Por Mario Cafiero*, Resumen Latinoamericano, 3 marzo 2020
Luego de décadas de golpes y violencia política, la dirigencia argentina supo construir su «Nunca Más». Desde 1983 pudo organizar sus instituciones políticas de forma democrática y permanente. Resuelta la organización político democrática, se dio por sentado que el bienestar social vendría por añadidura. Pero las recurrentes crisis económicas y sociales que hemos padecido desde entonces han dado por tierra este argumento. Un solo dato: hoy el PBI per cápita es similar a la década del 90. Pocos países registran este nivel de estancamiento. La ciencia económica no alcanza a explicar la anomalía de un país con inmensas riquezas y tan pobre desempeño. Las recetas económicas neoliberales aplicadas han sido desastrosas, como este último intento con Macri. Pero cuando se aplicaron otras políticas, no se acompañaron de un cambio de la matriz productiva y financiera. La economía argentina parece un laberinto cuyo recorrido siempre termina en el mismo lugar: deuda externa insostenible, falta de dólares y crisis consecuente. Nos dicen que la crisis siempre se precipita por la sencilla razón que no tenemos los dólares para pagar la deuda externa. Pero: ¿adónde se fueron los dólares que nos prestaron?
En los datos oficiales encontramos la respuesta. El último informe de la Dirección de Cuentas Internacionales informa que la Argentina es acreedora del mundo en 115.996 millones dólares; ya que tiene prestado o invertido afuera del país 387.499 millones de dólares y tiene una deuda externa de 271.503 millones de dólares. Pongámoslo así: la economía argentina -como un todo- podría pagar íntegramente su deuda externa y contar además con 115.996 millones de dólares de reservas, con lo cual no necesitaría de ningún esfuerzo para pagar su deuda externa, ni habría la más minina incertidumbre cambiaria. El problema argentino no es entonces la falta de dólares, sino la inadecuada localización de los mismos. El problema reside en un sector privado que atesora en dólares y se los lleva fuera del sistema financiero local. Y un sector público al que siempre le faltan dólares, porque adeuda muchos (aunque no los haya usado) porque sencillamente los ha suministrado al sector privado para que éste los atesore y fugue.
La deuda externa y fuga de capitales son las dos caras de una misma moneda y es este mecanismo el que destruye el sistema monetario y financiero local. Al punto que hoy en Argentina la relación entre el dinero que circula y su PBI es del 27%, se ubica en el puesto nº 158 del mundo. O sea que somos un país en extrema pobreza monetaria-financiera nacional y eso es en consecuencia lo que aplasta a nuestra economía real. El FMI que ya asumió su error en apoyar el insostenible endeudamiento del gobierno anterior, ahora debería reconocer que el nudo del problema económico argentino es la exclusión monetaria y la usura financiera.
No hay salida al problema de la deuda si no reconstruimos nuestras instituciones monetarias y financieras, como hicimos antes con nuestras instituciones político democráticas. Partiendo de aprehender que la moneda y el crédito son un bien común, tan necesario a la vida económica como el agua a la vida biológica. Que para ello es necesario recuperar la confianza y que la confianza es imposible de importarla. Por tanto, es necesario construir un pacto entre el capital productivo, el trabajo y el Estado, para implementar sistemas monetarios digitales modernos, que garanticen liquidez y crédito acorde al requerimiento del sector productivo. Es necesario volver a las ideas de Keynes y Silvio Gesell, poniendo al capital financiero al servicio de la economía.
Luego de décadas de golpes y violencia política, la dirigencia argentina supo construir su «Nunca Más». Desde 1983 pudo organizar sus instituciones políticas de forma democrática y permanente. Resuelta la organización político democrática, se dio por sentado que el bienestar social vendría por añadidura. Pero las recurrentes crisis económicas y sociales que hemos padecido desde entonces han dado por tierra este argumento. Un solo dato: hoy el PBI per cápita es similar a la década del 90. Pocos países registran este nivel de estancamiento. La ciencia económica no alcanza a explicar la anomalía de un país con inmensas riquezas y tan pobre desempeño. Las recetas económicas neoliberales aplicadas han sido desastrosas, como este último intento con Macri. Pero cuando se aplicaron otras políticas, no se acompañaron de un cambio de la matriz productiva y financiera. La economía argentina parece un laberinto cuyo recorrido siempre termina en el mismo lugar: deuda externa insostenible, falta de dólares y crisis consecuente. Nos dicen que la crisis siempre se precipita por la sencilla razón que no tenemos los dólares para pagar la deuda externa. Pero: ¿adónde se fueron los dólares que nos prestaron?
En los datos oficiales encontramos la respuesta. El último informe de la Dirección de Cuentas Internacionales informa que la Argentina es acreedora del mundo en 115.996 millones dólares; ya que tiene prestado o invertido afuera del país 387.499 millones de dólares y tiene una deuda externa de 271.503 millones de dólares. Pongámoslo así: la economía argentina -como un todo- podría pagar íntegramente su deuda externa y contar además con 115.996 millones de dólares de reservas, con lo cual no necesitaría de ningún esfuerzo para pagar su deuda externa, ni habría la más minina incertidumbre cambiaria. El problema argentino no es entonces la falta de dólares, sino la inadecuada localización de los mismos. El problema reside en un sector privado que atesora en dólares y se los lleva fuera del sistema financiero local. Y un sector público al que siempre le faltan dólares, porque adeuda muchos (aunque no los haya usado) porque sencillamente los ha suministrado al sector privado para que éste los atesore y fugue.
La deuda externa y fuga de capitales son las dos caras de una misma moneda y es este mecanismo el que destruye el sistema monetario y financiero local. Al punto que hoy en Argentina la relación entre el dinero que circula y su PBI es del 27%, se ubica en el puesto nº 158 del mundo. O sea que somos un país en extrema pobreza monetaria-financiera nacional y eso es en consecuencia lo que aplasta a nuestra economía real. El FMI que ya asumió su error en apoyar el insostenible endeudamiento del gobierno anterior, ahora debería reconocer que el nudo del problema económico argentino es la exclusión monetaria y la usura financiera.
No hay salida al problema de la deuda si no reconstruimos nuestras instituciones monetarias y financieras, como hicimos antes con nuestras instituciones político democráticas. Partiendo de aprehender que la moneda y el crédito son un bien común, tan necesario a la vida económica como el agua a la vida biológica. Que para ello es necesario recuperar la confianza y que la confianza es imposible de importarla. Por tanto, es necesario construir un pacto entre el capital productivo, el trabajo y el Estado, para implementar sistemas monetarios digitales modernos, que garanticen liquidez y crédito acorde al requerimiento del sector productivo. Es necesario volver a las ideas de Keynes y Silvio Gesell, poniendo al capital financiero al servicio de la economía.
*Mario Cafiero, ex diputado nacional, uno de los principales impulsores de la investigación de la deuda externa argentina y del megacanje de 2001,y actual presidente del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social (INAES).
La retención a la soja subirá hasta el 33% y no habrá variaciones para trigo y maíz
Resumen Latinoamericano, 03 de Marzo de 2020..
El ministro de Agricultura informó a la Mesa de Enlace las variaciones en las retenciones. El titular del CRA aseguró que «por ahora no hay posibilidad de un paro».
El gobierno nacional informó a las entidades que conforman la Mesa de Enlace su decisión de aumentar en tres puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja, que pasarán del 30% al 33%, y de mantener la alícuota de derechos de exportación del trigo y el maíz.
La novedad fue transmitida a la prensa por los dirigentes de la Mesa de Enlace, luego de la reunión que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en la sede de la cartera de Agricultura.
En ese marco, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, dijo que «por ahora no hay posibilidad de un paro» en el sector agropecuario.
«Nos parece importante el diálogo. Nos parece también muy importante la incorporación del Banco Nación en la mesa de negociación, así como el tema de los reintegros para las economías regionales que fueron pedidas por las entidades», agregó Cheme.
«Tuvimos una buena reunión. No logramos revertir este 3 por ciento de suba. Sí hemos tenido la comunicación del Gobierno de que ese tres por ciento va a quedar en el sector. Ahora nosotros vamos a consultar a nuestras bases para ver cómo seguimos», señaló el dirigente de CRA.
El detalle
Según fuentes gubernamentales, el incremento de tres puntos porcentuales en la alícuota de derechos de exportación de la soja, que pasará de 30% a 33%, comprenderá esencialmente a los grandes productores de más de 1.000 toneladas anuales, mientras que los pequeños productores de hasta 500 toneladas mejorarán su posición debido a que a partir de ahora pagarán menos de 30%.
Según fuentes gubernamentales, el incremento de tres puntos porcentuales en la alícuota de derechos de exportación de la soja, que pasará de 30% a 33%, comprenderá esencialmente a los grandes productores de más de 1.000 toneladas anuales, mientras que los pequeños productores de hasta 500 toneladas mejorarán su posición debido a que a partir de ahora pagarán menos de 30%.
Este es el mensaje que le transmitió el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a las entidades que componen la Mesa de Enlace.
Según las mismas fuentes, el principal objetivo de la medida es de «redistribución solidaria para reactivas a las economías regionales».
Desde el Gobierno aseguraron que el incremento no tiene «afán recaudatorio, ya que el Tesoro Nacional no se quedará con un peso para gastos generales y todo irá a las economías regionales y a los pequeños productores».
En tren de precisiones, dijeron que solo pagarán la alícuota del 33 por ciento los productores grandes de más de 1000 toneladas de soja anual, que representan el 26 por ciento del total de los productores del país, que facturan más de 15 millones de pesos al año.
Por su parte, los productores chicos, de hasta a 500 toneladas mejorarán su posición ya que hasta ahora pagan el 30% y a de aquí en más abonarán menos. «En promedio, los productores medianos, de 501 a 1000 toneladas, pagaran lo mismo que ahora, el 30 por ciento de retención», acotaron.
Los otros cultivos y sectores productivos quedarán igual o mejoran su posición exportadora para estimular su producción.
Entre los que mejorarán su posición se encuentran la pesca, legumbres (lenteja, arveja, porotos y garbanzos), girasol, arroz, maní, porcino, maíces especiales, ovino, embutidos, harina y aceite de maíz.
Seguirán igual con una retención de 5%: maíz, trigo, sorgo, carne bovina, leche, frutilla, limones, manzana, uva, algodón, hortalizas, papas, tomates, lechuga y vino..
*Agencia Telam / Foto portada: Fernando Massobrio
En defensa del default
Eduardo Lucita*, Resumen Latinoamericano, 03 de Marzo de 2020..
Nuestro país atraviesa una coyuntura económico-social profunda y compleja, tanto por los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas como por los últimos cuatro años de economía de mercado y negociados al por mayor.
La deuda tiene un peso social y político que condiciona toda política estatal. Aún con el apoyo del FMI a su estrategia negociadora –deuda impagable e insustentable- la debilidad negociadora del gobierno es mayor que en 2004/05. En aquel entonces se venía de un default declarado que duró tres años y medio, lo que tuvo un peso decisivo frente a los acreedores, que además estaban muy distribuidos. Hoy el país está en default virtual -combina pagos con reperfilamientos- mientras que la deuda está mayoritariamente en carteras de fondos de inversión, que después de la crisis mundial del 2008 se han concentrado y son mucho más poderosos que entonces. Coordinados, esto es sumando sus acreencias, tienen la capacidad de hacer caer todo intento de reestructuración, como lo demostraron en el reciente caso de Prov. de Buenos Aires y en el reperfilamiento del bono nacional AF20 –una suerte de casos testigos- ya que tienen la capacidad de impedir se llegue al 75% o más, según los bonos, que exigen las clausulas de acción colectiva.
En este contexto es posible funcione el acuerdo con el FMI –postergación de pagos, equilibrio fiscal por cuatro años y superávit primario del 1% a partir del 2024. Con los bonistas privados tal vez se acuerde un período de gracia de tres años con quitas de capital y postergación del pago de intereses (capitalizables) y tal vez algunos pagos anuales en efectivo. Todo pensado para que a partir del 3er. año el país pueda regresar a los mercados “voluntarios” de crédito, ya que es difícil que el saldo del sector externo genere los dólares necesarios para hacer frente los vencimientos. En síntesis volver a endeudarse para seguir pagando. En este esquema la reducción importante de los intereses y la magnitud de la quita del capital son decisivas para que la economía vuelva a crecer.
Sin embargo nada garantiza que al cabo de 5 años no tengamos una nueva crisis de deuda, se requeriría un nuevo rescate del Fondo y se corre el riesgo de ingresar en una secuencia que se realimentaría sola -rescate tras rescate, tipo Grecia- ya que los acreedores exigirán ajuste sobre ajuste para garantizar sus cobros, lo que profundizaría la recesión e impediría recuperar la economía. Pero podría ser que los poderosos fondos de inversión no acepten una quita mayor al 10%, exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría, dejando todo a merced de los buitres. Tienen experiencia saben que Argentina es “pagadora serial” y que solo sería cuestión de hacer juicio y esperar…
Pero ¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declare su propio default? Esto es suspenda unilateralmente los pagos e inicie una investigación integral. Esta salida es la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún cuando la actual puede ampararse en el Derecho Internacional bajo el concepto jurídico de “deuda odiosa”, esto es aquella que no ha sido contraída a favor de quienes finalmente tienen que hacerse cargo de su repago. No hay correspondencia alguna entre el monto de la deuda de los últimos 4 años y mejoras en la infraestructura o en los servicios básicos, ni en ampliación de la capacidad productiva. Por el contrario hay evidencias de que solo sirvió para fugar recursos escasos, para pagar intereses sobre intereses y deudas sobre deudas, sin beneficio alguno para el pueblo.
Pero que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional, con el agravante que no hay ninguna explicación razonable que justifique un bono a 100 años a tasas usurarias o los movimientos que significaron la pérdida de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central bajo la presidencias de Sturzenegger y Caputo, o porqué se vulneraron los estatutos del FMI.
En notas anteriores me he extendido sobre los costos de evitar un default y de ir a un default ordenado, no es necesario los repita ahora (ver: “¿Y si vamos al default?! Y “Pagar o no pagar, esa es la cuestión”).
Declarado esto ya no es solo un problema del país sino también de sus acreedores. Estos están cubiertos ya que el riesgo del no pago está asumido desde el momento mismo en que se emitieron bonos con tasas que más que duplicaban las de mercado –por algo tanto énfasis en el “riesgo país”. Se sabe a mayor riesgo mayores tasas.
Una opción soberana como la suspensión unilateral de los pagos y la investigación suele calificársela como una idea poco seria, solo de efectos propagandísticos, incluso en estos días deambula por los círculos oficialistas la bizarra idea de que “Es mejor un mal acuerdo que un default”. Incluso en el mensaje presidencial del reciente 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa se mencionó a posibilidad de investigar la deuda. ¿Pero si esta concluyera que la deuda es ilegal, odiosa, fraudulenta y en paralelo se la reestructuró, que pasaría?
Más allá de las intenciones resultarían concepciones funcionales a los fondos y al Fondo. Por la primera al privar al país de la posibilidad del no pago o de la suspensión unilateral de los pagos se lo deja sin el único poder efectivo que tiene un deudor, que es precisamente el peso de su deuda. Por la segunda se esconde que la investigación devendría en abstracto, ¿porque de qué valdrían los resultados de la misma si la deuda ya se reestructuró y se entregaron nuevos bonos? Tal vez poner preso al alguno, que no sería poco, pero no mucho más.
La única salida soberana efectiva y posible es la suspensión unilateral de los pagos hasta tanto se conozcan los resultados de la investigación, y se obre en consecuencia.
Conviene recordar que en la crisis está la oportunidad.
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Buenos Aires, marzo 1° de 2020
*integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda-
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Datos.
De acuerdo con los datos que circularon este fin de semana (Melconian, Daniel Marx, Alvarez Agis). La deuda total del Estado nacional asciende a unos 310.000 millones de dólares, de estos 110.000 están colocados en la ANSES. El FMI, BM, BID y Club de París suman unos 70.000 millones, mientras que los bonos en manos de inversionistas privados (Fondos o pequeños inversionistas) suman unos 130.000.
Con la ANSES se refinancian, con el FMI se acordaría un período de gracia por 4 años, mientras que con el BM y el BID se renegocian los créditos a medida que van venciendo, con el Club de París se renegociará la tasa, que por un mala negociación anterior y los impagos del gobierno Macri asciende a un usurario 9% anual.
El núcleo duro de la negociación está entonces en los 130.000 millones en manos privadas. De estos la mitad está emitida bajo legislación nacional y la otra mitad bajo legislación extranjera. Con los primeros el gobierno podría plantearse una reprogramación de pagos con quita del 30% y reducción de intereses.
El tema está con los 65.000 millones de bonos bajo legislación extranjera. De estos entre 20-25.000 millones son bonos viejos, Par o Discount, que provienen del canje con quita de los años 2005 y 2010, aquí las clausulas de acción colectiva son nulas o llegan al inalcanzable 85%. O se reestructuran de común acuerdo o van directamente a juicio en tribunales de NY.
Los bonos nuevos por 40-45.000 millones estos el gobierno los podría defaultear, si los bonistas se ponen muy exigentes.
Imagen Portada: Anred
Economía sin tapujos: El camino está definido : Default
Por Guillermo Robledo*, Resumen Latinoamericano, 3 marzo 2020
La recesión se profundiza . Las ventas de Enero y Febrero dan una reducción de volumenes del 30 % que se suma a la caida del 40 % del año 2019. O sea 70 % menos que 2015 .Y caida del 80 % de la obra publica .Lo que proyecta otra caida la recaudacion de Afip .En Febrero 2020 se derrumbó en valores reales. Desde dic 2015 a hoy la recaudación aumento 320% , el Dolar 820% , la nafta 610% , los Servicios 2500 % , Cemento 590 %. EL Estado esta saqueado y parado , la clase media en retroceso economico .El BCRA va a tener que emitir cada vez mas para pagar los sueldos publicos y mantener la bicicleta financiera interna de Leliqs e intereses. Pero las provincias ven muy poco de esa emisión , asi que a partir de Abril todas van a tener que emitir sus monedas provinciales para mantenerse en pie. El Default con motivo de la crisis mundial es inevitable . Las quitas del FMI y Fondos de Inversion , son irrelevantes para la crisis interna. Es solo un reconocimiento jurídico a los bancos extranjeros en tribunales extranjeros .
El camino está definido : DEFAULT – Derogacion de la Ley Financiera de la Dictadura para recuperar la Soberania Monetaria y Monedas Provinciales para recomponer el mercado interno. No hay otra opción.
El camino está definido : DEFAULT – Derogacion de la Ley Financiera de la Dictadura para recuperar la Soberania Monetaria y Monedas Provinciales para recomponer el mercado interno. No hay otra opción.
*Guillermo Robledo y los integrantes del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe y el PIA – Peronismo de la Inteligencia Artificial .
Fumigan a familias campesinas en Santiago del Estero
Resumen Latinoamericano*, 03 de marzo de 2020
“En el Paraje San Pedro, Departamento Taboada en el sur de la provincia de Santiago del Estero, hay pequeñas familias productoras fumigadas, justo allí donde están ubicadas las empresas sojeras tucumanas. La fumigación con glifosato provoca un impacto dramático desde hace años por el monocultivo de la soja transgénica, incluso con algunas muertes”, denunció en Radio Gráfica Roger Almaraz, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).
En diálogo con Panorama Federal, el dirigente campesino explicó que están acompañando a las familias productoras para crear una Mesa de diálogo, “tanto de pequeños como de grandes productores para mitigar las consecuencias del agente químico asesino”.
El MOCASE desde hace treinta años viene apoyando e impulsando las luchas de los pueblos originarios y criollos por el derecho a la tierra y contra la expansión de la frontera agropecuaria de soja transgénica. La movilización campesina pretende organizar instancias de diálogo y consenso con instituciones del Estado para que se cumpla la ley. De este modo, evitar que la avaricia de los empresarios que cultivan soja continúe rociando de muerte a las poblaciones rurales con el glifosato, el agro-tóxico con el que fumigan los campos y a las familias que los habitan.
Almaraz destacó que en la lucha de los campesinos fumigados tienen el apoyo de algunas instituciones del Estado “como el Comité y Registro de Poseedores, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Parroquia local de Pozo Hondo, la Fiscalía de Termas de Río Hondo, y la Fiscal Federal Liliana Garzón, junto a la Policía local”, en la búsqueda de generar diálogo y consenso.
El tema de la producción de soja transgénica y cómo afectan los pesticidas en la salud de la gente, cómo se están envenenando los cursos de agua dulce que sirven para el riego, es un tema recurrente de los corresponsales que reportan para el “Panorama Federal”. Santiago del Estero es una de las provincias castigadas por la fumigación con agro-tóxicos.
“La contaminación de los cursos y pozos de agua es una de las consecuencias que vienen denunciando los compañeros”
“Las napas están contaminadas, es el eterno problema desde hace generaciones cuando se inició el monocultivo de la soja a gran escala”, delató el dirigente del MOCASE, y elucidó que “es la cusa de los dramas sociales medio ambientales, de la salud de los miles de pueblos que son fumigados en todo el país”.
La fumigación con glifosato forma parte del paquete tecnológico de las multinacionales como Bayer-Monsanto para acrecentar el rinde por hectárea de la soja, “incluso violando las leyes”, precisó Almaraz.
En la época en que la naturaleza se ha transformado en un medio de producción, en el tiempo en que la avaricia de la oligarquía no duda en envenenar a nuestros pueblos, “son los primeros que salen a gritar cuando el gobierno les quiere cobrar otro impuesto” remarcó el corresponsal, en referencia al aumento de los derechos de exportación establecidos por la ley 27.541 de Emergencia económica, Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada por el Congreso de la Nación en diciembre pasado.
Por último, Almaraz señaló que los temas sobre la contaminación de los pesticidas tienen base científica, no son creencias, no son ideas, no son artículos de fe, “son datos que arrojan las investigaciones científicas, como las de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal) difundidas en los últimos días, quien denunció 108 presentaciones de herbicidas e insecticidas de muy alta toxicidad por parte de empresas como Bayer-Monsanto, Dow Agrosciences, Atanor y Syngenta”, que ponen en evidencia cómo esos productos de las multinacionales afectan la salud de la población.
*Radio Gráfica
Envio:RL
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