquiera el viento ni la promulgación de la ley detuvieron las manifestaciones. Al contrario, se multiplicaron una tras otras, ya a esta altura con autoconvocatorias espontáneas. La más colorida fue la fiesta de navidad por el agua pura en el km0.  Bandas locales sonaron al compás de las danzas. Cientos de personas vibraron contra el gobernador Rodolfo Suárez y los gritos entre cantos fue por la derogación de la nueva ley. El miércoles 25 fue una especie de tregua festiva, mientras comenzaba a latir el sonido colectivo de los tambores, al pasar el eclipse que cierra el año.
El abuelo viento se acercó a la puerta para señalar el horizonte. Es el tiempo del aguador que persiste en la fuente de vida. Es tiempo de reconocer que “somos hijos e hijas de la tierra”. Entre la cultura china, el viento expresa agitación, locura. Esa carta del loco que salta al vacío para hacer la propia historia, el camino de un pueblo que reconoce el legado de la tierra en la defensa del agua.
El 24 de diciembre, luego de “la Marcha más grande de la historia de Mendoza”, la tierra se manifestó con un fenómeno físico y meteorológico poco frecuente: proceso adiabático. Se trata de una masa de aire que suplanta bruscamente a otra por una acción física relacionada con el cambio de masa de aire de calor a frío por acción física de la presión. En este caso, el viento zonda se hizo presente una vez más y a pocas horas de las doce, de una navidad que nada tendría que ver con un festejo tradicional, una masa de viento frío ingresó a la provincia y la nube de tierra anunció que la bisagra entre el 24 y 25 de diciembre sería una nueva historia. Una foto en altura muestra la ciudad de Mendoza en el preciso momento que ingresaba la masa de aire frío junto a una nube de polvo que cubrió toda la provincia.
Un festejo navideño que encontró a cientos de personas de festejo en el km0 de la ciudad capital en un festival donde la música y el baile corroboró que las calles son una fiesta, que la danza es la forma de encuentro y de reclamo por el veto, por esos tiempos, de la nueva ley. El brindis se alzó a medianoche mientras la música seguía su camino y las intersecciones de avenida San Martín y Garibaldi multiplicaban la alegría. En Uspallata, un grupo de papá noel se subieron a un camión a regalar agua pura por la Ruta Internacional 7. Alvear festejó también en las rutas. Un festejo de 24 a la noche que preanunciaba los días que vendrían.
Ni suspensión ni violentos, acá manda el pueblo
Ya era jueves y la mesa estaba servida. El cuarto piso de la Casa de Gobierno preparada y la rueda de prensa que más que rodar giraba en un polígono de cuatro lados. La cara de preocupación del gobernador era evidente. Algo se comenzaba a evidenciar roto en el gobierno provincial. Suárez luego de señalar como violentos y fundamentalistas a los militantes socio-ambientales, anunció: “voy a suspender la reglamentación de la ley. No la voy a reglamentar, o sea no va a estar vigente hasta que se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y la información de la gente. Que la gente se informe. Por lo cual estoy haciendo un pedido a esa gente que se expresa anónimamente en las redes que den información genuina”.
La reacción no se hizo esperar. La indignación creció a través de las redes, como si fuese un búmerang que se vuelve encima de las palabras del gobernador en la conferencia. La convocatoria estaba hecha desde el día anterior. La tregua fue un río de tambores que empezaban a sonar en la mente de quienes se dieron cita a la marcha. La suspensión de la reglamentación nada aseguraba que se frenara el avance de los proyectos megamineros en la provincia. Incluso la Directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, de la cartera de Mingorance, salió a confirmar por esas horas que Minera San Jorge ya había hecho las presentaciones formales para que avanzara en la autorización para la explotación del proyecto San Jorge en Uspallata. Esas declaraciones de la directora ambiental tuvieron la inmediata reacción del pueblo uspallatino, que salió en horas de la tarde-noche a la ruta internacional a una asamblea que resultó en un nuevo corte y marcha.
Algunas voces contra la suspensión de la 9209
Federico Soria, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, declaró: “Es puro circo y está tratando de confundir. Está generando (el gobernador Suárez) una confusión porque dice que está hablando de una suspensión genérica, cuando en realidad está suspendiendo solo la reglamentación. La ley está vigente. Incluso la directora de Protección Ambiental Skalany anunció que se inició el procedimiento para habilitar Minera San Jorge”. En tanto, desde el Valle de Uco, Karina Castañar, de la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura, afirmaba que “este anuncio es para engañar al pueblo. Quiso engañar a la población y han circulado audios por todos lados de abogados, técnicos y asambleístas advirtiendo de ésto. Buscaban que no estuviéramos más en las calles y así ganar tiempo para gestionar el avance de las mineras. Si ese fue su objetivo no funcionó y salió con más bronca el pueblo”. Nora Moyano, es parte de la Coordinadora por los Bienes Comunes, quien afirmó: “en realidad es falaz lo del freno, porque una vez que está promulgada en el Boletín Oficial, independientemente que la reglamente o no, está en vigencia. Él no puede suspender una ley, la promulgó y no la vetó. Por lo tanto, es un discurso como para tranquilizar a las mineras”.
En tanto, algunas voces legislativas también mostraron preocupación por el anuncio de la suspensión, en un contexto donde la oposición había presentado a través de la Cámara de Diputados un proyecto de derogación de la nueva norma. Lautaro Jiménez es Senador provincial por el Frente de Izquierda (FIT) y expresó: “Por un lado, han quedado expuestos todos esos dirigentes y partidos políticos como el PJ, la UCR, el PRO, que se excusaban diciendo que no había otra que aceptar la reforma de la Ley 7722. Con este retroceso ha quedado expuesto que han mentido. En segundo lugar, se ha conformado a partir de distintas orgqanizaciones la Coordinadora provincial en defensa del agua”. En tanto, desde el Frente de Todos, el Diputado Gustavo Majstruk, señaló: “no convenció para nada el discurso del gobernador diciendo que no la va a reglamentar. El gobernador lo que tal vez no sabe, y quisiera creer que no hay mala intensión, es que la 7722 es una ley muy clara y por eso nunca se reglamentó. Entonces, que nos diga que es una especie de garantía que no va a reglamentar la 9209, la verdad es que no nos genera ninguna tranquilidad. Lo que si le estamos pidiendo al gobernador, y lo hicimos a través de un proyecto de ley, es que la derogue”. De manera más enfática, el Senador por Protectora, Marcelo Romano, dijo: “Todo es una mentira, es una falacia. Necesitan tiempo para que nos vayamos a casa y no nos vamos a ir de acá. Vamos a estar en la calle”.
El latir de los tambores junto al pueblo unido
La convocatoria giraba como un trompo a través de las redes y del boca en boca. En tan solo 24 horas creció un fuego que predestinaba una caldera de colores por las calles del microcentro mendocino. Cuatrocientos tambores todos juntos. Gaitas, quenas y flautas se sumaron a la convocatoria. Parado en un punto fijo significaban 40 minutos de marcha de edificación a edificación de muchedumbre y algarabía. Los carteles pasaban uno a uno y los cantos no paraban. De 400 tambores a cerca de 100 mil personas marcharon desde el km0 hasta la plaza Independencia, que se vio colmada y el sueño de aquellos y aquellas que imaginaron alguna vez que todo el pueblo mendocino se sumara en la defensa por el agua, se cumplió. Adriana Corvalán es parte de la Asamblea Popular por el Agua del gran Mendoza, quien en medio de una fiesta popular dijo: “Esto es una montaña rusa. Realmente ver la cantidad de gente que se ha reunido. Esto es pueblo, esto es historia para nosotros. Creo que es el resultado de una larga lucha y un trabajo a consciencia en las bases. Un trabajo de pocos cuerpos pero que le hemos dado permanentemente la lucha para que no se modifique la 7722, para que no entre el fracking, para defender el agua pura”.
La música duró hasta bien entrada la madrugada. Eran las tres de la mañana y todo se confundía entre bailes, skaters y ensambles que caminaban hacia el amanecer. Lucía Salmerón, es una de las tantas jóvenes que se han movilizado a lo largo y ancho de la provincia, “es una locura, algo buenísimo. Aparte Mendoza que es como re conservadora. Esto me ha llamado la atención. Todos juntos: de todas las índoles, de todos los colores, unidos por la misma causa”. Sin dudas el entramado de colores se hizo uno solo, las voces una sola en la diversidad, los tambores un latir colectivo que reflejó la convicción de quienes durante casi dos décadas gritaron a los cuatro vientos que “el agua no es una mercancía”. La plaza colmada, la fuente encendida y el agua que brindaba su turística danza, esta vez con la bandera que dice: “la 7722 no se toca”, que oficiaba de escenografía de una obra teatral habitada y creada por el sueño de una Mendoza libre de megaminería.
Sin grietas y con derogación latente
La jornada del viernes comenzó con una mesa de diálogo entre sordos. Autoconvocados de San Carlos se acercó a la Casa de Gobierno y planteó, en la cara del gobernador Rodolfo Suárez, que no estaban dadas las condiciones para el diálogo y se retiraron. Rápidamente difundieron un comunicado de prensa en el cual le dirigieron las siguientes palabras al gobernador: “Es una vergüenza que llame a esta mesa por seguridad o preocupación porque sus hijos no pueden salir a la calle tranquilos, cuando tiene a miles de mendocinos en la calle, con sus hijos”. Según allegados a la familia del gobernador, se habría dado una discusión interna en el núcleo de su familia por la cual sus hijos estaban en contra de la medida que había tomado. A la vez, según fuentes de la propia Casa de Gobierno, el mismísimo Alfredo Cornejo le habría soltado la mano a Suárez y por ello salió con todo su equipo a pleno a la conferencia de prensa.
La convocatoria estaba lista: el domingo banderazo en el Valle de Uco y en cada rincón de Mendoza. El malestar crecía y las exigencias de la derogación avanzaban desde distintos sectores. Cerca de las 21 horas, Suárez apareció nuevamente en conferencia de prensa, esta vez con todos sus ministros, para anunciar que “evidentemente esa licencia social no existe en la provincia de Mendoza (…) Después de escuchar a los intendentes he decidido mandar a la Legislatura la derogación de la ley”. La desconfianza a permanecido durante el fin de semana y las alertas se han sostenido. Las convocatorias han estado vigentes y el anuncio de derogación ha comenzado a perfilar una sonrisa final.
Banderazo de la dignidad
El domingo amaneció con aires de verano, de esos días donde el calor y las nubes hacen pensar en la posibilidad de la lluvia tan esperada en estas tierras cuyanas. Igual el sol resistió y jugó con el paso constante y acompasado. Las banderas se multiplicaron mientras los pueblos se unían en un abrazo. Veintisiete kilómetros de bandera celeste y blanca que unía Eugenio Bustos con el centro de Tunuyán, por un lado. Por otros rumbos, otra bandera que se contorsionaba como cauce de río bravo, que unía Tupungato con Tunuyán. Un triángulo que señaló el amor a la tierra, el sentido profundo del agua. El principio de los tiempos, donde nació el latir contra la megaminería, el Valle de Uco, unida por la dignidad de un pueblo que nunca bajó los brazos.
El banderazo de la dignidad. La dignidad de los nadies, la dignidad de un pueblo que marca una bisagra para la política provincial y nacional. Edith Corvalan es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán y la emoción se percibe en su solo hablar: “es impresionante, increíble. No se de dónde salió tanta gente. El fenómeno social que esperábamos se dio, pero que en realidad nos ha sorprendido, nos ha desbordado. La emoción de ver a tantas personas conocidas que una se cruzaba y que sentía que iban a salir cuando tuviesen que salir, hoy salieron y eso te llega a lo más profundo del corazón”.
Resulta imposible calcular la cantidad de personas movilizadas en el Valle de Uco hasta casi la medianoche. Yasmina Abraham es integrante de Autoconvocados de San Carlos y se sienten los mismos registros de emoción que desbordan cada palabra: “Emoción a flor de piel , orgullo de saber y sentir que Mendoza está despierta , consciente , organizada. Mendoza informada y empoderada permitió patear el tablero, para hacerle saber a los dirigentes serviles a las corporaciones que no hay licencia social y que esta provincia no abrirá las puertas a la megaminería contaminante , saqueante y secante. Siento orgullo y felicidad plena de mi pueblo, el agua tapó la grieta. La gente volvió a mirarse a los ojos y sonreír”.
Mientras tanto, en Mendoza capital, la movilización una vez más fue multitudinaria y terminó en una nueva fiesta en la plaza Independencia. Pasada la medianoche la fiesta continuaba en víspera de un día histórico este lunes por la mañana, cuando la Legislatura provincial, en sesión especial, revierta la reforma al derogar la ley 9209, sancionada hace apenas diez días.
Víctor Jara resuena en los oídos: “es el canto universal/cadena que hará triunfar/el derecho de vivir en paz”. Una paz que se construyó a lo largo de los años y hoy da sus frutos como en tiempos de vendimia. Frutos que son cosecha de una dignidad que se multiplica y contagia en una noche que anuncia nuevos tiempos donde el agua une las grietas históricas.

Mendoza derogó los cambios en la ley minera

Resumen Latinoamericano*, 30 de diciembre de 2019
A 10 días de haber sido sancionada, la norma impulsada por la provincia fue anulada tras las masivas movilizaciones populares en defensa del agua.
La legislatura mendocina trató este lunes en sesión especial la derogación de la Ley 9.209, sancionada el pasado 20 de diciembre, que permitía en la provincia el uso de sustancias químicas para la explotación minera.
La norma existió apenas por 10 días luego de las masivas protestas en toda la provincia que primero lograron que el gobernador Rodolfo Suárez no reglamentara la ley y días después que envíe un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma (ley 7.722) .
Los primeros en tratar la ley fueron los senadores en una sesión que comenzó a las 9 y que finalizó en una amplia ventaja a favor de la derogación, por 34 votos contra 2 en contra.
Tras su paso por la cámara alta, el proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados.
El viernes, tras una reunión con los intendentes en el marco del espacio de diálogo abierto en plena crisis política, el gobernador Suarez consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que «para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza».

(Foto: Telam)
El gobernador expresó: «En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209».
«Esta decisión se toma sobre una decisión de que esta ley es legal, pero no tiene la legitimidad del pueblo», agregó.
A la espera de la sesión en ambas cámaras, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se movilizaron el domingo con un «banderazo plurinacional» que confluyó a las 19 en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza y volverán a marchar este lunes a la legislatura provincial durante la sesión.
La norma fue aprobada por mayoría el viernes 20 de diciembre en el Senado, tuvo 29 votos a favor y 7 en contra mientras que en Diputados fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.
Las masivas movilizaciones no lograron impedir la aprobación y la sanción por parte del gobernador Suarez, quien incluso llegó a anunciar que no reglamentaría la ley. Pero las marchas continuaron y crecieron, lo que obligó a la provincia a dar marcha atrás en su decisión.
*Tiempo Argentino
Envio:RL

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