Por Luis F. Rodríguez Jiménez/ Resumen Latinoamericano/ 17 de febrero de 2020
Tras ocurrida la tragedia en Villa El Salvador -a consecuencia de la fuga de gas de un camión cisterna de la empresa Transgas- el pasado 23 de enero, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha enfrentado diversos cuestionamientos sobre sus funciones frente al fatal accidente. Entre ellos están los referentes a las autorizaciones y la fiscalización para la distribución a granel de Gas Licuado de Petróleo (GLP),
Tal como informó Wayka en una anterior publicación, el accidente que asciende a 30 víctimas mortales hasta el momento, podría haberse evitado si se declaraba fundada una acción de amparo -presentada desde 2011- contra el reglamento de supervisión de Osinergmin. Este recurso fue interpuesto por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), primero en el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao y luego en la Primera Sala Civil de esa misma corte superior de justicia. En ambas instancias, la acción de amparo fue rechazada.
De haberse declarado fundada la acción de amparo o mejor dicho si se hubiera aceptado dicho recurso interpuesto en el Callao, la suspensión del Reglamento de Registro de Hidrocarburos de Osinergmin hubiera servido para que se dé en todo el país, según José Carlos Mallma, especialista en derecho del consumidor y regulación de hidrocarburos.
A raíz de la negativa de la acción de amparo, un recurso de agravio constitucional había sido elevado en mayo de 2018 al Tribunal Constitucional; es decir, casi 2 años antes de la tragedia de Villa El Salvador. Y hasta la fecha, no tiene un pronunciamiento por parte del TC.
Desamparo constitucional
La historia versa así. El 18 de octubre de 2011, el consejo directivo de Osinergmin aprobó el nuevo Reglamento del Registro de Hidrocarburos. Ese mismo año, IDLADS – una entidad de la sociedad civil- interpuso una acción de amparo para evitar que el reglamento fuera aplicado en la red de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del Callao, ya que detectaron en él una serie de deficiencias. Sin embargo, en diciembre de 2017, la acción de amparo fue declarada infundada por dos instancias de la Corte Superior de Justicia del Callao.
Debido a esto, IDLADS solicitó a la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao que la causa fuera elevada al Tribunal Constitucional por medio de un recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la jueza Yrma Estrella Cama de dicha corte superior.
El 18 de mayo de 2018, la causa de IDLADS ingresó a la Sala 2 del Tribunal Constitucional, presidida en ese entonces por el magistrado Manuel Miranda Canales e integrada también por los magistrados Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón de Taboada. Casi dos años después, el Tribunal Constitucional continúa sin pronunciarse sobre la referida causa.
Vale mencionar que, desde enero de 2020, la Sala 2 del Tribunal Constitucional es presidida por el magistrado Augusto Ferrero Costa e integrada además por José Luis Sardón y Ernesto Blume.
Fuente: Wayka.pe
Poder Judicial vuelve a postergar caso de sindicalista asesinado por Comando Rodrigo Franco hace 31 años
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2020
Treinta y un años después, el Poder Judicial sigue sin resolver el caso de Saúl Cantoral, el dirigente sindicalista de la Federación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica del Perú asesinado en 1989 por miembros del Comando Rodrigo Franco, un grupo paramilitar acusado de ejecutar y desaparecer dirigentes estudiantiles y sindicalistas durante el primer gobierno de Alan García.
Este lunes 17 de febrero, se tenía programada una audiencia en la Sala Penal Nacional en donde estarían frente a frente un testigo de la Fiscalía contra Jesús Miguel Ríos Sáenz, alias ‘Chito Ríos’, acusado de ser el autor mediato de su asesinato por ser el presunto cabecilla del Comando Rodrigo Franco. Sin embargo, la sesión se postergó para el próximo mes porque la Fiscalía no pudo notificar al testigo.
Actualmente, ‘Chito Ríos’ es defendido por Humberto Abanto, abogado de miembros de la cúpula fujimorista acusada de presunta organización criminal.
Pese a que ‘Chito Ríos’ ha negado los cargos, existen testimonios de testigos en su contra. Según el exsuboficial de La Marina, Miguel Aurelio Exebiio Reyes, ‘Chito Ríos’ coordinaba con el jefe de Inteligencia, Luque Freyre, y el exministro del Interior, Agustín Mantilla; y el expresidente Alan García “sabía todo, y las altas esferas del partido sabían de la existencia del comando”.
La noche del 13 de febrero de 1998, Saúl y su compañera sindicalista Consuelo García Martínez fueron interceptados por un auto y raptados. Cerca de las 11 de la noche, de ese mismo día, un patrullero de la Policía encontró el cuerpo de Saúl tirado boca abajo alrededor del Parque zonal Huiracocha, en Canto Grande, con heridas de bala.
Luego de las investigaciones de la Comisión Herrera del Congreso de la República y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se determinó que los responsables de las muertes de ambos sindicalistas fue el comando paramilitar Rodrigo Franco.
Desde junio de 1989, el caso de Saúl Cantoral pasó hasta por 8 fiscalías distintas sin iniciar investigación alguna. Recién en enero de 2004, tras la denuncia presentada por la CVR ante la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió investigación.
Fuente: Wayka.pe
Acusado de lavado Fidel Sánchez aparece detrás de exportadora de oro en zona de minería ilegal
Por Ernesto Cabral y Santiago Sánchez / Resumen Latinoamericano/ 17 de febrero de 2020
La compañía peruana Corporación del Centro (CDC), ubicada en una de las zonas más emblemáticas y violentas de la minería informal del norte del Perú y convertida en exportadora de oro a EE.UU. y la India, declaró que sus accionistas eran una offshore en Uruguay y una aseguradora de Nueva Zelanda. Sin embargo, los documentos descubiertos por las autoridades neozelandesas en un proceso de liquidación contra esta última, establecieron que la persona detrás de la minera es Fidel Sánchez Alayo, procesado por lavado de dinero de las drogas a nivel internacional.
En 2019 OjoPúblico reveló el papel de Fidel Sanchez en una operación financiera para favorecer a Corporación del Centro con un préstamo de US$3 millones por parte del Banco Nacional de Samoa. La participación en esta transacción del hijo de empresario liberteño Manuel Sánchez Paredes, procesado principal del Caso Sánchez Paredes, fue detectada e investigada por las autoridades de Nueva Zelanda y posteriormente revelada por el medio The National Business Review (NBR) de dicho país.
En ese contexto, OjoPúblico de Perú y la diaria de Uruguay hicieron una investigación conjunta para profundizar en el caso iniciado por las autoridades de Nueva Zelanda y hallaron que la exportadora de oro, que posee concesiones dentro del convulsionado cerro El Toro (Huamachuco, La Libertad), llegó a tener como accionistas a la offshore Nikoley de Montevideo, a la aseguradora neozelandesa Contractors Bonding Limited (CBL,liquidada definitivamente en 2019) y a un contador uruguayo llamado Diego Martínez Bernie, quien al mismo tiempo ejercía como representante de Nikoley.
OPERACIONES. La compañía Corporación del Centro (hoy Summa Gold) tiene siete concesiones mineras en los alrededores del cerro El Toro.
Martínez Bernie es propietario de MM&AGlobal Consulting Network desde 1995. Esta empresa es proveedora de “servicios jurídicos y fiscales” para “empresarios del exterior”, y opera en 18 países de América. Además, es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Mercosur y Sudeste Asiático, tiene múltiples contactos políticos en Uruguay y está vinculado junto a su hermano Luis Martínez a otras offshore en Bahamas, Malta y Panamá. La prensa uruguaya incluso involucró a Martínez Bernie con operaciones sospechosas del expresidente Néstor Kirchner.
Este caso se originó el 2018 cuando el Banco Central de Reserva de Nueva Zelanda inició un proceso de liquidación de la aseguradora neozelandesa que acabó con su aprobación en la Corte Superior de dicho país. En esta intervención, los auditores recolectaron información de los correos corporativos de CBL, accionista minoritaria de Corporación del Centro; mientras que la Serious Fraud Office, una fuerza especializada del Ministerio de la Policía de Nueva Zelanda para crímenes económicos, también se involucró en el tema y acusó al dueño de CBL, Peter Harris, por irregularidades financieras.
Precisamente, en dichas pesquisas las autoridades de Nueva Zelanda encontraron más de 40 correos electrónicos en poder de CBL que confirman la posición de dominio de Fidel Sánchez respecto de la exportadora de oro Corporación del Centro, por intermedio de la sociedad offshore uruguaya Nikoley. En uno de los mails más reveladores del expediente de este caso, Peter Harris, de la aseguradora neozelandesa, llegó a escribir el 2010: “El principal accionista de la compañía [Corporación del Centro] responde a los intereses del Sr. Fidel Sánchez”. Una foto de estos dos personajes, incluida en la memoria anual de CBL, confirma su estrecha relación.
ENCUENTRO. Los archivos de CBL incluyen una foto de Fidel Sánchez junto con Peter Harris, en ese entonces director de la aseguradora neozelandesa, durante una visita a Perú.
Corporación del Centro fue creada en 2009 –casi en paralelo al inicio de las pesquisas de la Policía Antidrogas contra Fidel Sánchez y su familia por lavado y hoy tiene un capital de US$3,6 millones. Según el Ministerio de Energía y Minas, dicha compañía tiene siete concesiones en Huamachuco (La Libertad), pero no declara producción anual. Sin embargo, entre 2012 y 2019 registró exportaciones por 18 toneladas de oro a países como India, EE.UU., e Italia. En septiembre de 2019, después de que OjoPúblico y la diaria visitaran la sede de Nikoley en Uruguay, la minera cambio de nombre a Summa Gold Corporation.
En el papel, Corporación del Centro fue creada en Lima el 2009 por los peruanos Ricardo Godofredo Canales Canales y Víctor Narciso Núñez Mendoza. En los Registros Públicos no existe mayor información sobre si estas personas siguieron en el accionariado. Sin embargo, documentos que obran en el expediente abierto por la justicia de Nueva Zelanda, indican que la exportadora de oro peruana llegó a decir en 2012 que su dueña principal era la offshore uruguaya Nikoley, creada el 2009, y que también tiene como representante al contador Diego Martínez Bernie con acciones al portador.
«NIKOLEY SA URUGUAY ACTÚA POR LOS INTERESES DE FIDEL SÁNCHEZ», ASEGURÓ PETER HARRIS, EXDIRECTOR DE CBL DE NUEVA ZELANDA.
Aquellos documentos incluso identifican al contador uruguayo como el dueño del 1% de las acciones de Corporación del Centro junto a Nikoley, aportando ambos más de US$742 mil en 2012. Ese año el resto del capital fue aportado por la ya citada Contractors Bonding Limited (CBL), empresa de Nueva Zelanda dirigida en ese entonces por el empresario Peter Harris, natural de dicho país.
De igual manera, Corporación del Centro ratificó el 2019 –siete años de su primera afirmación– que la uruguaya Nikoley sigue siendo su accionista en el marco de la denuncia penal que una de sus representantes en Lima plantearon al Ministerio Público contra el periodista Tim Hunter de The National Business Review de Nueva Zelanda, el primer medio que difundió las pesquisas iniciadas el 2018 por las autoridades de dicho país. La empresa minera acusa al periodista de falsificar los documentos oficiales que publicó con el objeto de invalidar los correos que revelan la participación de Fidel Sánchez.
El nombre de Fidel Sánchez no debe aparecer
En el archivo judicial de Nueva Zelanda, OjoPúblico y la diaria identificaron más de 40 correos entre la aseguradora Contractors Bonding Limited y la minera que confirman el vínculo entre Fidel Sánchez y Corporación del Centro. Un primer grupo de correos, enviados entre mayo y junio del 2010, detalla las conversaciones del neozelandés Peter Harris con el empresario estadounidense Glen Hammer y el abogado peruano Gino Sangalli, que entonces laboraba en la firma legal Rodrigo, Elías 6 Medrano respecto de los antecedentes judiciales de Sánchez Alayo.
En este primer periodo, Harris intercambió cuatro correos con Glen Hammer, quien es descrito como “amigo de Fidel Sánchez”, para coordinar un préstamo de US$3 millones por parte de la aseguradora neozelandesa a la minera peruana. “El nombre de Fidel [Sánchez] no aparecerá en ningún documento”, dijo Hammer en un correo del 27 de mayo de 2010.
“Claramente, él [Fidel Sánchez] no quiere su nombre en ningún documento del préstamo […] en ningún documento bancario”, respondió Harris más adelante, el 3 de junio del mismo 2010. En esta comunicación, el entonces director de la aseguradora además advirtió que “el nombre de Fidel (o de su familia) es una alerta roja en Perú”. Efectivamente, Sánchez Alayo, junto a su padre Manuel Sánchez Paredes y sus tíos Orlando y Wilmer registran antecedentes por narcotráfico a nivel internacional desde los años 80. Otros dos de sus tíos Perciles y Simón fueron asesinados.
ACCIONISTA. Trabajadores de la aseguradora CBL también confirman que la mina de oro en el Toro es de propiedad de Fidel Sánchez.
CORREO PERSONAL. En septiembre de 2012, el «Ing. Fidel Sánchez» recibió un mensaje donde figura Nikoley y Diego Martínez como accionistas de la mina.
ARMAS. Fidel Sánchez es dueño del 88% de la compañía minera, porta cuatro armas y es resguardado por seguridad privada, contó Peter Harris.
APUNTES. Luego de visitar la mina en el cerro El Toro, Peter Harris anotó que la offshore Nikoley responde a los intereses de Fidel Sánchez.
REUNIÓN. Un segundo correo es remitido de manera directa a «Fidel Sánchez», según los archivos judiciales de Nueva Zelanda, en diciembre de 2012.
ORO O DINERO. La correspondencia de Corporación del Centro alberga un tercer correo remitido a Fidel Sánchez, acusado de lavado de dinero.
EL NOMBRE. En un primer momento, el director de CBL, Peter Harris, rechazó ocultar el nombre de Fidel Sánchez en las negociaciones.
ALERTA ROJA. En un segundo correo, Peter Harris detalla que el nombre de Fidel Sánchez enciende las alarmas en Perú por sus investigaciones.
CONSEJO. El abogado Gino Sangalli advirtió a Peter Harris que Fidel Sánchez está vinculado a investigaciones por tráfico de drogas en México y Perú.
OFERTA. A pesar de la oposición inicial, Peter Harris aseguró que el nombre de Fidel Sánchez no aparecerá en ningún documento oficial.
SEGUNDA ADVERTENCIA. Un día después, el abogado Gino Sangalli volvió a advertir de las pesquisas contra la familia Sánchez Paredes.
DUEÑO. Fidel Sánchez es el dueño de Corporación del Centro, pero su nombre no aparece públicamente para evitar problemas, explicó Peter Harris.
ACCIONISTA. Trabajadores de la aseguradora CBL también confirman que la mina de oro en el Toro es de propiedad de Fidel Sánchez.
CORREO PERSONAL. En septiembre de 2012, el «Ing. Fidel Sánchez» recibió un mensaje donde figura Nikoley y Diego Martínez como accionistas de la mina.
ARMAS. Fidel Sánchez es dueño del 88% de la compañía minera, porta cuatro armas y es resguardado por seguridad privada, contó Peter Harris.
APUNTES. Luego de visitar la mina en el cerro El Toro, Peter Harris anotó que la offshore Nikoley responde a los intereses de Fidel Sánchez.
REUNIÓN. Un segundo correo es remitido de manera directa a «Fidel Sánchez», según los archivos judiciales de Nueva Zelanda, en diciembre de 2012.
ORO O DINERO. La correspondencia de Corporación del Centro alberga un tercer correo remitido a Fidel Sánchez, acusado de lavado de dinero.
EL NOMBRE. En un primer momento, el director de CBL, Peter Harris, rechazó ocultar el nombre de Fidel Sánchez en las negociaciones.
ALERTA ROJA. En un segundo correo, Peter Harris detalla que el nombre de Fidel Sánchez enciende las alarmas en Perú por sus investigaciones.
CONSEJO. El abogado Gino Sangalli advirtió a Peter Harris que Fidel Sánchez está vinculado a investigaciones por tráfico de drogas en México y Perú.
OFERTA. A pesar de la oposición inicial, Peter Harris aseguró que el nombre de Fidel Sánchez no aparecerá en ningún documento oficial.
SEGUNDA ADVERTENCIA. Un día después, el abogado Gino Sangalli volvió a advertir de las pesquisas contra la familia Sánchez Paredes.
DUEÑO. Fidel Sánchez es el dueño de Corporación del Centro, pero su nombre no aparece públicamente para evitar problemas, explicó Peter Harris.
En 1987, Fidel Sánchez fue detenido en un operativo de la policía mexicana, que descubrió un laboratorio de cocaína y armas de guerra en el rancho de su asesinado tío Simón Sánchez Paredes. Ante la justicia peruana, dos confesos narcotraficantes peruanos lo vincularon en su momento con el narcotráfico. Hoy, este empresario es enjuiciado en la Sala Penal Nacional por presunto lavado de dinero del tráfico de drogas.
En aquel primer grupo de correo, Harris además recibió asesoría del abogado Gino Sangalli Ratti, en ese entonces socio del estudio legal Rodrigo, Elías & Medrano. Este letrado advirtió a Peter Harris que “el nombre de Fidel Sánchez” está vinculado a “investigaciones realizadas en Perú y México por delitos relacionados a las drogas”, según se advierte en un correo de junio de 2010.
El archivo judicial de Nueva Zelanda contiene un total de seis correos entre Sangalli y Harris sobre los antecedentes de Fidel Sánchez. Consultado por correo electrónico sobre esta asesoría a CBL, el abogado dijo a través de esa misma vía que dicha compañía no ha llegado a contactar al estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Sin embargo, sus correos corporativos de esta firma copiados a otros letrados del mismo buffet lo desmienten.
“ESTIMADO FIDEL […] HEMOS BORRADO SU NOMBRE DE TODO”, ESCRIBIÓ PETER HARRIS, EXDIRECTOR DE CBL.
Un segundo grupo de correos, remitidos entre agosto de 2010 y abril de 2012, confirman que Fidel Sánchez mantenía una posición de dominio sobre la minera Corporación del Centro, a través de la empresa Nikoley, aun cuando nunca figuró en su accionariado oficialmente. Éste grupo de mensajes inicia con una propuesta económica de Peter Harris de la aseguradora, enviada por mail en junio de 2010: “Estimado Fidel, remitimos una nueva oferta para usted […] hemos borrado su nombre de todo”. El correo detalla nuevas condiciones sobre el préstamo, que finalmente será realizado desde Samoa, y que el nombre de Fidel “no aparecerá en ninguna documentación”.
En octubre del 2010, en un segundo correo, Peter Harris explica que “el nombre de la compañía es Corporación del Centro” y que “el principal accionista de la compañía responde a los intereses del Sr. Fidel Sánchez”. En el mismo correo, Harris explicó que “el Sr. Sánchez no participará en la operación ni el control de la compañía” para no afectar el proyecto en el cerro El Toro, centro de la minería informal según las autoridades peruanas.
Un tercer correo, esta vez enviado en junio de 2011 por otro socio de la aseguradora neozelandesa, Sam Damoussi, detalla que “la mina de oro El Toro en Perú es 100% de propiedad de Corporación del Centro”, cuyas acciones “son 88% de Fidel Sánchez”. Igualmente, en septiembre del 2011, Harris confirmó que “Fidel es el beneficiario final del 88%” de la exportadora peruana, y relató una reunión con Sánchez Alayo, quien se traslada con guardaespaldas y “tiene cuatro armas él mismo”.
MONTEVIDEO. Las oficinas de MM&A Consulting Network en Uruguay, desde donde opera Diego Martínez Bernie, quien es es representante de la offshore Nikoley.
Finalmente, en un correo de abril de 2012, Harris menciona que “Nikoley SA Uruguay actúa por los intereses de Fidel Sánchez, quien tiene el 87%” de las acciones de la minera. En el escrito, el director de la aseguradora brinda más detalles de uno de sus encuentros con Sánchez Alayo en Lima: “El Toro pagó por mi reserva de hotel y viáticos, y Fidel muy amablemente me invitó a su casa para una salida con su familia”.
A este grupo de correos se suman tres mails enviados directamente a Sánchez Alayo que prueban su control de la minera. El primero data de septiembre de 2012 y fue remitido al “Ing. Fidel Sánchez” por Alejandro Portal Navarro, quien en Registros Públicos aparece como uno de los directores de Corporación del Centro. El segundo fue enviado en enero de 2013 por Hammer a “Fidel Sánchez” para informar sobre el acuerdo con la aseguradora. Finalmente, el tercero fue escrito en diciembre de 2014 por Harris para “Fidel Sánchez”, donde le indica que aceptará US$3 millones en “dinero u oro” por la venta de sus acciones.
Los nexos de Corporación del Centro con las empresas San Simón
En febrero del 2019, OjoPúblico reveló que Corporación del Centro obtuvo la aprobación de un préstamos de US$3 millones desde el Banco Nacional de Samoa, con apoyo de la aseguradora de Peter Harris. Sin embargo, otro grupo de correos analizados por las autoridades de Nueva Zelanda revelan las limitaciones financieras del proyecto minero El Toro, y la participación de dos empresas acusadas por las autoridades peruanas de lavado de dinero del narcotráfico: Compañía Minera San Simón y San Simón Equipos.
“La operación [de Corporación del Centro] ha sido financiada por Fidel [Sánchez] y por la minera familiar San Simón, que proporciona hombres y plantas a El Toro”, explicó Harris en abril de 2012. En el mismo correo, el empresario neozelandés reveló que “Fidel solicitó que también refinanciemos la mina familiar [Compañía Minera] San Simón, que necesita dinero en efectivo”.
PRÉSTAMO. Los documentos de Corporación del Centro revelan una deuda con San Simón Equipos, involucrada en el juicio contra Fidel Sánchez por lavado del narcotráfico.
Documento: Poder Judicial Nueva Zelanda
Unas anotaciones de Harris de septiembre de 2011 incluso revelan que Fidel Sánchez aportó US$400 mil “de su propio dinero” a Corporación del Centro, y trasladó maquinaria y a un ingeniero de la Compañía Minera San Simón al proyecto El Toro “hasta que la mina esté produciendo”. En el expediente de las autoridades de Nueva Zelanda aparecen los estados financieros de Corporación del Centro, los mismos que registran, aunque sin fecha, una deuda de US$84 mil contraída con la empresa San Simón Equipos.
Entre 2012 y 2019, Compañía Minera San Simón –incluida en el proceso por lavado de dinero contra Fidel Sánchez y su padre– exportó oro a la India (por un valor de US$61 millones), a Emiratos Árabes Unidos (US$36 millones) y a Estados Unidos (US$29 millones). Entre sus clientes destacan: Kundan y AJ Gold & Silver Refinery de India, Advancer Logistics (EE.UU.) y Group 4 Securicor (Emiratos Árabes Unidos). La lista es completada por la refinería Italpreziosi de Italia.
Investigación fiscal en La Libertad: la pista de la violencia
Además del archivo de Nueva Zelanda, OjoPúblico y la diaria accedieron a un expediente judicial en el Perú que involucra a Corporación del Centro –cuyo nombre desde septiembre del 2019 es Summa Gold Corporation– con enfrentamientos en el conflictivo cerro El Toro. A inicios de octubre del año pasado, un grupo de por lo menos 31 personas, ingresaron al caserío de Coigobamba, ubicado en el distrito de Huamachuco, La Libertad, para “cuidar el perímetro de la mina”.
Actualmente, el fiscal provincial de La Libertad, Henry Espinoza Urbina, investiga a este grupo de personas por los presuntos delitos de homicidio, banda criminal y usurpación, luego de que ingresaran a derrumbar los hogares de una familia de la zona y se enfrentaran con una ronda campesina en el Cerro El Toro, que ocasionó la muerte de cuatro personas de ambos bandos. Entre las víctimas está un menor de 14 años, quién falleció por una herida de bala a la altura del pecho. Por lo menos dos comuneros agraviados involucraron en los hechos a la minera Summa Gold Corporation.
El expediente de este caso recoge las declaraciones del comunero Eladio Ruiz Carrión, quien dijo que un grupo armado sacó a su hijo de la casa y lo llevó amarrado “a la minera Summa Gold”, antes de destruir su hogar con maquinaria pesada. Otro comunero, Fernando Polo Espejo, residente en el mismo Coigobamba, también aseguró que el predio destruido de Ruiz Carrión limita “con la empresa minera Summa Gold Corporation”.
En un comunicado del pasado 6 de octubre, Summa Gold Corporation rechazó «aquellas tendenciosas informaciones, carentes de sustentos, que pretenden involucrar a nuestra empresa” en los hechos de violencia relatados por los comuneros agraviados. En los alrededores del enfrentamiento, esta minera registra siete concesiones en los caseríos de El Toro, Coigobamba, Shiracmaca y Santa Cruz de un total de 4.400 hectáreas, según información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (Ingemmet).
Alrededor de esta región, tres concesiones mineras denominadas ‘La Burbujita’, de 88 hectáreas, se encuentran registradas bajo la titularidad de Inversiones Crooke, compañía dirigida por el peruano Luis Rodríguez Estrella, quien fue señalado por la revista Caretas en 2010 como trabajador de la Compañía Minera San Simón de la familia Sánchez Alayo. En febrero del 2019, la misma Corporación del Centro reportó que Inversiones Crooke era una de sus accionistas. La revelación fue realizada por la empresa dentro de la denuncia penal planteada contra el periodista neozelandés.
En el mismo expediente de la muerte de las cuatro personas cerca del Cerro El Toro, se indica que el origen de la violencia fue “para desalojar [a los] que invadieron la mina de los Sánchez Paredes”. “A seis personas les dieron una escopeta cargada […] caminando hasta una mina habiendo escuchado [sic] que era de los Sánchez Paredes”, dijo Jean Núñez Céspedes, otro de los involucrados en la agresión. El testimonio detalla que “todos los que tenían armamento se metieron a los ranchos y sacaron a dos personas jóvenes […] al niño lo amarraron de manos y pies, ambos gritaban asustados”.
INVESTIGACIÓN. El fiscal Henry Espinoza está a cargo de las pesquisas sobre los asesinatos en los alrededores de las concesiones de Corporación del Centro (hoy Summa Gold) en el cerro El Toro.
La madre de uno de los fallecidos, el policía en retiro Jorge Vera Paz, dijo a la fiscalía que su hijo recibió por celular una oferta para brindar seguridad en una minera: “[Dilcia Paz Castro preguntó a su hijo] a quién le pertenecía la mina, recibiendo como respuesta que la minera era de los Sánchez”.
Este medio intentó comunicarse con Corporación del Centro desde diciembre del 2018 para la elaboración de su primer reportaje, y a finales de 2019 para esta publicación. A pesar de los correos, llamadas telefónicas y cartas dejadas en su sede en Lima no recibimos respuesta alguna. Cuando OjoPúblico y la diaria visitaron la oficina de Martínez Bernie de Nikoley en Montevideo, una trabajadora que prefirió no identificarse nos dijo: “no autorizamos publicar nada sobre nuestra empresa”.
El contador uruguayo tampoco contestó las preguntas que le enviamos sobre la minera y Fidel Sánchez. También ubicamos a Peter Harris de Contractors Bonding Limited. Por intermedio de su representante Geoff Senescall, el exdirectivo de la aseguradora dijo que las acusaciones son “sin fundamento”. Harris culminó su correo con esta pregunta: “Ustedes dicen que el Sr. Sánchez es el dueño de la mina El Toro. ¿Qué pruebas tienen para corroborar esto?”.
Fuente: Ojo Público
Castañeda: La crisis del amarillo
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2020
Castañeda Lossio, quien cumple ahora una prisión preventiva de 24 meses, superó la tesis fiscal del desarraigo familiar, domiciliario y laboral toda vez que su defensa logró argumentar que el tres veces alcalde de Lima vive -en efecto- solo y que está divorciado pero que la vivienda consignada es habitada por él, además que el adelanto de herencia a sus hijos no conlleva tampoco un desarraigo patrimonial. Respecto a lo laboral, la jueza María Álvarez estimó que a una persona jubilada mayor de 75 años no se le puede exigir un arraigo laboral, razón por la cual se desestimó este ítem junto al de peligro de fuga, argumentando que existe una imposición de impedimento de salida del país en su contra que lo tiene “varado” en el territorio nacional.
Lo que sí contempló la jueza Salazar -al menos en el caso de Castañeda- fue el peligro de obstaculización de la justicia que el también excandidato presidencial representaba al considerar el testimonio de un colaborador eficaz que -debido a su cercanía con el imputado cuenta con las garantías para que sus declaraciones sean útiles- señaló que Castañeda Lossio le exigió no involucrar en sus declaraciones a sus coimputados José Luna y Giselle Zegarra.
Organización criminal
Un tema importante, y el cual los solidarios han querido pasar por alto tiene que ver con la conformación de una organización criminal liderada por Castañeda Lossio y que se instaló al interior de la comuna limeña y que, según señala la jueza “se encuentra entrelazada con dos organizaciones internacionales: como son OAS y Odebrecht”, ambas involucradas en el caso LavaJato y que forman parte de este expediente.
Álvarez respaldó la tesis fiscal según la cual, Castañeda antes de representar los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima como alcalde, “colocó” en puestos claves a personas vinculadas a su entorno como Giselle Zegarra, quien a su vez brindó servicios a la empresa OAS hasta antes de ingresar a la comuna capitalina, lo que le permitió un margen de acción para negociar con ventaja las comisiones y cobros por las concesiones.
“Castañeda se presentaba [en la campaña] con la mejor aceptación para regresar a la municipalidad con propuestas como el baipás de 28 de Julio, lo que generó el acercamiento de organizaciones como OAS y Odebrecht”, afirmó la magistrada.
La jueza Álvarez consideró también que hay datos objetivos proporcionados por la Fiscalía que muestran la existencia de un esquema de asociación ilícita y de tráfico de influencias.
El baipás de 28 de julio
Respecto al baipás, es precisamente, esta obra la que implica el mayor problema para Castañeda Lossio pues como se recuerda, a través de Giselle Zegarra, ya se encontraban negociando con Leo Pinheiro, presidente de OAS, la anulación del proyecto Río Verde, impulsado por la gestión Villarán y que finalmente culminó en la firma de adendas y pagos extras que terminaron perjudicando a la ciudad.
Este baipás habría sido -según la fiscalía- una obra entregada “a dedo” a OAS luego que Castañeda recibiera dinero por parte de la constructora -a través de Martín Bustamante- para financiar la campaña electoral del 2014. Además del baipás de 28 de julio, Castañeda amplió adendas en Línea Amarilla, incluyendo el aumento de la tarifa de los peajes, en beneficio siempre de la empresa.
De acuerdo con la tesis fiscal, Castañeda Lossio habría recibido 480,000 dólares para su campaña a la alcaldía de Lima en el año 2014. Bajo esa premisa, considera que incurrió en presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.
Lo que se viene
Castañeda puede enfrentar una sumatoria de 12 años de prisión por el delito de colusión, 13 años por lavado de activos en modalidad agravada y 10 años por asociación ilícita, lo que hace un total de 35 años de prisión.
Y si bien José Luna, excongresista, exmontesinista y exfinancista de Castañeda, no ha pasado el fin de semana en un penal, lo cierto es que el proceso que se sigue lo tiene bastante implicado y podría ir a prisión con una pena de 13 años por lo menos, por el delito de lavado de activos toda vez que habría “pitufeado” también parte de los aportes entregado por los brasileros a través de contratos ficticios con la universidad Telesup en beneficio de Castañeda Lossio.
Así las cosas, el resumen de los acorralados por la justicia es de: 1 presidente con pedido de extradición (Toledo), uno que se suicidó al verse acorralado por la justicia (García), uno con orden de comparecencia y a punto de iniciar su juicio (Humala) junto a su esposa, uno con prisión domiciliaria (Kuzcynski) y dos exalcaldes de Lima con prisión preventiva (Villarán y Castañeda), si a esto le sumamos a la principal lideresa de oposición (Keiko) pues, el menú está completo. Ahora queda en manos de la fiscalía especial acelerar los procesos e iniciar ya las acusaciones para ir a los juicios orales.
Fuente: Otra Mirada
Envio:RL
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