198 candidatos serán reevaluados por la actual gestión
Fernández retiró los pliegos propuestos por Macri para ocupar cargos en la justicia
Varios de los que instrumentaron la persecución contra ex funcionarios kirchneristas e iban a ser premiados con un ascenso están entre los nombres que ahora el Senado devolvió para análisis del Poder Ejecutivo.
Por Sofía Caram
Germán Manuel Moldes, hijo del mentado fiscal e Ignacio Mahiques están entre los nombres más polémicos.
El Gobierno de Alberto Fernández retiró los pliegos propuestos por Mauricio Macri para ocupar cargos en el Poder Judicial. Un total de 198 candidatos y candidatas serán reevaluados por la actual gestión. Varios de los que instrumentaron la persecución contra ex funcionarios kirchneristas e iban a ser premiados con un ascenso, están entre los nombres que ahora el Senado devolvió para análisis del Poder Ejecutivo. Algunos no tendrán margen para conseguir los nuevos cargos.
En una mecánica que está dentro de los cánones normales con cada cambio de Gobierno, la Casa Rosada retiró en las últimas horas formalmente los pliegos judiciales elevados por la gestión anterior. Lo hizo a través de un escrito enviado a la Cámara Alta, con la firma de la Ministra de Justicia, Marcela Losardo y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Algunas de los propuestas serán respaldadas por las nuevas autoridades mientras que otras podrían no tener la misma suerte. Página/12 pudo saber que este mismo viernes comenzarán a ser evaluados todos los casos.
Los nombres más polémicos
De la larga lista de postulantes, algunos suenan como los más controversiales. El perfil de algunos de ellos da cuenta del objetivo del macrismo de cooptar sectores claves en el Poder Judicial.
*Juan Rodríguez Ponte. Fue el hombre encargado de las escuchas durante el macrismo como director de la DAJUDECO. Esa oficina estuvo en el ojo de la tormenta a raíz del festival de escuchas a ex funcionarios filtradas a los medios de comunicación en los últimos cuatro años. La gestión Macri quería colocarlo en un lugar clave: el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción incluye, nada menos, que al aeropuertoo y la cárcel de Ezeiza.
*Ignacio Mahiques. Fiscal de instrucción de Comodoro Py, buscaba un cargo en el Juzgado Federal de Mercedes. Trabaja junto a su colega Gerardo Pollicita, con quien encabezó la instrucción de la única causa contra Cristina Kirchner que ya está en juicio. Se trata del expediente sobre presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. La dupla también trabajó en la causa “Hotesur”. Perteneciente a la denominada familia judicial, Ignacio es hijo de Carlos Mahiques, ex funcionario de María Eugenia Vidal y hermano de Juan Bautista, el representante de la gestión Macri en el Consejo de la Magistratura.
*Germán Manuel Moldes. Es el hijo del fiscal Germán Moldes, el violento antikirchnerista que renunció a su cargo antes del cambio de Gobierno. Ocupaba el estratégico lugar de fiscal general ante la Cámara Federal porteña, desde donde actuó como dique de contención para todas las investigaciones que involucraron al macrismo, al tiempo que impulsó cada uno de los expedientes contra ex funcionarios K. Su hijo aspiraba a un lugar en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
¿Cómo es el proceso de selección de jueces?
Son numerosos los pasos que un postulante debe atravesar para acceder a un cargo o conseguir un ascenso dentro del Poder Judicial. Al final, es el Poder Ejecutivo quien tiene la última palabra para definir qué pliego pondrá a consideración del Senado.
El mecanismo es encabezado por el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar, evaluar y eventualmente sancionar o destituir jueces. Quienes pueden concursar para los diferentes cargos son abogado/as con un mínimo de cinco años de matrícula activa. El Consejo les toma lo que se denomina “examen de oposición”. La nota que saquen en esa prueba se computa junto con los antecedentes y una entrevista personal a la que sólo acceden los seis u ocho que hayan sacado mayor puntaje en el examen.
Con todo esto se conforma un orden de mérito provisorio, que luego los propios integrantes de la compulsa pueden impugnar. Una vez que el Consejo analiza las impugnaciones confecciona una nueva orden de mérito provisoria. A partir de allí, los miembros de la llamada Comisión de Magistrados someten ese orden de mérito al Plenario del Consejo de la Magistratura, es decir, a los trece miembros, quienes terminan de definir el orden de los concursantes.
Una vez que queda el orden de mérito definitivo, el Consejo convoca a los tres primeros postulantes a una entrevista con el Plenario, que después de ese paso define quién queda primero, quién segundo y quién tercero. Recién ahí la terna se remite al Poder Ejecutivo.
Allí se abre una primera instancia, en donde los aspirantes deben presentar documentación relacionada a su patrimonio, como declaraciones juradas e información de la AFIP. En ese momento se abre un plazo de treinta días para las presentaciones públicas de avales e impugnaciones, todo publicado en el boletín oficial.
Recién una vez que finaliza esta instancia, el Poder Ejecutivo decide cuál de los tres pliegos enviará al Senado.
Ya en la Cámara Alta, en la Comisión de Acuerdos se reciben –nuevamente- apoyos e impugnaciones. Como uno de los últimos escalones de la carrera, se convoca a una audiencia pública donde el candidato/a defiende su postulación. Recién al final de todo este proceso el pleno del Senado aprueba o rechaza el pliego.
Los cambios en el proceso de selección
Parte de la reforma judicial anunciada por el Gobierno de Alberto Fernández incluirá cambios en este mecanismo de designación de magistrados. Según creen desde el Ministerio de Justicia, gran parte de la discrecionalidad se da en la instancia de la entrevista personal, cuyo puntaje puede hacer que alguien que sacó menos nota en el examen quede por arriba de otro que logró una mejor evaluación.
Otras de las críticas que suelen hacer los candidatos/as es que los exámenes suelen tener también arbitrariedades, ya que las preguntas pueden exigir conocimientos que pasen por todas las especialidades del derecho. De esta manera, un abogado/a civil y comercial tiene que terminar respondiendo sobre especificidades del derecho penal, que, lógicamente, desconoce
13 de febrero de 2020
La Procuración del Tesoro avaló el planteo de la fiscal Boquin
Luz verde a la intervención del Correo Argentino
El pronunciamiento del organismo a cargo de Carlos Zannini advierte que hay "sobrados elementos" sobre las irregularidades cometidas por el Grupo Macri. Es el primero que el gobierno de Alberto Fernández hace en la causa que investiga el pago de la deuda que el holding de la familia del expresidente mantiene con el Estado.
Por Irina Hauser
Imagen: Guadalupe Lombardo
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino de la familia Macri y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o cramdown, que podría convertirse en la antesala de su quiebra. De esta manera el Gobierno adhiere a un planteo presentado la semana pasada por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin y adopta una postura que se encuentra en las antípodas de la que mantuvo su antecesor, que apostó al paso del tiempo y –de ese modo—a la dilación del pago de la deuda millonaria de la empresa en un proceso concursal que lleva 18 años de trámite. El escrito de Zannini advierte que es imperioso que el Estado cobre lo que le deben ya que, tal como ha tramitado el expediente, “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”. También advirtió sobre maniobras de vaciamiento, denunciadas ya por la fiscalía a favor de sus controlantes, amigos y aliados, algunos integrantes de las filas del macrismo.
La empresa Correo presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). Pero el grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses. También cuestionó el último planteo que Boquin hizo la semana pasada. Allí la fiscal pidió la intervención de la firma. Señaló que “luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad --que he denunciado-- ligados al vaciamiento de la empresa y/o fueron efectuados violando” la Ley de Concursos y Quiebras. Recuerda que el “cramdown” fue ordenado por primera vez en octubre de 2004, sin embargo, artilugios mediante nunca se concretó.
Zannini es el jefe de los abogados del Estado y su intervención se debe, paradójicamente, a un decreto que firmó Macri cuando estalló el escándalo del Correo, cuando la fiscal Boquin denunció que el Correo y el entonces Gobierno (con Macri de ambos lados del mostrador) habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, que en realidad la licuaba casi en su totalidad. El ex presidente desplazó al ex procurador Carlos Balbín, que cuestionó lo ocurrido con el Correo. Pero antes había cambiado las reglas para poner a un procurador de su confianza al que le dio intervención protagónica, Bernardo Saravia Frías, integrante de su “mesa judicial” cuyo estudio de abogados había representado a las empresas de la ex familia presidencial. Saravia Frías no pareció muy interesado en defender los intereses del Estado y cobrar el dinero que le debe el Correo, unos 4500 millones de pesos al día de hoy.
En su planteo de la semana pasada la fiscal Boquin advirtió que se “agravaron” las circunstancias que llevaron en septiembre último a la designación de un coadministrador ya que aumentó el pasivo posconcursal pero tampoco se sabe “su real cuantía”. “Por otro lado en esta etapa procesal podrían producirse otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores en un escenario de falencia teniendo en cuenta la posibilidad de fracaso del cramdown y la inmediata quiebra de Correo Argentino SA”, decía su planteo. Boquin cuestionó la actuación, hasta ahora, del coadministrador nombrado por el juzgado de primera instancia, Carlos Angel María Ferrario, un árbitro de la Bolsa de Comercio, otrora juez comercial. Hasta ahora presentó tres informes, pero imprecisos sobre cuestiones claves: la fiscalía dice que, por ejemplo, no informó sobre una deuda posconcursal que Correo tiene con la AFIP de 600 millones de pesos; también figuran deudas con su propia controlante Sideco Americana por locación de servicios y bienes por 32 millones de pesos. Vale recordar que Correo es una empresa que figura inactiva.
El escrito de Zannini adhiere al enfoque y los planteos de Boquin, lo que representa un giro rotundo en la posición de la Procuración. Su presentación, a la que accedió Página/12, repasa también las “graves irregularidades” ocurridas a lo largo del tiempo y que revelarían posibles maniobras de fraude concursal: la lista incluye, además de las operaciones con Sideco, la compra de acciones a Socma de la firma Neficor (ligada al negocio automotriz) por 2 millones de dólares por lo que no obtuvo ningún beneficio; el retiro, además, de dinero de las propias cuentas de Correo, a favor de las controlantes; “el presunto vaciamiento progresivo de Correo Argentino mediante pagos que se encuentran cuestionados y en investigación”, lo que incluye sumas entregadas a abogados vinculados a los Macri, como el propio Jaime Kleidermacher, que representa a la empresa, pero también el diputado Pablo Tonelli y el ex funcionario Pablo Clusellas, entre otros a los que se suman agencias de publicidad y consultoras. Hubo también pagos de “anticipos de directorio” fuera de las normas, dice Zannini. Boquin ya había señalado el desvío de al menos 35 millones de pesos con estas maniobras.
El procurador señala también “la licuación de los créditos de los acreedores concursales, a consecuencia del excesivo tiempo transcurrido sin que el proceso avance hacia un desenlace coherente con el espíritu del régimen concursal (pago a los acreedores, ya sea a instancia de la concursada o terceros) o, en su caso, a instancia de un proceso liquidatorio propio de la declaración de quiebra”. En un último punto recuerda que Correo utilizó la presentación de conformidades fraudulentas (los acreedores estaban representados por los abogados vinculados al Correo y a su directorio) para obtener la homologación del acuerdo de junio de 2016 que fue denunciado y abortado con Boquin, que advirtió que era una suerte de trampa para disolver la deuda de la empresa, aprovechando la presencia de Macri en el poder.
La Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero –las mismas que aceptaron dilaciones durante años a favor del Correo—, le envió a la jueza de primera instancia Marta Cirulli el escrito de Boquin, al que adhiere el Procurador del Tesoro. Cirulli fue denunciada en la causa penal que tramita ante el juez federal Ariel Lijo, donde fueron indagados el ex ministro Oscar Aguad, su director de Jurídicos, Juan Mocoroa, el abogado Kleidermacher y el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa. Las indagatorias fueron hace casi un año y sigue irresuelta su situación procesal. Lijo mandó a hacer un análisis contable. Queda claro los fuertes intereses que se mueven en este tema, con millones de pesos en juego.
Fuente:Pagina12
El juez federal subrogante de Río Gallegos, Javier Leal de Ibarra, consideró que se trató de delitos de lesa humanidad cometidos contra tres soldados conscriptos movilizados a Santa Cruz.
Por Néstor Espósito
13 de Febrero de 2020
Un tribunal federal consideró que las torturas que denunciaron combatientes de la guerra por las Islas Malvinas de 1982 son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El fallo fija un antecedente de peso para la reapertura de todas las causas en las que los soldados, en su mayoría jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio, denunciaron que fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos por parte de sus jefes mientras duró el conflicto bélico por el archipiélago austral.
El juez federal subrogante en primera instancia Javier Leal de Ibarra procesó al ex teniente primero y médico Reynaldo Pascuzzi y al ex capitán Carlos Alemán Urquiza por los delitos de “privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales, ejerciendo abuso de autoridad, empleando violencias y amenazas” contra tres soldados chaqueños movilizados por el conflicto austral.
Se trata de Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez, quienes no estuvieron en combate pero permanecieron durante 71 días en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.
Los imputados, según se desprende del fallo de 40 páginas, al que tuvo acceso Tiempo, fueron sometidos “al frío extremo, cavar pozos de agua, a golpes, a una alimentación basada en sobras (huesos de oveja, restos de pan), a simulacros de fusilamiento, estaqueamientos en la nieve, maltratos físicos solían venir acompañados de agresiones verbales, tales como ‘a estas basuras hay que matarlos, estos traicionan a la Patria’...”.
Esos tratos fueron consecuencia, por ejemplo, de que los soldados se retiraran de la guarnición militar en busca de comida.
Otro conscripto declaró como testigo que “presenció cómo un compañero soldado, Hugo Vicente Sandoval, fue estaqueado por orden del Teniente Primero Médico Pascuzzi; quien además lo obligó, junto al soldado Sánchez, a sacar agua y hielo –a mano limpia- de un pozo que se utilizaba para hacer la comida”.
“Y como Sandoval en un momento, extenuado por el esfuerzo, decidió abandonar la tarea para retirarse a descansar, Pascuzzi fue personalmente hacia su lugar de reposo, lo levantó a fuerza de puntapiés y ordenó que fuera nuevamente estaqueado”.
Los imputados negaron las acusaciones, pero el juez Leal de Ibarra no les creyó: “Tampoco me persuaden las argumentaciones de la defensa relativas a que los imputados no pudieron haber cometido los crímenes que se le endilgan por cuanto las víctimas no se encontraban bajo su cadena de mando”.
“Ello por cuanto, más allá de que pudieron estar formalmente establecidas las áreas de incumbencia de los oficiales a cargo del Grupo de Artillería 7, está claro que los damnificados tenían para con ellos el deber de obediencia propio de toda estructura militarizada; y que ese ejercicio de poder -más allá del plano formal- pudo haber sido discrecional y arbitrario”.
El fallo sostiene que “los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad generan la misma obligación internacional para los Estados en cuanto al deber de búsqueda, detención, enjuiciamiento y -de corresponder- el castigo de los responsables”.
“Por tanto –destaca-, no resultan oponibles obstáculos jurídicos como el instituto de la prescripción para dejar de cumplir tales compromisos”.
El fallo dispone que la causa pase rápidamente a la etapa de juicio oral: “estas observaciones y apreciaciones tienen la provisionalidad propia de un estadio procesal en el que aún no se ha definido si a los imputados les cabe efectivamente un reproche penal y en qué cuantía”.
“No obstante lo cual –subraya la resolución- se entiende que corresponde avanzar hacia etapas ulteriores del proceso en el entendimiento que la prueba reunida es suficiente como para tener por reunido el grado de convicción que requiere un mérito incriminatorio de esta naturaleza”.
Fuente:TiempoArgentino
LA OBRA PÚBLICA EN LA ERA MACRI
El 75% de las obras que tiene Vialidad Nacional estarían paralizadas
Así lo sostuvo el administrador de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta al apuntar contra la gestión anterior. También precisó que en "las 146 obras que están activas, hay retrasos". Mirá cuánto es la deuda que encontró en el organismo.
"De las más de 600 obras iniciadas que tiene Vialidad, el 75 % están paralizadas o no generan certificados de obra desde hace más de seis meses", sostuvo el funcionario nacional al explicar que en "las 146 obras que están activas, hay retrasos" y que encontró "una deuda de $ 18 mil millones".
Sobre el "Plan Federal de Obras", iniciativa lanzada durante el gobierno del ex presidente Macri, y que estaba dividido en tres ejes: autopistas, rutas seguras y mantenimiento de rutas, Arrieta consideró que "el desempeño fue muy bajo".
"En lo que respecta a las autopistas, se ejecutó solo el 10% de los objetivos que la anterior administración se planteó. En el tema de rutas seguras solo se cumplimentó el 1% del total anunciado entre el período 2016-2019 y en lo que hace a mantenimiento de rutas ya existentes se cumplió el 50% de lo anunciado, pero se abandonó el control de carga en las rutas", precisó.
Fuente:PoliticaArgentina
Córdoba: funcionarios de Mestre, empresarios y sindicalistas investigados por corrupción con la basura
Allanaron la Municipalidad y el Tribunal de Cuentas buscando pruebas por pagos con facturas truchas y empresas fantasmas.
Por Gustavo Molina (Córdoba)
Llegaron con una orden de allanamiento firmada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro y subieron directamente al segundo piso de la Municipalidad de Córdoba, donde funciona la Secretaría de Economía. A la misma hora, otro grupo de agentes de la División de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba con sus chalecos azules y letras blancas hacía lo mismo, en el Tribunal de Cuentas municipal en calle 27 de Abril, frente al Palacio 6 de Julio. Del operativo también participaron agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El allanamiento ordenado por la Justicia federal a las sedes municipales apunta a una investigación por presunta corrupción cometida durante el gobierno del ex intendente radical Ramón Javier Mestre en la empresa municipal Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE), en el Ente Municipal de Servicios y Obras Públicas (ESOP) y en el gremio de los recolectores de residuos SURRBaC.
La causa fue iniciada durante el 2019, cuando Ramón Javier Mestre era intendente y es una derivación de la causa del Sindicato Unico de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, cuyos líderes, el secretario general Mauricio Saillén y el adjunto Pascual Catrambone fueron detenidos en agosto pasado por presunto lavado de activos y usura.
La CReSE es una empresa de residuos municipal creada en 2007 por el ex intendente kirchnerista Daniel Giacomino. El director obrero de la firma municipal era el sindicalista del SURRBaC Pascual Catrambone. Con la llegada de Mestre a la Intendencia, se licitó el sistema de recolección de residuos, la ciudad quedó dividida en dos áreas que explotan dos empresas –COTRECO y LUSA se quedaron con el 90% del servicio-; aunque quedó funcionando la empresa municipal como CReSE residual, con sólo 10%.
El allanamiento ordenado por el juez Bustos Fierro fue solicitado por el fiscal federal Enrique Senestrari, que investiga el crecimiento patrimonial de Saillén y Catrambone. Sospechan que el SURRBaC, proveedor de servicios de la CReSE y del ESOP presentó facturas truchas para cobrar por prestaciones nunca realizadas.
En este presunto entramado de corrupción, también están sospechados los empresarios de la Compañía de Tratamientos Ecológicas (COTRECO SA), quienes fueron denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En marzo de 2012, COTRECO se quedó con el 45% de la estatal CReSE, cuando se reemplazó el sistema municipal de recolección de residuos, durante el primer mandato de Ramón Javier Mestre.
Según la investigación del fiscal Senestrari, los directivos de COTRECO SA, Horacio Busso, Marcelo Debernardo y Flavio Cavallieri habrían montado una asociación ilícita alrededor del año 2010, con actividades ilegales que fueron puestas en marcha a través de las contratistas Guba SA, su sucesora COTRECO SA y finalmente Urbacor SA. A través de una red de empresas que operaban como contratistas y contratantes, Busso y sus socios evadieron impuestos omitiendo las declaraciones juradas, generaban planes de pago que luego renovaban y emitían facturas a través de empresas fantasmas como Vanesin SA, Nueva Serie SA, División Protonic SA, Intruder Service SA, y Futuro Sustentable SRL.
Horacio Busso, ex presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, es primo del ministro de Agricultura schiarettista, Sergio Busso.
Durante los allanamientos realizados esta semana se buscó material relacionado con CReSE y ESOP, como facturas de empresas fantasma o inexistentes; además de facturas falsas de empresas prestadoras. Por caso, desde 2016, el ESOP le compró a Higyse SA capas de lluvia, borceguíes de trabajo y guantes para sus trabajadores. La proveedora Higyse SA pertenece a Agustín Catrambone, hijo del detenido sindicalista Pascual Catrambone y empleado del ESOP. Otro de los propietarios de la firma es Mauricio Boñanni, empleados de la empresa recolectora LUSA. Sólo en 2018, el ESOP le pagó a Higyse SA $ 21 millones por la compra de material para sus trabajadores.
Ya en noviembre del año pasado, las oficinas del ESOP y de la CReSE, que funcionan en calle 27 de abril al 700 –a cuatro cuadras de la Municipalidad de Córdoba- habían sido allanadas por orden de la Justicia Federal. También fueron allanadas las viviendas de los funcionarios de la CReSE, los mestristas Norberto Bergami (presidente), Aldo Vargas (director), Pablo Cáceres (síndico) y Enrique Imberti, ex funcionario del ESOP.
“Es una causa relacionada con la anterior gestión, nada tiene que ver el actual intendente Martín Llaryora. El personal de la Municipalidad le brindó toda la información requerida a la Justicia”, señalaron desde la Municipalidad de Córdoba a El Destape.
Desde la Justicia federal, en tanto, sólo confirmaron que hubo dos operativos donde se requirió documentación en la Secretaría de Economía y en el Tribunal de Cuentas municipal.
Fuente:ElDestape
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