Resumen Latinoamericano* / 20 de febrero de 2020
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, informó que Evo Morales no podrá participar en las elecciones generales de 2020, que se celebrarán el 3 de mayo.
Durante una rueda de prensa, el funcionario comunicó que las candidaturas de Evo Morales al Senado por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, como candidato a primer senador por Potosí, fueron inhabilitadas.
#URGENTE El presidente del @TSEBolivia, Salvador Romero, informa que Evo Morales quedó inhabilitado para participar de las #EleccionesGenerales2020 del 3 de mayo.
Salvador Romero explicó que las candidaturas de Morales y Pary fueron inhabilitadas por incumplir con el requisito de residencia permanente.
Sputnik*
Por José Luis Méndez Méndez, colaboración especial para Resumen Latinoamericano, 20 febrero 2020.-
El tiempo sigue su agitado curso y la dictadura boliviana está contra reloj, pero su esencia y naturaleza fascista le impide azucarar su deteriorada imagen. Los golpistas, de actuar torpe, aspiran a perpetuarse en las próximas elecciones de mayo, pero persisten en mantener irresueltos casos de flagrantes violaciones de los derechos humanos e incluso delitos de lesa humanidad, esos ilícitos que nos prescriben en el tiempo y que los perseguirán mientras detenten el poder y después que sean expulsados por el pueblo organizado, que recuperará la democracia y reivindicará la patriótica gestión del Movimiento al Socialismo y del Gobierno de Evo Morales Ayma.
Mantienen conflictos diplomáticos con España, Argentina, México y otros países, rompieron relaciones con Cuba por mandato de la desacreditada colonia de estados americanos que es la OEA, dirigida por el agente de la CIA, el basilisco Luis Almagro.
Se les priva de salvoconducto, para salir del país, a un grupo de ex funcionarios del legítimo Gobierno de Evo Morales, refrendado en las elecciones del pasado octubre y derrocado por los tradicionales militares golpistas.
Están en precarias condiciones, se les trata de quebrar la voluntad, los usurpadores han apelado a los más viles ardides, como detener a sus familiares, servidores, hombres y mujeres allegados a los asilados, se les ha confinado en prisión y fabricado contra ellos los más perversos delitos, que no tienen sustento legal ni jurídico, pero les permite convertirlos en rehenes negociables.
Pero también están protegidos por la digna actitud de las autoridades mexicanas que con las buenas prácticas de su inveterada política de Derechos Humanos y sólida diplomacia han frenado las pretensiones de los autoproclamados.
Son enemigos de la prensa nacional e internacional, no está esclarecida la sospechosa muerte del periodista argentino Sebastián Moro, ocurrida en los días del golpe y cuyos familiares claman por verdad y justicia. Otros profesionales de la información han sido hostigados y se les ha obstaculizado el ejercicio pleno de su profesión en medio de un país, que pese a la sistemática represión, no está controlado, es inseguro y las soluciones extrajudiciales son experiencias cotidianas.
El caso más notorio es el confinamiento, hace más de tres meses, del reportero gráfico argentino Facundo Molares, quien agoniza en una cárcel sin asistencia médica a sus dolencias, en un limbo jurídico, sin considerar la petición, hace un mes, de su abogado, de ser trasladado de inmediato a un centro hospitalario para su atención. Se ignoran los pedidos de sus familiares de poder visitarlo, los reclamos de organizaciones sociales en Argentina y en otros países que exigen su liberación y traslado a su país natal. Pareciera que los castrenses abogan por dejarlo morir, una advertencia que pende sobre ellos.
Su padre ha realizado ingentes esfuerzos, acudido a medios de prensa, participado en eventos de solidaridad, donde se ha escuchado sus tristes testimonios, los cuales explican que Facundo se encontraba en sus labores periodísticas en días previos al golpe, cuando sufrió una insuficiencia renal aguda, fue internado en una clínica privada, llevado después a un hospital de donde fue secuestrado por fuerzas golpistas, que lo incomunicaron en la cárcel de Chonchocoro, donde se encuentra actualmente, allí perdió la visión de su ojo derecho. Le fabricaron ilícitos, se encuentra incoado en una causa de muchos acusados y pocas pruebas.
La asistencia legal y diplomática ha sido tortuosa, las autoridades gubernamentales argentinas han hecho gestiones para una pronta solución, como su gravedad lo exige y que razones humanitarias pongan fin a su cautiverio, pero los tardos carceleros han hecho oídos sordos a las peticiones diplomáticas.
Los autoproclamados suponen que serán eternos al renovarse en las urnas, por ello ignoran las medidas cautelares, que con carácter obligatorio han declarado instancias regionales de Derechos Humanos, como la emitida por la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH de la OEA, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, con fecha 10 de febrero de 2020, en cuyo texto se consigna la solicitud de Información MC-1120-19 a petición de Néstor Hugo Molares, padre de Facundo y emplaza a que en un término de siete días se informe sobre su situación física y legal.
La nota, amparada en el artículo 25 (5) del Reglamento de la CIDH, inquiría aportar información sobre la situación de salud de Facundo Molares, cuál ha sido su diagnóstico; si está recibiendo tratamiento necesario y si tendría acceso a consultas médicas regulares, así como aportar las certificaciones médicas correspondientes, que den fe sobre si en su confinamiento habría mejorado, empeorado o si se mantendría estable su estado de salud.
Los términos son claros y los golpistas están en un atolladero, cómo responder a esa medida cautelar de la CIDH, sin falsear la realidad del confinado, tendrán que acudir a falacias. Lo cierto es que el tiempo ha expirado para una respuesta veraz y esta no llega. Se impone que la solidaridad internacional exija la presentación con vida de Facundo ante una comisión de la CIDH, no basta con preguntar cuál ha sido la suerte del secuestrado, que es conocida, es necesario preservar su vida.
De Gobierno de transición a «Gobierno de transacción»
Resumen Latinoamericano, 20 febrero 2020
Si bien la cultura de robarle al estado, hace a la esencia del modelo neoliberal, jamás se habían visto tantas denuncias de corrupción juntas. Los autoproclamados decidieron abandonar las formas y se dedicaron a saquear, pistola en mano, al estado.
La lógica de este festival de corrupción, parece ser: “hay que apurarse a chorear, porque luego del 3 de mayo, nos vamos a tener que ir del gobierno”.
En menos de 12 horas, cuatro altas autoridades fueron involucradas en casos de corrupción; Iván Arias (ministro de desarrollo productivo), Martha Yujra (ministra de culturas), Isabel Fernández (ministra de comunicación) y Víctor Hugo Cárdenas (ministro de educación).
La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Yola Mamani Callisaya, fue filmada mientras le dice a una persona: “El contrato es por 6 meses, hasta la transición de mando, estaríamos hablando de 10 mil bolivianos, ¿entiende? No es para mí, la orden viene de más ‘arriba’ ¿entiende?”
El Director General de Estrategias y el jefe de la Unidad de Difusión, ambos funcionarios del Ministerio de Comunicación, fueron trasladados enmanillados de las instalaciones de la institución.
El exgerente de Entel, Elio Montes, está prófugo, escondido en alguna ciudad de EEUU.
Y la policía, incautó 400 kilos de cocaína en la laguna San José departamento de el Beni. Tierra natal de la autoproclamada.
fuente: Primera Línea
Envio:RL
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