El ministro de Trabajo, Carlos Moroni, informó el aumento de 4000 pesos para los trabajadores privados
Para recuperar el poder adquisitivo que se perdió en 2019
La primera cuota, de 3000 pesos, se pagará con los sueldos de enero y se completará con otros 1000 en febrero. Los aumentos serán de carácter remunerativo. Las Pymes que cuenten con su certificado correspondiente quedarán eximidas de las cargas patronales durante tres meses. Qué pasará con los empleados públicos.
Por Florencia Barragan
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
El gobierno resolvió finalmente que el incremento salarial otorgado por decreto para los trabajadores del sector privado será 4000 pesos. Con el sueldo de enero se pagarán 3000 pesos y en febrero se sumarán otros 1000. Las pequeñas y medianas empresas quedarán eximidas del pago de contribuciones patronales y tendrán un financiamiento especial. Este aumento salarial no se aplicará para empleados públicos como los docentes, trabajadores rurales y el personal de casas particulares, aunque el Gobierno adelantó que la semana que viene se establecerán medidas de “alcance similar”.
En una conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, detalló el impacto de la medida: “Un millón 300 mil trabajadores lograrán recuperar la totalidad del poder adquisitivo perdido en 2019. Es el 20 por ciento del total de los trabajadores. En las categorías más bajas de los convenios esto termina siendo un incremento real de entre el 7 y el 20 por ciento”. De esta forma, los sectores básicos de 10 de los 25 convenios colectivos de mayor cantidad de personal recuperarán el poder adquisitivo perdido en 2019.
El incremento salarial para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado establece un mínimo y no un tope. “Es una cifra fija para todas las escalas y categorías”, aclaró Moroni. Estará consignado en el recibo de sueldo como un rubro independiente denominado “incremento solidario”.
Por otro lado, Moroni aclaró que los 4000 no son un bono: “Esto no es una suma extraordinaria. Es un incremento de 4000 que sigue hasta tanto sea incorporado por la comisión paritaria, la única diferencia es que se liquida aparte, para no mezclarse con las escalas”. Además, dijo que queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en la paritaria 2020. Y en los casos en los que hubiera aumentos previstos de la paritaria del 2019, los aumentos se van a superponen, no se van a compensar. En diversos momentos se encargó de aclarar que no buscaban reemplazar las negociaciones colectivas y los cambios no modifican las escalas.
La medida tiene dos objetivos. “La política es mejorar el poder adquisitivo”, aseguró Moroni en Casa Rosada. Pero además, desde el Gobierno estiman que el incremento tendrá un “efecto dinamizador” sobre la demanda dado que la suma va a incorporar en la masa salarial 20 mil millones de pesos. La medida beneficia a los 6,03 millones de asalariados registrados del sector privado.
Como el aumento es remunerativo, Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista, explicó cuánto percibirá el trabajador en forma neta: “Cuando se liquide el sueldo al empleado le van a sacar el 17 por ciento de aportes”, explicó. Esto significa que en la práctica con el sueldo de enero se cobrará 2490 y al de febrero se le sumarán 830. Es decir, un total de 3320 pesos a partir de los primeros días de marzo. En el caso de los empleados que prestan servicios por un tiempo inferior a la jornada legal o convencional, también recibirán el incremento, pero en forma proporcional.
Por otro lado, en el artículo 2, el decreto establece importantes aclaraciones. “El incremento deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias”, dice. “Cuando se negocien las paritarias en 2020 las partes decidirán libremente cómo van incorporando esta remuneración al salario, si no negocian un valor mayor, se seguirá aplicando esto”, aclaró Moroni. Además, el aumento no debe ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en un convenio o en un contrato individual. Es decir que como el incremento no se incorpora al básico, no se computa para el cálculo de adicionales, como puede ser el presentismo, dado que en los convenios suelen establecerse como porcentuales de un salario básico.
Pymes
Un punto clave del documento es la referencia a las pymes. Informalmente le habían planteado al Gobierno la semana pasada tener algún tipo de flexibilidad impositiva para poder hacer frente a estos aumentos. Quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales durante tres meses o el menor plazo en el que el incremento sea absorbido por las futuras negociaciones paritarias. Para eso deberán contar con el certificado MiPyme vigente o en caso de no tenerlo, obtenerlo dentro del plazo de 60 días corridos desde la fecha de entrada del decreto. La misma exención tendrán las entidades civiles sin fines de lucro.
Por otro lado, Moroni finalizó la conferencia y dio respuesta a otro reclamo de las pymes: el financiamiento. “Hay áreas del Estado que están pensando mecanismos de financiamiento específico”, adelantó. Minutos después, el Banco Central publicó un comunicado en el que asegura que se flexibilizaran las exigencias de encaje exclusivamente para los bancos que financien a las pymes, a una tasa de interés del 40 por ciento anual. “Es para que las empresas puedan hacer frente a sus necesidades de inversión y capital de trabajo”, explica.
04 de enero de 2020
Panorama económico
La tensión del Central con los bancos por las tasas, los créditos y la UVA
La agenda caliente del Banco Central con el sistema financiero. La lupa está puesta en la demora de los bancos para bajar las tasas, el estancamiento del crédito y la crisis de los préstamos UVA. Las opciones que maneja el presidente del BCRA, Miguel Pesce.
Por David Cufré
Imagen: Guadalupe Lombardo
La respuesta del sistema financiero a la baja de tasas de interés que dispuso el Banco Central desde mediados de diciembre está lejos de satisfacer las expectativas oficiales. El traslado que hicieron los bancos de la disminución de la tasa de referencia de la autoridad monetaria a los créditos que ofrecen a empresas y particulares resultó mínimo. El 20 de diciembre el BCRA anunció un descenso de la tasa de las Leliq del 63 al 58 por ciento, medida que reforzó una semana después para ubicarla en el 55 por ciento actual. Sin embargo, esa reducción de 8 puntos en el costo del dinero apenas se vio reflejada en las tasas que las entidades ponen a disposición del sector privado. Miguel Pesce, presidente del Central, está haciendo un seguimiento día a día de la evolución de los intereses de créditos y depósitos, en un cambio de orientación respecto de la gestión anterior.
Las tasas de los préstamos personales, que el 20 de diciembre estaban en 70,5 por ciento en el promedio del sistema, bajaron diez días más tarde –último dato publicado por el Banco Central- a apenas el 69,8 por ciento, una reducción de 0,7 punto. Los créditos al consumo son fundamentales para activar la economía a través de una inyección de demanda. Los adelantos en cuenta corriente, por su parte, se movieron del 56,9 por ciento al 55,1 en las mismas fechas, una baja de 1,8 puntos. Esta reducción se produjo en las líneas de más de 10 millones de pesos. Como se indicó al comienzo, la tasa de referencia del Banco Central cayó en el mismo período 8 puntos, de 63 a 55 por ciento.
La política monetaria contractiva que caracterizó la gestión del BCRA durante el macrismo irá cambiando gradualmente con la nueva administración. Quedó comprobado que esa estrategia fue ineficiente para contener la inflación, como prometían los equipos que pasaron por el Central entre 2015 y 2019, primero con Federico Sturzenegger, después con Luis Caputo y finalmente con Guido Sandleris. Los precios minoristas aumentaron los cuatro años de gestión de Cambiemos por arriba de los niveles heredados del kirchnerismo, hasta alcanzar el record de 55 por ciento el año pasado, el mayor nivel desde 1991. En esos 28 años la inflación nunca había superado el 50 por ciento.
El establishment financiero, con bancos, consultoras y calificadoras de riesgo, respaldó esa política de contracción monetaria, desregulación de las operaciones de los bancos y apertura de la cuenta capital, para la libre entrada y salida de divisas. Los resultados son los que están a la vista, con abultadas ganancias para las entidades financieras, encarecimiento del crédito hasta tornarlo inviable y fuga de dólares record. El endeudamiento del Estado para lubricar esas políticas es también parte de la herencia a resolver, con el país en default en una porción de su deuda pública y una renegociación inevitable con bonistas y el Fondo Monetario Internacional.
Los hechos contrastan con el sentido común del poder financiero, que aseguraba que las políticas de libre mercado generarían una corriente de inversiones privadas que derramaría en créditos baratos y abundantes, con una inflación cada vez más baja.
Lejos de esa fantasía, que explotó como una burbuja, otra de las cuestiones urgentes a resolver es la situación de las familias endeudadas con créditos hipotecarios UVA, atados a la inflación. El Banco Central suspendió hasta fin de mes la indexación por precios y constituirá una comisión para estudiar una solución definitiva, bajo el criterio del esfuerzo compartido entre bancos y quienes tomaron los préstamos.
La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) aumentó 227 por ciento durante el gobierno de Cambiemos. En abril de 2016, cuando aparecieron estos créditos en el mercado, operaba a 14,05 pesos, mientras que el 10 de diciembre se ubicó en 45,91 pesos. Una persona que en marzo de 2016 sacó un crédito de un millón de pesos con una cuota inicial de 7915 pesos, en diciembre del año pasado pagó una cuota de 25.922 pesos y le debe al banco 3.024.370 pesos, de acuerdo a la estimación realizada por el especialista Christian Buteler. Como se ve, allí no hubo esfuerzo compartido, sino que los daños de la devaluación y la estampida de precios cayeron sobre las espaldas de los deudores, como se advertía desde un comienzo que podía suceder con estos préstamos.
Una tercera cuestión que se analiza en el Central, además de la morosidad de los bancos para bajar las tasas y la crisis de los UVA, es cómo marcha el crédito al conjunto de la economía. En ese terreno tampoco hay demasiada conformidad por parte de las autoridades. Los adelantos en cuenta corriente y el descuento de documentos siguen estancados, mientras que los créditos personales caen en forma constante hace más de un año y en diciembre no se revirtió la tendencia. El Gobierno y el BCRA pretenden que los bancos vuelquen más crédito para acelerar la salida de la recesión, junto con las políticas de estímulo que viene tomando el Estado en distintos frentes. El nuevo bono a trabajadores del sector privado, en ese sentido, se suma a la nutrida lista de medidas que implementó la Casa Rosada, con el bono de 10 mil pesos para jubilados y 2000 para titulares de la Asignación Universal por Hijo en primer lugar.
La opción que desarrolló el Banco Central en su momento, bajo los gobiernos de Cristina Kirchner, entonces con Pesce como vicepresidente de la autoridad monetaria, fue aplicar regulaciones sobre la tasa de interés que podían cobrar los bancos al otorgar préstamos, con topes definidos, y un piso para el rendimiento de los plazos fijos de los ahorristas. De ese modo, se evitó que los bancos ampliaran márgenes de ganancia a costa de empresas y consumidores. Junto con ello, el BCRA dictó normas para orientar el crédito, asignando cupos mínimos de financiamiento a las pymes. Las compañías de seguro y los fondos comunes de inversión, entre otros actores financieros, también participaron de esa política. Desde el Estado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses dio apoyo a la inversión y al consumo, lo mismo que el Ministerio de Industria.
La agenda caliente que se le presenta al Banco Central este verano, con la presión de la renegociación de la deuda como telón de fondo, invita a recuperar aquellas experiencias que fueron exitosas, de modo que en la Argentina se produzca un cambio Central, donde los ganadores no sean siempre los mismos.
04 de enero de 2020
Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, presenció el operativo
Comenzó la liberación de más de 12 millones de dosis de vacunas retenidas en la Aduana
La ley de emergencia sanitaria permitió liberar las vacunas sin pagar los once millones de dólares que el Estado debía abonar en concepto de impuestos a las importaciones.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, participó este viernes al mediodía de la liberación del primer lote de un total de 12,4 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas en la Aduana del aeropuerto internacional de Ezeiza, y dijo que en un plazo de 15 días "va a haber stock de vacunas en todas las provincias".
"Hoy sacamos alrededor de un 8 por ciento de los 12,4 millones de dosis que comenzaron a llegar al país el pasado 5 de junio", dijo González García a la prensa en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA) de la Aduana, donde se inició el proceso de distribución en camiones tras retirar las dosis de cámaras de frío donde permanecieron almacenadas. “Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado. Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”, explicó el ministro. La ley de emergencia sanitaria permitió retirar las vacunas sin el pago de 11 millones de dólares en concepto de impuestos a la importación.
"Hoy sacamos alrededor de un 8 por ciento de los 12,4 millones de dosis que comenzaron a llegar al país el pasado 5 de junio", dijo González García a la prensa en la Terminal de Cargas Argentinas (TCA) de la Aduana, donde se inició el proceso de distribución en camiones tras retirar las dosis de cámaras de frío donde permanecieron almacenadas. “Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado. Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”, explicó el ministro. La ley de emergencia sanitaria permitió retirar las vacunas sin el pago de 11 millones de dólares en concepto de impuestos a la importación.
“Hoy liberamos para uso de los argentinos un 10 por ciento de las vacunas que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses. Solo un Estado indiferente puede haber permitido que esto suceda. Además causaron más daño porque hay que abonar el costo de intereses retrasados dentro de los 30 días”, indicó el funcionario durante el operativo en que fueron liberados 4 de los 49 embarques.
El ministro aseguró que la liberación de las vacunas "se solucionó por nuestra voluntad política y la ley de emergencia social, sanitaria y económica (aprobada por el Congreso) que eximió al Estado de pagar los aranceles y tasas". Estimó que el Estado desembolsó más de 80 millones de dólares "pero quedaba este enorme stock retenido en Aduana" por no haber terminado la operación. “Es una inversión de 83 millones de dólares que el Estado había pagado, pero faltaban pagar los impuestos y tasas para retirar las vacunas”, agregó González García. Se trata de 49 embarques con unidades pertenecientes al Calendario Nacional de Vacunación que serán distribuidas en los próximos 15 días para cubrir el stock del primer trimestre.
González García afirmó además que se comprarán "siete millones de dosis de vacunas más contra el sarampión para cortar el brote (que afecta a la Argentina), que llegarán entre ahora y marzo próximo" y se sumarán a los 2 millones de dosis que permanecían retenidas en la Aduana y están siendo liberadas. "Estamos haciendo acciones en cuatro distritos del conurbano y en la capital, que son los lugares donde tuvimos más casos de sarampión, y luego extenderemos a todo el país", precisó. "Estamos trabajando intensamente para controlar el brote".
Con respecto al dengue, el ministro anunció que la próxima semana se reunirá con los gobernadores de Misiones y otras provincias del norte argentino donde hay mayor riego epidémico, y también con su par de Paraguay para coordinar acciones conjuntas.
Carla Vizzotti, quien asumió el jueves como secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, acompañó al ministro, y aseguró que "están confirmados 97 casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y las regiones 5, 6, 7 y 12 de provincia de Buenos Aires". "Si no se controla el brote, en los próximos 12 meses Argentina va a tener sarampión endémico", advirtió en diálogo con la prensa la funcionaria.
El ministro estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. También participaron la directora general de Aduana, Silvia Traverso, y el gerente general de TCA, Alexander Boot.
Carla Vizzotti, quien asumió el jueves como secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, acompañó al ministro, y aseguró que "están confirmados 97 casos de sarampión en la ciudad de Buenos Aires y las regiones 5, 6, 7 y 12 de provincia de Buenos Aires". "Si no se controla el brote, en los próximos 12 meses Argentina va a tener sarampión endémico", advirtió en diálogo con la prensa la funcionaria.
El ministro estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. También participaron la directora general de Aduana, Silvia Traverso, y el gerente general de TCA, Alexander Boot.
La Ley de Emergencia Económica, denominada de solidaridad social y reactivación productiva, fue aprobada por el Senado el 21 de diciembre pasado y declara once emergencias en diferentes materias y áreas, que van desde la social hasta la sanitaria, las que regirán hasta el 31 de diciembre del año próximo.
04 de enero de 2020
El presidente encabezó el acto de partida del Almirante Irízar
Alberto Fernández: "Tenemos una tierra a la que nunca vamos a renunciar"
El gobierno nacional reafirmó la “legítima e imprescriptible soberanía” sobre las Islas Malvinas e instó a Londres a “reanudar el proceso negociador bilateral” planteado por Naciones Unidas. “Tenemos una tierra a la que nunca vamos a renunciar y reclamar como propia”, afirmó el presidente Alberto Fernández en su primer acto oficial frente a autoridades de las Fuerzas Armadas, al cumplirse 187 años de la ocupación ilegítima de las islas por parte del Reino Unido. El canciller Felipe Solá lamentó los “cuatro años de concesiones diplomáticas” del gobierno de Mauricio Macri, que interpretó como “un retroceso claro en nuestro histórico reclamo de soberanía”, y aseguró que “la Cuestión Malvinas vuelve a ser una prioridad para la política exterior argentina”.
El Presidente reivindicó la soberanía de Malvinas durante un acto en el puerto de Buenos Aires, donde autorizó la partida del rompehielos Almirante Irizar en el marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica. Recordó que “los británicos invadieron las Malvinas” en 1833, que “en nuestras Fuerzas Armadas hay muchos héroes que dieron su vida por las islas” y que a esos soldados el país “les guarda gratitud eterna, consideración y respeto”.
“Es la primera vez que les hablo como presidente. Estoy feliz de lo que hacen. Son los que cuidan nuestra patria. Sigan haciéndolo, es el mejor trabajo que pueden hacer”, afirmó Fernández. “Quiero Fuerzas Armadas absolutamente integradas a la institucionalidad del país”, remarcó antes de dar por iniciada la campaña del Irizar, que partió para completar el aprovisionamiento de dotación y víveres en las bases argentinas en la Antártida. Antes, junto a Solá y los ministros de Defensa, Agustín Rossi, y del Interior, Eduardo de Pedro, recorrió el buque y recordó el incendio que lo destruyó en 2007. “Una vez lo vi pujante y hoy está pujante”, dijo el Presidente.
Rossi destacó el trabajo de reconstrucción del Irízar en el astillero Tandanor y puntualizó que uno de los ejes de su política será impulsar “el criterio de desarrollo de la industria nacional” en temas de Defensa. Cuestionó a su antecesor, Oscar Aguad, por aplicar un criterio de “ajuste fiscal”, en sintonía con la política de Macri. “Necesitamos un proceso de reequipamiento de las fuerzas”, remarcó y recordó el proyecto de ley que antes de asumir como ministro presentó en el Congreso, sobre la creación de un Fondo de Defensa (Fondef) para invertir en la modernización del Ejército, la Marina y la Armada.
“El Gobierno y el pueblo argentino reiteran su permanente y sincera disposición a reanudar el proceso negociador bilateral con el Reino Unido, tal como lo reclama la comunidad internacional”, expresó a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, al recordar la usurpación del 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas expulsaron a la población y autoridades argentinas de las islas. "La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de fuerza ilegítimo y nunca lo consintió”, destacó el ministerio.
La Cancillería señaló que el país “ha rechazado ininterrumpidamente las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en espacios marítimos argentinos” por parte del Reino Unido, así como “la continuada presencia militar británica en el Atlántico Sur”. Esos hechos “violan resoluciones de Naciones Unidas", denunció. Remarcó que la recuperación de la soberanía “constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino” y que continuará con los reclamos “conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes”. En este sentido, manifestó la “predisposición” del país “a retomar las negociaciones con el Reino Unido con el mismo espíritu constructivo que animó a ambos países por casi dos décadas”.
Más temprano, Solá había planteado: “A 187 años de la ocupación ilegal por parte del Reino Unido, Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En el Siglo XXI no hay más lugar para el colonialismo”, aseguró el canciller, y marcó el contraste con la gestión de Macri. “Tras cuatro años de concesiones diplomáticas que significaron un retroceso claro en nuestro histórico reclamo de soberanía, la Cuestión Malvinas vuelve a ser una prioridad para la política exterior argentina”.
El ministro De Pedro coincidió en que “la Cuestión Malvinas debe volver a ser una prioridad para todos los argentinos”. “Es necesario ponerle fin al colonialismo y retomar las negociaciones con el Reino Unido para alcanzar nuestra irrenunciable soberanía política”, escribió en las redes sociales. Rossi apuntó que “soberanía es defender lo nuestro”. “Pasaron 187 años de la ocupación ilegal del Reino Unido en nuestras Islas Malvinas. Hoy tenemos un gobierno que seguirá reclamando por la soberanía argentina", remarcó.
“En la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur seguiremos trabajando para que se cumpla la resolución 2065 de Naciones Unidas y recuperar el ejercicio de la soberanía a partir del diálogo bilateral con el Reino Unido”, afirmó el titular de ese organismo, Daniel Filmus, quien anunció que trabajará con los países de la región para reclamar el diálogo por la soberanía de Malvinas y consideró que el Brexit en el Reino Unido “genera condiciones para que un conjunto de países europeos acompañen la posición de Argentina”.
ARA San Juan
El titular de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que el ministerio puso “a disposición” de la Justicia toda la información que se requiera para determinar las responsabilidades por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2018 y en el que murieron 44 tripulantes.
“Hablé con la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y puse el ministerio a disposición de lo que necesite para ver claramente cuáles son las responsabilidades” de ese hecho. También recordó que hay “una investigación sumaria en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, y espero que esté terminada lo antes posible”.
Fuente:Pagina12
Las claves del decreto para subir los sueldos
Se confirmó que tendrá dos tramos de 3000 y de 1000 que se sumarán al sueldo para sentar un piso en futuras paritarias.
3 de Enero de 2020
En la tarde de este viernes se conoció el contenido del decreto por el cual el gobierno nacional dispone el adelantamiento de aumentos salariales correspondientes a las paritarias de este año. El texto oficial indica que habrá dos subas, una de 3000 pesos que se pagará con el salario de enero, y otra de 1000 pesos, a cobrar con el de febrero.
El decreto aclara varios puntos: en primer lugar, no se trata de bonos por única vez sino de aumentos que quedarán incorporados al ingreso de bolsillo aunque como un rubro independiente en el recibo de sueldo, denominado “incremento solidario”.
En segundo lugar, los 1000 pesos de febrero se “adicionan” a los 3000 pesos de enero, con lo que el asalariado debería contabilizar 4000 pesos en el ítem “incremento solidario” en el recibo salarial de febrero.
En tercer lugar, el incremento será absorbido por los futuros aumentos que surjan de las negociaciones paritarias. Ello incluye aquellos casos en los que la paritaria de 2019 esté abierta o aun no tenga definidos los incrementos posteriores a diciembre de 2019. Una cantidad de sindicatos y cámaras empresarias acordaron paritarias hasta diciembre a fin de negociar –con el escenario político más claro- el tramo final de la paritaria desde enero.
Por último, las pequeñas y medianas empresas certificadas ante el gobierno no abonarán las contribuciones patronales a la seguridad social, es decir, para el grupo de trabajadores que se emplea en ese tipo de empresa el aumento será no remunerativo
La justicia rechazó un reclamo de Bayer de patentar un gen que le da a la soja mas tolerancia al glifosato
El Juzgado Federal Civil y Comercial N°8 porteño no dio lugar a la demanda presentada por el gigante alemán contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Organizaciones ambientales celebraron el fallo. "Se priorizó el bien común de toda la sociedad civil por sobre la pretensión apropiadora de la empresa sobre las semillas".
Por Gastón Rodríguez - @Soyelpapadeleon
El Juzgado Federal Civil y Comercial N° 8 porteño rechazó la demanda presentada por Bayer en la que reclamaba derechos de patentes por una invención de secuencia genética que les permite a las plantas modificadas con el transgen (el gen extraño que lleva inserta la secuencia genética) tolerar niveles de hasta 4 kg/ha de glifosato. La organización Naturaleza de Derechos, que monitoreó la causa desde su origen en 2012, celebró “el rechazo a la pretensión apropiadora de Bayer sobre las semillas, priorizando el bien común de toda la sociedad civil de Argentina”.
Se trata de la causa "Bayer Crospience SA c/ Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual" que estuvo frenada hasta noviembre de 2015, cuando la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la pretensión de la empresa (hoy Bayer - Monsanto) que perseguía un objetivo mucho más amplio: patentar la totalidad de las plantas transgénicas. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que “la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud de Bayer, es materia no patentable”.
Además, consideró que “cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y que tenga aplicación industrial no necesariamente es patentable, ya que la mera innovación no es equiparable a la inventiva, pues se nos presenta solo una modificación de la materia ya existente en la naturaleza que no constituye creación humana alguna, requisito esencial para la procedencia del patentamiento previsto en la legislación”.
Frente al revés judicial, Bayer reactivó su reclamo, ya no por una molécula de ADN recombinante y las células vegetales insertas, sino por el reconocimiento de los derechos de patentes de secuencias genéticas, bajo la consideración de que las mismas son construcciones que se realizan artificialmente en los laboratorios, es decir, según el gigante alemán, no formarían parte de la planta, y por ello, serían patentables.
“El transgen con la secuencia genética, que sería como un código de barras, se insertan en la planta y hace que tolere el glifosato. El primer transgen, de mediados de los 90, hacía que la planta tolerara 0.8 kilos/litros de glifosato por hectárea. El que reclamaba Bayer toleraba 4 kilos/ litros y apunta, sobre todo, a la soja y al maíz. Los nuevos códigos, por ejemplo los de 2019, toleran más de 10 litros”, explica Fernando Cabaleiro, abogado e integrante de Naturaleza de Derechos, la ONG que expuso sobre la pretensión de Bayer en el panel inicial de la Asamblea de los Pueblos, en el marco del Tribunal Monsanto de octubre de 2016 en La Haya.
Ahora, el fallo del juez Marcelo Gota consideró, en base a las conclusiones de peritos, que “la accionante (Bayer) no ha logrado demostrar la ilegitimidad de la conducta del instituto emplazado (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Ante ello, es oportuno reiterar la regla que predica que quien demanda tiene a su cargo la prueba, quien aduce una situación de hecho tiene la carga de aportar evidencia suficiente, punto elemental para fundar su pretensión, porque no es posible dictar una sentencia condenatoria sobre la base de meras conjeturas, máxima en asuntos de ribetes técnico científicos como el presente”.
Fuente:TiempoArgentino
Escándalo: denuncian a la gestión de un ex intendente PRO por vender licencias truchas a vecinos de otros distritos
Ramiro Tagliaferro, el ex jefe comunal de Morón y ex esposo de María Eugenia Vidal, quedó salpicado por una denuncia penal por un supuesto negocio que dependía del municipio que dirigía para otorgar a cambio de una coima registros de manejo falsos a habitantes de otros distritos. Mirá cómo era la maniobra.
En lo que ya parece una constante informativa diaria, hoy se conoció un caso más de los escándalos de corrupción que dejó el macrismo, a pesar de jactarse por su supuesta "transparencia de gestión". En este caso, el protagonista central es Ramiro Tagliaferro, el ex intendente por Cambiemos del municipio de Morón, cuya administración fue denunciada penalmente por vender a cambio de coimas licencias de conducir truchas a vecinos de otros distritos.
La presentación judicial que impulsaría la investigación fue confeccionada por la Oficina Anticorrupción de Morón en la UFI N° 4 y solicita que se indague la presunta entrega ilegal de registros de manejo por parte de funcionarios y agentes de la gestión anterior, en manos del macrismo. En las elecciones del año pasado, Tagliaferro, el ex esposo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, perdió contra el representante del Frente de Todos, el actual intendente Lucas Ghi.
Según dijeron fuentes al tanto de la investigación al portal LPO, la maniobra de la gestión de Tagliaferro, que supo ser uno de los caudillos bonaerenses más encumbrados del macrismo, era asÍ: habitantes de otros distritos -particularmente de municipios vecinos, como La Matanza y Moreno- se acercaban al edificio de la Secretaría de Seguridad, donde iniciaban el trámite otorgándole un domicilio falso. Luego, se le otorgaba a cada una de ellos un registro a cambio de plata, entre 3 mil y 8 mil pesos sin realizar ningún tipo de examen.
Desde la OA local sostienen que se trata de 94 casos detectados en los últimos tres meses, aunque vaticinan que debe haber "miles" de personas en la misma condición.
La denuncia salpica a Tagliaferro por ser la máxima autoridad durante este tiempo, pero apunta principalmente a su secretario de Seguridad, Bernardo Magistocchi, y a la abogada Diamela Rocío Alvarito, la directora de Transporte, que era la persona finalmente a cargo ya que ponía su firma para aprobar cada licencia.
La denuncia quedó en manos de la justicia y deberá investigar la fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky por la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
La presentación judicial que impulsaría la investigación fue confeccionada por la Oficina Anticorrupción de Morón en la UFI N° 4 y solicita que se indague la presunta entrega ilegal de registros de manejo por parte de funcionarios y agentes de la gestión anterior, en manos del macrismo. En las elecciones del año pasado, Tagliaferro, el ex esposo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, perdió contra el representante del Frente de Todos, el actual intendente Lucas Ghi.
Según dijeron fuentes al tanto de la investigación al portal LPO, la maniobra de la gestión de Tagliaferro, que supo ser uno de los caudillos bonaerenses más encumbrados del macrismo, era asÍ: habitantes de otros distritos -particularmente de municipios vecinos, como La Matanza y Moreno- se acercaban al edificio de la Secretaría de Seguridad, donde iniciaban el trámite otorgándole un domicilio falso. Luego, se le otorgaba a cada una de ellos un registro a cambio de plata, entre 3 mil y 8 mil pesos sin realizar ningún tipo de examen.
Desde la OA local sostienen que se trata de 94 casos detectados en los últimos tres meses, aunque vaticinan que debe haber "miles" de personas en la misma condición.
La denuncia salpica a Tagliaferro por ser la máxima autoridad durante este tiempo, pero apunta principalmente a su secretario de Seguridad, Bernardo Magistocchi, y a la abogada Diamela Rocío Alvarito, la directora de Transporte, que era la persona finalmente a cargo ya que ponía su firma para aprobar cada licencia.
La denuncia quedó en manos de la justicia y deberá investigar la fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky por la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
Oficial
La ministra de Seguridad designó al nuevo jefe de la Policía Federal
Se trata de quién hasta hoy era jefe de la Dirección General de Seguridad. También fuero nombrados los nuevos jefes de Gendarmería, Prefectura y de la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En este último caso la fuerza quedó a cargo de un civil.
Al frente de la Policía Federal fue designado Juan Carlos Hernández, quién hasta hoy se desempeñaba como jefe de la Dirección General de Seguridad.
También integró la Superintendencia de Custodia y será secundado por Osvaldo Rubén Mato, quien encabezó el Cuerpo de Prevención Barrial y las dependencias de la Federal dedicadas al control de violencia en villas de emergencia.
El director de la Gendarmería Nacional será el comandante general Andrés Sebelli. Su segundo será el comandante general Javier Lapalma, hasta hoy director de investigación criminal.
La Prefectura quedará a cargo de Mario Farinoni.
En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el director nacional será un civil, el licenciado José Alejandro Guinsky
Fuente:PoliticaArgentina .
Reclamo de ATE: "El aumento para estatales tiene que ser el mismo que para los privados”
Viernes 03 de Enero
Así lo afirmó el titular de la seccional Capital, Daniel Catalano, quien apuntó que tienen afiliados debajo de la línea de pobreza.
El titular de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano, habló del aumento generalizado que se aplicará por decreto en los próximos días: “Hicimos un pedido formal para que a los empleados públicos se nos contenga de la misma manera que a los privados”.
En ese sentido, reclamó que el aumento "para los estatales tiene que ser del mismo monto que para los privados. De unos 5 mil pesos a cuenta de la paritaria”.
Al respecto, indicó a El Destape Radio: “Tenemos a una franja de estatales que vive por debajo de la línea de pobreza”. Por eso reclamó que perdieron "entre un 35 y un 42% de masa salarial en los últimos cuatro años. Todas las paritarias fueron a la baja”.
Además, Catalano afirmó: “No estamos de acuerdo con la economía popular como la referencia para salvar a la gente. Creemos en el trabajo formal como única salida. Queremos que haya fábricas y empresas”.
Fuente:Infonews
Cuándo y cómo se cobra el salario solidario, todos los detalles del aumento decretado por el Gobierno
Casi un millón y medio de trabajadores recibirá un incremento salarial de 3000 pesos en enero, a los que se le sumarán otros 1000 pesos más en febrero.
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, explicó hoy los detalles del "salario solidario" que recibirán todos los trabajadores del sector privado, ya sea que trabajen en grandes, pequeñas o medianas empresas. El texto del decreto será publicado mañana sábado en el Boletín Oficial, cuando entrará formalmente en vigencia.
En línea con las medidas adoptadas en los últimas semanas, el gobierno de Alberto Fernández dispuso una recomposición que se incorporará al salario con el objetivo de recuperar al menos en parte el poder adquisitivo perdido por la alta inflación generada por el ex presidente Mauricio Macri.
Según el funcionario del Frente de Todos, los trabajadores y trabajadoras alcanzados serán 1.300.000 y recibirán 3000 pesos con el sueldo de enero y 1000 pesos adicionales con el sueldo de febrero. No será necesario realizar ningún trámite por parte de los empleados y el aumento es de carácter obligatorio para los empleadores. Además, para facilitar el control, el mismo deberá consignarse en el recibo de haberes como un rubro independiente denominado "incremento solidario".
Al no tratarse de un bono sino de un aumento de salario, no se recibirá por única vez ni afectará los aumentos paritarios ya acordados previamente. Es decir que si producto de las paritarias de 2019 un trabajador ya tiene previsto algún otro aumento para los primeros dos meses del año, éste no se compensa con el decretado por el Gobierno sino que se adiciona.
Esta suba del sueldo será luego contemplada y podría ser absorbida en el marco de la negociación colectiva que realice cada gremio para el período 2020. Hasta tanto eso ocurra, se percibirán los 3000 en enero o 4000 mil pesos a partir de febrero. En definitiva, funcionará como un adelanto y un piso mínimo de la paritaria que aún no se comenzó a discutir para este año. Al ser un incremento remunerativo que se incorpora al salario, deberán aplicárseles los descuentos correspondientes por lo que el monto en el bolsillo será algo menor.
Tanto en el caso de las entidades civiles sin fines de lucro así como las Micro, Pequeñas y Medianas empresas se contempla que éstas no tengan que cumplir con la obligación de pagar las contribuciones patronales, pero sólo lo que respecta al incremento solidario. En este caso, las empresas deberán contar con el Certificado MiPyME. Aquellas que no lo tengan tendrán 60 días para tramitarlo.
Los trabajadores estatales, así como los que realizan sus tareas en el campo o en las casas particulares serán contemplados en otras medidas que se definirán en los próximos días. En el caso del Sector Público Nacional, el ministro de Trabajo aseguró que el monto será similar pero que recién estará definidos los últimos detalles la semana que viene.
La Comisión de Trabajo Agrario y la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares evaluará la posibilidad de instrumenten medidas tendientes a recomponer los ingresos de dichos trabajadores, que en general se encuentran entre los de menores recursos.
"Es un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de Solidaridad, normalmente conocida como la Ley de Emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados", dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en conferencia de prensa en Casa Rosada.
"En las categorías más bajas de los convenios de mayor cobertura de personal, esto termina siendo un incremento real entre el 7% y el 20%", completó Moroni. Entre estos sectores se encuentran los rubros de construcción, entidades deportivas, estaciones de servicio, pasteleros, cuero, encargados de edificio, alimentación y sanidad.
¿De cuánto será el aumento solidario a estatales y cuándo será?
La incorporación del aumento solidario se dará en términos muy parecidos al del sector privado. El anuncio oficial llegará la próxima semana.
Tras el anuncio de la suba salarial para el sector privado, los estatales aguardan saber cómo serán alcanzados por la actualización . El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó que el incremento será muy parecido, aunque deberán trabajar la aplicación debido a que la estructura del empleo público es diferente.
En conferencia de prensa, el jefe de la cartera laboral señaló que para el "sector público nacional” harán efectiva una medida “similar”. En ese sentido, añadió que “tiene una complejidad administrativa, por lo que estará lista la semana que viene”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado ya anticiparon que el aumento también será de $ 4.000, como a los privados.
Sin embargo, tendrá algunas diferencias. No se cobrará en enero y febrero sino que será desdoblado de la siguiente manera: $3.000 en el mes de febrero y $1.000 en marzo. Además, habrá un tope por nivel de ingresos: Los beneficiarios serán aquellos que cobren por debajo de los $60.000.
Mediante un comunicado, ATE informó que dicho aumento será a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual no forma parte de una negociación entre las partes y, al igual que el del sector privado, será deducible de la paritaria 2020. Por lo tanto, en el caso de los estatales no afectará a los aumentos (5% enero y 5% en febrero) previstos en la paritaria de 2019.
Mediante un comunicado, ATE informó que dicho aumento será a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual no forma parte de una negociación entre las partes y, al igual que el del sector privado, será deducible de la paritaria 2020. Por lo tanto, en el caso de los estatales no afectará a los aumentos (5% enero y 5% en febrero) previstos en la paritaria de 2019.
El artículo 4° del decreto que se publicará el sábado excluye en forma explícita a los trabajadores del Sector Público Nacional, del régimen de Trabajo Agrario y del personal de Casas Particulares. Mientras que para los empleados públicos se concretaría la suba, para los otros dos sectores se estudiará el tema a través de "comisiones".
“Apuntamos a los sectores más bajo de la escala salarial con un piso de negociación. No queremos suplir a la negociación colectiva, sino simplemente fijar un piso para que los sectores que habían quedado postergados", subrayó Moroni.
De acuerdo al ministro, unos 1,3 millones de trabajadores recuperan el poder adquisitivo perdido en todo el 2019, lo cual equivale al "20% de los trabajadores". El funcionario aclaró que se eximirá a los empleadores de pagar contribuciones patronales sobre estas sumas por tres meses.
Fuente:ElDestape
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