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Chile, sangre por dinero

Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 30 marzo 2020.-

El quinto hombre más rico de Chile, con un capital de 2.880 millones de dólares según la revista Forbes, y una desaprobación del 87 % de la población, no quiere dejar la silla presidencial y para aferrarse a ella, arremete con enorme furia contra las manifestaciones pacíficas de estudiantes y trabajadores.

Innegablemente que el mandatario derechista chileno Sebastián Piñera responde a los intereses de su clase social adinerada y que para mantener su estatus no importa llenar de sangre inocente las calles de las ciudades.

Cuando en 2017 aspiraba a la presidencia, este magnate multimillonario se vio obligado por ley a presentar una declaración de patrimonios e intereses y los hizo por 600 millones de dólares. Ahora en 2020, sus riquezas personales aparecen incrementadas casi 5 veces en solo tres años de gobernación.

Piñera amasó su fortuna a inicios de la década de los años 80, cuando regresó de Estados Unidos con las franquicias de las primeras tarjetas de crédito. Seguidamente fue contratado como asesor de un banco del que se hizo socio y diversificó sus negocios financieros a través de compra-venta de empresas como una aerolínea, un canal de televisión y un equipo de fútbol, además de inmobiliarias.

Recordemos que el iceberg de las masivas protestas en el país sudamericano se iniciaron en octubre del pasado año cuando este impulsor de políticas neoliberales y gran admirador del dictador Augusto Pinochet, exacerbó las penurias de la mayoría de la población desfavorecida al imponer un aumento del 30 % en el precio del pasaje en la red de transporte.

Inmediatamente, miles de jóvenes, estudiantes, obreros y clase media, a los que no les alcanza el dinero para sufragar la canasta básica familiar y los servicios privatizados de agua, electricidad, alcantarillado, educación y atención médica salieron a las calles a rechazar la medida.

Como en tiempos de Pinochet, el presidente ordenó a la fuerza pública reprimir las manifestaciones pacíficas que se extendieron por todo el territorio con saldo 35 jóvenes asesinados, centenares de heridos, miles de detenidos que además han sufrido vejaciones y violaciones en las cárceles del régimen.

Los carabineros disparan sin escrúpulo sus escopetas de perdigones contra la cara mujeres y hombres jóvenes por lo que 525 han perdido la visión de uno o de sus dos ojos.

Estas masivas arremetidas son ignoradas o minimizadas por los medios de comunicaciones hegemónicos pues en Chile los propagandizados derechos humanos, no son para los humanos sino para preservar el capital de las grandes corporaciones y de los millonarios nacionales.

La mercantilización y privatización de los servicios básicos en Chile resulta elevadísima lo cual lleva a la mayoría a endeudarse para poder acceder a la atención médica, educación, agua, electricidad, servicio de alcantarillado.

Datos públicos señalan que 4,6 millones de habitantes no pueden pagar los empréstitos adquiridos, piden nuevos créditos con mayores impuestos y lo que hacen es ponerse una soga al cuello.

Un gran número de jóvenes cuando terminan estudios superiores deben hasta 80 000 dólares por lo que la deuda los perseguirá durante muchos años.

El crecimiento del país se ha concentrado desde hace años en manos de unos pocos: el 1 % de la población acumula el 33 % de la riqueza generada, mientras que el 50 % de los hogares de menores ingresos solo el 2,1 %.

Cuando parecía que tras las feroces represiones policiales, las protestas desaparecerían de las calles, una nueva ola surgió y como respuesta el presidente, en vez de hablar sobre los infortunios que padece el pueblo, pidió al Congreso aprobar proyectos de ley para modernizar el cuerpo de Carabineros, el sistema nacional de inteligencia y permitir la participación del Ejército contra el pueblo. O sea, más represión.

Lo cierto es que esta vitrina del neoliberalismo, se ha desbaratado y sus cristales se expanden por la geografía chilena. Esperemos que algún día la Organización de las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos condenen al régimen opresor.

Envio:RL