El Gobierno aclara su postura sobre los ex funcionarios kirchneristas detenidos
A través de un video institucional difundido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Gobierno busca poner fin a ese debate interno
En los últimos días se generó un fuerte debate interno en el Frente de Todos respecto a la posición con los ex funcionarios kirchneristas que se encuentran privados de su libertad. "Presos políticos" vs. "detenciones arbitrarias" fueron las dos definiciones que parecía abrir una grieta en el espacio que gobierna la Argentina. Sin embargo, el Gobierno publicó un video institucional en el que deja más clara su postura.
A través de un video difundido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Horacio Pietragalla, se muestra a Alberto Fernández diciendo en el período que gobernaba Macri que "en Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo". Y el titulo habla de "Lawfare: Persecución y detenciones arbitrarias" en la Argentina del 2015 al 2019.
En un archivo audio visual durante la campaña, muestran que Fernández dice que "mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios en libertad".
Luego en el material, aparece Macri y aseguran que durante su gestión "la Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos. El Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare".
En los últimos 4 años el lawfare se instaló en la región y la Argentina no fue la excepción.
"Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno" @alferdez
"El relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU Diego García-Sayán realizó un informe alertando sobre 'la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrantamiento del Poder Judicial en la Argentina'".
Desde la Secretaría de Derechos Humanos se menciona algunos de los hechos que evidencia esta situación del lawfare: "Designación por decreto en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, espionaje ilegal y extorsión contra empresarios y dirigentes opositores, interferencia de los servicios de inteligencia en la Justicia Federal, abuso de la figura del arrepentido para extorsionar y obtener falsos testimonios, armado de causas y detenciones arbitraria".
Y por último, reflejan que a partir del 10 de diciembre de 2019 "estamos reconstruyendo el Estado de Derecho, con plena vigencia de todas las garantías para los ciudadanos ".
Fuente:Diagonales
La medida apunta a directivos que entraron con Macri y no quieren renunciar
No habrá doble indemnización para macristas atornillados en el Estado
A través de un DNU, el Gobierno dispuso que la doble indemnización por despido no se aplicará en el sector público. La resolución facilita el desplazamiento de los jerárquicos de la administración anterior que reclaman ese beneficio para dejar sus cargos.
Por Cristian Carrillo
El decreto del Presidente recuerda que la doble indemnización fue concebida para resguardar a los más desprotegidos.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
La doble indemnización por despido, que se implementó en diciembre en el marco de la emergencia económica, no se aplicará al caso de puestos jerárquicos que designó la gestión anterior en empresas con participación estatal. Son puestos políticos nombrados por el macrismo, pero varios de los designados en lugar de marcharse con el cambio de gobierno se mantienen atrincherados en sus oficinas. Reciben salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, según fuentes oficiales consultadas por este diario. Las empresas u organismos que administraron terminaron vaciados o con serios problemas financieros, como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes Argentinos, Vialidad, el PAMI, Arsat y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sin embargo, para dejar sus cargos exigen al Ejecutivo la doble indemnización, cuyo espíritu era proteger el precario empleo del sector privado. “Esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos”, aclara el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este lunes para excluirlos del beneficio. Con la medida, los involucrados ya no podrán aspirar a la indemnización duplicada, mientras se analiza como llevar adelante las desafectaciones.
El gobierno anterior, promotor mediático de la meritocracia, designó en el último año a una enorme cantidad de directivos. En noviembre, un mes antes de dejar el poder, decretó aumentos de hasta 100 mil pesos y la imposibilidad de despedir personal jerárquico por cinco años. En caso de que se despidiera a alguno, había que pagarle los cinco años de servicio, sin importar desde cuándo estuviera ocupando el puesto. Ese decreto quedó sin efecto con el arribo del nuevo gobierno, pero los directivos que cumplen funciones en empresas con participación estatal buscaron aprovecharse del decreto de la doble indemnización para enquistarse en sus cargos.
Hecha la ley
En diciembre, en el marco de la situación de “emergencia pública en materia ocupacional”, el Gobierno restituyó por 180 días la obligación de pagar una indemnización doble en caso de despidos sin causa. Caído el decreto macrista de los cinco años de “estabilidad” asegurada, los directivos (presidente, vicepresidentes, directores generales y de área) comenzaron a exigir que sean encuadrados en esta decisión, ya que por sus responsabilidades en empresas estatales o semiestatales (con participación del Estado) estarían alcanzados por los convenios laborales que rigen para la misma actividad pero en el ámbito privado. “Están abulonados y lo único que hacen es erosionar económica y políticamente la actual gestión. Hay 300 directores esperando asumir pero sus puestos están ocupados y los macristas se niegan a irse”, dijo a Página/12 Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de la seccional porteña de ATE.
En el caso de los puestos “políticos” es habitual que ante un cambio de gestión, los directivos pongan su renuncia a disposición. Salvo casos muy puntuales, todos los designados por el macrismo intentaron abroquelarse a sus puestos o pedir sumas siderales para dejar el cargo. Tal es el caso del gerente de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, Juan Ignacio Uribe, que reclamaba a la empresa una cifra exorbitante de más de 400 millones de pesos, teniendo una antigüedad de aproximadamente dos años. En la línea de bandera hubo distintas negociaciones, con el ofrecimiento de indemnizaciones simples y mantener algunos servicios médicos.
En Vialidad Nacional muchos gerentes tampoco quieren dejar el puesto. Hay 85 altos jerarcas con salarios desde 230 mil pesos que también exigieron la doble indemnización, para rangos de gerentes ejecutivos, comunes, subgerentes, asesores con rangos de gerente y la administradora. Fuentes del PAMI informaron que tienen más de 60 cargos políticos que “están tomando una postura anti ética y no quieren dejar sus cargos”.
Tachar la doble
“La situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional es que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la doble indemnización”, explicaron fuentes oficiales. En el decreto 156 publicado este lunes se recuerda que la restitución de ese beneficio estaba enfocado a proteger la “dinámica del empleo asalariado registrado privado”. “No resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”, aclara la norma en el Boletín Oficial.
“Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”, agrega el decreto.
“La medida deja en claro que a todos los cargos políticos no se les aplica la doble indemnización. El decreto lo que pretende es contener posibles litigios amparándose en los convenios de trabajo de la actividad que realizan pero que rige para el sector privado, con el objetivo de agarrarse de esa ley para no dejar el puesto”, explicó una fuente del área de gestión pública. “Estamos hablado de cargos con altos niveles de retribución, que llegan a 450.000, 500.000 y hasta 700.00 pesos. Cabe comparar que están por encima de lo que cobra el Presidente de la Nación, actualmente unos 300.000 pesos”, aseguró.
El decreto les quita la herramienta de reclamar por la doble indemnización pero ahora habrá que negociar con cada uno las condiciones en las que decidan dejar su cargo. Si bien hubo en algunas empresas la propuesta de un pago indeminizatorio simple, no se descarta que algunos decidan presentar la renuncia. Sin embargo, la práctica de dejar la renuncia a disposición ante un cambio de gestión, algo tradicional en este tipo de empleos, no parece ser parte de la meritocracia macrista.
18 de febrero de 2020
Declaró el ex funcionario de Vialidad que elaboró la denuncia contra Cristina Kirchner
Juicio por la obra pública: Un testigo flojo de papeles
Ricardo Stoddart era socio del estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador. Junto al ex director de Vialidad, Javier Iguacel, hizo el informe contra la vicepresidenta. Por Sofía Caram
Se trata del hombre que era socio de Marval, O´Farrel & Mayral, el estudio que representó jurídicamente a Autopistas Del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste, hasta el 10 de diciembre de 2015, cuando pasó al otro lado del mostrador. Ya como funcionario público, debió representar los intereses del Estado en la renegociación del contrato para las empresas que consiguieron amplios beneficios.
Junto al ex director de Vialidad, Javier Iguacel, Stoddart elaboró la denuncia contra la actual vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, en abril de 2016.
En una extensa declaración, Stoddart habló de “arbitrariedad e ilegalidad” en el otorgamiento de los pliegos. Pero al mismo tiempo admitió que parte de la acusación tiene que ver con decisiones políticas: “Santa cruz tenía más obras que la Provincia de Buenos Aires. No es un delito –admitió- pero parece raro”. En diálogo con este medio, uno de los imputados replicó: “Si siguiésemos los parámetros de Stoddart nunca se hubiesen construido obras en Santa Cruz, ya que la tasa de población y tránsito son sumamente bajas frente a la de Buenos Aires”.
Ante la atenta mirada del Tribunal afirmó que hubo trato preferencial para otorgar obras a esa provincia y que se favoreció a Lázaro Báez. Según sus dichos, había una deuda de “14 mil millones de pesos con todos los contratistas”, pero “el único grupo económico al que no se le debía un solo certificado de obra a enero de 2016 era Austral Construcciones”. Además, afirmó que “ninguna de las adjudicaciones que se hicieron al Grupo austral de 2006 en adelante se podrían haber realizado, porque no hubo competencia. De las tres empresas que por lo general se presentaban, dos correspondían al mismo grupo empresario”.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, buscó que el testigo hable en concreto de los hechos de la causa. “No se está correspondiendo con las reglas de una declaración testimonial. El tribunal le ha permitido que se pusiera a leer un informe, que nadie le ha pedido. Es un alegato de características políticas. Le pido al presidente del Tribunal reconducir esta prueba, las respuestas no son concretas, son divagaciones generales”, se quejó. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu no hicieron lugar al reclamo.
Supuestos sobreprecios
El propio informe elaborado por la dupla Iguacel-Stoddart no determinó sobreprecios ni obras inconclusas. Sin embargo, las defensas advirtieron que el testigo se refirió a diferencias en los valores en comparación con obras que no empezaron de cero, sino que implicaron arreglos o mejoras, lo que, lógicamente implicaron presupuestos más bajos.
El único caso concreto en el que mencionó sobreprecios fue una obra entre Rada Tilly y Comodoro Rivadavia, que fue licitada cuatro años después, con un precio menor del 50 %. Y que había otras que si bien no habían analizado en profundidad rondarían el 30 % de sobreprecios. Sin embargo, la obra que especificó fue adjudicada a la empresa CPC y luego se la rescindió porque no podía realizarla. En esa segunda oportunidad, la calidad del pavimento utilizado fue muy inferior al licitado originalmente, lo que explica el menor valor.
Por otra parte, acusó a Nelson Periotti, ex director de Vialidad imputado en la causa, de delegar atribuciones para que la Agencia de Vialidad Provincial lleve a cabo la licitación, adjudicación e inspección de obras en Santa Cruz: “El administrador de Vialidad Nacional determinó que una dirección provincial lleve adelante el papel que por ley tiene asignado Vialidad Nacional”, dijo. Sin embargo, esa delegación de atribuciones rige desde el año 1976.
Inconsistencias
* Entre varias cuestiones, Stoddart criticó la colocación de un mismo representante técnico para todas las obras. Aseguró que el mismo debía estar en la obra todo el tiempo, y era concretamente imposible estar en dos lugares a la vez. Sin embargo, para las defensas no es necesario que el técnico esté las veinticuatro horas fiscalizando. Afirman que el pliego no establece esa obligación ni exclusividad, lo que sí es necesario es que esté el jefe de obra. Lo que señalan es que el representante técnico puede ser el mismo para varias obras y su función es la representar legalmente a la empresa frente al Estado. O sea, que lo que señaló como una irregularidad no sólo no lo es, sino que no está establecido por la ley.
* Otro de sus cuestionamientos se centró en la presentación de la misma planilla de equipos viales en todas las obras. Pero los especialistas afirman que efectivamente es correcto que se presente la misma nómina de equipamiento a todas las licitaciones, ya que las empresas presentan toda la maquinaria que tienen a todas las compulsas y después, de acuerdo a las obras que ganen, comprometen lo que efectivamente se necesita en ese trabajo puntual.
* Afirmó que la empresa de Lázaro Báez no tenía capacidad de contratación para todas las obras adjudicadas. Para algunas de las defensas consultadas por Página/12, “fue una afirmación solo crítica, porque la firma no generó ningún perjuicio al Estado: se constató que todo lo que se ejecutó se abonó y no se pagó nada que no estuviera ejecutado”.
* Otro de los puntos débiles de Stoddart -bajo la óptica de los abogados defensores- fue el reconocimiento del ex funcionario de que sólo se abonó lo ejecutado y que licitaron lo que faltaba ejecutar. “Se contradijo, porque desconoce la operatoria de las licitaciones”, aseguran.
* Cuando se le preguntó por las causales de rescisión de la obra de Comercial Del Plata Construcciones, una empresa de Cristóbal López, indicó que no hacía seguimiento de las obras y que desconocía las razones de tal decisión.
18 de febrero de 2020
El programa se extiende a mayoristas de todo el país
Nuevo acuerdo por Precios Cuidados
El listado estará compuesto por 59 productos con los mismos precios al públicos que en los supermercados Además, tendrán un descuento de 30 por ciento para las compras por bulto que realicen comercios minoristas.
Por Javier Lewkowicz
Matías Kulfas y Paula Español, durante la conferencia de prensa.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
El programa Precios Cuidados incorporó a los autoservicios mayoristas, informó este lunes el Ministerio de Desarrollo Productivo. Los mayoristas participarán con un listado compuesto por 59 productos, cuyos precios para la venta al público serán los mismos que en las góndolas de los supermercados e hipermercados. Pero además, el listado tendrá un descuento de alrededor del 30 por ciento para las compras por bulto que realicen comercios minoristas. La idea es que los almacenes puedan ofrecer los artículos de Precios Cuidados con los mismos precios al público que supermercados y mayoristas.
El gobierno considera a Precios Cuidados como una herramienta más dentro del abanico de la política antiinflacionaria. El programa juega el rol de facilitar referencias de precios a los consumidores y también poner un techo para los precios en determinados segmentos, ya que un artículo que no está en la lista correrá el riesgo de perder mucha demanda si sube sus precios muy por arriba de su competencia en Precios Cuidados. “El objetivo es reducir la dispersión generada por el proceso inflacionario de 2019 y contribuir con esto en la estrategia general antiinflacionaria que está implementando el gobierno desde diciembre y que tiene como eje el acuerdo económico y social”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en conferencia de prensa junto a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. El congelamiento de tarifas de los servicios públicos y de la nafta y el control sobre el precio del dólar son los pilares de la política de desinflación.
La ampliación de Precios Cuidados en el segmento mayorista se logró a partir de la firma de un acuerdo con la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que representa a las empresas como Yaguar, Vital, Diarco y otra veintena de firmas de alcance regional. Se trata de 200 bocas de expendio en todo el país. El listado de productos incluye 22 productos de almacén, 8 variedades de pañales, 6 bebidas, 10 artículos de limpieza y 13 de perfumería.
La idea del gobierno es que los consumidores puedan acceder al listado de Precios Cuidados ya sea si compran en los grandes supermercados, empresas mayoristas y también comercios y almacenes de barrio y los supermercados chinos. De ahí que los mayoristas manejen los precios del listado general de Precios Cuidados para la venta al público junto a un descuento promedio del 30 por ciento en esos productos si el cliente es un comercio registrado. De esta forma, el gobierno espera poder extender Precios Cuidados en los comercios de proximidad más allá de las grandes cadenas.
"De este acuerdo queremos destacar la mejora del Programa y la ampliación de las bocas de expendio, que genera más capilaridad territorial", indicó Paula Español. El acuerdo tiene vigencia anual con revisiones trimestrales. Al igual que el acuerdo de supermercados, el listado se renovará el 7 de abril. El presidente de CAME, José Bereciartúa, consideró que la amplicación de Precios Cuidados "es una excelente noticia porque aumenta la presencia federal y también incorpora a los minoristas" y pidió que el sector productivo contribuya a concretar un acuerdo social.
El listado incluye productos como aceite Alsamar, arroz Primor, Café La Morenita, fideos Cica y harina Morixe. Está presente la sal fina Dos Anclas, galletitas dulces Duquesa, Melba, pañales Babysec y Pampers, agua Cellier y gaseosa Cunnington. También hay jabón en polvo, lavavajilla, limpiador de cocina y de piso, papel higiénico, rollo de cocina, shampoo, acondicionador, pasta dental y protector diario.
Según datos difundidos por Desarrollo Productivo, Precios Cuidados permitió "reducir la dispersión de precios de categorías sensibles como aceites, leches y productos para bebés". Además, el peso de los artículos de Precios Cuidados en la facturación de los supermercados con respecto a la versión anterior del programa subió de 3,5 a 9 por ciento. El cumplimiento de los supermercados en términos de stock disponible es del 75 por ciento en promedio, del 79 por ciento en la señalización y 100 por ciento en precios. El aumento promedio de las ventas de los productos incluidos en el programa es del 14 por ciento.
Se estima que la inflación en bienes básicos quedará en febrero por debajo del salto registrado en enero. El mes pasado, por ejemplo, el rubro de alimentos subió un 4,7 por ciento en promedio. Si bien en lo que va de febrero se registran subas en rubros como carne y lácteos, hubo rebaja en otros productos como fideos.
Sobre el plan de medicamentos gratuitos
Reunión entre Marziotta y Volnovich
“El macrismo descuidó a los jubilados al quitarle los medicamentos y reducirles el valor real de las jubilaciones. Por eso que tenemos que aunar esfuerzos entre las distintas áreas del Estado para lograr un salto de calidad en el bienestar de aquellos y aquellas que trabajaron toda su vida”, remarcó la diputada tras el encuentro con Volnovich.
Marziotta se puso a disposición de la funcionaria para trabajar en conjunto desde la comisión de las personas mayores de la Cámara de Diputados. En el marco del anuncio del PAMI sobre el programa “Vivir mejor”, que se suma al aumento de las jubilaciones dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional y a la vuelta del Plan Remediar, Marziotta y Volnovich buscan articular nuevas políticas públicas a lo largo del año.
“Sabemos que las nuevas medidas no son suficientes para que los jubilados recuperen lo perdido en los últimos cuatro años, y por eso que consideramos que tanto desde PAMI, desde otros organismos públicos, y desde el Congreso, debemos apuntalar estas políticas y seguir trabajando en nuevas soluciones”, expresó la diputada.
Fuente:Pagina12
Las cosas del Poder
El proyecto de reforma del sistema previsional cayó como una bomba en la corporación judicial
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales advierte en un comunicado conjunto que el cambio impulsado por el gobierno "viola normas constitucionales y fallos de la Corte Suprema". La reacción no es tanto por el cariz del proyecto sino por la forma sorpresiva en que fue presentado
17 de Febrero de 2020
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y la Asociación de Fiscales advirtieron que el proyecto de reforma del sistema previsional que impulsa el gobierno para la Justicia viola normas constitucionales y fallos de la Corte Suprema. “La función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes”, sostuvieron en un comunicado conjunto.
“Reclamamos la participación de las Instituciones representativas en la discusión del Proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados”, postula el documento, firmado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Marcelo Gallo Tagle.
El documento es la respuesta institucional de la corporación judicial al envío del proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces, fiscales y defensores oficiales, que ingresó el viernes a las 19.30 al Congreso y cayó como una bomba. “Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios”, aseguran.
“Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”, los funcionarios pidieron el debate del proyecto con su propia participación.
Los funcionarios judiciales admiten que la reacción no es tanto por el cariz del proyecto (que, reconocen, “no es tan terrible”), sino por la forma sorpresiva en que fue presentado. Había un canal de diálogo fluido y permanente con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, con quien mantienen una fluida relación y confiaban en ella, aseguran.
Pero el proyecto de ley, suponen, excedió a Losardo. “Ella no hubiera mandado esto, ni de esta manera”. Intuyen que por allí anduvo la mano del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y acaso el director del ANSES, Alejandro Vanoli.
Creen que el régimen jubilatorio del Poder Judicial, al que se niegan a calificar como “de privilegio”, terminó siendo una suerte de moneda de cambio ante un anuncio controversial sobre el aumento a los jubilados en general, que benefició a los de la mínima pero acható a los que cobran un poco por encima de ese límite.
Cuando se resolvió que los jueces pagaran el impuesto a las ganancias, la fórmula de síntesis que permitió superar las controversias fue que ese nuevo régimen se aplicara a los funcionarios que ingresaran desde 2017 al Poder Judicial.
¿Podría ser ese antecedente una base de negociación también para las jubilaciones? “El escenario para negociar era hasta el viernes. Una vez que presentaron el proyecto, las posibilidades de negociación se redujeron sustancialmente”.
¿Entonces? Entonces comienzan a escucharse, a lo lejos pero no tanto, tambores de guerra. Hay sectores talibanizados que plantean declarar la inconstitucionalidad de la ley una vez que sea sancionada porque vulnera derechos adquiridos, y otros recomiendan una avalancha de juicios precedidos de medidas cautelares que frenen por todas las vías judiciales posibles la aplicación de la nueva normativa.
Un sector más moderado advierte: “estamos reaccionando como una casta, privilegiando nuestros intereses en un escenario complicado. ¿Con qué cara vamos a defender jubilaciones de 400 ‘lucas’ contra un docente que cobra 17 mil?”.
Hay, también, un tercer sector, juvenil, progresista y que no proviene estrictamente de la familia judicial, que está dispuesto a aceptar la modificación (y el fin de los privilegios) ya mismo. No sólo sin chistar, sino adhiriendo fervorosamente a ese gesto “solidario” desde el Poder Judicial.
Lo único que proponen a cambio es discutir las restricciones que los funcionarios judiciales tienen para otros emprendimientos económicos. Hasta ahora, sólo les está permitido ejercer la docencia como actividad rentada. “No podemos poner ni un quiosco a nuestro nombre. Si vamos a ser iguales a todos, pues seámoslo en todos los sentidos”, preconizan.
Este último es un sector minoritario y con poco peso a la hora de la toma de decisiones corporativas.
Fuente:TiempoArgentino
18.02.2020
QUILMES
Mayra Mendoza y Wado de Pedro anunciaron la creación de una nueva sede del Renaper
La jefa comunal de Quilmes y el ministro del Interior mantuvieron un encuentro donde dialogaron sobre la situación del distrito. Luego hicieron una recorrida por el Centro Integrador Comunitario (CIC) donde funcionará una sede del Registro Nacional de las Personas.
La jornada comenzó con una reunión entre la Jefa Comunal, el Ministro y sus equipos de trabajo en el Palacio Municipal; luego recorrieron el Centro Integrador Comunitario (CIC) IAPI, la plaza IAPI y el arroyo San Francisco.
“Conversamos sobre las necesidades más urgentes de nuestro distrito y planificamos una agenda de trabajo en conjunto”, expresó Mendoza, quien agradeció la presencia de las autoridades nacionales y, en este sentido, sostuvo que “no hay proyecto local sin proyecto nacional. Que el ministro del Interior y sus funcionarios estén acá caminando el barrio IAPI, es una muestra del compromiso que tiene el Gobierno Nacional de acompañar a la gestión municipal y, principalmente, a los barrios más abandonados, más postergados, con deudas históricas, pero sobre todo estos cuatro años”.
La Intendenta valoró la creación de una sede RENAPER en dicha zona, ya que representa “para este sector del oeste del distrito, ir de a poco recuperando la presencia del Estado e ir garantizando derechos”.
Por su parte, Wado de Pedro manifestó acerca de su visita al distrito que “hay una realidad muy dura por lo que se pudo ver. Hay una ciudad que tiene muchas deudas para con su pueblo y, entonces, el Gobierno Nacional se compromete con la Intendenta”.
A su vez, el funcionario nacional anunció que “está la voluntad de poner una sede del RENAPER en el CIC (del barrio IAPI) y también ayudar a la Intendenta en todas las gestiones que ella considere necesarias para trabajar por los ciudadanos de Quilmes. Ya le manifestamos que cuente con nosotros, con el Gobierno Nacional y con el Ministerio del Interior para tramitar y gestionar todo lo referido a gestiones de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los vecinas y los vecinos”.
También acompañaron la actividad: el jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Diego Felgueroso; el secretario del Interior, José Lepere; el senador provincial, Emmanuel González Santalla; el jefe de Gabinete local, Alejandro Gandulfo; el coordinador general de Desarrollo Social y SAE, Joaquín Desmery; el concejal Ariel Gómez y la directora del CIC IAPI, Romina Sterling.
Fuente:Infonews
La Anses analiza pagar otro bono a jubilados y beneficiarios de AUH antes de junio
El secretario General del organismo además afirma que trabajan en un nueva fórmula de movilidad de aumento jubilatorio.
El secretario General de la Anses, Santiago Fraschina, adelantó que analizan pagar un bono en el mes de junio y sostuvo que trabajan junto a ministerios para elaborar una fórmula de movilidad jubilatoria. Acerca del incremento anunciado por el presidente sostuvo que es una "muy buena medida" en medio de la crisis y recordó que se congelaron tarifas y se entregarán medicamentos gratuitos, decisiones que refuerzan el poder adquisitivo.
“Se está analizando si se da otro bono antes de junio, es una posibilidad de acuerdo a como vengamos con los recursos, pero lo más importante es discutir la nueva fórmula”, sostuvo en declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio. En diciembre se había realizado un pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.
El economista también analizó el aumento para trabajadores pasivos anunciado el viernes: “Esto no es un ajuste, es una redistribución del gasto previsional” y “El 75% de las jubilaciones y pensiones van a recibir un aumento mayor a la fórmula de Macri. Y en el conjunto de prestaciones que da Anses es el 86,8%”.
En ese sentido, Fraschina remarcó: “Esto es racional desde el punto de vista económico y la única forma de generar crecimiento económico es consumo”, “Hay sectores que si se aumenta el ingreso eso va directo al consumo, como las jubilaciones mínimas y la asignación universal por hijo”, “Hay también un ingreso indirecto, como los medicamentos gratis” y “Otro ingreso indirecto es que en Anses, por 3 meses, los que estaban endeudados no van a pagar la cuota y se les baja la tasa de interés”.
Asimismo, aseveró: “Hay medidas como los congelamiento de combustible, medicamentos, transporte, que también es ingreso indirecto para los jubilados y pensionados”, “El macrismo quería instalar que el sistema previsional no era viable para luego privatizarlo” y “Los sistemas previsionales no quiebran en ningún país del mundo. O lo financiás o no lo financiás”.
Además, Fraschina subrayó: “Si no llegamos con una nueva fórmula para mitad de año el Presidente puede determinar nuevamente por decreto otro aumento, pero estamos trabajando en la fórmula”, “Entre los jubilados hay una desigualdad muy alta, aún si no se toman en cuenta las jubilaciones de privilegio, y eso no sucede en otros países”, “Lo más importante es tener una nueva fórmula, eso es la prioridad para ANSES” y “Estamos analizando llevar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a la mínima y terminar con los jubilados de primera y de segunda que dejó el macrismo”.
Fuente:ElDestape
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