Rosario Marina*, Resumen Latinoamericano 5 de enero de 2020
En el 2019 la violencia contra el colectivo LGBTIQ+ en Argentina aumentó tanto en asesinatos como en ataques y agresiones callejeras, violencia institucional y discriminación en distintos puntos del país. Sólo hasta junio ya se habían registrado 68 crímenes de odio. Esto es, un ataque cada 68 horas según datos parciales (hasta el 30 de junio) del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
(Rosario Marina-Agencia Presentes) Argentina – En los crímenes de odio, la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas son utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia. “Son actos voluntario conscientes, generalmente realizados con saña, que incluyen, pero no se limitan, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad, a la libertad personal y a la vida”, según indica el informe del Observatorio.
Sólo de lo publicado por Presentes se registraron 10 asesinatos, 22 ataques y agresiones callejeras y 17 casos de discriminación y violencia institucional.
Las muertas Trans
La violencia a la comunidad LGBT está particularmente dirigida hacia las mujeres trans, explica el Observatorio: “Es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”.
Según el informe del Archivo de Memoria Trans realizado junto a la Hermana Mónica Astorga, monja de clausura de Neuquén, 72 mujeres trans murieron en el país durante el 2019. El promedio de edad de las fallecidas es de 40 años. Respecto del registro de 2018 hay mucha más precisión en los datos, sobre todo en la edad. Sólo de una no se sabe cuántos años tenía. Esos datos se registran a través de las redes sociales y de las redes de trans que avisan si alguna amiga o compañera falleció, cómo y dónde.
Sobre las causas, el 80% murieron por enfermedades, en algunos casos curables, y el 12% fueron asesinadas. Son muy pocas provincias donde no hubo trans fallecidas este año: en 17 de las 23 provincias argentinas hay registros. El 35% murieron en la provincia de Buenos Aires, el 18% en Salta y Jujuy, y el 8% en Ciudad de Buenos Aires.
“El acceso a la salud es una muerte sistemática empujada por el Estado mismo. Al no tener posibilidad de tener una vida mejor estás predispuesta a todo esto, a contagiarte, enfermarte, que te agarre una neumonía. El Estado pasa a ser culpable de todo esto”, dijo a Presentes Nazarena Fleitas, de ATTTA (Asociación Travestis Transexuales Transgéneros de Argentina).
En esto coincide el informe del Observatorio de Crímenes de Odio. Ahí se indica que sólo el primer semestre de 2019 “hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual y 13 muertes por abandono y/o ausencia estatal. Los 19 casos de lesión al derecho a la vida fueron dirigidos a mujeres trans exclusivamente”.
Asesinatos
En las primeras horas del 24 de enero de 2019, en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) se confirmó la muerte de Jésica Benavídez, una mujer trans de 33 años que sobrevivía a cuentagotas como trabajadora sexual y vivía en situación de extrema pobreza. Sus compañeras la llamaban “La Nicky”.
Tres días después, Antonella Mirna Di Marzo, una joven trans de 30 años flleció en la madrugada como resultado de un brutal ataque de odio, después de pasar tres meses en coma. Estaba inconsciente, en terapia intensiva desde el 21 de octubre, cuando fue atacada por un hombre a la salida del boliche Caribe, en General Güemes (a 50 kilómetros de la ciudad de Salta).
El domingo 3 de febrero, una vecina que caminaba por la calle dio el alerta: el cuerpo de una joven travesti asesinada yacía en el cruce de avenida Monseñor Bufano y Arribeños, Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos (La Matanza, provincia de Buenos Aires). Tenía un tiro en la cadera y a su alrededor había varias vainas servidas, calibre 9mm. Era Laly Heredia Escobar, una limeña de 36 años que había llegado a Argentina a los 26.
Yaritza Angélica Millones López había nacido el 6 de diciembre de 1991 en Perú y vivía en Argentina desde hacía tres años. Vivía en un departamento sobre la calle Alsina al 2500, una zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires. Hacía unos días que no atendía el teléfono, por eso sus amigas hicieron la denuncia. El domingo 28 de abril cuando policías de la División Homicidios abrieron la puerta del departamento encontraron a Yaritza. Había sido asesinada.
Gala Estefanía Perea, una joven trans de la localidad tucumana de Famaillá, fue encontrada sin vida en la casa de su pareja, Víctor Ezequiel Natalio Martínez, en la ciudad de Lules. Gala tenía 19 años. “Era una relación violenta pero ella estaba muy enamorada y lo cubría”, dijo a Presentes la psicóloga Verónica Figueroa de la Secretaría de Género, Violencia y Mujer dependiente de la municipalidad famaillense.
La noche del jueves 4 de julio, a los 61 años, Marcelo Giudici fue encontrado sin vida dentro de su salón, en el centro de Rosario, al sur de la provincia de Santa Fe. Era un reconocido estilista de Rosario, formador de peluqueros, activista LGTB, y artista reconocido con su personaje de “La Faraona” en shows de transformismo. Marcelo estaba ensangrentado, atado con cables de pies y manos. La autopsia dio cuenta de un importante golpe en la cabeza y de que fue asfixiado.
Días después, a 186 km, Lucía Barrera, una trans de 37 años, activista del colectivo LGBTIQ+ en Paraná, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de su casa en esta ciudad. Tenía muchas heridas de arma blanca.
El video en blanco y negro que capta la muerte de La Chicho Chirinos, una trans de 49 años, es de una casa de sepelios. El asesino, Tomás Cerletti, ataca por la espalda, patea, vuelve a apuñalar. La saña se siente en una filmación sin sonido. La Chicho cae al suelo, pero Cerletti le sigue clavando el cuchillo varias veces más. Hasta que la deja tirada y se va. El crimen fue el sábado 26 de octubre a la madrugada en la zona de la terminal de micros de La Plata, en plena vereda, sin ninguna intención de esconderse.
Gisela Corvalán era una trans de 47 años que cuidaba enfermos y personas mayores, y unx de lxs 86 habitantes de Los Miranda, un pueblo de Santiago del Estero. Fue apuñalada en su casa el 19 de agosto de 2019. Pasó 12 horas desangrándose y casi tres meses hospitalizada. El 13 de noviembre falleció en el hospital Ramón Carrillo de Santiago del Estero.
El primer domingo de diciembre, a Pablo Fullana Borsato, arquitecto, militante de la diversidad sexual y artista que llevaba a cabo el proyecto Museo a Cielo Abierto, lo mataron en la localidad bonaerense de Colón. Lo encontraron en su casa, con los pantalones bajos y con varias puñaladas en el cuerpo. El único sospechoso del caso es un joven de 19 años, a quien fuentes del colectivo LGBT Colón, organización de la cual Pablo formaba parte, identificaron como Leonel Facio.
Ataque y agresiones callejeras
Pablo Dell’Oso (24) estaba bailando el sábado 5 de enero con sus amigos en el boliche Nabisco de Villa Rumipal (Córdoba), cuando se cruzó con tres chicos que los miraban.
Ese sería sólo el comienzo de un mes con múltiples ataques en todo el país.
A pocas horas de que finalizara la 11va edición del Festival de la Diversidad de El Bolsón (Río Negro) un grupo de jóvenes gays y lesbianas fue insultado, golpeado y finalmente expulsado con gas pimienta en el boliche Absentha. Varixs terminaron en el hospital, donde en principio se les negó la atención médica. Una de las personas atacadas fue Cristian Godoy, quien cubrió el Festival para Presentes.
El martes 8 de enero la activista travesti Lara María Bertolini fue agredida en Parque Lezama, centro de la Ciudad de Buenos Aires, por un varón joven que la insultó mientras ella paseaba a su perro y después, desde atrás, le tiró una botella que le abrió la cabeza.
Ese mismo día, alrededor de la 1 de la madrugada, Franco Ramírez (25) volvía a su casa caminando por el paseo costanero del Club Regatas de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Lo golpearon hasta dejarlo casi inconsciente y aún tiene una herida interna en el ojo, además de los 4 puntos de sutura externa.
El sábado 19 de enero Billy Molina había ido con amigas a una chaya en el club Tiro Federal de la ciudad de Chamical, en la provincia de La Rioja. La fiesta terminaba, el lugar empezaba a desalojarse, y mientras ella esperaba a sus amigas para salir, un hombre se le acercó. Sin mediar palabra, la agarró del brazo, la sacó del lugar a la fuerza y la golpeó. Luego huyó en una moto de la policía local. El agresor, luego se supo, es un policía: Claudio Herrera Luna, segundo de la Comisaría de la Mujer, el Niño y la Familia de la ciudad de Chamical.
El mismo sábado a las 2 y media de la madrugada, Brian David De los Santos (24) y Leonardo Vargas (21) fueron víctimas de un ataque homofóbico, luego de salir de un bar céntrico de Capilla del Monte (provincia de Córdoba).
El miércoles 30 de enero Juan Zelaya (35) fue internado en el hospital Padilla de la capital tucumana tras haber sido atacado por su vecino Dante Daniel Vanucci. “Fue un ataque de odio. Es pura homofobia”, dijo su tía. El atacante fue detenido el domingo 3 de febrero.
Juan Solá es un escritor conocido y referente LGBT+ del mundo de las letras. El domingo 3 de febrero a la madrugada estaba en un boliche de la ciudad de Mendoza con su amiga Maru Leone y fue agredido por empleados de seguridad, que lo encerraron en un cuarto del lugar durante una hora y lo golpearon mientras lo insultaban: “Te vamos a hacer cagar por puto”.
El 1 de mayo, cuando volvía de su casa en San Miguel de Tucumán, Lucas Mathias Gargiulo, un joven trans de 24 años, fue atacado, asaltado y violado. En la comisaría no quisieron tomarle la denuncia por violación.
En Salta, un policía golpeó a una joven trans de 23 años y la dejó con contusiones y una herida cortante en la cabeza. El ataque fue el miércoles 17 de abril, alrededor de las 13.30, en las inmediaciones del turístico Mercado Artesanal.
A Yesica Freytes le pegaron con un fierro en la cabeza al grito de “lesbiana puta”. Fue el martes 5 de mayo en la casa de su madre, en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
En la madrugada del sábado 15 de junio, la activista trans Yhajaira Falcón fue atacada por tres varones jóvenes en el barrio de Chacarita, a dos cuadras de su casa.
El jueves 11 de julio David Palomino estaba usando el baño del local de McDonald´s de la esquina de la Avenida 9 de Julio y Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires cuando un empleado de seguridad de la empresa lo comenzó a agredir. “Puto sucio”, le gritó para luego golpearlo y arrastrarlo a la salida.
Días después, el viernes 19 de julio una pareja de lesbianas fue atacada por un hombre mientras esperaban el colectivo en la ciudad de Berisso (provincia de Buenos Aires). “Ya que estás, vestite de varón”, le dijo el agresor, que estaba con su esposa e hijos. Acto seguido, escupió a una de ellas y le dio dos piñas.
Angeline es una joven trans jamaiquina solicitante de refugio. Escapó de uno de los países más homofóbicos del mundo y llegó a Ciudad de Buenos Aires, donde alquiló una habitación en Villa Soldati. El sábado 29 de junio, cuando se iba a encontrar con un amigo, un grupo de hombres la persiguió y le cortó tres dedos que todavía, cada noche, la hacen llorar de dolor.
En agosto, por segunda vez en el año, Yhajaira Falcón fue víctima de un ataque transodiante en el barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo 18 cerca de medianoche, el mismo policía que la había agredido en junio, la atacó y le robó dinero cuando regresaba de comprar algo en un kiosco cerca de su casa.
Ese mismo mes, el domingo 25 por la madrugada, a Xoaquín López (29) lo golpearon. Fue en la zona de San Francisco Solano, Quilmes, provincia de Buenos Aires. Le pegaron por homoodio. Mientras dos mujeres observaban y un hombre le pegaba, le decían todo tipo de insultos, pero en especial: “Esto te pasa por puto”. No es la primera vez que esos agresores atacan a Xoaquín.
El sábado 31 de agosto, a las cuatro de la mañana, a Reyvis Henrríquez (25 años) le pegaron una patada en la cara. Caminaba de la mano con Luis, su pareja, por Almagro, Ciudad de Buenos Aires, cuando se dio cuenta que estaban siendo perseguidos por un grupo de siete varones. Los siguieron hasta la esquina de Av. Córdoba y Bulnes, en donde los insultaron y golpearon. En diálogo con Presentes, Rey relató: “Después de darme una patada en la cara, se rieron de nosotros y empezamos a correr. Si hubieran querido robarnos, lo podrían haber hecho. No lo hicieron porque solo querían hacernos daño”.
Mauro Grosso (37 años) también fue víctima de un ataque homo-odiante en Capital Federal. Fue en la madrugada del sábado 14 de septiembre, en la zona de Congreso. Pasadas las cuatro de la mañana, dejó el local donde se realizaba una fiesta LGBT+ cuando al dar vuelta por la esquina en la calle Sarandí lo atacaron. “No llegué a ver cuántos eran, dos me agarraron de atrás y un posible tercero es el que más me pegaba. Yo empecé a gritar y el que me tenía de atrás me cargaba diciendo ‘ay mirá el putito como grita’. Eso me paralizó”, contó Mauro a Presentes.
Menos de un mes después, en la misma ciudad, en el barrio porteño de Villa Crespo, el activista y periodista Imanol Subiela, de 24 años, fue otra víctima más de un ataque homoodiante. “Trolo de mierda, esta vez ganaste a los putos hay que matarlos a todos”, le dijo su agresor cuando Subiela pudo escapar.
El sábado 26 de octubre por la tarde en la ciudad de Salta dos hombres y tres mujeres atacaron a dos mujeres trans que estaban almorzando. A una de ellas le provocaron lesiones serias en la boca. Más tarde, cuando las víctimas fueron a radicar la denuncia en la comisaría, la Policía en principio se negó a tomarla. Recién accedió a registrarla cuando llegó hasta ahí la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) y activista de Mujeres Trans Argentina, Pía Ceballos.
El domingo 8 de diciembre por la mañana Marisol Nuñez, una mujer trans de 66 años, fue encontrada al costado de la autopista Santa Fe-Rosario, a la vera del río. Marisol iba por avenida Blas Parera hacia el cementerio cuando paró a comprar flores para llevar a las tumbas de sus familiares. Caminó una cuadra más y vio cómo un auto blanco paraba al lado de ella. Del vehículo bajaron dos hombres y la subieron a la fuerza. La bajaron en un descampado a la vera del río Salado, ahí quisieron forzarla a que les practique sexo oral.
Ella peleó como pudo y logró zafarse pero la única salida que encontró fue tirarse al río. El agua la revolcó y la golpeó contra la costa hasta que pudo juntar fuerzas para sostenerse a la altura del terraplén de la autopista Santa Fe-Rosario. Pero ya no tenía más aire y se desvaneció. Fue entonces cuando un hombre que pasaba en bicicleta la vio y llamó a la policía creyendo que estaba muerta. Pero cuando llegaron y constataron que todavía respiraba.
Foto: Ariel Gutraich
*Agencia Presentes
Salta: exigen la libertad de los wíchis detenidos en Embarcación
Resumen Latinoamericano*, 5 de enero de 2020
Vigilia en la comisaría y un petitorio piden la libertad de los wíchis detenidos en Embarcación. Exigen atención médica inmediata. Entre los detenidos está el Presidente de la comunidad El Tráfico, Gilberto Vicente. Por ANRed
Fueron apresados el primero de enero luego que los jóvenes wíchis fueran agredidos por una patota (dos heridos por «machetazos» en la cara) y que en la comisaría 43 de Embarcación no recibieran la denuncia. Lo que más tarde derivó en incidentes en el barrio y la represión policial contra la comunidad El Tráfico se llevó detenido a diez personas, entre ellas a tres menores y al Presidente Gilberto Vicente.
Hoy, son seis las personas que permanecen detenidas en Tartagal e imputadas por «daño calificado y atentado contra la autoridad» .
Continúan detenidos los Wíchis y son trasladados a Tartagal
Son seis los que permanecen detenidos y fueron imputados por daño calificado y atentado contra la autoridad. Denuncian que fueron golpeados en la comisaría 43.
Leer: anred.org/2020/01/02/die…
La comunidad viene realizando vigilias pidiendo su liberación y denunciando que fueron brutalmente golpeados por la policía. El Presidente de la comunidad, Gilberto Vicente fue agredido mientras filmaba la represión y luego fue apresado en la comisaría 43 cuando fue a realizar la denuncia y preguntar por la situación de los detenidos, entre ellos, dos de sus hijos.
Referentes de pueblos originarios y Derechos Humanos realizaron un petitorio pidiendo la libertad de los jóvenes wíchis:
PETITORIO ANTE REPRESIÓN Y DETENCION DE POBLADORES WICHÍ de EMBARCACIÓN- SALTA – ADHESIONES
Al Sr. Gobernador de Salta Gustavo Saénz , a los miembros de la Corte de Justicia , al Ministerio Publico Fiscal, Ministerio de Seguridad y Policía de la Provincia de Salta :Los abajo firmantes, ciudadanxs comunes y organizaciones sociales, ambientales , de DDHH , y Pueblos Originarios repudiamos la brutal represión ejercida por las fuerzas policiales contra la Comunidad Indígena Wichi El Tráfico de Embarcación , provincia de Salta el día 1 de enero del 2020 y las detenciones de menores de edad y autoridades de la comunidad.
Una vez más queda en evidencia la violación de los derechos de los Pueblos originarios por parte del gobierno de la Provincia de Salta y la violencia física y moral ejercida sobre cuerpos , pertenencias y territorios de los originarios .
La tecnología permite documentar tal violencia que no deja lugar a dudas del accionar policial.Innumerables veces la comunidad indígena ha concurrido a la Comisaria N° 43 de Embarcación a radicar denuncias , sin embargo , los funcionarios les niegan hasta ese derecho y se niegan a tomarles las denuncias . Esta vez ocurrió lo mismo , a las 15 hs .
La comunidad wichi fue atacada por jóvenes borrachos armados con machetes . Las autoridades originarias concurrieron a la dependencia policial a radicar la denuncia y no se la tomaron.
A las 17 hs. los que portaban machetes volvieron a atacar la Comunidad que salió a defender a mujeres y niños. Alli irrumpió la Policia en la Comunidad Wichí y detuvo a tres menores de edad y seis mayores, entre ellos al Presidente de la Comunidad, Gilberto Vicente que estaba filmando el violento e irracional accionar policial.
Las autoridades del gobierno de Salta desde el Gobernador, los Jueces , Fiscales, Ministro de Seguridad ( coronel defensor de la dictadura militar) , Jefa de Policía y Comisarios violan sistemáticamente los derechos de los Pueblos Originarios de Salta ,que son los legítimos y naturales guardianes de la Tierra, por eso venimos a repudiar la violencia ejercida sobre la Comunidad Indígena Wichi El Tráfico de Embarcación y a exigir la inmediata liberación de sus integrantes : Gilberto Vicente , Norma Lera, Gastón Moreira, Anabel Vicente , Roberto Vicente y Juan Vicente .
Por ser Justicia!
ADHERIMOS A ESTE PETITORIO :- Mara Puntano, Abogada de la UTD Mosconi y Comunidades Indígenas de Salta.- José Pepino Fernández , referente de UTD MOSCONI- Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, Provincia de Salta.-Mónica Romero , Presidenta de la Comunidad Indígena Guaraní Estación Tabacal de Hipólito Yrigoyen.-David Torres , Presidente de la Comunidad Indigena Lules de Finca Las Costas.- Red de Luchas Socioambientales de Salta.- Raul Sajama , Asamblea de Comunidades Indigenas Libres de Jujuy.- Oscar Delgado, Capoma Jujuy.- Liliana Courtade , Organización Yuyo Colorao.Ruben Ifrán , Periodista CABA.- Moira Millan , Dirigenta Mapuche.- Norma Ríos , Asamblea Permanente por los DDHH , Rosario.- Alicia Bernal , Unidad Antirrepresiva por los DDHH.- Lof Winkul Newen / Neuquén.- Martín Maliqueo/werken Confederación Mapuche Neuquina.- Argentina Plurinacional.
*ANRed
Lago Mascardi: la playa protegida por los mapuches de la comunidad de Rafael Nahuel
Por Adriana Meyer*, Resumen Latinoamericano, 5 de enero de 2020
La comunidad les pide a los turistas que cuiden el lugar y que los apoyen en su reclamo de que haya baños gratis sin que el Estado le cobre un peso a nadie.
«Queremos que nos ayuden a cuidar esto, y a reclamar que Parques Nacionales y la Sociedad de Fomento vuelvan a poner sanitarios». Así se expresaban miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu ante vecinos y vecinas que van a pasar el día a la costa del lago Mascardi. El reclamo es concreto; que vuelvan los baños y la necesidad de mantener limpio el lugar al retirarse. Lejos se encuentra esta iniciativa de una extensión de su «dominio», como plantearon algunos medios, porque la bella playa de piedras blancas y paisaje imponente está ubicada frente al territorio recuperado por ese pueblo indígena, reprimido por la Prefectura hace más de dos años y donde fue fusilado Rafael Nahuel. Además, al tratarse de un lugar turístico, los visitantes cruzan la ruta 40 y afectan a esa comunidad de varias formas. «Estamos al tanto del conflicto en Villa Mascardi, habrá diálogo por sobre cualquier tipo de represión», dijo a Página12 Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
«Tenemos reuniones previstas con Parques Nacionales y vamos a trabajar en la construcción de una mesa de diálogo, algo que debe primar por sobre todo, porque la represión del gobierno anterior resultó en el asesinato de Rafael Nahuel, nosotros vamos a cambiar en forma rotunda la política respecto de los pueblos indígenas, vamos a fomentar sus derechos tal como establece la constitución del Instituto», precisó la funcionaria.
Descanso, ecología y convivencia
«Acá cobraban a la gente, nosotros queremos que pongan baño sin cobrarles, y que ustedes mismos cuiden la naturaleza y las futuras instalaciones, que cada uno se lleve su basura cuando se va», dijo una mujer mapuche el último fin de semana a quienes disfrutaban de una jornada de ocio y esparcimiento. Varios respondieron que venían de los barrios del Alto Bariloche, que tienen sangre mapuche e iban a colaborar. Otros propusieron volver a pagar 15 o 20 pesos con tal de tener al menos baños químicos. Tienen que hacer dos kilómetros hasta las instalaciones del Automóvil Club Argentino, caso contrario utilizan el territorio de la comunidad para evacuar sus necesidades.
Por otra parte, hablan con los visitantes para que no se lleven leña ni ramas de árboles nativos. «Si van a comer un asado tienen que traer su leña, sus cosas, sino se generan conflictos que en realidad son montajes. A los periodistas hace unos días les dijimos que estaban haciendo un trabajo para el capitalismo, le cargan las armas porque antes de que mataran a Rafa escribieron mentiras, un trabajo sucio, y salieron diciendo que los agredimos», explicó uno de los referentes de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El lugar también es elegido para acampar de viernes a domingo, por lo cual incluyeron pedidos que hacen a una convivencia respetuosa con los turistas: que sólo haya música a alto volumen durante el día y que no utilicen como baños las tranqueras. «Tenemos guardia con banderas en cada una y pareciera que lo hacen allí a propósito, no sabemos si porque están alcoholizados, por racismo o ambas cosas juntas», apuntó el referente en diálogo con FM Horizonte de Bariloche.
«Debido al abandono del la costa del lago por parte de la comisión de fomento y Parques Nacionales –quienes hace casi dos meses hicieron retiro de la infraestructura del lugar como baños públicos y la recolección de residuos, dejando el lugar en pésimas condiciones y aspecto– decidimos hacernos cargo de la limpieza y cuidado ya que hemos visto con mucha tristeza como la sociedad ha dejado su basura desparramada”, indicaron en un comunicado firmado por la Relmu Lafken (Lago Mascardi). “De esta manera continuamos con nuestra digna y valiosa lucha que dejó nuestro weichafe Rafael Nahuel nos dejó haciendo respetar y cuidar la biodiversidad que habita esta tierra. Asimismo queremos dejar en claro que el acceso al lago continuara siendo libre ya que nuestra intención nunca fue lucrar y enriquecernos con nuestros espacios naturales sino todo lo contrario”, cierra el texto.
Las autoridades –Parques Nacionales y las fuerzas provinciales y federales– están expectantes respecto a las órdenes que vengan de las nuevas conducciones, y en el lugar ya no hay custodia de la Policía Federal ni de Gendarmería o Prefectura, esta última fuerza acusada por el asesinato de Nahuel. Las declaraciones de Odarda indicarían un sustancial cambio de enfoque, pero podrían colisionar con la mirada provincial. Consultados por algunos medios locales, los visitantes dijeron que fueron bien tratados por la comunidad a la que pertenecía Rafita, como le decían, baleado por la espalda por el prefecto Javier Pintos el 25 de noviembre de 2017, dos días después del violento desalojo de la comunidad.
*Página12
¿Qué puede ocurrir relativo a la economía del 2020?
Julio C Gambina / Resumen Latinoamericano / 5 de enero de 2020
Argentina tiene nuevo gobierno desde el 10/12/2019 y muchos se (me) interrogan sobre las primeras medidas, el rumbo y que ocurrirá en el 2020 y en el tiempo de duración del gobierno hacia el 2023.
Es un ejercicio interesante porque se debate la herencia del gobierno Macri entre fines del 2015 y el 2019, tanto como el ciclo “neoliberal” iniciado en 1975/76, mediado por los intentos de contramarcha, y los cambios estructurales operados hasta nuestros días, sea la reestructuración de las relaciones laborales, los cambios en la función del Estado, como la profundización de la inserción subordinada del país en el sistema capitalista mundial.
Primeras medidas
Dos son los aspectos que sobresalen en el discurso y el accionar de política económica. Uno apunta a la emergencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Otro apunta al tema del endeudamiento agravado en la gestión Macri, lo que incluye el acuerdo con el FMI de 2018.
El primero apunta en el sentido del voto. Si algo expresó la elección presidencial de octubre es el final de la política de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza, que se manifiesta en mayor pobreza, caída de salarios y jubilaciones, desempleo y precariedad laboral, junto al enriquecimiento de muy pocos sectores de la economía y la población.
El segundo es el gran condicionante de la economía, la política y cualquier proyecto de distribución progresiva del ingreso y la riqueza en el país. La deuda pública es una hipoteca impagable, que debe ser rechazada, impugnada, investigada, desde una concepción de ejercicio soberano de política.Un asunto a destacar es el tratamiento de la urgencia en el Parlamento, con la llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA”, que incluyó la mejora de la jubilación mínima para diciembre y febrero junto a la suspensión de la movilidad aprobada en diciembre del 2017. Esto motiva especulaciones que se develarán en marzo y junio próximo, cuando se conozca el ajuste de las jubilaciones, sus alcances concretos y si se afectan o no las impresentables e irracionales “jubilaciones de privilegio”, las que debieran eliminarse junto a una mejora de la mínima en torno a la canasta demandada por las organizaciones de jubilados, cercana a los 40.000 pesos mensuales.
Las medidas incluyeron actualizaciones relativas a “retenciones a las exportaciones”, rechazadas como era previsible por sectores vinculados al agro negocio y a la economía de exportación, en muchos casos incluso por razones ideológicas sembradas desde el poder mediático y los “influencers” “neoliberales”, fomentado por quienes pueblan los análisis económicos y políticos en la construcción de sentido común. Las medidas fiscales incluyeron actualizaciones que apuntan a mejorar los ingresos tributarios del Estado, tendientes a disminuir el déficit y generar condiciones para lograr el superávit de las cuentas públicas.
Claro que la legislación incluyó un mayor uso de los recursos del Fondo de Sustentabilidad que administra el ANSES para el financiamiento público, elevando el porcentaje desde el 50 al 70%. Con esto se agrava la situación de organismos nacionales involucrados en la lógica del endeudamiento público, que curiosamente facilita la decisión pública respecto de acreedores externos, pero compromete los usos de los recursos públicos en beneficio de la cancelación de una deuda odiosa.
La decisión de aprobar incrementos salariales de 4.000 pesos, en dos pagos, en enero y febrero apuntan en el sentido de la mencionada distribución del ingreso. La medida anunciada para privados alcanzará también a estatales nacionales, y habrá que demandar que se extienda al conjunto de los trabajadores, con los límites que tiene la existencia de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en situación irregular y muchos otros aún no incluidos en la disposición anunciada a comienzos del 2020.
Más de 1.300 millones de dólares de las reservas internacionales se utilizaron para cancelar deuda, autorizados por la ley de “solidaridad social” que autoriza disponer un poco más de 4.500 millones de dólares de las reservas que administra el BCRA. Es más, en diciembre se canceló deuda pública por más de 500 millones de dólares, una cifra superior al costo fiscal de la mejora en dos pagos de 5.000 pesos a jubiladas y jubilados de la mínima.
Uso alternativo de las reservas internacionales
Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.
En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.
A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).
Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.
El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegítima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos», o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro. En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.
Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente.
¿Qué esperar del 2020 y más allá?
Todo dependerá de la organización social y el programa que se construya en el conflicto. Es una conclusión a propósito de los recientes acontecimientos en la Provincia de Mendoza.
En efecto, el sentido común de este tiempo, favorable al desarrollo del capitalismo, sugiere que todo debe derivarse de inversiones externas que dinamicen la actividad económica, que sin inversores no hay reactivación, ni empleo, ni salarios ni ganancias y mucho menos condiciones para sustentar el Estado y cumplir con las obligaciones contraídas, sean los derechos constitucionales o las acreencias externas. Desde ese consenso mayoritario la Provincia de Mendoza modificó la Ley de protección del agua a favor de las inversiones mineras, con aval parlamentario de los principales partidos que hoy gobiernan el país, sean oficialistas u opositores.
La respuesta social masiva desarmó el objetivo por la mega minería a cielo abierto y defendió el derecho a la defensa de los “comunes”, entre ellos el agua. Más allá del consenso mediático e ideológico de cómo salir de la situación económica actual, la sociedad movilizada se impuso, asentado su poder en una acumulación gestada por años de reuniones, asambleas, campañas y múltiples mecanismos de difusión contra-hegemónica de un programa, no solo de defensa del agua, sino de propuestas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.
Por eso el ejercicio presentado anteriormente, a modo de ejemplo sobre lo que puede hacerse con recursos de reservas internacionales y que la recuperación de la economía no solo deviene de la iniciativa de inversores externos, sino que puede resultar de la “auto gestión” financiada por recursos públicos, o incluso del propio Estado, si es que se asume como un Estado a contramano de una lógica ideológica de que lo único posible es la norma impuesta por el Capital.
En definitiva, discernir por dónde transitará el 2020 y en perspectiva hacia el fin de la gestión gubernamental actual está más asociado a lo imponderable del accionar social en la lucha por satisfacer necesidades ampliadas de la población más afectada.
De lo contrario, el año y la gestión de los Fernández transitará más vinculado a las presiones del poder, entre ellos el complejo entramado del endeudamiento que pretende no solo cobrar a los vencimientos, o negociar en condiciones adecuadas, sino y sobre todo afirmar los reaccionarios condicionamientos establecidos en el acuerdo con el FMI, o sea, el ajuste antipopular y las reaccionarias reformas laborales y previsionales.
Envio:;RL
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