Panorama político-sindical
Aumento salarial en dosis homeopáticas
Mario Hernandez
Mario Hernandez
Luego de semanas de negociaciones con las cámaras empresarias y los sindicatos, el aumento salarial por decreto para trabajadores privados fue anunciado en la tarde del viernes 3 y oficializado el sábado en el Boletín Oficial.
Fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el encargado de comunicar esta medida adoptada por Alberto Fernández que aplicará un incremento salarial de hasta 4.000 pesos (en bruto) en dos cuotas.
Muy por detrás de un bono entre $6.000 y $9.000, la medida del Gobierno para “llenar de plata los bolsillos de la gente” tiene sabor a poco, será en dos cuotas como adelanto de futuras paritarias.
La medida abarca a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado. Según estimaciones del Gobierno se trataría de 1.300.000 trabajadores.
Si tenemos en cuenta sólo los salarios por convenio -que, en general, son los menos castigados si se los compara con los sueldos de quienes no están sindicalizados y/o en blanco-, en la mayoría de los gremios cayeron en torno del 20%.
Según cifras del Observatorio del Derecho Social, que depende de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, los más perjudicados en este deterioro fueron los textiles, cuyos ingresos cayeron un 38,7% en el último trimestre de 2019 y en comparación con el mismo período de 2015.
A ese gremio le sigue prensa (-35,9%), los estatales nacionales (-35,9%) y el salario mínimo, vital y móvil (-27,1%).
Al final de la tabla, los que han podido resistir mejor frente a la inflación fueron los aceiteros, quienes prácticamente salieron empatados ya que perdieron 0,1% de su poder adquisitivo.
Para los sueldos más bajos representa una suba de entre 7 y 20%. Según el ministro, Claudio Moroni, la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido en 2019 en la construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, encargados de edificios, alimentación, metalúrgicos, seguridad, sanidad, pasteleros y cuero.
Quedan excluidos los empleados públicos. El ministro de Trabajo sostuvo que a partir de la semana que viene habrá medidas similares para ellos.
Misma suerte corrieron los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas, quienes por tener convenios particulares “se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores”, según se lee en el documento.
El aumento salarial se pagará en dos cuotas: una en el sueldo de enero por $ 3.000 y en el sueldo de febrero se adicionarán $ 1.000, totalizando en ese mes la suma de $ 4.000.
En palabras de Moroni la medida tiene como objetivo “compensar” a los que ganan menos, por eso el aumento es “uniforme para todas las escalas” y se liquida bajo el ítem de “incremento solidario”, es decir, no se aplica al salario básico porque la intención del gobierno es no afectar condiciones que deben resolverse dentro de los Convenios colectivos específicos a tratarse en las próximas paritarias.
A contrapartida de convalidar la suba salarial, el Gobierno dispuso que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas queden eximidas de pagar cargas patronales (sólo en el monto referido al incremento solidario) por el plazo de 3 meses.
Tal como sucediera con los de la actividad privada, los trabajadores del Estado nacional, recibirán aumentos definidos por el Gobierno nacional. La medida, cuyo Decreto se espera que sea firmado en el transcurso de esta semana, prevé aumentos como los recibidos por los privados: uno de 3.000 y otro de 1.000 pesos. La diferencia está en los meses de aplicación, mientras que a los últimos correrá en enero y febrero, los de los estatales será en los sueldos de febrero y marzo.
Los aumentos no serán aplicables a todos los trabajadores estatales. Según se anunció desde fuentes del Ministerio de Trabajo, el beneficio se aplicará a la base de la pirámide, especulando con que el corte se haga en aquellos trabajadores que ganen hasta 60.000 pesos mensuales. Al igual que con los aumentos a los privados, será a cuenta de la paritaria 2020, cuya negociación se inicia en el mes de mayo, antes que venza la del año anterior.
Otro punto a destacar es que sólo abarcará a quienes revisten en dependencias de esa órbita, quedando provincias (2.300.000 trabajadores) y municipios (451.600) a criterio de cada autoridad distrital.
A la hora de calificar la medida, el Secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy declaró: “Muestra por un lado la voluntad y el esfuerzo del gobierno nacional de atender las necesidades cada día más graves de los sectores de menores ingresos tanto del sector privado como del público. Y por otro lado, es cierto que tiene gusto a poco porque la pérdida que hemos tenido es muy grande. Pensemos que en el Estado Nacional, el incremento que había otorgado el gobierno anterior con su sindicato amigo (UPCN) en cuotas no superaba el 30% y la inflación en el año 2019 ha sido del 55%. Evidentemente el retraso es muy grande y esta recomposición alcanza a paliar solamente en parte tanta penuria”, sostuvo.
En solo cuatro años, el gobierno de Macri «nos licuó más de un tercio del salario real, y en el acumulado del período perdimos casi un año de salario (11,58 salarios mensuales considerando el valor real de noviembre de 2019)», afirman desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Indec, en un comunicado difundido el lunes pasado.
En noviembre de 2019, la pérdida acumulada del poder adquisitivo para los trabajadores estatales desde noviembre de 2015 fue de $ 298.241 (considerando, incluso, todas las sumas fijas otorgadas “por única vez”). El cálculo se realiza sobre un salario testigo, de la categoría D0 del escalafón estatal (salario bruto según SINEP: $ 25.750).
Salarios
El lunes 6 de enero por la mañana los sindicatos estatales de Chubut volvieron a manifestarse ante la falta de pago del aguinaldo y el salario de diciembre. Entre ellos Atech, Sitravich, Sitrajuch, Soyeap, Sisap, ATE, CTA, UPCN. En la capital Rawson, la manifestación llegó a las puertas de Casa de Gobierno, custodiada por un fuerte operativo policial. Las medidas se replicaron en otros puntos de la provincia. En Puerto Madryn, se realizó el corte de la Ruta Nº 3 en su acceso sur. Entre Trelew y Rawson se cortó la Ruta 7. En Comodoro Rivadavia se concentró en la Plaza Kompuchewe.
Luego de los reclamos, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, confirmó que «hoy o a más tardar mañana se estarán depositando los fondos para que los empleados públicos terminen de cobrar en su totalidad el medio aguinaldo», correspondiente a la segunda cuota del año pasado.
El mandatario chubutense, en conferencia de prensa, reconoció que «esto es posible gracias al aporte que realizó Nación de un anticipo financiero de 1.000 millones de pesos que recibimos con otras cuatro provincias, lo cual nos permite hacer el anuncio».
Arcioni calificó como «muy delicada» la situación financiera de la provincia, lo que obliga al menos «hasta mediados de año a pagar los sueldos (de los empleados públicos provinciales) por escala salarial».
Arcioni responsabilizó de la situación que vive Chubut a la deuda pública contraída en el mercado internacional de capitales, sobre todo los 650 millones de dólares que tomó su antecesor, Mario Das Neves, cuando él era vicegobernador, y que se descuentan alternativamente de manera bimestral y trimestral.
«Vamos a buscar un reperfilamiento de la deuda porque así no se puede salir nunca de esta situación, a pesar de la Ley de emergencia que está plenamente vigente», expresó.
Los hospitales de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia están de paro, en “la zona sanitaria del noroeste, los hospitales de la comarca se encuentran actualmente en paro por tiempo indeterminado uniéndose al resto de los sectores de los trabajadores del Estado que viven la misma situación. Localmente, está anunciado el paro por 72 horas. La provincia en su totalidad en lo que tiene que ver con su sistema de salud se encuentra en una profunda crisis desde el punto de vista de los derechos laborales pero también desde el punto de vista del derecho constitucional al acceso a los servicios de salud”, puntualizó la doctora Lía Pérez del hospital zonal de Esquel.
En cuanto a los reclamos laborales, Pérez no sólo señaló que hasta la fecha no se les han pagado los aguinaldos sino también que el acuerdo en la paritaria del último semestre del año 2018, que disponía recomposición salarial trimestral mediante cláusula gatillo para el año 2019, no se cumplió, de manera que el salario se encuentra en la actualidad deteriorado respecto del incremento inflacionario desde marzo del año pasado en adelante.
El reclamo de estatales y docentes santafesinos fue el lunes pasado a la puerta del Ministerio de Educación para exigir respuestas ante las evasivas de la ministra Adriana Cantero. Desde el anuncio del cronograma de pagos antes de año nuevo, el gobierno dejó a miles de trabajadores y trabajadoras sin cobrar su salario y con vacaciones obligadas en enero. Con respecto a la situación de los comedores escolares: “Están diciendo que no saben si tienen los fondos. En la provincia de Santa Fe hay fondos y si no hay que les cobren impuestos a las cerealeras, que le cobren impuestos a la patria financiera, que lo apruebe el Parlamento y que paguen los que tienen que pagar. Pero que busquen cesar el hambre de los pibes y las pibas. El año pasado en diciembre 18.000 chicos pasaron por los comedores, este año 23.000, 5.000 chicos más en un mes. Significa que la crisis social es grande, significa que tienen que estar discutiendo no sólo cómo atienden y liberan rápidamente las partidas que siempre se hicieron entre el 20 y el 25 de cada mes, sino también tienen que ver cómo aumentan esas partidas para que realmente todos los planes nutricionales estén sujetos a las necesidades de las niñas y los niños que van y son atendidos en los comedores”, señala el sindicato docente en un comunicado.
Los choferes agremiados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santa Fe paralizaron el miércoles el servicio urbano de colectivos de la ciudad de Santa Fe y el interurbano del centro-norte provincial luego de constatar por cuarto día seguido que solo percibieron el 50% de los salarios de diciembre.
La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, se reunió con integrantes de la CTA Autónoma y abordaron problemáticas que atraviesas los estatales bonaerenses. En ese marco, los gremialistas le plantearon a la funcionaria la necesidad de recuperar el poder adquisitivo salarial y la reapertura de Fanazul, la planta de fabricaciones militares de Azul que fuera cerrada por el macrismo.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció que el Gobierno trabaja para convocar «a mediados de este mes» a la paritaria nacional docente para que entre las provincias, los gremios y las autoridades nacionales se llegue a «un acuerdo salarial que permita recuperar la capacidad adquisitiva de los maestros».
José García, secretario gremial del Sindicato de Pasteleros, anunció que desde la gerencia de la empresa Balcarce se comprometieron a abonar el salario correspondiente a la primera quincena de diciembre más un remanente de 2.500 pesos del bono de 2019. Queda pendiente el pago de la segunda quincena de diciembre y del aguinaldo.
El jueves cientos de monotributistas concentraron frente a la sede central de la AFIP para rechazar el aumento del 51% de los aportes bajo esta modalidad. Luego de ser recibidos por autoridades de la entidad, consiguieron una reunión en la que explicaron más a fondo el paquete de reclamos.
La convocatoria fue originalmente impulsada por la agrupación Monotributistas Organizados, una iniciativa surgida de Trabajadores Precarizados de Salud y Educación. Según Ailén Lucarelli, una de las convocantes, los monotributistas “representamos al 49% de los trabajadores activos del país según el INDEC. No tenemos vacaciones pagas, aguinaldo, bono de fin de año, convenio colectivo de trabajo. Un aumento del 51% es inafrontable”.
Lucarelli detalló algunos de los reclamos que se presentaron: “Reclamamos el congelamiento del aumento del 51% por 6 meses, la extensión de la tarifa social para las primeras categorías, la exención del componente impositivo para enero y febrero, y el cese de la precarización”.
Esta es la realidad de gran parte de los trabajadores, muchísimos de ellos contratados incluso dentro de los mismos organismos del Estado como los distintos ministerios y entes nacionales, provinciales y municipales.
También se encuentran afectados por este aumento los trabajadores de las Apps como Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otras.
“Con esta suba vamos a tener que pagar entre un 10 % y un 15 % de lo que ganamos en un mes. Yo trabajo todos los días, pedaleando entre 9 y 10 horas y apenas saco entre $ 17.000 y $ 20.000”, contaba un joven de 22 años que trabaja para Rappi.
Desde mayo de 2019, los 16 periodistas que quedan en el portal Diario Registrado, que es parte del Grupo Indalo, que nuclea a medios como C5N, Minutouno, Ámbito Financiero, entre otros, cobran la mitad del salario y en cuotas. “Estamos cobrando entre 13.000 y 15.000 pesos por mes. Con lo que cobramos este enero, recién se completaron los salarios de agosto del año pasado. La situación es desesperante”, contó Nicolás López, delegado gremial.
“Cuando (Cristóbal) López salió de la cárcel se comprometió a regularizar las distintas situaciones de conflicto. Hemos visto y sabemos que con otros medios del grupo lo están haciendo, pero con nosotros no. Tampoco tenemos interlocutores con quiénes hablar ni nos transmiten tranquilidad por ninguna vía”, afirmó el delegado.
Precios
La vuelta del IVA a 13 productos de la canasta alimentaria produjo incrementos de hasta el 16 %. Yerba, aceite, yogur son algunos de los alimentos que más aumentaron. En este marco, y con menos productos, se relanzó este martes el programa Precios Cuidados, que arranca sobre la base de estos aumentos.
Según un relevamiento en las cadenas Coto y Carrefour (que forman parte de los que suscribieron el acuerdo) algunos de los alimentos que registran fuertes incrementos hasta el momento son: yogur Yogurísimo firme de La Serenísima con un 14,5%; yerba Unión y Playadito de 1 kilo también con un 14,5%; los aceites (con marcas como Cocinero y Cañuelas) con un 16 % promedio; harina leudante Blancaflor con 14,40%.
Despidos
«Parece que Techint cada vez que hay un cambio de Gobierno despide», disparó Abel Furlan, titular de la UOM Zárate-Campana. Es que la empresa resolvió prohibir el ingreso a unos 200 operarios.
«Veníamos firmando una acta de suspensiones en 2019 con Tenaris Siderca por la situación que tenía la planta a cambio del pago del 90% de los salarios», explicó el también diputado nacional.
«La empresa propone extender las suspensiones pero con el pago del 74% del salario a lo que nos negamos», relató.
«Llevaremos el tema al Ministerio de Trabajo y solicitaremos la conciliación obligatoria», añadió Furlan.
Finalmente en un encuentro de partes, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó conciliación obligatoria en el conflicto.
La medida obliga a la empresa a retrotraer las cesantías por el lapso de 15 días hábiles y al gremio metalúrgico abstenerse de realizar medidas de fuerza. Sin embargo, la firma pegó un cartel en el ingreso con el que anticipa que pedirá la nulidad de la conciliación y que las reincorporaciones son «temporales».
El Ministerio de Trabajo bonaerense ya evalúa sanciones para Tenaris por incumplir la conciliación.
En el marco del conflicto ocasionado por el despido de trabajadores del municipio de la ciudad de La Plata, se realizó un paro de actividades, movilización y reuniones en distintas dependencias de la Comuna. Fue así que la cartera provincial convocó a los gremios a una audiencia. Los gremialistas reclaman la revisión de la medida que alcanzaría “entre 300 y 500 personas”.
La medida alcanza a trabajadores de las áreas de Control Ciudadano, Seguridad, la Agencia Platense de Recaudación, la atención de la línea 147 y la secretaría de Políticas de Género y Asistencia a la Víctima, entre otras.
Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género dieron a conocer un comunicado. “URGENTE: 5 días sin respuesta. 5 trabajadorxs sin sus puestos de trabajo. Están vaciando la Secretaria de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Plata. En el transcurso de la mañana del 2 de enero, a través de llamados telefónicos se les informó a compañerxs de la Dirección de Políticas de Género como del Hogar de Protección Integral, destinado a mujeres en situación de violencia, que están despedidxs. Esta situación profundiza el desmantelamiento y vaciamiento que venimos denunciando hace tiempo. En la Municipalidad de La Plata no existen políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y reparación que alojen estas situaciones. Ante la gravísima situación en esta temática, la declaración de emergencia en violencia de género y teniendo en cuenta que durante el año 2019 se registraron 327 femicidios a lo largo del país, el intendente Julio Garro y la Secretaria Carolina Píparo responden con un plan de hambre y despidos. Con hasta 7 años de antigüedad con un sueldo abajo de la línea de pobreza y condiciones paupérrimas de trabajo 5 familias se quedaron sin sustento”. Docentes Tucumanos Autoconvocados marcharon, en protesta por la suspensión de la aplicación de la cláusula gatillo por parte del gobernador peronista Juan Manzur, con lo que prevé reducir en $ 800 millones el déficit de las cuentas provinciales. La Comisión Gremial Interna de los trabajadores de la empresa TSU Cosméticos denunció otros 80 despidos sin causa, por lo que ratificó el plan de lucha y el acampe frente a la fábrica. Afirmó que la nueva decisión patronal sumó durante todo 2019 más de 300 empleados cesanteados y denunció la complicidad del gremio del sector alineado con Luis Barrionuevo.
«Al personal que continúa cumpliendo tareas se le adeuda tres aguinaldos y medio, el bono de 5 mil pesos otorgado por el gobierno anterior y el de este año, además de otro 25 % del haber de noviembre último. Otros trabajadores continúan percibiendo un porcentaje de su salario en negro (no declarado), y la mayoría fue despedida por exigir el cobro del sueldo anual complementario y el blanqueo de los montos irregulares», afirmó la CGI.
Los representantes de los trabajadores denunciaron «amenazas patronales» de desalojo del lugar y de «cierre total de la fábrica», por lo que ratificaron la continuidad de la protesta.
La firma TSU Cosméticos está ubicada en el barrio Villa Lynch de San Martín, y aún continúan cumpliendo tareas 400 trabajadores, en tanto el personal inició el plan de acción gremial el 27 de diciembre último en demanda de las reincorporaciones.
Trabajadores de Mendicrim (Sancor) continúan atravesando una situación de incertidumbre y destrato por parte de Alimentos Refrigerados S.A. (Arsa) y temen por el futuro laboral en lo inmediato.
Los 21 trabajadores de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Arenaza elevaron una denuncia al ministerio de Trabajo por las denigrantes situaciones laborales que debían atravesar. Desde Trabajo explicaron que “se labró el acta en la que se comprobó que los operarios eran alojados fuera del predio industrial, separado por un alambrado perimetral, sin contacto con los otros empleados de la planta. Dado esto, se procedió al inmediato desalojo y a la posterior clausura del lugar de encierro”.
Los trabajadores damnificados, en tanto, insisten en que Arsa cumpla la medida cautelar y les brinde los puestos de trabajo correspondientes.
El lunes pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectivizó los despidos de más de 50 agentes del cuerpo de Tránsito. Las y los trabajadores denuncian que fueron cesanteados por reclamar el pase a planta permanente.
Los despidos se realizan luego de que la jueza en lo contencioso y administrativo, Patricia López Vergara, le prohibiera al Gobierno porteño desvincular a los agentes que se encontraban bajo monotributo. Por otra parte, mientras despide a los activistas, comunica el pase a planta de otra tanda de trabajadores.
Los agentes de Tránsito denunciaron que solo el 20 % de los empleados se encontraba en planta permanente y que el 80 % restante lo hacía bajo la modalidad de monotributo. A su vez, denunciaron que no contaban con obra social ni con aportes jubilatorios ni con cobertura por ART.
Las y los trabajadores montaran una carpa en la intersección de Perú y Avenida de Mayo, donde realizaron una conferencia de prensa. Exigen la reincorporación a sus puestos, el cese de la persecución sindical y el pase a planta para la totalidad de las y los agentes.
Reunidos en asamblea, los papeleros de Kimberley Clark resolvieron llevar adelante una movilización al Ministerio de Producción bonaerense el jueves 9 de enero, para solicitarle al titular de la cartera, Augusto Costa, una audiencia urgente para conformar una mesa de trabajo que los incluya con el objetivo de poner en funcionamiento a la planta de Bernal. Previamente, el martes 7 a la tarde, hicieron una actividad de difusión en la peatonal de Quilmes.
“Para reactivar la industria hay que comenzar abriendo las fábricas que cerraron, y Kimberly Clark está en condiciones de hacerlo de inmediato, como lo hemos demostrado en la prueba productiva que realizamos en momentos de la ocupación”, expresaron. “Esta acción mínima, no reemplaza a la verdadera movilización que debería realizar el gremio frente al cierre de 6 plantas papeleras en estos últimos 3 meses, además de Kimberly Clark, convocando plenarios de delegados y asambleas de fábrica para enfrentar este industricidio papelero”, agregaron los trabajadores papeleros de Kimberly Clark en lucha.
No obstante, Sergio Berni se apresuró a tirarles encima a la Infantería y la Policía Bonaerense sin privarse de empujar a los trabajadores que pelean por el derecho a trabajar mientras el cierre fraudulento de la multinacional norteamericana sigue en pie.
Más de un centenar de trabajadores municipales despedidos por el Intendente del departamento catamarqueño de Recreo, Luis Polti, se manifestaron con el corte de la ruta nacional 157 para exigir su reincorporación.
El martes 7 el Gobierno nacional dispuso la intervención del Hospital Posadas a través del decreto 20/2020 publicado en el Boletín Oficial. Allí dice que “el estado de acefalia actual pone en riesgo el normal funcionamiento de dicho nosocomio y por consiguiente la prestación de sus distintos servicios” y establece un plazo de 180 días para la intervención que buscará “garantizar el funcionamiento institucional”.
En una entrevista radial el nuevo director del Hospital, el Dr. Alberto Maceira, anunció que se podría evaluar la posibilidad de reincorporación de 200 trabajadores despedidos bajo la era macrista, analizando caso por caso. Como primera medida para dar curso a este reclamo el día lunes una delegación de los gremios CICOP, STS y despedidos entregaron una petición formal de reunión a las nuevas autoridades que deben poner fecha y hora para comenzar a avanzar en este sentido tema.
Tras largos meses de incertidumbre, cambios de responsables de la firma, paros interminables y hasta la toma de la fábrica Vassalli de Firmat (Santa Fe), desde el lunes la planta comenzó con las tareas de poner en condiciones los talleres para comenzar la producción.
La intención de los nuevos inversores de volver a fabricar cosechadoras llegó en las primeras horas del 2020 y los más de 300 operarios con que cuenta la planta ya está abocados de lleno a preparar los talleres para la fabricación de la primera de este año.
Algunas definiciones de Matías Kulfas
El ministro de Desarrollo Productivo escribió en Le Monde Diplomatique un artículo -“La economía después de la grieta”- donde desarrolla algunas de sus ideas centrales. Veamos algunas:
[…] la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de la deuda externa de los próximos años. […] Las políticas de desarrollo productivo tendrán que priorizar la inversión en aquellos proyectos que incrementen las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina.
[…] La recuperación tendrá que seguir un proceso mucho más calibrado que en el pasado, sin depender exclusivamente ni del consumo ni del gasto público. Es deseable y necesario estimular una recuperación del salario real, pero este proceso habrá que implementarlo con sumo cuidado para evitar que la puja distributiva realimente los niveles inflacionarios […]. Asimismo, en un estado de deterioro de la industria, es probable que los incrementos del salario real no encuentren oferta productiva adecuada y eso genere una mayor demanda de importaciones, lo que empeoraría la delicada situación externa. Con respecto al gasto público, la situación fiscal dista de la holgura de la década pasada. El gobierno de Macri agravó la situación al agregar una holgada cuenta de intereses de la deuda.
Por tales motivos, no es posible apostar a una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado solo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. Antes bien, es necesario montar un aparato de relojería que direccione de manera efectiva escasos recursos hacia inversiones que recuperen el tejido manufacturero y, al mismo tiempo, contribuyan positivamente a generar un excedente de divisas que permita desplazar la restricción externa y obtener los recursos para financiar el crecimiento y los pagos de la deuda externa” (negritas mías).
He aquí el verdadero programa económico alejado de las promesas de campaña del Frente de Todos.
Noemí Brenta, autora de Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri señala que: “Hoy los intereses y cargo de la deuda se llevan cada año unos tres puntos del PIB y representan alrededor de un quinto del gasto público. Esto es muchísimo: supera, por ejemplo, la suma del presupuesto nacional en salud, educación y ciencia y tecnología.
[…] Para dar una idea de lo que significa esta filtración de recursos, un estudio reciente del FMI encontró que por cada 1% de inversión pública en las provincias argentinas el producto crece hasta 1,7%. Por ejemplo, si en lugar de pagar 10.000 millones de dólares en intereses en 2020 -que son los recursos presupuestados por la deuda en moneda extranjera-, el Estado construye infraestructura y viviendas por ese monto, la producción y los ingresos aumentarían en 17.000 millones de dólares, equivalentes a 4,25% del PIB.
También el economista político Julio Gambina en su artículo “ ¿Qué puede ocurrir en Argentina relativo a la economía del 2020?” señala: “ Solo para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.
En el ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio. Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.
A un costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100 viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de 6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y 50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la destreza de los involucrados en el proyecto.
Si se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales, afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000 trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000 trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000 dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero 2020).
Con el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable, si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u, las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían en la actividad.
El ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social es la gran deuda de los argentinos», o en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro. En estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de refinanciación por parte de las autoridades argentinas.
Las misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo, principal afectado por la política de endeudamiento recurrente”.
Según el Boletín Oficial de este 2 de enero, el Banco Central le cedió al Tesoro Nacional 1.326 millones de dólares para pagar deuda, entregando a cambio una Letra a 10 años y sin valor de mercado, por ese mismo monto.
Mientras tanto, se alejan las expectativas de una imprescindible auditoría o una investigación previa sobre el origen de la deuda y sobre el destino incierto de las divisas que se esfumaron de las arcas públicas durante el gobierno de Macri y los anteriores.
Tampoco se habla de los funcionarios que permitieron (y varios se beneficiaron) del saqueo, ni de sus responsabilidades por este fraude al Estado y a todos los argentinos. Mucho menos de considerar gran parte de ese endeudamiento como “deuda odiosa”, y por lo tanto cuestionable legítimamente por parte del deudor (lo que correspondería de acuerdo a la teoría aceptada internacionalmente para un país soberano).
Según la Secretaría de Finanzas, para el tercer trimestre del 2019 (último dato conocido), de cada 100 pesos que se recaudaron, casi 30 pesos se destinaron a pagar intereses de la deuda, el máximo porcentaje alcanzado desde la profunda crisis del cambio de siglo en la Argentina.
No obstante, los anuncios y las medidas del nuevo presidente no sólo calmaron a “los mercados” sino que generaron una euforia indisimulable, con una fuerte suba del valor de los bonos. El propio Presidente ha declarado que “los mercados reaccionan bien” (entiéndase que “los mercados” es un eufemismo para denominar a la conducta de los especuladores, usureros varios, fondos buitres, bancos, ex funcionarios del gobierno macrista, etc.).
Pero pagar más intereses no es garantía de achicar la deuda. El mismo informe de la Secretaría de Finanzas indica que también en el 3º trimestre del 2019 subió el peso de la deuda pública respecto del PBI, llegando al 90,9%, que es el máximo porcentaje desde el año 2004.
Fuentes: Infogremiales, Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Canal Abierto, Página 12, Clarín, Le Monde Diplomatique, Tiempo Argentino, APU, Red Eco Alternativo, Anred, argentina.indymedia.
«Para que la fábrica pase definitivamente a manos de la Cooperativa»
Los trabajadores de Ansabo, quienes cumplieron seis meses de lucha en defensa de sus puestos laborales, elevaron una carta pública al gobernador Axel Kicillof y a la intendenta Mayra Mendoza. Solicitan la reactivación de la planta y una colaboración para el sostenimiento de las familias y de la cooperativa. Por ANRed.
Hace seis meses, los hermanos Angeletti culminaron con el vaciamiento de la gráfica Ansabo: estafaron a los proveedores, al Estado y a los trabajadores con el no pago de cargas sociales y dejándolos en la calle sin indemnización. Desde hace seis meses, los trabajadores y sus familias resisten contra el quiebre fraudulento y en defensa de sus puestos de trabajo.
A través de una carta pública, dirigida al gobernador Axel Kicillof y a la intendenta Mayra Mendoza, los trabajadores y sus familias expresaron que se constituyeron como «cooperativa de trabajo bajo el nombre de «Papeleros Organizados y Solidarios» porque estamos convencidos que la fábrica puede seguir produciendo y porque no queremos más fábricas cerradas en Quilmes».
En la misiva informan que han presentado, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Expropiación, «para que la fábrica pase definitivamente a manos de la Cooperativa». En el mismo párrafo sostienen que su lucha es para que no queden más familias sin trabajo y dan el ejemplo de otros cierres en el municipio de Quilmes, cómo ser: Kimberly Clark, Eitar, Petronas, entre otras.
Los trabajadores de Ansabo manifiestan que en la fábrica podrían contribuir con el reciclado de cartón y papel en el municipio, que hoy se encuentra en Emergencia Ambiental. La carta, firmada por los trabajadores y por la comisión de mujeres, pone en conocimiento del gobernador y de la intendenta todos los problemas sociales que acarrea el cierre de Ansabo.
Mediante una asamblea, los trabajadores y la comisión de mujeres han resuelto y solicitado: pedir el apoyo de los Ejecutivos al proyecto de expropiación, la colaboración con materia prima para volver a producir, una ayuda económica para el sostenimiento de las familias y de la cooperativa, y ayuda, mediante camiones municipales, para realizar la limpieza de la fábrica.
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Inyectora de plástico, quebró en 2018 y un grupo de trabajadores la puso nuevamente en funcionamiento
La historia de la recuperación de EmplastCoop
Firma proveedora de las principales terminales automotrices, la apertura importadora durante los cuatro años del macrismo, la caída del mercado interno y el tarifazo energético fueron factores devastadores. Ahora, en manos de los trabajadores, reclaman respaldo del Estado para continuar en la fase de mejoras en la producción.
Hoy 64 trabajadores integran EmplastCoop, firma ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas.
La empresa inyectora de plásticos EmplastCoop se constituyó como cooperativa en 2018 tras la quiebra de la firma Plascar, su anterior denominación. Especializada en la producción de autopartes, sufrió un gran impacto negativo cuando sus principales clientes comenzaron a importar las piezas que antes producía. Sumado a este panorama adverso, abona un promedio de 750.000 pesos mensuales por el servicio de electricidad.
A la espera de la reactivación económica, en EmplastCoop reclaman que «el Estado nos ayude en este momento difícil. Queremos ganarnos la vida con nuestro trabajo, sumando valor y productividad a la sociedad”, afirma uno de los trabajadores de la planta ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas.
Antes de constituirse como cooperativa de trabajo, Plascar se dedicaba a la fabricación de autopartes para Volkswagen, Ford, Chevrolet, Peugeot y Mercedes-Benz. En su momento de plenitud alcanzó una facturación de 900 millones de pesos mensuales trabajando para las terminales.
En 2017 Plascar presentó la convocatoria de acreedores: la crisis general, sumado al elevado costo de la energía fueron factores determinantes en la caída progresiva. Los principales clientes comenzaron a retirarse y se abrieron nuevas empresas satélite en el rubro autopartista. Un combo explosivo que los condujo a la quiebra en junio de 2018.
Un mes después de declarada la quiebra, la jueza Viviana Vidal habilitó el ingreso de los trabajadores al predio. Para septiembre de 2018 la planta fue habilitada: de los 270 empleados que tenía la empresa al momento de la quiebra 10 iniciaron el proyecto de constituir una cooperativa de trabajo. Hoy 64 trabajadores integran EmplastCoop.
El predio de Tortuguitas cuenta con 15 inyectoras de las cuales la capacidad de fuerza de cada máquina oscila entre las 160 y 4000 toneladas. En Argentina sólo hay 4 máquinas inyectoras de 4000 toneladas y una forma parte del equipamiento de EmplastCoop. Además, cuenta con un circuito propio de reciclado del plástico que utiliza. “Hoy la empresa está ociosa en relación a su capacidad productiva”, asegura el presidente de EmplastCoop, Jonatan Alfonso.
Alfonso explicó a PáginaI12 que las automotrices clientas de Plascar dejaron de comprarles autopartes para pasar a importarlas. “Nos gustaría que las terminales consideren nuestro trabajo”, reclamó. Tienen maquinarias para diversas matrices: pueden producir desde un codo de plástico para una pileta hasta el paragolpes de un vehículo.
Proyectos
Plascar fue proveedor del Estado hasta 2015-2016, para la fabricación de las carcasas de las PC distribuidas a través del Programa Conectar Igualdad. Al respecto, Pablo Sercovich, integrante de la organización Gestara y la asociación civil Argentina en Red, expresó que “el desafío es recuperar la relación con las terminales y también diversificar la producción de la cooperativa hacia otros rubros”.
Sercovich vinculó a EmplastCoop con otras empresas recuperadas. Inclusive, actualmente la Cátedra de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires colabora con la cooperativa en los diseños a partir de los cuales se harán las nuevas matrices. Los trabajadores proyectan generar insumos para la industria de la construcción, como tejas plásticas, sistemas modulares de pisos y cajas de inspección para desagües.
El presidente de Argentina en Red hizo referencia al Proyecto de Expropiación de la planta presentado ante la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires: “Los trabajadores son los principales acreedores de la deuda: les deben más de 270 millones de pesos en concepto de salarios y aportes”.
La iniciativa tomó estado parlamentario en la legislatura bonaerense en diciembre de 2019 y se le dará tratamiento al reiniciar las sesiones ordinarias. De ser aprobada la expropiación, EmplastCoop estará en plena disposición de la planta, ya que actualmente cuenta con una tenencia semestral que les impide establecer acuerdos comerciales firmes.
Marcelo Homar es tesorero de la cooperativa EmplastCoop. En diálogo con este diario reveló que la empresa recauda 3 millones de pesos mensuales. Los retiros de los trabajadores son de 15.000 pesos aproximadamente. “Mensualmente abonamos entre 700.000 y 800.000 pesos de luz. Es mucho considerando el nivel de actividad que tenemos. Nos están desangrado: hablamos de un 30 por ciento que se nos va en pagar la energía”, explicó el tesorero.
Homar confirmó que los trabajadores lograron revertir el deterioro de los activos de la empresa: “el mantenimiento realizado por Plascar era de tipo correctivo, pero las máquinas venían sufriendo un deterioro creciente”. El tesorero de la cooperativa desarrollaba tareas de mantenimiento antes de la quiebra. “Los trabajadores pusimos prácticamente todo el parque activo en esta empresa, desde septiembre de 2018 hasta la actualidad. Lo solventamos con fondos propios”, aseveró.
La expectativa entre los miembros de la cooperativa es obtener negocios que permitan el funcionamiento pleno de la planta. «Sufrimos el resultado de una política liberal antiproductiva. No tenemos una demanda de productos asegurada porque nuestros clientes atraviesan el mismo problema que aquejó a todo el país: baja demanda, altas tasas de interés y escaso consumo”, expresó Homar.
A pesar del delicado momento que EmplastCoop atraviesa, desde su constitución como cooperativa hace poco más de un año, la única deuda contraída por la empresa es con la AFIP por un valor de unos 300.000 pesos a abonar en cuotas
Conflicto Tenaris/Techint: Rocca no tiene crisis y sigue incumpliendo con el Ministerio de Trabajo
La compañía de Paolo Rocca sigue sin acatar la conciliación obligatoria del conflicto que se inició con los 191 despidos del lunes pasado. Nueva audiencia en el Ministerio. Muestras de apoyo de la comunidad de Zárate y Campana a los trabajadores de Siderca.
Este miércoles hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Rocca sigue sin acatar la conciliación obligatoria. La UOM todavía no está poniendo las fuerzas que hay para poder ganar. Una gran movilización de las familias de Campana que exija la reincorporación de todos los despedidos podría difundir el conflicto en todo el país. ¿Cómo va a haber despidos en una fábrica que está invirtiendo millones en ampliaciones para aumentar sus ganancias? Está realizando ampliaciones en los sectores de acería, cuplas, Premium y sector automotriz para aumentar su producción. Es una empresa que que tiene ganancias multimillonarias y negocios en todo el mundo.
Además los despidos se suceden en el marco de las intenciones del gobierno nacional de hacer un pacto social entre sindicatos y empresarios. No se debería permitir que Rocca viole las leyes en contra de los que menos tienen. La mayoría de los despedidos son jóvenes contratados. Muchos con su primera experiencia laboral.
El conflicto comenzó en Diciembre por las negociaciones por una nueva acta de suspensiones para el año 2020. La propuesta de la empresa comprendía la suspensión de los operarios con el 75 % del salario (55 % al bolsillo) y el despido de 300 trabajadores de planta y 100 trabajadores de contratistas. Como venimos explicando en La Izquierda Diario, en la planta trabajan más de 4 mil operarios de los cuales un mil lo hacen por contratistas tercerizadas (la mayoría bajo convenio de la UOCRA y UOM) y unos 500 bajo contrato de Siderca de plazo fijo con renovaciones mensuales hasta con duración de 5 años para la «posterior» efectivización.
El miércoles pasado se debía realizar el ingreso de los trabajadores a la planta después de que, en horas de la tarde, el Ministerio de Trabajo de la Provincia dictara la conciliación obligatoria. Al llegar los trabajadores despedidos a la portería, junto a varios compañeros que acompañamos, junto a representantes de la UOM y de la Secretaría de Trabajo de Campana, no pudieron ingresar a la planta, violando de esta manera el dictado de la Ministerio.
La decisión de la empresa provocó el enojo no solo de los trabajadores de toda la planta sino de las familias de Campana y Zárate que en las redes, en la calle y en las reuniones sociales y familiares repudian el accionar de Rocca. La política de la empresa hacia la comunidad hacia consiste en hacer proyecciones, fiestas y recitales para la familia y la famosa maratón. Sin embargo, toda esa farsa se cae cuando los costos de sus negocios los quiere descargar sobre los trabajadores y las trabajadoras de la planta.
Las intenciones de Siderca son que los trabajadores paguemos los costos de las altas y bajas de la producción y también disciplinar a los obreros para seguir profundizando la flexibilización laboral. Además mientras realizaba los despidos no dejó ingresar a la comisión interna a la planta. Aún no quiere reconocer a todos los integrantes que votaron los trabajadores. No hay “familia” para Rocca en este momento más que la de las ganancias y el dinero. En eso es un fiel seguidor de su propia familia.
Pero entre empresarios siempre tienen la misma manera de actuar: en contra de los intereses de los que trabajamos. En Campana también el empresario Ruben Cherñajovsky de Newsan-Atma no sólo no tiene crisis alguna, sino que va más allá y amplía su negocio millonario a costa de despidos discriminatorios de mujeres. Y en otra metalúrgica más, la ex Titania también se están repitiendo despidos.
Las tres empresas en conflicto están bajo la órbita de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). El sindicato tiene que pelear en contra de las provocaciones de Siderca y de todas las empresas en conflicto. Tenaris tiene que reincorporar a los despedidos acatando la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo y dejar ingresar a la planta a toda la Comisión Interna.
Para que esto se lleve adelante lo mejor sería convocar a un plenario de delegados metalúrgicos con mandato de asamblea de los sectores para que podamos resolver medidas para garantizar la reinstalación a los lugares de trabajo de todos los despidos que están sucediendo. Y para fortalecer la lucha y que Rocca acate la conciliación, tenemos que aprovechar el enorme apoyo que hay en la población. La UOM podría convocar a movilizaciones que participemos despedidos, los que están adentro y la comunidad y se exprese que los trabajadores quieren ser reincorporados.
«No puede haber ninguna feminista que no esté afiliada a un sindicato»
Vanesa Siley, líder de los judiciales del Sitraju, habló de la posibilidad de que los sindicalistas participen del Estado, de la importancia del salario indirecto y de la necesidad de fortalecer la democracia sindical: Además aseguró: «No puede haber ninguna feminista que no esté afiliada a un sindicato».
Vanesa Siley, la titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales porteño, habló de las complejidades que afrontan las mujeres en el mundo sindical, del rol de sindicalismo ante el cambio de Gobierno, de lo importante del salario indirecto para los trabajadores y de la necesidad de reforzar la democracia interna para garantizar el modelo de unicidad promocionada.
«Cuando nos empezamos a juntar observamos que el feminismo y las reivindicaciones de las mujeres corrían por vías separadas a la organización sindical. Y nos empezamos a preguntar por qué. No nos cerraba y no nos contenía tener que hacer militancias separadas. Y juntamos todo», abre Siley en lo que fueron sus primeras declaraciones a Protagonistas*, el primer podcast sindical de la Argentina.
«Juntamos todo para democratizar nuestras organizaciones sindicales. Para decir lo importante que es para las mujeres trabajadoras estar sindicalizadas. Yo siempre digo: No puede haber ninguna feminista que no esté afiliada a un sindicato» explica y agrega. «De qué manera vas a ser una trabajadora que va a pedir la igualdad laboral si no tenés un sindicato».
La referente de las Mujeres Sindicalistas asegura: «A las mujeres no nos alcanza sólo con tener el cargo. Un compañero varón con el título de secretario general se gana el respeto total, la escucha atenta, la posibilidad de que se haga lo que dice, pero las mujeres tenemos siempre que acreditar que tenemos condiciones para ejercer el cargo».
Consultada respecto del modelo sindical, para Siley «La clave es que haya democracia interna. Para que se garantice el modelo de unicidad promocionada tiene que haber altos niveles de democracia interna y que no pase lo que nos pasó a nosotros».
«Yo hago mi primer mandato, cuatro años después presentamos lista nuevamente en un sindicato nacional y ganamos las elecciones. Funcionó la democracia interna y fuimos contra quien conducía el sindicato a nivel nacional. Y un año después de esa elección de los trabajadores fuimos intervenidos por la conducción del gremio y con actos de violencia», recuerda la también diputada nacional y flamante consejera de la Magistratura.
«Ahí nosotros armamos Sitraju, entonces: ¿Quién violó el modelo sindical? ¿El que armó el Sitraju o el que no se bancó haber perdido con los mecanismos de democracia interna?«, desafía.
Por último Siley aventura cuál cree que debe ser el rol de los dirigentes sindicales ante el Gobierno de Alberto Fernández: «Yo creo que en el Frente de Todos y de Todas lo principal es el trabajo y la producción, entonces el rol de los representantes de los trabajadores y trabajadores es fundamental». Y añade: «Los dirigentes tenemos que participar del Estado. La zoncera de que el sindicalismo tiene que estar afuera lo inventaron los liberales y la gente de derecha. Acá el sindicalismo piensa el modelo de país y por eso tiene que ser parte de un Gobierno popular».
Por último deja una factura a la dirigencia sindical que acompañó la suba del transporte y las tarifas en la era Cambiemos: «Lamento que no hayamos tenido más conciencia como dirigencia sindical de lo importante que era el salario indirecto para los trabajadores. Nos dimos cuenta después de que los perdimos. El subsidio al transporte a la tarifa era hasta criticada por algunos dirigentes y era de nuestros trabajadores».
*»Protagonistas: historias de sindicalismo en primera persona» es un podcast periodístico que repasa los sucesos recientes y los desafíos del movimiento obrero, a través de la mirada de sus principales dirigentes. Lo conduce Jorge Duarte (@ludistas), periodista especializado en la materia y responsable de InfoGremiales. Los lunes, cada quince días, la voz de un nuevx Protagonista.
El INTI reincorporará a 170 de los 258 despedidos por Macri
Se trata de 100 trabajadores que están firmando sus planillas de reingreso y unos 70 que fueron reinstalados por cautelares. Una porción de ellos son del interior.14/01/2020 00:03:00
Comenzó ayer la firma de los convenios de reincorporación de casi más de 100 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) despedidos durante la presidencia del organismo en manos de Javier Ibáñez, parte de la gestión de Mauricio Macri.
Si bien el proceso se inició ayer, terminará recién a finales de la semana cuando lleguen a Buenos Aires los empleados del interior que recuperarán sus puestos de trabajo.
Eso 100 empleados se suman a los que ya están cumpliendo tareas vía amparos judiciales. En total se calculan unos 170 reincorporados de los 258 despedidos por la gestión Cambiemos.
En un acto con mucho de simbólico, los cesanteados por Macri volverán a sus puestos la semana que viene. De hecho, según pudo saber InfoGremiales, se está preparando un reingreso masivo para el próximo lunes 20 de noviembre del que será parte Norita Cortiñas.
El 25 de enero de 2018 fueron despedidos 258 trabajadores, entre los que había científicos, profesionales, técnicos y auxiliares. Según trascendió, 200 estaban afiliados al sindicato. Después de la oleada de cesantías, comenzaron a acampar en la puerta del edificio ubicado a un costado de la avenida General Paz.
Esa lucha, emblemática para los estatales, es la que posibilitó que el INTI sea el primer organismo que reabra la puerta a los cesanteados.
Fernández blanqueó su intensión de que este año no haya cláusula gatillo en las paritarias
El Presidente, que ya había pedido moderación en los reclamos salariales, señaló que la economía «se está normalizando» y advirtió que la cláusula gatillo perjudica ese proceso.14/01/2020 00:02:00
El presidente Alberto Fernández se pronunció anoche en contra de la cláusula gatillo para la actualización de los salarios, al considerar que se trata de un «mecanismo de indexación» que perjudica la normalización de la economía.
«La indexación de la economía es lo peor que le puede pasar a la economía. La cláusula gatillo es una cláusula de indexación de la economía. Entiendo que es legítimo, pero termina siendo otro de los mecanismos indexatorios de la economía», argumentó.
En diálogo con C5N, señaló que su deseo es que «la economía empiece a tranquilizarse» y que «poco a poco lo vamos haciendo».
En este sentido, así como el Gobierno congeló por un plazo temporal las tarifas de servicios públicos, del transporte, los peajes y el combustible, los salarios deben «acordarse en paritarias libres, pero con ese dato en la cabeza».
«Necesitamos que la economía pare de indexarse porque sino parar la inflación es muy difícil», aseveró el jefe de Estado.
«Congelamos todo para que nadie vea deteriorar su ingreso. El Estado está haciendo su parte, necesitamos ahora que cada uno haga su parte», concluyó.
Moyano bloqueó una planta cordobesa de YPF que se niega a pagar el bono de 20 mil pesos a Camioneros
Camioneros paralizaron ayer la planta de YPF en Montecristo, Córdoba. Reclaman el pago del bono de 20 mil pesos para los trabajadores de la actividad. Podrían multiplicarse los bloqueos.
14/01/2020
Más de dos kilómetros de fila se registraron ayer en las afueras de una planta de YPF en Montecristo, Córdoba. El hecho se produjo a causa de una medida de fuerza tomada por la seccional cordobesa del Sindicato de Camioneros.
El reclamo es por un bono de 20 mil pesos que los trabajadores solicitaron en diciembre del año pasado, pero que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas se niega a pagar desde entonces.
Desde el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano ya habían anunciado que tomarían medidas en todo el país y no descartan que el reclamo se traslade a otros rubros vinculados a Camioneros, como bebidas y correo.
La protesta, que se inició a primera hora del lunes, se levantó alrededor al mediodía. Desde la planta, que distribuye combustible a los sectores centro y norte del país, aseguraron que no habrá desabastecimiento.
Desde Camioneros señalaron que se trató de una forma espontánea de los trabajadores de sumarse a la protesta que se está gestando hace varias semanas.
Los municipales bonaerenses se rebelan contra los despidos por los cambios de gestión
El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, rechazó «los despidos producidos en varios distritos» hacia «fines de diciembre» último y explicó que «los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año».
14/01/2020
El dirigente sindical cuestionó esas cesantías y afirmó que «no existe un solo contrato laboral y legal registrado en el Ministerio de Trabajo provincial en ninguna de las 135 comunas».
El histórico dirigente gremial subrayó que desde la vigencia de la Ley 14.656 «ningún trabajador con más de un año de antigüedad es contratado», y realzó, en un comunicado, que la norma que determina las relaciones laborales provinciales especifica en su artículo cuarto que «el trabajador municipal adquiere estabilidad al año de su nombramiento».
«Ello es así de no mediar de forma previa una oposición fundada y notificada por autoridad competente. El contrato es una carátula mentirosa que utilizaron los intendentes -a veces durante varios años- como un fraude laboral, al considerar a ese personal como mensualizado. El jefe comunal decreta, renueva o no esa figura según quiera», señaló.
García, quien conduce una organización que agrupa a unos 200 mil trabajadores municipales bonaerenses, explicó que subsiste de parte de muchos intendentes «una concepción ideológica que permite dar de baja contratos y dejar gente en la calle».
«La Ley 14.656 señala que el contratado realiza tareas distintas al empleado municipal. Al contratar personal por tres o cuatro meses para poder árboles, la relación laboral concluye con ese período predeterminado. Debe existir un contrato previo y consentido por el trabajador, firmado por el responsable comunal y registrado en Trabajo», puntualizó.
El dirigente sostuvo que ello «es inexistente en la totalidad de los municipios», por lo que facultó a los gremios de base de la Fesimubo a confeccionar listas con los números de legajo y antigüedad para que sean presentadas a fin de agotar «la vía administrativa».
Despidos masivos de municipales en Carlos Tejedor
La flamante intendenta María Celia Gianini (FdT) se comprometió en campaña a «no tocar a los municipales». Fuentes de la zona denuncian que ya cuentan más de 60 desvinculaciones y se rumorea que habrá más. Desde la oposición, pidieron un informe que explique los motivos.
14/01/2020
En la ciudad bonaerense de Carlos Tejedor hay conmoción por los, por ahora, 64 despidos. Hay rumores de que la cifra podría llegar a 120. La medida sorprende porque contradice lo prometido en campaña y porque va a contramano de las medidas que viene tomando el mismo partido desde el Poder Ejecutivo.
María Celia Gianini volvió a ser intendenta con el Frente de Todos tras cuatro años en que le tocó ser oposición. El 13 de diciembre, tras asumir, anunció que las épocas de bonanza tardarían en llegar: «Al culminar mi mandato en 2015, dejamos una deuda total de $4.341.836,76 y recursos bancarios por $8.883.987,38. Y ahora, 12 de diciembre de 2019, nos encontramos con una deuda de $91.451.226,65, recursos bancarios por $27.030.191,74. Queridos vecinos, estos son los números duros, reales.»,y para apaciguar los rumores decretó la Emergencia la Emergencia Económica y Financiera del municipio y precisó que su primera decisión fue reducir en un 10 por ciento la planta de funcionarios.
Sin embargo, las denuncias relativas a no renovación de contratos y despidos masivos no son por funcionarios de ni por personal jerárquico, sino empleados municipales de las categorías más bajas, algunos con hasta 8 años de antigüedad.
En diciembre, el Bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante presentó un pedido de informes de la cantidad y los motivos, «porque un despido masivo para tomar gente, o sea cambiarlos por otros no tiene sentido, con el funcionario puede ser, pero no con el trabajador común», afirmó el jefe del bloque Esteban Molina.
Por otra parte, Molina afirma que la deuda no es la que «la deuda no es la que dicen. Debe ser entre el 30 y el 40 % de lo que manifiesta la Intendenta, y es absolutamente normal que quede una deuda flotante.», desestimando que la deuda justifique las desvinculaciones.
Los vecinos esperan la intervención del gobernador Axel Kicillof para frenar los despidos.
Con un modelo de negocios en crisis, Rappi despide 300 empleados en América Latina incluida Argentina
La empresa Rappi anunció que despedirá a unos 300 empleados en distintos países de América Latina, incluida la Argentina, como consecuencia de «ajustes en el equipo de tecnología» de esa compañía.
13/01/2020
La decisión involucra a las operaciones de la firma – especializada en delivery- de la Argentina (donde está presente dese hace un año y medio) Colombia, México, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. En todos esos países tiene unos 5 mil empleados, y el 6% de ellos serán desvinculados.
En un comunicado, la compañía señaló que en 2020 «hemos decidido hacer ajustes en nuestro equipo de tecnología, para concentrarnos en la experiencia de nuestros usuarios».
«Esta decisión no es un reflejo de ajustes en nuestros planes de crecimiento, pues de hecho, estamos contratando de manera activa un gran número de personas en las áreas priorizadas para 2020», aseguró.
Rappi puntualizó que Colombia, país originario de la empresa, «sigue siendo uno de nuestros mercados más importantes en América Latina y nuestros planes en los siguientes meses transformarán la industria de las aplicaciones en la región.
Tenemos planes muy ambiciosos y una perspectiva muy optimista en términos de negocio en este año».
También aclaró que su inversionista Softbank no estuvo involucrada en esta decisión.
«Softbank es uno de nuestros inversionistas más valiosos y están involucrados en nuestras decisiones como parte de nuestra junta directiva. Sin embargo, esta decisión fue tomada por nuestro equipo interno de liderazgo como parte de nuestro proceso de planeación con la meta de crecer como compañía y ofrecer nuevos productos en el 2020», enfatizó.
Según trascendió, desde su creación, Rappi no ha generado ganancias y su funcionamiento ha dependido de inversionistas que creen en las oportunidades de mercado que tiene esta plataforma de servicios a domicilio.
El Gobierno analiza regular el empleo de monotributistas y de empleados de apps digitales
El Gobierno no pierde de vista los cambios vertiginosos de empleo que existen, como la proliferación del trabajo bajo plataformas, y analiza impulsar una reforma laboral que contemple a las personas que hoy facturan por sus servicios, como médicos a clínicas privadas o aquellas que actúan en Uber, Rappi o PedidosYa.
Desde la cartera laboral que lidera Claudio Moroni son conscientes de que se debe tener un nuevo marco legal para que no «existan grises», ya que por ejemplo las empresas de plataformas consideran a sus trabajadores como «independientes» o en muchos casos «emprendedores» para que no existan grises entre el empleado y su relación laboral con su empleador. Los datos marcan que en la Argentina existen unos 160.000 trabajadores de plataformas, que representan al 1% de los ocupados a nivel nacional.
En este sentido, la Casa Rosada descarta que se avance hacia una reforma como aquella que pide el FMI o trató de establecer la administración de Mauricio Macri y, en cambio, se piensa en una legislación que encuadre a los trabajadores que facturan a las empresas, muchos de ellos profesionales, con derechos que no son reconocidos como vacaciones pagas, obra social, aguinaldo, etc.
Varios expertos ya analizaron esta situación compleja. Para muchos, «es necesario otorgarle una regulación específica a aquellos casos en los que la naturaleza de la propia actividad torna inadecuada su asimilación a la relación de dependencia, máxime teniendo en cuenta que el avance de las nuevas tecnologías y la forma en que el ser humano se relaciona con éstas, han puesto en crisis la concepción clásica del trabajo dependiente».
Asimismo, existen «profesionales cuasi independientes, que facturan como monotributistas o autónomos, y que en realidad su giro principal, normal y habitual, lo hacen para una sola empresa o persona». Eso debe tener una regulación específica y, además, cumplir con los reclamos de las empresas, que contratan personal de esta forma y luego reciben demandas judiciales por parte de trabajadores. Ante este panorama, muchas firmas apuestan a pagar directamente en negro para evitar inconvenientes.
La figura del Contrato de Trabajo deberá ser reconsiderada a su vez y, de acuerdo al especialista Pablo Mastromarino, «sin duda sería útil regular la situación de determinados profesionales que por la índole de su actividad y la prestación que desarrollan, tienen más características de autonomía que de dependencia».
Y agrega que «hay que velar por evitar y combatir las situaciones de fraude, pero también hay que ser conscientes de que no se puede someter el análisis de determinadas actividades y prestaciones a un plexo normativo que tiene más de cuarenta años, ya que muchas actividades no se ejercen de la forma en que se ejercían en esa época y otras tantas ni siquiera existían». Desde la cartera laboral todavía no han adelantado qué tipo de legislación piensan elaborar al respecto.
Buenos Aires: Autoridades de Salud recibieron al Sindicato Médico AMRA para analizar el estado de los hospitales
Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recibieron a representantes del Sindicato Médico AMRA para avanzar en un diagnóstico sobre el estado de los hospitales bonaerenses, instancia que se aprovechó para hacerles llegar un documento de consideraciones sobre la situación de los trabajadores de la salud y la política sanitaria en general.
El encuentro se concretó el pasado martes 7 de enero, cuando el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak recibió a los doctores Erick Mendoza, titular del Sindicato Médico, Carlos Weschler, Isabel Masso, Ricardo Pilovich, Fabián Crespo y Guillermo Costa, en representación de AMRA. Luego también se entrevistaron con el Dr. Juan Riera, flamante Director de Hospitales de la Provincia.
Los representantes del Sindicato Médico fueron convocados por las autoridades sanitarias provinciales para conocer su opinión sobre la situación de los hospitales del distrito. El encuentro fue aprovechado por los representantes de AMRA para hacer llegar a los funcionarios de la nueva gestión un documento donde se recogen las diversas preocupaciones sobre la situación de los trabajadores de la salud y la política sanitaria en general, entre otros puntos.
Luego del encuentro, el Dr. Mendoza confirmó que “fue una reunión muy cordial en la que pudimos exponer todas nuestras inquietudes”. Y añadió: “El Dr. Kreplak se mostró muy atento a la grave situación por la que atraviesa el sistema de salud provincial y desde AMRA vamos a contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance para que de una vez por todas, los trabajadores de la salud tengan las condiciones laborales que deben tener y la mejoría en la política sanitaria deje de ser una promesa y pase a ser una realidad”.
Incertidumbre de miles de trabajadores de Garbarino por los cambios accionarios de la empresa
Mientras se define el futuro de la cadena de electrodomésticos Garbarino, que podría sufrir importantes cambios en su estructura accionaria por las millonarias deudas que mantiene, los trabajadores más de 4500 trabajadores de la firma viven jornadas de incertidumbre en las que nadie les garantiza la continuidad de sus puestos de trabajo.
En los últimos días Garbarino logró cerrar un acuerdo para reestructurar pasivos por más de 4400 millones de pesos, deuda que en un 85% se encuentra en manos de los bancos Galicia y Santander. Ambos banco, con la asistencia del First Capital Group, tomaron acciones de la empresa y un mandato de venta como garantía de la reestructuración que prevé una postergación de un año para el pago de intereses. Ahora el fondo Inverlat, integrado por directivos del banco Macro, apareció como el principal interesado en adquirir esas acciones.
La empresa de los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que entró en una profunda crisis financiera por el aumento de costos locales y la histórica caída de ventas durante el macrismo, hoy tiene una participación del 20% en el mercado de electrodomésticos, cuenta con 200 locales (entre los propios y los de la marca Compumundo), emplea a unos 4500 trabajadores y posee una planta de ensamblado de Samsung en Tierra del Fuego.
Pero los trabajadores de la empresa viven esta transición con una gran incertidumbre, esperando que en el inicio de esta semana se lleven adelante algunas reuniones que les clarifiquen el escenario al que se enfrentarán con los cambios accionarios. Por el momento, sólo se informó que la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios se reunirá con representantes de la empresa para tratar de aclarar la situación.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio se mantienen en alerta y no descartan que la empresa avance hacia la presentación de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), que podría implicar recortes o despidos.
Envio:RL
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