Por Jonathan Raed */ Resumen Latinoamericano/ 4 de febrero 2020 .-
Es el primer mes en el que aplica este impuesto. El dato se desprende del informe mensual de recaudación tributaria que realiza la AFIP.
En el primer mes de implementación, el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado a finales del año pasado, recaudó en enero 3.181,1 millones de pesos, según el informe mensual de Recaudación Tributaria que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
“En línea con lo establecido por la reglamentación del gravamen, los ingresos tributarios incluidos en este informe contemplan las percepciones realizadas entre la entrada en vigencia del impuesto el 23 de diciembre de 2019 y las primeras tres semanas de enero de 2020”, apunta el documento.
Esos $ 3 mil millones constituyen el 0,6% del total recaudado, calculado por AFIP en $ 527.284,5 millones. Ese total fue un 45% mayor al de enero del año pasado. Si bien no hay aún datos oficiales de inflación para enero de este año, se calcula que ese número rondará el 3,5%. De ser así, la suba inflacionaria entre enero 2019 y enero 2020 quedará en 55%. Así las cosas, la recaudación tributaria quedaría 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
“Los ingresos tributarios continúan afectados en forma inercial por el proceso recesivo y el deterioro en los indicadores del mercado de trabajo”, advierte el informe.
Los ítems que más contribuyeron a la recaudación tributaria durante enero fueron IVA, con $ 170.695,6 millones; Ganancias, con $ 96.142,3 M; Contribuciones Patronales, con $ 87.380,7 M, y Aportes Personales, con $ 60.942,7 M.
El subtotal aduanero (diversos impuestos relativos al área como Ganancias, IVA, Importaciones, Exportaciones y otros) fue de $ 100.924,1 M, que constituyen un crecimiento recaudatorio del 70% con respecto a enero del año pasado. Este crecimiento se explica principalmente por los saltos cambiarios y por la reactivación de las retenciones a la exportación.
Finalmente, el ítem que más creció fue Bienes Personales, que registró una variación del 117%: $ 869 M de enero 2020, contra $ 400 M de enero 2019.
*Fuente: Tiempo Argentino
El Gobierno anunció la estatización de cinco corredores viales
Resumen Latinoamericano*/ 4 de febrero 2020 .-
Lo hará en forma progresiva ante “el deterioro y el incumpliento de las obligaciones contractuales” por parte de las concesionarias. La empresa Corredores Viales SA, creada por la gestión anterior, se hará cargo del funcionamiento, bajo la supervisión de Vialidad
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El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció hoy que el Estado se hará cargo en forma progresiva de cinco corredores viales que “se encuentran en situación de deterioro y cuyas concesionarias registran incumplimientos en sus obligaciones contractuales”.
En una conferencia de prensa, Katopodis dijo que, “a pesar de recibir (las concesionarias) durante 2019 subsidios por 5.800 millones de pesos y 18.000 millones de pesos en cuatro años, además de la recaudación propia de los peajes, hubo una mínima conservación de las calzadas, ahuellamientos en distintas trazas, déficit en la demarcación horizontal, fallas en las luminarias y deficiencias en la señalización de pasarelas peatonales y refugios».
Antes de la conferencia de prensa, Katopodis le dijo a Radio 10 que el macrismo “dinamitó” el área que conduce, pero afirmó que su objetivo está puesto en “resolver” esa situación y “no llorar sobre esa herencia”. “Lo dinamitaron, lo sacaron del organigrama y lo desmantelaron”, destacó.
Según se anunció hoy, el corredor vial N° 3 pasó a administración estatal el 1° de febrero y a partir del 1° de marzo será estatizado el corredor vial N° 2 (también de la provincia de Buenos Aires), a partir del 1° de abril el corredor vial N° 6 (que atraviesa las jurisdicciones de Misiones, Corrientes y Chaco), a partir del 1° de mayo el corredor vial N° 8 (que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires) y, a partir del 1° de junio, el corredor vial N° 4, que pasa por Córdoba y Santa Fe.
El corredor vial N° 3, que ya fue estatizado, es una de las trazas viales más extensas del país, con casi 800 kilómetros, entre las rutas nacionales 9 y 34, que presenta la mayor cantidad de fallecidos por siniestros en las provincias que atraviesa.
Según el informe entregado, el 50% de la extensión del corredor vial N° 3 se encuentra en estado de deterioro y se comprobó que el 40,5% de quienes circulan en vehículos no utiliza el cinturón de seguridad. En promedio, los usuarios que exceden el límite de velocidad son el 20% de los vehículos livianos, el 36% de los transportes de carga y el 40% del transporte de pasajeros.
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Acompañado por el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Gustavo Arrieta, y el presidente de Corredores Viales SA, Gonzalo Atanasoff, el ministro explicó que será la DNV la que se hará cargo del funcionamiento a través de Corredores Viales SA, que es la empresa que creó antes de dejar la función el ex ministro Guillermo Dietrich con similares objetivos, es decir, estatizar corredores con deficiencias.
Cerca de Katopodis explicaron que “el instrumento será el mismo, pero Dietrich lo que buscaba era volver a privatizar y nosotros, en principio, queremos que continúen en el Estado”.
Incluso, el ministro fue explícito en su crítica a la gestión anterior, al asegurar que “se abandonó a la DNV como órgano rector de la política vial en la Argentina y ahora buscamos recuperarlo”.
Antes de hacer el anuncio, Katopodis estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con quien repasó la medida que anunciaría más tarde en el salón de conferencias de la Casa Rosada.
El Ministerio de Obras Públicas informó que “los ejes de acción inmediatos para los corredores viales serán mejorar de forma integral los caminos, adquirir maquinarias y optimizar obradores, maximizar la satisfacción del usuario, modernizar el sistema de señalización, implementar programas de desarrollo y formación del personal, entre otros objetivos”.
En diálogo con los periodistas, los funcionarios de Obras Públicas aseguraron: “Garantizamos la continuidad laboral de todos los trabajadores, ninguno se quedará sin trabajo”.
Denuncian penalmente a Macri por la venta ilegal de tierra pública/ Subte: el show de Larreta y Metrovías para que todo siga igual
Resumen Latinoamericano */ 04 de febrero 2020 .-
Mauricio Macri y el ex presidente de la AABE, Ramón Lanús, fueron denunciados por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal. Abuso de autoridad y administración fraudulenta, fundamentan el escrito radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, Jonatan Baldiviezo, presentó la denuncia penal contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús, por la venta de tierras públicas y transferencia de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires en forma ilegal e inconstitucional.
La denuncia fue firmada además por María Eva Koutsovitis, por Unidad Popular CABA; Lucila González, por el Movimiento Popular La Dignidad CABA; Pablo Spataro, por CTA-A Capital; Franco Armando, por el Frente Territorial Salvador Herrera; y Ana Rameri, por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Dicha acusación se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y por administración fraudulenta contra la Administración Pública. Quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, hasta hoy a cargo del Juez Claudio Bonadio, quien falleció durante la mañana de este martes, bajo el Expediente N° 428/2020.
A través de decretos presidenciales, decisiones administrativas y convenios con la AABE, Mauricio Macri autorizó la venta de más de 150 inmuebles nacionales, de los cuales 80 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Gran parte de estos fueron vendidos sin previa autorización del Congreso. Esto está establecido en la Constitución Nacional, y allí radica el primer fundamento de esta denuncia.
Por otra parte, entre el 11 y el 13 de noviembre del año pasado, se firmaron dos convenios entre Nación y Ciudad por los cuales se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Al hacer esto, se violó el artículo 15 bis de la ley 25.917 que en los últimos dos trimestres del año de fin de mandato presidencial está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.
Otro de los puntos en los que se fundamenta esta imputación es en la violación del artículo 18 de la ley 27.098 que asegura el derecho a la propiedad para los clubes de barrio cuyas sedes estén construidas sobre terrenos fiscales. A través del decreto 355/2018 se transfirieron parcelas donde actualmente se encuentra emplazado el Darling Tennis Club.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a sólo un día de dejar su cargo, el ex titular de AABE, Ramón Lanús, firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal S.A., incumpliendo así con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.
Lanús había solicitado un dictamen a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial. La SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación. Sin embargo, y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.
Subte: el show de Larreta y Metrovías para que todo siga igual
Tras dos años de un proceso licitatorio que debería haber desplazado a Metrovías por su gestión ineficiente, al retirarse los demás oferentes la empresa del grupo Roggio podría renovar su concesión por 12 años. En el medio: la crisis sanitaria por el asbesto, 5000 trabajadores y millones de usuarios.
| La concesión del subterráneo de Buenos Aires está vencida desde el 2013 y proviene de 1994. En ese año, en plena fiebre privatizadora menemista, la red, propiedad de la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) fue concesionada a Metrovías, operadora privada perteneciente al Grupo Roggio.
La licitación pública para concesionar el subte por 12 años más (con opción a prórroga por tres años) se inició en febrero de 2018. A la misma se presentaron tres oferentes en competencia: la actual concesionaria Metrovías; el grupo francés Keolis en conjunto con Corporación América encabezada por Eduardo Eurnekian, y Transport for London (TfL), operadora del subterráneo londinense; y RATP Dev, empresa del grupo RATP que maneja el Metro y otros transportes urbanos de París.
Tras varias postergaciones y con un panorama económico y político bastante distinto al del momento en que se presentaron las ofertas, primero se retiró RATP de la licitación y, en los últimos días, también los franceses de Keolis, dejando allanado el terreno para que la operadora del Grupo Roggio continúe al frente de la concesión.
“La AGTSyP está preocupada por la desasbestización del subte y por cerrar una buena paritaria que estamos a 4 de febrero de 2020 y no pudimos cerrar, acciones que se ven entorpecidas con este chamuyo de que hace cuatro años que están en licitación”, sostiene Pancho Ledesma, secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, en diálogo con Canal Abierto.
“Hay dos opciones con la licitación: una, es que al caerse los dos oferentes y quedar sólo uno en carrera, se termine el proceso licitatorio, se abra el sobre y digan, ganaste vos; el otro, que es el que creo que va a pasar, es que se declare por desierta la licitación y se convoque un nuevo proceso licitatorio. ¿Por qué? Porque cambiaron todas las condiciones del pliego de licitación, cambiaron los costos, las flotas están más deterioradas, la concesionaria no invirtió lo que tenía que invertir al no tener certeza de su permanencia y el estado no giró los fondos conveniados y se resintió todo el sistema. Además, cuando se inició la licitación no estaba presente el tema del asbesto”; señala Ledesma en relación al conflicto sanitario que estalló este año y tras la denuncia de los metrodelegados alertados por sus compañeros de Madrid de la presencia de este material cancerígeno en la red subterránea.
“Como pasa en cualquier metro del mundo, en Nueva York, Londres, Madrid, Chile, México, París, el tema del asbesto demanda muchos millones: compra de flotas nuevas y desasbestización y compra de equipos en las instalaciones fijas. Eso es parte de la inversión que deben hacer el estado, la concesionaria o ambos. Eso no estaba en pliego inicial y cambia todas las condiciones. Mi opinión es que las oferentes que se bajaron lo hicieron esperando volver a licitar con un pliego que incluya estas nuevas condiciones y costos”, destacó el sindicalista.
Una licitación a medida: el show de Larreta y Roggio
“Esto es crónica de una privatización anunciada y de un concesionario ganador. Cuando fue el debate por la nueva privatización del subte -a fines de 2017-, que se intentó dar la discusión por que vuelva a manos del estado o volverla a privatizar, allí quedó implícito que el futuro concesionario no sería Metrovías, porque fue una operadora con demasiados déficits: el tema de las escaleras mecánicas, el asbesto, la falta de mantenimiento del espacio público, la cuestión de que no hay estados contables separados entre la parte de trenes de Roggio y la parte del subte”, señala el abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“Larreta hizo un show mediático diciendo que los futuros concesionarios iban a ser empresas europeas, justamente empresas estatales como la del Metro de París o la de Alemania, y que no iba a ser Metrovías. En ese contexto, la Legislatura aprobó la privatización, pero hubo una deficiencia en la votación de la ley. Nosotros acudimos a la Justicia y denunciamos este proceso como viciado, porque la privatización del subte se hizo con mayoría absoluta -no con mayoría agravada- y sin audiencia pública previa”. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para autorizar la cesión precaria de un inmueble a una asociación civil por diez años hace falta el procedimiento de doble lectura: que se vote una vez, se convoque a una audiencia pública y se vote una segunda vez con una mayoría de 40 votos. “En este caso no se hizo, lo que es una grave violación a la Constitución de la Ciudad, se privatiza el servicio público más grande de la ciudad por un método viciado”, sostiene Baldiviezo.
Se suelen usar dos argumentos para justificar la privatización de un servicio público: la falta de financiamiento estatal por lo que hace falta la inversión de capitales privados o porque se necesita de un operador con la capacidad técnica para hacerlo.
“En esta caso Metrovías toma el control de la operación de lo que ya existe pero no invierte un peso: no compra coches, no hace obras, no hace nuevas estaciones. Toma el servicio como está y el estado le paga mensualmente. Y respecto a la operación: ¿El gobierno en ocho años no pudo aprender a gestionar el subte? Un servicio público ya activo”, sostiene el abogado.
El servicio del subte es un servicio ineficiente, con vagones abarrotados, falta de puntualidad, estaciones sin escaleras mecánicas o con escaleras que no andan, trabajadores que mueren por circunstancias evitables y falta de mantenimiento. Un panorama y una opinión contraria de la mayoría de los porteños. Esa oportunidad de revertirlo está siendo desperdiciada por la gestión Larreta.
“El gobierno planificó estó, genera escenarios para confundir o aceptar la crítica, hacer el como sí de la licitación para que luego todo siga como está: Metrovías continúa al frente de la concesión y que el negocio quede entre los amigos. No tiene fundamento técnico más allá de seguir haciendo negocio con lo público que es el eje transversal de las políticas del macrismo en la ciudad”, concluye Baldiviezo.
“La conducción de este gremio está a favor de que vuelva al estado, pero la verdad es que nuestra base prácticamente no conoció la empresa estatal, por lo tanto no es una demanda prioritaria de nuestros afiliados. Nosotros estamos a favor la estatización pero no es prioritaria en el sector”, sostuvo por su parte Ledesma.
El asbesto mata
Está demostrado, por la experiencia de los otros metros del mundo, que el proceso para eliminar el asbesto será prolongado. Según Ledesma es un proceso que llevará cuatro o cinco años.
“No sólo son los trenes, estamos encontrando este material en subestaciones de alta tensión, en cuartos de bombeo para las bombas de achique, en los ferodos (frenos) de las escaleras mecánicas, está en todo el sistema”.
“El problema es que nosotros negociamos en audiencia en el Ministerio con SBASE y Metrovías y ellos no cumplen lo pactado. Por acta se comprometieron a ingresar a la gente de vía al RAR (Registro de Agentes de Riesgo), pero aún no lo cumplieron. Mucho menos los van a llamar para hacerse los estudios. No hay centros de acopio de asbesto, está el asbesto que se retira desparramado por todas partes. Se habían comprometido a lavar la ropa de trabajo y no lo hacen. Iban a dar cofres dobles para que tengas la ropa de calle separada de la ropa de trabajo… no cumplen con nada de lo pactado”, señaló el secretario de Salud de la AGTSyP, al frente de la lucha de los trabajadores por sacar el asbesto del subte.
*Fuente: CANAL ABIERTO
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no logró hacer el canje pero evitó el default
Por Florencia Barragan * / Resumen Latinoamericano/ 4 de febrero 2020 .-
Sin respaldo para diferir el pago, Kicillof canceló la deuda vencida y hará una reestructuración global
El respaldo de los acreedores para diferir el pago vencido hasta el 1ª de mayo fue insuficiente. Canceló la deuda con fondos propios y anunció una amplia reestructuración.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no alcanzó el 75 por ciento de adhesiones de los bonistas para posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del 26 de enero al primero de mayo. Al finalizar el plazo de gracia, superó el 50 por ciento pero no logró acordar con el fondo Fidelity, que con el 25 por ciento de la deuda era la “llave” para cerrar la negociación. Por este motivo, el gobierno provincial tomó la decisión de afrontar el pago con fondos propios, tras una colocación de letras realizada el viernes pasado por 10 mil millones de pesos en el mercado doméstico. “No era que teníamos la plata y no queríamos pagar, sin la colocación no íbamos a poder afrontar pagos esenciales como los sueldos y a la vez el vencimiento», indicó una fuente oficial a PáginaI12. Además, afirmó que un default nunca fue una opción, porque generaría una “situación de desorden y consecuencias imprevisibles” para la reestructuración global de la deuda bonaerense y la del gobierno nacional.
El Gobierno provincial decidió a mediados de enero postergar el pago del capital de 250 millones de dólares del bono BP21 que vencía el 26 de enero. La medida fue tomada por dos motivos. Por un lado, porque el vencimiento cayó en medio del proceso global de sostenibilidad de la deuda que encabeza el gobierno nacional y al que el presidente, Alberto Fernández, le puso como fecha tope el 31 de marzo. Por eso el pedido provincial de pasar el pago del capital al primero de mayo.
“El vencimiento era a 40 días de asumir, no había tiempo para encabezar una discusión global de la reestructuración de la deuda”, dijo el gobernador. Este año vencen 220 mil millones de pesos de deuda, que representan el 15 por ciento de los fondos de la Provincia. “No podemos pagarlo con los recursos con los que contamos”, afirmó Kicillof. Durante los últimos 4 años, la deuda en pesos se quintuplicó. Incluso, en el memorándum de oferta que el gobierno de María Eugenia Vidal circuló en 2017 a inversores en bonos, decía: “La Provincia no puede asegurar que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no tengan un efecto adverso y afecten la capacidad de la Provincia de afrontar su deuda”.
En segundo lugar, porque desde el gobierno de Kicillof aseguran que al 26 de enero, día del vencimiento para el pago del bono, no contaban con los recursos provinciales para hacer frente al pago de 277 millones de dólares. Indicaron que contaban con los recursos pagar los 27 millones de dólares de intereses y el 30 por ciento del capital, tal como propusieron a los acreedores durante la negociación. “No es que teníamos la plata y les decíamos que no íbamos a pagar. La caja de la provincia estaba estresada y no podíamos garantizar tener el dinero para afrontar este vencimiento y a la vez pagar gastos esenciales como los sueldos”, indicó una fuente oficial.
Ante la incertidumbre de poder afrontar todas las obligaciones, buscaron el alivio financiero. “Era la solución menos cruenta, para dejar de postergar a los que ya están en una situación de postergación”, aseguró Kicillof. El proceso de renegociación para posponer el pago del capital duró tres semanas. La Provincia alcanzó el 50 por ciento de adhesión de los bonistas, pero no alcanzó el 75 por ciento necesario para avanzar en el reperfilamiento. Adhirieron más de 200 bonistas, entre ellos el grupo más importante de bonistas organizados, que en un comunicado desde Nueva York apoyaron la modificación por la “buena fe” que mostró la Provincia.
Sin embargo, no lograron la adhesión del fondo Fidelity, que desde la Provincia afirman que contaba con el 25 por ciento de la deuda. Kicillof aseguró que tuvieron una “posición bloqueadora”, dado que tenía la llave para alcanzar los términos para modificar la fecha de pago. Para aceptar, el fondo privado estadounidense solicitaba cobrar la totalidad de la deuda en cuotas.
La propuesta fue rechazada por la Provincia, dado que comenzará un plan de reestructuración de la deuda bonaerense en moneda extranjera. Como la reestructuración que comenzó este martes incluirá a vencimientos de este bono y de otros, el proceso queda abierto y no pueden quedar pagos vencidos pendientes de cancelación. Será un proceso distinto al que lleve la Nación, aunque coordinado, adelantaron fuentes bonaerenses. En los próximos días difundirán un cronograma similar al que elaboró el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. No adelantaron si buscarán cambiar plazos, tasas o capital. “Trabajaremos sobre diferentes escenarios, mirando lo que haga Nación”, agregó una fuente oficial.
El gobierno provincial esperó hasta el último día para acordar, antes de entrar en cesación de pagos, tal como indica el plazo de gracia. “Cuando nos enteramos que este fondo buscaba una situación de desorden, tomamos varias medidas”, aseguró Kicillof. El viernes pasado, 31 de enero, colocaron un título de una letra del tesoro y alcanzaron un resultado de 9300 millones de pesos en el mercado local. “No sabíamos qué acogida iba a tener esto en el mercado, pero terminamos consiguiendo lo que no pudimos con los acreedores”, dijo Kicillof. Participaron fondos de inversión, compañías de seguro, cajas privadas de jubilación, bancos y clientes institucionales. Con esos recursos obtenidos, además de los propios, y sin asistencia del gobierno nacional, es que harán frente al pago de 15 mil millones de pesos del capital del bono BP21.
«El bono venció el 26 de enero y hasta el 31 que logramos la colocación teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder pagar”, agregaron. Por este motivo, desde el gobierno provincial aseguran que no se encuentran arrepentidos por haber negociado el reperfilamiento y finalmente haber pagado en tiempo y forma. El default nunca fue una opción. “Ya tuvimos experiencias de este tipo, queremos un proceso ordenado, sin juicios en el medio por incumplimiento”, indicó una fuente oficial.
* Fuente: Página12
La directora del FMI: “Nuestro objetivo común es ver que la Argentina se recupere”/ Guzmán, sobre la reunión con la directora del FMI: «Mantuvimos un encuentro muy constructivo”/ Senado: Hubo dictamen para el proyecto de renegociación de la deuda
Resumen Latinoamericano*/ 4 de febrero 2020 .-
La directora del FMI: “Nuestro objetivo común es ver que la Argentina se recupere”
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y Kristalina Georgieva se reunieron en Roma, para analizar las cuestiones referidas a la deuda argentina. «Las medidas adoptadas van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres», aseguró titular del organismo.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió hoy con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien dialogó sobre las «medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía» del país.
Por razones de agenda, el encuentro entre Guzmán y Georgieva, que iba a realizarse mañana en el Vaticano, se realizó esta noche en la Embajada argentina en Italia, en la ciudad de Roma, y se extendió por espacio de dos horas y media, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.
«Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva», sostuvo el ministro Guzmán, quien aseguró que durante la reunión se continuó «con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo».
Al respecto, el ministro dijo que con la titular del Fondo intercambiaron «opiniones sobre el programa económico en marcha, distinguiendo entre medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía».
«Durante la charla con Georgieva compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país y coincidimos en que las medidas adoptadas por nuestro gobierno deben continuar persiguiendo los objetivos de tranquilizar la economía y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como punto de partida para un sendero de desarrollo sostenible», afirmó el ministro.
Asimismo, indicó que acordaron «seguir profundizando el diálogo la semana próxima, cuando la misión del equipo técnico del FMI visite Argentina».
Por su parte, el FMI emitió un comunicado en el que la directora agregó que «la reunión fue una oportunidad para continuar nuestro diálogo en curso sobre el programa económico de la Argentina y la colaboración con el FMI».
«Intercambiamos opiniones sobre las medidas adoptadas por las autoridades hasta el momento y sus políticas económicas», dijo Georgieva.
Sostuvo que en el organismo son «conscientes de la difícil situación socioeconómica que enfrenta la Argentina y su población» y que comparten «plenamente el objetivo del presidente (Alberto) Fernández de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo».
«En este sentido, las medidas adoptadas hasta el momento van en la dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres», aseguró Georgieva.
Por último, certificó que una misión del organismo viajará Buenos Aires la próxima semana y dijo que esa «será una oportunidad para profundizar nuestro diálogo con respecto a las perspectivas y políticas económicas, y para aprender más sobre la estrategia de las autoridades para abordar la situación de la deuda de Argentina».
«Mi personal y yo estamos dispuestos a continuar apoyando a las autoridades. Nuestro objetivo común es ver que la Argentina se recupere y que el crecimiento y el empleo regresen para el beneficio de todos los argentinos», aseguró la directora del FMI.
Argentina mantiene una deuda de US$ 44.000 millones con el Fondo, de un programa de créditos acordado en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri y que busca reestructurar, al igual que la que mantiene con acreedores privados.
Del encuentro también participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el representante del Cono Sur ante el directorio del FMI, Sergio Chodos, y el jefe de Gabinete de Georgieva, Alfred Kammer.
Guzmán, sobre la reunión con la directora del FMI: «Mantuvimos un encuentro muy constructivo”
«Durante la charla con Georgieva compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país», indicó el ministro de Economía luego del encuentro con Kristalina Georgieva y su equipo.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con quien dialogó sobre las «medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía» del país.
Por razones de agenda, el encuentro entre Guzmán y Georgieva, que iba a realizarse mañana en el Vaticano, se realizó esta noche en la Embajada argentina en Italia, en la ciudad de Roma, y se extendió por espacio de dos horas y media, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.
«Mantuvimos un encuentro muy constructivo con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva», sostuvo el ministro Guzmán, quien aseguró que durante la reunión se continuó «con las conversaciones ya iniciadas con el organismo, en un marco de creciente entendimiento mutuo».
Al respecto, el ministro dijo que con la titular del Fondo intercambiaron «opiniones sobre el programa económico en marcha, distinguiendo entre medidas para lidiar con la situación actual de emergencia económica y aquellas para solucionar problemas estructurales de la economía».
«Durante la charla con Georgieva compartimos el diagnóstico sobre la apremiante situación socioeconómica que enfrenta nuestro país y coincidimos en que las medidas adoptadas por nuestro gobierno deben continuar persiguiendo los objetivos de tranquilizar la economía y proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como punto de partida para un sendero de desarrollo sostenible», afirmó el ministro.
Asimismo, indicó que acordaron «seguir profundizando el diálogo la semana próxima, cuando la misión del equipo técnico del FMI visite Argentina».
Hubo dictamen para el proyecto de renegociación de la deuda
El oficialismo en el Senado consiguió hoy emitir dictamen favorable al proyecto de ley de restauración de sostenibilidad de la deuda pública externa, con la firma de la oposición pero también cuestionamientos, y quedó en condiciones de sancionar mañana la norma en el recinto.
*Fuente: Telam / Agencias
Envio:RL
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