Mientras la atención se concentra en quién será el ministro de Economía, el presidente electo va presentando los lineamientos de su política económica
Las claves de la economía de Alberto Fernández
Los objetivos ya fueron expuestos: recuperar el ingreso y el consumo popular, aliviar la carga de intereses y capital de la deuda, mejorar la situación fiscal, bajar la tasa de interés, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y una concertación de precios y salarios. Cuál debería ser el rol de los economistas en el nuevo gobierno. La pesada herencia del macrismo.
Por Alfredo Zaiat
Mientras la histeria mediática, de analistas y de hombres de negocios se expone sin pudor con la especulación acerca de quién será el ministro de Economía, Alberto Fernández no ha dejado de fijar posición en cómo quiere organizar las cuestiones básicas de la economía. Esa desesperación por conocer el nombre del futuro titular del Palacio de Hacienda es una deformación sobre cuál es el lugar que deben ocupar los economistas en el espacio de la gestión pública. No son, y ya lo demostraron en más de una ocasión, personas especiales ni con cualidades diferentes respecto del resto de los miembros de un gabinete nacional.
En esta instancia, con la inmensa crisis que deja el macrismo, la cuestión principal reside en conocer cuál es la orientación política en el área económica que fijará el habitante más importante de la Casa Rosada. La decisión subsidiaria que le corresponde a Alberto Fernández es elegir a la persona que pueda dar respuesta fiel a su proyecto político, cuyo modelo económico es base para su consolidación. Todos quienes siguen siendo mencionados como candidatos, ya descartado Guillermo Nielsen, responden a esa condición.
La incertidumbre que reina entre financistas y empresarios, de acuerdo a lo que se transmite en insistentes crónicas en los medios, apunta, más que a conocer el plan económico, a condicionar al próximo gobierno. Más que incertidumbre deberían sentir alivio de que está por culminar un ciclo económico neoliberal que ha provocado una licuación del valor patrimonial de sus empresas, además de acumular tres de los últimos cuatro años en recesión.
Las claves de la economía de Alberto Fernández, según las iniciativas que él ha expuesto, deberían entusiasmar a la mayoría del establishment, porque les aseguran recomponer la tasa de ganancia a partir de la recuperación de la economía impulsada por la actividad del mercado interno.
Medidas
Pese a lo mucho que se ha escrito y hablado, Alberto Fernández, ya como presidente electo y no en tono de campaña, ha dado a conocer varias medidas y definiciones centrales de cuáles son sus objetivos en el área económica y de cómo conseguirlos:
* Mejorar el ingreso real de trabajadores, jubilados y titulares de AUH. Mencionó la posibilidad de un inmediato aumento extraordinario del 20 por ciento para los ingresos más bajos. Una alternativa es la de disponer un aumento de suma fija no remunerativa por decreto, como lo aplicó en su momento Eduardo Duhalde y luego continúo Néstor Kirchner, quien posteriormente fortaleció las negociaciones paritarias a partir de un piso más elevado para los asalariados.
* Alentar de ese modo el consumo popular y, con ese impulso, reiniciar un ciclo de crecimiento de la economía.
* También prometió que los jubilados tendrán acceso gratuito a medicamentos.
* Avanzar en una concertación de precios y salarios, para frenar la inercia inflacionaria y emprender una dinámica de desindexación de las principales variables. Para ello propone la creación de un Consejo Económico y Social.
* Bajar fuerte la tasa de interés para aliviar la carga financiera de las empresas, al tiempo de favorecer el crédito productivo.
* Recuperar y fortalecer la industria después de cuatro años de destrucción de ese vital entramado productivo.
* Reducir el desequilibrio de las cuentas públicas.
* Para mejorar los ingresos fiscales planteó la necesidad de aplicar retenciones al complejo agroexoportador, excluyendo a las economías regionales y a la industria.
* También mencionó que los sectores de más altos ingresos deben hacer un aporte mayor en términos impositivos (alza de las alícuotas de Bienes Personales).
* Afirmó que no habrá una reforma laboral general, sino que se impulsarán actualizaciones de los contratos de trabajo por sector.
* Desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, que implicará un alivio para hogares y pequeñas y medianas industrias y comercios. A la vez, ofrece un régimen especial al sector de hidrocarburos, concentrado en los proyectos de Vaca Muerta.
* Con respecto a la pesada herencia de la deuda fue tajante: existe un default encubierto. Se comprometió a pagar la deuda, pero antes propone crecer para generar recursos suficientes para cumplir con los compromisos. Para avanzar en esa secuencia impulsará una renegociación de los vencimientos de capital e intereses con los acreedores privados.
* Esto implica necesariamente la postergación en el pago de capital e intereses de dos a tres años, como recomienda el economista Martín Guzmán, colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz y candidato a manejar el área de Finanzas del gobierno de Alberto Fernández.
* Adelantó además que no pedirá el saldo del megacrédito del FMI entregado al gobierno de Macri, y que buscará la refinanciación de los vencimientos de ese préstamo. O sea, que no habrá un acuerdo inmediato con el Fondo, esquivando así condicionalidades en las políticas fiscal y monetaria, además de las exigencias de reformas regresivas.
Para un presidente electo que todavía no está al frente de la gestión diaria de gobierno son definiciones más que contundentes para dar cuenta de cuál será la orientación en materia económica. ¿El nombre del ministro de Economía es importante? Sí, lo es, pero para saber si será la persona con fortaleza política y cualidades técnicas adecuadas para cumplir con esas directrices.
Rumbo
Analistas del establishment y reportes de bancos internacionales enfatizan que existe mucha incertidumbre acerca del rumbo económico de Alberto Fernández. Lo dicen porque no lo leen ni lo escuchan o porque es la forma que tienen de ejercer presión para defender intereses sectoriales, en especial los del sector financiero local e internacional.
Pretender que sin haber asumido presente el plan económico integral es un absurdo; sólo serviría para que los especuladores se lancen a hacer su juego al conocer cuáles serían cada una de las medidas específicas de un programa económico.
Antecedentes de otros planes económicos muestran que el factor sorpresa y la inmediata ejecución de las medidas no pueden ser rifadas por la ansiedad mediática y, mucho menos, por la actuación de los lobbies. El Plan Austral, durante el alfonsinismo, o la Convertibilidad, en el menemismo, no fueron presentados previamente para el debate público. No existe un escenario similar para el lanzamiento de un programa económico tan radical como aquellos, pero está claro que habrá un imprescindible cambio de rumbo.
El mensaje y la orientación económica de Fernández son muy transparentes. Hasta brindó la definición que puede ser considerada como la más importante respecto a la concepción que tiene de la gestión de la economía, y la entregó en el primer debate presidencial: "no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones heterodoxas, otras tal vez ortodoxas, lo que no van a ver nunca que haga son cosas contra los que producen y trabajan".
Es una estrategia política que se reconoce en Néstor Kirchner. El caso Redrado es una interesante referencia para comprender ese estilo de funcionamiento político en el área económica. En una de las pocas apariciones en la televisión, Kirchner participó en el programa 6,7 y 8, en enero de 2010, y ante la interpelación de las razones de haber puesto al frente del Banco Central a un economista cercano al establishment, respondió que en un escenario de renegociación de la deuda "no iba a poner al Flaco Kunkel". Es el ejemplo de pragmatismo con el que se identifica Fernández.
Redrado cumplió con esa tarea hasta convalidar el pago total del crédito al FMI con reservas, pero cuando se sublevó ante la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de pagar con reservas deuda con acreedores privados fue lógicamente desplazado del cargo. No lo fue por ser un representante de la ortodoxia y del mundo de las finanzas, sino por haber desafiado al poder político de entonces, que fijaba la orientación y la estrategia económica.
Cuando economistas que ocupan cargos relevantes en la estructura de gobierno pretenden ser líberos o rebeldes se convierten en factores perturbadores de la estabilidad, tanto económica como política. Su origen ideológico es importante, pero más lo es si son funcionales para ejecutar el plan definido en la esfera política.
Alquiler
El poder económico se siente más cómodo cuando la Casa Rosada alquila el manejo de la economía al mundo empresario y de las finanzas. Así fue, con resultados desastrosos, cuando transitaron los equipos liderados por un delegado de la Fundación Mediterránea (Domingo Cavallo), por los ortodoxos del CEMA (Roque Fernández), por los liberales de FIEL (Ricardo López Murphy), por economistas de un grupo económico (Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli, de Bunge & Born), y por un miembro de la Sociedad Rural y director de Acindar (José Alfredo Martínez de Hoz). El macrismo entregó el manejo de la economía a ex ejecutivos de las finanzas locales e internacionales (Alfonso Prat Gay, Luis Caputo y Nicolás Dujovne).
Las crisis económicas brindan al establishment la oportunidad de ofrecer su elenco de economistas para "colaborar" con los gobiernos. La idea de que los economistas son profesionales bendecidos con un don especial para atender casi todos los problemas de la sociedad es uno de los desvaríos más notables.
Ese disparate alcanzó el clímax con el gobierno de la Alianza 1999-2001, que integró su gabinete con seis economistas: José Luis Machinea (Economía), Juan José Llach (Educación), Ricardo López Murphy (Defensa), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Chrystian Colombo (Jefe de Gabinete) y Fernando de Santibáñez (Side). Cargos claves de la administración en manos de economistas, para depositar su suerte final en manos de otro: Domingo Felipe Cavallo. El saldo de esa experiencia fue una catástrofe económica, social y política.
Durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, en cambio, los economistas estuvieron al servicio de los objetivos económicos definidos en la esfera política; cuando se opusieron a esa lógica fueron desplazados.
Con el macrismo regresó la preeminencia de economistas, a lo que se le agregó una elevada cuota de descoordinación, originado en internas y batallas de egos, lo que tuvo como consecuencia una elevada inestabilidad económica.
Cuando eran jóvenes economistas, quienes hoy están muy cerca de Alberto Fernández, Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Martín Abeles, tuvieron una efímera experiencia editorial ("Epoca. Revista argentina de economía política", diciembre 1999), y en ese espacio se rebelan a la lógica de la ortodoxia y a ese lugar que el establishment asigna a los economistas.
En la carta de presentación de esa publicación, esos economistas escribieron que la "oposición entre la visión de largo plazo de la ‘elite’ esclarecida y las pulsiones de corto plazo del pueblo o de sus representantes, es típica del pensamiento reaccionario de todos los tiempos y de todos los países. Uno de los rasgos en que se expresan –y que ha contribuido a hacer posible– las transformaciones sociales, políticas y económicas experimentadas en la Argentina de los ’90 es la consolidación de la figura del economista rey. Se trata de la preeminencia de un discurso que establece qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en materia de política económica". Para sentenciar que, en definitiva, se trata de un discurso acerca de lo económico pretendidamente técnico, pero eminentemente político e ideológico.
Esta es la concepción política y económica de los economistas más cercanos a Alberto Fernández. No es un misterio, sabiendo el origen de ellos, qué es lo que piensan y lo que han escrito en estos años y las posiciones ya expresadas por Alberto Fernández, cuál será el papel que cumplirá cada uno y cómo se distribuirán las responsabilidades. Y, fundamentalmente, cuál será la orientación de la estrategia económica y que estarán a su servicio.
Práctica
A partir del 10 de diciembre empezará la compleja tarea de llevar a la práctica los lineamientos económicos expuestos por Alberto Fernández. Las resistencias que tendrá ya se empezaron a manifestar. Desde representantes del negocio agropecuario, que amenazaron con movilizaciones por el tema retenciones, hasta grupos financieros, que están presionando por diferentes frentes para conseguir una reestructuración liviana de la deuda.
El gobierno que se va, acompañado por el mundo de la ortodoxia y el establishment, ha comenzado la tarea de ocultar la pesada herencia de la economía macrista. La estrategia es obvia: aspiran a cargar toda la responsabilidad en la administración Fernández de las previsibles complicaciones que habrá en los próximos meses.
Por eso mismo, Alberto Fernández y su equipo de economistas no deberían pecar de ingenuos y precisar en detalle el pésimo cuadro de situación que recibirán del gobierno de Macri.
Se enfrentarán a fuertes restricciones fiscales, un Banco Central con un patrimonio devastado, un stock de deuda impagable, el FMI de regreso auditando la economía local, el entramado productivo y laboral debilitado, tarifas de servicios públicos dolarizadas, demandas de sectores muy castigados (docentes, científicos, empleados estatales) y un sistema cambiario desquiciado.
El ministro de Economía será anunciado en los próximos días. Pero los lineamientos económicos del nuevo gobierno ya están expuestos para comenzar la compleja tarea de la reconstrucción de la economía luego de los cuatro años de noche macrista.
01 de diciembre de 2019Los objetivos del próximo gobierno
La agenda de hábitat de Alberto Fernández y María Eugenia Bielsa
La ex vicegobernadora de Santa Fe ya se puso en contacto con mandatarios provinciales e intendentes para analizar la situación actual de los planes de vivienda.
Por Sebastián Cazón
magen: Leandro Teysseire
Con el objetivo de revertir la emergencia habitacional, Alberto Fernández reiteró en distintas oportunidades que trabaja en esta problemática junto a la arquitecta María Eugenia Bielsa, y que será uno de los puntos centrales de la próxima gestión.
“Vamos a crear un ministerio de la Vivienda porque hoy en esta ciudad (Buenos Aires) hay 7 mil personas que deambulan sin encontrar un techo y es la más opulenta de la Argentina. Necesitamos darles a los argentinos una vivienda y vamos a construirlas”, aseguró el presidente electo durante el debate presidencial.
La ex vicegobernadora de Santa Fe ya se puso en contacto con mandatarios provinciales e intendentes para analizar la situación actual de los planes de vivienda. Incluso, participó junto a Fernández y al gobernador Sergio Uñac de una recorrida de campaña por el Paseo de las Palmeras, un complejo de viviendas populares en la provincia de San Juan. Bielsa está planificando una estrategia integral y federal con el objetivo de reactivar la construcción, motorizar la economía y paliar el déficit habitacional que afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos, pero también a los sectores medios y medios bajos.
Los que podrían ser los lineamientos que tiene la próxima gestión en carpeta se dieron a conocer en el documento que elaboraron los equipos técnicos del PJ. La Comisión de Trabajo, economía popular, social y solidaria plantea la necesidad de un programa de viviendas sociales y urbanización en villas y asentamientos que se podría ejecutar con la “erogación del 2,92% del gasto público” y generaría “un total 150 mil empleos”.
La Comisión Hábitat y Vivienda, por su parte, sostiene que se deben impulsar las obras que quedaron paralizadas durante la gestión de Mauricio Macri al que acusan de haber ejecutado “la desintegración, segregación y desarticulación de las políticas públicas de vivienda”. Señala que Cambiemos propuso “una división entre las áreas destinadas a atender negocios inmobiliarios, por un lado, y por el otro las áreas de asistencia a la pobreza”. Para motorizar las obras pendientes, sugiere “crear líneas de crédito dirigidas a sectores con capacidad de ahorro” y “créditos para ampliación y terminación de viviendas”. En el informe, que estuvo a cargo del arquitecto Sergio López, se señala que “el 60% del déficit habitacional no requiere la construcción total de viviendas nuevas, sino la puesta en valor de las existentes”.
Alberto Fernández se comprometió, además, a revisar la situación de las más de 100 mil familias que accedieron a los créditos UVA. Una de las opciones que se baraja es aplicar “un congelamiento inicial para atender la urgencia”. A su vez, se contemplan subsidios parciales a los alquileres para los adultos mayores, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y la promoción de la gestión de los residuos.
Los ministerios y las principales secretarías del nuevo gobierno
Un gabinete numeroso para un nuevo país
Los nombres y los rostros de las mujeres y hombres que suenan con más fuerza para acompañar al presidente electo Alberto Fernández.
Por Fernando Cibeira
Imagen: Joaquín Salguero
La transición interminable un día tenía que terminar. El viernes que viene Alberto Fernández presentará su gabinete, estirando todo lo posible los plazos, lo que evitó un desgaste prematuro de los elegidos y la sensación de cogobierno con Mauricio Macri, pero también habilitó un sube y baja de nombres, muchas veces alimentado por rumores u operaciones políticas. Al fin, en la semana que inicia se despejarán todas las incógnitas. Por lo que se sabe, Fernández optará por un gabinete numeroso, con 19 ministros. Varias áreas volverán a tener rango ministerial, luego de la devaluación que les hizo la gestión macrista que las redujo a secretarías. Podrían leerse como una declaración de principios: Trabajo, Salud, Ciencia y Técnica, Obras Públicas, Cultura, Medio Ambiente. Más dos que se agregan: Equidad y Género y Vivienda y Hábitat.
* Jefatura de Gabinete. Se viene repitiendo una tradición desde las épocas, justamente, de Alberto Fernández. Quien actúa como jefe de campaña en la victoria luego sigue como jefe de Gabinete en el gobierno. El gesto se repetirá con Santiago Cafiero, uno de los cargos que nunca estuvo en duda. Miembro fundador del Grupo Callao, desde el año pasado Cafiero actúa como la mano derecha de Alberto Fernández y es de imaginar que se convertirá en una de las caras más reconocibles de la nueva gestión. Puede presumir de peronismo pura sangre: es nieto de Antonio e hijo de Juan Pablo, quien probablemente vuelva a la embajada argentina en el Vaticano, cargo que ocupó hasta 2014. En una de las secretarías que dependerán de él, la de Asuntos Parlamentarios y Gestión Política, trabajará el referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, otro de los que colaboró en la campaña del Frente de Todos y tiene una relación muy cercana con Fernández.
* Secretarías de Presidencia. Hay secretarías que dependen directamente del presidente. La más conocida es la secretaría general de la Presidencia, siempre reservada a alguien de estrecha confianza del mandatario porque, entre otras cosas, se encarga de manejar el protocolo y también el funcionamiento de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos. En este caso irá Julio Vitobello, un abogado que se desempeñó en la Sigen y en la Oficina Anticorrupción durante el kirchnerismo. Vitobello es uno de los integrantes de la mesa de amigos de la política de Fernández, que cada tanto se juntan a comer. Gustavo Beliz ocupará la secretaría de Asuntos Estratégicos, un cargo desde que manejará todo lo que tenga que ver con la reforma y modernización del Estado. Si bien se conocen desde hace muchos años y trabajaron juntos en el primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner, Beliz volvió hace unos pocos meses a acercarse a Fernández, que quedó encantado con varias de sus propuestas. La secretaría de Legal y Técnica la ocupará Vilma Ibarra, ex diputada y en algún momento pareja de Alberto Fernández. Otro lugar que siempre se reserva para alguien de confianza porque por allí pasan todos los decretos y leyes. El dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos será el jefe de asesores del presidente y Alberto Iribarne uno de esos asesores. Una importancia estratégica de todas estas secretarías y asesorías es que tienen despacho en la Casa Rosada, dato que muchas veces permite una mayor cercanía con la toma de decisiones que varios ministros que sólo ven al presidente cada tanto.
* Relaciones Exteriores. Otro de las cargos que quedó rápidamente zanjado, cuando Felipe Solá comenzó a acompañar a Fernández en cada viaje al exterior. Político experimentado pero sin antecedentes en materia diplomática, como vice Solá pondrá a Pablo Tettamanti, quien se desempeñaba como embajador en Rusia hasta que Susana Malcorra lo sacó por unas expresiones a favor del kirchnerismo de su esposa. La economista Paula Español, en tanto, ocupará Comercio Exterior y Guillermo Oliveri volverá a la secretaría de Culto. Las dos embajadas más importantes ya están definidas: a Estados Unidos irá Jorge Argüello y Daniel Scioli a Brasil.
* Interior. Eduardo “Wado” de Pedro es conocido desde hace tiempo como el más político de los integrantes de La Cámpora, con relaciones con dirigentes de diversos sectores. Rápidamente se entendió muy bien con Fernández, que lo designará su ministro de Interior, ministerio político por excelencia. Como su segundo iría el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, con quien Wado negoció la incorporación del massismo al Frente de Todos.
* Desarrollo Social. Nunca hubo muchas dudas porque el diputado Daniel Arroyo es el principal especialista en temas sociales del Frente de Todos y trabajó activamente cerca de Fernández. Es una cartera que tendrá gran protagonismo en el primer tramo del gobierno por el cúmulo de urgencias por atender. La concejala platense Victoria Tolosa Paz ya se viene ocupando en lo que tiene que ver con el Plan contra el Hambre, una de las grandes apuestas del próximo gobierno. Una novedad del ministerio será la creación de una secretaría de la Economía Popular donde trabajaran las organizaciones sociales con el objetivo de transformar los planes en trabajo efectivo.
* Trabajo. Volverá a ser ministerio y su titular será Claudio Moroni, un abogado que trabajó con Fernández en la Superintendencia de Seguros y en el Bapro. Moroni ya tuvo una reunión con la CGT en la que le advirtió que no tenían que esperar mejoras salariales inmediatas porque asumirán sin recursos.
* Defensa. Un poco de manera imprevista, Agustín Rossi fue designado para volver al ministerio que ocupó durante el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner. Los sucesos de la región volvieron necesario una fuerte conducción política para las fuerzar armadas. De paso, su salida dejó lugar para que Máximo Kirchner se convierta en jefe del bloque de diputados.
* Salud. Algo parecido ocurrió en Salud con Ginés González García, que originalmente no aparecía en la lista de ministeriables. Pero a Alberto Fernández no lo convencían las otras opciones y se decantó por lo seguro. Al PAMI irá la diputada electa Luana Volnovich, especialista en temas previsionales.
* Justicia. Marcela Losardo cumple el doble requisito de ser la confianza del Presidente -comparten estudio jurídico- y contar con una buena llegada a Tribunales, uno de las áreas calientes para la próxima gestión. El Procurador General será el juez federal Daniel Rafecas y el Procurador General del Tesoro Carlos Zannini.
* Educación. El lugar está reservado para el rector de la UMET, Nicolás Trotta, quien actuó como coordinador de los equipos técnicos del Frente de Todos. Como vice tendrá a una especialista de vasta experiencia como Adriana Puiggrós.
* Ciencia y Tecnología. La ciencia volverá a tener rango ministerial, una decisión que en su momento tomó Cristina Kirchner. Lino Barañao fue el encargado del área en ambas gestiones, quien ahora será reemplazado por el diputado Roberto Salvarezza, investigador y ex titular del Conicet.
* Obras Públicas. Estará a cargo de un intendente bonaerense, Gabriel Katopodis, de San Martín, de muy buena relación con Alberto Fernández. De acuerdo a las últimas versiones, podría incorporar el área de Transporte, que perdería el rango de ministerio y que todavía no tiene un encargado luego de que se frustrara la llegada del senador Carlos Caserio.
* Seguridad. Hubo muchas versiones en los últimos días sobre este ministerio en el que se daba como número puesto a Diego Gorgal, un especialista vinculado a Sergio Massa Pero Alberto Fernández lo desmintió y el puesto lo ocuparía Sabina Frederic, una antropóloga e investigadora del Conicet con varios libros escritos sobre la problemática.
* Cultura. Otra área que vuelve a convertirse en ministerio que encabezará el cineasta Tristán Bauer, quien estuvo a cargo del Sistema de Medios Públicos durante la gestión de Cristina Kirchner y trabajó en la parte visual de la campaña.
* Turismo y Deportes. La semana que pasó quedó definido que lo ocupará el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, ex candidato a jefe de gobierno porteño. La secretaria de Deportes será la ex leona Inés Arrondo, con experiencia en el área social del deporte, y en la de Turismo probablemente recale Miguel Cuberos, amigo personal de Fernández, a quien acompañó en todos sus últimos viajes al exterior.
* Medio Ambiente. Según las últimas versiones, podría volver a ser ministerio, pero no estaba totalmente definido. La otra posibilidad era que siguiera como secretaría pero dependiendo directamente de Presidencia, como la de Beliz. Luego de sus encuentros con representantes de organismos internacionales y de personalidades como la cantante Patti Smith, Fernández se habría convencido de jerarquizar el área para atender temas que se discuten mucho en el mundo como el del cambio climático. Al frente quedará el diputado Juan Cabandié, muy cercano a Fernández y promotor de su reencuentro con Cristina Kirchner.
* Vivienda y Hábitat. Una de las novedades del nuevo gabinete, un ministerio dedicado a un problema que se volvió grave en el país. Lo encabezará la arquitecta María Eugenia Bielsa, ex precandidata a gobernadora de Santa Fe, especialista en cuestiones de vivienda social.
* Equidad y Género. La otra novedad del gabinete, fruto de una época marcada por el crecimiento del movimiento feminista. Quien lo ocupará será la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala y presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. A otra de las posibles candidatas que se mencionaba para el cargo, la diputada Victoria Donda, le ofrecieron ir al Inadi, pero se inclinaría a rechazarlo y seguirá en el Congreso.
* Agricultura, Ganadería y Pesca. Aunque se especulaba que se convertiría en secretaría, dado el carácter estratégico que adquirirán las exportaciones de la agroindustria y la polémica por las retenciones que ya comenzó a despuntar, se mantendría como ministerio, algo que le pidieron por carta 23 entidades agropecuarias. Quien lo ocupará será Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante el gobierno de CFK, que cuenta con el visto bueno de las entidades.
* Economía. La gran incógnita del futuro gabinete. En las últimas horas quien corre con ventaja es Matías Kulfas, ex subsecretario Pymes y ex director del Nación, miembro del Grupo Callao. Primero se lo había mencionado para Producción, pero en las últimas horas surgió con fuerza la versión de un cambio de cartera. La secretaría de Finanzas la ocuparía Martín Guzmán, un colaborador del Nobel Joseph Stiglitz, que plantea una prórroga de dos años sin quita para la deuda, el gran tema que deberá afrontar el gobierno que se inicia.
* Producción. Junto a Kulfas, Cecilia Todesca es la economista más cercana a Alberto Fernández, por lo que era fija para algún ministerio. Sin embargo, ella prefiere un puesto de menor exposición, por lo que quedará como asesora en Presidencia. El nombre de su marido, Martín Abeles, ex funcionario de Economia y director de la Cepal, surgió como posible ministro en los últimos días, pero nadie confirmó la versión. En definitiva, si Kulfas va a Economía no hay un candidato que suene para ocupar Producción. Sí para las secretarías, que tendrá varias. En Energía estará Sergio Lanziani, actual ministro en Misiones, y en Minería suena Alberto Hensel, que ocupa la misma función en San Juan.
La nueva gestión no sólo debe definir ministerios sino también las autoridades de una serie de organismos y empresas, a veces tan o más importantes que un ministerio. Así, está definido que Miguel Pesce irá al Banco Central, Mercedes Marcó del Pont a la AFIP, Alejandro Vanoli a la Anses, Marco Lavagna al Indec. En YPF, un lugar estratégico por el desarrollo de Vaca Muerta, podría volver Miguel Galuccio o un especialista vinculado a él. En definitiva, están la mayoría de los nombres definidos, pero también algunos por resolver. Lo bueno es que ya la espera se termina.
Le advirtieron a la ministra complicaciones para pagar los sueldos de ministerio
Patricia Bullrich deja una bomba en Seguridad
El Ente cooperador que se encarga de financiar pagos salariales, contrataciones aletró sobre una "grave situación financiera". Los gemios están en alerta.
Por Alan Longy
Patricia Bullrich se despide de la conducción del Ministerio de Seguridad dejando las cuentas tan comprometidas que hasta el pago de sueldos corre riesgo a partir de febrero próximo. Así se desprende de un comunicado interno que la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA) le envió a las autoridades del Ministerio y al que accedió en exclusivo Página/12. En la misma, el Ente cooperador que se encarga de financiar los pagos salariales, contrataciones y gastos corrientes en la Cartera de Seguridad advierte sobre el rojo fiscal que tiene el organismo. “Informamos la grave situación financiera”, alerta la misiva que señala un déficit de entre 18 y 16 millones de pesos teniendo en cuenta los ingresos de 52 millones y los gastos en personal que ascienden en promedio a los 69 millones pero que en diciembre trepan hasta los 103 millones de pesos por el pago del medio aguinaldo.
Acara es un ente de recaudación que coopera con Seguridad a partir de un convenio con el Ministerio de Justicia labrado mediante las leyes 23.283 y 23.412 sancionadas durante el alfonsinismo cuando ambas carteras eran una sola. Sus ingresos provienen de la compra y venta de autos a través de formularios e impuestos que pagan los contribuyentes y con lo generado se pagan alquileres, compras, insumos y sueldos de la cartera de Seguridad. Teniendo en cuenta el resultado de las inversiones en plazos fijos y los crecientes costos “se proyecta que a partir de febrero 2020 el Ente se quedará sin fondos para afrontar los gastos”, concluye la carta que le solicita al Ministerio que “tome medidas en restringir las compras y contrataciones” para poder pagar salarios pero que impactarán en el funcionamiento cotidiano de Seguridad.
La filtración de la comunicación entre Federico Somigliana y Andrés Barrozo, del consejo de administración de Acara, con el Secretario de Coordinación del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, puso en alerta a los sindicatos que ya se reunieron con las autoridades para aclarar la situación. “Lo más urgente e importante es que no peligren los salarios de los trabajadores”, indicó Clarisa Spataro Delegada General de ATE en el Ministerio de Seguridad, quien estuvo en esas reuniones junto al secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano. Los gremios señalan la mala administración de Patricia Bullrich como la responsable de esta inédita situación y exigen que salgan a la luz pública los detalles de los gastos asumidos durante los últimos años. Es más, la carta señala que el organismo ya había advertido el 9 de octubre del delicado presente y comprometido futuro del organismo pero que las autoridades del Ministerio nada habían hecho al respecto.Lo cierto es que el sistema de contratación vía Acara dista mucho de ser transparente. Abundan las compras sin licitación por adjudicación directa, sin rendición de cuentas y no hay información sobre en qué se gasta lo que se gasta. "Una gestión que llegó haciendo alarde de la transparencia termina al borde del desfinanciamiento de uno de los mayores entes cooperadores que tiene el Estado", destaca Spataro.
Todos los sueldos del Ministerio dependen en forma completa o parcial del órgano en crisis. Los 1500 empleados que tiene la cartera son contratados directamente a través del ente o cobran un incentivo que equivale al 50% de su salario. Por eso la alarma es mayúscula."En Acara nos dicen que los sueldos no peligran. El mayor de los problemas lo va a tener la próxima gestión en relación a compras, alquileres, equipamientos, etc. En eso no pueden "gastar" porque si lo hacen ponen en riesgo los sueldos", aclara la delegada.
El presupuesto 2020 (a cargo de la próxima administración) poco puede ayudar en esta situación ya que la caja de los sueldos y los gastos corrientes no le corresponden al Gobierno Nacional. “No es plata que provenga del presupuesto nacional- aclara la gremialista- El tema de esta gestión es que hizo gastos desmesurados que llevaron a tener en rojo los números.” Ante los requerimientos de Página/12 los funcionarios del ente Automotor y del Ministerio de Seguridad prefirieron guardar silencio. Sin embargo, en una comunicación interna, el gremio UPCN informa a sus afiliados que la Ministra Patricia Bullrich se comprometió ante el secretario general de ese sindicato, Federico Teixidor, a resolver el conflicto y a evitar mayores gastos que pudieran complicar el devenir del Ente. "La Ministra se comunicó con las autoridades pertinentes a fin de transmitir la detención de cualquier tipo de gasto, compra y/o erogación del Ente Cooperador (que no sea el pago de sueldos e incentivos)", señala la comunicación. Además Bullrich le prometió al sindicalista que ingresaría un "monto compensatorio" del ministerio de Justicia que será dirigido para contribuir a mejorar las cuentas en crisis.
De esta forma, una de las ministras de más alto perfil del macrismo, pasa sus últimas horas en el cargo redireccionando fondos para intentar que la bomba financiera no explote. Es que si bien febrero la va a encontrar alejada de la gestión pública, Bullrich ya aceptó la propuesta de Mauricio Macri para convertirse en la próxima presidenta del PRO, por lo que cualquier escándalo de magnitudes que pueda desatarse por su mala administración impactaría de lleno en la estrategia política de todo el partido. Las dudas sobre los gastos y contrataciones sin licitación ni control son múltiples y en absoluto nuevas. Pero se recrudecen en un contexto en el que el Gobierno viene incorporando y pasando a planta a decenas de empleados contrarreloj antes de terminar el mandato. “Investigamos que no intenten tomar alguna medida para salvaguardarse económicamente los funcionarios, que no hagan maniobras de intentos de contrataciones que luego los beneficien con indemnizaciones, que cambien sus contratos actuales para luego verse beneficiados al terminar la gestión con indemnizaciones importantes. Estamos atentos a que eso no ocurra”, advierte Spataro. Sin conocer en detalle los gastos, lo cierto es que Bullrich le deja a su sucesor una bomba financiera que deberá desactivar.
01 de diciembre de 2019Los poco convincentes argumentos del fiscal ante Ramos Padilla
La defensa débil de Stornelli
Por once horas, trató de convencer que casi no conocía a D'Alessio y que todo fue una conspiración kirchnerista para dañarlo.
Por Raúl Kollmann
Imagen: NA
El fiscal Carlos Stornelli se despachó el viernes con argumentos que, a primera vista, parecen muy débiles frente a las acusaciones que afronta en Dolores. " No recuerdo con exactitud el contenido de los mensajes, dado que son cosas que voy borrando sistemáticamente”, dijo Stornelli. De esa manera trató de esquivar la prueba central de la causa: los intercambios vía whatsapp con Marcelo D'Alessio pactando distintas operaciones: armarle cámaras ocultas a abogados, espiar ilegalmente al ex marido de su actual esposa, presionar a testigos para que vayan a declarar a su fiscalía y varias otras. El eje del argumento del fiscal es que fue engañado por D'Alessio, que le fue presentado y recomendado por el periodista Daniel Santoro, y "que me mencionó que trabajaba para la embajada de Estados Unidos o que esa embajada le pagaba el sueldo". Partiendo de esa base, Stornelli dice que cometió el error de darle su número de celular y que entonces D'Alessio le mandó muchísimos mensajes, de los que no se acuerda y de los que, por supuesto, no hay rastro porque los borró.
Los textuales de la declaración de Stornelli fueron publicados ayer por el periodista Gabriel Morini, de Ambito Financiero. En total, el fiscal entregó tres escritos, sobre las distintas imputaciones y terminó declarando, asistido por su abogada, Raquel Pérez Iglesias, a lo largo de once horas. "No hubo interrupción de ningún tipo: el juez Alejo Ramos Padilla y el doctor Stornelli no se despegaron de sus asientos en todo ese tiempo. El juez lo escuchó con atención y hubo que ampliar los tres escritos", explicó la letrada.
De los textos filtrados este sábado no surgen respuestas sobre las imputaciones concretas, que son ocho. Dos tienen que ver con el pedido de cámaras ocultas a abogados; está el apriete al ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brussa Dovat, para que declare en la fiscalía de Stornelli; el acuerdo del fiscal para espiar a Victoria Munin, en una causa relacionada con una financiera; la denuncia de un ex secretario presidencial, Pablo Bareiro, quien sostiene que le advirtió a Stornelli que estaba siendo extorsionado en nombre del fiscal; una operación de inteligencia ilegal en Uruguay, inventando terroristas iraníes; el espionaje ilegal a Jorge Christian Castañón, ex marido de la actual esposa de Stornelli; y haber tenido algún grado de participación en la extorsión de D'Alessio al empresario Pedro Etchebest.
Stornelli puso el énfasis en que todos los delitos fueron cometidos por D'Alessio, que era "hablador, obsecuente, charlatán y fabulador" y que él prácticamente no lo conocía. En varias ocasiones usó el "me parece", "no recuerdo", "no le presté demasiada atención", explicando así que era un vínculo al que no le adjudicaba importancia.
Una pieza central en el expediente son los chats entre D'Alessio y Stornelli, detectados en los celulares y las computadoras del falso abogado. Stornelli respondió de la siguiente manera: "no reconozco ni valido los mensajes y/o conversaciones técnicamente obtenidas del equipo celular –o equipos celulares o informáticos-- de D´Alessio. No me consta que sean ciertos, muchos de ellos sencillamente no los recuerdo, otros me resultan extraños y algunos pocos, y solo en sus generalidades, puedo recordar y reconocer que hayan existido entre él y mi persona”. Rematando lo que parece ser una defensa débil, el fiscal aseguró que siempre borra los mensajes y que por lo tanto no los tiene en su celular para que se verifiquen y periten.
Tratando de desvirtuar los chats de whatsapp, Stornelli evitó respuestas concretas como las referidas al espionaje ilegal al ex marido de su actual esposa. D'Alessio le envió a Stornelli un mensaje completo sobre Jorge Christian Castañon: ""Estuve mirando el Org Chart y veo que Castanon/Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que es la persona que buscas y viene a Argentina no lo hace trabajando”. O sea D'Alessio le pasó a Stornelli un informe sobre el ex marido de su esposa. Pero, ademas, eso motivó un intercambio en el que D'Alessio le dijo al fiscal que su impresión es que Castañón traía cosas de contrabando, Stornelli sugirió pasarle datos en forma reservada a los aduaneros y D'Alessio respondió de la siguiente manera: "pienso en algo peor, ponerle algo en la valija. Pero lo tenemos que hablar personalmente”.
Obviamente la sugerencia fue ponerle droga y hacerlo detener. Como se ve, no parecen diálogos entre casi desconocidos ni chats a los que Stornelli no prestaba atención. Es posible que en la larga exposición ante Ramos Padilla el fiscal haya agregado más elementos a su defensa, pero el juzgado está trabajando en la transcripción, de manera que habrá que esperar la incorporación de la declaración completa en el expediente.
ambién parece débil su respuesta a otro hecho incontrovertible: pese a conocerse poco y a considerarlo un chanta, en plenas vacaciones, Stornelli se reunió tres horas con D'Alessio en un parador de Pinamar. Después de ese encuentro, D'Alessio le pidió al empresario Etchebest 300.000 dólares para evitarle dolores de cabeza en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Stornelli lo explicó así: “el día 5 o 6 de enero me escribió que salía para la costa y que tenía información. Me dijo que venía con una camioneta nueva que era increíble a lo que le respondí que me podía encontrar en el parador del balneario donde yo concurría. Debo aclarar que no es infrecuente verme conversando con gente que conozco o que no conozco, incluso compartiendo un café ocasional”.
La hipótesis de Stornelli es que D'Alessio y Etchebest se confabularon para tenderle una trampa y perjudicar la causa de las fotocopias. Todo urdido por el kirchnerismo. Pero no parece una teoría muy creíble. D'Alessio y Etchebest no se veían desde 2016 y la denuncia de Etchebest llevó a D'Alessio a la cárcel.
Fuente:Pagina12
Daniel Arroyo: "Macri quebró toda la estructura social, lo que deja es una catástrofe"
El futuro ministro de Desarrollo Social repasa la herencia de la gestión Cambiemos y detalla alcances, plazos y protagonistas del plan "Argentina contra el Hambre". Los ejes de la gran apuesta política de Alberto Fernández para el tramo inicial de su mandato.
(Foto: Diego Martínez)
Por Viviana Mariño - @vmarinio
1 de Diciembre de 2019
Su nombre fue una de las primeras fichas que Alberto Fernández ubicó en el organigrama del futuro gobierno. Esa posición tuvo incluso una señal confirmatoria 20 días antes de la victoria del Frente de Todos (FdT) en las elecciones generales: la presentación del plan "Argentina contra el Hambre", el 7 de octubre en la Facultad de Agronomía de la UBA, lo señaló como pieza clave del programa que el presidente electo busca instituir como la política pública angular de la etapa inicial de su mandato.
Desde entonces, ofició de puente en el diálogo con empresarios de la cadena alimenticia, organizaciones y movimientos sociales, las Iglesias Católica y Evangélicas, sindicatos y universidades. Intercambió y listó tareas y roles con el amplio universo al que Fernández busca comprometer en una plataforma transversal para atender las urgencias en materia social que heredará de la administración de Mauricio Macri.
Daniel Arroyo todavía prefiere responder a esas señales con diplomacia. "Alberto anuncia el Gabinete el 6 de diciembre. Estaré donde él crea que sea útil y necesario", puntualiza.
La locación de la entrevista con Tiempo relativiza esa posición de prudencia: el diputado y ex viceministro de Desarrollo Social en la primera etapa kirchnerista repasa los avances parciales y desafíos de "la primera política de Estado del siglo XXI" desde las amplias oficinas de Puerto Madero donde Fernández ultima el diseño de su equipo.
El séptimo piso del condominio de Encarnación Ezcurra 365 tiene en sus espacios más amplios cierta estética de redacción despojada y la dinámica de una mudanza reciente. Reuniones en paralelo y la entrada y salida casi permanente de dirigentes y asesores confirman que el rompecabezas del nuevo gobierno todavía está en construcción.

–Los indicadores oficiales confirman un agravamiento de la situación social. ¿Qué herencia deja el gobierno de Cambiemos?
–El gobierno de Macri termina con más pobreza, desocupación y desigualdad. No hay una crisis acotada a una zona del país, a un sector o una industria; hay una catástrofe social. Se quebró toda la estructura social: los más pobres tienen problemas de hambre; los que hacen changas están trabados porque no hay movimiento económico; hay 300 mil personas que se quedaron sin trabajo formal; al que tiene trabajo las paritarias le quedaron por debajo de la inflación.
–En ese contexto, ¿cuáles son los indicadores de atención urgente?
–Uno es el aumento permanente durante cuatro años del precio de los alimentos. Eso agravó los problemas del hambre y la malnutrición. El segundo problema crucial es el endeudamiento de las familias que hoy no están en cero, están en menos diez. En los estratos más pobres bajó el consumo de leche: la gente se endeudó y dejó de comprar alimentos; algo que es vergonzoso. Además, estamos yendo a una generación de chicos petisos y obesos porque están basando su dieta en fideos, harinas y arroz. Vamos a terminar con un 40% de pobreza hacia fin de año y casi un 30% de desocupación entre los jóvenes en el Conurbano. Antes de las PASO la situación estaba complicada, pero con la última devaluación en apenas 60 días la gente en los comedores aumentó en un 20 por ciento.

Manual para una política de Estado
El agravamiento post PASO de la crisis económico-social enfocó las prioridades del FdT en la anticipada metamorfosis de alianza política en campaña a futuro equipo de gobierno. La atención a las demandas urgentes de los sectores vulnerables apareció como prioridad en ese proceso de gestación.
A principios de septiembre, Fernández regresó de una gira por España con la decisión de poner al flagelo del hambre como el principal desafío de la nueva etapa política que había comenzado a bosquejar el resultado de las Primarias. Su agenda en la península ibérica había incluido un encuentro con el escritor y periodista Martín Caparrós, que sirvió de inspiración final. "Estando en Madrid me pidió una audiencia y vino con un librito de él que se llama El hambre. Me hizo una pregunta y gracias a Dios que me la hizo: ¿por qué la Argentina, con todo el potencial de producción de alimentos que tiene, no se pone de pie para terminar con el hambre", reconstruyó tiempo después.
El hoy presidente electo le encomendó a Arroyo pulir en formato de una política de Estado el paquete de iniciativas en las que venían trabajando desde que, a principios de 2018, el diputado por Red Argentina decidió tomar distancia del espacio liderado por Sergio Massa para acercarse al proyecto de unidad del peronismo que comenzaba a militar Fernández.
Politólogo, conocedor de la geografía bonaerense –también ocupó la cartera de Desarrollo Social durante la gestión de Daniel Scioli–, el legislador comenzó a potenciar los lineamientos que ya había sintetizado en la redacción de la plataforma del frente PJ-kirchnerista. El triunfo de octubre aceleró los tiempos: reuniones de trabajo con los diferentes sectores involucrados, articulación con los futuros equipos técnicos y armado del Consejo Consultivo que debutó el 15 de noviembre pasado.

–¿Cuáles son las medidas y anuncios para el 10 y 11 de diciembre que involucran al programa?
–En la primera etapa, del 10 de diciembre hasta fin de año, vamos a hacer un acompañamiento fuerte de asistencia alimentaria en merenderos y comedores. Los argentinos tuvieron un año muy negativo y malo en términos de ingresos; las familias llegan exhaustas y cansadas a fin de año.
–¿Esa primera asistencia contempla la implementación de la tarjeta alimentaria?
–La tarjeta alimentaria comienza a funcionar en febrero. Hoy, en la Argentina hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria de distinto tipo a través del Estado, organizaciones sociales o iglesias. El 20% son madres de chicos menores de 6 años. A partir de febrero ese sector contará con la tarjeta de alimentos que sólo permitirá comprar alimentos sin extraer dinero del cajero.
–¿Con qué monto?
–Eso lo vamos a anunciar a partir del 10 de diciembre. La tarjeta organiza y complementa la compra de la canasta básica de alimentos. La tecnología nos juega a favor para el seguimiento y control nutricional. Cuando la familia usa la tarjeta, la compra se codifica: sabemos qué productos compra y los nutricionistas tienen la información para aconsejar de qué manera mejorar una dieta.
–¿Habrá equipos para supervisar cada casa de familia?
–Absolutamente. Tenemos en la cabeza el modelo Bolsa de Familia aplicado en Brasil. El Estado va a las casas, a los hogares, en términos de apoyo nutricional y de salud porque tenemos un problema de hambre y también de malnutrición.
–¿Implementarán la devolución del IVA sobre la compra de algunos productos o será un mecanismo universal?
–El actual gobierno hizo una devolución universal en el medio de una devaluación del 30% y no sabemos en qué parte de la cadena o producto quedó. Nosotros pensamos en un proceso automático de devolución del IVA a las personas que tienen la tarjeta de alimentos, no es universal.
–¿Cómo se financiará el programa?
–Con reasignaciones presupuestarias. Los planes del programa no tienen un costo fiscal adicional. Este año se destinaron al área 27 mil millones de pesos y el Presupuesto de 2020 está previsto en 40 mil millones en cumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria.

Actores y antecedentes
El Plan Alimentario Nacional (PAN) de Raúl Alfonsín, el Jefas y Jefes de Hogar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde y la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner aparecen como referencias ineludibles de una rápida genealogía de los intentos para hacer frente a la deuda social. Qué diferencia a esas políticas –"serias y ambiciosas", según el futuro ministro de Desarrollo Social– del programa que impulsa Fernández. El equipo del Frente de Todos responde que se trata del primer plan de Estado que integra las áreas de salud, desarrollo social, educación, tecnología y agricultura, entre otras. "Es transversal. Se crea un Consejo Consultivo que vincula a todos los sectores en forma directa con el presidente y un observatorio que, también por primera vez, realizará un seguimiento en tiempo real de una política pública", precisa Arroyo.
–¿Qué rol tendrán las escuelas?
–Se planteó la posibilidad de que los controles de peso y talla se puedan hacer en las escuelas. También es el mejor lugar para plantear contenidos y capacitaciones nutricionales.
–¿Van a permanecer abiertas durante el verano en los puntos más críticos?
–Eso es parte de la estrategia que se va a definir en los próximos días, teniendo en cuenta que estamos ante una emergencia, que todos tenemos que colaborar y que cada día hay más gente en los comedores.
–Es imposible pensar en el acceso a los alimentos sin precios justos… ¿Qué nivel de acuerdo se alcanzó hasta ahora con los empresarios?
–Tuvimos reuniones con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), con entidades del agro, las cerealeras y los supermercados. Todos coinciden en que en la Argentina no puede haber hambre. Hay un consenso.
–¿En qué van a contribuir en términos concretos?
–Esto se enmarca en un Pacto Social alrededor del conjunto de las variables de la economía. Y en este punto hay mucho consenso y mucha predisposición; estamos avanzando en acuerdos técnicos sobre los 13 rubros básicos de la canasta.
–¿Qué rol ocuparán las organizaciones sociales en el nuevo gobierno?
–Los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina. Van a formar parte de la gestión institucional de la política social, sobre todo en lo que tiene que ver con economía popular y redes de comercialización para convertir a los planes sociales en trabajo en sectores clave como la construcción, producción de alimentos, textil y reciclados. Esa es la forma de reconstrucción de la Argentina, de abajo hacia arriba.
–¿Cuándo se verán los primeros resultados del plan?
–El actual gobierno arruinó el mundo de los plazos con las promesas del segundo semestre y pobreza cero. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Los temas estructurales como peso y talla no se pueden resolver sustantivamente en el corto plazo, pero a partir de la implementación de la tarjeta de alimentos vamos a tener un seguimiento inmediato de la calidad nutricional en cada familia.

Mapa y territorio
Los equipos del Frente de Todos diseñan la asistencia alimentaria más inmediata en base a un mapa que visualiza mil áreas críticas ubicadas en los "Conurbanos" de los grandes centros urbanos. "Tenemos ubicados unos mil barrios donde se vive una situación de emergencia. Son manchones en el Conurbano bonaerense, el Gran Rosario y Córdoba", señaló Arroyo en diálogo con Tiempo.
El nuevo gobierno planea llegar con asistencia alimentaria a todos esos barrios durante el mes de diciembre y enero, y con la implementación de la tarjeta alimentaria a partir de febrero.
Aunque ninguno de los instrumentos y programas que incluye el plan "Argentina contra el hambre" requiere de ratificación parlamentaria, Alberto Fernández buscará que la iniciativa quede institucionalizada en el Congreso Nacional. "El plan va a tener una ley. En el Parlamento vamos a discutir y escuchar las opiniones de todos sobre el tema", confirmó el principal referente del área.
"El plan no trata de ser fundacional; trata de construir una política de Estado sobre un territorio sobre el que se hizo mucho en la Argentina. En las Iglesias y los movimientos sociales se operó la resistencia durante cuatro años de mucha tensión, presión y violencia", completó.
La convocatoria a las fuerzas de la oposición quedará formalizada a partir del 10 de diciembre. "Estamos teniendo pre-reuniones, pero muchos dirigentes llaman y comunican su voluntad de participar", afirmó Arroyo.
Fuente:TiempoArgentino
El silencio de Dietrich que oculta la corrupción en la hidrovía del río Paraná
El saliente funcionario del área de Transporte se escabulle para nodar precisiones sobre el compromiso que había asumido para llamar a la licitación de nuevos concesionarios en la hidrovía del Paraná donde circulan dos tercios de las exportaciones argentinas. Mientras tanto la explotación continúa en manos de una empresa belga que reconoció el pago de coimas.
El ministro de Transportes Guillermo Dietrich evita dar precisiones sobre el compromiso que había tomado respecto del llamado a licitación para los nuevos concesionarios de la hidrovía del río Paraná por donde circulan dos tercios de las exportaciones argentinas. En efecto, en abril de 2021 vence el contrato –mejor dicho la extensión- del consorcio Hidrovía S.A. compuesto por la argentina Emepa y la belga Jan De Nul.
El silencio de Dietrich, sin embargo, estuvo acompañado por los trascendidos que su cartera dio con cuentagotas a la prensa. De modo enigmático, en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables –organismo dependiente de Dietrich- afirman, a poco de dejar el gobierno, que “ya finalizaron el análisis del tráfico” y que “están en proceso de elaborar los pliegos” y que eso depende de un estudio “técnico y económico para terminar de redactarlos”.
O sea, falta todo. Tratándose de un contrato multimillonario en manos de un consorcio que obtuvo la prórroga en base a pagos ilegales –según confesó Gabriel Romero en la “Causa Cuadernos”-, Dietrich no solo no contestó los pedidos formales para rescindir la concesión, como debería hacerlo de acuerdo a la legislación vigente, sino que evita explicar los motivos de la demora en la elaboración de los pliegos.
Para mencionar un caso concreto, Enrique Millán, presidente de la asociación Protección a los Consumidores y Usuarios (Procurar) le hizo llegar sendas cartas a Dietrich para hacerle saber lo que ya sabe: las leyes de Administración Pública facultan al Ejecutivo para tomar medidas cuando un concesionario comete faltas graves. El pago de coimas es un argumento fuerte. Sin embargo, los voceros del Ministerio de Transporte se limitan a decir que sí, que recibieron las cartas pero que “no hay sentencia ni instrucción de la Justicia para rescindir o revocar el contrato. Como Poder Ejecutivo somos respetuosos de la decisión judicial”.
Pero la memoria escrita es contundente. Cuando Dietrich puso en funciones a Mariano Saúl en la subsecretaría de Puertos, sí hizo declaraciones públicas en vez de hablar por trascendidos. En marzo de 2018, el ministro firmó un comunicado que decía: "Luego de dos años donde los puertos y las vías navegables volvieron a ser, después de mucho tiempo, prioridad en las políticas de transporte, lográndose enormes transformaciones y avances, se incorpora a liderar el área Mariano Saúl”.
La cuestión de fondo
Es evidente que Alberto Fernández deberá empezar, a través de los funcionarios del área de Transportes, a enderezar y transparentar esta delicada cuestión. Tras 25 años de estar a cargo de la autopista hídrica más importante de la región, Hidrovía S.A. recauda en concepto de peajes tres dólares por cada tonelada transportada. En los cálculos de observadores calificados, es el doble del precio que debería pagarse en realidad.
Pero como nunca hubo un organismo de control y el Ministerio de Transportes se mantiene en silencio, lo único que puede afirmarse es que los sobreprecios recaen en los productores, como parte de los enormes gastos logísticos que tiene la cadena agroalimentaria de exportación. Podría decirse que, ante la necesidad de divisas genuinas no tener en agenda este asunto es, al menos, delicado.
La demora de los barcos es otro de los asuntos delicados. Y eso es cuestión de mantenimiento, de obras. El consorcio entre Jan De Nul y Emepa no es el de dos empresas que convergen con innovación e inversiones. Desde un primer momento –y hasta la actualidad-, el gigante belga realiza el dragado (el 90% del costo) mientras que Emepa se encarga del balizamiento (el 10% restante). En este cuarto de siglo los une el reparto igualitario de las utilidades. Jan De Nul afirma que pretende presentarse a la licitación cuando salgan a la venta los pliegos licitatorios, pero “sin Emepa”. Es simple, pretenden que las coimas pagadas por Gabriel Romero fueron por cuenta propia y que ellos no sabían nada.

Pieter Jan de Nul, director para la Argentina, Uruguay y Paraguay de la empresa belga que lleva su apellido
Jan De Nul Group es un gigante con 80 años de experiencia y está dirigido por los hermanos Pieter y Dirk De Nul. A principios de 2002, los hermanos De Nul fueron acusados en Bélgica por pagar coimas a funcionarios locales. La Justicia los condenó a tres años de prisión. Dado que esa compañía tenía contratos en muchos países, la Justicia belga dejó la sentencia “en suspenso”. Por normas internacionales, esos contratos podrían haber sido finalizados y la Justicia belga consideró que se hubieran perdido muchos puestos de trabajo.
La cosecha récord de este 2019 -de 145 millones de toneladas, la mayoría para exportación- tiene al Paraná como eje de los embarques. Por este corredor vital, pasan además, exportaciones industriales e importaciones de todo tipo. Por otra parte, la integración con Bolivia, Paraguay y Brasil en esa vía fluvial pueden dar un impulso muy fuerte al alicaído Mercosur. Es vital que la logística, el dragado y el costo del peaje no signifiquen una carga extra. Y, además, que ese costo extra no esté asociados a tratos corruptos. La pesada herencia de la Provincia
Escándalo: dónde están las viviendas por $22 millones prometidas por Vidal para pacientes de un manicomio en ruinas
Para cumplir con la ley, el gobierno bonaerense comprometió para 2019 una suma millonaria con la que se alquilarían 12 viviendas y un centro para que 60 personas salieran de un neuropsiquiátrico en La Plata. La mandataria PRO se va, lo prometido no apareció y sólo este mes se suicidaron dos pacientes. Denuncian que este año la salud provincial tuvo el presupuesto "más bajo de la historia".
Parece ser que la Gobernadora de la transparencia, la sensibilidad social y la obra pública, no es ni la Gobernadora de la transparencia, ni la de la sensibildad social ni la de la obra pública: María Eugenia Vidal prometió $22 millones para viviendas y un centro comunitario para mudar pacientes de un manicomio en ruinas ubicado en la localidad de Melchor Romero, La Plata, pero se la mandataria bonaerense concluye su mandato y no están ni las viviendas, ni el centro comunitario ni la plata.
Con el propósito de cumplir la ley de Salud Mental, que ya tiene 9 años, el gobierno provincial se había comprometido a utilizar un presupuesto de unos $22 millones este año para alquilar 12 viviendas y un centro comunitario para que unas 60 personas pudieran salir de su situación de encierro en el Hospital neuropsiquiátrico platense Alejandro A. Korn.
Sin embargo, tal como reveló hoy el portal Infocielo, la plata nunca apareció y tras la derrota electoral de los gobiernos nacional y provincial de Juntos por el Cambio, la mentira de Vidal hacia los internos y los profesionales de la salud comprometidos en el tema se convierte en incertidumbre.

“El Subsecretario de Determinantes Sociales Hernán Forli, así como el actual Director de Salud Mental de la Provincia Javier Naveros y su antecesora Marta Suárez, entre otros, se encargaron de sabotear los alquileres de las viviendas para el Hospital A. Korn, mientras que otros sectores dentro del mismo ministerio aseguran que el dinero estaba disponible para ese fin. Y las personas siguen viviendo y muriendo en el Manicomio”, contó al mismo medio Astor Llanos, del Movimiento de Desmanicomialización de Romero.
De hecho, ante esta situación, hoy se realiza un festival en los alrededores del hospital para reclamar por las viviendas adeudadas y seguir insistiendo con el cumplimiento de la ley de Salud Mental.
Es que el año que viene se vencerá el plazo para que todos los hospitales neuropsiquiátricos del país cumplan con la norma. Desde el 2010 -año en que se sancionó la ley de Salud Mental (26.657)- a la fecha, 344 personas murieron encerradas en el manicomio Alejandro A. Korn de Melchor Romero.
Justamente el propósito de esa norma es sustituir para siempre a los manicomios, para que los pacientes pasen a ser atendidos en hospitales, centros comunitarios barriales y hogares asistidos.
Desde entonces, muy pocos hospitales psiquiátricos se han adecuado a la norma y el caso de Melchor Romero se destaca entre ellos por las pésimas condiciones de alojamiento. Eso llevó a que diferentes organismos de Derechos Humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR), presentaran un amparo que terminó judicializando al nosocomio en 2014.
MANICOMIO ALEJANDRO A. KORN, EL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA MUERTE QUE ESTÁ EN RUINAS
El año pasado, diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos y de salud buscaron visibilizar las condiciones infrahumanas en las que se mantienen a parte de los usuarios del Romero. En esa oportunidad precisaron que el hospital “no cuenta con espacios abiertos o de recreación, ni espacios comunes (comedor, sala de estar, patio, SUM)”.
“Tampoco hay lugar para habilitar consultorios, vulnerando en este caso el derecho a la privacidad en las entrevistas. Es decir, no existen las condiciones mínimas con las que debe contar un servicio de internación para garantizar una adecuada atención en Salud Mental”, puntualizaron.
A su vez, denunciaron que el espacio no cuenta con la “capacidad suficiente para alojar ni siquiera las 26 camas ocupadas de las 34 ofertadas por las autoridades”.
“Esto da cuenta una vez más de las políticas de achicamiento y ajuste en el Sistema Público de Salud que implementa el Gobierno”, argumentaron, en lo que en realidad se incluyó en un reclamo general por la situación de salud en la provincia que deja Vidal, que según CICOP, en 2019 el área registró el presupuesto "más bajo de la historia".
Para graficar la situación, cabe mencionar que en solo una semana de noviembre, dos pacientes del hospital se suicidaron en la puerta de la institución provincia. “Si a cualquier ciudadano le llama la atención que dos personas se suiciden en la puerta de un hospital a menos de una semana de distancia, arrojándose debajo de un camión, cómo no vamos a preguntar nosotros sobre eso”, le dijo al diario El Día, de La Plata, una fuente de Tribunales.
Según el mismo medio y su fuente, al investigar se encontraron un camino hacia la información “minado” por dificultades materiales y que se asocian con la etapa de transición por el cambio de gobierno en la Provincia y la consecuente renovación en el Ministerio de Salud. “No hay nadie en el Ministerio y en el Hospital, las autoridades no saben si van a seguir”, dijo la fuente, fulminante.
Fuente:PoliticaArgentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario