Resumen Latinoamericano*, 3 de enero de 2020
El presidente participó de un acto por la salida del rompehielos Irizar rumbo a la Antártida y dirigió su primer mensaje a las Fuerzas Armadas: “Ustedes son los que cuidan nuestra patria, sigan haciéndolo”.
El presidente Alberto Fernández participó este viernes de una recorrida por el renovado rompehielos Almirante Irízar, en Dársena Norte, donde fue reparado íntegramente luego del incendio que lo destruyó en 2007. La nave partió este mediodía para dar inicio a la campaña antártica.
“Esta es para mí una experiencia singular porque, cuando era Jefe de Gabinete, este maravilloso buque se incendió y todos sentimos que habíamos sufrido una pérdida enorme”, recordó.
El presidente señaló que “con Néstor Kirchner tomamos la decisión de que los astilleros argentinos reconstruyan este buque, que para nosotros es muy importante porque hace que permanentemente la Argentina defienda la soberanía que tiene en la Antártida”.
“Hoy hace 187 años los británicos invadieron las Malvinas”, recordó el presidente sobre el 3 de enero de 1833 y destacó que en las Fuerzas Armadas “hay muchos héroes que dieron sus vidas por Malvinas».
En ese sentido, señaló que las islas son “una tierra a la que nunca vamos a renunciar y siempre vamos a reclamar como propia”, y resaltó el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción de soberanía en la Antártida.
“Este es mi primer mensaje a las Fuerzas Armadas: estoy feliz con lo que hacen, son los que cuidan nuestra Patria, sigan haciéndolo, ese es el mejor trabajo que un argentino puede tener”, manifestó.
Fernández habló en Dársena Norte luego de recorrer el rompehielos juntos a el ministro de Defensa, Agustín Rossi, el canciller Felipe Solá, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, entre otros funcionarios del gobierno nacional.
*Tiempo Argentino
Magdalena Odarda: «Vamos a remover completamente la política del macrismo con los Pueblos Originarios»
Por Adriana Meyer 20; Resumen Latinoamericano 4 de enero de 2020
Magdalena Odarda, nueva presidenta del INAI aseguró que hará «primar el diálogo por sobre la represión que caracterizó al ministerio de Patricia Bullrich». También anunció que pidió que la tarjeta del Plan contra el Hambre llegue a todas las comunidades indígenas del país.
«Mi función al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es remover completamente la política del macrismo respecto de los pueblos originarios.» Magdalena Odarda –flamante presidenta de ese organismo y ex senadora nacional– es tajante al definir sus objetivos. Cordobesa de nacimiento y rionegrina por elección, vive en Viedma y pasó el día de su cumpleaños en territorio de la comunidad mapuche donde apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. «Me reuní con la organización mapuche tehuelche de Cushamen durante una tarde, lo más grave es la falta de agua potable y el ataque de la tucura (langosta), que arrasa con todos los pastizales, por eso estamos tomando contacto con todos los ministerios, queremos que sientan que hay un Estado presente», dijo, en diálogo con PáginaI12. Y anunció que pidió al ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que la tarjeta social del Plan Argentina contra el Hambre llegue a los cuarenta pueblos del país. «La tasa de pobreza de nuestras comunidades indígenas es una de las más altas de Latinoamérica», expresó.
La designación de Odarda fue saludada por representantes de los pueblos originarios, por su militancia en favor de los derechos ambientales y las comunidades indígenas. Desde su banca en la Cámara alta, Odarda impulsó proyectos de propiedad comunitaria indígena, de protección de sitios sagrados y ceremoniales declarados bienes culturales comunes, y de desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el genocidio de indígenas, entre otros.
«Haremos primar el diálogo por sobre la represión, que caracterizó al ministerio de Patricia Bullrich, y la entrega de los títulos comunitarios haciendo respetar todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, que reconoce los derechos de los pueblos originarios, además del Convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta libre, previa e informada como obligación del Estado ante cualquier tipo de emprendimiento que pueda afectar su cosmovisión», describió. Esto significa que antes de cualquier obra los pueblos indígenas que viven en el lugar deben ser consultados.
«Es una vuelta de página, habrá respeto y se pondrá fin a los abusos que terminan con niños encarcelados, como pasó recientemente en Salta», dijo la presidenta del INAI. Otro de los ejes de su gestión será el cumplimiento de la ley que obliga a devolver los restos mortales a las comunidades. «No puede ser que aún exhiban la cabeza de Calfucurá en una caja del Museo de La Plata».
Odarda visitó la más reciente recuperación de territorio mapuche de la comunidad Kurache en Chubut. «Ingresamos con autorización del fiscal y del comisario de El Maitén, a quien le pedimos que quite la guardia que traba las tranqueras e impide la circulación por ese paso o camino vecinal, y hablamos con la comunidad sobre la necesidad de un diálogo, algo que aceptaron siempre y cuando el INAI se haga presente, con los representantes del CPI» (Consejo de Participación Indígena), indicó la funcionaria.
El fiscal federal Oscar Oro, según dijo Odarda, le pidió que el INAI sea parte de esa mesa de diálogo con integrantes de la Defensoría de Lago Puelo. Este representante del Ministerio Público, que supo impulsar no pocas acciones judiciales contra poblaciones indígenas, se comprometió ante Odarda «a no reprimir ni desalojar con violencia a los Kurache, comunidad donde hay niños y personas enfermas».
–¿Cómo piensan frenar los desalojos?
–A través de nuestros abogados y representantes indígenas vamos a promover el cumplimiento absoluto de la Ley 26.160 que establece la emergencia en la propiedad y posesión hasta tanto finalice el relevamiento territorial. Lamentablemente, en el gobierno anterior se avanzó muy poco, pero la ley tiene vigencia por cuatro años por lo tanto vamos a promover que se aplique por todos los jueces. Es una norma nacional de modo que debe ser cumplida en todo el país. Además, el otro eje será el otorgamiento de los títulos comunitarios trabajando en conjunto con los gobiernos provinciales y los representantes indígenas, en donde se haya realizado el relevamiento técnico.
–¿Es posible reparar el daño sufrido por la comunidad de Cushamen, reprimida, con su lonko encarcelado y donde desapareció y luego apareció muerto Maldonado?
–Debe activarse con jueces imparciales la investigación respecto del asesinato de Santiago Maldonado, sobre todo el accionar de la Gendarmería en ese operativo, que a nuestro juicio fue ilegal, y acompañaremos a los familiares que siguen buscando justicia.
Magdalena Odarda creó y presidió la comisión de Derecho Indígena en el Senado. En 2018, junto a comunidades originarias, impulsó el proyecto de propiedad comunitaria indígena.
Envio:RL
05 de enero de 2020
300 productos y marcas de primera línea La vuelta de Precios Cuidados
El lanzamiento sería mañana y el listado incluye alimentos de primera necesidad y consumo masivo.
Imagen: NA
Con la mira puesta en el lanzamiento de un nuevo programa de Precios Cuidados, distintos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo se reunieron hasta últimas horas del sábado, con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a la cabeza. La nueva versión de este plan tiene como objetivo cuidar el bolsillo de los sectores más golpeados en los últimos cuatro años, y tendrá una canasta con marcas de primera línea, con alrededor de 300 productos.
La nueva canasta contará con menos productos que la del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, desde la cartera de Desarrollo destacan que esta contará con productos "de consumo masivo y necesarios en el día a día". Algunas de las marcas que trascendieron son la cervecera Quilmes, la cafetera Nescafé y la de pañales Pampers.
El jefe de la cartera de Desarrollo Productivo destacó, en una entrevista en exclusiva con Página/12, que este nuevo plan busca definir "precios de referencia y ayudar a los consumidores a tener precios más accesibles " en las góndolas. Los funcionarios apuntan a lanzarlo este lunes, pero la fecha aun no está definida, según pudo saber este medio. "Hay detalles que hoy todavía se están negociando", señaló el ministro de Trabajo, Claudio Moroni
El eje de la negociación está con los supermercados y las empresas de alimentos en la fijación de precios para los próximos tres o cuatro meses. A la vez, continúan los arreglos con los distintos empresarios de los alimentos para acordar que la vuelta del IVA a los productos de la canasta básica no tenga un impacto desmedido en los precios.
"Se está trabajando y ultimando detalles con el IVA de los alimentos. Esperemos los anuncios del lunes", indicó Moroni. El ministro resaltó que el Gobierno está "preocupado" por la inflación y consideró que "la política de precios es muy importante". "Vamos consiguiendo algunas cosas bastante más rápidas que en otros períodos", apuntó y pidió que le "den el mínimo tiempo necesario" para ver los resultados de las medidas.
Otra de las novedades es que las marcas no podrán quitar y poner productos en el listado de los Precios Cuidados cuando quieran, antes deberán pactarlo con la secretaría que conduce Español. Esta práctica, llamada "puerta giratoria", fue implementada durante los últimos cuatro años y les permitió a las empresas usar de "vidriera" al cartel de Precios Cuidados. Así confundían a los consumidores a la hora de elegir qué llevar. Además, no marcaba ningún precio de referencia, algo que el nuevo plan busca establecer.
Desde el Ministerio de Desarrollo adelantaron que se lanzará una aplicación para teléfonos celulares que les permitirá a los consumidores escanear el producto y corroborar el precio, y hacer la denuncia en caso de algún error. Esto permitirá que el control y la fiscalización del programa no solo dependa de los supermercados. La aplicación también brindará una lista dinámica con todos los productos de la canasta de Precios Cuidados.
Este programa se puso en marcha por primera vez en 2014, cuando estaba al mando del Ministerio de Economía Axel Kicillof y en la secretaría de Comercio, Augusto Costa. En aquellos años la intención era poner un freno a la inflación que venía en ascenso de años previos. Durante el gobierno cambiemita, el programa fue muy criticado por algunos de sus funcionarios en los primeros años de gobierno, sin embargo, no les quedó otra salida que relanzarlo en medio de la gran crisis económica. Igualmente, fue muy criticado por los consumidores ya que los productos del Precios Cuidados macrista eran muy difíciles de encontrar.
El próximo martes 7 de enero vencerá la última lista de productos de Precios Cuidados que el gobierno de Macri pactó con los empresarios meses antes de su salida y la gestión de Kulfas, con Paula Español en la secretaría de Comercio, espera tener antes de la fecha un nuevo acuerdo, con precios ya fijados en las góndolas.
Fuente:Pagina12
El aumento de los sueldos, que se oficializó ayer, igualaría la suba de precios entre enero y abril, que los economistas estiman en torno del 15%. El impacto se sentirá en los ingresos más bajos, aunque no recupera el poder adquisitivo perdido. Prevén que se inyectarán $ 20 mil millones al consumo.
(Foto: TELAM)
Por Alfonso de Villalobos - @alfondevil
5 de Enero de 2020
El gobierno, finalmente, publicó ayer el decreto que otorga un incremento salarial que llegará a $ 4000 para todos los trabajadores bajo convenio del sector privado.
La suba será de $ 3000 en el sueldo de enero a los que se sumarán otros $ 1000 a partir de febrero. El incremento, que quedará señalado en los recibos de sueldo con la denominación "incremento solidario", será remunerativo y, por lo tanto, estará sujeto a descuentos pero no impactará en los adicionales de cada convenio. De ese modo, de bolsillo y en febrero, los trabajadores percibirán 3240 pesos.
La facultad para imponer ese incremento emana del artículo 58 de la Ley de Solidaridad sancionada por el Congreso nacional el 22 de diciembre que, además, confiere la potestad de eximir del pago de contribuciones patronales asociadas a esos incrementos.
El anuncio se esperaba para la semana de Navidad, pero negociaciones finales postergaron la elaboración y firma del decreto. Versiones que habían trascendido indicaban que el incremento sería de entre $ 6000 y $ 9000 a pagar en tres veces entre enero y marzo, y que luego debía ser renovado. Siguiendo la misma lógica, el aumento otorgado ahora acumulará hasta $ 11 mil en esos tres meses y los $ 4000 quedarán en el salario en forma definitiva.
Este incremento representa un 10% para la mediana del salario privado registrado de octubre pasado, que se situó en $ 39.893. Con todo, durante ese mes, los asalariados del sector privado se beneficiaron con un bono por única vez de $ 5000 que se computa en ese monto. Si se descontara ese bono por única vez, el aumento sobre la mediana llegará a un 11%. En estadística, la mediana es el punto medio de una muestra; se la usa porque, a diferencia del promedio, los valores extremos pierden influencia.
El mismo viernes se conocieron las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central sobre 40 consultoras especializadas que arrojaron un pronóstico inflacionario para 2020 del 42,2 por ciento.
Según el informe, entre lo que ocurrió en noviembre y diciembre y lo que creen que pasará hasta marzo, la inflación en ese período de cinco meses acumulará un 20,26% mientras que, para el tramo que va de enero a abril, la suba de precios será de un 14,3%. Así las cosas, el incremento logrará empatar, en promedio, a la suba de precios esperada para el primer cuatrimestre, que es cuando arrancan la mayoría de las paritarias de este año. Pero no cubrirá lo perdido en 2019 y años anteriores.
Según un estudio del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA Autónoma, en los cuatro años de gobierno de Cambiemos, el salario real privado cayó un 16,7% y el público un 21,1%. Sin embargo, el retroceso fue muy dispar. Mientras el gremio textil perdió un 38,7% y el de prensa un 35,9%, los aceiteros quedaron prácticamente empatados con la inflación y el gremio del neumático mejoró sus ingresos un 10 por ciento.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó en la conferencia de prensa del viernes pasado que el decreto "es la primera expresión de la ley de emergencia" y que, en rigor, el objetivo de la medida es el de "subir aquellos salarios en las negociaciones paritarias no habían logrado un nivel de recuperación adecuado. Apuntamos a los sectores más bajos".
Para Moroni, la medida apunta a garantizar "un piso para que las negociaciones colectivas puedan trabajar de manera más pacífica" y, aclaró que "no estamos intentando suplir las paritarias sino fijar un piso para los sectores más postergados".
El ministro aseguró que "hay un dato más que interesante: 1,3 millones de trabajadores, que representan el 20% de los que están bajo convenio, lograrán recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en 2019. En las categorías más bajas termina siendo un incremento real de entre el 7 y el 20%. En diez de los 25 convenios colectivos la suma fija permite recuperar todo el poder adquisitivo para los salarios básicos". Además, estimó que se inyectarán al consumo unos $ 20 mil millones.
Según datos proporcionados a Tiempo por el ODS, que indagan en el salario inicial a enero de 2020 de diferentes convenios representativos entre los más bajos, el aumento de $ 4000 impactará en un rango que va desde un 11,7% para un administrativo de Comercio que percibe $ 34.149, hasta un 21% para la categoría inicial del convenio textil que percibe $ 18.290 en bruto. Para un ayudante de la UOCRA, el incremento será de un 14%, al igual que para un cadete del gremio de la Sanidad que conduce Héctor Daer, titular de la CGT. Para un ingresante en UOM, el impacto será de un 16 por ciento.
Para el caso de los empleados públicos nacionales, que por el momento no percibirán incremento alguno –aunque Moroni prometió un decreto del mismo tenor para "los primeros días de la semana entrante"–, los $ 4000 pesos implicarían una suba del 20,6% para la categoría F, que si bien es la de menor salario, no es representativa porque en los hechos la inicial es la D0, en la cual el impacto sería del 15,5 por ciento.
La suma, con todo, será a cuenta de futuros aumentos q ue pudieran acordarse en el marco de las paritarias relativas al período 2020.
El texto señala que el aumento "deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias". Se desprende que el pago no debería comprometer los pagos de cuotas ya acordadas y correspondientes a los acuerdos relativos al período 2019. Moroni confirmó que, para esos casos, el aumento "no se superpone y por eso no se compensa". En esa situación se encuentran varios gremios que firmaron paritarias entre los meses de marzo y junio de 2019 y que tienen estipuladas cuotas en los próximos meses.
Sin embargo, al no explicitar el ejercicio al que se refiere en las "futuras negociaciones paritarias", sí podría comprometer las cláusulas de revisión pautadas para el ejercicio de 2019 aunque no así los contados acuerdos que contengan cláusulas gatillo de actualización automática según inflación.
En la primera situación se encuentran los sindicatos de Camioneros, Comercio, Construcción, Sanidad, Prensa y Metalúrgicos que, entre todos, incluyen a más de un tercio de los trabajadores privados bajo convenio que, según datos oficiales, suman poco más de 6 millones.
Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, mostró su beneplácito con el decreto: "Es una medida acertada que va a impactar principalmente en los salarios de menor nivel que han tenido que posponer sus ambiciones paritarias en pos de la defensa de los puestos de trabajo", dijo.
El dirigente recordó que "se cumplió el axioma de Alfonso Prat Gay, que dijo que los sindicatos iban a tener que decidir entre el empleo y los salarios. Esta medida va a impulsar y nivelar la dispersión que existe". Además, destacó que "es importante que sea a cuenta de paritarias, que es una herramienta para incorporar esto en otras paritarias".
Desde el espacio de la CTA Autónoma y Unidad Popular –hoy referenciado en el gobierno–, el economista Claudio Lozano señaló que "la suma fija implica una recuperación promedio de entre el 12 y un 15%, de entre un 6 y un 8% para los salarios registrados, y de un 21% para los no registrados". Lozano calculó que la caída promedio del salario es del 23,6%; para los registrados, del 17%; del 21,4% para el sector público; y del 34,9% para los no registrados, durante el gobierno de Cambiemos.
Sin embargo, aclaró, "eso vale para los nominales hoy. En términos reales hay que ver cómo evolucionan los precios". Por eso, el exdiputado destacó que se trata de "un primer signo de mejora del poder adquisitivo con cierto impacto en el consumo".
Con todo, continuó, "estamos frente a una política muy módica en materia de ingresos, que ya se vio con las jubilaciones y las asignaciones familiares, y tiene más que ver más con una estrategia de contención que con dinamizar el consumo por esta vía. Muestra dos preocupaciones que están presentes en el gobierno: por un lado dar señales de pago a los acreedores que tiene como punto de partida el control de las cuentas públicas y por eso no hay aumentos a estatales ni jubilados, sino bonos. Y, luego, una preocupación inflacionaria que explica que haya una suma fija de esta naturaleza y no un intento más agresivo". «
En Provincia y municipios
El incremento salarial a cuenta de paritarias decidido por decreto por el gobierno podría no llegar a aplicarse en una cantidad de provincias y municipios. El caso extremo es Chubut, donde el gobierno de Mariano Arcioni adelantó que aun no tiene fecha para el pago del aguinaldo de diciembre. Por ello, los trabajadores del Estado se movilizarán mañana en Rawson.
En tanto, los gobiernos de Mendoza y San Juan aseguran que el decreto no corre allí porque están vigentes sendos convenios con cláusulas gatillo.
En las demás provincias aguardarán a la salida del decreto para los estatales nacionales.
Histórico: impulsarán una ley de consumo recreativo del cannabis
Por primera vez unas 28 organizaciones –de Derechos Humanos, salud mental, científicas y de cultivadores– se juntaron para redactar un proyecto basado en criterios de salud pública y que respete el "uso adulto". Recomiendan aplicar las mismas restricciones que al tabaco.
Por Gastón Rodríguez - @Soyelpapadeleon
5 de Enero de 2020
En la Argentina se está preparando una nueva ley de cannabis que apunta al uso recreativo, basada en la reducción de daños y con un objetivo de máxima: quitarles al narcotráfico y sus aliados en las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial la regulación ilegal del mercado. Sus propulsores, entre los que se cuentan 28 organizaciones de la sociedad civil, entre científicas, académicas, especializadas en salud mental y de Derechos Humanos, aseguran que por primera vez en la historia del país es posible una reforma profunda de las políticas de drogas.
El Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis para personas mayores de 18 años, lanzado en septiembre pasado al cumplirse los 30 años de la ley de drogas, plantea la despenalización, no de la sustancia, sino de la conducta como un "imperativo ético". En otras palabras: no importa la sustancia que esté consumiendo la persona; en todo caso es su decisión y no puede criminalizarse.
"La idea es hacer una ley nueva basada en criterios de salud pública. Empleamos el término 'uso adulto', que podría ser un sinónimo de recreativo. No estamos para juzgar y decir lo que tenés que hacer con tu tiempo libre. El uso de la sustancia es privado. En ese sentido no es una ley de cannabis medicinal, aunque sí contemplamos que se puede hacer un uso terapéutico de la marihuana como, por ejemplo, para dormir o bajar un cambio", explica Emilio Ruchansky, periodista y referente del Acuerdo.
La propuesta de Regulación Legal del cannabis tiene cinco puntos en los que remarca que "debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales", recomienda la aplicación de "restricciones similares a las vigentes para el tabaco" y expresa la necesidad urgente de "no criminalizar conductas asociadas al consumo".
"Hablamos de regulación legal –continua Ruchansky– porque de hecho existe una regulación ilegal; un entramado entre narcos, policías y el Poder Judicial que en algún punto hace que todo siga sucediendo como hasta ahora. Matilde Bruera (la abogada penalista y diputada de Santa Fe) lo dice claro: "La policía regula el narcotráfico a través del Poder Judicial".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que participa del Acuerdo, destacan que "existe una persecución policial y penal muy fuerte a la marihuana, la sustancia de mayor consumo y la más fácil de detectar" y describe que "de esta persecución se nutre la gran mayoría de las detenciones de consumidores y las incautaciones que el gobierno nacional presenta como indicadores de éxito. Esta orientación contrasta con iniciativas que en distintas partes del mundo relativizan la nocividad del cannabis y promueven su regulación".
Uruguay, en 2013, y Canadá, en 2018, regularon el mercado de cannabis como forma alternativa de disminuir el narcotráfico. En el caso norteamericano, no sólo se despenalizó el consumo recreativo de marihuana, sino también se indultó a los que habían sido sentenciados ante de la vigencia de la norma por posesión de hasta 30 gramos. Ambos ejemplos son "inspiradores" del modelo propuesto por el Acuerdo de Regulación Legal.
"Uruguay tiene 3 millones de personas. Canadá es más parecido a nosotros. También miramos algunas cosas de Holanda, como el tema de la reducción de daños. Ellos demostraron que la puerta de entrada a las drogas duras no es la marihuana sino el dealer. Regular el cannabis es una medida sanitaria porque evita que el usuario tome contacto con el mercado clandestino", sostiene Ruchansky.
Oportunidad
En su segunda semana en el cargo y luego de derogar varias de las iniciativas de su predecesora, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, adelantó que "el mes próximo vamos a estar estudiando la comercialización de la marihuana con las organizaciones que ya vienen trabajando este tema. La idea es plantear un proyecto de ley al Congreso para que lo discutan democráticamente" y hasta opinó que "el Estado tiene una proporción muy alta de decomiso de marihuana. Muchos de quienes consumen lo hacen con fines recreativos, además del consumo para fines medicinales. Ese consumo recreativo, sabemos que en muchos casos produce menos daño que el consumo de alcohol y no vamos a convertir el alcohol en ilegal".
Luis Osler, presidente del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y director jurídico de la revista THC, se esperanza con el momento histórico: "Nunca antes estuvieron dadas las condiciones como ahora para avanzar en una salida del paradigma prohibicionista porque una reforma de este tipo es imposible sin voluntad política".
Para el abogado especialista en tema de drogas, al "auge" del cannabis medicinal hay que sumarle que, por lo menos en lo que respecta a la ministra de Seguridad, existe "una visión diferente del mundo" respecto a la anterior gestión. "La mentira de las estadísticas hace que tener un porro sea lo mismo que una causa de narcotráfico. El 99% de los casos son por porros, lo que en los números te da una lucha increíble contra el narcotráfico. Esto demuestra la inutilidad de criminalizar usuarios y la importancia de regular".
Para Victoria Baca Paunero, defensora oficial Criminal y Correccional del Departamento Judicial Lomas de Zamora, "el primer gran problema es la Ley penal 23.737 del año 1989".
Esa ley "debe ser modificada en forma urgente para que cese la criminalización de tenedores y cultivadores simples, las internaciones compulsivas y se adecúen las penas en forma proporcional a las de otros delitos de igual gravedad", justifica.
"Veo este Acuerdo con mucho optimismo –insiste Osler– y voy a usar esa frase trillada de que la crisis es una oportunidad. Las condiciones socioeconómicas del país son las ideales para avanzar en el desarrollo de los cultivadores y de emprendimientos solidarios y cooperativos para proveer de aceite gratuito, impactando en la salud pública. Además, con el Estado teniendo la regulación integral del cannabis, hay un control más amplio, cobrando impuestos, aplicando tasas, revisando la higiene y la seguridad, creando fuentes de trabajo y, más importante que todo, sacando de la esfera penal a los consumidores" «.
La abuela que recuperó las plantas que necesitaba su nieto
El lunes 15 de julio de 2019, en el destacamento policial de Calle 4 y 610, en La Plata, ocurrió un hecho histórico: la Justicia le devolvió 32 plantas de marihuana a una cultivadora que producía aceite para su nieto enfermo.
Unos días antes, con el pretexto de buscar un celular y armas, agentes bonaerense irrumpieron en la casa de Araceli Rea, en el barrio Aeropuerto, y aunque no encontraron nada de lo que buscaban, secuestraron las plantas que servían de medicina para un chico que todavía no había cumplido los 2 años diagnosticado con síndrome de West. También se llevaron detenidos a la mujer y su marido.
"Estuvimos desde la 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En ese tiempo, un montón de gente se concentró en la puerta de la comisaría para apoyarnos. Todo el mundo salió en defensa nuestra", le contó Araceli a Tiempo luego de su liberación.
Para la "Abuela cultivadora", como se había popularizado el caso en las redes, faltaba lo más importante. "Hice una nota pidiendo la restitución de las plantas y en una declaración espontánea frente a la fiscal expliqué el caso de mi nieto con su historia clínica, la prescripción médica y la inscripción en el RECANN (Registro Nacional de Usuarios de Cannabis)".
Tiziano, el nieto de Araceli, sufrió una meningitis a los cuatro meses de vida que le dejó secuelas, entre ellas, una lesión cerebral que le provocó el síndrome de West, además de una epilepsia refractaria que, hasta el tratamiento con cannabis, nunca había logrado paliar.
Municipios verdes
En septiembre de 2019, el Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó una ordenanza que permite a la Comuna el cultivo de plantas de marihuana para investigación y uso terapéutico. De esta manera, todas aquellas personas que necesiten aceite de cannabis según prescripción médica podrán acceder de manera gratuita.
La ordenanza fue impulsada por Annanda Cultiva, una ONG local integrada por madres y padres de chicos con enfermedades complejas que requieren tratamiento con cannabis. Así, Hurlingham se convirtió en el primer distrito de Buenos Aires en contemplar la producción por parte del Estado municipal con fines medicinales.
En octubre de 2018, General Lamadrid fue pionero en autorizar el cultivo de cannabis con fines de investigación médica y científica. Luego, en julio de 2019, le tocó el turno a San Vicente de promulgar una ordenanza que permitiera desarrollar un área de cultivo comunitario. Por estos días, en el partido de Rivadavia, se encuentra abierta la inscripción al Registro Municipal de Auto Cultivadores para la producción de aceites con fines medicinales y/o terapéuticos.
Fuente:TiempoArgentino
Tras el anuncio
La UIA apoyó el aumento de salarios por decreto para privados
Desde la Unión Industrial Argentina pidieron "ayuda" para financiar el incremento de los sueldos, pero se mostraron a favor de la medida. Pidieron que sea una "medida excepcional" ya que "la lógica es la paritaria".
El vicepresidente de Asuntos Laborales e internacionales de la entidad empresarial, Daniel Funes de Rioja, explicó que la medida era “previsible”, ya que estaba contemplada en la ley de Emergencia Económica sancionada por el Congreso..
Si bien está de acuerdo, recordó que se debe tomar como una “medida excepcional” ya que “la lógica es la paritaria”.
“La estamos analizando, en la industria hay entre 800 y 1.000 convenios colectivos, y debemos ver el impacto de poner esta suma especial cuando ya hubo aumentos en diciembre y hay otros pactados a futuro. Veremos si necesitamos alguna aclaración o precisión”, agregó en diálogo con radio Mitre.
“Filosóficamente estamos de acuerdo, la intención es buena para con los sectores más perjudicados en los consumos básicos por los niveles de inflación”, sentenció.
Fuente:PoliticaArgentina
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