Informe especial.
La presencia del Ministerio de Educación porteño patentiza aún más las diferencias Villa 31: Integración que desintegra
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta argumentó que un ministerio en medio del barrio "Padre Carlos Mugica" cohesionaría la zona. Ocurrió lo contrario.
El transporte empieza a las siete de la mañana y circula hasta las siete de la tarde.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
Al final de la calle Perette, una amplio paseo que funciona como unas de las arterias de ingreso a la Villa 31, se encuentra la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad. La calle es ancha y prolija, las casas a los costados están arregladas y pintadas de colores, los comercios se cuentan por decenas y allí, al final de todo, se levanta una imponente mole de vidrio de siete pisos que sintetiza el programa de integración y urbanización impulsado por el gobierno porteño en la 31. Sin embargo, ni los vecinos del barrio ni los trabajadores del Ministerio están contentos: mientras que los primeros cuestionan la necesidad de un ministerio en un barrio sin hospital y con manzanas que no tienen agua desde julio, los otros denuncian episodios de inseguridad e irregularidades en la obra.
Hace un mes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la mudanza del Ministerio de Educación a la nueva sede ubicada en la Villa 31 (o Barrio Padre Mugica, como sus habitantes prefieren llamarlo). El polo educativo "María Elena Walsh" es una enorme estructura de 26 mil metros cuadrados con una fuerte una estética corporativa que alojará un total de 2200 trabajadores, centralizando, de esta manera, el personal del ministerio que se encontraba desparramado en diferentes sedes. Como parte de un proyecto de "integración social y urbana", el gobierno porteño pidió un crédito de 51 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo - según indicaron fuentes del Ministerio - para construir una nueva sede. Enmarcado en el proyecto de urbanización del barrio que Horacio Rodríguez Larreta impulsa hace unos años, el objetivo de construir un nuevo Ministerio de Educación en la 31 era - según el Ministerio - darle un impulso comercial a la zona y "romper con la creencia de los barrios marginales son inaccesibles".
Así fue como se embelleció y amplió Perette, la calle sobre la que se ubica el Ministerio. Se construyeron unas bicisendas y se instaló una terminal de EcoBicis. Comenzaron a funcionar tres nuevas líneas de colectivos que ahora ingresan al Barrio Mugica, el 33, el 45 y el 132. Frente a la nueva sede se encuentran las nuevas viviendas que el gobierno de la Ciudad construyó para relocalizar a sus vecinos y, entre ellas, hay un parquecito que es regularmente regado. Sin embargo, a una cuadra de las mangueras que irrigan el pasto del Ministerio, los vecinos del barrio están sin agua desde abril. Los colectivos que ahora entran al barrio ingresan solo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, es decir durante el horario de trabajo de los empleados y empleadas del Ministerio. Y, como si fuera poco, las 1200 nuevas viviendas que acompañan el paisaje del Ministerio son el foco de varias denuncias de irregularidades por parte de los vecinos.
Prioridades
"Nos enteramos del Ministerio de Educación cuando ya empezaron a construirlo. Lo hicieron cuando lo que la comuna está demandando es un centro de salud, un hospital. Los Cesac no alcanzan y las ambulancias no entran al barrio, a menos que sea acompañado por un móvil de la policía. Nos pasó que gente se nos muriera porque los médicos se negaban a entrar", explica Walter Giracoy, consejero de la 31. "El edificio tiene agua, pero nosotros no. ¿Y nosotros qué somos?", agrega, enojado, Saúl Sánchez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio Padre Carlos Mugica, haciendo referencia a los problemas en el servicio de agua que algunas manzanas del barrio sufren desde julio. Saúl, que se instaló en el barrio en los 90' y que tiene un local sobre la calle Perette, destaca sentirse "ilusionado" por el caudal de nuevos potenciales clientes que empezaron a circular frente a la entrada de su local desde que se mudó el Ministerio. Sin embargo, el comentario se pierde en la avalancha de críticas que, tanto él como varios vecinos que lo acompañan, comienzan a lanzar contra las irregularidades y contradicciones de las políticas del gobierno porteño en el barrio.
Las nuevas líneas de colectivos que ahora ingresan al barrio es uno de los temas de discusión. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el nuevo recorrido de las líneas 33, 45 y 132 como un hito simbólico en la integración de la Villa 31. Sin embargo los y las habitantes del barrio no lo ven tan así. "Para el gobierno de la Ciudad somos un guetto. No podes construir semejante monstruo que trasladaron del corazón de Buenos Aires y ponernos una línea de transporte que entra de las 7 de la mañana, hace un corte a las 11 y vuelve a entrar a las 16 hasta 19. ¿Por qué motivo? Todo por el Ministerio de Educación", se indigna Saúl Sánchez. Además, según comenta Saúl, existen tres líneas de colectivos (el 5, 73 y 25) que dejaron de ingresar a la villa desde la llegada del nuevo ministerio.
"No vamos a decir que la presencia del Estado es algo negativo, porque es algo positivo. Pero hay que ver en dónde aparece", explica Sofía González, comunera del Frente de Todos. "Sobre los terrenos de la YPF en donde se encuentra el Ministerio se iban a construir 2500 viviendas, pero a raíz de que el gobierno de la Ciudad modificó el proyecto original que se había votado en el 2009, las 2500 viviendas se convirtieron en 1200 casas y un Ministerio de Educación. Vos pensá que sólo el 10 por ciento de la gente del barrio Mugica va a ser relocalizada, todo lo demás va a quedar como está. ¿Vos lo ves urbanizado?", pregunta González mientras señala las paredes sin revoque, las calles embarradas de tierra y la telaraña caótica del tendido eléctrico que se eleva sobre nuestras cabezas. "Ahí es cuando entendés por qué Larreta, a pesar de tanta obra, perdió las elecciones en el barrio", comenta.
Urbanización
En 2018 se sancionó un nuevo proyecto de urbanización que preveía la construcción de 1200 nuevas viviendas en el ex playón de YPF. A diferencia del proyecto sancionado en el 2009, la Ley 6129 no fue consensuada con los vecinos y vecinas de la 31, motivo por el cual disparó numerosos cuestionamientos. Uno de los mayores problemas consiste en que las escrituras de las casas nuevas - que son entregadas por medio de créditos blandos a 30 años - cuentan con un cláusula que sostiene que el incumplimiento del pago de la hipoteca (o de los servicios públicos) por tres meses habilita el remate de la propiedad. En un contexto de crisis como el actual, estos detalles no sólo ponen en riesgo la propiedad de la casa, sino que además preparan el terreno para producir una situación de desalojo por medios legales. "Están planeando a largo plazo un desalojo sin topadora", indica Sofía González.´
Los y las habitantes del barrio Mugica denuncian, además, la presencia de varias irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas, así como desprolijidades y malos manejos. Lorenza, por ejemplo, es una vecina del barrio que, el día que el gobierno de la Ciudad censó las casas que se habrían de relocalizar al nuevo barrio, no se encontraba porque era víctima de violencia de género. Su pareja de entonces la había perseguido con un cuchillo por la calle y ella, de pura suerte, logró escapar. Los encargados de organizar el traslado, sin embargo, no le terminaron adjudicando una casa y ahora ella vive sola en el medio de una manzana arrasada. Solo su casa se mantiene en pie. El resto fue demolido, y no tiene ni agua ni luz: "Ahora me quieren mandar a una transitoria hasta que me construyan mi casa. Me muestran un plano en el que me dicen que me van a construir tres piezas, sala, cocina. Hermoso. Pero una delegada que trabaja del gobierno me dijo que ahí no iba a haber casas, que ahí iban a construir un espacio verde. 'Te están mintiendo, Lorenza', me dijo", cuenta, con voz pausada, Lorenza, quien supo convertirse en un ejemplo de las consecuencias que estas irregularidades tienen sobre la vida de los habitantes del barrio.
Trabajadores del Ministerio
Los habitantes del Barrio Mugica no son los únicos que no están conformes con la nueva sede del Ministerio de Educación. En este momento ya hay alrededor de 800 personas que ya comenzaron a trabajar en la nueva sede (a la espera de que los más que mil que faltan se reintegren luego de las vacaciones) y ninguna de ellas está muy satisfecha con el traspaso. Desde que se oficializó la mudanza a principio de enero, se sucedieron numerosos hechos de inseguridad que, sumadas a las complicaciones en el acceso al barrio y una serie de accidentes que ocurrieron las últimas semanas, tienen a muchos trabajadoras y trabajadores molestos y preocupados.
"Hay un malestar enorme entre los compañeros porque han querido hacer de esto una campaña de integración del barrio, los han utilizado como ratas de laboratorio, y no resultó", explica la delegada de ATE del Ministerio de Educación, María de las Mercedes Reinoso. "La gente está asustada. Vos tenés a muchísimas personas que probablemente sea la primer vez que vayan a una villa, que están alejadas a ciertas realidades de la sociedad, y que se encuentran con que, inmediatamente después de empezar a trabajar, se empiezan a suceder algunos robos. Así empezaron los reclamos de mayor Seguridad", describe Reinoso, quien hace hincapié en la importancia trasladar la noción de inseguridad que están viviendo las y los trabajadores al ámbito de la precarización laboral que la mayoría de ellos sufre. Al igual que en muchas áreas del Estado porteño, una importante parte del personal del Ministerio de Educación es monotributista y no cuenta con beneficios como la ART.
"Yo no sé si la villa 31 por ser la villa 31 es más insegura que otros lugares. Lo que sí sé es que si vos ubicas las paradas de colectivos debajo de una autopista sin señalización, sin luminaria, alejada del barrio y sin nadie alrededor, sí va a ser necesariamente más inseguro que esperar un colectivo en el medio de Paseo Colón", indica, por su parte, una trabajadora del Ministerio de Educación que pide que no se de a conocer su nombre. La trabajadora denuncia que el problema no es tanto el barrio sino la forma en la cual el gobierno de la Ciudad encaró el proyecto de integración.
"El traspaso de Paseo Colón a la Villa 31 tenía como objetivo integrar a la gente del barrio y eso fracasó rotundamente. Porque el objetivo era habilitar medios de transporte público que generasen un flujo de entrada y salida de personas y, así, integrar el barrio. Y la realidad es que las líneas de colectivos no están funcionando como deberían funcionar. Así que se está haciendo el traslado de personas con medios que son privados y que solamente nos llevan de un lugar al otro a los que somos empleados del ministerio", explica la trabajadora, haciendo referencia a las dos combis privadas que salen del Monumento a los Ingleses frente a Retiro y trasladan a los empleados del Ministerio hasta el edificio. "Para integrar realmente al barrio los medios de transporte deberían ingresar las 24 hs, pero lo hacen solo hasta las 7 de la tarde", sostiene, en una línea similar a los vecinos del barrio Mugica, otra trabajadora del Ministerio. "Que no nos vendan que están integrando el barrio porque cuando el transporte es prácticamente privilegiado para la gente que trabaja en el Ministerio no hay integración", determina.
Efectivamente, las combis representan un problema no sólo porque contradicen el discurso de integración del nuevo Ministerio, sino porque además, frente a los complicaciones de acceso y salida del barrio, resultan insuficientes para las necesidades de los trabajadores. Sólo hay dos combis con espacio para 17 personas para un personal compuesto por 2200 personas. El viaje entre Retiro y el Ministerio es de 15 minutos, por lo que los tiempos de espera para subirse pueden llegar a más de una hora (situación que empeora cuando llueve). "Mientras tanto la ministra y el resto de las autoridades llegan al ministerio en auto y estacionan en el estacionamiento, que no es para todos los empleados. No caminan el barrio, ni conocen a los vecinos", agrega otra trabajadora.
Además de los robos, Reinoso denunció que el edificio no cuenta con el certificado de final de obra, es decir que el edificio todavía no está oficialmente habilitado. Las trabajadoras del ministerio que conversaron con Página/12 comentaron, además, que hubo tres ascensores clausurados y que, hace un par de semanas, una chica sordomuda quedó encerrada en uno de ellos. Por último, también se sucedieron algunos accidentes, como una chica que tuvo un ataque de epilepsia y otra que se esquinzó en una escalera, que causaron mucho malestar porque en ambos casos la ambulancia no quería entrar al barrio a buscarlas.
"Lo que yo veo es que acá vos tenés un barrio al que le faltan un montón de cosas, que no tiene agua desde hace meses, y vos le construiste un edificio inteligente. Un compañero lo dijo muy claro el otro día: este edificio es el hospital que le falta al barrio. Es obvio que eso va a generar una situación más antagónica de lo que ya es y la cara visible de todo esto somos nosotros, los empleados", finalizó una de las trabajadoras.
Informe: María Cafferata.
17 de febrero de 2020
Sospechan que hubo irregularidades en el trapaso
El Gobierno nacional revisará la cesión de 100 inmuebles de Macri a la Ciudad
En el entorno de Horacio Rodríguez Larreta sostienen que "apuestan al diálogo" y evalúan los pasos a seguir después de leer el texto.
Por Werner Pertot
El Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El gobierno de Alberto Fernández revisará la cesión que en los últimos días de su mandato Mauricio Macri hizo a la Ciudad de más de cien inmuebles por un valor de al menos 16 mil millones de pesos y llegado el caso las anulará. La cesión ya había sido cuestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dado que inflingía una ley que impide tomar este tipo de medidas en los últimos días del Gobierno. Desde el Gobierno porteño, advirtieron a PáginaI12 que esperarán a analizar el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial para luego evaluar judicializar la situación y destacaron que apostarán primero al diálogo. Por las dudas, aclararon que las transferencias se basan en convenios que fueron firmados antes de los últimos días y que fue una forma de pagar deudas por obras hechas por el Gobierno de la Ciudad.
La decisión de revisar la transferencia de terrenos a la Ciudad que resolvió Macri antes de irse forma parte de una discusión mayor: la de la coparticipación porteña , en la que el presidente tiene resuelto recortar el aumento que Macri hizo a la Ciudad. El anterior mandatario la subió de 1,4 a 3,5 por ciento. Fernández la bajaría a 2,1 o 2,3. Las negociaciones con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hasta ahora no llegaron a un acuerdo. El Gobierno porteño argumenta que ese dinero cubrió el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, pero los negociadores de Nación los números no le cierran: indican que el monto transferido es casi el doble de lo que costaban los policías traspasados.
En el medio de ese debate, la AABE publicó un informe en el que advertía sobre 31 escrituras firmadas por Macri en sus últimos días de gobierno -algunas, incluso, el 9 de diciembre- en las que entregaba a la Ciudad unos 100 inmuebles y parcelar ferroviarias en Palermo y Caballito por un valor no menor a 16 mil millones de pesos. El Gobierno nacional advirtió, desde ese momento, que estaba en investigación una posible infracción de la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, por la que no se pueden tomar decisiones de ese tipo en los últimos dos trimestres antes de finalizar el Gobierno. La mayoría de las escrituras fueron firmadas entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre. El DNU para ceder esas tierras fue firmado por Macri al día siguiente de perder las elecciones.
Hay 10 escrituras realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo (inmuebles cuyas valuaciones alcanzan 5.457.610.000 pesos). Otras son dentro de los Convenios sobre Viaductos se transfieren 7 inmuebles por 8.504.140.000 pesos y en el Convenio Marco de Playas Ferroviarias, las operaciones son por 12.987.338 dólares y 16.961.616 dólares, respectivamente. Además, hay otras 18 escrituras que transfieren un instituto de menores, comisarías, cuarteles y playas judiciales, entre otros inmuebles, que todavía se están tasando.
Esta discusión está por llegar a su fin: este diario pudo confirmar que entre el lunes y el martes saldrá publicado el decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández que manda a anular esas concesiones y da de baja la norma con la que Macri las cedió. Según publicó el periodista Gabriel Sued en La Nación, el decreto señala que se buscará "deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales", ante la detección de "vicios que puedan implicar su nulidad", así como "eventuales hechos o actos ilícitos". En rigor, existe una causa penal por este motivo contra Macri y el ex titular del AABE, Ramón Lanús. La iniciaron seis organizaciones sociales, que señalan que las transferencias se hicieron sin que pasaran primero por el Congreso nacional.
El decreto, que fue firmado el jueves pasado por el presidente y todo su gabinete, también advierte que es "gravoso y reprochable" que el decreto Macri lo firmó el día después de perder las elecciones y solamente en favor de la Ciudad de Buenos Aires lo que "hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma estaba dada por concretar operaciones a favor de la Ciudad de Buenos Aires y no en mejorar las atribuciones de la AABE".
El Gobierno nacional buscará revisar e impugnar cada una de las transferencias. Además, involucrará a los gobernadores en al discusión a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Ese organismo tendrá a su cargo ver si efectivamente fue violado el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que fue impulsado por el gobierno de Macri. En el decreto, además, se señala que con esa decisión se "desnaturaliza la función de la AABE, se vulnera elementales normas en materia de competencias y que resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público".
Desde el Gobierno porteño, consultados por este diario, se mostraron prudentes y decidieron esperar a leer el decreto completo antes de hablar sobre una posible judicialización. "Veremos cuáles son los pasos a seguir. Confiamos en que el diálogo va ser el camino para ponernos de acuerdo en este y en todos los temas que puedan surgir", indicaron. Aclararon que, hasta ahora, ninguno de los terrenos fue utilizado ni vendido a privados por el Gobierno porteño. "Los que corresponden a los viaductos San Martin y Mitre y los de CAF podemos venderlos desde Gobierno de la Ciudad. Para los de Playas Ferroviarias necesitamos la autorización de Nación", advirtieron.
"Tenemos la tranquilidad de que los inmuebles transferidos tienen causa en convenios y/o situaciones originadas con bastante anterioridad al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal. De hecho, la disposición de la totalidad de los inmuebles involucrados fue autorizada por decreto en 2013 (Playas), 2018 (viaductos) y enero 2019 (CAF). Lo que sucedió dentro de este tiempo (el final del mandato) fue la instrumentación y efectivización de las transferencias", argumentaron desde el Gobierno porteño. Será el principal caballito de batalla para discutirle al Gobierno nacional la legitimidad de las medidas tomadas por Macri.
17 de febrero de 2020
"No ha habido un ajuste", explicó Alberto Fernández criticó a los medios que sesgan la información sobre los jubilados
Imagen: Alejandro Leiva
Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para desmentir notas que publicaron Clarín y La Nación el sábado y domingo en las que, basadas en un recorte sesgado de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indicaron que el Gobierno Nacional estaba aplicando un “ajuste” a los jubilados de cinco mil millones de pesos en comparación a la fórmula elaborada durante el gobierno anterior. El problema que señaló el mandatario, explicó en diálogo con Página/12 el director del Cepa, Hernán Letcher, es que los periodistas de dichos medios no tuvieron en cuenta la totalidad del informe que explicita que esa cuenta no contempla el bono de cinco mil pesos, que fue otorgado a los jubilados en diciembre y enero pasado por el Gobierno. El director de la Anses, Alejandro Vanoli, afirmó que el aumento en las jubilaciones va a ser "positivo en términos reales".
En una primera cuenta que se ve reflejada en el informe, el CEPA calculó que, si se hubiese aplicado la movilidad instaurada durante el macrismo y derogada por Fernández, el dinero que hubiese destinado el Estado Nacional habría ascendido a $168.392.916.442. En cambio, la fórmula diseñada por Alberto Fernández y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, llega solo a $162.907.197.970. Ambos diarios, aseguraron que “el ajuste” ascendía a $5.485.718.473.
Al incorporar los valores agregados, el CEPA estipuló que “si se analiza el semestre diciembre de 2019 a mayo de 2020, se percibe que la movilidad de diciembre más el aumento por decreto de marzo implica un incremento de 17,3% que alcanza 25,1% si se considera el bono”. Con esa premisa calcularon que, en marzo, el sector de los jubilados que cobran la mínima recuperarían un 0,4% de poder adquisitivo (si no se considera el bono) y 8 puntos porcentuales con el plus brindado por el Ejecutivo. “Finalmente, si se considera la movilidad anterior, el nuevo esquema implica casi 4 puntos porcentuales por encima si se considera el bono de diciembre y enero y casi 4 puntos menos si no se toma en cuenta el bono”, completaron en el escrito los especialistas.
En diálogo con Página/12, Hernán Letcher, subrayó que “el informe compara, en un momento, la actualización de jubilación vía decreto con la movilidad anterior. Hace esa comparación sin considerar el bono por una sencilla razón: el bono se otorga en diciembre y enero y la actualización es para abril mayo y junio. En la comparación directa no tiene sentido. Sin embargo --agregó-- acto seguido, hay un subtítulo que dice: ‘¿ajuste o mejora para los jubilados?’, y en el primer párrafo afirma: en estas condiciones no se puede decir que haya ajuste. Porque hace el análisis del semestre y ahí le agregamos el bono”. Sin embargo, según el director del CEPA “lo que hace Clarín en su nota es obviar esa parte y hacer el cálculo como si no se hubiese pagado el bono”.
En el tweet, el presidente consignó que: “Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. El CEPA lo explica aquí. Que no te engañen!”, remarcó y adjuntó un tweet de Letcher en el que denunció que algunos medios leyeron sólo la mitad del informe.
Luego de la publicación de Fernández, en la que critica la postura sesgada que tuvieron algunos medios al leer la mitad del informe, Clarín volvió a sacar una nota sobre el tema en la que se pregunta: “¿Por qué en el Gobierno se enojan y salieron a defender el anuncio si el propio informe advierte sobre el recorte?”, y aseguran que es porque el informe del CEPA advierte que la suma que ellos utilizan para decir que hay un ajuste, no tiene en cuenta los bonos a los jubilados que se entregaron en diciembre y enero. En ese sentido, en el mismo diario, explicaron que en ese caso “la proyección del ajuste se reduce. E incluso en el corto plazo no hay recorte”. “En una línea se desmienten ellos mismos. Es un escándalo”, denunció Letcher con respecto a esta segunda nota y agregó que según él, “hubo una intención por parte de algunos medios de comunicación, a raíz de un informe nuestro, de instalar que había un ajuste”. “Fueron $30.000 millones solo para jubilados y pensionados y $15.000 millones para Asignaciones. Entonces, ¿dónde está el ajuste? No hay forma de decir que esto es un ajuste”, enfatizó el director del CEPA.
Por su parte, Vanoli, sostuvo hoy que el aumento de las jubilaciones que dispuso el Gobierno "va a ser positivo en términos reales" y destacó que el Estado está haciendo un "esfuerzo" sobre el sistema previsional con un "criterio de equidad". Por último remarcó que "los jubilados, aún los que quedaron por debajo del 13%" de la medida oficial, "le van a ganar a la tasa de inflación" del primer trimestre del año.
Informe: Melisa Molina.
Fuente:Pagina12
El gobierno acelera un "Plan B" para usar en caso de default
El presidente admitió la existencia de un plan alternativo y fuentes oficiales afirman que se aplicará si no hay acuerdo por la deuda. La negociación con los bonistas entra en etapa de definiciones, tras los choques por los canjes en Buenos Aires y Nación. El rol del comercio exterior, salarios y jubilaciones.
Por Randy Stagnaro - @randystagnaro
16 de Febrero de 2020
"Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa A, o por si pasa B", dijo el presidente Alberto Fernández el jueves pasado en una entrevista con Radio Rivadavia. Por tratarse de un gobierno que mide en detalle cada una de sus declaraciones, la expresión del mandatario llamó la atención. ¿En qué consisten estos planes?
"El plan A es el que se aplicará si hay un acuerdo con los bonistas y el FMI; el plan B, si no lo hay", le dijo una fuente oficial a Tiempo. Un escenario de no acuerdo por la deuda pública equivale a una declaración de default.
Desde que asumió, hace poco más de dos meses, el gobierno coquetea con el default. Todas las observaciones que han hecho tanto el presidente como el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el sentido de que la deuda pública "es impagable", apuntan a sentar a los bonistas a la mesa de negociaciones para lograr nuevos términos de la deuda que la hagan supuestamente pagable. Pero este proceso se ha demostrado mucho más arduo de lo que se esperaba. La distancia entre lo que ofrece el gobierno y lo que reclaman los bonistas es enorme, tal como se vio en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires con el bono BP21, primero, y de la Nación, después, con el bono dual.
Es en ese marco que las declaraciones oficiales comienzan a ser más específicas respecto de la posibilidad de un default. En la misma entrevista del jueves, Fernández aseguró que la Argentina ya estaba en default "técnico" desde que, a fines de agosto de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri "reperfiló" varias emisiones de bonos en pesos y en dólares.
Del mismo modo, la exposición del ministro Guzmán en la Cámara de Diputados el miércoles pasado fue leída en tono de desafío a los bonistas ya que si, como dijo el ministro, no habrá superávit fiscal hasta 2023, se da por descontado que no habrá recursos para el pago de la deuda pública.
Ajuste, para qué
Algunos relativizan la posibilidad de un default. Es el caso de José María Segura, economista jefe de la firma de consultoría PriceWaterhouseCoopers, quien en diálogo con Tiempo consideró que "todavía debe correr mucha agua para decir que el default es una salida inevitable". Para Segura, se está en presencia del inicio de las negociaciones entre el Estado argentino y los bonistas, con lo que "ambas partes muestran su mayor fortaleza posible".
El especialista consideró que "hay tiempo para que el proceso de negociación se desarrolle". Mientras tanto, el gobierno podría apelar al uso transitorio de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos en moneda extranjera. Si bien descartó que se llegue a un acuerdo en marzo, tal como lo establece el cronograma oficial dado a conocer a fin de enero, Segura indicó que hay "algo más de margen como para avanzar" en el diálogo con los bonistas. Con todo, observó que el gobierno debe avanzar en "destrabar las negociaciones" por medio del anuncio de un plan de gobierno.
La idea de que el tono amenazante que adoptó el gobierno forma parte de las fintas propias de un primer round de observación toma cierto sentido en el contexto del mencionado cronograma oficial. Tras la presentación ante Diputados, el equipo de Economía repartirá su tiempo entre la atención a la misión del Fondo Monetario, que se quedará en el país hasta el próximo miércoles, y el inicio de las conversaciones formales con los bonistas, para lo cual se tomará diez días antes de la elaboración de un informe sobre lo conversado. También contratará a los agentes de información, los asesores financieros y los agentes de distribución, para lo cual ya hay cierto retraso.
Así como con los planteos ultimatistas, las decisiones del gobierno también dan pie a interpretaciones diversas. Por ejemplo, el ajuste en las jubilaciones anunciado el viernes último (ver página 6) podría tener dos lecturas: de un lado, un ahorro de 5000 millones de pesos por mes a fin de acumular recursos estatales ante el cimbronazo de un default; del otro, una demostración ante los acreedores de que se están generando los recursos con los cuales pagar la deuda y, de esa forma, convencerlos de que "hay voluntad firme de pagar", como dijo Guzmán ante los diputados.
Melisa Sala, economista jefe de la consultora LCG, también observa esta dicotomía. "Las probabilidades de un default subieron y eso se refleja en la caída de los precios de los bonos y en la suba del riesgo país", le dijo a Tiempo. "La posición más dura del gobierno, plasmada en el discurso de Guzmán en el Congreso, aunque puede ser una estrategia como parte de la negociación, también pueden reflejar el hecho de que quizá, para el gobierno, empieza a volverse viable la opción del default: altos costos mediante, todavía podría culpar a la gestión anterior de la decisión y se evitaría los costos de convencer a sus propias filas sobre la necesidad del ajuste fiscal que demandará un acuerdo con los acreedores", consideró.
LCG emitió un informe a sus clientes en el que advierte que la no presentación del programa económico, a pesar de los reveses con las recientes propuestas a los bonistas, podría deberse "a que la opción del default se está volviendo cada vez más atractiva para el gobierno".
Fondos, inflexibles
La opción del default no es patrimonio exclusivo del gobierno, más cuando los bonistas fueron los que marcaron la cancha en las dos negociaciones recientes. "Las posibilidades de acuerdo dependen de las dos partes, lo que implica una cierta flexibilidad de los acreedores para avenirse a la propuesta oficial. Pero los acreedores han mostrado inflexibilidad", le dijo a Tiempo el economista de la Universidad de Belgrano Víctor Beker. "El ejemplo fue lo que sucedió con el BP21, cuando no aceptaron una prórroga del pago de un vencimiento de capital. Eso fue una mala señal, porque el hecho de que la provincia pagara todo el vencimiento envalentonó a los acreedores. Eso se vio luego en la negociación del AF20, donde sólo el 10% aceptó la propuesta de canje del gobierno", detalló.
Beker observó que "este problema se va a reproducir todos los meses, con cada vencimiento. El mensaje que transmite Economía es que van a pagar lo que se pueda. Es decir, Economía también endureció su posición al ofrecer en canje, en un primer momento, bonos que implicaban quitas de hasta el 40% del capital".
Fernando Camusso, economista de Rafaela Capital, una boutique de inversiones de esa ciudad santafesina, consideró que la complejidad de la negociación de la deuda ha derivado en "un retroceso", lo que hace al default "más que factible, probable". Camusso remarcó que ese giró se dio "a partir del reperfilamiento del AF20": como el gobierno no quiere emitir para pagar la deuda en pesos, si los acreedores no aceptan el canje "no hay otra que reperfilar", que no es otra cosa que un default.
¿Cómo funcionaría una economía en default? "El default ya lo vivimos. No es lo mejor, pero tampoco es el fin del mundo", dijo Beker. Los 15 mil millones de dólares de superávit comercial jugarían aquí un rol central ya que serían las únicas divisas con que contaría Argentina. A ello se le podría sumar lo que podrían aportar las cerealeras para ayudar a prefinanciar las exportaciones. Pero en el frente externo no habría mucho más. Al mismo tiempo, en el frente interno jugaría un rol central el salario ya que la aplicación de capital sólo iría hacia aquellos sectores dinamizados por el mayor consumo. Pero en un entorno de pérdida real del salario y de los ingresos en general, esta vía podría no prosperar.
Es que ese es el riesgo mayor: que el default sea la excusa para nuevos ajustes sobre las espaldas de la población y que, además, no sirva para sacar la economía del pozo.
Fuente:TiempoArgentino
SENASA
Denunciarían al ex ministro Etchevehere por irregularidades en el comercio con China
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria encontró falencias en la fiscalización de frigoríficos. Se sospecha que el ex funcionario, ahora armador de un Think Tank de ruralistas anti-peronistas, habría presionado para favorecer la comercialización de determinadas empresas del sector vacuno.
“LPO supo que dichos permisos fueron otorgados, casi en su totalidad, en 2019 durante la gestión del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere”. Las fallas en cuestión giran en torno a “los análisis de fiscalización y control de varios frigoríficos”.
La polémica fue tal que llegó hasta el pedido de renuncia del director de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Jorge Dal Bianco, responsable de las certificaciones. Ahora, las autoridades sanitarias y de calidad alimentaria evalúan denunciar al ex ministro.
En los últimos días el ex ministro de armó un Think Tank al que lo bautizó como “Pro-Agro”. Su idea es sentar las bases de una plataforma política supeditada a las demandas del sector agrario más reacio a las políticas del gobierno del Frente de Todos. Por el momento, sólo posee el apoyo de Mauricio Macri - vapuleado no sólo por los números rojos de su gestión sino por el fuego amigo del radicalismo desde donde cuestionan su “liderazgo.
Etchevehere fue uno de los dirigentes que no dio pelea en las elecciones. Algo que le valió el reproche del ex jefe de gabinete Marcos Peña. Sin embargo, esa dinámica le rindió algunos frutos ya que consiguió un padrino de peso para financiar la empresa: David Lacroze Ayerza, ex directivo de la Sociedad Rural (SRA) que se hizo conocido cuando subió - en modo escarcha - a redes sociales una foto de la vicepresidenta Cristina Fernández cuando viajaba a Cuba a ver su hija.
POLÉMICA
Tras las sospechas por las ventas de Lecaps, el fundador de Mercado Libre se exilia en Uruguay
Marcos Galperín dejó su cargo esta semana como presidente del directorio del unicornio argentino. A principios de mes se había hecho pública la sospecha de que habría utilizado información “con privilegios” para “deshacerse” de más de 1300 millones en títulos públicos antes de que el ex presidente Mauricio Macri anunciará el reperfilamiento de la deuda soberana.
Lo cierto es que dejará oficialmente su cargo como presidente del directorio de la compañía, según el acta publicada en el boletín oficial. Ahora, sólo 10 días después, de la denuncia ante la sospecha de maniobras por la venta de Lecaps se va al país vecino.
El anuncio de la salida de Marcos Galperin apenas una semana después de que se conociera que la empresa cerró 2019 con pérdidas por US$172 millones en la región pero que también el empresario habría utilizado “información privilegiada” para sacarse de encima más de 1300 millones en títulos públicos previo al reperfilamiento de la deuda soberana, anunciado por el ex ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos Hernán Lacunza.
En este marco, el fiscal Guillermo Marijuan denunció al empresario junto a otros integrantes del directorio por presunta defraudación contra la administración pública.
Según La Nación, la compañía había rechazado tales las acusaciones y negó haber sido notificada de estos cargos. En un comunicado, planteó que "se defenderá de manera vigorosa ante estas falsas acusaciones". Fuente:PoliticaArgentina
Alfonsín: "La UCR se siente más cerca ideológicamente del peronismo que del PRO"
Domingo 16 de Febrero
Designado por el presidente Alberto Fernández como embajador en España, el referente radical habló del rumbo de la economía, de las críticas que recibió por aceptar el cargo y del rol de su partido en la alianza Cambiemos.
El embajador designado de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, afirmó que "la UCR se siente más cerca ideológicamente, por lo menos en cuestiones económicas y sociales, del peronismo que del PRO", así como "respecto del rol del Estado en la economía"
También afirmó sentir “un preocupado optimismo" respecto al rumbo de la economía. "Preocupado porque la situación es mucho más difícil que la que existía en 2015. Lo reflejan los indicadores sociales", argumentó y agregó que "las decisiones que se han tomado son las que hubiera tomado la UCR".
Luego expuso que "hay que decirle a la sociedad que otorgue un poco de tiempo al Gobierno". Pero reconoció: "Me preocupa porque la paciencia de la sociedad no es infinita y yo creo que si las cosas no andan bien no es que vuelve Cambiemos. Puede venir algo mucho peor, que se generen las condiciones sociales para la emergencia de liderazgos autoritarios como los que ya conocemos en distintos países”.
Consultado en una entrevista que publicó este domingo Clarín sobre el ofrecimiento que le hizo el presidente Alberto Fernández para representar al país en España, reconoció que le “costó" aceptar el cargo.
"El primer ofrecimiento fue en noviembre y le dije al Presidente que yo podía ayudar desde otra instancia, desde mi propio partido, intentando que la UCR recuperara su identidad", reveló.
"Después me lo pidió de nuevo en diciembre y después me llamó desde Alemania. Una gran mayoría me apoyó, más allá de las críticas que trascendieron", aseveró el referente radical.
Sin embargo, advirtió: "Yo no me incorporo al Gobierno. No soy funcionario del Ejecutivo nacional, soy representante de la Argentina en este Gobierno".
También apuntó que "algunos que han criticado" su posición desde su partido lo hicieron "porque tienen miedo que se potencie dentro de la UCR una dirigencia que plantee un frente distinto".
"Hay algunos que están muy preocupados por la eventual desaparición de Cambiemos", informó.
Sobre si el radicalismo debería irse de Juntos por el Cambio, consideró que esa fuerza política "tiene que discutir, poner al partido en estado de asamblea" y que "en todos lados se discuta qué pasó estos cuatro años", qué fue lo que hicieron "bien" y qué lo que hicieron "mal".
"La UCR no debe ser la expresión de la centroderecha, eso significaría traicionar su historia. Si la mayoría de los radicales deciden eso, muchos que nos hemos afiliado al partido por las ideas que representamos tendremos que pensar qué es lo que hacemos", dijo.
Fuente:Infonews
La medida fue informada a través del Boletín Oficial luego que funcionarios macristas reclamaran este beneficio.
El Gobierno aclaró a través de un decreto que la doble indemnización que se había dispuesto a mediados de diciembre pasado, y por el plazo de 180 días, para los casos de despidos injustificados no alcanza a los trabajadores del Estado.
La información fue publicada esta mañana en el Boletín Oficial (Decreto 156/2020), en donde se explicaron los motivos de la medida que fue publicada el pasado 13 de diciembre.
Varios ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri exigían que se les pagara una doble indemnización luego de ser apartados de sus puestos por el cambio de gestión y este decreto les dio su respuesta. Entre ellos había un caso de un gerente de Aerolíneas Argentinas que reclama más de 400 millones de pesos de indemnización.
En el aviso se explica que, en su momento, se había declarado la emergencia pública y concebido este beneficio para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo.
Para evitar más distorsiones, se aclaró que "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma" y que "resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla".
Por estos motivos, el Presidente de la Nación en acuerdo general de ministros decretó que "las disposiciones del Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 no resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".
Fuente:ElDestape 
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