El primer lunes de febrero es clave para los acreedores
El tema es cómo evitar la caída de Vicentín
Con el fin de la feria judicial, aparece el fantasma del concurso, que puede profundizar el daño. El rol de Banco Nación y los gobiernos nacional y provincial
Por David Narciso
Vicentín jugó un rol diferenciado en el mercado, adquiriendo mercadería que sus competidores rechazaban.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
¿Salvar o no salvar a Vicentín y cómo hacerlo? Esa es la pregunta central en esta segunda quincena de enero. Febrero está a días nomás, y con el segundo mes del año termina la feria judicial. Y cuando se habla del fin de la feria judicial a la gran mayoría de los acreedores les corre un frío por la espalda, porque si el gigante agroexportador de capitales se concursa, profundizará el daño generado desde el 6 de diciembre, cuando comunicó la situación de “stress financiero” que en la práctica no es más que declararse en default, es decir no poder pagar sus deudas en tiempo y forma.
Lo acreedores son acreedores y quieren cobrar. Desde grandes acopiadores y corredores de granos hasta productores, muchos de los cuales ven en riesgo su propia supervivencia. Detrás de ellos hay un entramado gigantesco de empresas de servicios, logística, comercio y pequeñas industrias que están aguantando la situación, sin poder cobrar y en consecuencia sin poder pagar, a la espera de una salida que nadie sabe si llegará, o si tendrán que ir a los Tribunales de Rosario a ponerse en la cola para verificar deudas.
Como se ve en la información adjunta las acreencias son de las más variadas, con bancos nacionales y extranjeros a la cabeza que financiaron la expansión de los últimos años. Sin embargo, hay una deuda clave, que son los 18.372 millones de pesos con el Banco Nación, que representa el 78% de todo su pasivo con entidades financieras locales.
Los detalles de cuándo y cómo el banco de todos los argentinos le prestó semejante cifra no se conocen aún, pero en los corrillos del mercado nadie deja de recordar la militancia y los aportes económicos del hombre fuerte de Vicentín y ex presidente de la Bolsa de Comercio, Alberto Padoán, con el macrismo.
Con el actual gobierno la relación es muy fría, a causa del grave error institucional de Padoán de haber involucrado con la suerte de Cambiemos a la Bolsa de Comercio (2015/2019) y a la sociedad con sede en el norte santafesino.
Los bancos acreedores de Vicentín son muchos, pero se sabe que sólo el Banco Nación tiene corazón y patria. Es el único que puede atender razones no financieras. Entre esas razones, junto con Molinos Agro, ACA y AGD son las pocas de capitales nacionales que son parte del complejo agroexportador. Vicentín, además es santafesina. Y santafesina del norte, donde proporcionalmente pesa mucho más en la economía y el empleo que si sólo operara en el Gran Rosario.
Si bien su trama societaria no es diferente a la de multinacionales como Cargill, Glencore, Cofco o Dreyfus, como lo explica el economista Sergio Arelovich (ver aparte), Vicentín jugaba un rol diferenciado en el mercado, adquiriendo mercadería que sus competidores rechazaban o pagando precio sin descuentos cuando el grano presentaba menor calidad. En ese sentido, Vicentín era receptivo de todo tipo de operadores del mercado.
En palabras de una voz que sigue muy de cerca el caso Vicentín: “Tenía un esquema de comercialización que le daba una participación a las empresas que sus competidores no”.
Rosario/12 pudo saber que estos dos aspectos son muy relevantes en el diagnóstico y las consideraciones que sobre la crisis de la empresa tiene el gobierno de Omar Perotti, por estos días preocupado porque no ve claridad en la salida que busca la administración y por la dimensión del daño latente al entramado económico y productivo provincial.
En el gobierno de Omar Perotti hay preocupación por la dimensión del daño latente al entramado económico y productivo provincial
Cabe señalar que no es sólo Vicentín, sus acreedores y los acreedores de éstos. Como se ve aparte, hay 16 empresas controladas muy relevantes en la economía regional y provincial. Aunque la dirección sostenga que su “stress financiero” no afecta a esas firmas, lo cierto es que muchas de ellas fueron adquiridas, se expandieron o se financian gracias a préstamos garantizados por Vicentín SAIC, cuando no por créditos directos de la casa matriz.
Una de las salidas a la crisis es la venta de parte de los activos. Permitiría resolver el problema de la deuda comercial, en particular con los productores que necesitan el dinero para la próxima cosecha, pero profundizaría la concentración del mercado y eliminaría a un actor que, como se contó más arriba, jugaba con una estrategia comercial diferenciada que favorecía a determinados nichos de productores y cooperativas. Quienes ven las cosas de este modo, entienden que Vicentín es un jugador estratégico en el mercado de granos y crushing.
La salida ideal que garantizaría la continuidad de Vicentín es lograr el refinanciamiento de la deuda bancaria, en particular los 18.372 millones del Banco Nación (es el 78% de su deuda financiera dentro del país), para de esa manera aplacar el “stress financiero”, atender la deuda comercial y volver a operar. Este paso requiere, necesariamente, decisiones políticas.
Hay un elemento más en juego. Banco Nación tiene como clientes a muchos acreedores de Vicentín y acreedores de los acreedores de Vicentín.
Un tema delicado es que no alcanza sólo con la venia de la política. Hay una cuestión de confianza que la excede. Vicentín necesita reestablecer la confianza, porque cuando parece que Vicentín recibe granos, en realidad recibe confianza. Y cualquier productor, corredor o acopiador pensará dos veces antes de confiarle mercadería, a excepción de que sea la condición para cobrar lo que quedó adentro. Cabe recordar que el mercado está hípersensible: en 12 meses vio trastabillar al gigante de los corre-acopios BLD, y caer a Cereales del Sur y Grimaldi.
Cualquier productor, corredor o acopiador pensará dos veces antes de confiarle mercadería, a excepción de que sea la condición para cobrar lo que quedó adentro
Las nuevas autoridades de Banco Nación (hasta la semana pasada estaba en conformación el directorio) se muestran reticentes a dar nuevas facilidades a un grupo empresario que ya recibió mucha ayuda y que además tiene juicios abiertos con el Estado (ver aparte). En todo caso, un hipotético reperfilamiento de la deuda tendrá como condición de mínima el cambio de la actual administración de la empresa.
La conducción de Vicentín, por su parte, mantiene un sigiloso contacto con sus principales acreedores, como la Asociación de Cooperativas Argentinas y Banco Nación, entidades de productores, entre otros. Las señales aún no son claras sobre una posible salida y los tiempos apremian. La noticia de esta semana es que prorrogó la licencia con el personal de Aceiteros hasta el lunes 3, primer día hábil de febrero. ¿Podrá Vicentín anunciar ese lunes que alcanzó un acuerdo privado con sus acreedores, que empieza a pagar la deuda comercial y se reestablece el flujo de mercadería para poner en marcha sus plantas procesadoras? ¿O será el lunes negro de los Tribunales comerciales?
19 de enero de 2020
Los juicios de la AFIP contra la cerealera
El dinero se va al exterior
Por David Narciso
Explica que "en su balance Vicentín declara cuatro juicios de Afip por tres problemas diferentes. Dos son por ajuste de precios de referencia con los que se concertaron operaciones comerciales. Esto es porque Afip, en función de los precios internacionales vigentes, le dice "no te creo lo que pusiste en la declaración jurada" y hace una nueva estimación y por tanto define cuánto más tiene que pagar por impuesto a las Ganancias. En un tercer litigio Afip le demanda haber calculado en menos de 28 millones de dólares los derechos de exportación que pagó. Y el último es por reclamos de los períodos 2012 y 2013 por no haber liquidado las divisas correspondientes fruto de sus ventas al exterior".
—¿Estos mecanismos son propios de Vicentín?
—Si abrís los balances de todas las multi agroexportadoras vas a encontrar el mismo tipo de demandas de Afip.
—¿Por qué pone en duda que el problema de Vicentín sea el "stress financiero" que aduce?
—Como no tenemos acceso a los balances de todas las empresas que controla en el exterior, ni sabemos si las que declara son todas, entonces la duda es si el stress financiero corresponde a cuestiones de lo que hace Vicentín en territorio nacional o también lo que hace afuera.
—¿Cómo sería?
—En sus papeles Vicentín hace mucho hincapié en la asociación estratégica con Glencore. Yo no sabría decir hasta dónde es Vicentín y dónde empieza Glencore. El caso claro es Renova. Vicentín creó una empresa en Paraguay que es dueña del 16% del capital de Renova. Entonces, como se trata de una empresa extranjera, reclama que cuando se repartan utilidades se los giren a Paraguay, por lo tanto le permite apropiarse de moneda extranjera sin pasar por las restricciones cambiarias y sacarla al exterior.
—También tiene controladas en Madrid y Uruguay.
—Por ejemplo Vicentín Madrid, no hay ninguna empresa, es una oficina que no tengo duda que está ahí para aprovechar la administración off shore de Gibraltar.
—¿Esta operativa para dejar divisas en el exterior puede estar dificultando las respuestas que demandan los acreedores hoy?
—Probablemente sí. Es posible que padezca stress financiero en el corto plazo, pero la pregunta es por qué: si es por los problemas del país, por la administración de la empresa o si tienen mucho dinero afuera y no lo quieren traer y presentan una falencia interna para no nacionalizar. Una de las cosas que detectó Afip es que no liquidaron divisas de exportación. Evidentemente ese dinero está afuera. En que la gastan o por qué no la traen no lo sé.
—Usted explica que la trama corporativa y la operatoria es similar a cualquier multinacional de origen extranjero. ¿Da lo mismo entonces que Vicentín sea local o no?
—No digo que sea lo mismo, que sea nacional o extranjera, pero en la forma de operativización y la estructura corporativa y en el efecto que provocan con lo que resuelven, por ejemplo en el manejo de las divisas que tiene mucha incidencia en el país, no hay diferencias.
19 de enero de 2020
Quejas del intendente de Villa Gobernador Gálvez
“Somos el jamón del sándwich"
Alberto Ricci cree que a los jefes comunales los afectaron los cruces entre el Ejecutivo provincial y la Legislatura
Por Pablo Fornero
Alberto Ricci cree que la provincia se acomodará "en pocos meses".
El Frente Progresista gobierna seis de las ocho ciudades más grandes de la provincia y Alberto Ricci, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, es el único socialista de ese grupo. A tono con los mandatarios que necesitan la asistencia en fondos del gobierno provincial y bregan ahora por la aprobación de una ley de emergencia en seguridad, el galvense le dijo a Rosario/12 que los intendentes se vieron “afectados” por los cruces entre el Ejecutivo peronista y la Legislatura progresista. “Quedamos como el jamón de sándwich”, graficó. Por otro lado, remarcó que Santa Fe es una provincia “rica”, que recauda “más que lo paga en sueldos” y auguró que “en pocos meses” el gobernador Omar Perotti va a “acomodar el barco”.
--¿Qué reflexión hace de las reuniones de los últimos días sobre seguridad de las que participó y lideró el gobernador?
--Nos reunimos con el gobernador, el ministro de Seguridad, los intendentes de las ciudades más importantes tratando de ver cómo empezar a trabajar conjuntamente con el Ministerio, la policía, los gobiernos locales y, en un próximo paso, el Ministerio Público de la Acusación. Tratar de unir todas las patas para empezar a coordinar tareas preventivas o denuncias de diverso que tipo que, en muchos casos, las conocen más los gobiernos locales que el Ministerio. No sé cuál es el punto de inflexión entre una emergencia en seguridad o no porque estamos solamente contando muertos, pero hay decenas de hechos de menor situación, arrebatos, robos, escruches, que también hay que abordar. Y también hay que abordarlo desde lo social, la producción para aminorar la inseguridad. En ese sentido, es fundamental continuar con el Nueva Oportunidad, con que esos chicos sigan estando ocupados.
"Hay que abordar la seguridad desde lo social y la producción. En ese sentido, es fundamental continuar con el Nueva Oportunidad"
--¿Cuál es la predisposición de un peronista como Perotti para sentarse a la mesa con intendentes progresistas, ¿no se cuela lo partidario?
--No, para nada, esto es una cuestión de Estado, no de los partidos políticos, lo tenemos todos bien en claro, desde el gobernador hasta la última persona. Hay que trabajar unidos y lo más eficiente posible en lo que hace a recursos, acciones, en todo el conjunto.
--El ministro Saín es duramente crítico con la gestión del Frente Progresista, ¿sus palabras contribuyen al andar de ese trabajo colaborativo?
--Lo he escuchado en varias oportunidades, tendrá sus razones de ser así. No solo tiene un diálogo de esa manera contra la gente del Frente Progresista, sino que vemos que es su manera de ser. No me sorprende que hable así porque lo hizo con el jefe de policía en su momento, lo ha hecho en otras oportunidades. Pero bueno, más que lo discursivo hay que ver las acciones, por eso apuntamos todos a trabajar en conjunto, más allá de las declaraciones que se hagan.
--Los intendentes del Frente Progresista, Javkin y Jatón, pidieron que ahora sí se apruebe una ley de emergencia, ¿usted considera que es una herramienta necesaria?
-Hay que ver bien a qué se debe la ley de emergencia y cuáles son los fines de dicha ley. Puede tener fines económicos, fines de acción, hay que ver bien cuando se presente la ley. Lo bueno sería dividir las emergencias y ver cuáles son los objetivos que se enmarcan detrás de ese pedido. No es cuestión de pedir emergencia en todo cuando hay ciertos sectores que no están en emergencia.
--¿El proyecto que ya se presentó y fracasó y el que se presentará pronto pueden esconder, según lo que usted dice, cosas que no son necesarias?
--Siempre pasa lo mismo, cuando aparece una emergencia se tiene que ver que se pide para que permita qué cosa. De eso se trata, de sacar recursos de un lado y destinarlos al equipamiento. En el caso de la emergencia social, alimentaria, destino recursos de compra directa a alimentos. Hay que ver bien qué se está pidiendo.
--¿Hay una mirada conjunta de los intendentes frentistas por un lado y otra distinta de los legisladores por el otro?
-Los intendentes tuvimos una reunión el martes. Quedamos como el jamón de sándwich, quedamos en el medio de una, no sé si llamarlo confrontación, entre los senadores, los diputados, el gobierno de Perotti. Hubo en su momento un distanciamiento entre los senadores justicialistas y el gobierno, después de ese pedido masivo de emergencia en Diputados. Todos esos cruces y los intendentes quedamos en el medio, nadie habló de Fondo de Obras Menores, del reparto de Aportes del Tesoro Nacional. Algunas intendencias y comunas no la están pasando bien financieramente y hoy estamos un poco desprotegidos. No es el caso de Villa Gobernador Gálvez porque tenemos una administración ordenada, no nos sobra nada, pero no estamos en una situación compleja. Todo esto entre los legisladores y el gobierno a los gobiernos locales, que no somos del PJ, nos afectó.
--¿Falta diálogo hacia adentro del Frente Progresista?
--Fueron los primeros días de gobierno, siempre suelen suceder estas cosas en los primeros días. No se hizo una transición como a mí me hubiese gustado, de tener mayor comunicación entre el gobierno saliente y el entrante, pero son decisiones del gobierno de Perotti y hay que respetarlas. Creo que en poco tiempo esto se va a acomodar, la provincia es rica, recauda más que lo tiene que pagar en sueldos y en pocos meses vamos a estar acomodando el barco.
19 de enero de 2020
El fiscal Rodríguez advirtió a la ex ministra de Seguridad
Bullrich desoyó las alertas de corrupción
El integrante del Ministerio Público había informado de la "aquiescencia" de la Policía Federal que obstaculizó la investigación al narcotráfico en la provincia
Por Juan Carlos Tizziani
Valdés está preso desde septiembre pasado y su antecesor desde mayo.
Imagen: Andres Macera
Imagen: Andres Macera
Desde Santa Fe
El pedido del Ministerio Público para mandar a juicio a la cúpula de la Policía Federal de Santa Fe que cayó en mayo de 2019 por sus “vínculos con el narcotráfico” volvió a dejar en evidencia a la ex ministra Patricia Bullrich. El fiscal federal Nº2 Walter Rodríguez firmó esta semana el dictamen de elevación a juicio de la primera de las causas que investiga al ex jefe de delegación local, Marcelo Lepwalts y cinco subordinados. Pero también decidió comunicar a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, que su antecesora en el cargo nunca respondió las alertas que le envió en 2017 y 2019 ante un foco de “corrupción” en la fuerza que operaba en Santa Fe, en lo que -ya entonces- calificó como una “situación de gravedad institucional”. En esos dos años, hasta que Bullrich cesó en el gabinete de Mauricio Macri, Rodríguez no recibió ninguna “respuesta formal” de la ex funcionaria, por lo que decidió notificar a Frederic los mismos hechos: que el “conjunto de episodios” que involucran efectivos de la Policía Federal de Santa Fe revelan un “patrón demostrativo de la aquiescencia estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento” de las investigaciones al narcotráfico en la provincia.
La trama incluye cuatro investigaciones, entre otras:
1) El viernes, el fiscal Rodríguez solicitó al juez Francisco Miño que mande a juicio oral a Lepwalts -que está detenido- y a cinco efectivos que estaban a su mando: su ex número dos Cristian Bogetti, Michel Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos. Más, el empresario al que protegían, Guillermo Kern, imputado por presunta “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “cohecho” y “tenencia de arma de guerra”. A Lepwat, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro los acusó por supuesto “encubrimiento agravado”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad” y “tenencia de estupefacientes”, entre otros cargos. Mientras que los otros dos, Duarte y Bustos, sólo por “tenencia simple”.
2) Ya el 3 de enero, el fiscal federal Nº 1 Gustavo Onel, había solicitado el juicio oral a tres de los policías del grupo: el inspector Bogetti y los cabos Duarte y Bustos también por supuesto “encubrimiento agravado” de una banda narco a la que debían investigar. Onel les reprochó una conducta que “favoreció” a los imputados, significó una “flagrante afrenta a la buena fe” del juez y el fiscal y metió la causa en “punto muerto”. En ese simulacro, descubrió que los policías tenían un “trato directo” y “cordial” con los vendedores de sustancias ilegales.
3) A principios de diciembre, el Rodríguez avanzó en una segunda causa contra Lepwalts y lo acusó como supuesto jefe de una “asociación ilícita” que integrarían Bogetti y los otros cuatro que ahora mandó a juicio por la primera causa: Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos. Las pruebas –dijo el fiscal- revelan “un plan común que fue ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros” de la Policía Federal de Santa Fe, que “afectaba el comportamiento de los propios agentes” de la fuerza y derivó en un “sistema recaudación ilegal” y el reparto de “utilidades provenientes del narcotráfico”. El “objetivo principal” de las operaciones era el “lucro personal de cada uno de los integrantes” del grupo. Las indagatorias se realizarán en febrero.
Las pruebas revelan “un plan común que fue ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros” de la Policía Federal de Santa Fe
4) El 30 de diciembre, el juez federal Francisco Miño procesó al ex jefe de la Policía Federal en Santa Fe Mariano Valdés y al ex subjefe Higinio Bellaggio por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”; ratificó la prisión preventiva de ambos y les impuso un embargo de 500.000 pesos a cada uno. Valdés había reemplazado a Lepwalts –cuando éste fue detenido el 9 de mayo- y desempeñó el cargo cuatro meses: comenzó a caer cuando fue herido en el tiroteo de la autopista el 9 de setiembre y detenido en un allanamiento a la Policía Federal de Santa Fe, el 20 de setiembre. El juez consideró que Valdés y Bellaggio concertaron “un plan” y “actos preparatorios del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte”.
En el pedido de juicio oral a Lepwalts y su grupo, el fiscal Rodríguez decidió enviar una copia del dictamen a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic “a los efectos administrativos que correspondan”. Y recordó que la causa “formó parte” de la trama que señaló a su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, cuando la alertó sobre un “grave” foco de “corrupción policial” en Santa Fe. Los oficios a la ex ministras fueron enviados: el primero, el 3 de mayo de 2017 y el segundo, el 6 de setiembre de 2019, tres días antes de la balacera a Valdés.
Para ese entonces –insistió el fiscal- “no se encontraban en trámite” la investigación a Valdés y a Bellaggio por “infracción ley 23.737” de drogas y la “causa Coirón” como se llama a la acusación por supuesta “asociación ilícita” a Lepwalts y su grupo que detectó “un sistema de recaudación ilegal horizontal entre sus ejecutores materiales y orientado en sentido vertical y ascendente respecto de sus beneficiarios”, explicó. “Todo lo cual”, junto "a otros episodios adjudicados a integrantes de distintas fuerzas, constituye un patrón demostrativo de la aquiescencia estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento” de las investigaciones al narcotráfico en Santa Fe.
En las dos alertas a Bullrich, el fiscal Rodríguez la anotició sobre la “situación de gravedad institucional en materia de corrupción policial” en Santa Fe, le dijo que la Policía Federal y la Policía de la provincia “están sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales” y algunas de esas pruebas eran la “existencia de listas policiales con sujetos ‘autorizados’ para ejercer el comercio ilegal de drogas” y el reparto de “sumas de dinero” entre ambas fuerzas por un mecanismo al que llamaban “coparticipación”. Son hechos –le decía- que “afectan el normal desenvolvimiento” del Ministerio Público. Pero la ex ministra nunca le contestó.
Fuente:Rosario12
¿Quién vigila a los vigilantes?
Se puso picante
Por Luciano Couso
Publicada en 19/01/2020
La frase que el ministro Sain le dijo a un jefe policial para encuadrarlo se hizo realidad: 17 homicidios en 14 días, resistencia de la fuerza a los cambios. La sombra de Los Monos y el papel de la oposición.
Como lo advirtió el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, a los diez días de asumir el cargo a través de un mensaje de Whatsapp dirigido al insubordinado jefe de Policía de Rosario de entonces, “la cosa se va a poner picante”. Y se puso. A poco más de un mes inicio del nuevo gobierno provincial la principal ciudad del distrito, Rosario, registró 17 homicidios intencionales en los primeros 14 días del nuevo año –cifra similar a la reportada en igual mes de 2018–, pero uno de ellos alertó a las autoridades, al considerarlo como una reacción de un sector de la fuerza de seguridad a la reforma que intenta la Casa Gris. Que, centralmente, consiste en cortar el lazo que anuda al delito con quienes lo deben prevenir y/o reprimir. Fue el crimen del casino, en el que una víctima inocente murió por una balacera que el gobierno interpretó como un mensaje destinado a producir conmoción social, aunque algunos indicios de la investigación orientan la motivación hacia otro caso de extorsión de una organización criminal harto conocida: Los Monos.
Sin embargo, un presunto vínculo familiar entre la pareja del único detenido por el caso –Maximiliano Cachete Díaz, imputado como planificador del ataque a balazos a la sala de juegos– con la esposa del ex jefe de la Policía provincial, Marcelo Villanúa, originó una investigación en Asuntos Internos para determinar si se trata solo de un irremediable lazo de parentesco.
El ex jefe policial negó la posible relación familiar entre Flavia Brion, la pareja de Cachete Díaz, con su esposa, la ex directora de Personal de Policía, Adriana Corrales Antunes. Villanúa dijo que eso “es una mentira” y apuntó al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, al afirmar: “No sé cuál es la fuente de información del ministro ni por qué se hace eso”.
Saín dijo “lo vamos a investigar desde Asuntos Internos y no vamos a tener miramientos en avanzar con estas tramas criminales que siempre han tenido protección policial”.
La contabilidad
La contabilidad del crimen no tiene mayor relevancia por sí misma. Aunque, en vano negarlo, se convierte en caviar para los medios de comunicación puestos a dieta durante enero, sobre todos los radicados en la ciudad de Buenos Aires y considerados “nacionales”, que hasta llegaron a ataviar con casco y chaleco antibalas a un cronista y su camarógrafo.
Sí, en cambio, es útil –y necesario– contar con datos confiables sobre los tipos de delitos, sus modalidades, horarios, lugares y recurrencia para poder diseñar políticas de seguridad acordes a las necesidades de prevención y control.
El secretario de Política y Gestión de la Información de la cartera de Seguridad provincial, Jorge Fernández, se sorprendió al encontrarse cuando asumió que no existían insumos básicos para el diseño de las acciones policiales.
“Nosotros necesitamos construir datos confiables, veraces y después todo lo que hagamos tenemos que evaluarlo para realizar las reformas y analizar si tienen eficacia”, explicó Fernández en diálogo con el eslabón. Y remarcó que “esto no existía en el Ministerio de Seguridad, que no generaba información. Por eso Sain dice que planificaban a ciegas”.
Su superior, el ministro, había señalado en conferencia de prensa ese déficit al lanzar un Observatorio de la Seguridad Pública: “La Policía sale hacer patrullamiento al tuntún, no hay mapeo criminal, hacen cuadrantes y el patrullero va dando vueltas por ahí”.
Cuando sólo habían ocurrido 10 homicidios dolosos y el fenómeno ascendía en el interés de los medios de comunicación, Sain dijo que “encontramos una Policía corta, con poca presencia en la calle, con muchos recursos destinados a tareas no operacionales, administrativas”.
Los datos que brindó indican que de los 21 mil policías existentes en la provincia algo más de la mitad –12 mil y pico– realizan tareas operativas y de prevención del delito, mientras el resto gasta su tiempo en el papeleo o tiene carpeta médica.
Ese número de efectivos, dividido en cuatro cuartos –los turnos en los que trabaja cada policía– arroja “un promedio de 2.900 policías en tiempo real haciendo prevención en la provincia de Santa Fe, sin mapeo criminal”, remarcó Sain. “Esto es lo que heredamos”, enfatizó durante una rueda de prensa en la Casa Gris, al referirse a la gestión anterior, del Frente Progresista.
Menos taquillera que la policía corrupta, la fuerza desorganizada, sin datos precisos y con escasa planificación y formación constituye el problema central de quien debe diseñar una política de seguridad eficaz.
Para el secretario Fernández, “uno de los problemas es que la policía de Santa Fe es absolutamente precaria, la herramienta que tenemos para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia es absolutamente precaria”.
El funcionario sostuvo que “con este nivel de formación policial y de organización incluso del mismo Ministerio tal como estaba planteado, no hay posibilidades serias de intentar resolver los problemas de seguridad pública”.
“Es una policía que no está preparada, los jefes no están preparados para la gestión policial. Hay muchos que hacen una tarea extraordinaria, que son excelentes”, valoró Fernández.
“Pero estamos hablando de la preparación técnica y psicológica de la fuerza, de conocer cosas básicas de jefe: aprender a planificar y gestionar, no solo un operativo, sino el personal, no tienen formación gerencial”, abundó el secretario, quien dio como ejemplo que la ley que la regula es de 1975, cuando el narcotráfico, el crimen complejo, el lavado de activos y las salideras bancarias no habitaban ni las ensoñaciones de las y los escritores distópicxs.
El gobierno avanza, ante ese panorama, en la producción de insumos básicos: una encuesta de victimización de la población –para conocer su percepción respecto del delito–, un censo policial y la producción y análisis de datos a través del Observatorio.
A gobernar, terroristas
El ex ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, el radical Maximiliano Pullaro, dijo esta semana que en el gobierno de Perotti “siguen hablando como si fueran oposición y siguen dando diagnósticos. Creo que hay que sentarse en una mesa y ponerse a gobernar”.
Defendió su gestión al frente de Seguridad al afirmar que fue durante esos años cuando cayeron las principales bandas que operan en Rosario.
Una verdad a medias. El declive de la libertad ambulatoria de los principales integrantes de la organización criminal Los Monos se inició en 2013 durante la gestión de Raúl Lamberto, al echar mano a la causa judicial por el crimen de Martín Fantasma Paz, ocurrido el año anterior, ante el baño de sangre que supuso la venganza organizada por el asesinato de uno de los jefes del clan Cantero, el Pájaro Claudio.
Luis Gringo Medina, otro jugador relevante en el mercado ilegal de comercialización de narcóticos, fue asesinado en diciembre de ese año, tres meses después de que cayera –por una investigación federal del entonces fiscal Juan Patricio Murray– Delfín Zacarías.
Y el avance sobre la estructura criminal que lidera Esteban Lindor Alvarado, que sí ocurrió sobre el final de la gestión de Pullaro, se montó sobre una investigación realizada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en forma conjunta con el Organismo de Investigaciones (OI), cuya conducción estuvo hasta diciembre último en manos del ahora ministro Sain.
Esa pesquisa derivó en la imputación de media docena de oficiales superiores de la Policía como engranajes indispensables para la permanencia en el tiempo de la organización delictiva, que el entonces ministro no pudo advertir, sin que esto suponga complicidad. De hecho, la detención de Alvarado tras el homicidio de un prestamista opaco se realizó durante la gestión de Pullaro.
El ex ministro fue una de las voces del Frente Progresista que argumentó en la Legislatura, donde ocupa una banca de diputado, en favor del rechazo de la declaración de emergencia en seguridad que solicitó el gobernador.
“Pónganse a gobernar y déjense de hacer terrorismo y de quejarse ya que tienen los instrumentos para trabajar”, dijo en esa sesión del último día hábil del año Pullaro.
El gobierno insistirá, posiblemente en la última semana de este mes, con el envío de un nuevo texto de emergencias en seguridad. La realidad puede jugar a su favor: los intendentes del Frente Progresista de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, tomaron distancia de las disputas partidarias cuando escucharon los zumbidos de las balas.
Esta semana quedó en evidencia la falta de coordinación y planificación cuando Jatón se reunió con Perotti y Sain y advirtieron que la ciudad y la provincia poseen áreas de monitoreo del delito por separado, sin cruzar información.
En un hilo de Twitter, el gobernador escribió: “No puede ser que haya un programa de acción donde el municipio salga por la suya y la provincia por la suya, sin tener un diagnóstico común, un sistema de información conectado y sin tener un plan de acción conectado”. Sí, pudo ser.
No va más
El recrudecimiento de la violencia letal en Rosario en las dos primeras semanas del año consterna pero no sorprende: hace dos años, en el mismo mes, la virulenta disputa entre los Caminos y los Funes-Ungaro en los barrios Tablada y Municipal provocó cifras similares –aunque no sólo explicable por esa pelea entre bandas– con 14 homicidios en 16 días. También hubo diciembres tórridos en los últimos años.
El número de homicidios dolosos descendió en 20 casos entre 2019 y 2018, según las estadísticas que produce el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La serie histórica muestra un serrucho con picos y mesetas desde 2014 –cuando se produjo un récord de asesinatos en el departamento Rosario– que deja un promedio alto. Medido en homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa de la provincia fue del 9,6 pero llegó al 17,6 en el departamento La Capital y al 13,1 en de Rosario.
La tasa promedio de la provincia duplica la nacional, las de Rosario y la Santa Fe la triplican. Persiste un problema sin resolver.
De la ola de crímenes de la primera quincena del año se destacó el del gerente de la sucursal Las Parejas del Banco de la Nación Argentina, Enrique Ensino, quien murió cuando una munición le dio en la cabeza mientras fumaba un cigarrillo en un sector del casino City Center habilitado a tal fin. El sábado a las 22.30, cuando la sala de juego tiene picos de concurrentes.
Según la investigación, una moto con dos tripulantes pasó por la calle Moreno a la altura del casino y dispararon contra nadie, pero alcanzaron a Ensino.
El gobierno provincial y su jefe policial asignaron el hecho a un intento por causar conmoción social, como respuesta a la política oficial de ser intransigente con los policías malos de interrumpir el pacto de gobernabilidad entre delito y fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la investigación del fiscal Schiappa Pietra, que está en curso, se orientó hacia el líder preso de Los Monos, Ariel Máximo Cantero, conocido como Guille, Tarta o Roberto.
Como planificador del tiroteo que derivó en asesinato fue imputado esta semana Cachete Díaz, un hombre de 31 años ligado al célebre preso del penal de Marcos Paz.
Cachete tenía el teléfono intervenido desde hacía meses por su presunta participación en otros delitos. Casi de rebote, el fiscal se encontró con que ese material estaba en poder del Organismo de Investigaciones y se lo proveyó.
“Las escuchas nos revelan cómo Díaz y dos personas, desde la cárcel, acuerdan realizar el ataque al casino, hablan de utilizar autos, luego motos, de encargarle el trabajo a ciertas personas, con qué herramientas lo van a hacer”, explicó el fiscal.
En la audiencia se ventiló una comunicación mantenida el 7 de enero entre Cachete y Cantero. “Boludo, ¿Todo bien ahí? Ya tipo 8 voy un ratito ahí al City a ver qué onda”, dice Díaz, a lo que Guille responde: “Sí, sí, fijate bien, hacemos bien a ver si nos dan algo bien piola”.
Cachete cierra la comunicación diciéndole al líder de Los Monos: “Sí, sí boludo. Ahí ya le dije a los guachos lo que tienen que hacer, así que vamos a ver cómo sale”. Otras escuchas permitieron establecer el vínculo entre Díaz y otro preso, Carlos Damián Escobar, alias Toro, sobre el ataque al casino.
“El temita del ca… Lo hacen ustedes o querés que lo hagamos”, dice Toro. “¿El temita de qué?”, pregunta Díaz, a lo que su interlocutor repite: “Lo del casino”.
Díaz pregunta luego si quiere “que lo haga con el pibe este que está conmigo, porque yo le había dicho a él justo”, a lo que Toro repone: “El pibe mío iba a ir él y si querés se hace con el pibe tuyo”.
Lo más revelador de las escuchas es la facilidad con la que Cantero continúa operando desde la cárcel. De las cuatro condenas que le dictaron, la mitad son por delitos cometidos desde una unidad penal, donde los planifica y da órdenes a sus subalternos extramuros. También tiene una causa en la que está imputado por siete casos de balaceras a edificios judiciales o domicilios de magistrados y juezas. El funcionamiento de los servicios penitenciarios –provincial y federal– debería revestir mayor importancia en el análisis de las políticas de seguridad pública.
A mediados del año pasado, el juez federal de ejecución de la pena de Cantero por el juicio en el que fue condenado por narcotráfico, morigeró las condiciones de detención del reo de alto perfil. Plausible en términos generales, discutible si se analiza la conducta de Guille mientras está guardado.
Protección de sí mismo
La imputación a Maximiliano Díaz como planificador y organizador del ataque al casino, presuntamente en acuerdo con el jefe de Los Monos Ariel Guille Cantero, reveló un modus operandi similar aplicado en otros casos: si no hay plata hay plomo. El antiguo mecanismo de la mafia de cobrar protección de sí misma a actividades rentables.
El 3 de agosto de 2019 un hombre identificado como R.G.F denunció que había realizado una publicación en la web Rosario Garage para vender su camioneta Toyota Hilux.
Recibió un mensaje de Whatsapp de un interesado que lo citó en una ruta cercana a Roldán. El hombre fue pero no encontró a nadie. Cuando regresa a su casa “es interceptado por un vehículo Ford K color negro con cuatro personas” que le dicen: “Venimos de parte de Guille Cantero, vos te quedaste con un vuelto que había en la casa del Diente, la que estaba enterrada, sabemos que tenés una casa en la costa, mujer, una hija, tenías forraje y le cortabas el pasto al Diente, dame tu número de celular que Guille se va a comunicar con vos”.
Más tarde recibió un mensaje: “Amigo soy el Guille…. amigo te mande el mensaje con los pibes, recibiste el mensaje”. Luego un segundo: “No tenés más tiempo, quiero la chata y 20 mil dólares, el Diente era gente nuestra y vos le robaste la plata, vos savee con quien te metiste, asemos todo xla buena o vos ya save… 20 mil dolares”.
La investigación determinó que el auto denunciado por el hombre es el mismo en el que fue detenido esta semana Cachete Díaz por su presunta participación como planificador del ataque al casino.
La línea de teléfono empleada para enviar el primer Whatsapp a R.G.F está a nombre de Facundo Nicolás Flores, hermano de Melisa Belén Flores, que es la pareja de Ariel Maximiliano Cantero, “alias” Chanchón. Se trata de un medio hermano de “Guille” detenido desde septiembre del año pasado por el homicidio de un policía.
El otro hecho con el que se encontró el fiscal Schiappa Pietra fue la declaración de un comerciante, quien dijo que dos personas fueron a visitarlo “de parte de Guille Cantero y que se comunicarían con él”. Luego “una persona lo cita a una reunión en un bar de la ciudad” donde se presenta como “Cachete” y va con otro que dice que es su hermano.
“En esa oportunidad le solicitan 5 000 dólares mensuales, si no primero le iban a rociar de balas el negocio y luego atentarían contra su familia”, según la acusación del fiscal a Díaz.
El denunciante dijo que la persona con la que se reunió es Maximiliano Díaz y describió su fisonomía.
El tercer caso que conecta a Díaz y a un “gatillero” de Cantero, Emanuel Enano Morel, con presuntos casos de extorsión es el que reúne las investigaciones de varias balaceras a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Peones de Taxis.
Su titular, Horacio Yannotti denunció el 25 de septiembre de 2019 que el 2 de ese mes recibió “amenazas” por parte de un tal Cachete que mediante llamadas telefónicas le advirtió que “de ahora en más Marcelo no tenía más nada que ver en la intermediación entre Los Monos y Horacio Boix”, ex secretario general del gremio, que fue intervenido.
Según la investigación, “Cachete” les habría pedido dinero a cambio de protección, en nombre de Guille Cantero y, como no abonaron el canon exigido, ocurrieron unos nueve ataque a balazos a domicilios de los directivos del sindicato.
Otro miembro de la entidad gremial, Luciano L., declaró en octubre ante la Fiscalía que lleva el caso que accedió a tener un contacto personal con “Cachete”, quien le manifestó: “Si no hay plata, hay balas”.
Escuchas de otro legajo, incluidas también por Schiappa Pietra para imputar a Díaz, revelaron conversaciones entre Cantero y “Enano” Morel, que ahora está detenido tras escaparse de una salida transitoria de la cárcel.
Es una conversación del 2 de enero en la que Morel le pregunta a Cantero “que vamo hace con ese el del sindicato”, a lo que “Guille” le responde: “Le vamo a tené que mandar curso bien de vuelta habe qué onda boludo”.
“Ah, le mandamo de nuevo entonces”, repone Morel en presunta referencia al domicilio de Yannotti, y Guille le dice: “Mandale ahí a la… al trabajo tiro”.
Ola de violencia en Rosario
“La consigna hoy es mafia o democracia”
Por Soledad Pascual
Publicada en 19/01/2020
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, evaluó el panorama en Rosario después de la remoción de más de 30 jefes policiales y, desde la oposición, respaldó la labor del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, aunque no coincide con la intervención de fuerzas federales.
Los cambios impulsados dentro de las fuerzas provinciales bajo la nueva conducción del gobernador Omar Perotti trajeron como consecuencia 19 de muertos en catorce días, sostiene el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, quien como periodista investigó y siguió de cerca la conformación de las bandas narcos y la relación de estas con la Policía, la política y Poder Judicial santafesino. Ahora, como legislador, fue una de las primeras voces de la oposición en expresar su respaldo a las políticas de seguridad del gobierno, con Marcelo Sain al frentre del Ministerio de Seguridad. Claro que con críticas incluídas. En este sentido, no ve con buenos ojos la intervención sobre el territorio de las fuerzas federales.
—¿Cuál es tu mirada acerca de la escalada de violencia que se vive en la ciudad en lo que va de este año?
—Tirar a matar porque sí no formaba parte de las bandas rosarinas hasta hace unos días. Parece más un hecho que busca generar terror en la población que otra cosa. La situación que se dió en su momento en otros países como México, Colombia y Brasil, es lo que está sucediendo ahora en Argentina y particularmente en Santa Fe y Rosario. Bandas narco en connivencia con la Policía deciden matar a cualquiera para apretar al gobierno de turno. La limpieza que el ministro Sain realizó al remover a 32 oficiales de la Policía santafesina generó que se rompieran los flujos de cajas negras. La respuesta fueron 19 muertes en lo que va del año con la particularidad del ataque en el casino donde además, se realiza un acto de terrorismo, generando justamente terror en la población civil.
—A tu entender ¿cuál o cuáles son los pasos a seguir?
—Hay dos caminos, por un lado, o se complace la opinión de la Policía y de muchos funcionarios políticos, judiciales y empresariales, o se continúa con la limpieza a fin de complacer a la democracia que, después de 36 años, aún no pudo saldar la deuda interna con una Policía democrática que responda a la seguridad del pueblo y no a los intereses privados, custodiados mediante el pago de dádivas a una Policía corrupta.
Es fundamental tener conciencia del momento que estamos viviendo para no retroceder y continuar avanzando. Hay una decisión política de empezar a cambiar eso, veo como un gran paso la actitud del ministro Sain, aunque me parece que aún falta mucho.
Durante las últimas décadas, el relato del combate al narcotráfico significó entre otras cosas un gran negocio para los que venden tecnología de seguridad: cárceles, patrulleros inteligentes, armas y cámaras de seguridad. Todo eso generó una gran cantidad de dinero que el Estado nacional y los provinciales les pagaban a las empresas. Entonces, el relato del combate al narcotráfico, a la inseguridad, se convirtió en una herramienta política. Hoy por hoy, hay una liberación de distintas zonas de los barrios por aquellos que tenían, hasta la llegada de Sain, jefaturas sobre distintas unidades
—Nación anunció el trabajo conjunto de la Policía santafesina con unos 3 mil agentes de distintas fuerzas federales ¿Crees que esto va a yudar a parar la escalada de violencia?
—No creo que la llegada de fuerzas federales ayuden a solucionar el problema, ya tuvimos las experiencias primero con (Sergio) Berni y después con (Patricia) Bullrich y quedó demostrado que el arribo de gendarmes a los barrios de la ciudad incrementa el poder de las bandas locales. Además, aumentan los peajes en los barrios y se llenan las cárceles de pibes pobres, como pasa en provincias vecinas. Las recetas viejas nos traen a los viejos esquemas de la Policía de mano dura. Al Poder Ejecutivo hay que instalarle la idea de democratizar la conducción política de la Policía y eso lo tenemos que hacer los que tenemos el privilegio de tener representación en la Legislatura. Si no se reparte la conducción política de la Policía, vamos a tener cada vez más casos de nichos corruptos y de asesinos.
—Entonces, ¿qué medidas serían más efectivas o complementarian la tarea de las fuerzas federales y provinciales?
—Si el planteo es la ocupación territorial de los barrios con gendarmes, prefectos y policías federales, como si fueran incorruptibles es difícil de creer que se logre la paz. Esto tiene que ir acompañado con apertura de escuelas, trabajo, deporte, acompañamiento a los vecinos de los barrios más pobres… Sino los pibes siguen siendo consumidores y terminan de nuevo en la fauces del narcotráfico como soldaditos. A estas minorías se les gana con decisión política.
—¿La sociedad civil además de hacerse eco debería movilizarse?
—Necesitamos que la población se movilice a favor del camino que eligió Sain, es ahora el momento de sacarnos la basura criminal que tenemos en la Policía.
Fuente:RedaccionRosario
PRECARIZACIÓN AL PALO
En Rosario el 47% de los trabajadores no realizan aportes jubilatorios
Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) permitió pintar de cuerpo entero la situación laboral en Rosario durante el último año. Más allá de que en 2019 se incrementó la cantidad de desempleados, también se mantuvo elevado el porcentaje de trabajadores precarizados.
Durante el último trimestre de 2019, la tasa de desocupación en Rosario alcanzó el 14,3%, mientras que la tasa de subocupación alcanzó el 15,7%. En tanto en el último año la cantidad de desempleados aumentó de 70.883 a 75.410 en la ciudad.
El relevamiento indicó que en dos años el deterioro de la situación laboral de los rosarinos fue “abrupto”. El desempleo se incrementó en cuatro puntos porcentuales entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019.
Es en este contexto que también resalta un dato: el 47% de los trabajadores rosarinos no realizan aportes jubilatorios por desempeñarse en condiciones precarias o con contratos basura.
Por otro lado, el informe reveló que la tasa de desempleo de mujeres en la ciudad es mayor a la de los hombres. A pesar de ser la mayor parte de la población, el desempleo femenino es del 15,2% contra los hombres que es de 13,48%.
Además, los jóvenes tienen mayores dificultades al momento de encontrar un empleo. El desempleo en personas de hasta 29 años alcanzó casi el 20% en el cuarto trimestre de 2019, casi 6 puntos por encima del promedio.
CAUSA POR MALVERSACIÓN
HAllanaron la casa del ex sindicalista de taxis Horacio Boix y la de un ladero
La residencia del ex dirigente del Sindicato de Peones de Taxis Horacio Boix fue sede de un allanamiento en el marco de la causa que investiga su accionar tras una denuncia por malversación de fondos.
Fue tras varios días de un último episodio del conflicto que escaló tras las balaceras a peones de taxis desde que Boix fuera suspendido como dirigente del Sindicato, ya que esta semana se apersonó en la sede de calle Salta al 2800 para reclamar volver a su puesto.
Los allanamientos se realizaron en dos viviendas, una en su residencia en calle Corrientes al 1300 y otra en la de un ladero de Boix, de calle Savio al 1800, por la Agencia de Criminalidad Organizada y el Organismo de Investigaciones.
Allí se secuestraron tres celulares y material documental que serán peritados y analizados en los próximos días para determinar su valor para la causa, consignaron voceros del MPA.
Fuente:RosarioPlus
Santa Fe, la justicia federal y un nuevo paradigma
Omar Perotti y Alberto Fernández acordaron aplicar en la provincia el nuevo Código Procesal Penal Federal, que implica el pasaje del sistema escrito al oral. El objetivo: fortalecer la persecución de delitos complejos como el narcotráfico. Nombrarán nuevos fiscales y defensores públicos
De concretarse la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, la Justicia se enfrentará a un desafío similar al que la provincia de Santa Fe enfrentó en 2014, cuando entró en vigencia el código para procedimientos penales que dejaba atrás el sistema inquisitivo y escrito para dar paso a la oralidad, con más herramientas para respetar las garantías constitucionales.
El cambio más significativo es el de los roles que deben ejercer cada una de las partes. En el sistema escriturario que rigió en la Justicia provincial de Santa Fe hasta 2014 y con el que aún se llevan adelante las causas federales en la mayoría de las provincias del país, son los jueces los que investigan y gestionan las pruebas. Con el cambio de Código, son los fiscales quienes pasan a cumplir con el rol activo de la investigación y los jueces se convierten en garantes del proceso. Es decir, que a lo largo de las distintas etapas de la investigación se respeten los procedimientos previstos por la ley y los derechos de los acusados.
El acuerdo para que Santa Fe se convierta en la tercera provincia del país en aplicar el nuevo Código Procesal Penal para delitos federales, entre ellos el narcotráfico, fue alcanzado en el marco de la reunión que Perotti mantuvo con el presidente Alberto Fernández, en la cual se firmó un acuerdo con la ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic para que haya una cooperación entre la provincia y la Nación en materia de seguridad y para coordinar la inteligencia criminal.
En el encuentro, que se llevó adelante en la Casa Rosada, participaron además el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, el diputado provincial Leandro Busatto, el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Caffiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.
Según dijo Perotti a la prensa, fue en ese contexto en el que le planteó a Fernández la necesidad de aplicar el nuevo Código Procesal Penal Federal en Santa Fe, para que la Justicia federal cuente con más recursos para perseguir delitos complejos como el narcotráfico.
En este sentido, Busatto opinó que ante la falta de recursos y “la lentitud de la justicia federal, el fuero ordinario investiga a narcotraficantes que terminan presos, pero por otros delitos, no por narcotráfico”. Tal es así que la primera condena que recayó sobre la banda de Los Monos fue en el marco de una causa en la que diez civiles y nueve policías fueron condenados a penas de entre 3 y 37 años por integrar una asociación ilícita que cometía homicidios y otros delitos con la finalidad última del tráfico de drogas. Pero en sí misma la condena no fue por narcotráfico, ya que no corresponde a las provincias sino a la Nación perseguir ese delito.
“Es clave el tema de la Justicia y cómo articular con los poderes judiciales provinciales y nacionales, la Justicia federal. Estamos intentando en el Senado de la Nación que se implemente ya el nuevo sistema acusatorio en los Tribunales Federales. Ya lo empezaron a hacer Salta y Jujuy (a mediados de 2019). Esto se había planificado para que continúe en el resto del país y queremos que la provincia de Santa Fe sea la próxima en la implementación. Porque esto va a definir claramente los roles de los que investigan, que son los fiscales, y el juez va a tener otras competencias”, dijo al respecto el senador Mirabella en LT9.
Durante la reunión, ya tras la propuesta de Perotti, Fernández habló de la necesidad de la designación de un mayor número de fiscales y defensores públicos pata hacer frente a las futuras exigencias del sistema, y no de aumentar la cantidad de jueces, uno de los principales reclamos que la ex gestión socialista a nivel provincial reiteraba a Nación.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Tras casi tres años de obra, la refacción del Monumento sigue sin terminarse
Comenzaron en 2017 y hubo que reducir la ejecución de los trabajos que se habían proyectado Las tareas no concluyeron y ahora quieren hacer un nuevo proyecto. Todavía faltan aportar 17 millones de pesos.
Por Lucas Ameriso lucasameriso@lacapital.com.ar
Domingo 19 de Enero de 2020
"El Monumento a la Bandera quedó inconcluso y con partes mal hechas. Ahora será necesario rearmar un proyecto y vamos a plantearle a Nación la posibilidad de completar la reparación". Con estas palabras, el intendente Pablo Javkin puso en foco una vez más la obra más criticada y a su vez emblemática durante la era macrista. Una iniciativa que fue reducida en su volumen de ejecución y que aún hoy, a casi tres años de su inicio, tiene tareas pendientes por 17 millones de pesos. Desde el Ejecutivo, buscarán que al menos se retire el obrador de cara al próximo 20 de junio.
Desde que comenzó la reparación, la obra fue polémica. Al comienzo, la expectativa fue mayúscula ya que la intervención se había calificado como la de mayor dimensión desde que el Monumento fue inagurado en 1957: el símbolo de Rosario, diseñado por los arquitectos Angel Guido y Alejandro Bustillo.
Los trabajos estuvieron a cargo de Nación respecto del 70 por ciento de los fondos, con la participación del municipio en el resto de los aportes. Así, las tareas se adjudicaron en enero de 2017 y, siempre según los planes de la licitación, todo el proceso iba a demandar hasta septiembre del año siguiente.
Sin embargo, los movimientos se fueron ralentizando y para mitad de 2019 no habían alcanzado más del 35 por ciento.
Originalmente, el proyecto incluía la concreción de obras de accesibilidad, como rampas para sillas de ruedas y la adecuación de los ascensores para llegar a la torre, con el objetivo de permitir una normal circulación de personas con discapacidades motrices.
En medio del debate entre sectores políticos también se puso sobre la mesa a la contratista. La adjudicación hecha por Nación fue en favor de Creaurban SA, una de las firmas vinculadas al empresario Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri.
En rigor, la empresa fue parte de un traspaso del grupo de Calcaterra a Pampa Energía, que la adquirió bajo un acuerdo más abarcativo.
100 millones
Lo cierto es que después de casi tres años de obra, la reducción a la mitad del proyecto original aún sigue en ejecución y con más de 100 millones de pesos aportados.
En el medio quedaron las disputas entre referentes locales y nacionales de Cambiemos y el arco político local que tildó a la licitación de fracaso al hablar de escasez de financiamiento y "reperfilamiento" del proyecto. En definitiva, un plan a medio hacer.
Una de las voces rosarinas que primero había encendido el alerta fue el ex concejal y ahora intendente Javkin. "Si esta obra hubiera sido para el obelisco, no tengo dudas de que ya se habría terminado. No hace falta explicar la importancia que tiene para los rosarinos el Monumento a la Bandera, patrimonio cultural con un valor arquitectónico y simbólico como ningún otro lugar de la ciudad. Por eso debemos seguir ejerciendo el control que nos corresponde sobre los fondos públicos y la ejecución de los trabajos", había dicho.
Ya al frente del Palacio de los Leones, Javkin refuerza sus consideraciones iniciales. "El Monumento ratifica que la obra quedó sin terminar y con partes mal hechas, tal cual lo fuimos informando todo este tiempo", indicó a LaCapital
En esta línea, agregó: "Creo que ahora será necesario rearmar un proyecto para completar la obra. Estuvimos conversando con Juan Carlos Baglietto (músico y compositor rosarino) sobre el proyecto de espacio de interpretación en el Monumento y sobre la Sala de las Provincias, que significaría completar lo que diseñaron Guido y Bustillo en los orígenes".
Es más, ante la situación actual, con las tareas quedaron a medio hacer, Javkin adelantó a este diario: "Vamos a plantear con Nación la posibilidad de completarlas; reparar lo que haya que reparar y terminar finalmente la obra.
Fuente:LaCapital
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